Plan Nacional de Agricultura Familiar

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca PLAN NACIONAL DE AGRICULTURA FAMILIAR 1 Prólogo Nos complace presentar el Plan Nacional de Agricultura Familiar de Uruguay, en el marco del Decenio de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas 2019-2028. La agricultura familiar en Uruguay tiene una presencia significativa, participando activamente en diversas cadenas de valor y estando presente en todo el territorio nacional. Esta importancia y el rol fundamental que desempeña en el desarrollo y grandeza de nuestro país nos han motivado a contribuir con la Década de la Agricultura Familiar. Este compromiso nos llevó a diseñar y poner en marcha un plan que refleje nuestras aspiraciones y capacidades. Entendimos impostergable desarrollar un plan de y para la agricultura familiar en un año muy particular para Uruguay, un año de procesos electorales donde se elegirán las próximas autoridades. A pesar de este contexto, decidimos avanzar con el plan, conformando un gran equipo de trabajo técnico. En el marco de la sección nacional de la REAF, en acuerdo con las organizaciones nacionales y quienes representan de las mesas de desarrollo, nos comprometimos a trabajar en lo que parecía una utopía. Hoy, estamos presentando a Uruguay los logros obtenidos en esta etapa, colocando en el centro de la agenda a los/las productores familiares, a las personas y a las familias, dándoles el protagonismo que merecen en la escena política, visibilizando y reconociendo la importancia de la agricultura familiar. Este proceso ha sido muy enriquecedor y participativo, contando con la colaboración de más de 20 técnicos/as y con la consulta a más de 1100 personas a través de 50 encuentros en diferentes zonas del país. Hemos reflejado aquí las demandas y oportunidades identificadas proponiendo medidas incrementales y superadoras a lo que ya habíamos implementado. Al combinar las demandas con las posibilidades de los distintos organismos, iniciamos una etapa de entendimiento y respuestas. Este plan es un abrazo del Estado uruguayo, respaldado por muchas instituciones que creen en esta política y en la producción familiar. Creemos que ella contribuye a la soberanía alimentaria, la producción de alimentos con valor agregado y la promoción de circuitos cortos de comercialización. Reconocemos la importancia de enfrentar los desafíos de la agenda climática, donde la agricultura familiar desempeña un papel crucial para la sostenibilidad ambiental y en la mitigación de los efectos del cambio climático. Es fundamental un abordaje interinstitucional que integre esfuerzos y recursos. Asimismo, se hace necesaria una agenda de políticas integrales, innovadoras e inclusivas que permita construir resiliencia y adaptación frente a los desafíos presentes y futuros. La acción climática y la producción familiar deben estar en el centro de nuestras estrategias, 2 promoviendo prácticas sostenibles que fortalezcan la capacidad de nuestra producción y su gente para enfrentar un entorno cambiante. Presentamos con orgullo este Plan Nacional de Agricultura Familiar, resultado de un esfuerzo conjunto y de una profunda convicción en el potencial y la importancia de la producción familiar y las juventudes para el desarrollo sostenible de Uruguay. Fernando Mattos Fernanda Maldonado Mercedes Antía Mercedes Yacosa 3 Construcción del Plan Nacional de Agricultura Familiar Dirección Ma. Fernanda Maldonado (Coordinadora Nacional de REAF) Mercedes Antía (Coordinadora Alterna de REAF) Mercedes Yacosa (Directora de Dirección General de Desarrollo Rural) Equipo de coordinación técnica Paula Florit (Unidad Especializada de Género, MGAP) Manuel Maldini (Instituto Nacional de Colonización) Fernando Sganga (Dirección General de Desarrollo Rural, MGAP) Lautaro Viscay (Secretaría Técnica de REAF MERCOSUR) Autores/as Paula Florit (UEG - MGAP), Manuel Maldini (INC), Fernando Sganga (DGDR - MGAP) y Lautaro Viscay (ST REAF) (Coords.) Mercedes Antía (DGDR - MGAP), Alejandro Arias (DGDR - MGAP), Andrés Barilani (DGDR - MGAP), Cecilia Cabrera (DGDR - MGAP), Fernanda Figueredo (DGDR - MGAP), Guzmán Garet (DGDR - MGAP), Karina Gilles (DGDR - MGAP), Laura González (FAgro - UdelaR), Emiliano Guedes (FVet - UdelaR), Ma. Fernanda Maldonado (DGS - MGAP), Virginia Martiren (DGDR - MGAP), Fabián Mila (OPYPA - MGAP), Nilson Medina (DGDR - MGAP), Nancy Montes de Oca (DGDR - MGAP), Ana Perugorría (IPA), Virgina Porto (INJU), Elisa Rodríguez (DGDR - MGAP), Margarita Rodríguez (DGDR - MGAP), Verónica Sarli (UEG MGAP), Federico Sierra (DGDR - MGAP), Nube Szephegyi (OPYPA - MGAP), Irene Viera (FAgro UdelaR), Clara Villalba (INIA), Mercedes Yacosa (DGDR - MGAP) Secretaría del proceso Ma. Celia González (Secretaría DGDR) Ma. Fernanda Montenegro (Subsecretaría MGAP, Secretaría SN REAF) Adriana Sasso (Secretaría DGS) Consultas ciudadanas territoriales: Equipos territoriales de Desarrollo Rural del MGAP y Departamento de ATER (DGDR-MGAP) Yuri Altieri, Juan Arbiza, Alejandro Arias, Andrés Barilani, Gonzalo Bono, Mariana Brunel, Carolina Calupré, María Cazet, Danilo Cppola, Diogo Delgado, Mauricio Delgado, Patricia Duarte, María Noel Echevarría, Lorena Falero, Maricel Fariello, Fernanda Figueredo, Jorge Firpo, Pablo García Rampa, Guzman Garet, Natalia Gigena, Marina González, Fernanda Hernández, Nandi Jiménez, Martin Kuchman, Pablo Lescano, Nicolas Marchad, Virginia Martiren, Pablo Montero, Juan Mendy, Mijail Pastorino, Verónica Pastorino, Ismael Paradeda, Ricardo Pérez, Alvaro Pi, Elisa Rodríguez, Margarita Rodríguez, Silvia Rodríguez, Federico Sierra, Fernando Sire, Sergio Teixeira, Gloria Viera. Procesamiento de información de la Producción Familiar: Departamento de Registro de Productor Familiar y División Información Seguimiento y Evaluación (DGDR-MGAP); OPYPA - MGAP Sociedad civil referente del proceso: Organizaciones nacionales de la Agricultura Familiar y delegados/as de las MDR en la Sección Nacional 4 Colaboradores/as: ANDE: Paula Correa, Sebastián Ruiz, Carmen Sánchez; ANTEL: Verónica Barreiro, Eduardo Rivero, Annabela Suburu; ARCE: Natalia Ferreira, Hugo Odizzio; ASSE: Rosario Berterreche, Juan Gil, Eduardo Henderson; BPS: Alfredo Cabrera; BROU (República Microfinanzas): Rosana Fernández, Salvador Ferrer; CHPNA: Eduardo Blasina; INBA: Marcia del Campo, Marcela Delgado; INC: Julio Cardozo, Jorge Gallo; INASE: Melisa Cuadro, Álvaro Núñez; INIA: José Bonica, Jorge Sawchik; INACOOP: Claudia De Lisio,; INEFOP: Gonzalo Mauri, Pablo Darchtz; INJU: Martín Fernández, Leticia Palumbo, Aparicio Saravia; INMUJERES: , Monica Bottero, Nancy Penna, Daniel Radiccioni; IPA: Esteban Carriquiry, Carlos Molina; OPP: Fernando Blanco, Benjamín Irazábal, Federico Magnone; MEC: Laura Barcia; Gonzalo Baroni; MEVIR: Juan Pablo Delgado, Victoria Morena; Ministerio del Interior: Pablo Abdala, Cecilia Erhardt, Angelina Ferreira; Ministerio de Turismo: Roque Baudean, Karina Larruina, Doris Rodríguez; Ministerio de Transporte y Obras Públicas: Verónica Echeverría, José Luis Falero, Horacio Fernández; Ministerio de Relaciones Exteriores: Lorena Granja; MGAP-DINARA: Álvaro Irazoqui; MGAP-DGRN: Martín Mattos; MGAP-DGSSAA: Leonardo Olivera; MGAP-DGSSGG: Diego de Freitas; MGAP-OPYPA: Verónica Durán; MGAP-DGDR: Virginia Cuello; MGAP-UCOD: Nicolás Jaume, Paula Scavarelli, Javier Vernengo; UDELAR: Matías Carámbula, Francisco Diéguez, Rafael Paternain; UTU-ANEP: Andrés Vallarino; UTE: José Caram, Pierina Franchi; Flavia Olivera. Agradecimientos: Sub Secretario: Juan Ignacio Buffa Ex Director General de Desarrollo Rural: Carlos Rydstrom 5 Índice 1. Introducción..……………………………………………………………………………………………………………6 2. Metodología de construcción del Plan Nacional de Agricultura Familiar ..………………….…..10 3. Antecedentes: Marco Normativo e Institucionalidad para la Agricultura Familiar ..……….…13 4. Agricultura familiar: situación y desafíos …………………………………………………………………………..22 5. PNAF - Planificación 2024 - 2028 ……………………………………………………………………………………….45 6. Estrategia de implementación: seguimiento, gobernanza y evaluación ……………………………..80 7. Bibliografía referida ……………………………………………………………………………………………………………83 Anexo …………………………………………………………………………………………………………………………………88 6 1 Introducción La Agricultura Familiar tiene importancia estratégica en los sistemas agroalimentarios, en particular para producir de manera sostenible, alimentos diversos y saludables. A nivel global, regional y nacional, la multidimensionalidad de la Agricultura Familiar es una oportunidad para la resiliencia de los sistemas agroalimentarios, la reducción del hambre y la pobreza, y la mejora de la calidad de vida de las comunidades rurales y urbanas. Reconociendo su potencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la Asamblea de las Naciones Unidas1 declaró el Decenio de la Agricultura Familiar 2019 - 2028 (DNUAF) para impulsar la sensibilización, reflexión y promoción de la Agricultura Familiar, políticas públicas y estrategias diferenciadas de fomento del sector. Para ello, FAO y FIDA fueron identificadas como las agencias referentes de Naciones Unidas para el DNUAF y se les encomendó la realización del Plan de Acción Mundial (PAM). El Plan de Acción Mundial proporciona orientaciones prácticas sobre cómo materializar los lineamientos del DNUAF, genera un sistema de monitoreo global y establece una agenda de trabajo para que el desarrollo del PAM contribuya a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. El Plan de Acción Mundial se estructura en siete pilares, marco de referencia para las acciones a nivel nacional y regional: ● Pilar 1. Crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar. ● Pilar 2. Apoyar a los/as jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la Agricultura Familiar. ● Pilar 3. Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres. ● Pilar 4. Fortalecer las organizaciones de la agricultura familiar y su capacidad para generar conocimiento, representar a sus integrantes y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano – rural. ● Pilar 5. Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de la agricultura familiar y los hogares y comunidades rurales. ● Pilar 6: Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar para conseguir sistemas alimentarios resilientes al cambio climático. ● Pilar 7: Fortalecer la multidimensionalidad de la agricultura familiar para lograr innovaciones sociales que contribuyan al desarrollo territorial y a sistemas alimentarios que salvaguarden la biodiversidad, el medio ambiente y la cultura. Para la concreción del DNUAF a nivel territorial, el Plan de Acción Mundial insta a los países a la generación e implementación de Planes Nacionales y Regionales de Acción hacia la Agricultura Familiar. En congruencia con ello, la Reunión Especializada de la Agricultura Familiar (REAF) impulsó la Recomendación 1/23 del CMC MERCOSUR que insta a los países a la generación de Planes Nacionales de Agricultura Familiar. 1 A/RES/72/239 7 Los antecedentes de trabajo regional de la REAF -clave en la declaración del Año Internacional de Agricultura Familiar (2014) y en el propio DNUAF-, ofrecen el marco de diálogo político entre Organizaciones de la Agricultura Familiar (OAF) y representantes de los gobiernos e instituciones estatales para la co construcción, participativa e inclusiva, de Planes Nacionales. En consonancia, Uruguay tiene un rol clave en impulsar la Resolución 1/23 del GMC MERCOSUR y genera en el país la Resolución 571/23 del MGAP que declara de interés ministerial contar con un Plan Nacional de Agricultura Familiar 2024 – 2028 (PNAF) elaborado con una metodología participativa e involucramiento de las OAF en el ámbito de la Sección Nacional de la REAF. En ese marco, el MGAP a través de la Dirección General de Secretaría y la Dirección General de Desarrollo Rural, se encaminó a la construcción del PNAF, proceso que se extendió desde mayo de 2023 a mayo de 2024. Esa construcción contó se llevó adelante en siete fases, a saber: (i) Acuerdo marco; (ii) Antecedentes y diagnóstico inicial; (iii) Consultas ciudadanas; (iv) Priorización; (v) Construcción interinstitucional de medidas incrementales (vi) Estructuración; (vii) Revisión, validación y resolución. Como se evidencia en el listado de técnicos/as partícipes de la construcción del PNAF, esta elaboración contó tanto con el trabajo del funcionariado del MGAP de diferentes Unidades Ejecutoras, como con el de otras instituciones agropecuarias (INC, INIA e IPA), de la REAF y de la Universidad de la República. Asimismo, brindaron apoyo a la construcción de medidas específicas y a la revisión de este documento, integrantes de otras instituciones públicas de nivel nacional y subnacional, y representantes de las Organizaciones de la Agricultura Familiar. El resultado de ese trabajo generó una serie de documentos de referencia del PNAF, a saber: (i) una síntesis de las políticas existentes que inciden sobre la agricultura familiar; (ii) el Listado de problemáticas y propuestas surgidas de las consultas ciudadanas; (iii) el presente documento Plan Nacional de Agricultura Familiar 2024 - 2028; (iv) el Plan Operativo Anual del PNAF 2024. Como resultado de ese trabajo mancomunado, el presente documento sintetiza la metodología de construcción, los diagnósticos por pilar, los ejes de transformación del plan, las medidas asumidas para impulsar esas transformaciones, los indicadores de avance, la metodología de implementación, seguimiento y gobernanza del PNAF. En consonancia con ello, las siguientes páginas dan cuenta del marco institucional, antecedentes de política pública y brechas más significativas identificadas por la bibliografía académica e institucional nacional, y por los documentos de incidencia de la sociedad civil vinculada a la agricultura familiar. 8 De esta manera las próximas páginas incluyen: ✔ La metodología que se utilizó en Uruguay para generar un plan participativo, viable y monitoreable; ✔ Un diagnóstico abreviado que constituye una referencia del escenario de actuación del PNAF; ✔ Una planificación que incluye las áreas prioritarias, medidas de política pública y los indicadores para las transformaciones que el PNAF se propone impulsar; ✔ Una estrategia de implementación: seguimiento, gobernanza y evaluación. En el marco de un plan como el presente, que integra un vasto diagnóstico con la necesidad de priorizar y traducir las demandas en políticas públicas concretas, la distinción entre diagnóstico (demanda) y medida (respuesta) resulta relevante. En el caso del PNAF Uruguay cuya implementación está atravesada por el período eleccionario y cambios de administración, la distinción y análisis riguroso entre diagnóstico, Plan 2024 – 2028 y planes operativos anuales resulta fundamental. Desde esa perspectiva, el PNAF aborda los tres elementos, entendidos como diferentes y complementarios. El diagnóstico del PNAF implica identificar las situaciones críticas y nudos estructurales, así como los avances en materia de política pública y marcos normativos que constituyen la línea de base del plan. Resulta significativo señalar que el hecho de que el diagnóstico incluya tanto la sistematización de insumos institucionales y académicos como el resultado de consultas ciudadanas, hace que este documento sea per se un recurso para la sociedad civil e instituciones para la incidencia y desarrollo de políticas públicas, más allá de las ya incluidas en la planificación del PNAF. En ese sentido, la inclusión del diagnóstico en su totalidad ofrece a la ciudadanía y las instituciones un recurso para la ampliación y perfeccionamiento de la política pública, legando un recurso para futuros diseños y evitando circunscribir la respuesta pública a los acuerdos institucionales de un momento administrativo limitante. 9 Por su parte, las medidas del PNAF 2024 – 2028, constituyen el conjunto de acuerdos institucionales que dan respuesta a las demandas y prioridades de sociedad civil, y que cuentan con la viabilidad técnica y el respaldo político – institucional para impulsarse como política de Estado2. Al respecto, el PNAF incorpora como medidas aquellas que tienen compromiso institucional a nivel de las más altas autoridades involucradas en cada institución al momento de construcción pero que, por la demanda social y la factibilidad técnica, se entiende que son ejecutables en el año 2024 y sucesivos. Estas medidas, por definición técnico – política, dan por supuesto el diagnóstico y las políticas pre existentes y en todos los casos implican acciones incrementales. Por lo tanto, el conjunto de medidas pre existentes son dadas como logros en materia de derechos a sostener, y las nuevas medidas previstas en el PNAF se incorporan como aportes adicionales a la transformación de la realidad del sector. En ese marco, el PNAF cuenta con un sistema de seguimiento y monitoreo a nivel de todo el plan, con metas de cumplimiento a 2028 e indicadores de resultado que responden al sistema de monitoreo e impacto del Plan de Acción Mundial del DNUAF. Finalmente, el plan prevé una estrategia de implementación que reconoce que las demandas y diagnóstico superan las respuestas coyunturales y que los cambios de administración de gobierno implican movimientos institucionales. Es por eso, que el PNAF incluye como parte de su modelo de implementación la generación de planes operativos anuales, con indicadores de cumplimiento anuales que permitan a cada administración asumir, ampliar y ajustar las acciones en el marco del PNAF, así como a la sociedad civil dar seguimiento e incidir en compromisos adicionales, y prevé asimismo una evaluación al finalizar. En este sentido, el PNAF contempla una flexibilidad planificada donde la participación ciudadana y la estabilidad institucional -técnica, funcionarial- constituyen recursos para reconocer los antecedentes, a la vez que ajustar, perfeccionar y evaluar acciones, desde una perspectiva de Agricultura Familiar como política de Estado. 2 Es decir, aquella capaz de superar las administraciones de gobierno. 