Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario, 2024

POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO | NOVIEMBRE 2024 POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA SANTO DOMINGO | NOVIEMBRE 2024 CRÉDITOS FAO Rodrigo Castañeda Sepúlveda, Representante de la FAO en República Dominicana Claudia Brito Bruno, Oficial de Políticas, experta en Género y Sistemas Sociales e institucionales, Oficina Regional de la FAO para America Latina y el Caribe Catalina Ivanovic Willumsen, Coordinadora de Proyectos de Género, Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe Roberta Santoro, Consultora Programática, Gestión de Proyectos y Especialista en Género. FAO en República Dominicana Verónica Villalba, Especialista en Políticas Públicas y Género Ministerio de Agricultura Limber Cruz, Ministro de Agricultura Yndira Mejía Gutiérrez, Directora de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) Luis Restituyo, Encargado de Emprendimiento & Gestión Financiera (OSAM) Luz Adelma Guillén, Consultora (OSAM) Corrección de estilo Darío Tejeda Diagramación Pamela Thomas Agradecimientos El Ministerio de Agricultura agradece a las diferentes instituciones que conforman el sector, a los Ministerios, a los Organismos No Gubernamentales, las Academias y las Organizaciones de Mujeres Rurales Productoras Agropecuarias, así como al personal técnico del Ministerio de Agricultura que trabajaron en las tareas que conllevó la elaboración de esta Política. INDICE Siglas y abreviaturas 6 Presentación 7 Antecedentes 8 1. Introducción 10 2. Marco Político y Normativo 14 2.1 Leyes nacionales para la igualdad de género y los derechos de las mujeres rurales 14 2.2 Políticas públicas para la igualdad de género: planes y mecanismos institucionales 17 2.3 Institucionalidad pública para la igualdad de género, el sector agropecuario y la ruralidad 19 2.4 Convenciones y tratados internacionales sobre derechos de las mujeres rurales suscriptos por el país 20 3. Diagnóstico de género en el sector agropecuario 28 3.1 Género, protección social y trabajo decente en el sistema agroalimentario dominicano 30 3.2 Acceso a recursos productivos, asistencia técnica, capacitación, crédito, mercado e infraestructura 31 3.3 Condiciones de participación y toma de decisiones de mujeres y hombres en las cadenas de valor del sistema agroalimentario del país 33 3.4 Estadísticas y registros desde un enfoque de género transformador, sistémico e integral 36 4. Metodología del diseño de la Política 38 4.1 Hoja de ruta para la elaboración de la Política 39 4.2 Objetivos 40 4.3 Enfoques de la Política 40 4.4 Líneas estratégicas de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario 44 5. Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario de la República Dominicana 47 6. Implementación de la Política 52 7. Monitoreo y evaluación 54 8. Bibliografía 56 9. Anexo I. Indicadores recomendados 58 10. Anexo II. Participantes del Taller de consulta 62 BID Banco Interamericano de Desarrollo CAC Consejo Agropecuario Centroamericano CEDAW Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe COMMCA Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana END Estrategia Nacional de Desarrollo FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FIDA Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura MCNUDS Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible MMUJER Ministerio de la Mujer ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible OEA Organización de Estados Americanos OEGD Oficinas de Equidad, Género y Desarrollo OMS Organización Mundial de la Salud ONE Oficina Nacional de Estadísticas OSAM Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer PAGCC-RD Plan de Acción de Género y Cambio Climático de la República Dominicana PLANEG Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género Plan SAN-CELAC Plan para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PRIEG/SICA Política Regional de Igualdad y Equidad de Género RENAGRO Registro Nacional de Productores y Unidades de Producción Agropecuaria SICA Sistema de Integración de Centroamérica y República Dominicana SINASSAN Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia UPA Unidad de Producción Agropecuaria SIGLAS Y ABREVIATURAS 6 PRESENTACIÓN En nuestra condición de ministro de Agricultura nos complace presentar esta Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario, mediante la cual se legitima el proceso iniciado por las mujeres residentes en los territorios rurales para contribuir con la responsabilidad del Ministerio de Agricultura de garantizar la disponibilidad de alimentos, en cumplimiento de la Ley No. 589-16 Sobre Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional de la República Dominicana. Este hecho es loable porque significa facilitar el acceso a los alimentos primarios, pero también, por las condiciones en que las mujeres, ya sea como titulares o como cogestionarias de una unidad productiva familiar, producen los rubros agropecuarios, tal cual fue expuesto en el Foro: “La Voz de las Mujeres Productoras Agropecuarias”, realizado en 2022. En este se puso de relieve la cadena de obstáculos que ellas enfrentan para ejecutar las tareas en sus unidades productivas agropecuarias. El Ministerio de Agricultura y las instituciones que conforman el sector agropecuario han sido agentes solidarios con los reclamos expresados por las mujeres en el citado foro. Estos conforman el marco lógico que sustenta el diseño de la presente política: sus ejes estratégicos, resultados, metas, e indicadores de monitoreo y evaluación. Todos estos instrumentos representan las respuestas a aquellos reclamos y a las situaciones de desigualdad e inequidad que inhiben el cierre de la brecha de género que confrontan las productoras agropecuarias y las demás mujeres que habitan en los territorios rurales. La entrega de esta política es un reconocimiento a las mujeres y los hombres responsables de la producción agropecuaria por parte de las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, academias, organizaciones rurales y otros sectores que intervienen en la cotidianidad del campo y que han estado presentes en las intervenciones requeridas. De manera similar, reconocemos que este proceso de diseño ha sido posible gracias al apoyo técnico y financiero de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en especial, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe con sede en Santiago de Chile, así como de su representación local. También, la publicación de este documento tiene un gran significado para el Gobierno del presidente constitucional de la República, señor Luis Abinader, quien inaugura un nuevo cuatrienio impulsando nuevas políticas para lograr cambios en favor del país, entre los que figuran la puesta en marcha de esta Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario de la República Dominicana. Limber Cruz Ministro de Agricultura POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 7 ANTECEDENTES En octubre del año 2022, fue celebrado el Foro La Voz de las Mujeres Productoras Agropecuarias. En el cónclave se confirmó por unanimidad la necesidad del diseño y ejecución de una política que diera respuestas firmes a las demandas de las mujeres que residen en los territorios rurales y de manera especial, a las necesidades e intereses de las mujeres que se dedican a la producción agropecuaria. De ahí que una de las principales recomendaciones de todas las instancias que participaron en el evento, es decir organizaciones de mujeres productoras agropecuarias, representantes de instituciones vinculadas al sector agropecuario, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación internacional representada en el país, las academias y otros interlocutores válidos, fue el diseño y ejecución de una Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario. No puede negarse que en materia de género se han verificado avances importantes con el reconocimiento de los derechos de las mujeres en países de América Latina y el Caribe, entre ellos la República Dominicana. Sin embargo, a pesar de los logros que se han alcanzado, las mujeres que residen en los territorios rurales, particularmente las productoras agropecuarias, continúan enfrentando grandes obstáculos para realizar una labor que beneficie a todo el contexto tanto nacional como regional, ya que ellas contribuyen a la seguridad alimentaria y nutricional, ya sea como titular de la unidad productiva o como cogestionaria de la unidad productiva familiar. De igual manera se debe reconocer aquellos esfuerzos realizados con el apoyo de la cooperación internacional. Un ejemplo de ello, fue la modificación de la Ley 55-97 sobre la Reforma Agraria, realizada en 1997, con los auspicios de UNICEF, a los fines de que las mujeres residentes en lo territorios rurales tuviesen acceso a los planes de asignación de tierras. Sin embargo, esta modificación se realizó en un período en que ya la Reforma Agraria venia presentando síntomas de agotamiento y una pérdida notoria de dinamismo. Pese a estos avances innegables, las demandas y necesidades de este segmento de la población continúan postergándose. En este contexto vale señalar que los peores indicadores de pobreza se localizan en los territorios rurales, sobre todo en las mujeres, cuya población emigra en busca de oportunidades, embarcándose en aventuras allende los mares o conformando los grandes cinturones de miseria que bordean las grandes ciudades del país. La Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario constituye un altavoz del citado foro, convirtiéndose en el punto de partida para proponer y ofrecer respuestas a las demandas de las mujeres que residen en los territorios rurales y se dedican a la producción de la tierra, los encadamientos de la cadena valor y la industria agroalimentaria, lo que contribuye a generar disponibilidad de alimentos y siendo esta una de las dimensiones clave para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional La Política dispondrá de los instrumentos necesarios en función de las demandas planteadas en el Foro y otras que han surgido en los procesos de socialización y validación de la Política. Esas demandas giran en torno a los recursos naturales (como acceso a la tierra y al agua), al financiamiento, a infraestructuras, a activos productivos, a asistencia y capacitación técnica, a innovaciones tecnológicas y otros adelantos que se incorporen en el sector agropecuario. Se debe poner de relieve que no se trata de competir con los hombres, sino más bien que hombres y mujeres que se dedican a la producción agropecuaria caminen en igualdad de condiciones para la efectividad de las acciones puestas en práctica para el cierre de las brechas de género en respeto al mandato de la Constitución Dominicana. 8 La instauración de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario y sus correspondientes instrumentos en las instituciones del sector instalará capacidad para la práctica cotidiana de la transversalidad, la canalización de recursos financieros con dispensas especiales para las mujeres productoras agropecuarias, la garantía de acceder al riego en horas en las que pueden hacerlo; así como también el incentivo de la corresponsabilidad familiar en las tareas domésticas y de cuidado para disminuir la carga de tareas asignadas a ellas Ademas como práctica esencial de la transversalidad se debe tener un mayor acceso a las convocatorias de los y las extensionistas en la entrega de informaciones, materiales de siembra y/o demostración, incluyendo exhibiciones de innovaciones y participar en capacitaciones técnicas, o recoger datos de interés relacionados con los cultivos, las crianzas y situación de la infraestructura productiva, como caminos, puentes y alcantarillado, ya sea cogestionaria de una Unidad de Producción Agropecuaria (UPA) familiar o titular de esta. La Política también será un instrumento para optimizar y reforzar la coordinación interinstitucional tanto a nivel interministerial como con las regiones, provincias y municipios, fortaleciendo así la capacidad del Estado para atender las necesidades de las mujeres rurales de forma más eficaz (especialmente en las regiones más aisladas o de difícil acceso). El Ministerio de Agricultura, en su rol de rector del sector y como mandata la Ley 08-65 en su Artículo 1, deberá concertar con las instituciones encargadas la instauración y/o mejoramiento de los servicios básicos en los territorios rurales, incluyendo los planes de viviendas y embellecimiento comunitario que contribuyan al desarrollo rural y dinamismo económico con actividades como el ecoturismo, todo con la visión de conservación del medio ambiente. La Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario debe representar un hito en materia de avance institucional y como país, ya que desarrollar los territorios rurales es favorecer a las mujeres que allí residen, aumentando su incidencia en el ámbito económico, político y social. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 9 1. INTRODUCCIÓN La concepción de una política que busca la existencia de una balanza donde hombres y mujeres equilibran el peso social, manteniendo la línea de iguales condiciones, debe fundamentarse en la voluntad política de los decisores al frente de las instituciones del Estado, con base en el marco jurídico de la política que se pretende poner en marcha. Todas las decisiones políticas que afectan a la población parten de las prescripciones de la Constitución Dominicana de 2010, que en su artículo 39, numeral 4, establece que: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres.“ Pese a ese artículo, continúan primando las brechas entre hombres y mujeres, o brechas de género. Por eso es relevante incorporar la perspectiva de género en muchos instrumentos de la planificación que se manejan en las instituciones del Estado. Aunque hombres y mujeres son iguales ante la ley, esa igualdad jurídica no garantiza que en los hechos ambos sexos tengan un peso social similar, aunque se diferencien por las características biológicas que han servido para fundamentar lo que hoy se denomina género. Por cuatro décadas, aproximadamente, la República Dominicana ha realizado esfuerzos por avanzar hacia la igualdad y la equidad, logrando algunas conquistas en beneficio de las mujeres, como es su nominación en las boletas municipales, en la primera o segunda posición, y la cuota que obliga a los partidos políticos a nominar por lo menos un 30 % de mujeres en diputaciones y senadurías. Sin embargo, esta dispensa está basada en cuotas, no en el derecho que expresa la Constitución dominicana. La mayor parte de las conquistas logradas hasta la actualidad favorecen a las mujeres que residen en los territorios urbanos. Si bien este es el segmento mayoritario, esto no es motivo para postergar a aquellas que residen en territorios rurales, especialmente, las que se dedican a la producción de alimentos primarios que garantizan la seguridad alimentaria y la nutrición. La cooperación internacional ha estado involucrada en la lucha por la igualdad y la equidad de género desde que en 1975 fue celebrada en México la Conferencia Mundial de la Mujer. A partir de esta fue costumbre asignar un papel accesorio a las mujeres en los proyectos a ejecutarse desde las instituciones del Estado, bajo el concepto de mujer en desarrollo, hasta la IV Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, cuya plataforma se revisa cada dos décadas. Este último evento mundial trascendió a los anteriores por los compromisos que se asumieron para el real adelanto de las mujeres en el plano de la igualdad y la equidad, así como por introducir el concepto de género en el desarrollo. Desde entonces, el género pasó a ser parte integral de los instrumentos de política y no un simple accesorio, y es frecuente escuchar la expresión usada por especialistas de que si el género es una construcción social, su transformación puede lograrse socialmente. 10 Los indicadores de igualdad y equidad para las mujeres que residen en los territorios rurales, particularmente para las productoras agropecuarias, aun son altamente insuficientes pese a la importancia que revisten para los países comprometidos con la Plataforma de Beijing. No obstante, hay que destacar los esfuerzos positivos que, en este sentido, vienen realizando la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a través de su Representación Local y de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, localizada en Santiago de Chile, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA). La cooperación que brinda la FAO en el país se basa en el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 2023-2027 (MCNUDS)1, cuya estrategia ha estado dirigida al fortalecimiento del sector oficial, mediante una asistencia técnica continua a los programas del gobierno orientados al desarrollo agropecuario, combatir la pobreza, impulsar el desarrollo rural sostenible y garantizar a la población la seguridad alimentaria y nutricional. Así mismo, este organismo da un trato igualitario a hombres y mujeres, bajo el predicamento de que: “El enfoque de género considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente se les asignan. Todas estas cuestiones influyen en el logro de las metas, las políticas y los planes de los organismos nacionales e internacionales y, por lo tanto, repercuten en el proceso de desarrollo de la sociedad.”2 Teniendo en cuenta que República Dominicana ha sido miembro de la FAO desde la fundación de este organismo en 1945, y que la representación local fue establecida en 1979, el Estado dominicano ha hecho grandes esfuerzos por dotar al país de una fuente de datos tangibles que pongan en evidencia la situación de las mujeres productoras agropecuarias, como requisito fundamental para el dimensionamiento político que ellas demandan. 