Ley Nº 4.741 - Declara a la Secretaría de Medio Ambiente como la máxima autoridad ambiental provincial y la disolución del Ente Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA)

LEY Nº 4741 LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO SANCIONA CON FUERZA DE L E Y Artículo 1º.- La Secretaría de Medio Ambiente es la máxima autoridad ambiental en la Provincia de Río Negro conforme los términos del artículo 85 de nuestra Carta Magna Provincial. Artículo 2º.- La presente ley regirá en todo el territorio de la provincia, sus disposiciones son de orden público, operativas y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios y disposiciones contenidas en ésta. Artículo 3º.- Los distintos niveles de gobierno integrarán en todas sus decisiones y actividades previsiones de carácter ambiental, tendientes a asegurar el cumplimiento de los principios enunciados en la presente ley y la ley nacional nº 25675 “Ley General del Ambiente”. Artículo 4º.- El “Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente” (CODEMA) creado por ley M nº 2581 como ente provincial queda disuelto. La Secretaría de Medio Ambiente absorberá todas las misiones, objetivos, funciones y competencias del Consejo de Ecología y Medio Ambiente y de todo lo normado en materia de medio ambiente hasta el presente y lo que en el futuro se produzca a los mismos fines. Artículo 5º.- Se transfiere a la Secretaría de Medio Ambiente todo el personal, patrimonio, bienes y recursos del Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente. Toda referencia hecha al Consejo Provincial de Ecología y Medio Ambiente (CODEMA) o a las competencias, funciones y atribuciones que éste venía ejerciendo, se entenderán como efectuadas a la Secretaría de Medio Ambiente. Artículo 6º.- La Secretaría de Medio Ambiente propicia el equilibrio entre el desarrollo socioeconómico, el uso sostenible y responsable de los recursos naturales y la protección del ambiente, a fin de contribuir al desarrollo integral de la persona humana y garantizar a las personas y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Artículo 7º.- La Secretaría de Medio Ambiente ejerce la autoridad de aplicación en materia ambiental en el ámbito de la Provincia de Río Negro, con capacidad para actuar dentro del ámbito de la competencia que le asigna la presente ley y demás legislación ambiental vigente. En especial, le compete: a) Planificar, formular, proyectar, fiscalizar, ejecutar la política ambiental y preservar los recursos naturales, ejerciendo el poder de policía y fiscalizando todo tipo de actividad que, directa o indirectamente pueda afectar al ambiente, sin perjuicio de las competencias asignadas a otros organismos. b) Planificar y coordinar con los organismos competentes, la ejecución de programas de educación y política ambiental destinada a mejorar y preservar la calidad ambiental, participando en la ejecución de la misma a través de la suscripción de convenios con otros organismos públicos y/o privados, municipales, provinciales, nacionales e internacionales. c) Intervenir en la conservación, protección y recuperación de reservas, áreas protegidas y bosques, de los recursos naturales y de la fauna silvestre, previendo especialmente la subsistencia de la fauna autóctona, del uso racional y recuperación de suelos, de protección y preservación de la biodiversidad, diseñando e implementando políticas a esos fines. d) Desarrollar acciones tendientes a diversificar la matriz energética provincial a través de las energías generadas por medio de fuentes renovables, alternativas o no fósiles. e) La investigación y el uso de fuentes alternativas de energía y desarrollar políticas orientadas a la sustentabilidad y eficiencia energética en el sector público y privado como prevención del cambio climático y acciones tendientes a la promoción y la instalación de unidades de generación energética a partir de fuentes renovables o no fósiles tendientes a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. f) Ejecutar las acciones conducentes a la fiscalización de todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, agua, suelo y en general, todo lo que pudiere afectar el ambiente e intervenir en los procedimientos para la determinación del impacto ambiental de las actividades consideradas como de alto riesgo presunto por la reglamentación. g) Intervenir en la promoción de la educación ambiental y en la difusión de prácticas tendientes a la preservación ecológica. h) Entender en la promoción, integración y fortalecimiento de los consejos ambientales locales y regionales. i) Entender en todo lo relativo a la sección de áreas naturales protegidas y el Programa de Ordenamiento y Protección de los Recursos Naturales de la Costa Atlántica. Artículo 8º.