10 2. Metodología de construcción del Plan Nacional de Agricultura Familiar La construcción del PNAF en Uruguay siguió las pautas acordadas en el marco de la REAF de generar una planificación participativa, pertinente y monitoreable. En ese marco, y partiendo del antecedente metodológico del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro), la construcción del PNAF Uruguay se extendió entre junio de 2023 y mayo de 2024 y contó con siete fases. Figura 1. Fases de construcción del PNAF Acuerdo marco. En la primera fase se generó el compromiso político institucional necesario para que el proceso posterior se traduzca en la efectiva generación de políticas públicas. Durante esta fase se firmó una Resolución Ministerial (571/23 de MGAP) que reconoce ámbitos de construcción y referencias técnicas y políticas del proceso, y se acordó la metodología de construcción y productos con la sociedad civil, utilizando como referencia los 7 pilares del Plan de Acción Mundial. Esta etapa de acuerdo, dio inicio a un proceso que se extendió a lo largo de toda la construcción del plan que fue la comunicación, sensibilización y convocatoria a instituciones agropecuarias y extra agropecuarias en torno a la agricultura familiar, el PNAF y la posibilidad de ser partícipes del mismo con compromisos institucionales. Antecedentes y diagnóstico inicial. La segunda fase supuso la constitución de ternas técnicas para la sistematización de información antecedente y la construcción de un diagnóstico abreviado de la situación de la agricultura familiar en Uruguay, para cada uno de los pilares. La fase de antecedentes y diagnóstico pretendió que el PNAF se construyera bajo el reconocimiento de la situación real de la agricultura familiar, trascendiendo situaciones coyunturales y dando cuenta de nudos estructurales 11 del sector que la institucionalidad, la sociedad civil y la academia ha caracterizado a lo largo de los años. Durante esta fase y las posteriores, se sistematizaron las políticas públicas preexistentes, tanto focalizadas en el sector como aquellas que impactan en el mismo a pesar de ser generales. Este insumo constituye un punto de partida en el entendido que el PNAF es una construcción para mejorar la situación de la Agricultura Familiar, y por lo tanto se propone un trabajo incremental hacia el sector. El diagnóstico de partida fue sometido a revisión y ajuste por parte de sociedad civil y funcionariado, y constituyó el insumo a partir del cual se realizaron las consultas ciudadanas. Consultas ciudadanas. La tercera fase implicó el despliegue de un vasto dispositivo de participación a efectos de consultar tanto a sociedad civil como al funcionariado sobre el diagnóstico elaborado, los principales desafíos en cada uno de los pilares y las propuestas que superar los mismos. Para ello, los equipos territoriales de la DGDR ejecutaron 36 consultas territoriales convocadas a partir de las Mesas de Desarrollo Rural. Asimismo, las ternas encargadas de los pilares implementaron 14 consultas virtuales, dos por pilar, a sociedad civil convocada mediante redes y al funcionariado de la institucionalidad agropecuaria. Como resultado de este despliegue territorial y virtual, participaron de la etapa de consulta más de 1000 personas y se elaboraron más de 1200 propuestas. Como insumo de mediano plazo, las propuestas elaboradas en esta etapa se unificaron como fueron registradas y se les dio difusión pública a instituciones y organizaciones partícipes del proceso. Priorización. La cuarta fase parte de los diagnósticos y de las propuestas ciudadanas para asumir que la construcción de un plan factible implica jerarquizar y priorizar, esto es, identificar las líneas de acción clave en las cuales se conjugan pertinencia social, orientación político – institucional y viabilidad técnica. Para ello se sistematizaron las propuestas surgidas en la etapa previa y en el marco de la sección nacional de la REAF se identificaron las líneas prioritarias por pilar para, a partir de ellas, trabajar interinstitucional en concretar compromisos de política pública en consonancia con esas prioridades. Construcción interinstitucional de medidas incrementales. A partir de los diagnósticos, el listado de políticas preexistentes, la priorización y los marcos institucionales, la quinta fase implicó el trabajo técnico – político de construcción de medidas factibles. Esta etapa supuso un reiterado proceso de negociación que incluye acercamientos de los marcos institucionales, puesta en conocimiento del proceso, revisión de alcance y sentido de las medidas, análisis de viabilidad en los marcos presupuestales y de competencia de cada institución, redacción y revisión conjunta. En el marco de un plan que atraviesa administraciones de gobierno, como es el caso de PNAF Uruguay, esta etapa implica además un análisis permanente sobre los límites entre compromisos de alcance anual sujetos a la administración en curso- y medidas de mediano plazo vinculadas con líneas y competencias que son políticas de Estado. En este proceso se involucraron 40 instituciones y se realizaron más de 100 intercambios interinstitucionales y bilaterales técnicos y a nivel de autoridades. Estructuración. La sexta fase implicó la estructuración del plan a partir de siete pilares en torno a los cuales se espera transformar la realidad de la agricultura familiar. Durante la estructuración se identificaron las áreas que en cada pilar los diagnósticos y la ciudadanía marcó como principales, se identificaron las medidas a implementar en función de la priorización y las negociaciones interinstitucionales, se construyeron los indicadores de monitoreo e impacto y se propuso la estrategia de implementación y seguimiento. A lo largo de este proceso se recibieron documentos de incidencia de CNFR, CAF y MDR. Durante esta etapa se realizó un ajuste en la distribución de los pilares, 12 entendiendo que para Uruguay no era pertinente escindir en dos planos de acción las problemáticas y medidas de biodiversidad y agroecología del resto de las acciones en materia de ambiente y sustentabilidad, definiendo en consecuencia un pilar 6 de sostenibilidad, ambiente y cambio climático, y reservando para el pilar 7 los desafíos y políticas públicas vinculadas a la habitación del territorio y su multidimensionalidad. También esta fase permitió identificar como necesaria la distinción entre diagnóstico, plan de acción 2024 – 2028 y plan operativo anual. Revisión, validación y resolución. La etapa final de construcción del PNAF Uruguay parte del supuesto de que ninguna política de Estado puede serlo sin el acuerdo e impulso ciudadano, y que en consecuencia un Plan Nacional de la Agricultura Familiar debe necesariamente contar con la voz, refrendo y seguimiento de las OAF para ser efectivo. En ese marco, se realizó un nuevo proceso de diálogo en el marco de la sección nacional de la REAF, donde exponer y ajustar la estructura, medidas, propuesta de implementación y seguimiento del PNAF. A partir del acuerdo ciudadano y de la ratificación a nivel de autoridades de cada institución de las medidas del PNAF y el plan anual 2024, el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca firma la resolución que crea el Plan Nacional de la Agricultura Familiar 2024 – 2028 de Uruguay, convirtiendo el plan en normativa nacional. 13 3. Antecedentes: Marco Normativo e Institucionalidad para la Agricultura Familiar La Agricultura Familiar (AF) es reconocida a nivel global por su importancia y contribuciones en múltiples dimensiones. Las Naciones Unidas dan cuenta de esa centralidad a través de la declaración del Año Internacional en 2014 (Res. 66/222) y del Decenio 2019-2028 (Res. 72/239). En el mismo sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dan un marco general de pertinencia para la agricultura familiar y sus formas de producción y ocupación del territorio, que junto a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales, ponen en el centro de la agenda internacional esta población. Por su parte, el PARLASUR en el 2023, aprobó la Declaración de interés regional de la Ley de agricultura familiar, campesina e indígena, que recomienda la implementación de políticas públicas sobre agroecología y promueve la igualdad de género en la promoción del desarrollo sostenible del ambiente, como el desarrollo integral de las mujeres rurales. Asimismo, el PARLATINO ha jerarquizado su existencia a través de la aprobación de una Ley Modelo de Agricultura Familiar, que ya ha sido utilizada en varios países de América Latina3. Asimismo, el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y el Consejo Agropecuario Centroamericano cuentan con un Plan Subregional para la Década de la Agricultura Familiar. Particularmente en el MERCOSUR, se crea la Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) GMC/RES. Nº 11/04 como un órgano formal asesor en políticas públicas diferenciadas en Agricultura Familiar. La REAF ha impulsado en los ámbitos del MERCOSUR una serie de resoluciones, directrices y recomendaciones de política pública diferenciada, entre las que se destaca el reconocimiento e identificación de la Agricultura Familiar en el MERCOSUR (GMC/RES Nº 25/07), el reconocimiento mutuo de los registros nacionales voluntarios de la Agricultura Familiar de los Estados Parte (CMC/DEC 20/14), la creación del Fondo de la Agricultura Familiar (CMC/DEC 45/08), entre otras 20 normas en temáticas tales como igualdad de género, financiamiento, riesgo climático, extensión rural, cooperativismo, agroecología y juventud rural. A nivel nacional, la Sección Nacional de la REAF actúa como el ámbito de diálogo entre las instituciones de gobierno y la sociedad civil en materia de agricultura familiar (Res. MGAP 621/23). Este espacio a nivel nacional impulsa el desarrollo de políticas públicas diferenciadas, al mismo tiempo ofrece un ámbito de construcción de propuestas colectivas que el país comparte en el bloque regional. En Uruguay, existe desde 2023 una Estrategia Nacional para el Desarrollo Agropecuario (SENDA) como guía para el accionar a mediano plazo de las políticas sectoriales. En ese marco se destacan como líneas de acción vinculadas al DNUAF las medidas hacia la sostenibilidad de los agroecosistemas; el desarrollo productivo y social, especialmente el reconocimiento del asociativismo y su rol, la formación de productores/as y trabajadores/as, la gestión de riesgos, sistema de capacitación y transferencia tecnológica, el relevo generacional y la perspectiva de género; infraestructura y tecnologías de la información. 