Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2014-2019

2014 - 2019 Protección e Inclusión Social Plan Nacional de Desarrollo SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Protección e Inclusión Social Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2019 SECRETARÍA TÉCNICA Y DE PLANIFICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR Siglario 5 Presentación 7 Introducción 8 1. El desarrollo social para el buen vivir 11 1.1. Marco normativo 13 1.2. Principios 14 1.3. Ejes transversales 14 1.3.1. Enfoque de derechos 14 1.3.2. Enfoque de género 15 1.3.3. Enfoque de ciclo de vida 15 1.3.4. Enfoque de transnacionalidad 15 2. Diagnóstico 17 2.1. Situación actual y avances en la política social 17 2.2. Situación actual y avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad 19 2.3. Situación actual y avances en empleo decente, autoempleo y seguridad social 21 2.3.1. Desempleo 22 2.3.2. Subempleo e informalidad 22 2.3.3. Acceso a la seguridad social 22 2.4. Situación actual y avances en educación 23 2.4.1. Escolaridad y cobertura 24 2.4.2. Primera infancia, una inversión para el futuro 24 2.4.3. En ruta hacia la erradicación del analfabetismo 24 2.4.4. Apuesta por la calidad 25 2.4.5. Modernización de la infraestructura escolar 26 2.4.6. Transformación educativa para la empleabilidad 26 2.5. Situación actual y avances en salud 26 2.5.1. Cobertura de atención en salud 27 2.5.2. Apuesta por la calidad y calidez 28 2.5.3. Nutrición y seguridad alimentaria 28 2.6. Situación actual y avances en vivienda y hábitat 28 2.6.1. Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda 29 2.6.2. Estado del hábitat 30 2.6.3. Acceso a vivienda 30 2.7. Situación actual y avances en cultura 31 2.8. Situación actual y avances en el ejercicio de la ciudadanía 32 3. Poblaciones prioritarias 34 3.1. Primera infancia, niñez y adolescencia 35 3.2. Juventudes 35 Contenido 3.3. Pueblos indígenas 36 3.4. Mujeres y equidad de género 36 3.5. Personas con discapacidad 37 3.6. Personas adultas mayores 37 3.7. Personas salvadoreñas migrantes y sus familias 38 4. Componentes de la Política Social 41 4.1. Componente de desarrollo económico y social 41 4.1.1. Reforma de Salud 41 4.1.2. Plan Nacional de Educación en Función de la Nación 2014-2019 42 4.1.3. Política Nacional de Vivienda y Hábitat 42 4.1.4. Sistema Nacional de Empleo 43 4.2. Componente de protección social 43 4.3. Componente de inclusión social 44 5. Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 47 6. Resultados e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión social 53 6.1. Principales intervenciones del plan 56 6.1.1. Programas Estratégicos y SPSU 56 6.1.2. Programas estratégicos: 58 6.1.3. Acciones Específicas 58 6.1.4. Políticas y programas sectoriales 58 7. Desarrollo institucional 60 7.1. Mecanismos de coordinación intersectorial y participación social 60 7.2. Mecanismos de participación social 62 7.3. Monitoreo y evaluación 63 7.4. Herramientas para la gestión del Subsistema de Protección Social Universal 63 7.5. El Registro Único de Participantes de los Programas Sociales (RUP) 64 7.6. La medición multidimensional de la pobreza 64 7.7. Mecanismos de transparencia y procedimientos de rendición de cuentas 65 7.7.1. Resultados 65 7.8. El financiamiento de la política social 66 Anexos 69 Anexo 1: Matriz de Seguimiento de Indicadores y Metas del Plan Social 70 Anexos 2: Resultados del proceso de consulta para la validación del Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2014-2019 75 Resumen de participantes en Asambleas de Validación 87 SIGLA NOMBRE COMPLETO AMSS Área Metropolitana de San Salvador AUP Asentamientos Urbanos Precarios CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe CIDH Comisión Interamericana de Derechos Humanos CONAIPD Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad CONAMYPE Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa DESC Derechos Económicos Sociales y Culturales DIGESTYC Dirección General de Estadística y Censos EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples PMA Programa Mundial de Alimentos ELPS Encuesta Longitudinal de Protección Social ENS Encuesta Nacional de Salud FISDL Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local de El Salvador FOSOFAMILIA Fondo Solidario para la Familia GOES Gobierno de El Salvador INDES Instituto Nacional de los Deportes INJUVE Instituto Nacional de la Juventud INSAFORP Instituto Salvadoreño de Formación Profesional ISDEMU Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería de El Salvador MINED Ministerio de Educación MINSAL Ministerio de Salud MOPTVDU Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano MTPS Ministerio de Trabajo y Previsión Social NNA Niñas, niños y adolescentes ONU Organización de Naciones Unidas OIT Organización Internacional del Trabajo PAES Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media PMA Programa Mundial de Alimentos Siglario PATI Programa de Apoyo Temporal al Ingreso PBU Pensión Básica Universal PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales PNS Plan Nacional de Salud RUP Registro Único de Participantes SECULTURA Secretaría de Cultura de la Presidencia SIS Secretaría de Inclusión Social SPSU Sistema de Protección Social Universal STPA Secretaría de Transparencia, Participación y Anticorrupción STPP Secretaría Técnica y de Planifi cación de la Presidencia TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación TNE Tasa Neta de Escolarización VMVDU Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 2014 - 2019 7 Presentación E l Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social es un instrumento clave de la política social del Gobierno de El Salvador y responde a la Ley de Desarrollo y Protección Social, aprobada por los partidos políticos de forma unánime en abril del año 2014, dotando al país de un marco legal para avanzar en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de la población. En ese marco, el Plan representa un hito en la consolidación de la política social que refuerza y evidencia el compromiso del gobierno para erradicar de manera progresiva la pobreza, promover la igualdad social y garantizar condiciones objetivas que permitan a las mayorías ejercer y disfrutar sus derechos. Es importante destacar que el Plan Social está alineado y responde a las prioridades y enfoques establecidos en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 – 2019, relacionados con la mejorara del bienestar y la protección social de salvadoreños y salvadoreñas. El Plan defi ne siete resultados, detalla los programas y estrategias a implementar y establece los principios y mecanismos para la participación ciudadana en todo el ciclo de la política social. Así mismo, es relevante señalar que el Plan ha sido construido en diálogo con todas las instituciones que participan en el Gabinete de Gestión Social e Inclusión, liderado por la Sra. Ministra de Salud, Dra. Violeta Menjívar, y ha sido validado en un proceso de participación ciudadana que incluyó consultas con líderes, lideresas y organizaciones que forman parte de las asambleas departamentales en los catorce departamentos del país. La formulación del Plan también ha contado con los valiosos aportes técnicos y fi nancieros de diferentes agencias y organismos de cooperación internacional que apoyan al Gobierno de El Salvador y con quienes coincidimos en el enfoque y los objetivos establecidos en el Plan. Contar con este nuevo marco normativo y programático para impulsar la política social nos plantea el desafío de responder con mejores capacidades institucionales. Para ello, y mediante la aprobación del Decreto Ejecutivo No 58 y en uso de las facultades establecidas en la Ley, el Presidente de la República ha designado a la Secretaría Técnica y de Planifi cación de la Presidencia como la institución pública Coordinadora del Sistema Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social. La Secretaría asume estas nuevas funciones reafi rmando el compromiso del Gobierno por extender de manera progresiva el goce de los derechos, especialmente de la población históricamente excluida, cerrando las brechas de desigualdad e invirtiendo en el desarrollo de salvadoreños y salvadoreñas. Francisco Roberto Lorenzana Duran Secretario Técnico y de Planifi cación de la Presidencia Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 8 E ste documento presenta el diagnóstico, los objetivos y las metas de la política social para el quinquenio 2014-2019; y, a la vez, los mecanismos de monitoreo, coordinación, participación y transparencia que se implementarán para acompañarla. Este plan forma parte del Sistema Nacional de Planifi cación y se encuentra alineado con los objetivos y prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador productivo, educado y seguro. Las principales bases para la construcción de este plan están defi nidas por la Ley de Desarrollo y Protección Social, que busca garantizar la prosecución del enfoque de derechos, y que estos sean disfrutados de manera progresiva por todas las salvadoreñas y todos los salvadoreños. De igual forma se pretende la disminución paulatina de los factores de desigualdad, a través de una mejor distribución de los benefi cios del desarrollo nacional; el Introducción La Ley de Desarrollo y Protección Social aprobada por la Asamblea Legislativa en el mes de abril de 2014 establece que, para cumplir con los objetivos que de ella emanan, es necesario contar con una política social y con un plan que expresen de forma concreta cómo se propone avanzar en el marco de cada gestión de gobierno para el logro de mayor desarrollo económico y social, estableciendo los roles de cada actor y las garantías que el Estado está llamado a cumplir al respecto. 2014 - 2019 9 cierre de las brechas de género, sociales y territoriales, así como el fomento del bienestar común que garantice una vida digna a la población. En el Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social (o Plan Social) también se le da énfasis a la necesidad de que haya una coordinación interinstitucional en la ejecución de la Política Social desde el Órgano Ejecutivo con los municipios, las organizaciones de la sociedad civil y otros actores que pueden hacer aportes valiosos al cumplimiento de sus objetivos, y volver efi cientes el uso de recursos y las intervenciones, así como facilitar amplios consensos que promuevan el buen vivir. Este plan busca además hacer sinergia con otros instrumentos de política pública, como el Plan El Salvador Seguro y el Plan El Salvador Educado, que han sido construidos en el marco de espacios ampliamente participativos en los que confl uyen diferentes sectores de la población salvadoreña y la comunidad internacional. En ese sentido, también ha sido prioridad la participación ciudadana en los procesos de diseño y monitoreo; ya que se ha incorporado en la construcción de la Política Social las aspiraciones de la gente, reconociendo sus necesidades y sumándola como socia activa en la construcción de las oportunidades, mediante el desarrollo de capacidades y la garantía de derechos. Por tanto, se han asegurado mecanismos que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas, e inviten a todos los actores a acompañar el desarrollo de la política, incorporando sus observaciones no solo desde un rol auditor, sino también propositivo. El Plan Social ha sido consultado en las Asambleas Ciudadanas de los catorce departamentos del país con el apoyo de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, y de las gobernaciones departamentales, en el marco de la Política de Participación Ciudadana aprobada por el Presidente de la República, Profesor Salvador Sánchez Cerén, en el 2016. El proceso de validaciones establecido en el reglamento de la Ley de Desarrollo y Protección Social se presenta en el Anexo 2. En resumen, este plan es el principal instrumento con el que cuenta el país para planifi car, ejecutar y monitorear la Política Social desde un enfoque de derechos —con perspectiva de ciclo de vida, enfoque de género y construcción del buen vivir— promoviendo la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana. De la misma manera que el período 2009-2014 permitió sentar las bases del Subsistema de Protección Social Universal (SPSU), el desafío del presente quinquenio es consolidar los avances, institucionalizar la política social y lograr mejoras en la cobertura y la calidad de los servicios y oportunidades para potenciar el desarrollo social de la ciudadanía. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 10 Capítulo 1 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2 0 1 4 - 2 0 1 9 2014 - 2019 11 E l objetivo último del desarrollo económico, social, ambiental y cultural del país se concibe como lograr el más alto nivel de goce de derechos, de calidad de vida, de ejercicio de libertades, de desarrollo de capacidades, de calidad de las relaciones de convivencia, de fl orecimiento humano de todas las personas que conforman la sociedad salvadoreña. Buen vivir signifi ca: a) bienestar y libertad para todas las personas, b) superación de la pobreza y cierre de las brechas de desigualdad, c) recuperación del valor y dignidad del trabajo, d) relaciones sociales libres de violencia, e) respeto por el medio ambiente y desarrollo armónico y sustentable con la naturaleza, f ) igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, g) erradicación de la discriminación, h) fortalecimiento de la autonomía de las personas, i) desarrollo de las capacidades y talentos de todas y todos, j) defensa de la soberanía nacional e integración justa y equitativa en la globalización, k) desarrollo de la identidad nacional y l) profundización de la integración centroamericana. Adoptar el buen vivir como valor, trayecto y horizonte nacional exige una manera diferente de entender y hacer política pública. Implica que las instituciones del Estado deberán planifi car e implementar sus intervenciones procurando: a) priorizar la protección de la vida de las personas y garantizar las condiciones para su desarrollo a lo largo del ciclo de vida; b) reducir progresivamente las desigualdades de género para lograr una sociedad igualitaria y equitativa que brinde oportunidades para mujeres y hombres, y en la que se reconozcan sus necesidades e intereses específi cos; c) diversifi car formas y relaciones de producción y reproducción económica, reposicionando la importancia del trabajo humano; d) revalorizar y celebrar la interculturalidad y la diversidad de las formas de saber y vivir; e) destacar la importancia del territorio como espacio de creación, reproducción y convivencia comunitaria; f ) recuperar el tejido social-comunitario y fortalecer el proceso de convivencia pacífi ca; g) instaurar procesos de inclusión y diálogo para lograr acuerdos comunes sobre lo que signifi ca bienestar para las personas en sus comunidades; h) reconocer la importancia de la naturaleza y avanzar hacia una gestión responsable y respetuosa de los recursos naturales. En coherencia con estos lineamientos, la planifi cación para el presente quinquenio se estructura colocando en el centro el derecho de las personas de optar por un buen vivir (ver diagrama 1), El desarrollo social para el buen vivir Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 12 pero reconociendo que el ser humano no puede vivir sin ser «parte de una comunidad y al margen de la naturaleza» (Ascarrunz, 2011). Con este fi n, se rescatan las prioridades de bienestar individual y comunitario expresadas por la población salvadoreña (sentirse bien; conocer, saber y crear; habitar y trabajar con dignidad; convivir en forma pacífi ca y segura) en diversos procesos de consulta nacional, así como las características ideales de funcionamiento y relacionamiento que deben tener el Estado y el sistema económico para asegurar que se concreticen las condiciones necesarias para el buen vivir: un Estado democrático y de derecho, efi ciente, transparente, participativo, equitativo y una economía productiva, dinámica, inclusiva y sustentable (GOES, 2015). Es a partir de estos planteamientos que la política social retoma el enfoque de derechos humanos, que potencia el desarrollo humano y cuyo objetivo central es garantizar el goce progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales —y de las infraestructuras y servicios básicos que los garanticen— a toda la población salvadoreña. Además del enfoque de derechos, el marco fi losófi co del buen vivir también orienta los esfuerzos desarrollados en el Plan. En tal sentido, la política social debe promover la lucha contra la desigualdad y el fomento de la equidad, el respeto por todas las personas y por el medioambiente, y la búsqueda de alternativas para un desarrollo más pleno, inclusivo y armónico. Estado democrático, efi ciente, transparente y participativo Cu ltu ra d e pa z Cultura respetuosa de la vida y de la tierraCo nvi vir en for ma pací ca y segura Sentirse bien Conocer, saber y crear El buen vivir Habitar con dignidad Trabajar con dignidad A rm onía con la naturaleza A rm on ía c on la na tu ra le za Economía productiva, dinámica, inclusiva y sustentableCu ltu ra re sp etu os a d e la di ve rsi da d Cu ltu ra de di álo go DIAGRAMA 1 El buen vivir para El Salvador Fuente: extraido del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 - 2019 13 1.1 Marco normativo El principal instrumento jurídico que respalda la política social es la Constitución de la república, que establece a la persona como origen y fi n de la actividad del Estado, y que confi gura derechos y obligaciones para las partes. Es importante resaltar que la Carta Magna salvadoreña, en su artículo 101, establece que el orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar a todas las personas habitantes del país una existencia digna. Luego sigue la Ley de Desarrollo y Protección Social, aprobada por unanimidad el 9 de abril de 2014 y que brinda un marco normativo que establece defi niciones conceptuales, prioridades para la inversión social, programas, una estructura de gobernabilidad, y mecanismos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas con participación ciudadana. La ley también establece los contenidos mínimos del Plan Social que aquí se presenta, y proporciona un punto de partida para la expansión, articulación, seguimiento y evaluación de las diferentes intervenciones que en materia de política social se defi nan en el y a futuro. Además, el país cuenta con una serie de documentos legales y programáticos que confi guran obligaciones en relación con el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya relevancia ha quedado de manifi esto en la ratifi cación, el 18 de mayo de 2011 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que establece un mecanismo para que las personas –o grupos de personas– puedan presentar casos de violación a los derechos económicos, sociales y culturales ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, establece un procedimiento de investigación y otro de quejas interestatales, que resultan fundamentales para otorgar garantías en la exigibilidad de los derechos. A la fecha, El Salvador es uno de los pocos países que han ratifi cado este compromiso. Otros instrumentos normativos relevantes son: a) Leyes de la república, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA); Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres; Ley de Atención Integral a las Personas Adultas Mayores; Ley General de Juventud; Ley de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, aprobada en abril de 2014, y otras leyes sectoriales que aportan a la temática, como la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia; Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; Ley de Incentivo para la Creación del Primer Empleo de las Personas Jóvenes en el Sector Privado, Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia; entre otras. b) Tratados internacionales1 relacionados con la materia de los que el país es signatario y que establecen obligaciones para el Estado en materia de cumplimiento de derechos y promoción de una vida digna. Entre ellos, tienen especial relevancia la 1 Algunos de los que destacan son: la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966); la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996 y 2002); la Convención sobre los Derechos del Niño (1989); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer ([CEDAW] 1979); los compromisos en la Declaración del Milenio (2000) y el Protocolo Facultativo del PIDESC ratifi cado por el país en 2011. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 14 Convención Interamericana de Derechos Humanos y, en específi co, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratifi cado por el país en 2012. También el plan contempla los nuevos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible recientemente aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que busca coordinar esfuerzos más integrales en materia social, económica y ambiental. c) Tratados regionales2 refrendados por el país que establecen un marco de compromisos compartidos para impulsar el desarrollo y la integración social en la región. Junto a este cuerpo normativo destacan instrumentos programáticos que también dan sustento al Plan de Desarrollo Social; tales como el plan de gobierno El Salvador Adelante, el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 y otros realizados por las instituciones nacionales participantes de este plan. 1.3.1. ENFOQUE DE DERECHOS Es un marco que orienta la oferta de programas y servicios públicos hacia el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, para así determinar de qué manera la inversión pública y los modelos de intervención aportan a reducir brechas que afectan a 1.3 Ejes transversales 2 Entre ellos: la Conferencia Internacional de Paz y Desarrollo en Centroamérica, el Tratado de Integración Social de Centroamérica (1995), el Acuerdo de Presidentes de Centroamérica y México (2002) y el de la XXII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y Gobiernos de Centroamérica (2002). Los principios por los cuales se rige el Plan de Desarrollo, Inclusión y Protección Social 2014 2019 son los establecidos y defi nidos en la Ley de Desarrollo, Protección e Inclusión Social (art. 5); y que también guían cada uno de los programas que lo integran son: a) Bien común. b) Continuidad. c) Equidad Social. d) Exigibilidad. e) Igualdad Social. f ) Igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. g) Justicia distributiva. h) Libertad. i) No discriminación. j) Participación ciudadana. k) Progresividad. l) Respeto de la diversidad cultural. m) Solidaridad. n) Universalidad. Adicionalmente, se contemplan otros principios fundamentales para proteger a la población salvadoreña migrante y su familia: Protección extraterritorial: el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos de las personas salvadoreñas en el extranjero, independientemente de su condición migratoria. Codesarrollo: implica una manera positiva de vincular la migración con el desarrollo, reconociendo a los migrantes como agentes para el mismo, en el cual existe responsabilidad del país de origen en la formulación de políticas; y en la búsqueda de acuerdos con los países de destino. 