Política Institucional de Igualdad de Género del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)

POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura LILFIDA Invertir en la población rural MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER CONTENIDO Siglas y Acrónimos Glosario Presentación I. Antecedentes II. Marco Conceptual III. Fundamentos normativos para la elaboración de la política Normatividad y convenios internacionales Marco jurídico y político nacional Planificación Estratégica del Gobierno IV. Contexto Diagnóstico de género en el sector rural V. Visión VI. Principios VII. Objetivos VIII. Ejes Estratégicos de la Política IX. Medidas por Eje Estratégico X. Mecanismos de seguimiento y evaluación Referencias 4 5 6 7 7 8 9 17 17 18 18 19 21 22 Las políticas públicas representan la manera en que el Estado, enfrenta los problemas propios de los distintos sectores sociales y económicos. CEDAW Por su sigla en inglés es la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CENTA Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal Enrique Álvarez Córdova. CENDEPESCA Dirección General de Desarrollo de la Pesca y Acuicultura. DGEA Dirección General de Económica Agropecuaria DGDR Dirección General de Desarrollo Rural. DGG Dirección General de Ganadería. DGSV Dirección General de Sanidad Vegetal DGFCR Dirección General de Ordenamiento Forestal, Cuencas y Riego EHPM Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples. ENA Escuela Nacional de Agricultura FIDA Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. ISDEMU Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer LIE Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería ONU Organización de las Naciones Unidas OEA Organización de los Estados Americanos PEI Plan Estratégico Institucional PQD Plan Quinquenal de Desarrollo UFAG Unidad de Fortalecimiento y Apoyo en Género ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. PNIEMS Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas. Análisis de género: Forma sistemática de observar el impacto diferenciado de programas, proyectos y políti cas sobre los hombres y las mujeres, en razón de su sexo y de las relaciones desiguales de poder entre los mismos. Este proceso inicia con la recopilación de datos desagregados según sexo y de información sen sible al género sobre la población involucrada. El análisis de género también puede incluir el análisis de las múltiples formas en que los hombres y las mujeres, como actores sociales, se involucran en el proceso de transformación de roles, relaciones y procesos socialmente establecidos, motivados por intereses individu ales y colectivos. Análisis basado en género (Ver Plataforma de Beijing, capítulo IV, párrafo 47). Brechas de género: Son las desigualdades que existen entre hombres y mujeres en el acceso a la educación, ingresos, recursos, participación política, etc., colocando a las mujeres en desventajas y discriminación ante la sociedad, cuyo origen se ubica en la construcción social de los géneros. Pueden ser cuantitativas o cuali tativas. Empoderamiento de las mujeres: Aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Se refiere al proceso mediante el cual las mujeres –al igual que otros grupos excluidos y oprimidos-, desarrollan capacidades para analizar, cuestionar y subvertir las estructuras de poder que las mantienen en posición de subordinación. (Ver Plataforma de Beijing, capítulo II, párrafo 9). Equidad de género: “Son las acciones que conducen a la igualdad, por lo cual las instituciones del Estado deberán hacer uso de las acciones positivas, como instrumentos de justicia social y como mecanismos de corrección que eliminen las discriminaciones y desigualdades de hecho entre mujeres y hombres.” (Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres). Género: Categoría de análisis de la realidad que estudia los aspectos culturales que explican la situación de discriminación que ha vivido la mujer a lo largo de la historia. Se entiende por “género” a la construcción so ciocultural e histórica de la diferencia sexual que asigna a mujeres y hombres con base en su sexo biológico, una identidad, roles y relaciones; así como deberes y derechos diferenciados. Principio de Igualdad: Según la LIE (art. 1.-) “para el Estado, mujeres y hombres son iguales ante la ley y equivalentes en sus condiciones humanas y ciudadanas; por tanto, son legítimamente merecedoras y merecedores de igual protección de sus derechos por las instituciones competentes y no podrán ser objeto de ningún tipo de discriminación que impida el ejercicio de tales derechos”. Transversalización (del enfoque de género): “Se entenderá como el enfoque estratégico que tiene como finalidad la integración igualitaria de las necesidades, intereses, experiencias y contribuciones de mujeres y hombres en las leyes, políticas y ejecutorias de las instituciones del Estado y en otras organizaciones men cionadas en esta ley La LIE (Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres). SIGLAS Y ACRÓNIMOS GLOSARIO POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 4 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.5 Las políticas públicas con perspectiva de gé nero tienen como finalidad lograr un desar rollo igualitario para todas las personas, sean éstas mujeres u hombres, orientándose las mismas a la reducción de las desigualdades en el acceso y distribución de los recursos ma teriales y sociales. En ese contexto, la actual propuesta de Política de igualdad de