3 República Dominicana, Panamá, Costa Rica. 14 En el país, el Decreto Nº 769/08 internaliza las resoluciones del MERCOSUR en materia de reconocimiento e identificación de la Agricultura Familiar impulsando una primera definición “única e inequívoca de productor/a familiar” a efectos de las políticas diferenciadas. A los efectos efectos de identificación de esta población, el Art. 311 de la Ley 19.355, crea el Registro de Productores/as Familiares. Este instrumento ha sido utilizado como referencia para la aplicación de políticas públicas específicas por parte de diferentes instituciones estatales. Actualmente se encuentra vigente la Res. MGAP 1013/2016, la misma establece la definición operativa de “productor/a familiar agropecuario y pesquero” y reglamenta aspectos en relación al registro y su publicación. En esa Resolución Ministerial se considera Productor o Productora Familiar Agropecuario a “toda persona física que gestiona directamente una explotación agropecuaria y/o realiza una actividad productiva agraria. Esta persona, en conjunto con su familia, debe cumplir los siguientes requisitos en forma simultánea: a.- Realizar la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria con la contratación de mano de obra asalariada de hasta dos asalariados no familiares permanentes o su equivalente en jornales zafrales no familiares de acuerdo con la equivalencia de 250 (doscientos cincuenta) jornales zafrales al año por cada asalariado permanente; b.- Realizar la explotación agropecuaria de hasta 500 hectáreas, índice CONEAT 100, bajo cualquier forma de tenencia; c.- Residir en la explotación agropecuaria, donde se realice la actividad productiva agraria, o en una localidad ubicada a una distancia no mayor a 50 km; d.- Que los ingresos nominales familiares no generados por la explotación agropecuaria o actividad productiva agraria declarada sean inferiores o iguales a 14 BPC en promedio mensual”4. Adicionalmente identifica los criterios que definen a la Producción Familiar Pesquera, dentro de las personas que gestionan o realizan directamente una actividad de pesca artesanal o de pesca desde tierra. En forma complementaria, la Ley 19.292 de 2014 declara de interés general a la producción familiar agropecuaria y la pesca artesanal, en el marco de generar un régimen de reserva de mercado para la Agricultura Familiar y en su Art. crea el Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar. En materia de institucionalidad pública, la Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) fue creada por el Art. 161 de la Ley 19.760, es considerada la institución de referencia para gestionar las políticas diferenciadas hacia la agricultura familiar, debido a que en su órbita funciona el registro administrativo que identifica a los/as productores/as familiares. Por su parte, la Ley Nº 18.126 de 2007, hace foco en la descentralización de políticas públicas agropecuarias en el país y crea tres ámbitos: el Consejo Agropecuario Nacional, los Consejos Agropecuarios Departamentales y las Mesas de Desarrollo Rural (MDR). Sin ser un mandato explícito 4 Estableciéndose algunas excepciones para rubros particulares. 15 la inclusión diferencial de la agricultura familiar en las MDR, las OAF participan de las mismas y promueven una agenda de trabajo permanente. En tal sentido, desde 2011 existen personas de sociedad civil de cada MDR, delegadas a la Sección Nacional de la REAF. Adicionalmente a nivel territorial, específicamente a nivel sub nacional, existen normativas de gobiernos departamentales con foco en el sector. . A pesar de la existencia del Registro de Producción Familiar, la identificación explícita de la Agricultura Familiar como población objetivo de la institucionalidad agropecuaria es variable, constituyendo un desafío de posicionamiento del sector. Es en este marco general de la institucionalidad vinculada a la agricultura familiar a nivel internacional, nacional y subnacional que se desarrolla el Decenio de la Agricultura Familiar haciendo necesario comprender el entramado de instituciones, normativas y políticas que regulan al sector en el país. 3.1. Organizaciones de la Agricultura Familiar En el ámbito internacional y regional, se ha promovido el reconocimiento de las organizaciones de Agricultura Familiar (OAF) como actores legítimos en instancias de diálogo político. Aunque no existen criterios comunes a nivel regional para el reconocimiento de las OAF, la Res. GMC Nº 11/04 que crea la REAF, y otras recomendaciones, decisiones y declaraciones regionales, promueven y reafirman la importancia de participación y diálogo político entre las OAF y los gobiernos. El decenio de la Agricultura Familiar recoge esta centralidad de las OAF estableciendo como pilar 4 del mismo su fortalecimiento. En congruencia, la REAF y la Reunión Especializada de Cooperativas (REC) promovieron en forma conjunta la REC. N° 02/18 del CMC MERCOSUR de fomento del cooperativismo y el asociativismo de la agricultura familiar en el bloque. En Uruguay, las organizaciones sociales para ser reconocidas deben contar con personería jurídica inscripta en la Dirección General de Registros del MEC, de acuerdo a sus tipologías establecidas en diversas normas y cumplir, adicionalmente, la inscripción en diferentes registros administrativos. Particularmente respecto a la agricultura familiar, la Ley Nº 19.292 en su Art. 5 establece qué es una organización de la agricultura familiar para el régimen de compras públicas, señala que debe tener al menos cinco integrantes y al menos 70% de sus integrantes deben ser productores/as familiares registrados ante DGDR/MGAP. Asimismo, en el Art. 8 establece la creación del Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH) que tiene por objetivo, según el Decreto Nº 86/15, permitir una identificación funcional al régimen de compras estatales. Adicionalmente, la DGDR/MGAP crea el Directorio de organizaciones sociales del medio rural mediante la Res. 54/22, a efectos de identificar a las organizaciones que congregan a la agricultura familiar y la población objetivo de la DGDR que actualmente cuenta con 140 organizaciones registradas. Asimismo, en materia de asociativismo, la Ley 19.848 de 2019 declara de interés nacional la promoción, difusión, estímulo y desarrollo de la economía social y solidaria en cualquiera de sus expresiones; y la Ley 18.407 de 2008, general de cooperativas crea el Instituto Nacional de Cooperativismo (INACOOP) y promueve la regulación, constitución, organización y funcionamiento del sector cooperativo, incluyendo a las organizaciones de la agricultura familiar. El Art. 116 de dicha Ley establece que el MGAP fomentará la creación de cooperativas agrarias, difundirá su importancia y ofrecerá capacitación. 16 3.2. Inclusión socioeconómica de la Agricultura Familiar El quinto pilar del DNUAF, hace énfasis en una amplia área de trabajo, vinculada a las condiciones de bienestar de la Agricultura Familiar, y por lo tanto en su inclusión socioeconómica. Siendo necesario considerar los aspectos institucionales y normativos que incluyen la protección social, el acceso a servicios, a la tierra, la asistencia técnica y extensión rural, la comercialización, así como, el financiamiento. La extensión de estos determinantes, hacen necesario dar cuenta de una vasta normativa para el sector. A nivel regional, el MERCOSUR ha aprobado resoluciones, recomendaciones y directrices en diferentes ámbitos. La propia resolución de creación de la REAF (GMC Nº 11/04) menciona que uno de sus objetivos “es promover el comercio de los productos de la agricultura familiar”. Asimismo, la REAF ha impulsado normativa para el sector vinculada a Asistencia Técnica y Extensión Rural (Rec. GMC Nº5/17), comercialización e inocuidad (Rec. GMC Nº 6/21), sellos de la agricultura familiar (Rec. Nº 2/14), financiamiento (Rec. GMC Nº 5/10) y riesgos y seguros (Rec. GMC Nº 3/09). A nivel nacional, existe extensa normativa vinculada a las determinantes de la inclusión socioeconómica, que afectan a la agricultura familiar, pero que usualmente son de carácter general. A pesar de ello, se pueden identificar algunas normas específicas vinculadas a la Agricultura Familiar. Respecto a la protección social, particularmente en el área de seguridad social, existe un régimen tributario específico para una fracción de la producción familiar establecido en el Art. 32 de la Ley 18.341 y su decreto reglamentario Nº 778/08. Respecto al acceso a tierras, Uruguay cuenta con una institucionalidad específica, el Instituto Nacional de Colonización (INC) creado