1 Naciones Unidas, 2023. 2 FAO, “El enfoque de género”, https://www.fao.org/4/x2919s/x2919s04.htm (consultado el 30/09/2024). POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 11 https://www.fao.org/4/x2919s/x2919s04.htm Muchos de estos esfuerzos están dando frutos, como lo muestra la ejecución, con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Registro Nacional de Productores y Unidades de Producción Agropecuaria (RENAGRO), cuya génesis fue alimentada por el Precenso Nacional Agropecuario del 2015. En esta gran tarea, el Ministerio de Agricultura ha cuidado que los datos correspondan a hombres y mujeres dedicados a la producción primaria, incluyendo la agricultura familiar, que es la modalidad mayoritaria en el país. En esta, las mujeres y las demás personas integrantes de la familia son invisibles ya que, generalmente, no se reconoce el rol de sus miembros en este tipo de agricultura. De gran relevancia son los proyectos que realiza la FAO con participación de mujeres productoras agropecuarias y las medidas para ralentizar las consecuencias para la actividad agropecuaria provocadas por la crisis del cambio climático. En resumen, son valiosos los esfuerzos de la FAO, incluyendo el proceso de política contenido en el presente documento, para que las interrelaciones entre hombres y mujeres se ejerciten en un marco de igualdad y equidad, como base para lograr un desarrollo sostenible y justo, que respete los contextos diferenciados sin que los mismos constituyan obstáculos para el avance sincronizado por las rutas del desarrollo. 12 De igual manera, el FIDA, organismo de las Naciones Unidas, tiene como objetivo proporcionar y movilizar fondos para promover el progreso económico de poblaciones en situación de pobreza residentes en los territorios rurales, para que eleven su productividad agrícola, garanticen la generación de ingresos de manera que puedan revertir sus actuales condiciones. Los recursos se canalizan a los gobiernos, los cuales los proporcionan a organizaciones rurales mixtas, de mujeres y de hombres, incluyendo jóvenes, a través de proyectos como el PRORURAL. Asimismo, cabe señalar el aporte del COMMCA en favor de las mujeres que residen en los territorios rurales. Este organismo especializado del Sistema de Integración de Centroamérica y República Dominicana (SICA) diseñó, socializó y publicó la Política Regional de Igualdad y Equidad de Género -PRIEG / SICA- 2014-2025. Esta política pública asume una serie de principios orientadores, destacándose el de igualdad. Sobre este particular, la PRIEG / SICA asume el concepto de igualdad adoptado por el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), el cual que se fundamentó en tres elementos: la igualdad sustantiva o de resultados, la no discriminación y la responsabilidad estatal. Según este documento: “... el concepto de igualdad que establece la CEDAW no implica la necesidad de igualar a las mujeres con los hombres, sino que es una igualdad en el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de ambos. (...) Esta nueva forma de entender la igualdad incluye la igualdad de facto y la igualdad de jure, la igualdad de oportunidades, la igualdad en el acceso a las oportunidades, y la igualdad de resultados, así como la eliminación de todos los prejuicios, costumbres o tradiciones que se basan en la idea de la superioridad del sexo masculino.”3 Es oportuno precisar que ese documento no trata en específico sobre las mujeres que residen en los territorios rurales, cuya problemática reside en su invisibilidad a la hora de tomar decisiones en favor de las políticas agropecuarias o sobre el acceso a los activos productivos, recursos financieros, asistencia técnica, distribución de materiales, insumos, servicios y otras decisiones políticas. No obstante, cabe señalar que el COMMCA, en el marco de la PRIEG / SICA, ha celebrado eventos solo para el tratamiento de la problemática de las mujeres que residen en los territorios rurales, incluyendo su vulnerabilidad ante el cambio climático, que afecta de manera singular a los países miembros de este mecanismo regional, eventos que han sido impulsados por las ministras de la Mujer. Los esfuerzos del COMMCA procuran que los instrumentos que ponen en práctica las decisiones del Consejo de Ministros de Agricultura del SICA, el Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), con la anuencia de la FAO y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), incorporen la perspectiva de género a fin de que las decisiones que involucran a quienes se dedican a la producción agropecuaria sean transversales, para que puedan favorecer a hombres y mujeres en igualdad de condiciones, como forma de ir cerrando la brecha de género en los territorios rurales. Vistos estos esfuerzos, la Política Nacional de Igualdad de Género del sector agropecuario de la República Dominicana acoge la línea de pensamiento impulsada por FAO, FIDA y COMMCA en cuanto a la igualdad, en procura de que, por primera vez, las mujeres que residen en los territorios rurales y, de manera especial, las que se dedican a la producción agropecuaria, dejen de ser seres invisibles y puedan ejercer sus derechos como ser humano, tal cual reza el artículo 39, numeral 4, de la Constitución dominicana. 3 Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del Sistema de la Integración Centroamericana (PRIEG/SICA), 2013, p.35. (Consultado el: 06/08/24) POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 13 2. MARCO POLÍTICO Y NORMATIVO La Política Nacional de Igualdad de Género del sector agropecuario se fundamenta en las leyes y convenios internacionales vinculantes de la República Dominicana. En este apartado sobre el marco legal e institucional se presentan los pilares legales e institucionales que respaldan la implementación y el cumplimiento de esta Política. Este marco garantiza los derechos a la igualdad de todas las personas en el país, entre ellos los de las mujeres rurales en sus diferentes áreas de desempeño. A continuación, se presentan las principales leyes nacionales y convenios internacionales que respaldan la Política Nacional de Igualdad de Género del sector agropecuario, así como, los instrumentos institucionales en los que se basará su aplicación, seguimiento y evaluación. 2.1 Leyes nacionales para la igualdad de género y los derechos de las mujeres rurales República Dominicana cuenta con un amplio marco jurídico que sustenta la definición y ejecución de políticas públicas para promover la igualdad de género y la eliminación de la discriminación hacia las mujeres en todo el territorio nacional. Desde la Constitución, que establece la igualdad de derechos para todas las personas, hasta las leyes nacionales y sectoriales que la garantizan y la promueven. A continuación se presentan las mismas: » Constitución Política de la República Dominicana: garantiza el derecho a la igualdad sin discriminación, a la integridad personal y a vivir sin violencia; también, reconoce la importancia del trabajo de cuidado y los derechos de familia (artículos 37, 39, 42, 51, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63)4. » Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo y su Reglamento de Aplicación Nº 134-14: en su artículo 12 la END 2030 establece la incorporación del enfoque de género en todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas, “a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género” 5; además, el artículo 3 del Reglamento 134-14 indica que la transversalización del enfoque de género comprende evaluar las implicaciones de las acciones públicas para hombres y mujeres en todas sus etapas, con el objetivo de superar las desigualdades y vulneraciones de derechos de ambos y lograr la igualdad de género. » Ley 55-97 sobre la Reforma Agraria: esta introdujo modificaciones a la Ley Nº 5879 del 1962 sobre Reforma Agraria. Con esta ley las mujeres y hombres tienen acceso a la titulación conjunta de la tierra, teniendo en cuenta que la de 1962 solo consideraba al hombre como beneficiario directo en la adjudicación de la tierra, fundamentándose en el concepto de que el hombre era el único jefe de familia. Actualmente, se establece la titulación conjunta a parejas casadas y en unión libre, de tierras otorgadas por el Gobierno. Sin embargo, de acuerdo con el derecho civil del país, en el ámbito de la propiedad privada (es decir, con respecto a todas las demás que no son otorgadas por el gobierno) no existe una obligatoriedad legal para la titulación conjunta de bienes inmuebles conyugales, teniendo en cuenta que el Código Civil y las demás leyes vigentes no contemplan normas obligatorias explícitas que exijan el registro conjunto de tierras para parejas casadas o convivientes. 4 FAO, ONE, 2018. 5 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2012, p.27. 14 » Ley No 589-16 de Seguridad Alimentaria y Nutricional: esta creó el Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINASSAN), con el objetivo de formular y gestionar todas las políticas que desarrollen el derecho a la alimentación y nutrición adecuadas, estableciendo principios y un sistema de gobernanza para la SAN. La ley establece la igualdad de género como uno de sus principios. Así mismo, contempla la transversalidad de los temas de género, niñez, adolescencia y tercera edad en todo lo concerniente a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, como una de las directrices de funcionamiento del SINASSAN6. » Ley No 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios: establece importantes aspectos para el avance de la igualdad y la equidad de género en la gestión de los gobiernos locales, entre ellos: la equidad de género como un principio; el reconocimiento de la necesidad de propiciar la participación de las mujeres en los presupuestos participativos; el fortalecimiento de la legislación electoral relacionada con el municipio y la representación de las mujeres; la asignación de un mecanismo para las funciones del trabajo de género, así como la asignación de fondos especializados para este. 6 FAO, ONU Mujeres, 2018. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 15 » Otras leyes a nivel nacional y sectorial, que instituyen la igualdad de género y establecen medidas para los derechos de las mujeres, son las siguientes: • Ley Nº 14-92 Código de Trabajo de la República Dominicana. • Ley Nº 66-97 General de Educación. • Ley Nº 42-01 General de Salud. • Ley Nº 136-03 Código para el Sistema de Protección a los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes. • Ley Nº 86-99, que crea la Secretaría de Estado de la Mujer, con rango ministerial. • Ley Nº 24-97 que modifica el Código Penal Dominicano, sanciona la violencia contra la mujer, doméstica e intrafamiliar. • Res. Nº 104-13 que aprueba el Convenio No. 189, sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos. • Ley Nº. 5-13 sobre Discapacidad en la República Dominicana. • Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. • Ley Nº. 12-00 de Cuota de un mínimo de 33 % de mujeres en la presentación de candidaturas a diputaciones. • Ley Nº. 13-00 de Cuota femenina, establece que deberá incluirse una mujer en los puestos de sindicatura o vice-sindicatura en la boleta electoral de todos los partidos políticos. • Ley Nº. 88-03, que instituye las Casas de Acogidas o Refugios para albergar mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar o doméstica. • Ley Nº. 41-00 que crea la Secretaría de Estado de Cultura, introduce la igualdad de género como valor cultural. • Ley Nº 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. 16 2.2 Políticas públicas para la igualdad de género: planes y mecanismos institucionales A nivel institucional se cuenta con planes y estrategias para la igualdad de género, como el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género 2018-2030 (PLANEG III). Este expresa el compromiso en materia de igualdad de género con la Agenda 2030, y establece siete temas basados en preceptos constitucionales que resumen los principales aspectos donde aún persisten importantes brechas de desigualdad y exclusión: educación para la igualdad; salud integral; autonomía económica; ciudadanía, democracia y participación política y social; igualdad de género y medio ambiente; violencia de género y tecnologías digitales para la autonomía. Con un enfoque inclusivo y orientado al logro de resultados concretos, el PLANEG III constituye la respuesta del Estado para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. El PLANEG III7 incorpora medidas específicas para apoyar a las mujeres que viven en zonas rurales y se dedican a la producción, en el Componente 3.6. Inserción de las mujeres en las actividades económicas emergentes, cuyo objetivo es: “Promover la inserción de las mujeres en nuevos sectores y actividades económicas incluyendo áreas relacionadas con las tecnologías emergentes, con el fin de garantizar su participación equitativa en los mismos”. En este componente se definen siete líneas de acción que buscan fomentar la participación y capacitación de las mujeres en actividades económicas innovadoras, especialmente en áreas rurales; se propone impulsar el liderazgo en clústeres tecnológicos para desarrollar servicios digitales que beneficien a las comunidades locales; también, prioriza el apoyo a emprendedoras, cooperativas y empresas lideradas por mujeres para crecer y diversificarse, con especial atención en zonas rurales. Además, promueve la participación igualitaria en licitaciones públicas y establece alianzas con el sector privado para financiar programas que generen ingresos para las mujeres, incluyendo servicios financieros digitales. Se aborda el impacto de la minería extractiva desde una perspectiva de género, buscando distribuir recursos para el empoderamiento económico de las mujeres, promoviendo su educación en este ámbito. Estas acciones están dirigidas a potenciar el papel de las mujeres productoras en el ámbito rural, mejorando así sus oportunidades económicas y su participación en el desarrollo local. Con el PLANEG III se espera que se continúen fortaleciendo las políticas y acciones encaminadas a mejorar la situación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo las mujeres rurales y el sector agropecuario, abordando las necesidades y desafíos específicos de ellas y de este sector. Plan Estratégico Sectorial Agropecuario de la República Dominicana 2020 / 2030. Visión 2050 El eje Nº. 5 de este plan se centra en la protección social e inclusión productiva con equidad de género en el área rural, con el objetivo de mejorar las oportunidades de generación de ingresos en zonas rurales, abordar las causas de migraciones masivas, erradicar la pobreza extrema y reducir la desigualdad. Su enfoque se orienta hacia el bienestar rural, el desarrollo de capacidades productivas en mujeres y jóvenes, la promoción de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria con medios de vida sostenibles, y la creación de modelos de desarrollo rural en asentamientos agrarios con enfoque territorial8. 7 Ministerio de la Mujer, 2023. 8 Ministerio de Agricultura, 2020. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 17 Otras políticas y planes de igualdad vigentes Existen otras políticas y planes enfocados en promover la igualdad de género y luchar contra la discriminación hacia las mujeres. Estos son: » El Plan Estratégico por una vida libre de violencia para las mujeres: fue aprobado en el año 2020; tiene como objetivo prevenir y erradicar la violencia de género en República Dominicana. Contempla acciones para sensibilizar, brindar asistencia a las víctimas, y fortalecer la respuesta institucional ante este problema. » El Plan de Acción de Género y Cambio Climático de la República Dominicana (PAGCC-RD) (2018): reconoce la importancia de integrar la perspectiva de género en las políticas climáticas para lograr un desarrollo sostenible y resiliente. Este plan brinda una herramienta para cumplir con los compromisos en materia de cambio climático y género, alineándose con el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030, promueve la participación de las mujeres como agentes de cambio y busca fortalecer la resiliencia frente a los impactos del cambio climático en el país. » Estrategia de Estadísticas de Género de la República Dominicana (2021-2024): su objetivo principal es desarrollar y fortalecer la capacidad de las instituciones para recopilar y utilizar datos desglosados por sexo con el fin de mejorar la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas con enfoque de género. Otros planes que incluyen la perspectiva de género » El Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP): en este se priorizan las políticas de género y desarrollo agropecuario, teniendo en cuenta que establece la transversalización del enfoque de género para todas las políticas públicas, a través de su inclusión en los planes estratégicos de las instituciones públicas, basado en la nueva metodología de gestión de Plan Estratégico Institucional (PEI), elaborado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD)9. » El Plan Estratégico para la Transversalización del Enfoque de Género en el Sistema Nacional de Salud, 2022-203010: este tiene como objetivo estratégico garantizar la inclusión del enfoque de igualdad y equidad de género en los marcos normativos y en los procesos de regulación de la rectoría del sector, para contribuir al mejoramiento continuo de la calidad en las intervenciones de salud. 