Género del Ministerio de Agricultura y Ganadería se orienta a la creación de condiciones institu cionales para la transversalización de los as pectos de género en su cultura organizacional como apuesta importante para avanzar hacia la igualdad sustantiva en el sector agropecu ario. El documento está estructurado en tres grandes secciones, una conceptual que abar ca aspectos relativos a los antecedentes del MAG en el diseño e implementación de las políticas institucionales de género, marco conceptual y los fundamentos de la política que incluyen la normatividad internacional y nacional. Una segunda sección presenta los resultados del diagnóstico institucional a través de la in formación secundaria disponible en el MAG, las encuestas dirigidas a las direcciones de las dependencias y los grupos focales realizados con mujeres y jóvenes. Una tercera sección contiene la propuesta de política que incluye los principios y objetivos de la misma, así como las áreas estratégicas y las medidas de política para cada una. La presente política de igualdad de género es producto del trabajo coordinado entre diferentes aliados estratégicos en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres rurales, por ello nuestro agradecimiento: Al Programa de Competitividad Territorial Rural “Amanecer Rural” de la (DGDR) y al Fondo In ternacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), a la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SECAC), a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Y por supuesto un agra decimiento especial a todos y cada una de las personas o instituciones que contribuyeron de una u otra forma durante el proceso. Se espera que la política propuesta se con vierta en un instrumento operativo y de toma de decisiones que permita al MAG avanzar en el logro de la igualdad entre los géneros y la inclusión social, tanto al interior de la in stitución como en su accionar con las perso nas usuarias de los servicios de apoyo para el desarrollo del sector agropecuario, pesquero, acuícola y forestal del país. PRESENTACIÓN I. Antecedentes II. Marco Conceptual Las políticas públicas representan la manera en que el Estado, enfrenta los problemas propios de los distintos sectores sociales y económicos. En este sentido, la incorporación de la perspectiva de género ayuda a reducir las brechas de desigualdad y a generar condiciones para propiciar un desarrollo igualitario para mujeres y hombres en el acceso y distribución de los recursos materiales, sociales y simbólicos en la sociedad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en cumplimiento de la Política Nacional de La Mujer y de los compromisos adquiridos Nacionales e In ternacionales suscritos por el gobierno en materia de igualdad de género y derechos humanos, ha re alizado esfuerzos importantes durante los últimos años por avanzar en la igualdad entre los géneros. En el 2001 fue creada la Unidad de Fortalecimiento y Apoyo en Género (UFAG), para la transversal ización de los aspectos de género en el accionar del MAG. La apuesta principal estuvo orientada a transformar la estructura institucional para adop tar e incorporar la perspectiva de género en todas las intervenciones del MAG, bajo el principio de Equidad de Género. Esto permitiría dar trato diferencial a quienes están en desventaja, en el acceso a los beneficios de las políticas públicas a fin de lograr objetivos comunes en condiciones de igualdad. En el año 2011, se formula una propuesta de Políti ca Institucional de Igualdad de Género. El principio rector de esta política es la Igualdad y no discrimi nación (1), con el cual se buscaba asegurar que los beneficios, acciones y la asignación presupuestaria, se haga con criterio de equidad. Sin embargo, estas políticas no tuvieron efectivos planes de implementación ni de seguimiento con un sistema de indicadores, ni el proceso de divul gación a nivel de todas las dependencias, program as y proyectos del MAG por lo que sus resultados no fueron los esperados. Para la elaboración del presente documento la metodología utilizada consistió en la revisión de información secundaria (documentos de política, marco normativo, entre otros) y la generación de información primaria a través de un proceso partic ipativo, desarrollando encuestas y talleres de con sulta y validación con personal del MAG y población usuaria, realizados en las tres regiones del país. La construcción de esta política se realizó a través de un amplio proceso de consulta pública con ac tores claves; de tal manera que la propuesta se basa en un proceso de revisión documental y uso de diferentes herramientas de consulta, a orga nizaciones sociales y de productoras y jóvenes vin culada al sector agropecuario, a las dependencias centralizadas y descentralizadas del ministerio; y al Comité técnico de Enlaces de Género del MAG. Asi mismo se realizaron consultas con organismos de cooperación internacional en su calidad de instan cias potenciales para el eventual financiamiento e implementación de la política. La importancia de incorporar dentro del marco conceptual la categoría de género, radica en que el concepto entre mujer y hombre, es producto de la socialización y de la construcción cultural, factores que determinan las relaciones de poder y el grado de participación de las personas en los procesos de desarrollo. El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre sí y los distintos roles que asumen en una sociedad. La existencia de estas relaciones de poder provoca el