por la Ley 11.029 de 1948. Asimismo, se han aprobado la Ley Nº 18.064 vinculada a cargas impositivas, la Ley Nº 18.187 relativa a la renta y los incumplimientos, Nº 18.756 referida a la enajenación de predios, la Ley Nº 19.231 de creación del fondo de colonización, Ley Nº 19.577 sobre la enajenación por parte del INC y La Ley Nº 19.781 de titularidad conjunta. Todas ellas modifican el régimen marco de actuación del INC y particularmente las dos últimas contaron con un trabajo previo en la Sección Nacional de la REAF. En relación a la asistencia técnica y extensión rural, el país cuenta con varias instituciones con competencia en la materia. El Instituto Plan Agropecuario (Art. 241, Ley 16.736) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (Ley Nº 16.065) a través de la normativa específica, que junto al MGAP y otros cinco institutos agropecuarios son parte a su vez del Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural (Art. 233, Ley 20.212). Asimismo, el MGAP tiene en sus marcos constitutivos un rol a desempeñar en la materia, destacándose el énfasis de DGDR y DIGEGRA en el acceso a la asistencia técnica por parte de la Agricultura Familiar y la producción granjera. Respecto a la comercialización, ya se ha mencionado la Ley Nº 19.292 que crea un régimen de preferencia para las compras públicas a la agricultura familiar y la Ley Nº 19.685 que incluye una reserva específica para promover la equidad de género dentro de las compras públicas. A ellas se suman una serie de normativas nacionales y departamentales que fomentan espacios de comercialización de cercanía y ferias. 17 Finalmente, respecto al financiamiento, existe un sistema financiero que se encuentra normado e institucionalizado, con algunas herramientas específicas para la agricultura familiar. En tal sentido podemos mencionar el Art. 207 de Ley Nº 18.362 que crea el Fondo Agropecuario de Emergencia, la Ley Nº 17.503 del Fondo de reconstrucción y fomento de la granja, y la Ley 18.719 de creación del Fondo Desarrollo Rural. Adicionalmente, el Art. 723 de la Ley 19.355, habilita la operación en el régimen de micro finanzas a las micro empresas del sector agropecuario, asimiladas a las unidades de producción familiar registradas. Respecto a la institucionalidad, existen a nivel nacional ciertas agencias que entre sus cometidos tienen definido el trabajo sobre las cadenas de valor, particularmente respecto proyectos de I+D, certificaciones, apalancamientos diferenciales, como el caso de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). De éstas, únicamente ANDE cuenta con una línea específica para la agricultura familiar, en particular crédito para mujeres en coordinación con MEF y DGDR - MGAP. 3.3. Territorio, sistemas agroalimentarios, biodiversidad y sostenibilidad ambiental de la Agricultura Familiar La centralidad de los sistemas alimentarios, de la conservación del ambiente y de la biodiversidad es en la actualidad un marco inexorable de la producción agropecuaria. La preocupación sobre los efectos ambientales del quehacer humano, la vocación de construir sistemas alimentarios inocuos y sostenibles y el potencial de la agricultura familiar en la conservación de los territorios y de la biodiversidad, surgen como elementos constitutivos del Decenio de la Agricultura Familiar a través de los pilares 6 y 7. El vínculo entre la producción de alimentos y los sistemas naturales que la sostienen es cada vez más evidente, tanto por la dependencia de la producción de los recursos y procesos naturales, como por el impacto que genera la actividad humana sobre ellos. La base natural que sustenta la producción enfrenta algunos problemas y desafíos, incluyendo degradación de suelos, contaminación de suelos y aguas, pérdida de biodiversidad debido a los cambios en el uso del suelo y una creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos, afectando la resiliencia de los agroecosistemas. En el marco de las Naciones Unidas, las convenciones de Río, aprobadas en lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra en 1992, han jugado un rol clave para la incorporación de políticas y acciones que atiendan la crisis ambiental y el avance hacia una producción sostenible. Uruguay ha ratificado por ley las tres convenciones de Río: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD) y el Convenio de Diversidad Biológica (CDB). Por lo que se compromete a contribuir con acciones nacionales a los objetivos globales de estas convenciones. A su vez, Uruguay adhirió al Acuerdo de París de la CMNUCC, aprobado en 2015 con el objetivo de reducir sustancialmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para mantener la temperatura del planeta. En el marco del CDB, el país también ha ratificado los Protocolos de Nagoya y Cartagena, referidos al acceso a los recursos genéticos y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización y a la seguridad de la biotecnología respectivamente. En línea con estos acuerdos multilaterales, también 18 ratificó el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), que busca la conservación y la utilización sostenible de los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización. Estos acuerdos multilaterales se acompañan de procesos de planificación estratégica globales, destacándose la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Marco Global de Diversidad Biológica de Kunming-Montreal y la Cumbre de Sistemas Alimentarios. En congruencia, Uruguay ha establecido un marco normativo de leyes, decretos y planes que abordan temas ambientales, de cambio climático y sostenibilidad desde 1994. Los compromisos internacionales, son respaldados por leyes nacionales que materializan en el país las orientaciones globales. Entre ellas se destacan, la Ley N° 19.439 y el Decreto N° 310/017 de aprobación de la Política Nacional de Cambio Climático y el desarrollo de la primera y segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), en el marco del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC). Asimismo, el Decreto 205/017 aprueba el Plan Nacional de Aguas basado en la Ley Nº 18.610 de Política Nacional de Aguas, haciendo foco en: el agua para un desarrollo sostenible, el acceso al agua y el saneamiento como derecho humano y la gestión del riesgo de inundaciones y sequías. Por otro lado, respecto al ordenamiento territorial y las áreas protegidas, se destaca a nivel nacional las leyes Nº 17.234 que crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; la Ley 16.466 de Impacto Ambiental y la Ley Nº 18.308 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. Esta última con implicancias directas sobre la agricultura familiar, teniendo por finalidad mantener y mejorar la calidad de vida de la población, la integración social en el territorio, el uso y aprovechamiento sustentable y democrático de los recursos naturales y culturales. En el marco del ordenamiento territorial, también se han desarrollado normativa departamental como el Decreto 015/19 de la Intendencia de Canelones que da marco al plan de ruralidades canarias y aborda explícitamente la producción agroecológica. Adicionalmente, la Estrategia Nacional de Biodiversidad establece la política nacional para conservar y promover la utilización sostenible de la biodiversidad del Uruguay salvaguardando sus componentes y procesos, y asegurando el acceso y la repartición equitativa de los beneficios que de ella se derivan para maximizar la calidad de vida de todos los habitantes de las generaciones actuales y futuras. Por su parte, se crea institucionalidad pública en la materia, donde se destaca la existencia de un Ministerio de Ambiente y áreas de competencia específica dentro del mismo, a saber: la Dirección Nacional de Cambio Climático (DINACC) del Ministerio de Ambiente, es el punto focal de Uruguay en acuerdos multilaterales sobre cambio climático y capa de ozono, coordina el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático (SNRCC); la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (DINABISE) que coordina el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) y se orienta a la planificación y el cuidado del ambiente, en particular atendiendo al diálogo entre la diversidad biológica, con el desarrollo económico y social del país; la Dirección Nacional de Aguas que se orienta a la gestión integrada de las aguas de las cuencas y acuíferos nacionales y transfronterizos, y la implementación del plan nacional de aguas. 