9 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2021. 10 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 2022. 18 2.3 Institucionalidad pública para la igualdad de género, el sector agropecuario y la ruralidad La República Dominicana cuenta con un mecanismo para la igualdad de género con rango ministerial: el Ministerio de la Mujer (MMUJER), que fue establecido el 11 de agosto de 1999, entonces Secretaría de la Mujer, mediante la Ley 88- 99; su antecedente fue la Dirección General de Promoción de la Mujer del año 1982. Este Ministerio “es el organismo responsable de establecer las normas y coordinar la ejecución de políticas, planes y programas a nivel interinstitucional y sectorial, para lograr la igualdad y equidad de género y el pleno ejercicio de la ciudadanía de las mujeres”. Para el trabajo en los territorios, el MMUJER cuenta con la Dirección de Extensión Territorial, cuyo objetivo es: “Acompañar y dar seguimiento a las Oficinas Provinciales y Municipales de la Mujer para impulsar el desarrollo local con perspectiva de género”11. Además, a través del Decreto Nº 974-01 desde el año 2001 en las Secretarías de Estado se establecieron las Oficinas de Equidad, Género y Desarrollo (OEGD); estas se rigen por el reglamento aprobado en el Decreto Nº 163-04. Según el artículo 7 de dicho reglamento, estos meanismos tienen como propósito: “Asegurar y monitorear la integración de la perspectiva de género en las acciones que se lleven a cabo en cada una de las Secretarías de Estado, lo que significa en la práctica, evaluar el impacto de dichas acciones en hombres y mujeres”. Las OEGD articulan su accionar con el MMUJER, así como también con el PLANEG III y otros instrumentos acordes con el mandato de cada una de las instituciones en las que se encuentran. Estas oficinas colaboran con organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales para garantizar la atención a las necesidades y derechos de las mujeres en el país. Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) En lo que respecta al ámbito rural y agropecuario, la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) es el mecanismo del Ministerio de Agricultura equivalente a la OEGD, responsable de la inclusión de la perspectiva de género en las políticas, planes, acciones, programas y proyectos del sector agropecuario. Sus funciones 12son: » Diseñar e implementar las estrategias y acciones que permitan la integración de la perspectiva de género en el Ministerio de Agricultura. » Garantizar el seguimiento adecuado a las estrategias y acciones implementadas. » Promover iniciativas en las áreas que conforman cada una de las Secretarías de Estado (actualmente ministerios), para la integración de la perspectiva de género en las políticas, planes y programas, proyectos en ejecución y por crear. » Mantener actualizadas las informaciones estadísticas por sexo, el seguimiento de género, y otros datos de importancia.13 Teniendo en cuenta estas funciones, la OSAM promueve e impulsa, en coordinación con las demás instituciones sectoriales, la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la presente Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario en las dependencias del Ministerio de Agricultura. 11 Las citas corresponden a Ministerio de la Mujer, 2024). 12 Decreto 163-04 Reglamento de aplicación de las Oficinas de Equidad de Género y Desarrollo 2004 ocr.pdf (Fecha de consulta: 10/09/2024) 13 Ibidem. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 19 https://mujer.gob.do/transparencia/phocadownload/BaseLegal/Decretos/2023/Decreto%20163-04%20Reglamento%20%20de%20aplicacion%20de%20las%20%20Oficinas%20de%20Equidad%20de%20Genero%20y%20Desarrollo%20%202004%20ocr.pdf Programa Supérate El programa denominado Supérate se articula en forma directa con los objetivos de esta Política. En la actualidad constituye la principal línea de acción de protección social del Gobierno de la República Dominicana, establecida a través del Decreto Nº 377-21 como estrategia integral de lucha contra la pobreza. El mismo se centra en la intervención social focalizada, integrando transferencias monetarias condicionadas, acompañamiento socioeducativo y vinculación con programas y servicios estatales. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los hogares participantes y sus integrantes, garantizando sus derechos y fomentando su inclusión social y autonomía. Supérate se basa en ocho componentes denominados: inclusión educativa, salud, seguridad alimentaria y apoyo en emergencias, inclusión económica, vivienda, identifícate, cuidado, supérate mujer y acompañamiento sociofamiliar. Este enfoque integral involucra a las familias en situación de vulnerabilidad en un proceso de desarrollo que les ayuda a generar ingresos, proporciona seguridad alimentaria y nutricional, e invierte en la educación y salud de sus integrantes. El programa también busca brindar acciones transformadoras para grupos tradicionalmente excluidos del desarrollo socioeconómico, construir capacidades para la empleabilidad y el emprendimiento productivo, y establecer un sistema de apoyo y acompañamiento para conectar a las personas participantes con servicios clave. Además, fomenta el empoderamiento y la conciencia de derechos entre beneficiarios y beneficiarias, para que se conviertan en agentes de su propio desarrollo. PRORURAL: Inclusivo y Resiliente El programa PRORURAL, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, suscribe acuerdos con entes no gubernamentales que formulan proyectos sociales. Las organizaciones beneficiarias se localizan en territorios de alta prioridad por el Estado, dada su localización estratégica, vulnerabilidad por los altos indicadores de pobreza, su importancia ambiental y otros indicadores de gran interés para el gobierno. El acuerdo FIDA / Gobierno dominicano establece la obligación para las organizaciones seleccionadas de adoptar el principio de inclusión, especialmente en lo que respecta a género y ciclo etario, no solo para formar parte de la membresía, sino, también, para participar en los órganos de dirección. Actualmente se trabaja con organizaciones ubicadas en la línea fronteriza, desde Montecristi hasta Pedernales. Para el cumplimiento del principio de inclusión de género se trabaja con la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) del Ministerio de Agricultura. 2.4 Convenciones y tratados internacionales sobre derechos de las mujeres rurales suscritos por el país La República Dominicana ha suscrito convenciones internacionales de derechos humanos que reconocen y protegen los derechos de las mujeres rurales, incluyendo a las del sector agropecuario. Estos compromisos sientan las bases para lo establecido en la Constitución dominicana de 2010, en su artículo 74, numeral 3, el cual dispone que dichos compromisos tienen “jerarquía constitucional y son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado”. En este sentido, ha ratificado varios instrumentos internacionales, que se presentan a continuación. 20 » La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés): fue ratificada por República Dominicana en 1980 y su Protocolo Facultativo fue ratificado en 200114. Al ratificar este convenio, el país se compromete a garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en todos los ámbitos; reconoce la importancia de adoptar medidas para el pleno desarrollo de las mujeres, y para asegurar que estas disfruten de sus derechos en igualdad de condiciones que los hombres y eliminar toda forma de discriminación contra ellas. Además, con este convenio los Estados parte se comprometen a condenar y eliminar toda forma de discriminación contra la mujer; esto implica establecer en sus leyes y constituciones el principio de igualdad de género, adoptar medidas para prohibir y sancionar la discriminación, proteger los derechos de las mujeres en igualdad con los de los hombres, garantizar la actuación de las autoridades públicas e instituciones acorde con esto, y tomar acciones para eliminar la discriminación por parte de individuos, organizaciones o empresas, entre otras medidas en favor de la igualdad de género. El artículo 14 de la CEDAW destaca la importancia de abordar los problemas específicos de las mujeres rurales y su contribución clave a la economía familiar. Aunque este artículo es el único que menciona explícitamente a las mujeres rurales, todos los derechos de la Convención se aplican a ellas. Los Estados se comprometen a tomar medidas para eliminar la discriminación en las zonas rurales y garantizar la igualdad de participación de las mujeres en el desarrollo rural. Se les exige asegurar que las mujeres rurales tengan acceso a servicios de salud, educación, empleo, créditos agrícolas y condiciones de vida adecuadas, entre otros aspectos, para promover su empoderamiento y bienestar en igualdad de condiciones que los hombres. En 2016, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió la Recomendación 34, la cual resaltó la importancia de mejorar el reconocimiento y protección de los derechos humanos de las mujeres rurales. Esta recomendación hizo hincapié en la urgencia de que los Estados parte cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres rurales, proporcionando orientación sobre cómo cumplir con estas responsabilidades de manera efectiva. » La Convención para la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres: también conocida como la Convención de Belem do Pará, es un tratado internacional que establece la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fue adoptada en 1994 en Belem do Pará, Brasil, y en ella se señalan diversas medidas para proteger a las mujeres contra la violencia en todos los ámbitos de la vida. República Dominicana ratificó esta convención en 1996, comprometiéndose a cumplir con sus disposiciones para garantizar la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género. » Declaración por los Derechos de todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en entornos rurales de las Américas: doptada por la 53a Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su cuarta sesión plenaria, celebrada el 23 de junio de 2023. Declara el período entre 2024 y 2034 como: “...el Decenio Interamericano por los Derechos de todas las Mujeres, Adolescentes y Niñas en entornos rurales de las Américas, con el objetivo de promover medidas progresivas para el avance de todos sus derechos y la erradicación de todas las formas de discriminación que enfrentan.” 15. 14 Basado en FAO, ONU Mujeres, 2018. 15 Organización de Estados Americanos (OEA), 2023. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 21 » Política Regional para la Igualdad y la Equidad de Género del SICA (PRIEG / SICA): fue acogida en diciembre de 2011 mediante la Resolución sobre los Lineamientos de la PRIEG por la reunión de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno del Sistema de Integración de Centroamérica y República Dominicana (SICA). Se considera una política a largo plazo que se basa en los pilares de la integración regional. Es un instrumento generado por el SICA con carácter de directriz que promete aportar un valor agregado a las intervenciones sectoriales y nacionales por la igualdad, como criterio para fortalecer las políticas y la institucionalidad que implican los asuntos regionales. Esta política apuesta a que: “ al 2025 los Estados parte del SICA hayan incorporado las medidas necesarias para garantizar el pleno desarrollo y el adelanto de las mujeres de Centroamérica y República Dominicana, en condiciones de igualdad y equidad, en las esferas política, social, económica, cultural, ambiental e institucional, tanto a escala regional como en los ámbitos nacionales”.16 » La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD): fue aprobada en 2006, firmada por República Dominicana en 2007 y ratificada en 2009; reconoce el derecho de las mujeres con discapacidad y las discriminaciones específicas a las que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad. » Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030: en septiembre de 2015, las Naciones Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, reflejando el compromiso global de erradicar la pobreza, reducir la desigualdad y abordar el cambio climático. Estos objetivos instan a todos los países a promover la prosperidad económica, proteger el planeta y garantizar que nadie quede rezagado. Se reconoce la importancia de fomentar el crecimiento económico, abordar necesidades sociales como la educación y la salud, reducir los impactos del cambio climático y proteger el medio ambiente en general. La República Dominicana es uno de los países que se ha comprometido con la Agenda 2030, por lo que viene impulsando acciones en este marco. En el siguiente cuadro se consignan algunos de los objetivos e indicadores más relevantes vinculados a la igualdad de género en el ámbito rural. 16 Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2013. 22 Cuadro 1. Objetivos, metas e indicadores principales sobre mujeres rurales y productoras Objetivos Metas Indicadores ODS 1. Fin de la pobreza. Poner fin a la pobreza en todas sus formas en el mundo 1.1 De aqui ́ a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. 1.1.1 Proporción de la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural). 1.2 De aqui ́ a 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. 1.2.1. Proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza, desglosada por sexo y edad. 1.2.2. Proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza, en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. 1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, de aqui ́ a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 1.3.1. Proporción de la población cubierta por sistemas o niveles mínimos de protección social, desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de trabajo, los pobres y los vulnerables. ODS 2. Poner fin al hambre. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 2.1. De aqui ́ a 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad, incluidos los niños menores de 1 año, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. 2.1.1 Prevalencia de la subalimentación. 2.1.2 Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave entre la población, según la escala de experiencia de inseguridad alimentaria. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 23 Objetivos Metas Indicadores ODS 2. Poner fin al hambre. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. 2.2. De aqui ́ a 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de edad. 2.2.1 Prevalencia del retraso del crecimiento (estatura para la edad, desviación típica < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud (OMS)) entre los niños menores de 5 años; 2.2.2 Prevalencia de la malnutrición (peso para la estatura, desviación típica > +2 o < -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil de la OMS) entre los niños menores de 5 años, desglosada por tipo (emaciación y sobrepeso). 2.3. De aqui ́ a 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los ganaderos y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos e insumos de producción y a los conocimientos, los servicios financieros, los mercados y las oportunidades para añadir valor y obtener empleos no agrícolas. 2.3.1 Volumen de producción por unidad de trabajo desglosado por tamaño y tipo de explotación (agropecuaria/ganadera/ forestal). 2.3.2 Media de ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, desglosada por sexo y condición indígena. ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. 5.1.1. Determinar la existencia de marcos jurídicos que promuevan el cumplimiento y la supervisión de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo. 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. 5.2.1 Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y edad. 24 Objetivos Metas Indicadores ODS 5. Igualdad de género. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas 5.2.2. Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia sexual a manos de personas que no eran su pareja en los últimos12 meses, desglosada por edad y lugar del hecho. 5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo domestico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 5.4.1 Proporción de tiempo dedicado al trabajo doméstico y asistencial no remunerado, desglosada por sexo, edad y ubicación. 5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 5.5.1 Proporción de escaños ocupados por mujeres en: a) los parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales. 5.5.2 Proporción de mujeres en cargos directivos. 5.a Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 5.a.1 a) Proporción del total de la población agrícola con derechos de propiedad o derechos seguros sobre tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) proporción de mujeres entre los propietarios o los titulares de derechos sobre tierras agrícolas, desglosada por tipo de tenencia; 5.a.2 Proporción de países cuyo ordenamiento jurídico (incluido el derecho consuetudinario) garantiza la igualdad de derechos de la mujer a la propiedad o el control de las tierras. Fuente: Naciones Unidas, La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para América Latina y el Caribe. Objetivos, metas e indicadores mundiales, Santiago de Chile, 2018. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 25 https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/cb30a4de-7d87-4e79-8e7a-ad5279038718/content 26 » Plan SAN-CELAC: el Plan para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2023- 2026 (Plan SAN-CELAC), aprobado por 33 países de la región, tiene como objetivo principal contribuir a mejorar la calidad de vida de los pueblos latinoamericanos y caribeños, erradicando la pobreza y garantizando la seguridad alimentaria y nutricional con enfoque de género y respeto a la diversidad cultural. Este plan se estructura en cuatro pilares fundamentales: estrategias coordinadas de seguridad alimentaria, acceso sostenible a alimentos nutritivos, bienestar nutricional para todos los grupos vulnerables, y producción estable con respuesta efectiva a desastres naturales. Además, se promueven ejes transversales como el enfoque de género, la inclusión de pueblos indígenas, la gobernanza y la organización social para abordar los desafíos globales de erradicación del hambre y la pobreza. » Las Directrices voluntarias sobre la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en el contexto de la seguridad alimentaria y la nutrición17: su objetivo es apoyar a los Estados Miembros de Naciones Unidas, socios en el desarrollo y otras partes interesadas en la promoción de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y las niñas, y su empoderamiento como parte de los esfuerzos para eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, en línea con el derecho a una alimentación adecuada en el marco de la seguridad alimentaria nacional. El Comité́ de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), durante su 46º periodo de sesiones (octubre, 2019), impulsó este proceso normativo para crear estas Directrices voluntarias desde este enfoque. » Conferencias Mundiales de la Mujer de Naciones Unidas: entre estas se destaca la IV Conferencia de la Mujer y su Plataforma de Acción (Beijing 1995), por su contribución en afianzar la transversalización del enfoque de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas como dos estrategias esenciales para acelerar el logro de la igualdad real y plena entre hombres y mujeres. En las Conferencias Regionales de la Mujer de América Latina y el Caribe, organizadas por la CEPAL, los Estados participantes se han comprometido a impulsar acciones para posibilitar la igualdad entre hombres y mujeres. En la última, la XV Conferencia Regional18, en el documento: “Compromiso de Buenos Aires”, se ratificó el acuerdo de implementar la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y la Agenda Regional de Género, fortaleciendo la igualdad en todos los niveles del Estado. Se reconoce que las mujeres enfrentan diversas formas de discriminación y se insta a adoptar estrategias interseccionales para abordar sus necesidades específicas, especialmente en cuanto a los cuidados y la distribución desigual del uso del tiempo. Además, se insta a transitar hacia un desarrollo centrado en la sostenibilidad y el reconocimiento de los cuidados como un derecho humano fundamental. 17 FAO, Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, 2021. 18 CEPAL, 2023. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 27 3. DIAGNÓSTICO DE GÉNERO EN EL SECTOR AGROPECUARIO El diagnóstico y análisis de las brechas de género en el sector agropecuario que se presenta a continuación ha sido un ejercicio fundamental para comprender la realidad que viven mujeres y hombres en las zonas rurales, de forma tal que el diseño de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario está basado en conocimiento clave para el éxito en su implementación. El análisis se basó en fuentes documentales sobre la situación de mujeres y hombres en el sector agropecuario y en los resultados de las consultas participativas realizadas para el diseño de esta. El diagnóstico incluye datos estadísticos, información y testimonios que ofrecen una perspectiva fundamentada para orientar las definiciones que han sido incluidas en la Política. En este sentido, ha sido clave la participación de líderesas rurales en el proceso de consulta, diseño y validación de esta. A continuación se presentan las principales brechas de género que persisten en el sector En República Dominicana cerca de la tercera parte de la población (27.6 %) vive en zonas rurales, un total de 2,979,452 habitantes, con una proporción de hombres (1,540,739 para un 51.74 %) ligeramente mayor en comparación con el 48.2 % de mujeres (1,438,713). En las zonas urbanas la población representa el 72.3 % (50.6 % de mujeres y 49.4 % de hombres), así que el total de la población dominicana en la actualidad asciende a 10,773,983 mujeres y hombres19. La densidad poblacional llega a 224 habitantes por km2. En este contexto, el sector agropecuario es vital para el desarrollo sostenible del país. En 2023 aportó el 6.4 % del Producto Interno Bruto (PIB)20, además de ser un importante generador de empleo y contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional del país. Por tanto, es en la ruralidad donde logramos ubicar con una mayor claridad la realidad del sector agropecuario y lo que sucede con las mujeres y hombres que se dedican a las actividades relacionadas con la producción agrícola, ganadera, pesquera y forestal, que abarcan desde la producción de alimentos, materias primas y recursos naturales provenientes de la agricultura hasta la crianza de animales. Una de las problemáticas que nos muestran los datos es la desigualdad urbano-rural en relación con la seguridad alimentaria. En las zonas rurales el 54.1 % de los hogares experimentan inseguridad alimentaria moderada o severa, superando al 45.7 % de hogares urbanos con las mismas condiciones. La región de El Valle registra los mayores porcentajes de inseguridad alimentaria, con un 62.7 % de hogares en inseguridad moderada o severa y un 29.9 % en inseguridad alimentaria severa21. Además, aunque la pobreza ha disminuido tanto en zonas urbanas como rurales, en estas últimas sigue siendo mayor y con una tendencia a la baja más lenta que en las zonas urbanas. La pobreza monetaria a nivel nacional disminuyó del 27.7 % en 2022 al 23 % en 2023; la pobreza extrema también se redujo, del 3.8 % al 3.2 %. En áreas rurales descendió́ favorablemente del 30.9 % en 2022 al 24.6 % en 2023, y en zonas urbanas descendió́ del 27 % al 22.7 % entre ambos años. Además, al observar la pobreza entre mujeres y hombres, aunque también se redujo, esta sigue afectando de manera desproporcionada a las mujeres: según la ONE, en 2023 por cada 100 hombres en situación de pobreza general, había 137.7 mujeres en la misma condición22. 19 ONE, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2023. 20 ONE, 2024. 21 ONE, 2022. Ver, especialmente, el cuadro 23. 22 ONE, 2023, p. 17. 28 En cuanto a los principales desafíos para superar la pobreza multidimensional de las mujeres cabezas de hogar en República Dominicana, entre estos se encuentran el 49.8 % con acceso precario a servicios de la vivienda (agua, saneamiento, electricidad, y combustible para cocinar), el hecho de que el 62.1 % de las mujeres carece de acceso a Internet en el hogar, o que el 36.5 % enfrenta el hacinamiento digital (3 o más miembros para 1 equipo tecnológico), el 26.9 % con actividad económica desfavorable y, finalmente, el 16.8 % de las mujeres que no percibe ingresos23. Pese a que persisten estos desafíos, la República Dominicana refleja menos pobreza multidimensional de las mujeres que el promedio de ALC. Este contexto plantea desafíos que exigen un conocimiento aún más profundo de las desigualdades que ralentizan la erradicación de la pobreza en las zonas rurales del país y, en particular, en la situación de pobreza de las mujeres. Esto puede apreciarse al analizar los sistemas agroalimentarios, los cuales son definidos de esta manera: “Los sistemas agroalimentarios abarcan toda la gama de actores y sus actividades interrelacionadas relativas a la producción, la concentración, la elaboración, la distribución, el consumo y la eliminación de los productos alimentarios. Comprenden todos los productos alimentarios que proceden de la agricultura y la ganadería, la actividad forestal, la pesca y la acuicultura, así como los entornos económicos, sociales y naturales más generales en los que se integran estos sistemas de producción24”. El análisis de tales sistemas desde un enfoque de género permite conocer los diferentes aspectos interconectados en la realidad que viven mujeres y hombres rurales, y comprender el entramado de desafíos estructurales que se necesita transformar, tanto por justicia social como para lograr el desarrollo sostenible e inclusivo del país. Estos aspectos incluyen: » La protección social ampliada, con énfasis en el trabajo remunerado, no remunerado y de cuidado en la ruralidad. » El acceso a recursos, asistencia técnica, capacitación, créditos e infraestructura de las personas productoras de la agricultura familiar y campesina. » Las condiciones de participación y toma de decisión de mujeres y hombres en las cadenas de valor principales del sistema agroalimentario del país. » Las estadísticas y registros desde un enfoque de género para informar de manera efectiva y eficiente la toma de decisiones en política pública de todos los sectores vinculados al sistema agroalimentario nacional. 23 PNUD, Unidad de Igualdad de Género, 2022. 24 FAO, FIDA, OMS, PMA, UNICEF, 2022, p. 230. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 29 3.1 Género, protección social y trabajo decente en el sistema agroalimentario dominicano En República Dominicana los datos revelan una marcada brecha entre hombres y mujeres, que afecta directamente a estas en la actividad económica25, como se aprecia en la tasa global de participación en la población económicamente activa (PEA), que se sitúa en 56.8 %. Al analizar este indicador por sexo, se observa una relevante disparidad entre hombres y mujeres. Mientras el 56.0 % de los primeros se encuentra en la categoría de participación económicamente activa, solo el 44.0 % de las segundas está representado en esta, indicado una brecha de género de 11 puntos. Asimismo, al desglosar la PEA por sexo y zona de residencia, la disparidad se intensifica. En zonas urbanas, el 54.5 % de esta la constituyen hombres, en comparación con el 45.5 % de mujeres; en las zonas rurales, esta discrepancia es más acentuada: la brecha de género en el ámbito rural es de 29 puntos, con el 64.5 % de los primeros y el 35.5 % de las segundas. Al analizar el tema por regiones de residencia, se observa que en todas, los hombres ocupan más de un 50 % de la PEA. En regiones como Cibao Sur, El Valle y Enriquillo, los hombres tienen porcentajes del 62.5 %, 61.5 % y 61.4 %, respectivamente. En contraste, en regiones como Ozama o Metropolitana, Higuamo y Cibao Norte, las mujeres tienen una mayor representación en la fuerza laboral, con porcentajes del 47.4 %, 43.4 % y 43.6 %, respectivamente. Las desigualdades también se revelan en la población ocupada. Esta se refiere a la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar a partir de los 10 años que durante la semana antes de la encuesta se dedicó a cualquier actividad de producción de bienes o prestación de servicios a cambio de una remuneración o beneficio. En esta, a nivel nacional el 70.9 % de los hombres están ocupados, respecto al 50.6 %de las mujeres. En la zona rural la brecha aumenta, siendo el 73.5 % y el 41.1 %, respectivamente; para la zona urbana, los datos exhiben diferencias un poco menos marcadas, siendo la ocupación de los hombres un 70.3 % y de las mujeres un 52.3 %26. Según categoría ocupacional por sexo, se puede constatar que una de las mayores brechas existe en el trabajo doméstico, donde las mujeres abarcan el 95.4 % y los hombres el 4.6 %27. En cuanto al trabajo en el sector agropecuario, la brecha también es alta: en el grupo definido como: “Agricultores y trabajadores calificados en agropecuaria, foresta y pesca”, el 93.7 % son hombres y sólo el 6.3 % mujeres; algo similar ocurre con los datos de la población ocupada según la rama de actividad: “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, en el cual los hombres representan el 91.0 % y las mujeres el 9.0 %28. En cuanto a la brecha salarial, las mujeres ganan 18 % menos que los hombres: por el mismo trabajo una mujer gana 82 pesos frente a 100 pesos que gana un hombre29. Por zonas geográficas, esta brecha se amplía en las zonas rurales: en estas, hasta 2020 la mujer recibía un 33.3 % menos que los hombres, mientras en las zonas urbanas era un 23.6 % menos30. 25 ONE, ENHOGAR, 2023. Ver Cuadro 40, p. 101. 26 Ibidem, Cuadro 41, p. 102. 27 Íbidem, Cuadro 43, p. 104. 28 Íbidem, Cuadro 46, p. 105. 29 PNUD, 2022. 30 ONE, 2020, p. 35. 30 Estas brechas se articulan con el trabajo no remunerado que realizan las mujeres, además de la división sexual del trabajo y el uso del tiempo, pues, persisten normas culturales y patrones de género que siguen atribuyendo a las mujeres las responsabilidades relacionadas con la función reproductiva, las tareas domésticas del hogar, el cuidado de menores y de personas adultas mayores, entre otras. Esto impacta en las desigualdades con respecto a su participación y aporte en la economía de sus familias y comunidades, y en sus medios de vida. Estas afirmaciones están en consonancia con lo indicado por varios organismos de las Naciones Unidas, los cuales sostienen que la gran cantidad de horas que las mujeres dedican al trabajo no remunerado les dificulta su inserción laboral y su desarrollo académico y social31. El trabajo no remunerado se mide cuantificando el tiempo que una persona dedica a trabajos para el autoconsumo de bienes, labores domésticas y de cuidado para el propio hogar o para apoyo a otros hogares. Se presenta desagregado por sexo y por la condición que tenga la persona de ser perceptora o no de ingresos monetarios individuales32. Según los datos de la ONE, en general las mujeres dedican un promedio de 25.3 horas semanales, superando ampliamente las 11.3 horas de los hombres. En zonas rurales, las mujeres destinan más horas aún, en promedio 26.6 horas semanales a estas actividades, con mayores cifras en regiones como El Valle y Cibao Sur; los hombres de las zonas rurales invierten un poco menos (10.7 horas) que los de las zonas urbanas (11.3 horas)33. 3.2 Acceso a recursos productivos, asistencia técnica, capacitación, crédito, mercado e infraestructura La persistencia de algunas brechas en el sector agropecuario del país afecta de manera desproporcionada a las mujeres; entre estas están: el acceso a recursos naturales como la tierra y el agua, y el acceso al crédito y a infraestructura, en particular, la relacionada con los caminos vecinales de las comunidades. Los datos revelan una disparidad amplia en la tenencia de tierras entre hombres y mujeres: “A nivel nacional, solamente 15.3 % de los miembros de hogares que tienen una tierra prestada, propia o alquilada son mujeres y 85 % son hombres34” . A esto se suma que las tierras en propiedad de las mujeres son las de menor extensión. Algunas características de los terrenos propiedad de mujeres son: » A nivel nacional, aproximadamente, el 18 % de las parcelas son de menos de 8 tareas, de las cuales solo el 26 % son propiedad de mujeres productoras agropecuarias35. » En todos los rangos, las mujeres poseen parcelas más pequeñas en comparación con los hombres. Llama particularmente la atención la brecha existente entre mujeres y hombres cuando se trata de parcelas de menos de 8 tareas: mientras entre los productores hombres el porcentaje es del 15.9%, en el caso de las mujeres es del 26.4%, es decir 12,788 mujeres productoras36. » Los hombres tienden a poseer parcelas más grandes que las mujeres: en el rango de 71 a 199 tareas ellos ocupan un mayor porcentaje como propietarios (12.5 % hombres, 7.8 % mujeres)37. 