1.2 Principios 2014 - 2019 15 la población en distintas áreas. Los derechos suponen exigibilidad ante el Estado por parte de la ciudadanía, en contraposición a los enfoques caritativos o clientelares, y el Estado está llamado a llevar a cabo las acciones necesarias para que ciudadanos y ciudadanas hagan ejercicio de estos. Este enfoque considera que el primer paso para la garantía es reconocer que las personas son titulares de derechos y que el Estado tiene obligaciones frente a ellas, con lo que se cambia la lógica de los procesos de elaboración de políticas, para que el punto de partida sea la existencia de sujetos con derechos y no de personas con necesidades que deben ser asistidas. Asimismo, el Estado tiene el deber de proteger, promover y garantizar los derechos siguiendo obligaciones de conducta y de resultados, partiendo siempre de que los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, interdependientes y progresivos. 1.3.2. ENFOQUE DE GÉNERO El enfoque de género es una nueva forma de mirar la realidad que tiene en cuenta y visualiza las causas y las consecuencias de las desigualdades entre mujeres y hombres, que han defi nido a lo largo de la historia la discriminación de las mujeres como género y la reproducción de las desigualdades. De esta manera, se propone analizar la realidad de forma desagregada, teniendo en cuenta las necesidades e intereses específi cos de mujeres y hombres, determinadas por sus roles tradicionales de género, así como su condición (referida al bienestar material) y posición específi ca de género (alusivo a la valoración, el reconocimiento y el acceso al poder). El enfoque de género es también una visión crítica sobre el funcionamiento de la organización social, y de la interacción entre las personas y los grupos, que propone cambios a nivel sociocultural y organizativo (uso y distribución de espacios, reparto de tareas y responsabilidades, entre otras), a nivel de las relaciones (por ejemplo, uso del lenguaje, discursos, relaciones y poder) y a nivel personal (uso del tiempo y del dinero, gustos y afi ciones, entre otros). De cara a las políticas públicas, este enfoque es un marco de análisis que permite evaluar tanto las necesidades e intereses de mujeres y de hombres, como el impacto diferenciado de las políticas en unos y otras. 1.3.3. ENFOQUE DE CICLO DE VIDA El ciclo de vida es un enfoque para analizar y diseñar políticas públicas que reconoce el proceso evolutivo de las personas a lo largo de diferentes etapas de desarrollo físico y psicosocial. Este enfoque supone que las personas están expuestas y enfrentan distintas necesidades y riesgos a lo largo de estas etapas —pre y perinatal, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez— (Informe de Desarrollo Humano de El Salvador, PNUD, 2013) y que la política pública debe responder de forma oportuna a estas necesidades y riesgos a fi n de asegurar la plena realización de las personas y el goce de sus derechos. 1.3.4. ENFOQUE DE TRANSNACIONALIDAD Este enfoque busca desarrollar estrategias que faciliten la vinculación de las personas salvadoreñas migrantes con sus comunidades de origen y su integración en los países de destino. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 16 Capítulo 2 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2 0 1 4 - 2 0 1 9 2014 - 2019 17 Diagnóstico Gobernar en el marco del buen vivir implica un cambio de paradigma. En primer lugar, es necesario pasar de las promesas del discurso a la acción; en segundo lugar, se debe reconocer que invertir en la gente no es un gasto, sino una inversión; en tercer lugar, hay que institucionalizar la acción del Estado en una política social que trascienda las acciones de una administración de gobierno particular; y, por último, se debe pasar de un Estado caritativo a uno garante de los derechos de las personas en todo su ciclo de vida, reconociendo sus necesidades específi cas y las desigualdades que las aquejan. La política social es reconocida como factor intrínseco del desarrollo, ya que coloca en primer plano a las personas, su grupo familiar y sus necesidades, y las protege frente a un cúmulo de situaciones adversas y de exclusión que confi guran escenarios de riesgo y vulnerabilidad. El cumplimiento gradual de los derechos requiere acciones y programas que fomenten la inclusión social y la mejora del acceso a los servicios sociales, junto con la reducción de la vulnerabilidad social, la pobreza y la desigualdad. Cabe destacar que, previo al año 2009, existieron algunos retrocesos en la política social. Por ejemplo: a) en el período 1994-1999 se eliminaron el Ministerio de Planifi cación y el Instituto de Vivienda Urbana; b) para el período 1999-2004 se privatizó el sistema de pensiones y se dolarizó la economía, lo que representó un duro impacto en la capacidad adquisitiva de la población; c) para el período 2005-2009 existió un pequeño avance de políticas subsidiarias, ya que se crearon el Fondo Salvadoreño de Salud y la Red Solidaria, este fue el primer programa de transferencias condicionadas. Es hasta el período 2009-2014 que se da un salto en la política social salvadoreña, al introducir un enfoque de derechos, y se implementó el Sistema de Protección Social Universal, la Reforma de Salud y el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela. 2.1 Situación actual y avances en la política social Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 18 CUADRO 1 Hitos que marcan el punto de partida a un nuevo enfoque basado en derechos para la política social Establecimiento de nuevos mecanismos redistributivos: el SPSU y la política social (2009). La puesta en marcha de la Reforma de Salud con un enfoque preventivo, dejando atrás el enfoque curativo y acercando la salud a la población (2010). Construcción de un nuevo modelo educativo: escuela de tiempo pleno, educación inicial e inclusiva (2009). Atención integral a las mujeres a través de la puesta en marcha de Ciudad Mujer e incorporación estratégica en los diversos programas a través de acciones afi rmativas (2010). Atención integral a las mujeres a través de la puesta en marcha de Ciudad Mujer e incorporación estratégica en los diversos programas a través de acciones afi rmativas (2010). Valorización de las personas adultas mayores, mediante el diseño y puesta en marcha del Programa Nuestros Mayores Derechos, que incluye un componente de pensión básica universal a personas mayores de 70 años (2010). Por primera vez se brinda atención a la pobreza urbana con un programa de atención integral (2009). Desarrollo de estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres en municipios focalizados a nivel urbano, con especial consideración a centros escolares y gobiernos municipales (2010). Veteranos y veteranas de guerra, víctimas de masacres y de confl icto reciben atención y una pensión básica (2010). Emprendimiento social como herramienta de superación y desarrollo local. Se dan pasos concretos hacia la instalación de la medición de la pobreza multidimensional (2011). Se dan pasos concretos para proteger los derechos de la población migrante salvadoreña, su familia y la integración efectiva al desarrollo del país con la entrada en vigor de la Ley Especial para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia (abril de 2011) y, en este marco, la instalación del Consejo Nacional para la Protección y Desarrollo de la Persona Migrante y su Familia (octubre de 2012). Creación del marco legal para institucionalizar la política social basada en derechos hacia el universalismo (Ley de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, abril de 2014). El cambio en el enfoque de la política social y el desarrollo del SPSU ha sido acompañado con una inversión social sin precedentes en la historia del país, que ha aumentado de manera sostenida en el período 2009-2014, el gasto social del gobierno central como porcentaje del gasto público ejecutado paso del 40.1 % en el año 2008 al 48.7 % en el 2015. Los programas de protección social han tenido un crecimiento exponencial, así como el Subsistema de Protección Social, con el que se garantizan los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas salvadoreñas a través de intervenciones que dan respuesta a la vulnerabilidad, exclusión y brechas de desigualdad que han estado presentes por décadas. Fuente: STPP 2014 - 2019 19 Gráfico 1 Inversión en Protección Social para el período 2005-2014 MILLONES DE DÓLARES Fuente: elaboración propia STPP. 2,2 10,0 18,1 35,5 62,3 146,5 147,6 177,5 175,4 168,9 160,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jóvenes con todo Un niño una computadora Ciudad mujer Agricultura familiar Becas escolares Alimentación escolar Paquete escolar Veteranos de guerra PATI PBU Bono Salud y EducaciónW El Salvador ha avanzado en la disminución de la pobreza. Se ha reducido en más de 4.6 puntos porcentuales en el último quinquenio, ya que pasó del 37.8 % en 2009 al 31.9 % en 2014. Sobre todo hay avances en la disminución de la pobreza extrema, que pasó del 12.4 % al 7.6 % en el mismo período. Así mismo, la desigualdad se redujo signifi cativamente, producto del efecto redistributivo de las reformas en el sistema tributario y los avances en la política social: el índice de Gini muestra una baja importante, de 0.48 en 2009 a 0.38 en 2014. Sin embargo, existen limitaciones en el estudio de la desigualdad por la baja representatividad de los ingresos altos y muy altos en las encuestas. Es por tanto necesario desarrollar instrumentos para una mejor medición de la desigualdad. Ver gráfi co 2. 2.2 Situación actual y avances en la reducción de la pobreza y la desigualdad Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 20 Gráfico 2 Evolución del coeficiente de GINI en El Salvador, años 2008-2013 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 0,51 0,48 0,50 0,47 0,49 0,48 0,48 0,46 0,44 0,41 0,40 0,38 Coeficiente de GINI Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2014. No obstante los progresos alcanzados, al menos 3 de cada 10 hogares todavía viven en condición de pobreza por ingresos. Las bajas tasas de crecimiento de la economía salvadoreña y el alza internacional de los precios de los alimentos son fuertes factores que limitan el avance en la mejora del bienestar de las personas. Debe tomarse en cuenta que en la actualidad la pobreza se mide por los ingresos que tiene un hogar: si logra cubrir la canasta básica alimentaria, está sobre la línea de pobreza extrema; y si cubre el doble de la canasta, supera la línea de pobreza relativa. Este tipo de medición se ve afectada por los cambios en los precios de los alimentos básicos, por lo que el país ha adoptado la nueva medición multidimensional de la pobreza, enfocada en cinco dimensiones esenciales del bienestar: educación; condiciones de la vivienda; trabajo y seguridad social; salud, servicios básicos y seguridad alimentaria, y calidad del hábitat. Esta medición complementará, y en ningún caso sustituirá, la medición de la pobreza por ingresos. 2014 - 2019 21 Gráfico 3 Porcentaje de personas en condición de pobreza Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2014. 38,8 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 19,2 19,1 19,1 17,1 15,2 15,7 12,5 13,0 15,4 14,8 14,1 15,5 11,8 7,1 7,6 38,5 36,7 36,1 34,5 35,0 31,3 34,5 40,0 37,8 36,5 40,5 35,4 29,6 31,9 Pobreza Pobreza Extrema Por tanto —y más allá de los avances registrados—, reducir la proporción de familias en pobreza extrema y, en especial, la inseguridad alimentaria; mejorar el desempeño en el índice de pobreza multidimensional y continuar con el combate a la desigualdad, constituyen desafíos que este plan recoge como resultados a alcanzar. Según datos de la EHPM 2014, la población en edad de trabajar (PET) en El Salvador ascendía a 4 527 736 personas, que representaban el 71 % de la población (EHPM, 2014). De estas, el 58.5 % son hombres y el 41.5 % mujeres. La población económicamente activa (PEA) geográfi ca reporta que el área urbana participa con un 66.3 %, mientras que la zona rural lo hace solo en un 33.7 %. Para el año 2014 la tasa global de participación fue de 62.8 %. La distribución del empleo por rama de actividad económica desde el año 2009 hasta el 2012 muestra tendencias estables. Las ramas más importantes en el período analizado han sido: comercio, hoteles y 2.3 Situación actual y avances en empleo decente, autoempleo y seguridad social Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 22 restaurantes (con el 30.5 %); agricultura, ganadería, caza y silvicultura (con el 17.9 %), y la industria manufacturera (con 15.0 %). Las tres ramas principales en conjunto representaron el 63.4 % del total de la ocupación del país. 2.3.1. DESEMPLEO Del total de la PEA se encuentran ocupadas 2 644 082 personas, alcanzando una tasa de desempleo de 7 %. Esta tasa se ha mantenido en condiciones similares en los últimos 5 años. Según la medición de pobreza multidimensional, el porcentaje de hogares que al menos ha tenido una persona desempleada o que ha estado desempleada en los últimos 6 meses es del 17.5 %, que es un dato importante para valorar la precariedad en el empleo. Las mayores tasas de desempleo, geográfi camente se presentan en los hombres y mujeres de la zona rural con un promedio de 7.5 %. El desempleo en jóvenes en el rango de 16 a 24 años, registra una tasa del 15.0 %, mientras que en el rango de 25 a 59 años la tasa global fue del 4.8 %. El empleo y la empleabilidad de los jóvenes constituyen por tanto un desafío. 2.3.2. SUBEMPLEO E INFORMALIDAD Según su condición de empleo, de cada 100 personas, 58 se encontraron plenamente ocupadas, 31 personas subempleadas, 7 desempleadas y 4 se emplean en servicio doméstico. El subempleo urbano es de 31.0 %, 6.1 % visibles o por insufi ciencia de horas y 24.9 % invisibles o por ingreso. El sector informal es el segmento del mercado laboral compuesto por asalariados y trabajadores familiares ocupados en establecimientos de menos de cinco trabajadores, trabajadores por cuenta propia y patronos en empresas de menos de cinco trabajadores en ocupaciones no profesionales, técnicos, gerenciales o administrativos. La tasa de informalidad para el 2014 es de 47.8 %, para mujeres es de 54.7 % y para hombres de 42.1 %. Un mayor porcentaje de mujeres trabaja en el sector informal y en condiciones laborales más precarias. La cobertura de seguridad en el sector informal es de 11.25 %. 2.3.3. ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL De acuerdo con la EHPM de 2014, el 51.43 % de la población no estaba cubierta por la seguridad social en salud. Únicamente lo estaba el 48.57 %; y, de este porcentaje, 12 % era benefi ciario de algún cotizante. La cobertura de la seguridad es menor y casi nula en los estratos más pobres. El 20 % de la población más pobre tenía una cobertura del 0.9 %, mientras que el 20 % siguiente de apenas 3.24 %; del primer valor, las mujeres comprendían el 20.37 %, y del segundo, 35.87 %. El indicador de cobertura de las pensiones se refi ere al porcentaje de personas en edades de retiro que en efecto cuentan con una pensión por vejez. En 2013, solo un 12.97 % de las personas que cumplían con los requisitos de edad para el retiro (55 años para las mujeres y 60 para los hombres) poseía una pensión contributiva para el retiro. El caso de las mujeres es mucho más alarmante, pues mientras los hombres poseen coberturas que están por encima del 20 %, las mujeres escasamente gozan de una cobertura del 8.2 %. Esta disparidad en los niveles de cobertura entre mujeres y hombres encontraría su principal causa en la menor conexión de las primeras con el mercado de trabajo, lo que constituye un reto para generar un ahorro previsional por al menos 25 años. 2014 - 2019 23 Desde la perspectiva del buen vivir, la educación universal, de calidad y en igualdad de condiciones para toda la población es el corazón y el componente central para construir el desarrollo. La educación es una de las tres prioridades establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014 2019, con la que se aspira a construir una política pública que enfrente la exclusión e inequidad en el acceso y calidad del sistema educativo, y a erradicar de forma progresiva las marcadas brechas históricas que han existido en este sector. Con el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, el Ministerio de Educación emprendió la primera etapa de transformación del sistema educativo hacia la universalización. Se implementaron medidas concretas con un enfoque de derechos en todos los ciclos de vida de la población con el fi n de que la población estudiantil accediera al sistema. Esto demandó una inversión social signifi cativa que se refl ejó en resultados importantes: a) 1.3 millones de estudiantes participan anual mente del Programa de Salud y Alimentación Escolar. b) 820 000 estudiantes reciben el Vaso de Leche (2013) y se contrataron 2300 ganaderos para proveer leche fresca. c) 1.4 millones de estudiantes del sector público reciben uniformes, zapatos y paquetes escolares, con lo que se generaron cerca de 110 000 empleos –tanto directos como indirectos– en la mediana, la pequeña y la microempresa. d) Se dio inicio a la implementación de la Estrategia de Educación Inclusiva de Tiempo Pleno en 1365 escuelas. e) Se alfabetizaron 120 000 personas y 15 municipios fueron declarados libres de analfabetismo. f ) Se creó el Viceministerio de Ciencia y Tecnología, con lo cual se está fomentando una cultura de investigación y desarrollo científi co. g) Se creó la currícula de la educación inicial y se inició su implementación por la vía institucional y comunitaria. h) Se inició la implementación del Plan Nacional de Formación Continua para Docentes en Servicio, que es la piedra angular de una educación de calidad que contempla diferentes niveles, modalidades y el desarrollo de una estrategia de construcción de un Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente. i) Los años promedio de escolaridad se elevaron a 6.6 en 2013, en una tendencia creciente registrada desde el año 2009, cuando este valor era de 5.9 grados. j) Se desarrollaron acciones de carácter preventivo y de sensibilización en el tema de población migrante a la comunidad educativa, entre las que se las destacan: la flexibilización de los procesos de matrícula de población infantil retornada en cualquier época del año y campañas de sensibilización para evitar la migración. k) El Ministerio de Educación atiende desde 2010 a salvadoreños y salvadoreñas en el exterior y residentes con el Bachillerato Virtual. l) Muchas de estas acciones se están potenciando y ampliando con la construcción del Plan El Salvador Educado. Hace falta continuar aumentando la inversión en educación, que hoy día en El Salvador representa el 3.46 % del PIB, un promedio sensiblemente menor al iberoamericano, situado en 5.2 % y menor al 7 % planteado en el Plan El Salvador Educado. La inversión del Ministerio de Educación (MINED) es de 2.4 Situación actual y avances en educación Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 24 884.9 millones de dólares, equivalente a 18.91 % del presupuesto nacional, del cual la Universidad de El Salvador recibe el 1.37 %. 2.4.1. ESCOLARIDAD Y COBERTURA La aspiración de corto plazo es que la población en edad escolar complete la educación básica; es decir, que como mínimo alcance 9º grado, lo que representa un reto para el país. Como ya se ha mencionado, en 2013, la escolaridad promedio a nivel nacional fue de 6.6 grados. El desafío es mayor en el área rural, donde el promedio es de 4.7 grados, cuando la del Área Metropolitana de San Salvador (AMSS) es de es de 8.6 grados y de 7.7 grados para el resto de áreas urbanas. Por otro lado, las tasas netas de cobertura por nivel educativo son bastante desiguales. Las fortalezas del sistema educativo se encuentran en el nivel de educación básica, donde se alcanzan tasas de cobertura cercanas al 90 %; y una cobertura defi ciente en los niveles de educación inicial (1.2 %), educación media (37.6 %) y parvularia (56.4 %). Las principales caídas de las tasas netas de cobertura se presentan en las transiciones de niveles, especialmente cuando se pasa de 6º a 7º grado o de 9º grado a bachillerato. La cobertura educativa continúa siendo un reto. Se reportan 36 municipios sin ningún centro que imparta bachillerato general y 18 sin ningún tipo de bachillerato (MINED, 2013).3 Existen un total de 465 centros educativos unidocentes y 806 escuelas bidocentes. Además, hay 1633 escuelas que cuentan con una planta de 3 a 5 docentes, lo cual se traduce en profundas limitaciones para la población estudiantil de los centros educativos.4 Entre las principales causas de la deserción para el año 2012, se encuentra que los padres no quieren que los estudiantes ni las estudiantes asistan a la escuela debido a que deben participar en el trabajo y en las tareas del hogar (34.32 %), seguido de difi cultades económicas (9.48 %) y delincuencia (8.94 %) (MINED, 2013).5 2.4.2. PRIMERA INFANCIA, UNA INVERSIÓN PARA EL FUTURO Una apuesta estratégica para este quinquenio es fortalecer la atención integral e integrada para el desarrollo de la primera infancia. A través de las intervenciones coordinadas de las instituciones garantes se busca brindar la atención de manera más efectiva y oportuna, ya que es en esta etapa, donde se constituyen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. En los últimos años, el país ha desarrollado un fuerte trabajo en función de la garantía de derechos de la primera infancia. Tanto las instituciones públicas, organizaciones nacionales e internacionales, así como las municipalidades y las familias han formado parte de este esfuerzo, que debe consolidarse en el quinquenio actual. 2.4.3. EN RUTA HACIA LA ERRADICACIÓN DEL ANALFABETISMO Se ha avanzado sustantivamente en la disminución de las tasas de analfabetismo. En los últimos cinco años, se han alfabetizado aproximadamente a 120,000 personas de 10 años y más, cumpliendo con uno de los aspectos fundamentales del derecho de las personas a la educación. 3 Cifras actualizadas de la educación de El Salvador. 4 Censo Escolar 2014 (MINED, Gerencia de Estadísticas Educativas). 5 Datos calculados con base en método intraanual dentro del Censo Escolar. 2014 - 2019 25 6 La tasa de analfabetismo es calculada con la población de 10 años y más de edad que no posee las habilidades para leer y escribir con comprensión una frase simple y corta. Información trabajada con base en Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples, 2013. 