19 A nivel agropecuario, el MGAP es miembro de todos los grupos de trabajo del SNRCC, cuenta con una Unidad de Cambio Climático dentro de OPYPA y coordina el Plan Nacional de Agroecología y su comisión. Entre los marcos sectoriales en la materia se destacan: las leyes N° 19.717 y la N° 18.362 que promueven la producción agroecológica, y constituyen un adelanto en relación a lo establecido en el Decreto 557/008 de creación del Sistema Nacional de Certificación de la Producción Orgánica; el Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas que responde al mandato de la Ley N° 19.717 y busca fortalecer la soberanía y la seguridad alimentaria; la Ley Nº 18.747 de 2011 otorga beneficios fiscales para inversiones en agua en explotaciones agropecuarias; el Plan Nacional de Adaptación a la Variabilidad y el Cambio Climático para el Sector Agropecuario (PNA-Agro) de 2019, que apunta orientar el diseño, la coordinación y la priorización de políticas, programas y proyectos para atender las vulnerabilidades climáticas de los distintos sistemas de producción agropecuaria, apuntando a lograr un cambio de paradigma hacia un sendero de desarrollo resiliente y adaptado la variabilidad y el cambio climático en el sector agropecuario, considerando la perspectiva de género de forma transversal. Asimismo, el país se encuentra proyectando estrategias complementarias como la Estrategia Nacional de Economía Circular y la Estrategia Nacional de Bioeconomía Sostenible. Adicionalmente, la Ley 19.717 del 21 diciembre de 2018 del “Plan Nacional para el fomento de la producción con bases agroecológicas”, que en su Artículo 1° menciona explícitamente que “serán sujeto principal de estos sistemas de producción con bases agroecológicas los productores familiares agropecuarios”. En función de ello, el decreto reglamentario Nº 159/19 conforma la Comisión Honoraria y ésta formula el Plan Nacional de Agroecología. En materia de agricultura familiar y ambiente, la Sección Nacional de la REAF cuenta con un grupo de trabajo específico, y las organizaciones de la Agricultura Familiar son partícipes de la Comisión Honoraria del Plan Nacional de Agroecología. 3.4. Transversalidad de género y generacional de la Agricultura Familiar La necesidad de incluir enfoques transversales en las políticas públicas y normativas, y la centralidad de las mujeres y personas jóvenes en el quehacer general constituye ya un mandato ineludible. En el marco del Decenio de la Agricultura Familiar, la mirada transversal de género y generacional se plasman en los pilares 2 y 3. Los principales instrumentos globales en materia de igualdad género son la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y su protocolo facultativo (NNUU), la Resolución 76/140 orientada al “Mejoramiento de la situación de las mujeres y las niñas en las zonas rurales” de 2021, y las miradas transversales a otras herramientas internacionales (CMNUCC, ODS). A nivel regional, Uruguay ratificó la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (OEA, 1994), la Estrategia de Montevideo (CEPAL, 2016) como hoja de ruta para alcanzar los ODS y adhiere a la Declaración de la 1.ª Conferencia sobre Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe (CELAC, 2014), que insta a adoptar medidas para cambiar la situación en materia de desigualdad de género. En el MERCOSUR, a su vez, se dispone de directrices específicas en torno a una integración regional con perspectiva de género (Dec. 14/12 y Dec. 13/14), Asimismo, de directrices para la igualdad de género en políticas públicas para la agricultura familiar (Rec. 06/08) y de recomendaciones que hacen énfasis en mujeres rurales (Rec. 20 07/12), violencia basada en género en el medio rural (Rec. 01/18), así como se ha incluido transversalmente esta perspectiva en otras recomendaciones impulsadas por REAF. A nivel nacional, Uruguay ha sido un precursor en materia de normativa vinculada a los derechos de las mujeres y cuenta con una vasta legislación en materia de igualdad de género. Por su carácter abarcativa, los principales instrumentos vigentes son la ley N° 19.580 de violencia hacia las mujeres basada en género del año 2017 y la Ley N° 19.846 de igualdad de derechos y no discriminación en base al género entre mujeres y varones de 2019. La institución rectora para las políticas de género es el Instituto Nacional de las Mujeres que coordina el órgano máximo de las políticas de género, el Consejo Nacional de Género (CNG). A nivel de cada institución, las Unidades Especializadas de Género (UEG) constituyen el mecanismo de género institucional y son las encargadas de la transversalidad de género de las políticas sectoriales, contando el MGAP con una UEG propia. En materia de agricultura familiar debe destacarse que la ley 19.846 prevé que el CNG esté integrado por el MGAP e INC, entre otras instituciones públicas, y por una representante de las organizaciones de mujeres rurales entre las cinco voceras de la sociedad civil. Asimismo, establece como lineamiento para las políticas públicas la prevención de la discriminación hacia las mujeres rurales y la adopción de acciones afirmativas hacia ellas (Art. 7, literal C). Adicionalmente, las antedichas leyes N° 19.685 de Promoción del Desarrollo con Equidad de Género de 2018 y N° 19.781 de titularidad conjunta del Instituto Nacional de Colonización de 2019, y la Resolución Ministerial 534/2021 Aprobación del Plan Nacional de Género en las Políticas Agropecuarias (PNG Agro) y el Decreto Presidencial 161/2022 de Gobierno Abierto que establece el monitoreo público del PNG Agro. En la actualidad, el PNG Agro es la política más relevante en materia de género y ruralidad a nivel nacional con 83 compromisos de política pública asumidos por toda la institucionalidad pública agropecuaria. Por su parte, la transversalidad generacional y la visibilidad del aporte de las juventudes, en especial las rurales, enfrenta aún desafíos que el movimiento feminista y el mainstreaming de género han logrado vencer en materia de protagonismo de las mujeres. Paulatinamente, las juventudes rurales van ganando visibilidad en la agenda de desarrollo y consecuentemente en los acuerdos internacionales y regionales. A nivel global, los ODS han reconocido la importancia de un aporte diferencial de las juventudes y de un rol sustantivo en el logro de la agenda, sin constituir un PDS específico. A nivel del MERCOSUR los avances normativos referidos a la juventud rural se vinculan directamente al trabajo impulsado desde REAF. En 2007, se formalizó la creación del Grupo de Trabajo Juventud Rural en la REAF, con la iniciativa de atender las demandas y necesidades de las juventudes rurales, y como producto regional de concretaron la Rec. CMC 02/11 de educación rural y la Rec. CMC 07/17 Políticas públicas para juventud rural. A nivel nacional, el grupo de trabajo de juventud rural incluye instituciones públicas vinculadas a la agricultura familiar (DGDR – MGAP), a la política nacional de juventud (INJU – MIDES) y al sector educativo (UTU – ANEP). 21 INJU constituye la institucionalidad de referencia para las políticas juveniles, y en ese marco, desarrolló el Plan de acción de Juventudes 2015-2025 construido con la participación activa de los/las jóvenes y que incluye una mirada hacia las juventudes rurales. Asimismo, mediante el proceso de reinstalación de la Comisión Honoraria de las Juventudes Rurales se recrea en el ámbito del MGAP un espacio de coordinación y colaboración entre la institucionalidad pública, especialmente la agropecuaria, y las juventudes rurales de la agricultura familiar y otros subsectores del agro. 22 4. Agricultura familiar: situación y desafíos A partir de los antecedentes de marcos normativos e institucionales preexistentes, el presente apartado da cuenta en forma sintética de la situación de la Agricultura Familiar en el país. Se señalan los principales desafíos y brechas que los estudios académicos, informes institucionales y documentos de incidencia de las OAF destacan, especialmente en torno a los pilares del Decenio de la AF. Cada pilar cierra con una presentación sintética de los desafíos y propuestas surgidas en las consultas ciudadanas, complementando en este apartado diagnóstico la información surgida del análisis documental sistemático de antecedentes institucionales y académicos, con técnicas de relevamiento cualitativos. En Uruguay la agricultura familiar ha venido sufriendo un retroceso en el número de explotaciones y superficie en la que produce. A pesar de la relevancia atribuida por el marco del DNUAF, el periodo intercensal señala la reducción de 12.241 explotaciones agropecuarias entre 2000 y 2011, principalmente de explotaciones 1 a 99 hectáreas donde es dable ubicar principalmente predios de la Agricultura Familiar (Carámbula, 2015). Un análisis de los datos del CGA 2011 identificando la población del censo que responde a la definición de la producción familiar, señala que estas unidades eran el 56,3% del total de las explotaciones, pero producían únicamente en el 13,7% de la tierra (Sganga et al, 2014). Asimismo, la información preliminar del CGA en curso, señala el incremento de la tierra explotada por las grandes superficies y consecuentemente un aumento de la concentración (Acosta y Zanotta, 2023). El Registro de la Producción Familiar (DGDR - MGAP) es la herramienta operativa y voluntaria para la identificación de la Agricultura Familiar en Uruguay, a efectos de la focalización de políticas públicas. Por su amplia cobertura (Sganga et al, 2014), es posible utilizar la información provista por este registro para describir el sector. Conforme el mismo, Uruguay contaba a enero de 2024 con 16.321 unidades productivas y 28.377 personas registradas dentro de ellas que cumplen los requisitos establecidos para ser identificadas como productores/as familiares. El análisis realizado por Sanguinetti et al (2024) sobre los hogares de estas unidades, señala que 81.518 personas están vinculadas a las unidades de producción familiar, integrando tanto quienes son productores/as como quienes residen en el hogar y no trabajan en la producción agropecuaria y/o son personas de menos de 14 años. El mapa siguiente da cuenta de la distribución en el territorio de las unidades de producción familiar presentes en el Registro de Productores/as Familiares, constatándose una distribución en todo el territorio nacional con algunas cuencas de concentración como Canelones, sur de San José y oeste de Lavalleja. 