31 Ministerio de la Mujer, ONE, Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, CEPAL (2018). 32 CEPAL, Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. 2024? 33 ONE, 2022. Cuadro 71, p. 177. 34 FAO, 2018, p. 22. 35 Ibidem, p. 29. 36 Ibidem, p. 23. 37 Ibidem, p. 29. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 31 Asimismo, en relación con la propiedad legal de la tierra, muchas veces las mujeres no cuentan con la documentación oficial que la respalde. A su vez, esto sostiene otras brechas como el acceso de las productoras a crédito y mercado, capacitación, programas de asistencia técnica, la toma de decisiones que impactan de manera directa sus medios de vida y la realización de transacciones vinculadas a sus activos. En cuanto a la situación jurídica de la tenencia de la tierra, en particular, en relación con el derecho de las mujeres a tener activos clave como la tierra o sus propios emprendimientos productivos, aunque existen avances todavía persisten sesgos que deben ser removidos no solo de la legislación, sino del imaginario colectivo. La reforma de la Ley Agraria en 1997 estableció la titulación conjunta de tierras distribuidas directamente por parte de instituciones públicas, a parejas casadas y convivientes (es decir, tierras que el gobierno otorga). Sin embargo, en el ámbito de la propiedad privada en el país no existe una obligatoriedad legal para la titulación conjunta de bienes inmuebles conyugales de acuerdo con el derecho civil. Tanto el Código Civil, como las leyes que rigen el registro de derechos reales inmobiliarios en el territorio, no contemplan reglas obligatorias que exijan el registro conjunto de tierras para parejas casadas o convivientes; esto implica todas las que no otorga el gobierno. Tampoco se observan otros mandatos, incentivos o acciones para fomentar el registro conjunto de tierras38. 38 FAO, 2022. 32 Del mismo modo, el reconocimiento de matrimonios religiosos y de las uniones de hecho en la Constitución y en la Ley Nº136-03 sobre la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, no se traduce en reconocimiento legal de propiedad conjunta para estos casos. Con respecto a si en el marco legal e institucional se establece la asignación de recursos financieros para que las mujeres puedan obtener mayores derechos de propiedad y control sobre la tierra (de los que están estipulados actualmente en el marco legal del país), no existe una disposición relacionada con el presupuesto, así como tampoco un programa vigente o bien la adopción de medidas concretas para ello, aunque la Ley Nº 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 establece líneas de acción con el objetivo de mejorar el acceso y el control de las mujeres sobre la tierra y la vivienda. A esta realidad, se suman las necesidades identificadas en las consultas realizadas para la Política Nacional de Igualdad de Género del sector Agropecuario en la República Dominicana, en lo que respecta a la desigualdad en el acceso de las mujeres productoras rurales a los recursos hídricos, tanto para riego como para consumo doméstico. Esta situación plantea un desafío adicional para las mujeres, quienes ya enfrentan una mayor carga de trabajo no remunerado debido a sus responsabilidades en el trabajo doméstico y de cuidado. El tener que destinar más tiempo y esfuerzo a la recolección y distribución del agua no solo afecta su jornada laboral, sino que también impacta en la productividad de sus actividades agropecuarias39. Asimismo, la baja representación de las mujeres en las Juntas de Regantes limita su participación en la toma de decisiones relacionadas con el acceso al agua, lo que acentúa la exclusión de sus necesidades y opiniones en aspectos decisivos como la programación de horarios de acceso al recurso hídrico40. A los obstáculos con respecto a los recursos naturales se debe sumar el acceso limitado a créditos para las mujeres y la deficiente infraestructura de caminos vecinales, lo que dificulta el transporte de productos y el acceso a los mercados. Esta situación impacta negativamente en la capacidad de las mujeres rurales para expandir sus negocios y generar ingresos sostenibles. Además, el cambio climático añade una capa adicional de vulnerabilidad para ellas, ya que fenómenos extremos, como sequías e inundaciones, en algunos casos afectan de forma grave sus cultivos y medios de vida. 3.3 Condiciones de participación y toma de decisiones de mujeres y hombres en las cadenas de valor del sistema agroalimentario del país A nivel global y regional, las desigualdades que enfrentan las mujeres en las cadenas de valor de los sistemas agroalimentarios -que incluyen la producción agrícola, su elaboración, distribución, almacenamiento y comercialización, el entorno alimentario y el comportamiento de los consumidores-, reflejan una distribución desigual de oportunidades y recursos que limita su participación en las cadenas más rentables. Asimismo, y a pesar de la importancia de los sistemas agroalimentarios para el bienestar de sus familias y los medios de vida de las mujeres, el papel de estas tiende a ser marginalizado y sus condiciones de trabajo son peores que las de los hombres, en particular en las cadenas de valor más influyentes en el PIB de los países. Es común que el trabajo de las mujeres sea irregular, informal, a tiempo parcial, de escasa cualificación, de mano de obra intensiva, con importante brecha salarial, además de su vulnerabilidad por factores como la migración y la violencia de género en su contra. 39 Documento de Sistematización del taller de consulta para la formulación y diseño de la Política Nacional de Igualdad de Género del sector agropecuario de la República Dominicana, 18 y 19 de abril de 2024, Santo Domingo, FAO, OSAM, 2024 40 Ibidem POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 33 En este contexto, estudios realizados en el país41 sobre el empleo y la participación de las mujeres, muestran que las brechas de género en el sector agropecuario están articuladas con: » La dificultad para identificar la participación de las mujeres que trabajan como empleadas remuneradas y no remuneradas en las unidades productivas agropecuarias, en los instrumentos de información sobre la producción de alimentos como los censos y encuestas nacionales, las encuestas de uso del tiempo, de hogares y de empleo. » En el caso de las mujeres que trabajan de manera no remunerada, muchas veces no son consideradas productoras por el tipo de tareas que realizan, las cuales se entienden como marginales en la producción de alimentos tanto para consumo como para venta, en particular, en la agricultura familiar y campesina. » En el caso de mujeres propietarias o parientes de personas propietarias de tierras y que realizan tareas en la producción, a menudo no son consideradas productoras. Esta situación parece perpetuarse por normas y patrones sociales que continúan arraigados en las sociedades y que para las mujeres implican una doble y triple jornada laboral y su invisibilidad como sujetas de derechos en las políticas públicas, no solo del sector, sino de otras áreas del desarrollo nacional. » En algunas actividades, como la crianza de animales de traspatio y en la pesca, las mujeres no son consideradas en las políticas específicas de estas cadenas de valor. Las brechas de género en las cadenas de valor en el país no son distintas a las regionales y globales, y tienen una estrecha relación con los problemas para el acceso igualitario a la protección social y laboral entre hombres y mujeres, en particular en territorios rurales: “Según el sexo del productor agropecuario, 16 % del total de parcelas que se dedican a la siembra de productos agrícolas están en manos de mujeres y 84 % en manos de hombres. En cuanto a la cría de animales menores, las mujeres productoras agropecuarias participan principalmente en ese tipo de actividad. Los animales mayores, como el ganado son mejor valorados en el mercado42”. Los datos disponibles muestran, en general, cómo las mujeres están insertas en cadenas de valor y actividades menos rentables que los hombres. Las ramas de actividad con mayor participación de las mujeres son: hogares privados con servicio doméstico, comercio al por mayor y al por menor, e industrias manufactureras, con 28.9 %, 19.1 % y 10.3 % respectivamente; y agricultura, ganadería, caza y silvicultura con 9 %43. Asimismo, las mujeres participan, principalmente, en la crianza de animales menores (cerdos o porcinos, aves de corral y pequeños rumiantes); y los hombres (70 %) en mayor medida en la crianza de animales grandes (ganado y otro tipo de reses) frente a las mujeres, que llegan al 63 %. 41 FAO, ONE, 2018, p. 22. 42 Ibidem, p. 30. 43 Íbidem 34 Gráfico Nº 1. Uso de la tierra por sexo de la persona productora 63.7% Siembra de productos agrícolas Cría de animales Siembra de productos agrícolas y a la cría de animales Siembra de árboles forestales o maderables Siembra de árboles forestales o maderables y a la cría de animales Siembra de flores o plantas ornamentales 23.7% 18.9% 0.6% 0.5% 0.2% 0.1% 0.3% 0.3% Hombres Mujeres 56.5% 17.6% 17.6% Reproducido de FAO, 2018, p. 30. También, las mujeres tienen una importante presencia en cultivos para bebidas y especias (participación de 33 %), frutas y nueces (31 %), cereales, raíces / tubérculos (46 %), cacao (27 %), y se destacan en plátanos, yuca y arroz, entre otros productos. Con respecto al empleo en zonas rurales, es importante destacar el papel de las mujeres en las grandes cadenas de valor que involucran el turismo como un aspecto fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo sostenible del país. El subsector de hoteles, bares y restaurantes ha sido un motor clave en la expansión de la actividad económica en el país, registrando un destacado crecimiento interanual, que ha contribuido de forma muy importante al PIB nacional: “En 2023, el subsector hoteles, bares y restaurantes impulsó en gran medida la expansión de la actividad económica, registrando un crecimiento interanual de 10.7 %”44. Las mujeres rurales desempeñan un papel destacado en este subsector, ya que muchas de ellas acceden a empleos en hoteles, restaurantes y actividades relacionadas con el turismo; por ello, este sector es clave para el acceso de las mujeres a empleo decente y así poder tener cobertura en las políticas de protección social contributiva y en los beneficios que se adquieren a través de estas. “El trabajo decente significa oportunidades para todos y todas de conseguir un trabajo que sea productivo y proporcione ingresos dignos, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, así como mejores perspectivas de desarrollo personal e integración social. El trabajo decente y crecimiento económico corresponde al Objetivo 8 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”.45 En las consultas realizadas para esta Política, otros aspectos identificados están relacionados con el impacto que tienen las normas sociales de género que restringen y limitan su participación y poder en la toma de decisiones en la familia y en la comunidad, por ejemplo, para llevar adelante emprendimientos, y con la violencia basada en género que sufren las mujeres rurales, tanto en la familia, como en el empleo y la comunidad. 44 Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, 2024. p. 23. 45 Naciones Unidas, 2024. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 35 Los datos sobre violencia de género muestran la gravedad de este problema social a nivel nacional. En la zona rural puede ser aún mayor, según el porcentaje de mujeres de 15 años y más que han experimentado algún tipo de violencia en el ámbito público o privado a lo largo de su vida o en relaciones de pareja anteriores o actuales. En la zona urbana este porcentaje alcanza un 68.1 %, mientras que en la rural llega al 71.9 %; además, la cifra sobre feminicidio íntimo (es decir, en que el victimario era la pareja, ex pareja, esposo o novio) en el periodo de 2009 a 2018 llegó a 82 víctimas; las regiones de mayor incidencia fueron Ozama o Metropolitana con 21 casos, Cibao Norte con 15 y Valdesia con 946. Igualmente, las barreras que las mujeres enfrentan para acceder a oportunidades de liderazgo debido a normas sociales de género, impactan en la baja representación en puestos de liderazgo político y de toma de decisiones a nivel local y nacional, lo que refleja una desigualdad estructural. De acuerdo con registros oficiales, en el gabinete ministerial el 17.4 % son mujeres; en cuanto al Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados el porcentaje de mujeres llega a un 24.7 % y en el Senado el porcentaje desciende al 12.5 %; en las alcaldías, el 12 % corresponde a alcaldesas electas47. La República Dominicana es uno de los 3 países en la región latinoamericana que está más lejos de la paridad a nivel de gobierno nacional48. Esta desigualdad en la representación entre mujeres y hombres en puestos de liderazgo político limita su capacidad para influir en políticas y programas que deben beneficiarlas directamente, así como para abordar sus necesidades específicas, para su empoderamiento y autonomía en sus vidas. Durante el proceso de consulta de la Política, también salió a relucir la demanda de las mujeres rurales para abordar estas barreras desde un enfoque integral que combine programas de protección social ampliados, acceso equitativo a recursos clave, iniciativas comunitarias dirigidas a las familias para cambiar los patrones de género y normas sociales persistentes, el acceso y conocimiento a tecnologías de la información y comunicación, así como servicios de cuidado, de extensión y capacitación orientados a sus necesidades. 3.4 Estadísticas y registros desde un enfoque de género transformador, sistémico e integral Aunque el país presenta avances, la falta de información actualizada, precisa, representativa y oportuna sobre el aporte de mujeres y hombres rurales en el sistema agroalimentario del país sigue siendo un reto para poner en marcha políticas públicas que incluyan, sobre una base informada, las necesidades, desafíos y soluciones necesarias para que el camino al desarrollo no deje a nadie atrás. En particular, la escasa integración del enfoque de género en los censos, encuestas y otros instrumentos de recolección de información perpetúa la invisibilidad de las mujeres productoras en las estadísticas del sector agropecuario, especialmente en aspectos clave como la tenencia de la tierra, la participación en la toma de decisiones y su rol en las cadenas de valor a todos los niveles. La subrepresentación de las mujeres en los datos se debe, principalmente, a que los instrumentos de recolección de información no han sido adecuados para lograr este objetivo: 46 ONE, 2024a. 47 ONE, ibidem. En: https://one.gob.do/ (Fecha de consulta: 13/12/2024). https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/genero-y-grupos-de-poblacion- especiales/genero/participacion/ / 48 UN WOMEN, “Women political leaders 2024”, https://www.womenpoliticalleaders.org/ (Fecha de consulta: 30/09/2024). 36 https://one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/genero-y-grupos-de-poblacion-especiales/genero/participacion/ https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/genero-y-grupos-de-poblacion-especiales/genero/participacion/ https://www.one.gob.do/datos-y-estadisticas/temas/genero-y-grupos-de-poblacion-especiales/genero/participacion/ https://www.womenpoliticalleaders.org/ “A pesar de los avances, la información derivada de los censos y las encuestas agropecuarias no ha sido suficiente para mostrar un conjunto de elementos trascendentales con el fin de presentar adecuadamente la contribución económica de las mujeres rurales en la economía y en la seguridad alimentaria49”. En este marco, un reto para la implementación de la Política es poder contar con información sobre variables que afectan directamente los medios de vida de las mujeres rurales en general y las productoras en su conjunto. Persiste la necesidad de mejorar los registros y recabar información cruzada en las encuestas agropecuarias y otros instrumentos, sobre aquellas variables como las referidas a la agricultura familiar, el trabajo decente, trabajo no remunerado y de cuidado, con indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, y acceso al mercado local, nacional y regional, para que se tomen decisiones informadas con respecto a las políticas públicas. Por ejemplo, al analizar la relación entre el trabajo decente y el acceso a mercados se podría comprender cómo las oportunidades laborales influyen en la capacidad de las mujeres para salir de la situación de pobreza que muchas viven. Además, cruzar datos sobre trabajo no remunerado y de cuidado con indicadores de seguridad alimentaria y nutricional, permitiría visibilizar la carga de responsabilidades que recae sobre las mujeres y cómo esto impacta en su propia alimentación y la de sus familias. Además, este análisis puede proporcionar información valiosa para diseñar políticas en otras áreas del desarrollo nacional, como las políticas de cuidado, de transporte y otras, que logren intervenciones de alto impacto en la vida de las mujeres rurales dominicanas, sus familias, comunidades y el país. Finalmente, una acción afirmativa clave es el desarrollo de una encuesta agropecuaria específica para mujeres productoras, lo que permitiría profundizar en la situación de ellas y sus familias, y mejorar las intervenciones de las diferentes instituciones involucradas en el diseño y posterior implementación de esta Política. 