7 Tomado de presentación de resultados PAES, noviembre de 2014. Gráfico 4 Tasa de analfabetismo en población de más de 10 años 0 ,1 6 5 5 0 0 9 0 ,1 6 6 3 0 1 0 ,1 5 8 9 7 1 4 0 ,1 5 4 8 8 6 3 0 ,1 4 8 5 1 7 5 0 ,1 4 5 9 7 8 5 0 ,1 3 9 0 3 3 9 0 ,1 4 1 2 1 3 0 ,1 3 9 6 7 2 0 ,1 3 6 6 5 9 3 0 ,1 2 7 4 6 6 7 0 ,1 2 4 3 5 7 0 ,1 1 7 5 1 8 9 0 ,1 0 9 0 ,1 0 8 0 ,1 0 5 4 1 6 0 6 9 0 ,1 0 1 5 5 7 9 0 8 0 ,0 9 7 3 1 5 8 8 9 0 ,0 9 3 0 3 6 3 5 8 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 A pesar de los esfuerzos, hasta el momento la tasa de analfabetismo es de 11.8 % a nivel nacional6; de este porcentaje, el 62 % son mujeres y el 38 % hombres. Esto, además de limitar el pleno desarrollo de las personas y su participación en la sociedad, tiene repercusiones durante todo su ciclo vital, ya que afecta el entorno familiar y restringe el goce pleno de sus derechos. Por tanto, es un reto mejorar el acceso considerando las determinantes sociales, geográfi cas y de género. 2.4.4. APUESTA POR LA CALIDAD Uno de los grandes retos es recuperar la calidad del sistema educativo, ya que para el 2014 la nota promedio de la PAES a nivel nacional fue de 5.2 en una escala de 0 a 107 y solo el 19 % de los estudiantes obtuvo resultados por encima de 7. Para ello, mejorar la formación de la planta docente es fundamental. Actualmente, el 15 % del personal docente no tiene o no ha completado una formación superior, y la nota promedio en la Evaluación de Competencia Académicas y Pedagógicas (ECAP, 2014) para recién egresados de pedagogía es de 5.5 a nivel nacional. De igual forma, 30 % de la planta docente que trabaja en escuelas que poseen computadoras no saben utilizarla y 48 % trabaja en escuelas donde esta herramienta no existe. Además, en los últimos años no han variado los programas de estudio. El mejoramiento de la calidad educativa debe considerar la incorporación transversal del enfoque de género en todos los niveles y disciplinas académicas como instrumento fundamental para la erradicación de la discriminación contra las mujeres, la prevención Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 26 de la violencia basada en género, la prevención de los embarazos en adolescentes y el desarrollo de relaciones de convivencia armoniosa en la comunidad educativa. 2.4.5. MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR A pesar de los avances en los últimos años, todavía persiste un défi cit en la cantidad, calidad y mantenimiento de la infraestructura existente. El 50 % de las escuelas tiene más de 60 años y no recibe mantenimiento y, debido a la alta migración, se ha desequilibrado la distribución territorial de cupos escolares. Por su parte, el MINED ha hecho esfuerzos para legalizar los centros educativos que no son de su propiedad (15 % del total), a fi n de que se faciliten las acciones de mantenimiento y mejora de la infraestructura. Cabe resaltar que durante esta gestión se creó la Política de Infraestructura Educativa, con la cual se espera normar la intervención en los centros escolares. 2.4.6. TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA PARA LA EMPLEABILIDAD Existe un reto importante para el país de vincular el sistema educativo con los mercados laborales. En este sentido, uno de los problemas es la poca formación de profesionales en educación técnica superior y universitaria. En 2012, la tasa bruta de cobertura en el nivel superior fue de 27.13 % y la tasa neta de cobertura de 13.16 %. La matrícula en el área técnica fue de 25 274 estudiantes, a nivel universitario de 139 762 y a nivel de posgrado de 4824. Adicionalmente, menos de 2 % del presupuesto total de las universidades (públicas y privadas) es asignado a investigaciones, lo que limita la acumulación de conocimientos e innovación necesarios para que la educación apoye la productividad y los mercados laborales (GOES, 2015). Se espera que a partir del impulso del programa estratégico de empleo y empleabilidad juvenil, la educación técnica, las modalidades fl exibles y la formación de habilidades para la vida sean apuntaladas y mejoradas. 2.5 Situación actual y avances en salud En 2009 se inició la Reforma de Salud, con la cual se sentaron las bases de un sistema integrado, universal, gratuito, equitativo, solidario, participativo e intersectorial. La aplicación de estos principios ha elevado la calidad del sistema y ha mejorado el acceso de la población a la salud, y cuenta con un enfoque territorial. En el marco del avance hacia la cobertura universal, se creó el Sistema Nacional de Salud (SNS), que registra avances importantes en el acceso a servicios de salud con equidad; mejoramiento de la infraestructura sanitaria a todo nivel, con especial énfasis en el primer nivel de atención; aumento, distribución y formación de recursos humanos; incremento del fi nanciamiento en salud, y elaboración e implementación de políticas y normativas de salud, entre las que se destaca la Ley de Medicamentos. Entre los avances conseguidos se pueden mencionar: • En el 2009 se eliminó el pago de cuota voluntaria, lo que incrementó el acceso de la población a la salud. • Se reorganizó la red de servicios para acercar la salud a los territorios: se duplicó la cobertura con la instalación de Unidades Comunitarias de Salud Familiar y con la apertura de 517 Equipos Comunitarios de Salud (ECOS) Familiar y Especializados en 164 municipios, donde se han atendido 1.8 millones de personas. 2014 - 2019 27 • Se consiguió la aprobación de la Ley de Medicamentos y se creó la Dirección Nacional de Medicamentos, con lo que se logró que El Salvador dejara de ser uno de los países con las medicinas más caras del mundo, ya que se redujeron en 25 % los precios fi nales al consumidor. • Se amplió la cobertura de vacunación y se completó el esquema básico de vacunas en 94.6 % de niños y niñas. • Se fundó el Instituto Nacional de Salud en El Salvador, dedicado a la investigación especializada, sobre todo a las causas y tratamientos de enfermedades crónicas, como los padecimientos renales. • Se disminuyó el índice de letalidad por dengue hasta llegar a ser el país de América Latina con menos letalidad por dicha enfermedad. • Desde 2013 se han brindado atenciones especiales a las personas salvadoreñas retornadas que son recibidas tanto por vía terrestre como aérea, entre las que destacan: consultas médicas, referencias a personas retornadas, aplicación de vacunas y charlas preventivas. No obstante, aún existen importantes desafíos en el sector, en especial en lo referido a aumentar la cobertura de los servicios; la calidad y calidez de la atención; a garantizar la seguridad alimentaria y la nutrición de la población, y a desarrollar medidas que permitan un abordaje más efectivo del embarazo en adolescentes, que confi gura una situación de vulnerabilidad específi ca para las mujeres jóvenes y sus hijos. En efecto, en El Salvador la primera causa de mortalidad infantil es el nacimiento prematuro y el factor de riesgo más importante para la prematurez es que la madre sea adolescente. A su vez el embarazo en la adolescencia incide de forma negativa en otros resultados prioritarios de este plan: mortalidad materna, años de escolaridad de la población, pobreza extrema, desarrollo humano, igualdad de género, incremento de la población en edad de trabajar incorporada a la población económicamente activa y desempleo juvenil. En materia de institucionalidad y gobernanza del sistema público de salud, es necesario avanzar en la reforma de leyes para superar la segmentación del sistema, la fragmentación de las redes de atención y la subfi nanciación pública del SNS, que generan inequidades en el acceso a este derecho. También debe fortalecerse el Sistema Único de Información en Salud y promoverse la participación activa del Foro Nacional de Salud en las políticas públicas del sector, ya que esto es fundamental para aumentar la calidad de los servicios y su efi cacia. A continuación se presenta información para caracterizar los principales desafíos que abordará el presente plan para lograr mejoras en la vida saludable y el bienestar de las personas. 2.5.1. COBERTURA DE ATENCIÓN EN SALUD De acuerdo con la EHPM de 2014, el 43.1 % de la población que enfermó no hizo uso del sistema de salud. De la población que sí hizo uso (57 %), el 62 % acudió a las diferentes dependencias del Ministerio de Salud (MINSAL), el 17.1 % al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el 15.8 % al sector privado y el 5 % a otros establecimientos. En cuanto a la población trabajadora, solamente el 48.6 % goza de seguridad social, por tanto, existe un alto porcentaje de trabajadores históricamente excluidos de este benefi cio. El gasto público en salud en el 2013 fue de 4.6 % del PIB, por debajo del promedio regional. El MINSAL recibió el 2.5 % del PIB a pesar de que cubre la atención del 75 % de la población. Estos datos refl ejan el insufi ciente fi nanciamiento, la fragmentación y la inequidad del sistema de salud. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 28 2.5.2. APUESTA POR LA CALIDAD Y CALIDEZ En cuanto a la percepción de la calidad de los servicios de salud por parte de la población, diversos informes del MINSAL señalan que existe un alto nivel de reclamos y denuncias. Entre las principales denuncias están: maltrato, falta de medicamentos y largas listas de espera para cirugías y consultas de especialidad. Además, el marco normativo para la igualdad sustantiva y el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia insta al MINSAL a mejorar los servicios brindando atención especializada a mujeres que enfrentan violencia, así como a desarrollar una mayor cobertura en materia de servicios de salud sexual y reproductiva. 2.5.3. NUTRICIÓN Y SEGURIDAD ALIMENTARIA La prevalencia del retardo en talla (talla/edad) ha sido de 13.6 % en menores de 5 años, según la Encuesta Nacional en Salud (ENS-MICS [Indicadores Múltiples por Conglomerados]) 2014. La edad en que se presenta el mayor porcentaje de desnutrición crónica es en los niños y niñas alrededor de los 2 años, lo que es una manifestación clara de un proceso de deterioro en los primeros años de vida que no se recupera y es acumulativo, por lo que sus efectos se mantienen el resto de la vida. El 6.4 % de los niños y niñas menores de 5 años presentaban sobrepeso. Es importante resaltar que la desnutrición aguda (el bajo peso para la talla) pasó de 1 % en el 2008 a 2.1 % en el 2014, lo cual es una señal de alerta para replantear las acciones de salud y el análisis de la disponibilidad de alimentos en grupos de alta vulnerabilidad. Se estima que las pérdidas de productividad derivadas de la malnutrición en la primera infancia, superan el 10 % de los ingresos que una persona obtendría a lo largo de su vida. Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el 2005 El Salvador perdió el 7.4 % del PIB (1175 millones de dólares) en costos debidos a la desnutrición. En este estudio se evidenció también que el 7.6 % de la repitencia escolar se debe a la desnutrición (CEPAL, 2006). 2.6 Situación actual y avances en vivienda y hábitat El hábitat que forma la vivienda y su entorno inmediato es el primer espacio en que una persona se desarrolla y, por ende, debería de brindar seguridad y bienestar. Desde la perspectiva del buen vivir, la vivienda debe ser un ámbito en el que se tejen relaciones enriquecedoras para el ser humano, por lo tanto, requiere armonía con el ambiente y debe contar con espacios públicos para que las relaciones comunitarias se fortalezcan y contribuyan a la solidez del tejido social (GOES, 2015). Uno de los principales avances en el sector vivienda es el cambio de enfoque, ya que se trabaja desde la perspectiva de mejora del hábitat y no solo la vivienda, para lo cual se ha construido la Política Nacional de Vivienda y Hábitat, aprobada en 2015. Algunos avances: • En torno al derecho al agua, se amplió la cobertura de los hogares urbanos que contaban con servicio de agua por cañería, con lo que se incrementó el número de hogares con acceso a servicio en 6.7 % en (2013). • 545 300 personas cuentan con nuevos servicios de agua potable (2013). • 237 000 personas cuentan con nuevos servicios de alcantarillado (2013). 2014 - 2019 29 • Se amplió la cobertura de hogares con servicio de electrifi cación en 17.6 % en el año (2013). • Se han rehabilitado asentamientos urbanos y se implementó el programa de mitigación en sectores de alta vulnerabilidad ambiental. • 4864 familias se han benefi ciado con piso mejorado. • 7498 familias benefi ciadas con Mejoramiento Integral de Asentamientos Urbanos Precarios (AUP). No obstante los avances, la disminución del défi cit cualitativo y cuantitativo así como la ampliación de la cobertura de servicios básicos en los hogares siguen constituyendo desafíos centrales para la política pública, y en especial para los resultados que se esperan de este plan. 2.6.1. DÉFICIT CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE VIVIENDA La cantidad de hogares a nivel nacional asciende a 1 667 556. De estos, el 62.2 % está concentrado en el área urbana y el restante 37.8 % se encuentra en la zona rural. Existe una marcada diferencia de materiales de construcción, dependiendo la zona geográfi ca del país. Por ejemplo: los hogares con paredes de concreto mixto en el área urbana representan el 84.2 %, mientras que en el área rural el 50.7 % (EHPM, 2013). Esta desigualdad social se focaliza predominantemente en las zonas rurales y asentamientos urbanos precarios y se evidencia sobre todo a través del defi ciente o inexistente acceso a diversos servicios públicos, recursos e instituciones claves para que todas las personas puedan desenvolverse de manera satisfactoria en sociedad (MINEC-FLACSO, PNUD, 2010). De acuerdo con el Perfi l del Sector Vivienda de El Salvador (ONU Hábitat, 2013), las necesidades de construcción de viviendas (crecimiento vegetativo de 2.07 % por año) para el período 2008-2020 ascenderían a 473 141 unidades habitacionales. Si a esto se adiciona el défi cit cuantitativo estimado para el 2008 en 44 383, el resultado implicaría la construcción de 517 524 nuevas unidades (una ejecución promedio de 39 810 viviendas por año); esto sin tomar en cuenta la reposición o reconstrucción de viviendas afectadas por algún fenómeno o catástrofe natural. Por otro lado, existen viviendas que poseen carencias cualitativas importantes que limitan su desarrollo. En el cuadro 2, se muestra la distribución de los hogares que presentan alguna carencia habitacional (incluyendo servicios básicos). La cifra de 350 364 representa los hogares que tienen al menos una carencia. CUADRO 2 Distribución de hogares que presentan alguna carencia habitacional Carencias Urbanos Rurales Total Número % Número % Número % Paredes 7 680 3.4 % 13 087 10.6 % 20 767 5.9 % Techo 7 829 3.5 % 6 562 5.3 % 14 391 4.1 % Piso 211 018 93.2 % 104 188 84.1 % 315 206 90.0 % Total 2008 226 527 100 % 123 837 100 % 350 364 100 % Fuente: perfi l del Sector Vivienda de El Salvador (ONU Hábitat, 2013), con base en EHPM. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 30 2.6.2. ESTADO DEL HÁBITAT La infraestructura y los servicios básicos contribuyen de manera signifi cativa y simultánea con otros elementos en el funcionamiento integral de la vivienda adecuada. Existe una carencia y defi ciencia de la oferta de algunos servicios, en especial de agua potable, obras sanitarias, recolección de desechos, equipamiento y servicios de educación, salud y transporte; así como limitados e insufi cientes espacios públicos seguros para la convivencia y el esparcimiento, lo que imposibilita el desarrollo de los asentamientos y condiciona el défi cit cualitativo. De esta manera, la visión integradora y holística de la infraestructura y los asentamientos se ve determinada por estas insufi ciencias. A continuación, en el cuadro 3, se muestran datos de cobertura de los principales servicios básicos. CUADRO 3 Datos de cobertura de los principales servicios básicos Servicio básico Nacional Urbana Rural Acceso a agua por cañería (incluye cañería dentro y fuera de la vivienda, cañería del vecino, pila, chorro público o cantarera, chorro común y acarreo cañería del vecino). 86.4 % 94.1 % 72.5 % Tenencia de agua por cañería. 76.8 % 86.2 % 59.6 % Hogares que no disponen de ningún tipo de servicio sanitario a nivel nacional. 6.8 % 2.7 % 14.3 % Hogares con acceso a electricidad. 95.1 % 97.8 % 90.3 % Hogares con tenencia de electricidad. 84.0 % 89.8 % 73.2 % Hogares con servicio para disponer de la basura. 51.3 % 74.6 % 8.6 % Fuente: EHPM, 2014. 2.6.3. ACCESO A VIVIENDA El fi nanciamiento representa un eslabón importante dentro de una política de vivienda sostenible. En el país se cuenta con una amplia gama de instituciones fi nancieras que atienden el sector vivienda en las diferentes modalidades de crédito (adquisición, ampliación y mejora), y con instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales que le prestan atención. Sin embargo, existe la necesidad de la generación y articulación de programas de apoyo sostenibles (por ejemplo, los subsidios, los fondos de ahorro, entre otros) que puedan contribuir en gran medida a brindar igualdad de oportunidades. Otro desafío es la difi cultad para consolidar una política y un marco institucional que conlleven a la constitución de un sistema nacional de vivienda integrado. Cabe destacar que se ha detectado una clara dispersión institucional que responde a una compleja red de relaciones institucionales y a un marco jurídico y reglamentario múltiple y segmentado. Esto difi culta la intervención acertada en el desarrollo de una política habitacional. Además de la atención a las problemáticas del hábitat y la vivienda, la temática ambiental también debe incluirse como un factor esencial para el desarrollo. En tal sentido, el apoyo al avance de la Ley de Agua, 2014 - 2019 31 la protección de los recursos naturales y la adopción de medidas que permitan la preservación y el cuido del ambiente deben considerarse en el diseño de las políticas y programas del sector. 2.7 Situación actual y avances en cultura De conformidad con los artículos 1 y 53 de la Constitución Política, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fi n de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y el bien común, siendo obligación del mismo asegurar a los habitantes de la República el goce de la cultura; así como, que el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia es obligación y fi nalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. Para cumplir con este mandato el 11 de agosto del 2016, se aprobó la Ley de Cultura de El Salvador, con esta esta Ley el país contará con un régimen jurídico para desarrollar, proteger y promover la cultura, así como los principios, defi niciones, institucionalidad y marco legal que fundamentará la política estatal en dicha materia. Aún con estos instrumentos el país tiene retos importantes que superar, ya que prevalece en la sociedad una visión monocultural, que ha invisibilizando la diversidad de visiones históricas. Lo anterior se ve reforzado por una limitada vinculación entre sistema educativo y cultura, que impide un abordaje multicultural de la educación formal que reconozca, por ejemplo, la riqueza cultural autóctona y los saberes ancestrales—; por políticas y prácticas culturales con sesgos sexistas, racistas y colonialistas que no garantizan el ejercicio de derechos y el acceso de las poblaciones prioritarias a los espacios y servicios culturales, y por el poco reconocimiento y rescate de la memoria histórica como parte fundamental de la cultura. Existe amplia evidencia sobre el desigual acceso a bienes y servicios culturales. El acceso a la cultura y las artes es desigual tanto a nivel territorial como a nivel social (Knut, 2014). Estudios previos confi rmaban ya la tendencia a la alta concentración de bienes y servicios culturales en el territorio (PNUD, 2009) y señalaban que los municipios de San Salvador, Soyapango, Antiguo Cuscatlán, San Miguel y Santa Ana conjuntamente, generaron en el año 2005 el 90 % del valor agregado y el 68 % de empleo cultural. Como resultado de estos desequilibrios, se generan círculos viciosos que redundan en el desconocimiento, por gran parte de la población, de la importancia de las diversas expresiones culturales, del patrimonio nacional (tangible e intangible) y de la riqueza histórica del país, lo cual contribuye a reforzar la fragmentación de las identidades salvadoreñas. El Plan Social retoma el desafío de aprovechar el potencial de las políticas culturales para fomentar la convivencia y la paz. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 32 2.8 Situación actual y avances en el ejercicio de la ciudadanía Tanto desde el enfoque de derechos que promueve la Ley de Desarrollo y Protección Social como desde la visión del buen vivir, el pleno ejercicio de la ciudadanía es fundamental. Esto implica reconocer el derecho que tienen las personas y también las comunidades de ser sujetas de su propio desarrollo, participando y decidiendo sobre este. Para que esto sea posible, el Estado debe asumir la responsabilidad de garantizar dicho ejercicio de derechos, abriendo más oportunidades, cerrando brechas y promoviendo la participación de los ciudadanos y las ciudadanas en la vida nacional, y en específi co en todo el ciclo de las políticas públicas que les afecten. En el marco de este plan, garantizar medidas que fomenten el pleno ejercicio de la ciudadanía para las poblaciones prioritarias es fundamental, y la política social prestará especial atención para considerarlas y visibilizarlas en el marco de los resultados que este Plan propone. 2014 - 2019 33 Capítulo 3 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2 0 1 4 - 2 0 1 9 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 34 Poblaciones prioritarias E n el ejercicio de aportar al cierre de brechas, se vuelve necesario identifi car poblaciones prioritarias que requieren apoyos especiales para mejorar sus oportunidades de acceso y disfrute de los derechos fundamentales. Serán poblaciones prioritarias para la implementación de este Plan: Primera infancia, niñez y adolescencia Pueblos indígenas Personas con discapacidades Mujeres Juventudes Personas adultas mayores Personas salvadoreñas migrantes y sus familias A continuación se describe la situación de algunas de estas poblaciones para avanzar en la construcción de una sociedad más equitativa, incluyente, segura y solidaria. Más allá de las características específi cas de cada una, es necesario aprovechar el período de implementación del Plan Social para capacitarlas en materia de derechos humanos, desarrollando el tejido asociativo para fortalecerlas en su capacidad de articular sus demandas. 