- Se modifican los artículos 18 y 19 de la ley M nº 2669, quedando redactados de la siguiente manera: “ Artículo 18.- Créase el Servicio Provincial de Areas Naturales Protegidas en el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente”. “ Artículo 19.- La Secretaría de Medio Ambiente, en su carácter de autoridad de aplicación de la presente ley, tiene bajo su órbita y dependencia el Servicio Provincial de Areas Naturales Protegidas, debiendo dotar al mismo de la estructura, la capacidad, competencias y presupuesto suficientes para concretar los fines propuestos en la citada ley”. PODER DE POLICIA AMBIENTAL Artículo 9º.- La autoridad de aplicación competente en materia ambiental, provincial y/o municipal, realiza una permanente evaluación y fiscalización del cumplimiento de la normativa aplicable, ejerciendo el poder de policía ambiental, pudiendo a tal fin: a) Fiscalizar e intervenir de oficio o a raíz de denuncias, en los procedimientos de inspección y auditoría que fueren necesarios. b) Solicitar información adicional y/o complementaria acerca de cualquier trámite técnico administrativo realizado por los municipios u otros organismos del Estado Provincial y/o Nacional. c) Implementar tareas conjuntas con otras jurisdicciones, organismos y entidades para la realización de evaluaciones ambientales, que comprendan seguimiento, control, monitoreo y cualquier otra acción que se considere conveniente. d) Dictar disposiciones complementarias. e) Tomar muestras y realizar estudios de laboratorio de los distintos recursos naturales afectados a costa del infractor. f) Ejecutar toda otra acción tendiente a lograr el cumplimiento de la normativa ambiental. Artículo 10.- Atribuciones de los agentes o funcionarios. A los efectos de llevar a cabo las tareas inherentes al ejercicio del poder de policía antes mencionado, los agentes o funcionarios actuantes cuentan con las siguientes atribuciones: a) Ingresar en forma inmediata y sin restricciones de ninguna especie, a cualquier hora del día, a todas las concesiones y establecimientos comerciales, industriales y agropecuarios instalados en la Provincia de Río Negro mientras se desarrolla su actividad. b) Inspeccionar vehículos cuando realicen operaciones de carga, descarga o en tránsito. c) Exigir que le sea exhibida toda la documentación referente al cumplimiento de la normativa ambiental y recabar del propietario o responsable del establecimiento toda información que juzgue necesaria a su quehacer. d) Inspeccionar las instalaciones, maquinarias y procesos en lo que respecta a las normas ambientales vigentes. e) Requerir el auxilio de la fuerza pública cuando se le impida el acceso o niegue la información correspondiente. Artículo 11.- Orden de allanamiento. Cuando se negare el acceso a un establecimiento donde presumiblemente se estuviere cometiendo alguna infracción ambiental conforme la legislación vigente y la adopción de medidas no admita demoras, la autoridad de aplicación puede solicitar orden de allanamiento al órgano jurisdiccional competente, del lugar donde se estuviere cometiendo la infracción. En todos los casos, hasta tanto la orden de allanamiento sea librada, puede disponerse una custodia fuera del establecimiento o vivienda a efectos de no desnaturalizar el procedimiento. Artículo 12.- Constancia de autorización. Cuando voluntariamente se permita la entrada a un establecimiento o vivienda, en forma previa al ingreso se puede solicitar al autorizante que firme constancia de ello. Artículo 13.- Medidas preventivas. La autoridad de aplicación que intervenga en la verificación de contravenciones puede disponer en forma conjunta o alternativa, las siguientes medidas preventivas: clausura preventiva y secuestro. Artículo 14.- Personal competente. La aplicación de las medidas preventivas debe ser realizada por el personal competente de la autoridad de aplicación respectiva, condición que debe ser acreditada. Artículo 15.- Clausura preventiva. La clausura preventiva puede ser total o parcial, sobre el establecimiento o instalaciones y procederá cuando la situación sea de tal gravedad que así lo aconseje. Artículo 16.- Plena prueba. El acta de infracción ambiental labrada por funcionario competente, hará plena fe de las afirmaciones en ella contenidas y podrá invocarse como plena prueba, siempre que no se probare lo contrario. DEL REGIMEN DE CONTROL Y SANCIONES ADMINISTRATIVAS Artículo 17.- Si un proyecto de los comprendidos en la ley M nº 3266 de Impacto Ambiental, comenzara a ejecutarse sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental, debe ser suspendido por la autoridad ambiental provincial o municipal correspondiente. En el supuesto que éstas omitieran actuar, el proyecto puede ser suspendido por cualquier autoridad judicial con competencia territorial sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar. Asimismo, se acordará la suspensión cuando ocurriera alguna de las siguientes circunstancias: a) Falseamiento u ocultación de datos en el procedimiento de evaluación. b) Incumplimiento de las condiciones ambientales impuestas para la ejecución del proyecto. Artículo 18.