surgimiento de desigualdades de género que se expresan a través del acceso y control desigual sobre los recursos, entendiéndose estos como los bienes o servicios a disposición de las personas; en tre ellos: asistencia técnica, acceso a información y conocimiento, a recursos económicos, a toma de decisión, uso nuevas tecnologías, a protección fr ente a la violencia y el acoso. Promover la igualdad de género constituye un de safío estratégico, de tal manera que las políticas públicas deben atender aquellos asuntos vincula dos con las disparidades de ingreso, la segregación económica y el acceso a los activos productivos. Esto adquiere relevancia en tanto que la autonomía económica, entendida como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado, constituye en eje central para avanzar en la igualdad de gé nero (Rimisp-FIDA, 2016). En este contexto, para el MAG aborda las desigual dades de género como uno de sus principales com promisos institucionales, a través de la implement ación de una estrategia de transversalización de los aspectos de género , para generar oportunidades a mujeres y hombres en las acciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. La transversalización se considera además como el proceso de valorar las implicaciones que tienen para hombres y mujeres en cualquier acción que se planifique y se ejecute dentro del sector agro pecuario. Es una estrategia para hacer de las ex periencias, necesidades e intereses de hombres y mujeres una dimensión integral en el quehacer institucional, tanto en las fases de diseño, como en la implementación, monitoreo y evaluación de las intervenciones del MAG. De igual forma el marco de actuación debe de estar regido por la aplicabili dad del enfoque de derechos humanos como una forma de hacer efectiva la ciudadanía de las mu jeres y de los/as jóvenes de las zonas rurales. (1) El resumen de los aspectos relevantes de las políticas descritas se muestra en el Anexo 1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 6 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.7 Normatividad y convenios internaciona les El Estado Salvadoreño ha suscrito acuerdos, con venios y declaraciones internacionales, sobre los derechos de las mujeres, que tienen como funda mento el respeto a los derechos humanos en gen eral y de las mujeres en particular. En coherencia con esas declaraciones, el proceso de formulación de la Política de Igualdad de Género, ha considera do los que se describen a continuación: 1. Declaración Universal de los Derechos Huma nos (1948) 2. Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) (ONU, 1981) 3. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belem Do Pará) ratifica da por El Salvador en 1995 4. Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer: Beijing en 1995. Marco jurídico y político nacional El Estado Salvadoreño ha realizado esfuerzos importantes en materia de igualdad de género durante los últimos años. El interés público en la temática de género ha experimentado un notable crecimiento concreto con la aprobación de norma tivas y leyes importantes. Este marco jurídico nacio nal se refleja desde la Constitución de la República, hasta la definición de leyes e instrumentos norma tivos que brindan protección, seguridad, equidad e igualdad a las mujeres, las más relevantes son: 1. Constitución de la República: El artículo 3 de la Constitución 2. Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (2010). 3. Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. 4. Política Nacional para una Vida Libre de Violen cia para las Mujeres (ISDEMU, 2013). 5. Plan Nacional de Igualdad y Equidad para las Mujeres Salvadoreñas (ISDEMU, 2012). 6. Decreto No. 56 del Órgano Ejecutivo (Repúbli ca de El Salvador. Diario Oficial, 2012). 7. Política Nacional de las Mujeres (ISDEMU, ac tualizada 2014). Planificación Estratégica del Gobierno Los instrumentos políticos nacionales adicionales que orientan el que hacer del MAG en materia de equidad e igualdad de género son: 1) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible; 2) el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 El Salvador Productivo, Edu cado y Seguro; 3) el Plan Estratégico Institucional III. FUNDAMENTOS NORMATIVOS PARA LA ELABO RACIÓN DE LA POLÍTICA IV. CONTEXTO DIAGNÓSTICO DE GÉNERO EN EL SECTOR RURAL CONTEXTO NACIONAL (PEI) 2014-2019 Agricultura para el Buen Vivir. 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): el objetivo 5, plantea la necesidad de lograr la Igualdad de Género, y tiene como meta lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas (ONU, 2015). 2. Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019: El PQD establece el enfoque de igualdad desde la perspectiva de género como una forma de mirar la realidad de manera desagregada en las políticas públicas, teniendo en cuenta las necesidades e intereses específicos de mu jeres y hombres, considerando para ello la equidad, la inclusión y la protección social como estrategias para asegurar el buen vivir. 