2014 - 2019 35 3.1 Primera infancia, niñez y adolescencia Colocar la primera infancia con una visión de desarrollo signifi ca potenciar y fortalecer las cuatro dimensiones del desarrollo en el ser humano, a saber: el desarrollo físico, social, emocional e intelectual. Para hacerlo es necesario que el Estado, la familia y la sociedad provean de servicios y programas de carácter integral. En los últimos años, el país ha impulsado un fuerte trabajo en función de la garantía de derechos de la primera infancia. Ello se ha logrado gracias al trabajo articulado y coordinado que se ha tenido con todas aquellas instituciones que llevan a cabo intervenciones en la primera infancia. Tanto las instituciones públicas, las organizaciones nacionales e internacionales, así como las municipalidades y las familias han formado parte de este esfuerzo. Se cuenta con un marco legal de respaldo como la Ley de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia (LEPINA), aprobada en 2011; la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral de la Primera Infancia, aprobada en 2012; la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, aprobada en 2013, y por último, la aprobación en abril de 2014 de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Cabe recordar que: • En El Salvador viven 942 635 niños y niñas entre los 0 y 8 años. • La población total de niñas, niños y adolescentes son 2 244 369 aproximadamente y constituyen cerca del 42 % de la población total del país. • 41.9 % de la población en situación de pobreza cuenta con niñas, niños y adolescentes (NNA) en sus hogares. • 53.5 % de la población en situación de pobreza con NNA en sus hogares no recibe ningún tipo de protección social. • El 87 % de NNA no tienen seguro médico. • La mortalidad de menores de 5 años es de 14.3 por cada 1000 nacidos vivos. • Los diagnósticos más frecuentes son: niños y niñas prematuras, sepsis y malformaciones congénitas, neumonía y diarrea. • 3 % de cobertura en educación inicial. 3.2 Juventudes Dado que una tercera parte de la población del país es joven —1.79 millones de personas— se requiere una mayor atención a este grupo poblacional, puesto que este es el que dará sostenibilidad al desarrollo económico nacional, y además porque requiere y requerirá una mayor cantidad de servicios educativos, formación profesional y empleos para lograr insertarse al mercado de trabajo con condiciones laborales dignas, ya sea a través de un trabajo formal o el autoempleo (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2012; EHPM, 2013). Las personas jóvenes en edad de trabajar representan para el año 2013 el 28.4 %, y constituyen en el mercado laboral el 53.4 % de la PEA, y la tasa de desempleo juvenil nacional es de 10.3 % (EHPM, 2013). Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 36 También cabe resaltar que: • 1 de cada 4 adolescentes es madre antes de los 18 años. • El 58 % de las personas jóvenes que buscan empleo no lo encuentra. • El 30 % de las personas jóvenes no estudia ni trabaja • Las personas jóvenes constituyen el mayor porcentaje de migrantes. • Un total de 194 649 jóvenes se reportan como jefes de hogar, y representan un 12.0 % del total de jefes de hogar. Además, un 22.4 % de las personas de 15 a 29 años se encuentran casadas o acompañadas. • En el 2013 se registraron 1259 homicidios de jóvenes que al ser desagregados por sexo, evidencian una clara diferencia: hombres con 1168 (92.8 %) y mujeres con 91 (7.2 %). 3.3 Pueblos indígenas El Salvador cuenta con normas nacionales e instrumentos internacionales que establecen la relación de los pueblos indígenas con el Estado. La Constitución política de El Salvador contiene normas que implícitamente hacen referencia a los pueblos indígenas desde el enfoque de la igualdad de todas las personas ante la ley, la preservación de los idiomas propios, la tutela en las relaciones laborales y la preservación de los sitios arqueológicos como parte del acervo cultural de la nación. Los pueblos indígenas, sus tradiciones y sus contribuciones han sido históricamente invisibilizadas o desvalorizadas. Solo hasta recientemente se ha expresado formalmente su reconocimiento desde las políticas públicas, con la ratifi cación en 2014 de la reforma del artículo 63 de la Constitución de la República (aprobada en 2012) que agrega el inciso siguiente: “El Salvador reconoce a los Pueblos Indígenas y adoptará políticas a fi n de mantener y desarrollar su identidad étnica y cultural, cosmovisión, valores y espiritualidad”. Sin embargo, aún sigue pendiente la ratifi cación del Convenio 169 de la OIT. Las comunidades indígenas del país continúan reclamando del Estado el reconocimiento de sus derechos colectivos y la puesta en marcha de políticas y planes a favor de ellas. Si bien es cierto se han realizado esfuerzos con relación al derecho a la justicia, todavía no se tienen denuncias tramitadas ni casos resueltos bajo la especifi cidad indígena, sino únicamente comunicados de prensa que han puesto de manifi esto la existencia de los pueblos indígenas en el contexto nacional. 3.4 Mujeres y equidad de género Las mujeres constituyen un grupo excluido históricamente de las políticas públicas. A pesar de que en los últimos años se han realizado acciones en favor de sus derechos, todavía es necesario otras para lograr una sociedad igualitaria y equitativa entre hombres y mujeres de todas las edades y sectores. Si bien se han registrado importantes avances en la garantía de derechos para las mujeres, a través de la aprobación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres y la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres; del desarrollo de una estrategia de atención 2014 - 2019 37 integral para las mujeres, articulada en el Programa Ciudad Mujer, que cuenta al día de hoy con 6 sedes que ya han atendido a más de 1 055 922 usuarias por medio de más de 2 919 128 servicios; aún es mucho lo que falta avanzar en una sociedad donde la violencia hacia las mujeres se ejerce de múltiples y complejas formas. Mientras que el salario promedio que los hombres perciben es de 347.62 dólares, el de las mujeres es de 318.47 dólares. Para agravar estos problemas, los casos de violencia intrafamiliar han ido al alza. De 682 casos en el año 2010 se pasó a 1478 casos en el año 2012 (MINSAL). De acuerdo con datos del Instituto de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), la tasa nacional de muertes violentas de mujeres para 2011 se calculó en 21 por cada 100 mil mujeres. El Salvador tiene la tasa de feminicidios más alta en el mundo (129.5 asesinatos por millón); las mujeres son las principales víctimas de agresiones sexuales (89.9 % del total de la población víctima). 3.5 Personas con discapacidad En El Salvador, las personas con discapacidad se han enfrentado históricamente a situaciones y actos de exclusión y discriminación por parte de la sociedad, lo cual ha limitado el goce pleno y oportuno de sus derechos y libertades fundamentales. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 (DIGESTYC), la población con discapacidad representa el 4.1 % de la población salvadoreña: el 53 % son hombres y el 47 % mujeres; el 61 % vive en el área urbana y el 39 % en el área rural. Para el mes de julio de 2013, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) identifi có a 227 158 personas mayores de 18 años con alguna discapacidad, que han obtenido su Documento Único de Identidad (DUI). La Agenda Post 2015 (ONU) identifi ca que existen esfuerzos a nivel nacional y local de empoderamiento de la persona con discapacidad, y de mejora de su participación en políticas, esfuerzos que deben ser apoyados y reforzados. 3.6 Personas adultas mayores La EHPM 2013 reporta que la población de 60 años y más, que es considerada como el grupo de personas adultas mayores, representa el 11.0 % de la población total que es de 6 290 420. Se estima que apenas el 15 % de la población adulta mayor tiene a acceso a alguna pensión en El Salvador, en contraste con el 63.5 % promedio de América Latina (EHPM, 2013). Del total de hombres adultos mayores, el 48.4 % se encuentra ocupado, mientras que en el caso de las mujeres solo el 18.3 % está ocupada en actividades económicas, y el resto en trabajo doméstico no remunerado. El rubro de actividad económica mayormente desarrollada por los hombres adultos mayores es la agricultura, mientras que para las mujeres adultas mayores son: comercio, hotelería Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 38 y gastronomía. Lo anterior resalta que los roles tradicionales de género se siguen manifestando en este segmento de la población. Hasta 2009 las personas adultas mayores contaban con pensión si habían laborado durante su vida en trabajos formalmente remunerados y por ende tenían derecho a atención en el Seguro Social. Para el caso del Sistema de Pensiones Público (SPP), durante el período 2011-2012, el total de personas afi liadas fue de 154,358, de las que el 34.9 % fueron mujeres y el 65.1 % hombres (ISDEMU, 2013). Para mejorar las condiciones de vida de buena parte de las poblaciones prioritarias, es fundamental desarrollar una política de cuidados, por el momento inexistente en el país y que constituye una contribución necesaria para el desarrollo social y económico, para el ejercicio pleno de derechos de ciudadanas y ciudadanos que tienen alguna condición de dependencia, y para el reconocimiento del trabajo que realizan las personas cuidadoras. El Salvador está dando los primeros pasos para construir la Política de Cuidados para El Salvador, que permitirá desarrollar acciones que garanticen el derecho de las personas a ser cuidadas y de las personas cuidadoras, generando mecanismos para disminuir las brechas de desigualdad existentes al asignar esta responsabilidad de manera exclusiva a las mujeres. 3.7 Personas salvadoreñas migrantes y sus familias Según diferentes estudios sobre la migración salvadoreña, entre el 25 % y el 30 % de la población ha emigrado. Para 2015 se calculaba que alrededor de 3 009 1608 salvadoreñas y salvadoreños se encuentran en el exterior (RREE, y 2011). El principal destino (denominado como “natural”) son los Estados Unidos de América y el segundo en importancia es Canadá, (120 000 personas). Luego siguen Belice, con un aproximado de 50 000 personas salvadoreñas; Italia, especialmente en Milán se calculan 40 000 personas salvadoreñas, de las cuales 30 000 son mujeres. Además se reportan importantes comunidades salvadoreñas en Guatemala, Madrid, Barcelona, Suecia y Australia. Las migraciones conllevan importantes costos para una estrategia de desarrollo de largo plazo. En El Salvador, una gran proporción de la población más joven en edad productiva y con formación académica se encuentra fuera del país. Según datos del Censo Matricular del Ministerio de Educación, el índice de deserción estudiantil en el año 2013 fue de 6.1 % en educación básica y 7.5 % en educación media; entre los diversos motivos la migración ocupa un porcentaje de 6.2 %, que equivale a 1486 estudiantes. En el año 2014, la deserción por motivos de migración se duplicó al 13.3 %, que corresponde a 16 759 de la población estudiantil. Estos porcentajes se relacionan con datos de niños, niñas y adolescentes retornados hasta septiembre 2014, período de la emergencia por niñez y adolescencia migrando de forma irregular hacia los Estados Unidos. En cuanto a deportaciones, en 2015 Estados Unidos deportó un aproximado de 235 413 personas, principalmente a México y a los países del Triángulo Norte. Para El Salvador, la deportación de connacionales se convierte en uno de los principales desafíos. A continuación el cuadro 4 refl eja el comportamiento entre 2010 y 2015. 8 Estudio de Factibilidad para la implementación del Voto de los Salvadoreños en el Exterior, con base en las cifras de las concentraciones de salvadoreños por jurisdicción consular y en el Mapa de las Migraciones Salvadoreñas de 2011, proporcionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 2014 - 2019 39 CUADRO 4 Flujo de repatriaciones Repatriaciones 2013 2014 2015 Aérea desde Estados Unidos M F Total M F Total M F Total Adultos 19 581 1970 21 551 23 283 4808 28 091 16 456 3458 19 914 NNA 326 844 1093 783 1876 Total 21 877 28 935 17 549 4241 21 790 Terrestres desde México M F Total M F Total M F Total Adultos 10 424 2315 12 739 13 845 4372 18 217 18 513 6221 24 734 NNA 1521 4100 3473 2201 5674 Total 14 260 22 317 30 408 Total General 36 137 51 252 52 198 Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección General de Migración y Extranjería. Otro aspecto relevante es el referido a las desapariciones de personas que migran de manera irregular y transitan por países como Guatemala o México, cuyas familias son las más afectadas al desconocer el paradero de sus familiares. Aunque se cuenta con grandes esfuerzos como el Banco Salvadoreño de Datos Forenses y una red consular de protección en los países de tránsito, específi camente en México y Estados Unidos, todavía falta mucho para atender como se debe a esta población, dado que las violaciones a los derechos de la población migrante de manera irregular va en aumento. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 40 Capítulo 4 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2 0 1 4 - 2 0 1 9 2014 - 2019 41 Componentes de la Política Social A partir de la Ley de Desarrollo y Protección Social, se defi nen los componentes de la política social salvadoreña. Según el artículo 7 estos son: desarrollo económico y social, protección social e inclusión social. 4.1 Componente de desarrollo económico y social Este componente busca “asegurar el goce de los derechos constitucionales que esta ley tutela y el logro progresivo de bienestar para toda la población9”. Las principales políticas sectoriales implementadas en el marco de las transformaciones de los gobiernos del cambio son: 4.1.1. REFORMA DE SALUD Esta busca sentar las bases de un nuevo sistema integrado de salud que permita a toda la población acceder de forma oportuna a servicios de salud universales, equitativos y de calidad. Las principales intervenciones de la Reforma de Salud son: a) Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud, b) dotación de medicamentos y vacunas, c) Instituto Nacional de Salud, d) desarrollo de recurso humano, e) sistema único de información en salud y f ) fortalecimiento de la infraestructura sanitaria. Además en la gestión 2014-2019 se incorporan intervenciones como las farmacias especializadas, abordaje de los determinantes ambientales de la salud, atención integral a las enfermedades crónicas degenerativas, avances hacia el sistema único de salud, fortalecimiento de infraestructura, mejora en la calidad y calidez en la atención. 9 Tomado de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 42 Así mismo, con el PQD 2014-2019 se incorporó el programa estratégico Viviendo Más y mejor, con el cual se busca ampliar y modernizar la red de hospitales públicos de segundo y tercer nivel para garantizar mejor cobertura y calidad de los servicios a la población salvadoreña. 4.1.2. PLAN NACIONAL DE EDUCACIÓN EN FUNCIÓN DE LA NACIÓN 2014-2019 Busca garantizar la educación como un derecho fundamental de la ciudadanía. Los principales componentes son: a) creación de un Sistema Nacional de Profesionalización Docente; b) desarrollo educativo de la primera infancia: c) creación de un Sistema Nacional de Evaluación Educativa; d) construcción de ambientes escolares agradables; e) equidad, inclusión, calidad y pertinencia de la educación; f ) dinamización del currículo educativo nacional a partir de la profesionalización docente; g) generación y fortalecimiento de condiciones para la creación de conocimiento e innovación; h) profundización y fortalecimiento de la educación de adultos, e i) reforma institucional y a la legislación vigente. Un programa estratégico vinculado al Plan Social en materia educativa es Una Niña, un Niño una Computadora, con el cual se busca cerrar la brecha digital. Este prioriza la cobertura para los centros de los municipios rurales. De igual manera está vinculado con el Plan El Salvador Educado, que fue construido por el Consejo Nacional de Educación y constituye un espacio participativo, en el que los desafíos planteados son: a) escuela libre de violencia y eje central de la prevención; b) docentes de calidad; c) atención al desarrollo integral de la primera infancia; d) doce grados de escolaridad universal; e) educación superior para un país productivo, innovador y competitivo; f ) infraestructura acorde a una educación integral y de Calidad. 4.1.3. POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT Busca procurar las condiciones que posibiliten el aseguramiento del derecho a la vivienda y a un hábitat que eleve la calidad de vida de la población, dinamice la economía nacional y local, genere cohesión social, y cuente con la participación de los diferentes actores en el marco de procesos de planifi cación, ordenamiento y desarrollo territorial. Tiene como objetivos: • Contribuir a la reducción del défi cit habitacional cuantitativo y cualitativo. • Promover la generación de instrumentos y mecanismos de acceso al suelo y la provisión de infraestructura social, servicios básicos, espacios públicos y equipamientos que hagan posible las condiciones de una vivienda y un hábitat de calidad. • Favorecer la estructuración de un sistema de fi nanciamiento de la vivienda y el hábitat que asegure sostenibilidad y accesibilidad para los diferentes grupos poblacionales. • Promover el fortalecimiento de la competitividad, innovación y el uso de tecnologías como factores de desarrollo de la vivienda y el hábitat. • Contribuir a la cohesión social, fortaleciendo el derecho de la ciudadanía y la organización, participación y convivencia ciudadana. • Propiciar la creación de un marco legal y la pro moción de un sistema institucional que den cohe rencia a la Política y aseguren su implementación. El abordaje no es únicamente el défi cit cuantitativo y cualitativo de vivienda, sino la mejora del hábitat, ya que la infraestructura y equipamiento determina en buena medida la calidad vida de la población. 2014 - 2019 43 4.1.4. SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO Tiene por objetivo establecer un marco de articulación entre las distintas instituciones que implementan instrumentos de política, programas y acciones sobre empleo, para reducir el desempleo, el subempleo e incrementar el trabajo digno para el buen vivir. Algunas intervenciones en este marco son el sistema de intermediación laboral, a través de las bolsas de empleo, empleabilidad, entre otros. Si bien es cierto las políticas de empleo están vinculadas con el sector económico, algunas de sus intervenciones se consideran parte de la política social, ya que contribuyen a la mejora de las capacidades de las personas. El mandato del gobierno es universalizar las políticas sectoriales, tal y como está establecido en la Constitución de la república. Sin embargo, cuando existan brechas de acceso y cobertura, se utilizarán las políticas de protección social para garantizar que los grupos vulnerables gocen de los derechos. 4.2 Componente de protección social El Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social contará con un Subsistema de Protección Social Universal que busca proteger a las personas frente a los diferentes riesgos y desafíos a lo largo de su ciclo de vida y reducir las condiciones que generen vulnerabilidad. Este principio es coincidente con el piso social básico orientado por la OIT, que busca garantizar ingresos y condiciones mínimas a toda la población, principalmente a las más vulnerable. Además en la gestión 2014-2019, se incluye la promoción social que generará las condiciones para que las personas salgan de la pobreza. Es una de las principales estrategias con las que el Estado asume la responsabilidad de proteger a las personas frente a los distintos riesgos de perder sus medios de vida y limitar la reproducción del círculo vicioso de la pobreza. La protección social busca garantizar el acceso a servicios sociales de toda la población a lo largo del ciclo de vida a través de la compensación, la asistencia y la igualación de oportunidades, desde una perspectiva de derechos, sobre todo a la población en situación de vulnerabilidad, pobreza, exclusión social y riesgo social. De acuerdo con la forma en que la protección social es fi nanciada puede ser contributiva y no contributiva. La protección social contributiva le corresponde a un conjunto de instituciones que brindan seguridad social en salud y pensiones a las personas trabajadoras formalizadas. Se accede mediante aportaciones de los empleadores y trabajadores. La protección social no contributiva está diseñada para garantizar que las personas en situación de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social accedan a los servicios sociales y a los programas orientados a protegerlas. De igual forma, busca reducir el impacto de los choques económicos y aliviar la pobreza, complementando las acciones sectoriales para atender las necesidades especiales de las personas a lo largo del ciclo de vida. En el Plan Social solo se incluyen las políticas de protección social no contributiva, enmarcadas Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 44 dentro del Subsistema de Protección Social Universal, las cuales son: a) Comunidades Solidarias (en trasformación a la estrategia de reducción de pobreza extrema); b) Programa de Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares; c) Alimentación Escolar (incluye Vaso de Leche); d) Ciudad Mujer; e) Nuestros Mayores Derechos; f ) Pensión Básica Universal; g) Paquetes Agrícolas; h) acceso a la salud pública y gratuita; i) acceso y mejoramiento de vivienda, entre otros. En la gestión 2014-2019 se incorpora el programa estratégico de empleo y empleabilidad juvenil Jóvenes con Todo, el cual además contribuye a la inclusión social de las personas jóvenes excluidas del sistema educativo y el mercado laboral, y el programa estratégico “Una Niña, un Niño, una computadora”. 4.3 Componente de inclusión social Las políticas sectoriales y de protección social buscan universalizar el acceso a los diferentes derechos, por lo que este componente se orienta a: a) Eliminar brechas de desigualdad por razones de edad, sexo, religión, identidad indígena, género, discapacidad y nacionalidad. b) Erradicar las prácticas sociales e institucionales discriminatorias que nieguen, limiten, impidan o menoscaben la dignidad, el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato de todas las personas. c) Fomentar una cultura de paz y de reconocimiento de la diversidad y de los valores democráticos. Todas las políticas sectoriales y de protección social deben garantizar la inclusión social de la población más vulnerable, haciendo énfasis en los grupos tales como mujeres, juventudes, niñez, personas adultas mayores, indígenas y personas con discapacidad. Acá se incluye el marco normativo como la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, política de pueblos indígenas, política de la persona adulta mayor, política para las personas con discapacidad, entre otras. Según lo establecido en el PQD 2014-2019, todos los programas deben tener acciones afi rmativas hacia los grupos prioritarios, por lo que la inclusión social es transversal a todas las políticas públicas. Existen programas que por su particularidad tienen acciones afi rmativas a los grupos prioritarios como: Ciudad Mujer, Jóvenes con Todo, Pensión Básica Universal que buscan cerrar las brechas de desigualdad. Además se cuenta con el documento borrador de la Política de corresponsabilidad social de los cuidados de El Salvador, la cual busca que el Estado garantice el acceso a servicios, tiempo y recursos sufi cientes de calidad y en condiciones de equidad para cuidar y recibir cuidados mediante una adecuada organización social y económica del trabajo el cual es requerido para “garantizar el bienestar físico y emocional cotidiano de las personas con algún nivel de dependencia”. Este quehacer estatal presupone la defi nición de prestaciones, fi nanciamiento, condiciones de acceso y regulaciones, no solo del quehacer público sino también privado. Estas políticas “consideran tanto a los destinatarios del cuidado, como a las personas proveedoras e incluyen medidas destinadas tanto a velar por su calidad mediante regulaciones y supervisiones”.10 La corresponsabilidad social conlleva visibilizar, 10 Política de Corresponsabilidad Social de los Cuidados de El Salvador, documento borrador, 2016. 