- La provincia y los municipios, según el ámbito que corresponda, deben realizar actos de inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, del reglamento que en su consecuencia se dicte y de toda la legislación ambiental vigente bajo su competencia. Sus normas generales se observarán, asimismo, en el juzgamiento de todas las infracciones ambientales establecidas en las leyes nacionales cuya aplicación corresponda a la provincia, en las leyes provinciales, al igual que a las faltas ambientales establecidas en ordenanzas municipales cuando actúe el municipio dentro de su ámbito de competencia. Artículo 19.- Las infracciones que serán calificadas como muy leves, leves, graves y muy graves deben ser reprimidas con las siguientes sanciones, las que además pueden ser acumulativas: a) Apercibimiento. b) Multa de aplicación principal o accesoria entre uno (1) y dos mil (2000) salarios mínimos de la administración pública provincial. Las infracciones se establecerán según corresponda conforme su calificación: muy leves de uno (1) a cien (100), leves de cien (100) a quinientos (500), graves de quinientos (500) a mil (1000) y muy graves de mil (1000) a dos mil (2000). c) Suspensión total o parcial de la concesión, licencia y/o autorización otorgada, pudiendo establecerse plazos y condiciones para subsanar las irregularidades detectadas. d) Caducidad total o parcial de la concesión, licencia y/o autorización otorgadas. e) Clausura temporal o definitiva, parcial o total del establecimiento, pudiendo establecerse plazos y condiciones para subsanar las irregularidades detectadas en las clausuras temporales. f) Obligación de publicar la parte dispositiva de la resolución condenatoria a cargo del infractor y, en su caso, el plan de trabajo a los fines de recomponer la situación al estado anterior. Artículo 20.- A fin de determinar el tipo y graduación de la sanción debe tenerse en cuenta la magnitud del daño o peligro ambiental ocasionado, la condición económica del infractor, su capacidad de enmendar la situación generada y el carácter de reincidente. Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, a determinar por vía reglamentaria las infracciones ambientales en forma particular y fijar las multas dentro del marco establecido por la presente. PROCEDIMIENTO Artículo 21.- Las actas de infracciones ambientales, que no establezcan medidas preventivas, deben ser elevadas a la autoridad de aplicación para su juzgamiento, en un plazo no mayor a cinco (5) días, contados a partir de la fecha del acta respectiva. Artículo 22.- Descargo. Cuando el acta de infracción ambiental no haya podido ser notificada al presunto infractor, la autoridad de aplicación, dentro de los tres (3) días siguientes de recibida el acta en cuestión, debe proceder a notificarla y en el mismo acto fijará plazo de descargo. Todo ello será notificado al domicilio real o comercial. El descargo podrá realizarse de forma oral o escrita, dentro del plazo previsto en el acta de infracción ambiental o en la notificación para su descargo. Artículo 23.- Las resoluciones podrán ser recurridas por los interesados siguiendo lo establecido por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia. Artículo 24.- Efectos de la resolución. La resolución administrativa se presume legítima y permitirá a la autoridad de aplicación provincial o municipal, según corresponda, ejecutarla mediante acciones coactivas, pudiendo cuando la ley o naturaleza del acto lo exija, requerirse la intervención judicial. Aquéllas que se traten de una sanción pecuniaria adquirirán carácter de título ejecutivo con la simple certificación por parte de la autoridad competente de su vencimiento e incumplimiento. En este último caso deberá iniciarse ejecución fiscal. Artículo 25.- Destino de los ingresos. Los recursos que ingresen según lo establecido en el presente, pasarán a formar parte del presupuesto del organismo provincial –Secretaría de Medio Ambiente- y/o del municipio, según corresponda, con afectación específica al Fondo de Protección Ambiental. Articulo 26.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, a establecer por vía reglamentaria el procedimiento administrativo a seguir para la aplicación de la presente. Artículo 27.- Facúltase al Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, a que por vía reglamentaria establezca y/o actualice los montos de los aranceles establecidos por la ley M nº 3266. Artículo 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo y archívese.