49 ONE, 2018, p. 23. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 37 4. METODOLOGÍA DEL DISEÑO DE LA POLÍTICA Para el proceso de diseño y formulación de la presente Política se estableció una metodología participativa50 que tuvo como objetivo guiar su elaboración de manera eficaz, mediante el uso de herramientas que permitieron garantizar su alcance en todas las fases de diseño. La metodología se definió con base en dos premisas principales: I. Participación de diversos sectores en el diseño: desde el inicio de este proceso se logró una amplia participación de diversos sectores de la sociedad dominicana, incluyendo a las mujeres rurales y productoras, a agentes tomadores de decisión sobre la política pública en el país, tanto en materia de igualdad de género, como en el sector agropecuario. De esta forma, se garantizó un proceso participativo, planteado a través de consultas enmarcadas en las etapas puestas en marcha para diseñar esta Política. II. Transversalización de un enfoque de género transformador en las políticas públicas del sector: a través de preguntas claves se partió a cuestionar las implicaciones de una política pública sectorial para la igualdad de género. Estas preguntas fueron las siguientes: ¿Qué es una política de igualdad de género del sector agropecuario? ¿Quiénes están en desventaja en el sector agropecuario y cómo modificar esta situación? ¿Cuál es la importancia de esta política para el país? ¿Qué implicancias tiene para el sector? ¿Cuáles son los principios y conceptos que dan cuerpo a la política? ¿Cuáles arreglos y alianzas interinstitucionales son necesarias para su implementación exitosa? ¿Cómo puede la política ser una referencia para otras políticas clave como la de cuidado, medio ambiente, empleo, pesca, entre otras? 50 En el Anexo II se incluye la lista de participantes de la consulta realizada para esta Política. 38 4.1 Hoja de ruta para la elaboración de la Política A patir de las definiciones de las etapas y fases se trazó y consensuó una hoja de ruta para el proceso de diseño, la que garantizó un seguimiento estructurado de cada fase, brindando una línea de tiempo, sus responsables y los roles para cada persona involucrada en el proceso. Esto aseguró la coherencia y efectividad. A continuación, se presenta una figura con la ruta desarrollada: 1. Preparatoria - Conformación de equipo técnico y político: OSAM, FAO. - Actores e instancias de coordinación: mapeo y conformación del Comité Nacional para impulsar la Política. - Hoja de ruta para la Política. - Insumos y preparación 2. Diagnóstico de género del sector agropecuario - Diagnóstico de la situación y del contexto. - Identificación de oportunidades y problemas. - Priorización de oportunidades y problemas. - Enfoques desde una perspectiva de género. 3. Elaboración de la propuesta - Alternativas de solución. - Priorización de alternativas. - Objetivos y estrategias. - Metas e indicadores. - Presupuesto referencial. - Documento propuesta de la Política nacional de género del sector agropecuario. 4. Validación y aprobación - Validación del documento propuesta de la Política. - Aprobación por parte de las autoridades. - Difusión de la Política aprobada 6. Monitoreo y evaluación - Fue definida en el proceso de diseño. 5. Implementación - Fue definida en el proceso de diseño POLÍTICA NACIONAL DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA HOJA DE RUTA POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 39 4.2 Objetivos Los objetivos de la Política se presentan a continuación. Objetivo general » Impulsar la igualdad de género en el sistema agroalimentario de República Dominicana para eliminar las desigualades en el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres. Objetivos específicos » Mejorar las estadísticas de género en el sector agropecuario con el fin de contar con diagnósticos que permitan reconocer las brechas de género, desarrollar acciones que favorezcan su cierre, monitorear y evaluar los logros de la Política. » Garantizar el acceso equitativo a recursos productivos, a la asistencia técnica, capacitación, crédito, mercados, cadenas de valor e infraestructuras para las mujeres rurales productoras agropecuarias. » Promover condiciones de empleo decente para las mujeres trabajadoras en el sistema agroalimentario dominicano y su acceso a protección social, con énfasis en el trabajo remunerado, no remunerado y de cuidado en áreas rurales. » Contribuir a la transformación de las normas sociales de género, así como a la prevención y atención de la violencia de género en las familias y comunidades rurales. » Fortalecer la transversalidad del enfoque de género en las políticas y programas agropecuarios, a nivel interno institucional y en las políticas y programas sectoriales. 4.3 Enfoques de la Política La Política nacional de Igualdad de género del sector agropecuario se fundamenta en cuatro enfoques que han orientado la definición de sus objetivos, ejes estratégicos y resultados esperados. Estos serán las guías para la implementación de las acciones contempladas en la Política, proporcionando un marco objetivo para alcanzar los resultados establecidos. Los enfoques están alineados con los marcos de referencia de los compromisos internacionales suscritos por la República Dominicana en materia de igualdad de género, asegurando coherencia y armonía con aquellos establecidos en el sector agropecuario. A continuación, se presenta una descripción detallada de cada uno de los enfoques para su aplicación efectiva en el marco de esta Política. 40 Cuadro Nº 2. Descripción de los enfoques de la Política Enfoques Descripción Enfoque de género transformador51 Este enfoque impulsa cambios a nivel individual y sistémico en todas las esferas de la vida de las personas. Se focaliza en intervenciones que abordan tanto las necesidades prácticas relacionadas con el género (ej.: el acceso a recursos), como los intereses estratégicos de género (ej.: poder de decisión), suscitando cambios en la capacidad de acción y en las estructuras sociales. Implica no solo empoderar a las mujeres con conocimientos y recursos, sino, también, desafiar los sistemas de poder y las normas sociales que perpetúan la discriminación de género. Además, promueve la reflexión y transformación de las estructuras internas de las instituciones y organismos de desarrollo, así como a comprometerse activamente en la promoción de la equidad de género a todos los niveles (individual, comunitario, institucional), lo que requiere cambios en los valores, creencias y pensamientos. Enfoque interseccional El enfoque interseccional permite reconocer y abordar la presencia simultánea de dimensiones que organizan las sociedades, que suelen distribuir el poder de manera inequitativa y devienen en limitaciones para el ejercicio de los derechos de las personas y los colectivos. El género y el origen étnico-racial, lo etario y lo territorial son categorías que no operan de manera aislada e independiente del contexto histórico, social y cultural en que se sitúan. Muchas veces estas dimensiones se combinan para aumentar la carga de desigualdad, produciendo experiencias disímiles entre las personas, afectando sus posibilidades de acceso al bienestar. Lo anterior no significa que estas dimensiones por sí solas sean un menoscabo social: por ejemplo, no es una desventaja pertenecer a una población indígena, vivir en una zona rural o ser mujer, pero de acuerdo con los datos actuales el entrecruce de estas dimensiones ha significado que ciertas personas vean disminuidas sus oportunidades y acceso a un buen vivir. El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como principios y marco regulador enfrenta desafíos multidimensionales (sociales, económicos y medioambientales) que presentan interconexiones complejas. La Agenda 2030 y los desafíos de los ODS requieren de nuevos conocimientos y perspectivas capaces de abordar la realidad social sin reducirla a aspectos básicos o desconectados entre sí52. Enfoque de empoderamiento económico El empoderamiento económico de las mujeres rurales y productoras agrarias implica que tengan igualdad de oportunidades en el trabajo, acceso a mercados, control sobre recursos y decisiones, así como representación en la de toma de decisiones. Promover el empoderamiento económico de las mujeres no solo beneficia a estas: también contribuye a la diversificación económica, la igualdad de ingresos y una prosperidad compartida en la sociedad. Con la inclusión equitativa de las mujeres rurales y productoras agrarias en la economía “especialmente aquellas que se encuentran en desventaja” se fortalecen la sostenibilidad y el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, fomentando un entorno donde las personas puedan prosperar y contribuir plenamente al progreso económico y social 53. 51 Basado en FAO, AO, FIDA, PMA, 2021. 52 FAO, 2022. 53 ONU MUJERES, 2024 POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 41 Enfoques Descripción Enfoque de protección social54 La protección social se refiere al conjunto de políticas y programas dirigidos a amparar a las personas frente a la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión social a lo largo de su ciclo de vida. Según la FAO las funciones de los principales instrumentos de protección social incluyen: 1. Protección: proporcionar asistencia a hogares pobres para cubrir necesidades básicas como alimentos, atención médica y educación, protegiéndolos de la pobreza y la inseguridad alimentaria crónicas. 2. Prevención: mitigar los impactos negativos de amenazas a los medios de subsistencia y la salud, evitando que las personas caigan en la pobreza o sufran mayor privación después de un choque o crisis. 3. Promoción: Fortalecer medios de vida, ampliar la base de activos, habilidades y generación de ingresos para incrementar los recursos disponibles y favorecer la salida de la pobreza y la inseguridad alimentaria. 4. Transformación: abordar causas estructurales de la pobreza y la vulnerabilidad, como la desigualdad y la discriminación de género, promoviendo la justicia social y la equidad, generando resultados sostenibles en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la resiliencia. Así mismo, sus principios transversales, que se refieren a la inclusión social, la igualdad de género y la sostenibilidad, buscan orientar la formulación e implementación de políticas y programas con el objetivo de alcanzar mayores niveles de inclusión, justicia social y bienestar para toda la población. Los tres conjuntos amplios de instrumentos principales de protección social son: 1. Asistencia social: incluye transferencias no contributivas, monetarias o en especie, así como servicios de bienestar social, dirigidos, principalmente, a personas en pobreza crónica o extrema. Busca proteger el consumo del hogar, mejorar el acceso a servicios básicos, acumular activos e impulsar el acceso al empleo. Incluye programas como transferencias monetarias, entrega de alimentos, obras públicas, subsidios, entre otros. 2. Seguros sociales: son programas contributivos que buscan reducir las vulnerabilidades económicas asociadas a problemas de salud, empleo y emergencias relacionadas con el clima en diferentes etapas de la vida. Incluyen pensiones de jubilación, bajas por maternidad, seguros por enfermedad o desempleo, agropecuarios y de salud. 3. Intervenciones para la mejora del empleo y los medios de subsistencia: estas brindan apoyo para obtener un empleo digno o emprender actividades de autoempleo. Incluyen servicios de empleo, desarrollo de capacidades, programas de transferencia de activos, microfinanciamiento y medidas para garantizar derechos laborales básicos. Todo ello con el objetivo de mejorar la situación laboral y la sostenibilidad económica de los individuos. 54 Basado en FAO, 2017 y FAO, 2020. 42 Enfoques Descripción Enfoque en sistemas agroalimentarios Comprende todo el ciclo de los alimentos, desde su producción hasta su llegada al consumidor final, involucrando una amplia gama de procesos y actores. Abarca desde la producción agrícola hasta las actividades no agrícolas como almacenamiento, procesamiento, distribución, comercialización y consumo de alimentos. Para avanzar hacia la igualdad de género desde los sistemas agroalimentarios es necesario tener en cuenta: 1. Las políticas, programas e inversiones deben abordar los desafíos específicos que enfrentan hombres y mujeres en este ámbito. 2. La reducción de las desigualdades de género en los medios de vida, el acceso a recursos y la resiliencia en los sistemas agroalimentarios es fundamental para lograr la equidad de género, el empoderamiento de las mujeres y la sostenibilidad en estos sistemas. 3. Es primordial contar con investigaciones rigurosas, con datos de alta calidad desagregados por sexo, edad y aspectos relacionados con la interseccionalidad, para monitorear, evaluar y acelerar los avances en igualdad de género en los sistemas agroalimentarios. 4. Para su mayor efectividad y sostenibilidad, las intervenciones dirigidas a cerrar las brechas de género en los sistemas agroalimentarios deben ser ampliadas considerando el contexto local y nacional55. 55 FAO, 2023. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 43 4.4 Líneas estratégicas de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario Cuadro Nº 3. Líneas estratégicas de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario Ejes estratégicos de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario Brechas de género del sector agropecuario en República Dominicana Objetivo específico 1: Mejorar las estadísticas de género en el sector agropecuario con el fin de contar con diagnósticos que permitan reconocer las brechas de género, desarrollar acciones que favorezcan su cierre, monitorear y evaluar los logros de la Política. Eje 1. Estadísticas y registros desagregados y analizados con enfoque de género para informar de manera efectiva y eficiente la toma de decisiones en política pública de todos los sectores vinculados al sistema agroalimentario nacional. La falta de información actualizada y representativa sobre la situación de mujeres y hombres rurales en el sistema agroalimentario dificulta la formulación y puesta en marcha de mejores políticas públicas. La integración del enfoque de género en los registros y encuestas agrícolas es fundamental para obtener datos precisos que permitan identificar las brechas de género y tomar decisiones basadas en evidencia en políticas públicas. Es necesario contar con información desagregada por sexo, edad y territorio sobre variables como: el acceso al trabajo decente, el trabajo no remunerado, la seguridad alimentaria y el acceso a los mercados La Política requiere una línea de base, con la cual se establezcan metas según la situación inicial sobre la cual se actúa, para luego medir, monitorear y evaluar los efectos de esta. Objetivo específico 2: Garantizar el acceso equitativo a recursos productivos, asistencia técnica, capacitación, crédito, mercados, cadenas de valor e infraestructuras para las mujeres rurales productoras agropecuarias. Eje 2. Acceso equitativo por parte de las mujeres y hombres rurales, dedicados a la producción agropecuaria, a recursos productivos, asistencia técnica, capacitación, crédito, seguros agrícolas, mercados, cadenas de valor e infraestructura. La desigualdad en el acceso y tenencia de recursos productivos como la tierra y el agua, así como a créditos, capacitación, infraestructura y mercados, afecta desproporcionadamente a las mujeres en el sector agropecuario del país. Las mujeres enfrentan disparidades significativas en la tenencia de tierras, con menor acceso a los programas de asignación de parcelas y bajos niveles de titulación de estas. 