3. Plan Estratégico Institucional (PEI): establece de acuerdo con el objetivo 5: Acelerar el tránsi to hacia una sociedad equitativa e incluyente; la Estrategia E.5.2 – Avance de los derechos de los grupos poblacionales prioritarios; y las líneas de acción, L.5.3.1 – Consolidar in stitucionalidad y estrategias especializadas para garantizar los derechos de las mujeres; L.5.3.2 – Fortalecer los servicios integrales de atención a la niñez, adolescencia y juventud; y L.5.3.8 – Promover los derechos y atender las necesidades de pueblos originarios, población LGBTI y veteranos y veteranas del conflicto ar mado. a. Situación de las mujeres rurales De acuerdo a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM, 2015), la población rural en El Salva dor representa el 38%, de este porcentaje, el 51.3% son mujeres, 32.9% son niñas y jóvenes entre 10 y 24 años (Ver gráfico 1). Lo anterior sirve como evidencia para afirmar la importancia que la mujer y la juventud tiene en la búsqueda del desarrollo dentro del sector. En este contexto, la situación particular de las mu jeres rurales se vuelve relevante ya que éstas representan un grupo poblacional significativo y tradicional mente excluido en el diseño e implementación de políticas públicas, principalmente para el desarrollo del sector agropecuario. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM), 2015. Gráfico 1. El Salvador: población total del área rural por grupo de edad y sexo (2015) POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 8 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.9 b. Pobreza En El Salvador, la situación de pobreza refleja la desventaja de las mujeres debido a la falta de acceso al mercado laboral, la recepción de una menor cantidad de ingresos, maternidad tem prana y reproducción de factores culturales que privilegian la adopción de roles tradicionales en las tareas domésticas y del cuidado. Culturalmente se ha establecido la división sexual del trabajo, lo cual conlleva a la naturalización de las tareas reproductivas y del cuidado como tareas exclusivas de las mujeres, restándoles oportunidades en el mercado laboral y de participación en procesos de formación y superación personal. Según la EHPM, En el área rural, las mujeres representan el 51.2% del total de perso nas pobres y el 50.7% de los pobres extremos (Gráfico 2). c. Generación de Ingresos Según datos de la EHPM 2015, las mujeres constituyen el 39% de los ocupados a nivel nacional, siendo esta cifra menor en el área rural (29%). El 76.6% de las mujeres rurales se encuentran ocupadas, el 42.1% desempeña actividades relacionadas con el comercio, 17.8% en la manu factura y 16.7% en los servicios domésticos. Por otro lado, los empleos remunerados en el sector agropecuario (agricultura, pesca y ganadería), al igual que en construcción, son ocupa dos principalmente por los hombres (Gráfico 3). Las condiciones bajo las cuales las mujeres se incorporan en la fuerza laboral continúan siendo desfavorables, ya que éstas se desempeñan mayoritariamente en actividades que reproducen los roles tradicionales asignados según la división sexual del trabajo, con menor valor agregado y menores remuneraciones. La información de la misma encuesta revela que las mujeres rurales presentan una baja participación en actividades remuneradas, y cuando lo hacen reciben en promedio un salario 20% inferior al de sus pares hombres (Ver Gráfico 4). Esta brecha tiende a ampliarse de acuerdo a la actividad económica y varía entre el 49% en la pesca y el 92% en agricultura, es decir, las mujeres pescadoras reciben la mitad del salario percibido por los hombres, mientras que en el caso de la agricultura el salario de las mujeres es 8% inferior al de los hombres. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM, 2015. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM, 2015. Gráfico 2. El Salvador: población rural por sexo y situación de pobreza (2015) Cuadro 1. El Salvador: ocupados por rama de actividad económica y sexo en el área rural (2015) Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM, 2015. CONTEXTO NACIONAL Gráfico 3. El Salvador: salario medio de la población rural, por sexo y rama de actividad económica (2015) POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 10 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.11 d. Acceso a la tierra El acceso de las mujeres a los activos productivos contribuye significativamente a su empoderamiento y a la ampliación de opciones de autoempleo y crédito. La EHPM 2015 muestra que las mujeres representan el 12% del total de personas propietarias de tierra y el 6% de las arrendatarias. El análisis de las formas de tenencia de la tierra para el caso específico de las mujeres indica dos tendencias principales: un incremento en el arrendamiento, a excepción de 2011, y por otro lado la disminución de aquellas mujeres que deciden no utilizar este recurso (Ver cuadro 2). Los datos de la EHPM (2015), indican que el 29% de las mujeres producen bajo la forma de ocupante gratu ita de la tierra, por lo general bajo la categoría de trabajo familiar no remunerado; el 26% alquila tierra para realizar actividades agrícolas y el 25% se declara propietaria de la misma. Esta estructura de tenencia, en la que solo 1 de cada 4 productoras es dueña de su principal activo productivo, se ha consolidado durante los últimos años, planteando retos importantes para mejorar el acceso de las mujeres a este recurso y a insu mos y servicios importantes como la asistencia técnica y financiera, ambos necesarios para incrementar la productividad y el empoderamiento económico. e. Acceso a la Educación A pesar de su relevancia para la formación de capacidades, los servicios educativos no tienen la misma cobertura a nivel nacional, contando estos con menor disponibilidad en el área rural. En este contexto, las mujeres rurales deben enfrentar una doble barrera, la de género y la de ubicación geográfica. La dis ponibilidad de instituciones educativas