2014 - 2019 45 reorganizar y valorizar los cuidados involucrando a los hombres tanto en el cuidado a terceros como en su autocuidado, por un lado, y a instituciones distintas a la familia por el otro, en particular al Estado y al mercado laboral, incluyendo a sus respectivos actores – como las empresas y las organizaciones laborales. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 46 Capítulo 5 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2 0 1 4 - 2 0 1 9 2014 - 2019 47 Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social L os objetivos del Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social establecen la visión de gran alcance del Estado salvadoreño y a la cual la Secretaría Técnica y de Planifi cación de la Presidencia y las instancias gubernamentales del área social están obligadas a seguir y a la que buscan contribuir. Para lograr dichos objetivos, se establecen medidas y resultados que delinean de manera específi ca el camino a seguir para lograr el desarrollo y protección social para el buen vivir en la población salvadoreña. Los objetivos estratégicos de este plan surgen de los siguientes objetivos generales del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: • Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña. • Asegurar gradualmente a la población el acceso y cobertura universal a servicios de salud de calidad. • Acelerar el tránsito hacia una sociedad equitativa e incluyente. • Asegurar progresivamente a la población el acceso y disfrute de vivienda y hábitat adecuados. • Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la sociedad. • Avanzar hacia la construcción de un estado concertador, centrado en la ciudadanía y orientado a resultados. En vistas a contribuir al logro de estos objetivos de país, el Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social se propone los siguientes siete objetivos estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 48 OBJETIVO 1: Reducir la pobreza y la vulnerabilidad de la población salvadoreña El buen vivir es incompatible con la pobreza, la pobreza extrema y la vulnerabilidad social. La pobreza se concibe como una gran violación de los derechos humanos y como un impedimento estructural para que las personas puedan acceder a una vida digna, al goce de sus derechos y al desarrollo de sus talentos, potencialidades y aspiraciones. Por ello, un objetivo central es reducir de manera sostenida todas las formas de pobreza en todos los territorios del país. Pero también se debe reducir la vulnerabilidad social, entendida como el riesgo estructural que afecta a personas y grupos sociales porque sus derechos son violentados, mermados o menoscabados; lo que les impide sus posibilidades de desarrollo, ya sea por la discriminación de género y generacional, entre otras; las crisis económicas; los desastres; las enfermedades y la violencia. OBJETIVO 2: Mejorar los ingresos, el empleo decente y la seguridad social de la población salvadoreña La mejor manera de reducir la desigualdad y la pobreza es a través de la generación de empleo formal con estabilidad, derechos y prestaciones de ley; remuneraciones adecuadas; negociación colectiva y acceso efectivo a la justicia laboral. Una sociedad en donde se valora y remunera de forma adecuada el trabajo permite mayor dinamismo económico y elevar de modo sostenido la productividad y reduce la polarización social y política. El empleo formal y el trabajo decente son la llave maestra para la construcción de sociedades más igualitarias, más estables, más productivas y más justas. También se requiere avanzar simultáneamente hacia un sistema de jubilaciones y pensiones que tenga un pilar contributivo fuerte y que conduzca a un sistema mixto o multipilar, reconocido a escala internacional como la modalidad más recomendable y sostenible, y que incorpore sectores de población trabajadora que en la tradición han sido excluidos (mujeres y hombres comerciantes informales, trabajadoras y trabajadores agrícolas, personal de trabajo doméstico remunerado). A la par de fortalecer el sistema de protección social, es necesario llevar a cabo una intensa política de promoción para fortalecer las capacidades productivas Alineación a estrategias del PQD Educación: E.2.1; E.2.2; E.2.3; E.2.4; E.2.5; E.2.6 (pp. 119-121). Salud: E.4.1; E.4.2; E.4.3; E.4.4 (pp. 138-140). Inclusión: E.1.8; E.1.9; E.1.11 (pp. 109-110). Alineación a estrategias del PQD L.1.2.5; L.1.2.6: L.1.3.8 (p. 106). L.1.9.4 (p. 109). L.1.13 (p. 111). L.5.2.2 (p. 148). 2014 - 2019 49 OBJETIVO 3: Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña La educación es una de las prioridades del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Desde la perspectiva del buen vivir, la educación universal, de calidad y en igualdad de condiciones para toda la población es un componente central. Por ello, se asume que la educación es el vector cualitativo para transformar la vida, garantizar la movilidad positiva de las personas en la sociedad y el desarrollo sustentable, generar importantes transformaciones socioeconómicas y posibilitar la democracia integral. Una sociedad integrada, próspera y cohesionada necesita acortar las enormes distancias en los años de escolaridad y la calidad de la educación recibida que hoy caracterizan al país; cerrar las brechas de acceso entre las zonas urbanas y rurales y mejorar las capacidades de todos los actores del sistema educativo. OBJETIVO 4: Vida saludable y bienestar para todas las personas De acuerdo con Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, el reconocimiento del derecho a la salud para toda la población salvadoreña, así como su ejercicio, es una condición necesaria para el desarrollo humano y el progreso del país. Es imposible el buen vivir de la población sin crear las condiciones para que todas las personas puedan optar por una vida saludable. Para esto es necesario que el Estado garantice el acceso y la cobertura universal a la salud, así como la calidad de la atención ofrecida. Es preciso sostener y fortalecer los avances logrados por la Reforma de Salud, acercando los servicios a las comunidades, fortaleciendo el primer nivel de atención, reforzando la atención a enfermedades crónicas y promoviendo la salud sexual y reproductiva de la población. Alineación a estrategias del PQD E.6.1. E.6.2. E.6.3 (p. 156-157). E.7.2, E.7.3 (p. 164-165). Alineación a estrategias del PQD E.1.8 (p. 109) de las poblaciones participantes de los distintos programas que componen el Subsistema de Protección Social mediante la capacitación, y el acceso a activos, al crédito y a mecanismos efectivos de comercialización. Asimismo debe incorporarse de forma progresiva un componente para mejorar el acceso a la productividad a poblaciones dedicadas al cuidado de personas dependientes, en particular a las mujeres. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 50 OBJETIVO 5: Hábitat y vivienda seguros y sanos Por su ubicación geográfi ca y sus características físicas, el país tiene una alta exposición a los desastres que se originan en el cambio climático. Pero el riesgo está distribuido de manera desigual y con frecuencia son los grupos sociales más pobres y excluidos los que tienen los mayores riesgos y padecen las peores consecuencias. Por ello, las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático tendrán como prioridad atender a estas poblaciones para disminuir el riesgo con políticas activas de reordenamiento territorial, planes efectivos de prevención y atención, mejoramiento de la calidad y resiliencia de sus bienes y aseguramiento de activos. La seguridad jurídica sobre la tierra será otro componente fundamental de la política de vivienda y hábitat, así como la preservación y el cuido de los recursos naturales, en especial del agua. OBJETIVO 7: Fortalecer el pleno ejercicio de la ciudadanía Una de las características que ha defi nido a la política social de El Salvador es la participación social y ciudadana a través de diferentes mecanismos territoriales y temáticos en donde convergen las aspiraciones y propuestas de las comunidades, las organizaciones y las personas. Desde el plan se proponen medidas para garantizar una participación amplia en todo Alineación a estrategias del PQD E.6.1; E.6.2; E.6.3 (p. 156-157). E.7.4.2, E.7.4.4 (p. 165-166). Alineación a estrategias del PQD L.1.9.4 (p. 109) E.5.1, E.5.2, y E.5.3 (p. 148-149) L.3.1.2 (p. 128) OBJETIVO 6: Impulsar la cultura como derecho, factor de cohesión e identidad y fuerza transformadora de la sociedad El país requiere de la construcción de nuevas relaciones sociales y un nuevo tipo de convivencia entre todas y todos. Es urgente construir una cultura de paz, de respeto y de solidaridad. Vivir bien signifi ca también convivir bien, no solo coexistir unos con otros, sino reconocerse mutuamente como personas dignas y apoyar el proceso de desarrollo nacional. La nueva manera de vivir y convivir que se propone desarrollar para construir confi anza y cohesión social implica que a nadie se le deben negar sus derechos ni limitarse sus oportunidades por prejuicios y estereotipos derivados de su condición socioeconómica, su apariencia física, su sexo, su edad, su identidad sexual, su pertinencia étnica, su discapacidad, su preferencia política o religiosa, su lugar de residencia, etc. Alineación a estrategias del PQD L.1.2.9 (p. 106)). L.1.9.3 (p. 109). L.5.3.1 (p. 149). 2014 - 2019 51 el ciclo de la política pública, entendiendo la participación como una exigencia de la transparencia tanto en el uso de los recursos como en la toma de decisiones. Un elemento central es potenciar a todos los actores para participar. En especial deben superarse las desigualdades basadas en la división sexual del trabajo y los roles sociales de género. Una nueva relación entre mujeres y hombres presupone avanzar con paso fi rme en la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y en el respeto a su autonomía física; en el logro de su autonomía e independencia económica y en el acceso en condiciones de igualdad al empleo, las funciones directivas, el crédito, la tierra y los activos productivos y, fi nalmente, en la creciente representación cívica y política de las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones. En el marco del plan tiene también un rol importante la atención a la población migrante y sus derechos, dado que al menos una tercera parte de la población vive fuera del territorio nacional y genera, mediante el envío de remesas, una contribución principal de la composición de la economía nacional. Necesitamos llevar a cabo intensas políticas para disminuir las tasas de emigración y aprovechar el esfuerzo, conocimientos, trabajo y capacidades de los compatriotas y las compatriotas que no encuentran en el territorio nacional las oportunidades a las que aspiran y merecen. Finalmente, dentro o fuera del territorio nacional, se tiene la obligación de respetar, proteger y promover sus derechos y el acceso a la justicia en el país, en países de tránsito o en su nuevo lugar de residencia. L.11.1.2; L.11.1.3 (p. 201). E.11.5 (p. 203) E.9.1; E.9.2 (p. 184). L.3.5.5 (p. 131). Además de los objetivos citados, el fortalecimiento institucional del sector se concibe como una prioridad, dado que aún hace falta dotarlo de una institucionalidad fuerte que favorezca la coordinación intersectorial, que articule acciones con los actores del territorio y que dé previsibilidad a la inversión en el sector. Con la aprobación de la Ley de Desarrollo, Protección e Inclusión Social se ha dado un importante paso adelante, pero aún es necesario traducir sus mandatos en una institucionalidad sólida y con capacidades de gerenciar la política social en el presente quinquenio. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 52 Capítulo 6 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2 0 1 4 - 2 0 1 9 2014 - 2019 53 Resultados e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión social E l plan cuenta con un conjunto de 96 indicadores para el seguimiento de los resultados, los productos estratégicos y algunas actividades e insumos de especial importancia. En el cuadro 5 se muestran los indicadores de los resultados más importantes y en el Anexo 1 se puede consultar la matriz completa. CUADRO 5 Matriz para el seguimiento de los resultados del Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión Social OBJETIVOS RESULTADOS Indicadores Línea de base 2014 Meta 2019 1 Reducir la pobreza y la vulnerabilidad de la población de El Salvador Mejoradas las condiciones de vida de la población de El Salvador Índice de desarrollo humano 0.666 0.700 Reducida la proporción de familias en extrema pobreza Proporción de la población en extrema pobreza 7.60 % 5.81 % Aumentada la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres Índice de desigualdad de género 0.427 0.340 Reducida la desigualdad Índice de Gini 0.38 Mantener o mejorar Reducida la inseguridad alimentaria Porcentaje de familias en inseguridad alimentaria 19.20 % Inferior a la línea de base Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 54 2 Mejorar los ingresos, empleo decente y seguridad social de la población salvadoreña Reducido el desempleo Proporción de hogares con personas desempleadas o que han estado desempleadas en los últimos 6 meses 17.50 Inferior a la línea de base Aumentada la proporción de personas de la PEA con empleo formal Proporción de la PEA en el sistema de seguridad social contributiva 27.8 % Mejorar 3 Desarrollar el potencial humano de la población salvadoreña Aumentados los años promedio de escolaridad de la población Años promedio de escolaridad de la población 6.70 7.00 Aumentada la proporción de NNA que acceden y se mantienen en el sistema educativo TNE inicial N/D 12.00 % TNE 3er ciclo de educación básica 64.90 69.7 % TNE educación media 37.50 % 50.00 % Incrementada la proporción de estudiantes que obtienen los conocimientos adecuados a su nivel educativo Proporción de estudiantes de educación media con resultados de PAES en nivel superior 19.00 % 25.00 % Reducido el analfabetismo Tasa de analfabetismo 11.85 % 4.00 % OBJETIVOS RESULTADOS Indicadores Línea de base 2014 Meta 2019 2014 - 2019 55 4. Vida saludable y bienestar para todas las personas Reducida la mortalidad materna Razón de mortalidad materna 45.61x 105 Inferior a 35x105 Reducido el embarazo adolescente Proporción de embarazos que corresponde a mujeres menores de 19 años 30 %11 Detener su aumento Reducida la mortalidad infantil Tasa de mortalidad infantil 9.70 % Inferior a 8.00 % Reducida la proporción de gasto en salud de bolsillo Proporción de gasto en salud de bolsillo de hogares 29% -3 puntos porcen tuales 5 Hábitat y vivienda seguros y sanos Reducido el défi cit habitacional cuantitativo Défi cit cuantitativo de viviendas 8 % -2 puntos porcen tuales Incrementados los hogares con agua potable domiciliar Proporción de hogares con acceso a agua potable domiciliar 86.10 % 88.10 % Aumento de los hogares con energía eléctrica Proporción de hogares con energía eléctrica 95.10 % 97.10 % 11 Para este indicador la Línea base se establece a 2015, sobre datos de MINSAL/SIMMOW. OBJETIVOS RESULTADOS Indicadores Línea de base 2014 Meta 2019 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 56 6.1 Principales intervenciones del plan Para el logro de los resultados que se plantea el plan, durante el quinquenio se implementarán distintas medidas de política pública: Programas Estratégicos SPSU Acciones específicas Políticas y Programas Sectoriales Herramientas de Gestión y Seguimiento Conjunto 6.1.1. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y SPSU • Comunidades Solidarias (Urbanas y Rurales): contempla intervenciones de carácter no contributivo que permiten ampliar la cobertura de los servicios básicos de la población, y promueve la igualdad de oportunidades de las personas, las comunidades y de los hogares en extrema pobreza y exclusión social en las comunidades rurales y en los asentamientos urbanos de mayor precariedad. Este programa está en transformación a un programa de atención a la pobreza extrema. • Estrategia Nacional de Erradicación de la Pobreza Extrema (en proceso de construcción): conjunto de acciones de política pública dirigidas a población en condición de extrema pobreza que, de manera articulada e integrada, buscan crear sinergia en el territorio, para mejorar su calidad de vida, de manera sostenible y sustentable. • Dotación de Uniformes, Zapatos y Útiles Escolares: contribuir a la disminución de las barreras económicas que limitan la matrícula de los niños, las niñas y los adolescentes en el sistema educativo público, además se promueve el desarrollo de la 2014 - 2019 57 economía local a través de compras públicas de los insumos que entrega el programa. • Alimentación y Salud Escolar: contribuye con la mejora del estado nutricional del estudiantado para propiciar condiciones de aprendizaje, con la participación de la comunidad educativa y mediante el fortalecimiento de conocimientos, capacidades y prácticas adecuadas en salud, alimentación y nutrición. • Vaso de Leche: promueve la salud física de los niños y las niñas, y cuida de su nutrición. Asimismo, estimula la producción nacional y el desarrollo ganadero mediante políticas, programas y proyectos que incrementan la productividad y competitividad. • Programa de Apoyo Temporal al Ingreso: contribuye a la disminución del impacto de la crisis económica y los bajos ingresos en los hogares de asentamientos urbanos precarios y mejora las condiciones de empleabilidad de las personas participantes con prioridad en mujeres jefas de hogar y jóvenes. • Ciudad Mujer: garantiza los derechos de las mujeres salvadoreñas a través de servicios diferenciados y especializados; tales como salud sexual y reproductiva, prevención y atención integral a la violencia de género, empoderamiento económico y promoción y difusión de la autonomía de las mujeres a través del conocimiento y el ejercicio de sus derechos. • Nuestros Mayores Derechos: contribuye a mejorar las condiciones de vida y el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores promoviendo su reconocimiento y una cultura de respeto en las familias, la comunidad, la sociedad y el Estado. • Pensión Básica Universal: propicia el bienestar integral de las personas adultas mayores de forma incluyente y equitativa, y favorece el fortalecimiento de su autonomía. • Programa de Agricultura Familiar: pretende reducir los niveles de pobreza en el área rural mediante la generación de riqueza y bienestar de las familias que desarrollan la agricultura familiar en El Salvador, mejorando los sistemas de producción agrícola, con lo que logra atender necesidades de nutrición de las familias en condiciones de subsistencia. • Paquetes Agrícolas: es un componente de Seguridad Alimentaria que pretende incrementar la disponibilidad y el acceso al consumo de alimentos por medio de la mejora de los sistemas de producción y abastecimiento de las familias pobres, tanto urbanas como rurales; y persigue garantizar la producción y abastecimiento de alimentos para la población, en especial para las familias productoras rurales en condición de subsistencia. • Acceso y cobertura universal a la salud integral, pública y gratuita: permite a toda la población el acceso de forma oportuna a servicios integrales de salud, universales, equitativos y de calidad. • Acceso y Mejoramiento de Vivienda: apoya a las familias con precariedad económica a través de subsidios y/o contribución total o parcial para adquisición de lotes, construcción, mejora y compra de vivienda, bajo el enfoque de derecho a la vivienda y al hábitat adecuado defi nido en la Política Nacional de Vivienda y Hábitat de El Salvador. • Infraestructura Social Básica: busca reducir la brecha de acceso a servicios básicos y estratégicos, priorizando a los municipios en condición de pobreza. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 58 • Atención integral a la primera infancia: impulsa el desarrollo integral de niños y niñas de cero a seis años, con el mejoramiento de la calidad y cobertura en la educación inicial. 6.1.2. PROGRAMAS ESTRATÉGICOS • Programa de Empleo y Empleabilidad Joven “Jóvenes con Todo”: promueve el desarrollo de habilidades para mejorar el acceso al mercado laboral y la inserción productiva en las juventudes. • Programa Niñez y Juventud del Futuro (Una Niña, Un Niño Una Computadora): persigue universalizar el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en donde cada estudiante de todos los centros educativos públicos tenga la oportunidad de usar un dispositivo informático en una relación 1 a 1 durante su formación académica. • Programa Más y Mejor Salud: busca reforzar el primer nivel de atención en salud con la ampliación y modernización de la red de hospitales públicos de segundo y tercer nivel, con objeto de optimizar la cobertura y la calidad de los servicios. • Sistema Nacional de Cuido: está en proceso de articulación y consiste en una política integrada para el reconocimiento de las personas cuidadoras en el país, con objeto de brindar atención directa a las personas y apoyar a las familias en el cuidado de los miembros del hogar, incluyendo también acciones encaminadas a la atención de las cuidadoras y cuidadores. 6.1.3. ACCIONES ESPECÍFICAS • Atención a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. • Mozote: en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el resarcimiento de daños a las víctimas de El Mozote y zonas aledañas, el Órgano Ejecutivo ha diseñado un programa para atender las principales recomendaciones realizadas por la CIDH, que incluye la realización de un registro único de víctimas y familiares de víctimas, el pago de indemnizaciones y otras acciones para apoyar el desarrollo de dichas comunidades. 