44 Eje 2. Acceso equitativo por parte de las mujeres y hombres rurales, dedicados a la producción agropecuaria, a recursos productivos, asistencia técnica, capacitación, crédito, seguros agrícolas, mercados, cadenas de valor e infraestructura. Hay falta de conocimiento sobre las leyes y los mecanismos de aplicación que favorecen a las mujeres para la titulación conjunta de la tierra. La baja representación de las mujeres en los espacios de toma de decisión respecto a la titulación conjunta perpetúa las desigualdades. La administración no diferenciada de recursos hídricos, la limitación en el acceso a créditos y seguros agrícolas, y la deficiente infraestructura de caminos vecinales, dificultan a las mujeres rurales productoras agropecuarias sus oportunidades de crecimiento y generación de ingresos. El cambio climático agrava la situación de desigualdad y vulnerabilidad que enfrentan las mujeres rurales productoras agropecuarias. Objetivo específico 3: Promover condiciones de empleo decente para las mujeres trabajadoras en el sistema agroalimentario dominicano y su acceso a protección social, con énfasis en el trabajo remunerado, no remunerado y de cuidado en áreas rurales. Eje 3. Cierre de las brechas de género con relación a las condiciones de empleo decente en el sistema agroalimentario dominicano y el acceso a protección social, con énfasis en el trabajo remunerado, no remunerado y de cuidado en áreas rurales. El sistema agroalimentario dominicano perpetúa brechas de género en cuanto a la participación laboral remunerada y no remunerada, incluyendo responsabilidades de cuidado. La persistencia de normas culturales y patrones de género siguen invisibilizando el rol productivo de las mujeres rurales e identificándolas con la función reproductiva (tareas domésticas del hogar, cuidado de menores y personas adultas mayores, etc.), lo que impacta negativamente su participación y beneficio económico a nivel individual, familiar, comunitario y nacional. El trabajo de las mujeres en las cadenas de valor con más influencia en el PIB (como en otros países de la región y del mundo) es irregular, informal, a tiempo parcial, de escasa cualificación y con brechas salariales significativas. Estas disparidades se reflejan en el acceso desigual de las mujeres rurales a la protección social contributiva y no contributiva, así como al resguardo legal de sus condiciones de empleo. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 45 Objetivo específico 4: Contribuir a la transformación de las normas sociales de género, así como a la prevención y atención de la violencia de género en las familias y comunidades rurales. Eje 4. Contribución efectiva a la transformación de las normas sociales de género, a través de la prevención y atención de la violencia de género en las familias y comunidades rurales. Las normas sociales de género restringen y limitan la participación y poder de las mujeres en la toma de decisiones en la familia y en la comunidad, así como en su aporte a la economía del país y para sus medios de vida. La baja representación de las mujeres en puestos de liderazgo político evidencia una desigualdad basada en normas y roles de género rígidos que obstaculizan su capacidad para influir en políticas y programas relevantes para su bienestar y empoderamiento. La violencia de género es una de las consecuencias más graves de las inequidades y desigualdades, siendo en el ámbito rural donde se observa su mayor incidencia en el país. Objetivo específico 5: Fortalecer la transversalización del enfoque de género en las políticas y programas agropecuarios, a nivel interno institucional y en las políticas y programas sectoriales. Eje 5. Fortalecimiento institucional de la transversalización del enfoque de género en las políticas y programas agropecuarias, sectoriales e intersectoriales. El diagnóstico y análisis de las brechas de género al interior de la institucionalidad agropecuaria es un desafío para la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario, tanto por razones de coherencia, como de fortalecimiento de las capacidades para abordar efectivamente las inequidades y desigualdades del sector. Actualmente, es limitado el conocimiento sobre los desafíos y necesidades de género de las instituciones responsables de la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género del sector agropecuario. 46 5. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Cuadro Nº 4. Marco lógico y de resultados de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 56 Eje 1. Estadísticas y registros desagregados y analizados con enfoque de género para informar de manera efectiva y eficiente la toma de decisiones en política pública de todos los sectores vinculados al sistema agroalimentario nacional. 1.1. Las bases de datos, estadísticas oficiales e instrumentos como encuestas y registros del sector agropecuario, y la línea de base para la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario, incorporan la desagregación por sexo, edad y territorio y el enfoque de género e interseccional. 1.1.1. Se cuenta con al menos tres publicaciones acerca de la situación de género en la ruralidad y una línea de base del sector agropecuario con enfoque de género e interseccional. 1.2. Se obtienen datos actualizados y precisos sobre la situación y necesidades de las mujeres en el sector a nivel nacional a través de la realización de la encuesta de mujeres productoras en el sector agropecuario. 1.2.1. Al menos 5 de los instrumentos, registros y variables del sector cuentan con enfoque de género. 1.2.2. Se dispone de información estadística de calidad a través del diseño e implementación de un diagnóstico especializado. Eje 2. Acceso equitativo por parte de las mujeres y hombres rurales dedicados a la producción agropecuaria, a recursos productivos, asistencia técnica, capacitación, crédito, seguros agrícolas, mercados, cadenas de valor e infraestructura. 2.1. Se desarrollan propuestas con enfoque de género para la modificación de programas y proyectos nacionales orientados a favorecer el acceso igualitario de las mujeres rurales a la tierra y el agua. 2.1.1. A partir de la línea de base de la Política, aumentado en un X % el nivel de acceso de las mujeres a tierra y agua. 2.2. Se cuenta con programas y productos financieros y crediticios orientados al desarrollo productivo de las mujeres rurales productoras agropecuarias del país. 2.2.1. Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola de la República Dominicana generando un aumento de un X % en el nivel de acceso de las mujeres rurales productoras agropecuarias a productos y servicios de financiación a nivel nacional a través de programas y proyectos específicos, así como con otras entidades bancarias. 56 Estas metas deberán ser ajustadas con la elaboración de una línea de base para la presente Política (es el resultado: R1.1. y la meta: M.1.1.). POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 47 Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 56 Eje 2. Acceso equitativo por parte de las mujeres y hombres rurales dedicados a la producción agropecuaria, a recursos productivos, asistencia técnica, capacitación, crédito, seguros agrícolas, mercados, cadenas de valor e infraestructura. 2.3. Aseguradas con las instancias responsables, la incorporación y cumplimiento de acciones afirmativas para mujeres productoras y emprendedoras en la ley de compras y contrataciones públicas del Estado, y creadas las condiciones que favorecen su acceso al sistema correspondiente. 2.3.1. Alianza estratégica con la Dirección General de Contrataciones Públicas e instituciones responsables de las compras públicas del país, para la inclusión y cumplimiento de acciones afirmativas y la creación de condiciones habilitantes para que las mujeres productoras accedan al sistema de contrataciones de bienes y servicios de instituciones públicas (Ley Nº 340-06). 2.3.2. Modificación del Decreto 610- 22 que instruye a las instituciones públicas a adquirir productos agrícolas, en compras por debajo del umbral, a pequeños agricultores familiares y a asociaciones y cooperativas integradas por estos, con un enfoque de género que priorice a las mujeres productoras, asociaciones y cooperativas de mujeres productoras agropecuarias. 2.4. Mejora y revisión de la perspectiva de género para el aumento de las capacidades de producción e innovación en el sector agropecuario a través de políticas y programas que permitan el acceso a asistencia técnica y recursos tecnológicos, que fortalezcan potencialidades locales y promuevan la igualdad de género. 2.4.1. La política de producción e innovación del sector agropecuario cuenta con un claro enfoque de género y se privilegian acciones afirmativas para las mujeres productoras rurales implementados para el acceso a asistencia técnica y recursos tecnológicos que fortalezcan potencialidades locales y promuevan la igualdad de género. 2.5. Se transversalizan políticas para fortalecer, desde una perspectiva de género, las capacidades de adaptación al cambio climático y promover la sustentabilidad. 2.5.1. Fortalecidas las capacidades institucionales del Ministerio de Agricultura para la coordinación interministerial en favor de la promoción de los derechos de las mujeres rurales. 48 Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 56 Eje 3. Cierre de las brechas de género en las condiciones de empleo decente en el sistema agroalimentario dominicano y el acceso a protección social, con énfasis en el trabajo remunerado, no remunerado y de cuidado en áreas rurales. 3.1. Se ha incidido en favor de políticas y programas de protección social que incluyan servicios de cuidado, para el empoderamiento económico de las mujeres productoras agropecuarias. 3.1.1. Teniendo en cuenta la línea de base de la Política, se coordina con las instituciones responsables para garantizar un aumento de la cobertura de los programas piloto de cuidado en las zonas rurales en al menos un X %. Eje 4. Contribución efectiva a la transformación de las normas sociales de género, a través de la prevención y atención de la violencia de género en las familias y comunidades rurales. 4.1. Se concertan alianzas estratégicas que fortalecen los servicios y programas de instituciones responsables de dar respuestas multisectoriales, interdisciplinarias y accesibles en zonas rurales del país, para la atención de la violencia de género. 4.1.1. Articulación efectiva con las instituciones responsables de elaborar una ruta de prevención y atención a la violencia de género, con programas y servicios de atención y respuestas focalizadas en las zonas rurales de los municipios del país con mayor incidencia. 4.2. Se apoya a instituciones responsables de la atención de la violencia de género, se promueven campañas nacionales de comunicación y sensibilización en comunidades rurales, orientadas a promover cambios culturales y a contrarrestar los factores estructurales que perpetúan la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. 4.2.1. Apoyada la realización de las campañas nacionales de comunicación y sensibilización en comunidades rurales, orientadas a promover cambios culturales y a contrarrestar los factores estructurales que perpetúan la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. 4.3. Se ha acompañado a las instituciones responsables de realizar campañas nacionales de comunicación y sensibilización que fomenten la participación equitativa en el trabajo doméstico y de cuidado en la familia, y que prevengan la violencia intrafamiliar y de género, con énfasis en la ruralidad. 4.3.1. Se acompañan a las instituciones responsables de ejecutar las campañas nacionales de comunicación y sensibilización, sobre cuidado y masculinidades positivas, con énfasis en la ruralidad. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 49 Ejes estratégicos Resultados esperados Metas 56 Eje 5. Fortalecimiento institucional de la transversalización del enfoque de género en las políticas y programas agropecuarios, sectoriales e intersectoriales. 5.1. Generada e implementada la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario y se propicia una política institucional de género en el Ministerio de Agricultura. 5.1.1. Una Política Institucional de Género del Ministerio de Agricultura es diseñada y puesta en marcha. 5.2. Con base en su política institucional de género, el Ministerio de Agricultura cuenta con protocolos para la prevención y atención de la violencia de género y contra la discriminación en todas sus formas, aprobados e implementados. 5.2.1. Una política y protocolo de prevención y atención a la violencia de género y contra la discriminación a nivel institucional en todas sus formas, son diseñados y puestos en marcha por el Ministerio de Agricultura y sus socios. 5.3. Diseño e implementación de planes de fortalecimiento de capacidades en materia de igualdad de género dirigidos al funcionariado de las instituciones responsables de implementar la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario y sus socios estratégicos. 5.3.1. Se implementa al menos un programa de fortalecimiento de capacidades para el funcionariado de las instituciones responsables de implementar la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario y sus socios estratégicos. 5.4. Las políticas, estrategias, programas y planes interseccionales del sector tienen un claro enfoque de género, que garantiza el principio de inclusividad, siendo el marco principal la Política Nacional de Igualdad de Género del sector agropecuario. 5.4.1. Las políticas, estrategias, programas y planes que se diseñan en el sector cuentan con un claro enfoque interseccional de género basado en la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario. 5.5. Se implementa, monitorea y evalúa la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario. 5.5.1. La Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario tiene planes operativos anuales e instrumentos periódicos implementados en cinco años, para alcanzar las metas y lograr sus resultados. 50 POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 51 6. IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Para lograr una implementación exitosa de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario, se establecerá un mecanismo de coordinación intersectorial e interinstitucional que garantice la articulación efectiva entre las entidades involucradas. Esto se llevará a cabo a través de la creación de un Comité interinstitucional integrado por representantes de las instituciones responsables, que trabajarán en conjunto para supervisar y dirigir la ejecución de la Política. El Ministerio de Agricultura creará este comité, con la posibilidad de ampliarlo cuando sea necesario en función de las temáticas que abarca esta. 52 El presupuesto para la implementación de la Política durante el primer año deberá ser trabajado alineado a los Planes Operativos Anuales de las instituciones que conforman el comité interinstitucional. A partir del segundo año, deberán generarse presupuestos para dar respuestas a las necesidades identificadas en los territorios, previa aprobación por las autoridades competentes según los procedimientos institucionales establecidos para ello. Además, se conformará una mesa de trabajo que se reunirá de manera cuatrimestral durante el primer año de implementación, y de forma semestral en los años subsiguientes, con la participación de actores clave, incluyendo la sociedad civil como observadora del proceso de implementación de la Política. Esta articulación estratégica permitirá asegurar la coherencia en las acciones, optimizar recursos, fortalecer capacidades institucionales y avanzar hacia la igualdad de género en el sector agropecuario. La colaboración entre las diferentes entidades, bajo la guía y liderazgo de la Oficina Sectorial Agropecuaria de la Mujer (OSAM) y otras instancias relevantes, será fundamental para el éxito de la ejecución de la Política, a través de un enfoque coordinado y unificado que promueva la rendición de cuentas y el cumplimiento de los objetivos establecidos. Cuadro Nº 5. Instituciones que implementarán la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario Comité interinstitucional para la coordinación e implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario Instituciones / Socios estratégicos Ministerio de Agricultura Ministerio de la Mujer Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) Gobiernos locales y municipales Instituciones y organizaciones del sector privado agropecuario y rural Organizaciones de mujeres y hombres productores agropecuarios y de la cadena de valor Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) Programa Supérate Secretaría Técnica para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (SETESSAN) Instituto Agrario Dominicano (IAD) Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) Banco Agrícola de la República Dominicana Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 53 7. MONITOREO Y EVALUACIÓN Se establecerá un sistema de seguimiento y evaluación sistemático de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario que garantice la efectividad en su implementación, así como un monitoreo permanente de sus avances, de forma que puedan asegurar los compromisos y la articulación intersectorial necesaria para lograr resultados positivos y sostenibles en materia de igualdad de género en el sector y en el desarrollo rural sostenible. Este sistema incluirá instancias de seguimiento periódico, rendición de cuentas participativas, un informe de evaluación y una estrategia que contempla la evaluación interna y externa con herramientas específicas de medición. Esta planificación también conlleva la realización de una línea de base. A continuación se describe cómo esto se llevará a cabo. 1. Línea base y revisión de metas: se realizará un diagnóstico inicial detallado para establecer una línea base de referencia, que permita revisar y establecer metas a alcanzar, alineadas con los objetivos y los resultados esperados de la Política. 