accesibles dentro de las áreas rurales es menor por los que las mujeres enfrentan mayor dificultad para poder estudiar. Las mujeres rurales cuentan con menor acceso a la educación pública presentando indicadores menos favorables en cuanto a su partición en el sistema educativo. De acuerdo a la información de la EHPM 2015, la asistencia escolar entre las mujeres es del 25.8%, tres puntos porcentuales por debajo de los datos disponibles para los hombres. En cuanto a la tasa de analfabetismo, el 19.2% de las mujeres rurales experimenta esta condición, mientras que en hombres es del 17.8%. Por consiguiente, a medida que la escolaridad aumenta, la brecha salarial entre hombres y mujeres tiende a disminuir. f. Participación de las mujeres en el Sector Agropecuario Las actividades agropecuarias y la pesca emplean al 40% de la población rural, en su mayoría hombres, representando una fuente importante de ingresos en esta zona. El Censo Agropecu ario de 2007 refleja que para ese año las mujeres constituían el 11.5% de las personas produc toras a nivel nacional, de las cuales el 80% se dedica a la pequeña producción y el 20% restante a la producción comercial. En los últimos años ha empezado a registrarse leves incrementos en el número de personas que se dedican a la producción agropecuaria. Las mujeres se dedican principalmente a actividades pecuarias y forestales, mientras que las tareas agrícolas son realizadas en su mayoría por los hombres (Gráfico 6). Es necesario recalcar que a nivel mundial las mujeres producen el 50% de los alimentos, cifra que se incrementa al 60% y 80% en los países de en vías de desarrollo. El papel de las mujeres como productoras se invisibiliza y en las cuentas nacionales su aporte no se contabiliza. Es importante destacar que a pesar de que las mujeres se encuentran invisibilizadas en las es tadísticas como productora agrícola, juegan un papel importante en la producción familiar de alimentos, constituyendo un significativo aporte a la seguridad alimentaria y nutricional. g. Situación de la juventud rural en el sector agropecuario Otro de los elementos relevantes para entender la situación de las mujeres rurales es la baja participación de las mismas dentro de las actividades remuneradas, fenómeno que afecta prin cipalmente a mujeres jóvenes. A pesar del enorme aporte que las mujeres realizan dentro de sus hogares, el porcentaje de población rural sin ingresos propios está compuesto en su may oría por mujeres (Ver Gráfico 7), siendo este equivalente al 65% en el grupo de edad de 15 a 24 y manteniéndose en niveles cercanos al 35% en el resto de grupos profundizando las condiciones de vulnerabilidad de las mujeres, y sus consecuencias en pobreza a lo largo de su vida. (2) Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM, varios años. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM, varios años. Cuadro 2. El Salvador: productores rurales por forma de tenencia de la tierra (2010-2015) Gráfico 5. El Salvador: personas productoras en el área rural por tipo de actividad (2015) (2) FAO (2012), La mujer y la seguridad alimentaria, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 12 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.13 a. Cultura institucional Los principales hallazgos del diagnóstico institucio nal de género, en relación con el personal, señalan que siete de cada diez jefaturas de direcciones y oficinas, tanto centralizadas como descentraliza das, son liderados por hombres, reflejando una brecha importante en términos de participación de mujeres en cargos de toma de decisión. De igual forma el personal técnico muestra una tendencia similar, ya que 7 de cada 10 personas contratadas son hombres, indicando la existencia de una es tructura predominantemente masculina. Lo anterior se evidencia en el hecho de que la mayor participación de las mujeres se encuentra en el área de la prestación de servicios de apoyo, que generalmente incluye el apoyo secretarial y los servicios varios. En general se considera que el Plan Estratégico Institucional incorpora aspectos de género; no obstante, el contenido del mismo está redactado con un lenguaje no inclusivo que disminuye la importancia de las mujeres en el tra bajo de la institución. Si bien el MAG cuenta con una política de reclu tamiento que motiva a las mujeres a aplicar a los diferentes cargos, en la práctica los reglamentos internos aún no definen, de manera explícita, la igualdad de oportunidades para mujeres y hom bres. El combate al acoso sexual y laboral también constituye una deuda pendiente en la mayoría de las dependencias del MAG, ya que a pesar de ser un espacio “masculinizado” no se cuenta con proto colos de actuación para atender este tipo de casos. Si bien la mayor parte de representantes o auto ridades de las direcciones manifiesta conocer la normatividad nacional e institucional relativa a los derechos de las mujeres, no se encontró evidencia de su aplicación en el quehacer institucional. Respecto a la puesta en práctica de los lineamien tos generales del MAG, en materia de género, se cuenta con una Comité Institucional de Género con formado por personas enlace de las distintas de pendencias del MAG, como referente en la Unidad de Genero Institucional, que busca la promoción de una atención privilegiada hacia las mujeres y jóvenes; así como la generación de trato igualitario a hombres y mujeres y el respeto de los derechos a fin de reducir brechas de desigualdad, erradicar las prácticas sociales e institucionales discriminatorias. Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Gráfico 6. El Salvador: porcentaje de la población rural sin ingresos propios, por sexo y grupo de edad (2014) En este contexto, un factor preocupante es la cantidad de jóvenes que, en adición a la carencia de in gresos, no se encuentran registrados en el sistema educativo, de acuerdo a los datos de la EHPM de 2015 el 26.6% de los jóvenes a nivel nacional no estudian ni trabajan, siendo esta cifra más elevada en el área rural (32.2%), cabe resaltar que esta problemática resulta más evidente en el caso de las mujeres y en los hogares con menores recursos económicos. CONTEXTO INSTITUCIONAL b. Prestación de servicios institucionales El MAG en fomento al desarrollo del sector agropecuarios y en cumplimiento al Sistema de Protección So cial del Gobierno del Prof. Salvador Sánchez Cerén, presta atención desde sus dependencias, centralizadas y descentralizadas, en áreas tales como fomento a la producción, capacitación y asistencia técnica. Según datos del Diagnóstico institucional de género 2016. Destaca que el MAG atiende mayoritariamente a la po blación masculina que representa el 61.3% y a una población de mujeres equivalente a 26.4%. La distribución de atención en los diferentes servicios proporcionados por estas direcciones, mantiene tendencias diferenciadas, presentando la DGEA una participación mayoritaria de mujeres en los servicios institucionales, que el resto de dependencia (Gráfico 8). Estas cifras están afectadas por la duplicidad en el registro de las estadísticas ya que por ejemplo las personas que reciben los paquetes agrícolas se encuen tran en el mismo grupo de las personas usuarias de asistencia técnica por parte del CENTA. A partir del año 2011, con la implementación el Plan de Agricultura Familiar, se evidencia un incremento de la participación de las mujeres, con un involucramiento promedio de 31.3% en comparación con el 67.8% de hombres. Si bien la promoción de los encadenamientos productivos ha implicado un incremento en los servicios prestados por el MAG a mujeres, ello también ha significado la atención diferenciada a las mu jeres, ya que su participación ha sido relegada a actividades económicas ligadas a la prestación de servicios o la producción de artesanías. Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería. Gráfico 7. El Salvador. Distribución porcentual de la atención de mujeres y hombres en las dependencias del MAG (2016) POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 14 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.15 Es importante señalar que el PAF seguri dad alimentaria, realizó esfuerzos im portantes por integrar a la familia rural a los procesos productivos, entre ellos la implementación de la metodología de familias demostradoras, con la que se logró una mayor participación de mu jeres y jóvenes. De acuerdo a los resultados obtenidos en los talleres de consultas con las mujeres rurales, es posible concluir que, en gen eral, la baja participación de las mujeres como usuarias de los servicios del MAG está influenciada por los sesgos cultura les de los equipos técnicos que limitan la convocatoria a los servicios de extensión rural a las mujeres, privilegiando la asis tencia mayoritaria de hombres. Las tareas cotidianas de las familias rurales se enfocan en la producción de granos básicos, la mayoría de los hogares rurales, susten tan su ingresos familiar en la producción de, maíz, frijol y sorgo, inician las actividades con la planificación y definición del presupuesto la cual hacen en forma conjunta mujeres y hombres, establecen recursos familiares y necesidades de gestión de préstamos, con diferentes instituciones, entre ellos agroser vicios y comercializadoras de las zonas, muy pocas son sujetas de crédito de la banca for mal. La preparación del suelo para la siembra es una actividad en la que participan mayori tariamente los hombres, las mujeres partici pan en la siembra, fertilización, deshierbo y comercialización de estos productos. En la producción de hortalizas las mujeres se in volucran en labores como la preparación de semilleros, siembra, deshierbo, cosecha y co mercialización en los mercados locales y may oristas de la zona. Las actividades ganaderas y la producción de frutales son realizadas mayoritariamente por los hombres, al igual que la pesca. La exclusión en las actividades productivas del agro está condicionada prin cipalmente por la fuerte carga de trabajo de las mujeres en las actividades reproductivas y del cuidado, no remunerado, lo cual deman da de largas jornadas de trabajo y condiciona la idoneidad de las mujeres rurales para ser sujetas de asistencia técnica y capacitación. En cuanto al acceso a los recursos producti vos, la realidad de las mujeres rurales mues tra que la falta de acceso a la tierra de forma directa también limita las oportunidades de financiamiento. De igual manera el acceso a los paquetes agrícolas se ve afectado por la designación de la profesión u oficio de las mujeres en su documento de identidad, situ ación que afecta también su participación en organizaciones productivas. V. VISIÓN VI. PRINCIPIOS Ser una institución que incorpora la igualdad de género en la prestación de sus servicios y en la ejecución de todas las intervenciones, como compromiso importante en el combate a la pobreza para asegurar el desarrollo del sector agropecuario generando oportunidades incluy entes en el medio rural. 