6.1.4. POLÍTICAS Y PROGRAMAS SECTORIALES Los programas estratégicos del Subsistema de Protección Social Universal, deberán articularse a las políticas y programas sectoriales, lo que permita dar respuestas más efi cientes y oportunas que contribuya a reducir la pobreza. Entre las políticas sectoriales identifi cadas: • Salud • Educación • Economía • Desarrollo Urbano • Trabajo y Previsión Social • Agricultura • Vivienda 2014 - 2019 59 Capítulo 7 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2 0 1 4 - 2 0 1 9 Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 60 Desarrollo institucional 7.1 Mecanismos de coordinación intersectorial y participación social En acuerdo con la Ley de Desarrollo y Protección Social —y para garantizar una correcta implementación del plan—, se defi nen los arreglos institucionales necesarios, con base en las siguientes consideraciones: a) Necesidad de articulación entre los espacios de coordinación y dirección de la Política Social establecidos por la ley, tanto para el Sistema de Desarrollo Social como para el Subsistema de Protección Social Universal. b) Necesidad de generar avances en materia de planifi cación y evaluación, sistemas de información, estadísticas, medición de la pobreza y operación descentralizada, fundamentales para consolidar los avances institucionales en el sector social.12 c) La generación y el fortalecimiento de capacidades en todos los actores involucrados en el diseño, implementación y seguimiento del plan, no solo en el nivel central sino también de los actores locales y no estatales. El abordaje multidimensional de los problemas de la pobreza y la exclusión social ha sido un desafío para la coordinación interinstitucional al interior del sector, y con otros actores de la sociedad. Desde la implementación del Subsistema de Protección Social Universal, que contempla el trabajo conjunto y coordinado entre diversas instituciones poniendo en práctica distintos espacios formales de coordinación, como el Comité Intersectorial y el Comité Técnico Intersectorial, las instituciones han ido ganando una importante experiencia en el trabajo conjunto, y la Secretaría Técnica y de Planifi cación de la Presidencia ha adquirido progresivamente habilidades para la facilitación y el seguimiento de acuerdos de carácter interinstitucional. A medida que se incrementa la inversión social y crece la cantidad de programas e iniciativas desarrolladas —hubo un aumento signifi cativo en el pasado quinquenio—, se consolida la visión que hace de la política social una cuestión de derechos y un pilar fundamental en la construcción del bienestar colectivo; por tanto, estas fortalezas deben ser apuntaladas, y este es uno de los propósitos fundamentales del plan. Para ello, y en seguimiento a lo establecido por la Ley de Desarrollo y Protección Social, se constituye el Gabinete de Gestión Social e Inclusión, el cual 12 En tal sentido, es necesario avanzar también en defi nir la instancia de asesoría técnica para la medición multidimensional de la pobreza, para que conjuntamente con la DIGESTYC pueda acercar una propuesta metodológica para aprobación de la institución rectora del plan, a saber, la Secretaría Técnica y de Planifi cación de la Presidencia. 2014 - 2019 61 fue creado por decreto ejecutivo No. 9, de fecha 11 de junio del 2014, y es encabezado por la Ministra de Salud, para la coordinación, planifi cación y seguimiento del sector. Una de las atribuciones del Gabinete, es establecer sesiones para el Sistema de Desarrollo y Protección Social, de las cuales participan las personas titulares o sus delegadas de STPP, SIS, SEC, MINSAL, MINED, ISDEMU, MOP/VMVDU, MTPS, FISDL e INJUVE. La STPP, que tiene dentro de sus funciones dirigir la planifi cación estratégica del Gobierno y velar por la viabilidad técnica de las principales acciones gubernamentales, funge como Secretaría Ejecutiva del Gabinete Social. En ese contexto, y en el marco de la Ley de Desarrollo y Protección Social, esta institución asumirá la función de entidad coordinadora del Sistema Nacional de Desarrollo y Protección Social, con el fi n de asegurar la implementación de las disposiciones de dicha ley y lograr mayores niveles de coordinación interinstitucional por parte del conjunto de las políticas sociales del gobierno, así como la implementación y seguimiento del presente Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Es necesario destacar que el fortalecimiento de la institucionalidad del desarrollo y la protección social en el país también requiere generar avances institucionales en los sistemas de estadística e información; de evaluación y de operación descentralizada. Un punto central es la medición de la pobreza y la desigualdad. Para ello, el plan establece que en el transcurso del primer trimestre de 2015, la STPP debe convocar a la instancia de asesoría técnica13 defi nida por la ley (art. 46) y constituir un Comité Técnico de Alto Nivel que apoye la aplicación de la metodología de medición de la pobreza multidimensional, con apoyo de la DIGESTYC. En resumen, para fortalecer la institucionalidad del sector social el plan avanzará en materia de planifi cación; coordinación; monitoreo y evaluación; transparencia y rendición de cuentas del sector, contando para ello con los siguientes instrumentos: a) Plan Multianual del Sector Social: se trata de una matriz integrada que permite identifi car con claridad los resultados estratégicos del sector, junto a los productos, indicadores y metas programadas para el quinquenio. Dicho Plan, trabajado sobre el enfoque de la gestión para resultados de desarrollo (GpRD), permitirá además la vinculación entre la planifi cación multianual del sector y los presupuestos, siendo un instrumento para que cada institución participante del Sistema pueda alimentar sus propias planifi caciones anuales operativas. b) Plan de Fortalecimiento Institucional del Sector Social: el logro de los objetivos y resultados establecidos en el Plan de Desarrollo Social requerirán de acciones coordinadas de creación y fortalecimiento de capacidades en los actores nacionales. La capacitación, el intercambio de experiencias, la asistencia técnica de corto y largo plazo que ofrecen los distintos Socios para el Desarrollo serán incluidas en esta herramienta con objeto de promover la armonización y el alineamiento de los recursos, y apuntalar el desarrollo de capacidades desde una perspectiva sistémica. c) Plan Indicativo de Evaluaciones para el Sector Social: a medida que se desarrolla el Sistema Nacional de Planifi cación y se mejoran los sistemas nacionales de estadísticas, el sector contará con 13 El Reglamento de la Ley de Desarrollo y Protección Social establece que la instancia de asesoría técnica se conforma por siete integrantes: cinco expertos provenientes de sociedad civil y/o academia; un representante de STPP y un representante de DIGESTYC. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 62 un plan para la realización de actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación de forma coordinada. Esto implicará la creación de espacios de aprendizaje interinstitucional, la planifi cación de las prioridades de evaluación, y la articulación entre estos ciclos y los procesos de planifi cación y presupuesto que se ajustarán año a año. d) Reglas de Operación de los Programas Sociales: todos los programas que integran el Subsistema de Protección Social Universal deben elaborar sus respectivos documentos de diseño conceptual y reglas de operación, en armonía con los principios y enfoques establecidos en este plan, cuyo conocimiento será de carácter público a toda la población. Cada programa tendrá un plazo máximo de seis meses para presentar su documento a partir de la entrada en vigor del Plan Nacional de Desarrollo, Protección Social e Inclusión Social. Es necesario destacar que todos estos esfuerzos no se circunscribirán únicamente a los actores estatales del nivel central, sino que buscarán mejorar las capacidades de los actores locales y no estatales, como las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el sector, para que puedan aportar también a mejorar la efi cacia de los resultados y la integralidad de las prestaciones y servicios que contempla el plan. Asimismo, se buscará la coordinación con otros gabinetes de gestión del Gobierno, para facilitar el diálogo y la cooperación entre la Política Social y la política económica, las estrategias de prevención primaria de la violencia —entre otras que se consideren relevantes— y los programas y proyectos de crecimiento económico y desarrollo sostenible e integral como la Estrategia de Franja-Costera Marina, FOMILENIO II, el Plan Maestro de Golfo de Fonseca y la Alianza para la Prosperidad de los países del Triángulo Norte. 7.2 Mecanismos de participación social Según lo establecido por la Ley de Desarrollo y Protección Social, la participación es un derecho de las personas, las comunidades y las organizaciones que debe hacerse efectivo a lo largo de todo el proceso de la política pública, en acuerdo con los mecanismos que para ello se establezcan. Por ello, el Plan Social retoma los mecanismos de participación establecidos en el Reglamento de la ley, procurando que todos los programas tengan sus propios mecanismos de auditoría ciudadana, y que se desarrollen mecanismos de vigilancia comunitaria en los territorios. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, de las asociaciones de participantes de los programas y del movimiento social también debe ser compromiso de este plan, ya que el empoderamiento ciudadano es fundamental para avanzar en la apropiación del enfoque de derechos y de las políticas de protección social. 2014 - 2019 63 La evaluación de la Política Social, junto con los programas que la componen, está contemplada en el artículo 39 de la Ley de Desarrollo y Protección Social, que dicta que los programas son objeto de una evaluación permanente, rigurosa y objetiva desde el enfoque de derechos y la generación de resultados. La ley también establece que el propósito de la evaluación es reforzar, corregir o reorientar la política social o sus componentes. Por lo tanto, todos los programas y proyectos que integran el plan tienen componentes de monitoreo y evaluación con el fi n de mantenerlos encauzados y que contribuyan al logro de los objetivos de la política. La evaluación debe utilizarse desde el comienzo del proceso de planifi cación con el fi n de prever los problemas y reducir la probabilidad de tener más tarde costos excesivos o retrasos considerables. La planifi cación, por tanto, deberá estar combinada con el monitoreo y la evaluación, para contribuir a la efi cacia de los programas de desarrollo social, de los resultados estratégicos del plan y para la toma informada de decisiones que afecten la política del sector. Por otro lado, y dado que la aplicación de este Plan coincidirá con el lanzamiento de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible que vienen a reemplazar el paradigma de los Objetivos de Desarrollo del Milenio propuestos hasta 2015, será pertinente revisar los objetivos y resultados propuestos por el país a la luz de estos nuevos aportes que guiarán los esfuerzos de la comunidad internacional hacia el 2030, en pos de un desarrollo sostenible y digno, complementando la lucha contra la pobreza con el combate hacia todas las formas de desigualdad. Se espera que el Módulo de Seguimiento al Plan Social pueda integrarse al Sistema de Seguimiento del Plan Quinquenal de Desarrollo. 7.3 Monitoreo y evaluación 7.4 Herramientas para la gestión del Subsistema de Protección Social Universal Para la gestión del Subsistema de Protección Social Universal, se contará al menos con las siguientes herramientas que contribuirán al monitoreo y seguimiento del subsistema y a la orientación de las políticas social del Gobierno: Registro Único de Participantes de Programas Sociales (RUP) y la Medición Multidimensional de Pobreza. Estas herramientas, además de contribuir a una mejor coordinación de las acciones de política social, buscan optimizar los recursos disponibles y crear mecanismos que permita informar y retroalimentar las diferentes intervenciones de política con información oportuna para mejorar la efi ciencia y efi cacia de la mismas, y asegurar una adecuada transparencia y contraloría social. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 64 7.5 El Registro Único de Participantes de los Programas Sociales (RUP) El RUP identifi ca y caracteriza las condiciones de vida y carencias de las familias y personas potenciales destinatarias de los programas sociales del Gobierno, que son defi nidos a través de la Secretaría Técnica y de Planifi cación de la Presidencia y ejecutados por las diferentes instituciones del gobierno, por lo que se pretende aumentar de forma progresiva la cantidad de programas que utilicen esta herramienta. La información de los hogares donde se implementa el RUP es incorporada a la base de datos de la herramienta en forma estructurada y sistematizada, y luego se construye un modelo de focalización basado en indicadores de calidad de vida que permite la identifi cación de potenciales participantes de programas sociales. Este registro es una de las herramientas fundamentales para la priorización de las intervenciones, y facilitará la coordinación de los distintos programas sociales y optimizará los recursos existentes en un contexto donde estos son limitados y las demandas en materia social son amplias. Los principios que sustentan la operatividad del RUP son: el acceso universal de manera progresiva, seguridad de la información y transparencia (uso adecuado de la información bajo normas de confi dencialidad y privacidad), calidad de la información y costo-efi ciencia. A la fecha se encuentran incorporados dentro del RUP 81 municipios de El Salvador y su información está siendo utilizada para la priorización de tres intervenciones sociales. 7.6 La medición multidimensional de la pobreza Busca complementar la medición de pobreza que actualmente se realiza a nivel de país sobre la base del ingreso de los hogares por medio de la incorporación de varias dimensiones del desarrollo; y parte del reconocimiento de los derechos humanos como la expresión de las necesidades, valores, intereses y bienes que por su injerencia e importancia, han sido considerados fundamentales y comunes a todas las personas. La medición de la pobreza tiene, al menos, tres aplicaciones principales: a) diagnóstico la magnitud del problema de la pobreza, (b) brindar orientación para el diseño de instrumentos de política, y c) servir de parámetro para monitorear la efectividad de las políticas públicas. Este proceso conlleva la consolidación de las instancias que garanticen por medio de la participación de diferentes actores la defi nición y validación de esta medición; y que esta refl eje por medio de esta nueva visión las condiciones de pobreza de las diferentes regiones a nivel nacional y que se genere la orientación de la política social del país. Uno de los principales actores dentro del proceso de medición de la pobreza multidimensional es la instancia de asesoría técnica, que será la encargada de elaborar la propuesta metodológica para la medición de la pobreza y desigualdad, tanto en su dimensión de hogares como territorial, en coordinación con la institución encargada de las estadísticas a nivel nacional. 2014 - 2019 65 7.7 Mecanismos de transparencia y procedimientos de rendición de cuentas La Ley de Desarrollo y Protección Social establece obligaciones básicas de transparencia para los programas sociales, en acuerdo con los principios establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública. En el marco del Plan Social, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas buscan poner a disposición de la ciudadanía información relevante para la toma de decisiones y el control sobre el uso de los recursos públicos, favoreciendo la exigibilidad y la participación social. Corresponde a las instituciones que forman parte del plan: a) Cumplir lo establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública. b) Difundir el diseño y reglas de operación de cada programa, así como los resultados y recomendaciones de las revisiones y evaluaciones realizadas. c) Difundir la información agregada de los registros de benefi ciarios de los programas que componen el plan, con respeto a las normas del secreto estadístico. d) Difundir información de utilidad vinculada al Plan Social en sus páginas institucionales. e) Dar respuesta oportuna y de calidad a las solicitudes de información recibidas tanto en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, como de otros canales habilitados. f) Proteger la información con carácter de confi dencial. El plan establece además los siguientes mecanismos de rendición de cuentas: a) Informe de avance en el goce de los derechos sociales en el país a la Asamblea Legislativa. b) Conferencia de medios sobre el avance de la política social (anual). c) Informe de las revisiones anuales realizadas al plan. d) Informes a la plenaria taller. 7.7.1. RESULTADOS Desde la perspectiva de desempeño institucional, los resultados esperados se vinculan al desarrollo de procesos que permitan una implementación, seguimiento y evaluación efectivo del Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 66 RESULTADOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN LÍNEA BASE Al fi nal del 2015, el Gabinete Social funciona como el ente para la toma decisiones del sector social. Actas resolutivas del Gabinete Social. STPP 0 Al fi nal del 2017, todos los programas del SPSU tienen manuales de operaciones aprobados y públicos. N.° de manuales aprobados / N.° total de programas del SPSU. STPP 2 Al menos 3 programas sociales utilizan la información del RUP para focalizar intervenciones al fi nal del período. N.° de programas utilizando el RUP para la selección de participantes. STPP 1 A 2019, las personas adultas mayores cuentan con un marco normativo que garantice sus derechos. Política del Adulto Mayor aprobada. Ley del Adulto Mayor propuesta a la Asamblea Legislativa. SIS 0 El país cumple con los requerimientos de información en materia de avance del cumplimiento de los DESC de acuerdo a la normativa internacional. Informes proporcionados en tiempo y forma. 1 7.8 El fi nanciamiento de la política social Desde el quinquenio pasado, el país ha realizado un esfuerzo signifi cativo por aumentar la inversión social con miras a fi nanciar la implementación de un Subsistema de Protección Social Universal destinado a proporcionar, de manera gradual pero sostenida, un conjunto de servicios sociales básicos a toda la población, con énfasis en los grupos más excluidos, que mejoren su acceso al goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Dicha inversión, sin precedentes en la historia nacional, fue realizada con base en los propios esfuerzos fi scales del país, en el apoyo de la cooperación internacional para el desarrollo y en préstamos y otros recursos que, desde el principio de complementariedad, fi nanciaron el desarrollo y el crecimiento de los programas sociales y del Subsistema de Protección Social Universal en su conjunto. En el marco de las directrices del Plan Quinquenal de Desarrollo, el fi nanciamiento de la Política Social continuará siendo una prioridad para el período 2014 2019, y se procurará su consistencia con el principio de máxima movilización de los recursos, con vistas a no retroceder en lo avanzado, y a acelerar la inversión en el sector siempre que sea posible. 2014 - 2019 67 CUADRO 6 Proyecciones macroeconómicas para El Salvador (período 2014-2019) Indicadores macroeconómicos Línea base 2013 2014 2016 2018 2019 PIB nominal (millones de dólares) 24 212.5 25 337.9 26 795.3 28 472.7 29 203.6 Crecimiento PIB real 1.7 % 2.2 % 2.9 % 3.0 % 3.0 % Infl ación 0.80 % 2.1 % 3.0 % 1.8 % 1.80 % Fuente: Banco Central de Reserva y Secretaría Técnica y de Planifi cación de la Presidencia. En tal sentido, se mantendrán los actuales programas sociales previstos en la Ley de Desarrollo, Protección e Inclusión Social, y se expandirá progresivamente la cobertura de servicios e infraestructura social; previéndose la creación de nuevos programas alineados a las prioridades de la planifi cación nacional, sin alterar los equilibrios presupuestales. El fi nanciamiento de la Política Social recaerá fundamentalmente en los recursos propios y de manera complementaria se contará con recursos de la cooperación internacional. Vale destacar que en el período 2009-2014 el sector social fue el principal receptor de la cooperación internacional recibida por el país, por lo que se espera continuar esta estratégica asociación para el desarrollo y la consolidación del sector, que ha recibido un fuerte impulso de la comunidad internacional. Adicionalmente, se gestionarán recursos con la banca de desarrollo y los organismos multilaterales, de los que también se ha recibido un importante respaldo para la implementación del SPSU, siempre en función de las prioridades del país. La cooperación internacional para el desarrollo y los préstamos que se contraten para complementar la inversión social se ajustarán a los siguientes criterios: a) Alineamiento con las prioridades defi nidas por el país, defi nidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 y otros instrumentos de planifi cación relevantes para el sector. b) Respeto a los principios de efi cacia de la ayuda, y a los documentos que al respecto ha elaborado el país. c) Uso efi caz y efi ciente de los recursos, bajo la rectoría conjunta de la STPP, el Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo (VMCD) y el MH, cada uno desde el rol que legalmente le compete. d) Registro oportuno y efi ciente de la información fi nanciera en las cuentas nacionales, y garantía de transparencia y rendición de cuentas hacia la ciudadanía y los socios para el desarrollo. e) Impulso del principio de mutua responsabilidad entre gobierno y socios, promoviendo espacios sistemáticos de diálogo. Plan Nacional de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 68 La inversión social, conforme a los lineamientos de gasto corriente e inversión pública del Plan Quinquenal de Desarrollo, será sustentable y se ejecutará conforme a las siguientes directrices: a) Procurar su incremento en términos reales en el período 2014- 2019. b) Procurar su progresividad y gradualidad para lograr la mayor universalidad posible. c) Priorizar el gasto hacia las poblaciones y territorios con mayores desventajas en una perspectiva de justicia distributiva y cierre de brechas. d) Elevar la calidad del gasto social y buscar su mayor efecto redistributivo posible. e) Aplicación de la perspectiva de género en las decisiones de inversión. f ) Efi cacia para el logro de los resultados buscados. g) Efi ciencia para la obtención de los resultados óptimos con el mejor uso de recursos disponibles. h) Combate a la corrupción para garantizar el uso adecuado de todos los recursos y su destino exclusivo para los fi nes de la política social i) Transparencia para que en todo momento se conozca el origen, uso, destino y resultados de los recursos invertidos. j) Rendición de cuentas para cumplir con todas las obligaciones legales en la materia y facilitar y promover todas las formas de contraloría y auditoría social. CUADRO 7 Inversión proyectada en desarrollo, protección e inclusión social 2016 2017 2018 2019 TOTAL Estrategia de erradicación de la pobreza 48.68 53.55 58.90 64.79 225.92 Empleo y empleabilidad 5.64 33.48 57.00 62.40 158.40 Ciudad mujer 8.90 21.30 24.30 21.10 75.60 Educacion 176.20 176.20 176.20 176.20 704.80 Salud 192.00 192.00 192.00 192.00 768.00 Vivienda 22.50 22.50 