23 El análisis a enero 2024 de los rubros principales de las Unidades de Producción Familiar evidencia la diversidad de actividades agropecuarias que desarrollan, destacándose la ganadería que concentra el 53,6% del total de las unidades y el 78,2% de la superficie registrada como producción familiar (RPF/DGDR - MGAP, 2024). 24 Unidades de producción familiar por rubro principal, distribución y superficie explotada a Enero 2024 Fuente: Registro de Productores/as Familiares (DGDR - MGAP, 2024). Conectando información de registros con información estadística nacional (ECH - INE), Sanguinetti et al (2024) identifica que la producción familiar a 2022 aportó el 14% del valor de producción nacional, concentrando el 54% del valor generado por horticultura, el 35% de la fruticultura, el 43% de la apicultura, el 20% de la lechería y el 10% de la ganadería bovina. La misma fuente señala que el peso de la producción familiar en el valor generado ha ido descendiendo en forma persistente de 2018 a 2022, de 17% a 14% respectivamente. Respecto al trabajo que se desarrolla al interior de las unidades de producción familiar, Sanguinetti et al (2024) indica que 40.226 personas trabajan en estas unidades, lo que corresponde al 29% del empleo agropecuario de 2022. Finalmente, los estudios sobre el sector señalan que tiene características distintivas en relación al conjunto de las explotaciones del país, a saber: involucran principalmente trabajo familiar; cuentan con menor superficie promedio; tienen mayor población residente; acceden en menor medida a asistencia técnica; se concentran en sectores claves dentro de cadenas productivas como la ganadería de cría y ovina, y en rubros altamente vinculados a la soberanía alimentaria hortifruticultura, avicultura; enfrentan desafíos de productividad y comercialización; cuentan con menor inversión, infraestructura y acceso a tecnología; sufren desplazamiento a suelos de menor productividad y una creciente presión por el uso y consecuente deterioro de los recursos naturales (Piñeiro, 2005; Tommasino y Bruno, 2006; Rossi, 2010; Dogliotti et al, 2012; Vassallo, 2013; De Torres et al, 2018; Florit, 2023; Olascuaga y Villalba, 2020). Ganadería bovina 8764 852.594,52 97,28 Horticultura 3349 41.399,93 12,36 Lechería: remitente 907 72.134,58 79,53 Ganadería ovina 560 48.904,41 87,33 Agricultura de cereales y oleaginosos 539 27.032,30 50,15 Apicultura 370 3.189,88 8,62 Fruticultura y citricultura 361 4.838,17 13,40 Lechería: quesería artesanal y otros 341 18.651,55 54,70 Aves 304 4.451,46 14,64 Forraje para ventas 257 5.179,80 20,15 Viticultura 198 3.016,57 15,24 Cerdos 116 1.700,19 14,66 Otros 78 1.889,10 24,22 Tabaco 72 1.772,36 24,62 Floricultura y plantas ornamentales 44 353,44 8,03 Caña de azúcar 24 957,80 39,91 Forestación (leña y otros) 17 464,50 27,32 Caprinos 10 130,00 13,00 Turismo rural 6 237,00 39,50 Artesanías rurales 4 49,50 12,38 Total general 16321 1.088.947,06 66,72 Suma de superficie de UPF (hás físicas) Promedio de superficie de UPF (hás físicas) Cantidad UPF Rubro principal 25 Esta situación general del sector constituye el marco para la identificación de los principales desafíos que, en cada pilar del DNUAF, enfrenta la Agricultura Familiar a nivel nacional. Al mismo tiempo, da cuenta del potencial y las oportunidades de mejora que la Agricultura Familiar implica para el país. 4.1. Pilar 1. Crear un entorno político propicio para fortalecer la agricultura familiar El Pilar 1 del DNUAF, es transversal al mismo ya que se orienta a los marcos normativos e institucionales para la incidencia y la promoción de la agricultura familiar. Visto que la sección 3 de este documento se dedicó integralmente a dar cuenta de estos aspectos a nivel global, regional y nacional, aquí se hará una escueta síntesis de lo procedente y se hará foco en las políticas existentes y en los desafíos y oportunidades de mejora en el marco institucional y normativo. La noción de políticas diferenciadas para la producción familiar agropecuaria fue un proceso paulatino, cuya consolidación se vinculó con la incidencia de la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del MERCOSUR (Res. GMC 11/04) y las OAF. Previo a ello, las políticas contemplaban desigualmente acciones en función de escala, pero no se contaba con una definición operativa validada que permitiera la focalización de la política pública y que contemplara otras características de la producción familiar más allá de la limitada superficie. Si bien el término era utilizado en ámbitos académicos, es sólo hasta las normas que crean el Fondo de Desarrollo Rural que el mismo es internalizado institucionalmente en la política agropecuaria. El cometido fundamental de contar con una definición y registro, es identificar la población objetivo para aplicar las políticas diferenciadas. A partir de ello se cuenta con información y datos para la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas. Posteriormente y como se señala en el marco del pilar de organizaciones, en el marco del régimen de compras públicas se creó también un Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH). Actualmente existen 20 políticas dirigidas a productores/as familiares que utilizan los registros de la DGDR - MGAP para identificar tanto personas, como empresas y unidades productivas, y organizaciones de la Producción Familiar (ver anexo). A pesar de ello, la utilización del registro para la focalización de políticas públicas para el sector es relativamente escaso (Rodriguez et al, 2016), destacándose el acceso diferenciado y/o exclusivo de Productores/as Familiares a las convocatorias abiertas de la DGDR con financiamiento parcial de inversiones y asistencia técnica, y cuatro instrumentos definidos por distintos marcos legales: el subsidio del aporte mínimo patronal; la exoneración parcial de la contribución inmobiliaria; el fondo agropecuario de emergencia; la reserva de mercado para la agricultura familiar. Actualmente no se cuenta con un reporte de la situación de todas las políticas públicas existentes que incluyen a la agricultura familiar como población objetivo, su volumen ni presupuesto asociado. Dado el vacío de información, la construcción del PNAF implicó una amplia consulta interinstitucional que permitió construir un documento síntesis de 90 políticas existentes que en forma general o específica abordan a esta población, en una diversidad de áreas temáticas e instituciones. Estas 90 políticas incluyen acciones vinculadas a todos los pilares del Decenio de la AF, pero no es posible establecer una valoración sobre su envergadura e impactos. En este sentido, es necesario señalar, que si bien existen una serie de políticas públicas que inciden sobre la agricultura familiar sólo 20 utilizan los registros de DGDR y la mayoría no son específicas para esta población, siendo principalmente políticas generales que inciden en el medio rural, sectorial o en la producción agropecuaria. 26 Cabe recordar que la normativa pre citada insta al desarrollo de políticas focalizadas, afirmativas, para la producción familiar y señala al Registro de Productores/as Familiares como el instrumento para esa identificación y mejora del proceso de focalización. Esto pone en evidencia que existe un espacio de oportunidad para mejorar focalizaciones, ajustar políticas públicas y difundir el uso del Registro de Producción Familiar en el marco del PNAF. En relación a la mejora de la gobernanza inclusiva y eficaz para el diseño, implementación y seguimiento de políticas de forma integral, eficaz y centrada en la agricultura familiar, existe una demanda histórica de las organizaciones nacionales, particularmente CNFR y CAF, de participar en mayor medida en las etapas de diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas diferenciadas hacia la agricultura familiar y de incidir en las mismas, sin detrimento de los espacios ya existentes (MDR, REAF, ATDR). Adicionalmente, se identifica una presencia marginal de la Agricultura Familiar agenda pública y una escasa visibilidad y reconocimiento del sector y sus potencialidades. Esta menor visibilidad impacta en la capacidad de incidencia en la agenda nacional y local sectorial y extra sectorial, con las necesidades e intereses diferenciales de la agricultura familiar (Fernández, 2012; Villalba, 2018). El cuadro siguiente, da cuenta de las problemáticas y propuestas identificadas en las consultas ciudadanas en relación con los marcos normativos y la institucionalidad para la promoción de la Agricultura Familiar. 