1. Igualdad sustantiva. Constituye el acceso al mismo trato y oportunidades, para el recono cimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 2. Progresividad. Implica la obligación de tomar medidas para lograr el ejercicio paulatino de los derechos económicos, sociales y culturales. 3. No discriminación. Toda persona, sin distinción, tiene derecho a disfrutar de todos los derechos humanos, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, entre ellos la orientación sexual y la identidad de género. 4. Inclusión social. Significa integrar a la vida comunitaria a todos los miembros de la socie dad, independientemente de su origen, condición social o actividad. 5. Corresponsabilidad. Consiste en reorganizar el tiempo dedicado al trabajo, a las tareas do mésticas, al cuidado de las personas dependientes y menores, al ocio y a la vida personal. 6. Paridad. Tiene como objetivo garantizar la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la sociedad, particularmente en las posiciones de poder y toma de decisiones. 7. Transversalidad. Implica la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos de política, de modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas. 8. Intersectorialidad. Es articulación de programas, acciones y recursos de los diferentes sec tores y actores, en favor de la igualdad y no discriminación de género para la detección, prevención, atención, protección, sanción, y reparación de daños a víctimas de violencia de género. 9. Prioridad absoluta. El Estado debe adoptar medidas y recursos para proteger de forma integral el respeto de los derechos de igualdad y no discriminación de género y garantizar una vida libre de violencia en cualquier ámbito. C. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES RURALES EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 16 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.17 General Transversalizar los aspectos de género en la cultura organizacional y el que hacer del Ministerio de Agricultura y Ganadería para brindar servicios incluyentes y avanzar hacia la igualdad sustantiva entre los géneros en el sector agropecuario y el medio rural. Específicos • Institucionalizar el enfoque de igualdad de género en la cultura organizacional, en sus intervenciones y funcionamiento del MAG, sobre la base de normas de in clusión vigentes en el país. • Establecer cambios institucionales y or ganizacionales orientados a generar nue vas formas de intervención, que incorpo ren los enfoques de derechos e igualdad de género. • Brindar servicios incluyentes para el de sarrollo sostenible del sector agropecu ario y el medio rural, que incorporen el enfoque de igualdad sustantiva. Define el marco normativo interno que incor pore la igualdad de género, a fin de transfor mar y fortalecer la institucionalidad de todas las dependencias del MAG, hacia una insti tución más sensible y comprometida con la igualdad entre hombres y mujeres. Medidas de política a. Incorporar el enfoque de igualdad de género, la no discriminación y la pre vención de la Violencia de Género en el diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de Políticas Sectoriales. b. Fortalecer la Unidad de Género con re cursos humanos y financieros en con gruencia con el cumplimiento de la política de igualdad de género y el marco normativo nacional vigente. c. Garantizar la ampliación y el fortaleci miento de los servicios de prevención y atención de la violencia de género en el ámbito institucional y en las intervencio nes del MAG. d. Armonizar las políticas, normativas y procedimientos institucionales con la legislación de igualdad, equidad y erradi cación de la discriminación y violencia contra las mujeres. e. Procurar la celeridad y efectividad en la atención a las víctimas de la violencia, acoso sexual y político. f. Promover un sistema de cuotas en las organizaciones de usuarios, que genere oportunidades a mujeres y jóvenes y se promueva el acceso a los puestos de toma de decisión y dirección g. Transversalizar la perspectiva de géne ro en los procesos de contratación del MAG. h. Incorporar la perspectiva de género en la estrategia comunicacional del MAG y en los informes divulgativos de todas las dependencias que lo conforman. i. Definir mecanismos institucionales de responsabilidad social para la concili ación entre la vida familiar y laboral. VII. OBJETIVOS VIII. EJES ESTRATÉGICOS DE LA POLÍTICA 1. Transformación institucional y organizacional para la igualdad de género 2. Formación de capacidades en derechos e igualdad de género. 3. Incorporar la perspectiva de género en la planificación y la asignación de recursos en las estrategias del MAG. 4. Desarrollo socio productivo para la reducción de la desigualdad de género en el medio rural. IX. MEDIDAS POR EJE ESTRATÉGICO 1. TRANSFORMACIÓN INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO. 2. FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN DERECHOS E IGUALDAD DE GÉNERO Mejorar las capacidades institucionales mediante el fortalecimiento de las habilidades del per sonal que labora en las distintas dependencias del MAG, en materia de género y derechos, a fin de ampliar o renovar nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, y fortalecer las estructuras necesarias para funcionar de forma eficaz. Medidas de política a. Diseñar y actualizar programas de formación de personal, en materia de derechos e igualdad de género. b. Establecer convenios e intercambios con instituciones y organizaciones nacionales e in ternacionales para el fortalecimiento de las capacidades del personal en materia de gé nero y derechos. c. Implementar medidas para sensibilizar al personal institucional y población usuaria, en materia de género y derechos. d. Crear condiciones institucionales para propiciar el acceso igualitario de las mujeres a la formación técnica en agricultura. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 18 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.19 3. INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANIFICACIÓN Y LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EN LAS ESTRATEGIAS DEL MAG. Incorporar la perspectiva de género en los procesos de formulación implementación, segui miento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y servicios sí como en la asig nación de recursos. Medidas de política a. Implementar el análisis de género para el diseño de estrategias de intervención. b. Generar información estadística con perspectiva de género, que permita el análisis, segui miento y evaluación de los avances en el tema para el sector agropecuario y medio rural. c. Definir instrumentos normativos para atender casos de acoso sexual y laboral, el cual debe de vincularse al reglamento interno de todas las dependencias que conforman el MAG. d. Transversalizar la perspectiva de género en los procesos institucionales de planificación, presupuestación, rendición de cuentas, memorias anuales y divulgación institucional, de las dependencias centralizadas y descentralizadas. e. Desarrollar mecanismos institucionales para, garantizar el acceso igualitario de mujeres y jóvenes a los servicios ofrecidos por el MAG. f. Articular con las organizaciones de productoras rurales, que favorezcan los espacios de diálogo que permita la participación en los procesos de planificación y evaluación institu cional. h. Gestionar recursos para promover la igualdad de género en el ámbito institucional. i. Identificar y difundir fuentes de servicios financieros rurales que permitan el acceso a mu jeres y jóvenes. 4. DESARROLLO SOCIO PRODUCTIVO PARA LA REDUCCIÓN DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO. Mejorar el acceso y la participación de mujeres y jóvenes de las zonas rurales a los servicios institucionales. Medidas de política a. Fomentar las capacidades productivas y empresariales de las mujeres y jóvenes rurales mediante el acceso a recursos de capacitación, asistencia técnica, servicios financieros e incentivos. b. Desarrollar la diversificación productiva con organizaciones de mujeres y jóvenes, con acceso a tecnologías inclusivas y servicios de apoyo a la producción. c. Apoyar la titularidad sobre la tierra y el acceso a recursos productivos mediante la elimi nación de barreras legales, normativas y sociales que afectan a mujeres y jóvenes. d. Fortalecer las capacidades de liderazgo de las mujeres rurales, en las organizaciones pro ductivas, comunitarias y políticas. e. Promover el cambio generacional y la motivación de la población joven hacia la agricul tura, para garantizar la sostenibilidad del sector agropecuario. f. Desarrollar la formación de extensionistas comunitarios dirigido a la juventud y mujeres rurales. g. Incrementar la participación de las mujeres y población joven en las cadenas de produc ción de alimentos en rubros rentables. h. Fortalecer el liderazgo de la juventud indígena y desarrollar programas de formación y rescate de los valores y tradiciones ancestrales utilizados en la producción agropecuaria. i. Promoción del empoderamiento y autonomía económica de las mujeres para la reduc ción de las desigualdades en la prestación de servicios institucionales. X. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Los mecanismos de seguimiento y evaluación con perspectiva de género permitirán identificar cómo las políticas públicas y acciones que se ponen en marcha contribuyen a disminuir las desigualdades y constituyen una herramienta valiosa para medir el grado de avance en la re ducción de brechas entre mujeres y hombres en el acceso y uso de los servicios del MAG. El seguimiento y evaluación de la Política Institucional de Igualdad de Género del MAG deberá guiarse por los siguientes criterios: a. La producción de la información estadística, desagregada por sexo y edad, precisa y opor tuna. b. Generación de informes sobre los avances en la aplicación de la política facilitan el accionar de los mecanismos de acceso a la información existentes en el MAG. c. La evaluación de los resultados respecto de los objetivos explícitos de la política. d. Definición de indicadores de resultados de las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres y el grado de incidencia de la política. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO 20 Ministerio de Agricultura y Ganadería, junio de 2017.21 REFERENCIAS REFERENCIAS • Academia Telecentros de Chile, 2010. Módulo Género y Políticas Públicas. [En línea] Available at: http://es.slideshare.net/academiachile/unidad-2-polticas-pbli cas-y-gnero [Último acceso: diciembre 2016]. • Alza, C., s.f. El enfoque basado en derechos ¿Qué es y cómo se aplica a las políticas públicas?, s.l.: Pontificia Universidad Católica del Perú. • Asamblea Legislativa-Republica de El Salvador, 1983. Constitución de la República, San Salvador: s.n. • Asamblea Legislativa-Republica de El Salvador, 2010. Ley especial integral para una vida libre de violencia para las mujeres, San Salvador: s.n. • Asamblea Legislativa-Republica de El Salvador, 2011. 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