22.50 22.50 90.00 Total 453.92 499.03 530.90 538.99 2022.84 Con base en estimaciones realizadas sobre el Presupuesto General del Estado 2016, aprobado por la Asamblea Legislativa, se proyectan los siguientes montos en inversión social para el quinquenio, misma que complementará la inversión: Fuente: STPP. Anexos 70 ANEXO 1 Matriz de Seguimiento de Indicadores y Metas del Plan Social OBJETIVO No. Matriz de Plan Social REPORTA Periodicidad LB 2014 M 2015 M 2016 M 2017 M 2018 Meta 2019 Objetivo 1 1 Índice de Desarrollo Humano PNUD Anual 0,666 0,70 Objetivo 1 2 Índice de Gini DIGESTYC Anual 0,380 0,37 Objetivo 1 3 Proporción de la población en extrema pobreza DIGESTYC Anual 7,60 7,44 7,02 6,71 6,36 5,85 Objetivo 1 4 Índice de pobreza multidimensional DIGESTYC Anual 35,20 Objetivo 1 5 Años promedio de escolaridad de la DIGESTYC Anual 6,51 6,55 6,60 6,65 6,72 6,78 jefatura de familia Objetivo 1 6 Tasa de dependencia económica DIGESTYC Anual 54,57 54,41 52,58 50,75 48,83 46,87 Objetivo 1 7 Índice de desigualdad de género PNUD Anual 0,427 0,340 Objetivo 1 8 Porcentaje de la brecha salarial entre DIGESTYC Anual 15,50 14,91 14,44 14,35 14,15 13,92 hombres y mujeres Objetivo 1 9 Porcentaje de familias en inseguridad DIGESTYC Anual 19,20 alimentaria Objetivo 1 10 Número de persona mayores de 70 años, FISDL Trimestral 33.170 31.475 31.656 33.290 35.290 37.290 que han recibido pensión básica universal Objetivo 1 11 Número de familias con una mujer embarazada FISDL Trimestral 23.090 18.815 14.890 18.318 26.588 38.772 y/o NN de 0 a 4 años que han recibido bono de primera infancia Objetivo 1 12 Número de adolescentes cursando tercer ciclo FISDL Trimestral 6.734 6.175 6.175 14.545 22.518 32.199 y bachillerato que han recibido bono de educación. Objetivo 1 13 Número de familias que reciben FISDL Trimestral Inicia en 2017 17.471 35.973 66.848 acompañamiento y asistencia social Objetivo 1 14 Número de productores y productoras MAG Trimestral 31.920 48944 50.464 50.464 50.464 50.464 agropecuarios que han recibido asistencia técnica Objetivo 1 15 Número de productores y productoras MAG Trimestral 664.402 570.531 621.302 621.302 621.302 621.302 de subsistencia que han recibido insumos agrícolas Objetivo 1 16 Número de personas que han recibido FISDL Anual 221 500 1.380 2.540 2.700 capital semilla para emprendimientos* e INJUVE Objetivo 2 17 Porcentaje de hogares con personas DIGESTYC Anual 17,50 desempleadas o que han estado desempleadas en los ultimos seis meses Objetivo 2 18 Tasa de desempleo DIGESTYC Anual 7,00 6,46 6,47 6,37 6,35 6,32 Objetivo 2 19 Proporción de la PEA en el sistema DIGESTYC Anual 27,80 28,00 de seguridad social contributiva Objetivo 2 20 Porcentaje de poblacion empleada DIGESTYC Anual 47,80 49,38 49,38 49,46 49,21 49,17 en el sector informal 71ANEXO 1 OBJETIVO No. Matriz de Plan Social REPORTA Periodicidad LB 2014 M 2015 M 2016 M 2017 M 2018 Meta 2019 Objetivo 2 21 Proporción de personas ocupadas DIGESTYC Anual 38,70 41,70 5 puntos con remuneración inferior a la línea nacional porcentuales de pobreza Objetivo 2 22 Incidencia de las inspecciones de trabajo en MTPS Trimestral 90,81% el cumplimiento de normativa laboral Objetivo 2 23 Índice de efectividad en las mediaciones MTPS Trimestral 45% laborales individuales y colectivas Objetivo 2 24 Tasa global de participación de la poblacion DIGESTYC Anual 0,71 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 en edad de trabajar (PET) Objetivo 2 25 Porcentaje de la PEI por quehaceres DIGESTYC Anual 0,53 0,54 0,53 0,53 0,53 0,53 domésticos y obligaciones familiares Objetivo 2 26 Porcentaje de la PET que se dedica a DIGESTYC Anual 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 quehaceres domésticos y obligaciones familiares Objetivo 2 27 Índice de colocación a través de MTPS Trimestral intermediación laboral Objetivo 2 28 Porcentaje de jóvenes que han recibido INJUVE Semestral Inicia en 2017 2.000 5.800 9.400 11.000 el módulo de habilidades/competencias para la vida y el trabajo, estipendio y tutoría Objetivo 2 29 Número de jóvenes que han finalizado curso INSAFORP de formación técnica vocacional Objetivo 2 30 Numero de jóvenes que han finalizado INSAFORP Semestral 15.825 17.612 18.505 19.399 20.292 21.186 cursos de habilitación para el trabajo Objetivo 2 31 Numero de jóvenes graduados en carreras INSAFORP Semestral 616 922 1.549 1240 1.260 1.260 técnicas de formación dual Objetivo 2 32 Numero de jóvenes graduados en carrera MINED Anual técnica nivel superior de las sedes MEGATEC 33 Número de comités de salud y seguridad MTPS Trimestral 392 ocupacional creados / Comités de Seguridad y Salud Ocupacional Acreditados Objetivo 2 34 Número de personas colocadas a través MTPS Trimestral 16.942 de intermediación laboral Objetivo 2 35 No. de hombres y mujeres dueños de BANDESAL, emprendimientos y microempresas que FOSO reciben asesoría empresarial FAMILIA y CONAMYPE Anual Objetivo 2 36 Número usuarias que reciben SIS Trimestral 84.035 88.236 96.637 113.445 130.252 130.252 acompañamiento integral Objetivo 2 37 Número de hombres y mujeres dueños BANDESAL, 1.666 1.666 1.666 1.666 1.666 de emprendimientos y microempresas FOSO que reciben crédito FAMILIA y CONAMYPE Objetivo 2 38 Número de créditos otorgados a mujeres SIS Trimestral Inicia en 2017 100 280 560 600 Objetivo 2 39 “Número de personas trabajadoras NSAFORP Semestral 159.389 167.357 188.158 211.256 218.097 224.758 de las empresas que han finalizado cursos de formación profesional continua. para emprendimientos y empresas 72 ANEXO 1 OBJETIVO No. Matriz de Plan Social REPORTA Periodicidad LB 2014 M 2015 M 2016 M 2017 M 2018 Meta 2019 Objetivo 3 40 Índice de paridad de género MINED Anual 1 1 1 1 1 1 Objetivo 3 41 Años promedio de escolaridad de la población DIGESTYC Anual 6,7 6,8 7,0 Objetivo 3 42 Tasa neta de matrícula de educación inicial MINED Anual 1,40% 2,10% 4,60% 7,00% 9,60% 12,20% Objetivo 3 43 Tasa neta de cobertura de Tercer Ciclo MINED Anual 64,9 63,7 60,7 66,7 68,2 69,70 de educación básica Objetivo 3 44 Tasa neta de cobertura de educación media MINED Anual 37,5 37,9 37,7 43,9 46,9 49,9 Objetivo 3 45 Tasa de transición a primer año de bachillerato MINED Anual 79% 79% 79% 80% 80% 80% Objetivo 3 46 Tasa de supervivencia escolar a sexto grado MINED Anual 78,10% 78,10% 78,10% 78,10% 78,10% 78,10% Objetivo 3 47 Tasa de supervivencia escolar a noveno grado MINED Anual 59% Objetivo 3 48 Tasa de supervivencia escolar a primer año MINED Anual 47,60% de bachillerato Objetivo 3 49 Porcentaje de deserción escolar MINED Anual 6,30% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% 5,60% Objetivo 3 50 Porcentaje de desercion escolar a tercer ciclo MINED Anual 8,2% 7,4% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% de educacion basica Objetivo 3 51 Porcentaje de desercion escolar en educacion MINED Anual 8,50% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% 8,20% media Objetivo 3 52 Tasa de abandono escolar por causa de MINED Anual embarazo Objetivo 3 53 Tasa de abandono escolar por causa de MINED Anual delincuencia Objetivo 3 54 Porcentaje de niños, niñas y adolescentes DIGESTYC Anual 8,7 entre 5 y 17 años trabajando Objetivo 3 55 Porcentaje de estudiantes de educación MINED Anual 19% 21% 24% 24% 24% 25% media con resultados de PAES en nivel superior Objetivo 3 56 Número de estudiantes atendidos en MINED Anual 50.445 447.800 Educación Media en modalidades flexibles Objetivo 3 57 Tasa de analfabetismo en población de DIGESTYC / Anual 11,85 10,80 4,00 más de 10 años MINED Objetivo 3 58 Número de estudiantes de tercer ciclo MINED Anual atendidos con modalidades flexibles Objetivo 3 59 Porcentaje de la población joven y adulta MINED Anual atendida en condición de analfabetismo Objetivo 3 60 Porcentaje de NNA en centros escolares MINED Anual 99% 99% 100% 100% 100% 100% públicos que reciben paquetes escolares Objetivo 3 61 Cantidad de NN por computadoras MINED Anual 26 21 15 11 10 10 en los centros educativos Objetivo 3 62 Porcentaje de centros educativos MINED Anual 28,50% 31,00% 35,00% 35,00% 37,00% 60,00% públicos con acceso a internet 73ANEXO 1 OBJETIVO No. Matriz de Plan Social REPORTA Periodicidad LB 2014 M 2015 M 2016 M 2017 M 2018 Meta 2019 Objetivo 4 63 Razón de mortalidad materna MINSAL Anual 42,3 39,8 37,3 34,8 34,2 Objetivo 4 64 Tasa específica de fecundidad para MINSAL Anual 64 X 1,000 64 X 1,000 64 X 1,000 64 X 1,000 64 X 1,000 64 X 1,000 mujeres de 15 a 19 años de edad Objetivo 4 65 Tasa de mortalidad infantil MINSAL Anual 9,70 9,90 9,00 8,50 8,00 8,00 Objetivo 4 66 Tasa de letalidad por Dengue MINSAL Anual 0.4 X 100 < 0.5 X 100 < 0.5 X 100 < 0.5 X 100 < 0.5 X 100 Objetivo 4 67 Tasa de mortalidad por cáncer de cervix MINSAL Anual 9.0 X 100,000 8.8 X 100,000 8.5 X 100,000 8.3 X 100,000 8.1 X 100,000 Objetivo 4 68 Proporción de egresos hospitalarios por MINSAL Trimestral 58,00% 57,00% 55,00% 53,00% 51,00% complicaciones relacionadas con la diabetes Objetivo 4 69 “Tasa de éxito en el tratamiento de la MINSAL Anual 92,30% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% ≥ 90% tuberculosis (en casos nuevos bacteriología positiva)” Objetivo 4 70 Porcentaje de mujeres que verificaron MINSAL Trimestral 75,6 76,5 77,5 79 80 parto y fueron registradas en el Sistema Informático Perinatal (SIP), que recibieron al menos cuatro atenciones prenatales Objetivo 4 71 Porcentaje de parto hospitalario MINSAL Trimestral 99,30% 99,40% 99,50% 99,50% 99,60% Objetivo 4 72 Cobertura de control postparto MINSAL Trimestral 95,30% 95,50% 95,70% 96% 96,20% Objetivo 4 73 Cobertura de atención integral a niños MINSAL Semestral 70% 71% 72% y niñas menores de un año, con al menos seis controles Objetivo 4 74 Cobertura de vacunación con tercera dosis MINSAL Trimestral 0,91 95% 95% 95% 95% de vacuna pentavalente en niñas y niños menores de un año. Objetivo 4 75 Cobertura de vacunación con vacuna MINSAL Trimestral 95% 95% 95% 95% 95% 95% antisarampionosa en niñas y niños de un año (disponible a partir de 2017) Objetivo 4 76 Cobertura de tratamiento estándar MINSAL Trimestral 92,30% 100% 100% 100% 100% de tuberculosis Objetivo 4 77 Porcentaje de adultos, niños y niñas con MINSAL Anual 60% 70% 75% 80% 80% infección avanzada de VIH que recibe terapia antirretrovírica Objetivo 4 78 Porcentaje de mujeres embarazadas MINSAL Anual 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% seropositivas que recibieron medicamentos antirretrovíricos para reducir el riesgo de transmisión materno infantil del VIH Objetivo 4 79 Porcentaje de gastos directos de hogares MINSAL Anual 29,00 27,00 en salud (PQD) Objetivo 4 80 Proporción de embarazos en adolescentes MINSAL Anual Objetivo 4 81 Tasa de desnutrición crónica ** MINSAL 13,60 74 ANEXO 1 OBJETIVO No. Matriz de Plan Social REPORTA Periodicidad LB 2014 M 2015 M 2016 M 2017 M 2018 Meta 2019 Objetivo 5 82 Proporción de de hogares con acceso DIGESTYC Anual 86,40 86,60 88,47 90,01 91,52 92,86 a agua por cañería Objetivo 5 83 Porcentaje de hogares que utilizan un DIGESTYC Anual 50,27 50,45 50,80 51,14 51,49 51,83 mecanismo adecuado para la eliminación de las aguas grises Objetivo 5 84 Proporción de hogares con energía eléctrica DIGESTYC Anual 95,10 95,57 96,43 97,32 98,09 98,80 Objetivo 5 85 Número de hogares que se lintervienes en VMVDU Trimestral 4.080 9.239 1.798 1.860 2.398 2.412 mejora su vivienda, tenencia y mejora de su entorno Objetivo 5 86 Número de familias que adquieren viviendas VMVDU Trimestral 5.936 8.102 6.125 6.860 7.053 7.169 Objetivo 5 87 Déficit cuantitativo de viviendas VMVDU Anual 8,0% -2 puntos porcentuales Objetivo 5 88 Número de hogares con acometida STPP Trimestral 15.066 15.441 15.816 16.191 15.266 15.641 de agua domiciliar instalada (FISDL y ANDA) Objetivo 5 89 Porcentaje de muestras de agua MINSAL Trimestral 67,00% 88,00% 88,00% 88,00% 88,00% dentro de la norma Objetivo 5 90 Número de hogares con sistema de STPP Trimestral 5089 5339 5589 5839 6089 6339 eliminación de aguas grises instalado *** (FISDL y ANDA) Objetivo 5 91 Número de hogares a los que se ha instalado FISDL Trimestral acometida de energía eléctrica Objetivo 6 INDICADORES EN CONSTRUCCIÓN Objetivo 7 92 Número de mujeres que enfrentan violencia ISDEMU Anual 10.463 10.585 basada en género atendidas por el programa especializado de ISDEMU Objetivo 7 93 Número de personas salvadoreñas en el MRREE Anual 0 260 125 150 150 150 exterior que participan en proyectos de inversión en El Salvador Objetivo 7 94 Número de servicios consulares MRREE Trimestral 494.026 449.915 485.651 524.126 565.614 610.414 entregados a personas salvadoreñas en el exterior Objetivo 7 95 Número de asistencias de protección MRREE Trimestral 6.048 7.844 8.366 8.784 9.223 9.685 de derechos y gestión humanitaria a salvadoreños en el exterior Objetivo 7 96 Número de usuarias que reciben servicios SIS Trimestral 1.800 2.100 2.400 2.700 en construcción de ciudadanía *Metas del INJUVE ** MINSAL-DIGESTYC. Encuesta Nacional de Salud, MICS. 2014 *** Meta de ANDA 75ANEXO 2 RESULTADOS DEL PROCESO DE CONSULTA PARA LA VALIDACIÓN DEL Plan de Desarrollo, Protección e Inclusión Social 2014-2019 1. Antecedentes La Ley de Desarrollo y Protección Social se aprobó el 3 de abril del 2014. Esta ley mandata en la Sección III, la formulación de un Plan de Desarrollo, Protección e inclusión Social (Plan Social) en el primer semestre de cada periodo presidencial, en acuerdo a los objetivos del Plan Quinquenal de Gobierno. En el Plan Social se definen los principales resultados a alcanzar para mejorar el bienestar y la protección social de toda la población, proponiendo una planificación clara, validada por la ciudadanía, acerca de qué políticas sociales se implementarán para erradicar la pobreza, la exclusión social y promover una agenda de desarrollo para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en el país. Además, la Ley en su artículo 13 establece que este Plan deberá formularse de manera participativa garantizando la más amplia consulta y deliberación social, en todos los municipios y departamentos. En el reglamento de la ley, en el artículo 6, se norma el proceso de consulta y se establece que el procedimiento a seguir, es la elaboración de la propuesta del Plan, aprovechando los insumos obtenidos en el proceso de consulta del Plan Quinquenal de Gobierno. Posteriormente, es necesaria la validación de la propuesta del Plan, a través de Asambleas Departamentales, validación que se realizó con las Gobernaciones Departamentales, en coordinación con la SPTA. Las consultas para la validación del Plan Social se realizaron en los 14 Departamentos del país, desde el 24 de agosto hasta el 8 de septiembre de 2016, contando con el invalorable apoyo de las Gobernaciones Departamentales. 2. Metodología del proceso de validación del Plan Social con la ciudadanía En conjunto con la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción, la Dirección de Programas Estratégicos de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia diseñaron una metodología para llevar adelante el proceso de validación del Plan Social. La misma constó de tres momentos principales: 76 ANEXO 2 Presentación de los contenidos principales del Plan Social: a) Antecedentes y desarrollo de la política social • Datos en materia de inversión social, especialmente referida a la inversión de los programas sociales que se ejecutan en el Departamento. • Avances en materia de la reducción de la pobreza por ingresos, y de la pobreza multidimensional. • Los enfoques del Plan Social y el marco del Buen Vivir. • Las poblaciones prioritarias del Plan Social. • Los resultados y los programas del Plan Social. • El Registro Único de Participantes. b) Trabajo en mesas: • Los participantes se distribuyeron en tres grupos de trabajo, teniendo cada grupo a su cargo el análisis de dos resultados del Plan Social, para analizar a una guía de preguntas: ¿Considera que las acciones presentadas contribuyen a lograr el resultado propuesto?; ¿Qué otras acciones cree podrían sumar al logro de este resultados?; ¿Cuál debería ser la acción principal que a su criterio debería priorizar el Gobierno?; ¿Cuál debe ser el compromiso de la población para lograr estos resultados? • Los técnicos de gobierno que participaron de las consultas desempeñaron un rol de facilitadores del trabajo de cada grupo, que eligió entre los propios participantes un vocero para presentar los resultados a la plenaria general. • Esta parte de la consulta fue de una enorme riqueza ya que permitió conocer de manera directa las impresiones y experiencias que tienen las personas sobre los programas sociales en los que participan, así como recibir sus retroalimentaciones referidas a dónde deberían situarse las prioridades de trabajo, y propuestas para la mejora de los programas. • El trabajo en mesas terminó en una plenaria general donde cada grupo expuso sus conclusiones, a fin que las mismas sean reflejadas en el Plan Social. c) Consulta sobre el funcionamiento de los programas sociales en el territorio: • Aprovechando que en el proceso de validación del Plan Social se contó con la presencia de personas que participan de los programas sociales, se elaboró una guía de preguntas para conocer las impresiones de los participantes sobre los mismos: ¿Conoce los procesos de selección para ser participante de los programas sociales? ¿Los servicios recibidos por parte de las instituciones son de la calidad esperada? ¿Existe suficiente información de cómo formar parte de los programas? ¿Por qué medio de comunicación se ha enterado de los programas? El objetivo principal de este momento de la consulta fue, además de recoger insumos para el Plan Social, contar con información para poder retroalimentar a cada institución a cargo de la implementación de los programas en el territorio acerca de cómo están funcionando los mismos 77ANEXO 2 desde la perspectiva de la ciudadanía. Dicho material será puesto a disposición del Gabinete Social, y de los correspondientes Ministerios. Es importante destacar que en la jornada se dedicó un espacio inicial a la presentación de los principales contenidos de la Ley de Desarrollo y Protección Social mediante un video que puede consultarse en el siguiente link: www.pacses.org Por último, se dedicó al cierre de cada jornada un espacio de evaluación sobre la actividad realizada. 3. Los Participantes del proceso de validación del Plan Social Cómo ya se ha mencionado, el proceso de validación del Plan Social contó para su realización con el apoyo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y especialmente de las Gobernaciones Departamentales, quienes estuvieron a cargo de realizar las convocatorias a la ciudadanía, priorizando a organizaciones de sociedad civil y a los espacios de participación ya constituidos en torno a las asambleas ciudadanas. Entre quienes participaron destacan: Sociedad Civil: organizaciones de mujeres, agricultoras y agricultores, organizaciones de personas adultas mayores, personas con discapacidad, representación de asociaciones de jóvenes, estudiantes, veteranos, ADESCOS, Cooperativas, representantes del Consejo consultivo, Contralores Sociales, Participantes de los Programas Sociales, Red de defensoría del Derecho, representantes de iglesia, Comités de Salud, Juntas de administración de agua, Foro Nacional de Salud, representantes de iglesia católica y evangélica, rrepresentantes de equipos de futbol. Instituciones de Gobierno: MINED, SALUD, MINSAL, ISDEMU, CONNA, INDES, VMVDU, FISDL, Casas de la Cultura, PREPAZ, ISSS, Gobernaciones, ISTA, PNC, INPEP, Ministerio de Relaciones Exteriores representantes de gobiernos locales, Promotores de Salud. Destaca que las personas participantes en los procesos de validación expresaron su reconocimiento al trabajo que está haciendo el gobierno a través de las diferentes instituciones, tanto en materia de participación ciudadana como en lo referente a la política social, destacando por su beneficio especialmente a los siguientes programas: Uniformes, Vaso de Leche, Alimentación escolar, Paquetes agrícolas, ECOS, Ciudad Mujer, Una niña, Un niño, Una computadora. 4. Los hallazgos de la consulta Todas las personas que participaron de las consultas manifestaron su acuerdo con la realización de este tipo de actividades en las que el gobierno central se acerca a los territorios a dialogar con la 78 ANEXO 2 población, y de manera general valoraron de forma positiva la información que se les facilitó en el marco de la consulta. Llama la atención a más de dos años de aprobada la Ley de Desarrollo y Protección Social, el bajo nivel de conocimiento que la misma tiene entre la población. En tal sentido, es importante desarrollar acciones de difusión y sensibilización sobre el cumplimiento de los derechos sociales, económicos y culturales en el país, empoderando especialmente a la sociedad civil organizada. A través de diferentes opiniones, los participantes de la consulta expresaron el deseo de conocer con mayor profundidad la Ley, como paso fundamental para poder participar en procesos de control y auditoría ciudadana, y poder exigir el cumplimiento de sus derechos. En relación a los resultados del Plan, en todos los Departamentos hubo acuerdo acerca de la relevancia y pertinencia de los mismos. Sin embargo, de manera general y con énfasis en los departamentos de San Salvador, Morazán y Chalatenango, se insistió en la necesidad de hacer aparecer de manera más explícita la cuestión del ambiente y los recursos naturales, que se consideran parte fundamental del paradigma del buen vivir. Más allá de las líneas que el Plan plantea en relación a mejorar la calidad del hábitat, especialmente de las poblaciones más vulnerables, plantear líneas de trabajo para la defensa del ambiente y de sus recursos, principalmente el agua, las semillas nativas, los bosques, y otros recursos vinculados a la seguridad alimentaria y la salud de la población, apareció como una petición que debe reflejarse en el Plan. Principales recomendaciones en torno a los resultados del Plan Social Resultado 1: Reducir la pobreza y vulnerabilidad La población reconoce el valor que las transferencias monetarias condicionadas (bonos) han tenido para el alivio a la pobreza, y expresan el deseo que las mismas puedan crecer en cobertura. En varios departamentos se reciben observaciones relativas a la necesidad de actualizar los registros a fin de permitir que nuevas familias en situación de pobreza y vulnerabilidad puedan acceder a los programas. Existe en la población una preocupación en lo que refiere específicamente al Programa de Apoyo a la Agricultura Familiar (PAF), específicamente a la distribución de los paquetes agrícolas. La población consultada manifiesta que es necesario depurar los padrones y tener un mayor control desde el nivel central en los procedimientos de entrega de los paquetes. La situación de vulnerabilidad en la que viven muchos agricultores requiere ser atendida por otras intervenciones, que permitan garantizar la seguridad alimentaria de la población, especialmente de la que habita las zonas rurales del país. En tal sentido, además de las mejoras en el PAF la población hizo hincapié en la distribución de semillas nativas; en la protección de la economía del pequeño 79ANEXO 2 agricultor a través de subsidios directos o de apoyos para la compra de insumos estratégicos para la producción; y también se planteó, en los Departamentos de Morazán y Chalatenango, la necesidad de fomentar el cuido del ambiente, a través de campañas de reforestación y de pagos por servicios ambientales, que compensen mantener las zonas de bosque nativo. Resultado 2: Mejorar los ingresos, el empleo decente y la seguridad social En todos los Departamentos del país la preocupación por el empleo, especialmente de los más jóvenes, ha surgido como una temática a priorizar. En este sentido, la demanda para que el Programa Jóvenes con Todo se implemente en todos los Departamentos apareció de manera reiterada, como una oportunidad para incrementar la empleabilidad de los jóvenes y brindar recursos que les permitan continuar en el sistema educativo o emplearse. También surgió en todos los Departamentos la necesidad de que el Gobierno tenga una acción más decidida en el aumento del salario mínimo, que la población considera fundamental para la mejora de la calidad de vida. Resultado 3: Desarrollar el potencial humano de la población La preocupación por la educación de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes fue una constante en las consultas realizadas en todos los Departamentos. Las preocupaciones expresadas por la población al respecto son de varios tipos: Desafíos en materia de cobertura: urge incrementar la cobertura en educación inicial. La necesidad de poder resolver las tareas de cuido vinculadas a la primera infancia es una demanda sentida en las mujeres, quienes tienen dificultades prácticas para insertarse productivamente en otros ámbitos, además de la pérdida de oportunidad para fomentar la estimulación temprana de niños y niñas. Las demandas por cobertura también se extienden a los bachilleratos, ya que en varios municipios las posibilidades de permanecer en el sistema educativo solo se mantienen hasta el noveno grado, enfrentando las familias serias dificultades, vinculadas especialmente a las posibilidades económicas y a la situación de inseguridad, para enviar a sus hijos a continuar los estudios lejos de casa. En muchos municipios, especialmente en la zona oriental del país, la deserción de los jóvenes del sistema educativo en el noveno grado representa un problema de envergadura, vinculado a varias causas, siendo las que más fueron comentadas por la población: las necesidades económicas de las familias, que lleva a los jóvenes a buscar empleo; la influencia de las pandillas; y la migración hacia los Estados Unidos. 