2. Planes operativos anuales: se elaborarán planes operativos intersectoriales anuales con objetivos específicos, resultados esperados y productos concretos que se esperan lograr en cada período. Estos guiarán la ejecución de las acciones planificadas y permitirán medir los avances de manera sistemática. 3. Seguimiento periódico: se realizará el seguimiento continuo de los indicadores establecidos para medir el avance en la implementación de la Política; se organizarán reuniones de seguimiento y revisión de los resultados para realizar ajustes necesarios y asegurar el cumplimiento de los objetivos. En el Anexo I se incluyen indicadores recomendados para el seguimiento. 4. Evaluación de la Política: se diseñará una estrategia de evaluación sobre la base de las metas e indicadores que plantea la Política y los planes operativos anuales; se elaborará un informe interinstitucional anual que contenga insumos cualitativos y cuantitativos sobre el proceso de implementación, destacando logros, desafíos y lecciones aprendidas. Con base en el informe interinstitucional se actualizarán los sistemas de monitoreo interno y externo de la Política, buscando reportar a la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), los ODS, y a las instituciones responsables directas de informar sobre las conferencias y acuerdos internacionales vinculantes y no vinculantes sobre mujer rural en el país, como CEDAW, Belem do Para, la Plataforma de Acción de Beijing, la Conferencia Regional de la Mujer, la CSW, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP) en lo referente a su plan de género, entre otras. 5. Evaluaciones externas de la Política: se llevará a cabo una evaluación externa de la Política basándose en sus instrumentos de planificación y utilizando herramientas de medición específicas; se contratará a un equipo de evaluación externa, especializado en género y desarrollo agrícola, para realizar un análisis objetivo y detallado de los resultados y posibles impactos de la Política. 54 POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 55 8. BIBLIOGRAFÍA Cepal, 2023. “Compromiso de Buenos Aires (XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe)”. Santiago de Chile. https://repositorio.cepal.org/entities/ publication/9589319f-5268-41d7-a18d- 667ab07e3427 (consultado el 10/09/2024). 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Organización de Estados Americanos (OEA), 2023. “Comunicado sobre la Declaración de Derechos y Decenio de las mujeres, adolescentes y niñas en entornos rurales de las Américas” (23 de julio), https://www.oas.org/es/centro noticias/ comunicado prensa.asp?sCodigo=C-040/23 (consultado el 10/09/2024). PNUD, Unidad de Igualdad de Género, 2022. Análisis de brecha salarial de género en República Dominicana (2022). Santo Domingo. https://www. undp.org/es/dominican-republic/publicaciones/ analisis-de-brecha-salarial-de-genero-en- republica-dominicana (consultado el 30/09/2024). PNUD, 2023. Índice de Pobreza Multidimensional con foco en mujeres para América Latina y el Caribe. Estado de situación para 10 países de la región. Nueva York. https://www.undp. org/es/latin-america/publicaciones/indice-de- pobreza-multidimensional-con-foco-en-mujeres- para-america-latina-y-el-caribe (consultado el 10/09/2024). Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), 2013. “Política Regional de Igualdad y Equidad de Género del SICA (PRIEG)”, https://www.sica.int/ politicas/prieg (consultado el 10/09/2024). Tribunal Constitucional. Constitución Nacional de la República Dominicana. En: https://www. tribunalconstitucional.gob.do/transparencia/ base-legal-de-la-institución/constitución-de- la-república-dominicana/ Fecha de consulta: 20/10/2024. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 57 9. ANEXO I. INDICADORES RECOMENDADOS Metas Indicadores recomendados EJ E ES TR AT ÉG IC O 1 1.1.1. Se cuenta con al menos tres publicaciones acerca de la situación de género en la ruralidad y una línea de base del sector agropecuario con enfoque de género e interseccional. 1.1.1.a: Número de publicaciones sobre la situación de género en la ruralidad realizadas y disponibles para su consulta. 1.1.1.b: Existencia de la línea de base del sector agropecuario con un enfoque de género e interseccional. 1.2.1. Al menos 5 de los instrumentos, registros y variables clave del sector agropecuario cuentan con enfoque de género. 1.2.1.a: Porcentaje de instrumentos, registros y variables clave del sector agropecuario que incluyen un enfoque de género. 1.2.2. Se dispone de información estadística de calidad a través del diseño e implementación de un diagnóstico especializado. 1.2.2.a: Diseño, implementación y validación de la encuesta a mujeres productoras. 1.2.2.b: Resultados y conclusiones de la encuesta socializados y publicados. EJ E ES TR AT ÉG IC O 2 2.1.1. A partir de la línea de base de la Política, aumentado en un X % el nivel de acceso de las mujeres a tierra y agua. 2.1.1.a: Porcentaje de mujeres que tienen acceso a tierra y agua comparada con el porcentaje establecido según la línea de base de la Política. 2.2.1. Acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola de la República Dominicana generando un aumento de un X % en el nivel de acceso de las mujeres rurales productoras agropecuarias a productos y servicios de financiación a nivel nacional a través de programas y proyectos específicos, así como con otras entidades bancarias. 2.2.1.a: Porcentaje de mujeres beneficiadas a través del crédito del Bagrícola, de acuerdo con la Línea de base de la Política. 2.3.1. Alianza estratégica con la Dirección General de Contrataciones Públicas e instituciones responsables de las compras públicas del país, para la inclusión y cumplimiento de acciones afirmativas y la creación de condiciones habilitantes para que las mujeres productoras accedan al sistema de contrataciones de bienes y servicios de instituciones públicas (Ley Nº 340-06). 2.3.1.a: Número de acciones afirmativas implementadas para fomentar el acceso de las mujeres rurales a los procesos de compras y contrataciones públicas. 2.3.1.b: Definición e implementación de acciones afirmativas y condiciones habilitantes para el acceso de las mujeres productoras al sistema de contrataciones establecido por la Ley N.º 340-06 58 Metas Indicadores recomendados EJ E ES TR AT ÉG IC O 2 2.3.2: Modificación del Decreto 610-22 que instruye a las instituciones públicas a adquirir productos agrícolas, en compras por debajo del umbral, a pequeños agricultores familiares, asociaciones y cooperativas integradas por estos, con un enfoque de género que priorice a las mujeres productoras, asociaciones y cooperativas de mujeres productoras agropecuarias. 2.3.2.a: Definición e implementación de acciones afirmativas y condiciones habilitantes para el acceso de las mujeres productoras al sistema de contrataciones establecido por la Ley Nº 340-06. 2.4.1: La política de producción e innovación del sector agropecuario cuenta con un claro enfoque de género y se privilegian acciones afirmativas para las mujeres productoras rurales en los programas implementados para el acceso a asistencia técnica y recursos tecnológicos, que fortalezcan potencialidades locales y promuevan la igualdad de género. 2.4.1.a: Definición e implementación de acciones afirmativas para las mujeres productoras en programas de asistencia técnica y recursos tecnológicos. 2.5.1: Fortalecidas las capacidades institucionales del Ministerio de Agricultura para la coordinación interministerial en favor de la promoción de los derechos de las mujeres rurales. 2.5.1.a: Número de acciones impulsadas desde el Ministerio de Agricultura en el marco de comités interministeriales para la promoción de los derechos de las mujeres. EJ E ES TR AT ÉG IC O 3 3.1.1: Teniendo en cuenta la línea de base de la Política, se coordina con las instituciones responsables para garantizar un aumento de la cobertura de los programas piloto de cuidado en las zonas rurales en al menos un X %. 3.1.1.a: Incremento de cobertura de los programas piloto de cuidado hacia mujeres rurales y sus familias. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 59 Metas Indicadores recomendados EJ E ES TR AT ÉG IC O 4 4.1.1: Articulación efectiva con las instituciones responsables de elaborar una ruta de prevención y atención a la violencia de género, con programas y servicios de atención y respuestas focalizadas en las zonas rurales de los municipios del país con mayor incidencia. 4.1.1.a: Número de alianzas formadas entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y otros actores clave para fortalecer la ruta de prevención y atención. 4.1.1.b: Porcentaje de programas y servicios de atención a la violencia de género que están integrados en la ruta de prevención y atención a nivel municipal. 4.1.1.c: Número de sesiones de capacitación realizadas para el personal de los programas y servicios involucrados en la ruta de atención a la violencia de género con perspectiva interseccional. 4.1.1.d: Número de personas que asisten a talleres, charlas y campañas de sensibilización sobre prevención de la violencia de género en los municipios focalizados. 4.1.1.e: Total de casos de violencia de género atendidos a través de la ruta en los municipios seleccionados. 4.1.1.f: Porcentaje de incremento en el número de casos de violencia de género denunciados en los municipios, como resultado de la implementación de la ruta de atención y campañas de sensibilización. 4.2.1: Apoyada la realización de las campañas nacionales de comunicación y sensibilización en comunidades rurales, orientadas a promover cambios culturales y a contrarrestar los factores estructurales que perpetúan la violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. 4.2.1.a y 4.3.1.a: Número de instituciones (gubernamentales, ONG, educativas, etc.) que han apoyado y colaborado en la implementación de las campañas de comunicación, sensibilización y capacitación. 4.2.1.b y 4.3.1.b: Número total de campañas de comunicación, sensibilización y capacitación llevadas a cabo en las comunidades rurales. 4.2.1.c y 4.3.1.c: Número de personas alcanzadas por las campañas, desglosadas por género y grupo de edad (mujeres, adolescentes, niñas, hombres). 4.2.1.d y 4.3.1.d: Número y contenidos de materiales (folletos, carteles, videos, etc.) creados y distribuidos como parte de las campañas. 4.2.1.e y 4.3.1.e: Porcentaje de participantes en las campañas que reportan cambios positivos en sus actitudes y comportamientos hacia la violencia de género tras participar en las actividades. 4.3.1: Se acompañan a las instituciones responsables de ejecutar las campañas nacionales de comunicación y sensibilización sobre cuidado y masculinidades positivas, con énfasis en la ruralidad. 60 Metas Indicadores recomendados EJ E ES TR AT ÉG IC O 5 5.1.1: Una política institucional de género del Ministerio de Agricultura es diseñada y puesta en marcha. 5.1.1.a: Existencia y adopción de una política institucional de género por parte del Ministerio. 5.1.1.b: Grado de implementación de la política institucional de género en las prácticas y procedimientos del Ministerio. 5.2.1: Una política y protocolo de prevención y atención a la violencia de género y contra la discriminación a nivel institucional en todas sus formas son diseñados y puestos en marcha por el Ministerio de Agricultura y sus socios. 5.2.1.a: Porcentaje de políticas, estrategias, programas y planes sectoriales con enfoque de género en conformidad con la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario. 5.2.1.b: Evaluación periódica del grado de integración del enfoque de género en las iniciativas del sector agropecuario. 5.3.1: Se implementa al menos un programa de fortalecimiento de capacidades para el funcionariado de las instituciones responsables de implementar la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario y sus socios estratégicos. 5.3.1.a: Desarrollo y adopción de una política y protocolo de prevención y atención a la violencia de género y discriminación por el Ministerio y sus socios. 5.3.1.b: Eficiencia en la implementación del protocolo de prevención y atención a la violencia de género, medido por la respuesta oportuna y adecuada en casos identificados. 5.4.1: Las políticas, estrategias, programas y planes que se diseñan en el sector cuentan con un claro enfoque interseccional de género basado en la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario. 5.4.1.a: Número de políticas, planes y programas del sector agropecuario con enofque interseccional y de género basado en la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario. 5.5.1: La Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario tiene planes operativos anuales e instrumentos periódicos implementados en cinco años, para alcanzar las metas y lograr sus resultados. 5.5.1.a: Número de programas de fortalecimiento de capacidades implementados para el funcionariado responsables de la implementación de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario y sus socios. 5.5.1.b: Nivel de cumplimiento de los planes operativos anuales de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario en el transcurso de cinco años, medido por el grado de avance en las metas y resultados establecidos. POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 61 10. ANEXO II. PARTICIPANTES DEL TALLER DE CONSULTA En el Taller de consulta para la formulación y diseño de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario, realizado los días 18 y 19 de abril de 2024 en Santo Domingo, participaron un total de 32 instituciones gubernamentales, académicas, de la sociedad civil, organismos internacionales y lideresas rurales; por cada institución se contó con la participación de dos o más representantes, llegando a un total de 56 participantes, de los cuales 47 fueron mujeres y 9 hombres. En el siguiente cuadro se presenta la lista de las instituciones que participaron. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES ORGANISMOS INTERNACIONALES ACADEMIA ▪ Ministerio de la Mujer ▪ Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) ▪ Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MIMARENA) ▪ Instituto Agrario Dominicano (IAD) ▪ Banco Agrícola de la República Dominicana. (BAGRICOLA) ▪ Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) ▪ Ministerio de Agricultura ▪ Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) ▪ Programa PRORURAL ▪ Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (CONIAF) ▪ Dirección General de Riesgos Agropecuarios (DIGERA) ▪ Consejo Nacional de Producción Pecuaria (CONAPROPE) ▪ Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA) ▪ Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas (OTCA) ▪ Dirección General de Ganadería (DIGEGA) ▪ Programa Supérate ▪ Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) ▪ Confederación Nacional de Organizaciones de Mujeres del Campo (CONAMUCA) ▪ Movimiento Articulación Campesina (MAC) ▪ Red de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe - Red LAC (Rep. Dom.) ▪ Comité Orgatizativo del Foro La Voz de las Mujeres Productoras Agropecuarias ▪ Lideresas rurales ▪ Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ▪ Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) ▪ Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ▪ Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 62 POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 63 SANTO DOMINGO | NOVIEMBRE 2024 POLÍTICA NACIONAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DEL SECTOR AGROPECUARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA Int R4ZxLtDd Hlk183554592 Int xUDcJcf4 Int GDOthxuP Int 5P3pifey Int Dj6wZeH5 Hlk183535220 Hlk183536515 Hlk183547882 Hlk183503636 Hlk183548375 Hlk183509181 Siglas y abreviaturas Presentación Antecedentes 1. Introducción 2. Marco Político y Normativo 2.1 Leyes nacionales para la igualdad de género y los derechos de las mujeres rurales 2.2 Políticas públicas para la igualdad de género: planes y mecanismos institucionales 2.3 Institucionalidad pública para la igualdad de género, el sector agropecuario y la ruralidad 2.4 Convenciones y tratados internacionales sobre derechos de las mujeres rurales suscriptos por el país 3. Diagnóstico de género en el sector agropecuario 3.1 Género, protección social y trabajo decente en el sistema agroalimentario dominicano 3.2 Acceso a recursos productivos, asistencia técnica, capacitación, crédito, mercado e infraestructura 3.3 Condiciones de participación y toma de decisiones de mujeres y hombres en las cadenas de valor del sistema agroalimentario del país 3.4 Estadísticas y registros desde un enfoque de género transformador, sistémico e integral 4. Metodología del diseño de la Política 4.1 Hoja de ruta para la elaboración de la Política 4.2 Objetivos 4.3 Enfoques de la Política 4.4 Líneas estratégicas de la Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario 5. Política Nacional de Igualdad de Género del Sector Agropecuario de la República Dominicana 6. Implementación de la Política 7. Monitoreo y evaluación 8. Bibliografía 9. Anexo I. Indicadores recomendados 10. Anexo II. Participantes del Taller de consulta