80 ANEXO 2 También en varios departamentos se hizo sentir la necesidad de vincular más la oferta educativa con las vocaciones del territorio (por ejemplo, en Morazán se habló a favor de la reapertura del Bachillerato con orientación agrícola de San Francisco Gotera); y se mencionó la importancia de contar con carreras técnicas y universitarias que no impliquen que los jóvenes se trasladen hasta la capital. La apertura de sedes de la UES en todos los Departamentos fue solicitada. Se espera que el nuevo sistema de Universidad en Línea pueda aliviar en parte esta demanda de la población, pero aún es claro que hace falta hacer un esfuerzo por incrementar los cupos que el sistema educativo público ofrece. Desafíos en materia de calidad: en todos los Departamentos se recibe la demanda de mejorar la formación y la supervisión sobre el personal docente, por ejemplo, en materia de ausentismo y de los recursos pedagógicos que utilizan en clase. Un problema que debe atenderse con urgencia de acuerdo a lo expresado por la población es mejorar la educación sexual que se brinda en los centros escolares del sistema público, así como el desarrollo de estrategias para prevenir y atender el embarazo en adolescentes, no desde una perspectiva punitiva, sino apoyando la continuidad escolar de las niñas. Los programas que el Gobierno está desarrollando junto al Ministerio de Educación son muy valorados por la población. El programa de dotación de zapatos, uniformes y útiles escolares; el Programa de alimentación escolar y vaso de leche; y el programa Una niña, Un niño, Una computadora, alcanzan valoraciones muy positivas entre la población. Las principales demandas son en torno a tener un mejor control sobre la entrega de los paquetes escolares (principalmente en tiempo), y evitando que los mismos se presten a cualquier uso distinto al planificado; y para el caso de la alimentación escolar se esperaría poder contar todos los días con el vaso de leche. En lo que refiere a la entrega de las computadoras, también se registra una valoración positiva si bien se llama la atención con la necesidad de contar con profesores de informática y con el mantenimiento adecuado del equipo de computación. También especialmente en los departamentos del oriente del país, se hace hincapié en la mejora de la infraestructura escolar, y en general en todos, en la necesidad de fomentar las inteligencias múltiples, incorporando música, danza, teatro y fomentando las vocaciones técnicas. Acerca de la propuesta de extender la cobertura de bonos de educación para los estudiantes de tercer ciclo y bachillerato, la población consultada manifiesta su acuerdo, viendo en esta acción la posibilidad de mantener a los jóvenes en el sistema educativo. Por último, en varios departamentos surgió la demanda de atender la salud psicosocial en las escuelas. Varios padres y madres de alumnos manifestaron la necesidad de poder contar con psicólogos y especialistas que brinden atención especial a los niños, niñas y adolescentes que han vivido situaciones de violencia u otras que les afectan en sus estudios, y que no pueden ser resueltas por los docentes. 81ANEXO 2 Resultado 4: Impulsar la vida saludable y el bienestar de las personas Existe en la población una valoración muy positiva acerca de los efectos de la Reforma de Salud en la mejora de los servicios en los territorios, y existe la demanda de aumentar los ECOS. Mientras que las principales demandas se sitúan en torno a mejorar la calidez en los servicios de salud y actualizar y revisar los protocolos para no hacer esperar a los pacientes graves, así como a revisar los procedimientos de derivación de pacientes entre el primer nivel de salud y los siguientes, pues aparentemente esto ha generado más burocracia, dificultando la oportuna atención de los pacientes. Si bien no se expresan tantos problemas en la infraestructura y cobertura de los servicios de salud, las demandas de la población se centran en la calidad de los servicios, exigiéndose mayor control y supervisión por parte del nivel central acerca del trabajo que realizan los profesionales de la salud en el territorio. Además de la atención oportuna, la calidez aparece, como ya fuera mencionado, como una de las principales deudas del sector. Existe en la población una preocupación marcada por el embarazo en adolescentes, que registra en El Salvador una de las tasas más altas de toda la región. En tal sentido, se exige mayor educación en derechos sexuales y salud reproductiva, y el acompañamiento con métodos anticonceptivos desde las unidades de salud, además de proponer talleres, charlas y otras actividades para vincular a los adolescentes y jóvenes. También se expresa la necesidad de ampliar la cobertura de los Hogares de Espera Materna, que son importantes para garantizar a las mujeres de las zonas más periféricas el acceso a un parto seguro. Otro tema recurrente en las consultas ha sido la atención de la desnutrición crónica especialmente en la primera infancia, que se acopla a las demandas de mejorar la seguridad alimentaria de la población en las zonas rurales y de ampliar los programas de nutrición infantil. El acceso y la calidad al agua ha sido otra preocupación expresada en todos los departamentos, donde se requiere una mejor coordinación entre MINSAL y ANDA sobre todo en lo que refiere a garantizar la calidad del recurso. Resultado 5: Impulsar el hábitat y la vivienda sanos y seguros En lo que refiere a este resultado el proceso de validación sirvió para enriquecer su contenido, ya que la población consultada hizo referencia a la importancia de integrar al mismo cuestiones relativas no solo a la mejora dela vivienda y el hábitat, sino también a la legalización de tierras, y al cuidado de los recursos naturales. 82 ANEXO 2 Esta dimensión ambiental, que es constitutiva del enfoque del Buen Vivir será incluida con mayor detalle en el Plan Social y deberá tenerse en cuenta al momento de formular las políticas y programas del sector. En todos los Departamentos se priorizó el tema del agua. En tal sentido, se manifestó la preocupación por garantizar el derecho al agua de la población, así como otras medias que incluyan el acceso a este recurso, especialmente en las comunidades rurales, y la declaración de cuencas protegidas para las reservas hídricas del río Sapo, río Torola, río San Francisco y río Araute, entre otros, que son fuentes de recarga hídrica. También se exige una mayor regulación del medioambiente, tanto en lo que compete al gobierno central como a las municipalidades. Una mejor regulación sobre el uso de la tierra, el estricto control a las empresas constructoras, la reducción de la quema de suelos, tener un mayor control sobre las viviendas abandonadas para prevenir que se conviertan en focos de actividades delictivas, junto con políticas que ayuden a las familias a legalizar sus tierras, aparecen como las principales propuestas y demandas de la población consultada. También, especialmente en los Departamentos de la región oriental se pide mejorar los caminos y vías de acceso a las comunidades y hacer más eficiente la recolección de residuos en las áreas rurales. Por último, se propone impulsar campañas de reforestación y de construcción de huertos caseros, tanto desde la perspectiva de la seguridad alimentaria como de la recuperación de saberes autóctonos que contribuyan a un uso más eficiente de la tierra. Resultado 6: Fortalecer el pleno ejercicio de la ciudadanía En relación a este resultado el proceso de validación del Plan Social aportó elementos para reforzar las apuestas en materia de participación, transparencia y contraloría ciudadana que contiene el Plan Social. En todos los Departamentos hubo acuerdo acerca de que la población tiene un importante rol en la supervisión de las políticas sociales, a lo largo de todo el ciclo de la política pública, y que su retroalimentación acerca de cómo efectivamente se ejecutan los diferentes servicios en los territorios es fundamental para aportar a la mejora continua de los programas. 83ANEXO 2 Para ello, es necesario fortalecer a las organizaciones de sociedad civil y sus movimientos, al menos en tres aspectos: • Capacitación en DDHH y otros enfoques vinculados al Plan Social. Como las mismas personas han manifestado, solo en la medida en que conozcan sus derechos podrán tener un protagonismo activo en su defensa y promoción. • Apoyar el desarrollo y el fortalecimiento de las organizaciones territoriales. Ya existen en los distintos municipios del país movimientos organizados para la defensa de derechos, que deben promoverse y apoyarse, con recursos y capacitación, promoviendo que puedan participar activamente en la auditoría de los programas sociales. • Fortalecer los espacios de trabajo entre las organizaciones. Es necesario hacer esfuerzos para acercar a las organizaciones al trabajo colectivo, vinculándolas con otros espacios de trabajo, como el Foro Nacional de Salud, la Red de Defensoras de DDHH, que potencien el trabajo de la sociedad civil organizada. En varios Departamentos se llamó la atención también sobre la necesidad de mejorar el trabajo con las comunidades indígenas, ya que si bien el Plan Social las propone como poblaciones prioritarias, falta aún mucho trabajo para conocer las demandas y propuestas de estas comunidades, integrándolas en propuestas concretas en el marco de los distintos programas e intervenciones que contempla el Plan. En todas las consultas realizadas, la población manifestó su disposición a involucrarse más directamente en la supervisión de las actividades del Plan. Entre las propuestas realizadas destacan: • Realizar evaluaciones ciudadanas sobre los programas sociales. • Convocar a la ciudadanía a espacios de trabajo conjunto con los funcionarios públicos. • Mejorar los procesos de comunicación entre las instituciones y los ciudadanos, y los espacios de rendición de cuentas. • Mejorar los espacios de denuncia ciudadana, garantizando la confidencialidad y el seguimiento oportuno de los casos presentados. • Incentivar el voluntariado. • Avanzar en la descentralización del estado y de sus servicios, pues aún permanece una visión muy centralista, donde la población debe trasladarse incluso a veces fuera de su municipio para acceder a asesoría o servicios públicos. • Incorporar a los líderes sociales en la auditoría y vigilancia de los programas sociales. • Tener ventanillas de atención ciudadana para recibir asesoría sobre los programas y otros trámites que la ciudadanía requiere. Junto con las propuestas, la ciudadanía también expresó algunas demandas puntuales en torno a mejorar la transparencia de los programas. En este sentido, si bien se reconocen importantes mejoras, se plantea continuar con el desarrollo de herramientas que brinden criterios de selección 84 ANEXO 2 para participar en los programas que no dependan de la voluntad política de ningún intermediario, garantizando que los esfuerzos que el gobierno destina en materia de inversión social puedan llegar a quienes realmente lo necesitan. También se plantea mejorar la difusión de los programas, a fin que toda la población pueda conocer los criterios de elegibilidad, las normas de operación de cada programa y tenga acceso a información sobre los mismos. Se hace hincapié en la necesaria supervisión por parte del gobierno central del personal en el territorio, a fin de asegurar que los enfoques que plantea el Plan Social se hagan efectivos en los territorios. Por último, se reciben algunas demandas puntuales, repetidas en la mayoría de Departamentos, acerca de la necesidad de actualizar el censo de población; poder contar con un Documento Único de Identidad desde el momento del nacimiento, que facilite la participación de las personas en la oferta de servicios que el estado brinda; y se pide por la gratuidad del DUI. Temas priorizados por la población en el proceso de validación del Plan Social: Atención a la desnutrición crónica y avance en la soberanía alimentaria Derecho al agua y protección del recurso hídrico Prevención y atención al embarazo adolescente Empleo, especialmente de mujeres y jóvenes Mejora en las condiciones de vida y producción de los agricultores Fortalecimiento de la organización social en los territorios Capacitación en DDHH a poblaciones prioritarias Mejorar la difusión y la cobertura de los programas sociales La Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia revisó el contenido del Plan Social a la luz de estos temas priorizados por la población, a fin de garantizar que los mismos se reflejan en las propuestas de resultados y de intervenciones que el mismo contiene, y que se estarán implementando. 5. Informe de valoraciones expresadas por los ciudadanos y ciudadanas sobre los servicios que prestan las diferentes instituciones del Estado en los territorios Como parte de la metodología de los diferentes talleres de validación, se incluyó una batería de preguntas cuyo objetivo principal fue el obtener información sobre la percepción de los participantes sobre los programas sociales. 85ANEXO 2 El procedimiento consistió en hacer preguntas en forma verbal y las personas participantes respondían alzando sus manos, siendo sistematizadas las respuestas por el equipo a cargo de la facilitación. A continuación se describen algunas de las principales valoraciones realizadas por la ciudadanía: a) Sobre los programas Sociales • En cuanto al conocimiento de la Ley de Desarrollo y Protección Social, se podría decir que el 60 % de las personas que respondieron manifestaron desconocer su existencia y contenido. • Los programas más reconocidos por la población son: Paquetes Escolares, Paquetes Agrícolas, vaso de leche, Comunidades Solidarias y en menor proporción pero mencionados, Una Niña, Un niño, Una computadora, Ciudad Mujer, Jóvenes con Todo, ECOS. • En cuanto al reconocimiento de las instituciones en el territorio, entre las que tienen más visibilidad aparecen: MINED, MAG, FISDL, MINSAL, INJUVE. • En cuanto al conocimiento sobre los requerimientos para participar en los diferentes programas sociales, la mayoría de las personas respondió conocer uno a más requisitos, pero también muchos de los participantes expresaron su preocupación por la falta de publicidad sobre los requisitos para participar en los programas, pidiendo que esto pueda mejorarse. • Se puede estimar que un 70 % de las personas participantes reconoció que participa en algunos de los programas sociales que impulsa el gobierno. • En cuanto a la calidad de los productos recibidos, la mitad de los participantes que respondieron, manifestaron que los productos son de calidad, pero la otra mitad expresó que la calidad de los productos y servicios no es la mejor, muchas veces, por la falta de supervisión del nivel central sobre los prestadores de servicios en el territorio. • En cuanto a la información disponible sobre los programas sociales, un 50 % de las y los consultados respondió que si existe información, pero la otra mitad dijo que no era suficiente. • Sobre los medios de comunicación que más utilizan, este fue muy variado pero es de resaltar que las personas escuchan con más frecuencia la radio y en especial las comunitarias. Pero tienen acceso a varios medios de comunicación, como redes sociales, televisión, prensa escrita. b) Algunas valoraciones sobre la evaluación del proceso de validación del Plan Social por parte de los participantes • La ciudadanía expresó que estos acercamientos con la población deberían ser más frecuentes, ya que les permiten conocer de primera mano que está pasando. • Que siempre debe promoverse la participación de diferentes sectores de la población para enriquecer estos procesos. • Consideran que estas actividades son importantes para que las autoridades puedan conocer cómo funcionan los programas en los territorios, y así tomar acciones para la mejora de los mismos. 86 ANEXO 2 • Expresan que estas jornadas deberían desarrollarse con mayor tiempo, ya que no hay suficiente espacio para participar y decir todo lo que se tiene que decir para profundizar en las problemáticas. • Opinan que hicieron falta en los procesos de validación la participación de algunos sectores de la población, en especial las municipalidades. • Que esperan que los aportes de estas reuniones sean tomados en cuenta ya que sino de nada sirve que estén expresando sus ideas. • Que los talleres fueron muy participativos, con buena facilitación y con una buena metodología, que les permitió conocer y comprender los temas vinculados al desarrollo social. 87ANEXO 2 Resumen de participantes en Asambleas de Validación 24 DE AGOSTO AL 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2016 CEMMMPR-12, ADESCO El Paisnal, Asamblea de Ilopango, ACM, Casa de la Cultura de: Soyapango, Ciudad Delgado, Representante Contralor, AMO Guaza, UCRES, AISAM, representantes de Jóvenes con todo, representante de iglesia católica, CCL y JUNO, líderes y lideresas de diferentes comunidades, Gobernación, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP, Luxemburgo. Líderes y lideresas de diferentes comunidades, CATCHA, ADESCO el Progreso, ADESCO Uluazapa, ADESCO San Bartolo, representante de organizaciones Juveniles, ADEMUD, representantes de gobiernos locales, ISNA, ISDEMU, Gobernación, MINSAL, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP. Coordinadora BPS - La Paz, AMUVIZ, AMA La Calzada, Asociación de Mujeres de San Luis Talpa, ADESCOUVLP 2, Asociación Anastasio Aquino, ADL, AM, Casas de la Cultura, ADDZ, ADESCO Zacatecoluca, líderes y lideresas comunitarias. Gobernación, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP. Usuarias Ciudad Mujer, personas adultas mayores, Colectiva Feminista, Consejo Consultivo. ADESCO La Paz, Instituto de Usulután, Directiva de IMU, ASUSCUBAJ, líderes y lideresas comunitarias, canal 77, TVO, MINED, Gobernación, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP, Noticias Menotty. ADESCO San Matías, ADESCO A.R.L, ADESCO Shutia, ADESCO PREM, Contralor Social, ADEMUS, Chiltiupan, AJAYAC, CONAPEJ, líderes y lideresas comunitarias, Cooperativa La Florida, AMEN, CORCULL.N.C., ESMA, Representantes de Gobiernos Locales, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP. San Salvador San Miguel La Paz Usulután La Libertad 35 33 26 34 30 30 37 23 34 26 Participantes Hombres Mujeres Departamentos Instituciones 88 ANEXO 2 Líderes y lideresas comunales, EDUCARTE, La Colmena, Mujeres agricultoras las arboledas, IPA, Movimiento Juvenil, Defensa del consumidor, Comité de Mujeres el Barro, Movimiento Juvenil Todos Somos Romero, ADESCO MUPAZ, ADESCOPALL, Gobernación, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP, ISSS, INDES, Defensoría del Consumidor, ISNA, MTPS, FISDL, MINED, VMVDU, ISDEMU. UCSFE Izalco, UCSFI Sonsonate, Centro de Formación Izalco, Red de Defensoras de Derechos Humanos, CCYCS San Antonio, ADESCO Las Higueras, ADESCOLE, líderes y lideresas comunales, ADECI, ISDEMU, Gobernación, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP. ADESCO, CCCJ, CDD, líderes y lideresas comunales, representantes de iglesias, ADESCO Colonia Nuevo Amanecer, Representantes de equipos de futbol, canal 23 canal 9, Gobernación, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP. Líderes y lideresas comunitarios, representantes de la Iglesia Asamblea de Dios, Representantes de Gobiernos Locales, Secretaría de Participación Transparencia y Anticorrupción, STPP. Ahuachapán Sonsonate La Unión San Vicente 32 34 32 28 33 26 68 15 Participantes Hombres Mujeres Departamentos Instituciones El Plan Social fue elaborado con apoyo de la CEPAL y la Unión Europea, su proceso de consulta fue financiado con fondos de AECID y el Gran Ducado de Luxemburgo. Asimismo, se agradece a los socios que apoyan la implementación del Plan Social: CEPAL, Unión Europea, AECID, Gran Ducado de Luxemburgo, USAID, BM, BID, KFW, BCIE , JICA, OIT, PNUD, UNICEF, FAO, PMA. La impresión y diagramación de este documento fue financiada por la Unión Europea. UNIÓN EUROPEA Con la Ley de Desarrollo y Protección Social y Plan Social, construido en un amplio marco de consulta con la ciudadanía, se establece un hito en la consoli dación del sector y se renueva el compromiso del gobierno de trabajar para erradicar la pobreza, disminuir la desigualdad social y garantizar las condiciones objetivas que permitan a las mayorías ejercer y disfrutar sus derechos. Protección e Inclusión Social Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2019