27 Consultas ciudadanas en torno al Pilar 1 Problemáticas y desafíos Propuestas ✔ Normativa inadecuada para la AF o insuficiente para apoyar a la misma. ✔ Ausencia de información sobre el estado de situación de la AF en múltiples dimensiones. ✔ Dificultades de coordinación institucional de políticas y agendas territoriales. ✔ La definición Productor Familiar actual no se ajusta a algunas situaciones y casos y el registro tiene dificultades operativas. ✔ No todas las políticas públicas diferenciadas para la AF se vinculan al Registro de Productores/as Familiares. ✔ Falta presupuesto para el desarrollo de políticas focalizadas para la AF. ✔ Carga tributaria no adecuada para la AF, no se considera la figura del trabajador familiar, la jubilación no permite seguir trabajando legalmente, doble tributación, figura de cónyuge colaboradora. ✔ Desconocimiento y dificultades de comprensión sobre facturación y aspectos tributarios asociado, y no todas las unidades de producción familiar están formalizadas ✔ Requisitos para pescadores artesanales son una dificultad para el desarrollo de la actividad debido a su contexto socio económico. ✔ Espacios de diálogo político a nivel territorial debilitados y OAF con baja incidencia. ✔ Ausencia de mecanismos de apoyo a la participación y fortalecimiento de las OAF. ✔ Falta espacio comunicacional donde encontrar todas las políticas diferenciadas para la AF. ✔ Desvalorización de la actividad desarrollada por los propios AF, falta de identidad. Ausencia de valorización del aporte económico, social, cultural y ambiental de la AF. ✔ Falta de posicionamiento en la agenda pública, la academia y el sector educativo de la AF. ✔ Desarrollar cambios normativos ajustándose a las características de la AF. ✔ Generación de sistema de información de la AF con datos de diferente origen e indicadores socio-económicos del sector. ✔ Vincular el PNAF a otros planes y estrategias, fomentando la articulación interinstitucional. ✔ Modificar la actual definición de Productor/a Familiar ajustando con participación y aportes. ✔ Promover que más instituciones y políticas utilicen el Registro de Productores/as Familiares. ✔ Mejorar el Registro de Producción Familiar y fiscalización del mismo. ✔ Fortalecer el Fondo de Desarrollo Rural para generar políticas públicas diferenciadas para la AF asegurando recursos genuinos y sostenibles. ✔ Promover cambios normativos en aportes para doble tributación, cónyuge colaboradora, trabajadores familiares sin acceso a protección social (Ej. FONASA). ✔ Desarrollar capacitaciones en aspectos de gestión y tributación con foco en AF. Desarrollar un programa de formalización y atención al endeudamiento de los PF. ✔ Generar un mecanismo que permita que el trabajador de la AF pueda jubilarse y seguir trabajando vinculado a la actividad. ✔ Ajustar requisitos y desarrollar programa de apoyo a los Productores Familiares Pesqueros. ✔ Jerarquizar a las MDR dotándolas de capacidad de decisión de políticas públicas para la PF, con protagonismo de las OAF. ✔ Generar un espacio virtual amigable donde se publiquen todas las políticas y acciones para la AF. ✔ Desarrollar programa de sensibilización y comunicación con eje en "conciencia agropecuaria" mostrando a toda la población roles multidimensionales de AF. Fuente: Elaboración propia en función de consultas ciudadanas (2023) 28 4.2. Pilar 2. Apoyar a los/as jóvenes y asegurar la sostenibilidad generacional de la Agricultura Familiar En Uruguay, de los 836.957 jóvenes, el 17.9% son rurales, destacando una proporción de varones del 54.6% (ECH, 2018). La distribución por tramo de edad muestra que el 30,2% tiene entre 14 y 17 años, el 45,7% entre 18 y 24 años, y el 24,1% entre 25 y 29 años. Al analizar la migración juvenil interna en Uruguay, se observa como principal razón los motivos familiares o personales (50%), seguido por motivos laborales (21,5%) y de estudio (15,2%) (ENAJ, 2020). La tendencia en Uruguay es que los/as jóvenes rurales en particular lo hagan hacia los centros urbanos o de mayor densidad de población. Esta emigración de las juventudes rurales constituye un elemento crítico en los estudios desde el desarrollo, no sólo en términos de observar las características de una ruralidad expulsiva, sino también sus limitantes para el retorno o atracción de otros/as jóvenes no rurales. Los antecedentes indican que la migración se relaciona en las juventudes rurales con factores como oportunidades económicas, problemas de infraestructura y limitado acceso a servicios esenciales (Cardeillac et al, 2019; Cardeillac y Piñeiro, 2015). Las dimensiones claves que impactan en la realidad de las juventudes rurales e implican desafíos centrales para la política pública son: la participación/comunicación; el bienestar incluyendo salud mental, sexual y reproductiva, el acceso a la recreación, a la cultura y a la educación, así como también el desarrollo de la autonomía económica con énfasis en proyectos productivos sustentables, el acceso a tierra y a recursos productivos (Agenda de Juventudes Rurales, 2019). Los diagnósticos nacionales han puesto de manifiesto que los/as jóvenes rurales afrontan problemáticas para el desarrollo de sus autonomías, identificándose que acceden en menor medida a la tierra, al empleo, al crédito y a los apoyos a la producción (Cardeillac y Piñeiro, 2015). En el último Censo Agropecuario (CGA 2011) se identificaron 1.683 jóvenes titulares de explotaciones agropecuarias (3,6%), mientras en el CGA 2000 había 3041 explotaciones, 5,3% de las existentes, en manos de jóvenes. Para este segmento de la población, las brechas en el acceso a la tierra, el capital y en particular a los apoyos a la producción aparecen como elementos claves en su supervivencia en el medio rural (Cardeillac y Piñeiro, 2015). Asimismo, es importante considerar las diferencias que existen entre las juventudes urbanas y rurales. Según la Encuesta Nacional de Adolescencia y Juventud (2020), los jóvenes rurales empiezan a trabajar más tempranamente que sus pares urbanos, y en mayor medida en empleos precarios en el sector informal como pueden ser zafras o changas en el sector agropecuario. Si analizamos los datos del trabajo remunerado en función del sexo, se observa una brecha de género, mientras que el 55,7% de los varones jóvenes rurales se encuentra trabajando, en el caso de las mujeres es el 29,4% (ENAJ, 2020). El acceso a la educación constituye una dimensión clave para el desarrollo de trayectorias juveniles autónomas tanto en el medio urbano como rural. En este sentido, se constata, por ejemplo, que la proporción de población urbana tanto a nivel de asistencia como de finalización de educación media es mayor que la rural y a su vez, a la interna de la población rural existe un sesgo de género en 29 favor de las mujeres (Guiskin, 2019; ENAJ, 2020). El acceso a la educación media completa en el medio rural no está garantizada (Martínez Viroga, 2016; Florit y Sarli, 2019), a pesar de la evidencia que indica que el modelo de desarrollo agropecuario tiene en la formación de su capital humano un elemento clave (SENDA, 2023) En relación a la participación/comunicación, se identifica como una problemática la baja participación de las juventudes rurales en los ámbitos de toma de decisiones, tanto en sus espacios de producción, como en las diferentes instancias de organización comunitarias (Bergero, 2020). A pesar de que en muchos casos integran áreas de juventud dentro de las Organizaciones de la Agricultura Familiar (OAF), la presencia de jóvenes como referentes y dirigentes es escasa. Entre los factores que obstaculizan la participación juvenil se identifican: estereotipos sobre cómo debe ser el liderazgo, privilegiando el líder adulto y varón; falta de espacios juveniles específicos; baja escucha y comprensión de las necesidades e intereses de los/las jóvenes; bajo nivel organizativo y baja renovación interna de los espacios juveniles en las organizaciones; limitada accesibilidad a información; carencia de canales efectivos de comunicación tanto entre pares como con personas adultas (Celiberti y Filardo, 2008; Romero, 2010; IICA, 2017). La baja participación y las dificultades de comunicación son aspectos cruciales que afectan la capacidad de las juventudes rurales para influir en las decisiones y contribuir al desarrollo sostenible de sus comunidades, al tiempo que modelar el territorio desde su perspectiva (FAO, 2022). En lo que refiere al bienestar, las juventudes rurales experimentan dificultades para acceder a servicios en un proceso de desigualdad y exclusión donde se intersectan los patrones adultocéntricos con las diferencias territoriales. Al respecto, el acceso a servicios de salud mental, y salud sexual y reproductiva aparece como un desafío para la población en general y para los/las jóvenes rurales en particular. Asimismo, la radicación rural surge como un obstáculo en el acceso a la cultura y ámbitos de socialización vinculados a la recreación y deporte, demandas típicas de las etapas y edades juveniles. Para el ámbito de los proyectos productivos sustentables, las juventudes rurales enfrentan obstáculos para acceder a políticas públicas de apoyo a la producción indispensables para promover trayectorias de autonomización a través del desarrollo de proyectos agropecuarios sostenibles y propios Asimismo, los antecedentes evidencian la necesidad de profundizar las políticas productivas específicas para las juventudes, adaptadas a sus necesidades y condiciones, particularmente en lo que respecta al acceso a tierra, recursos financieros, productivos, asistencia técnica y capacitación (INJU, 2014; Agenda de Juventudes Rurales, 2019). Finalmente, cabe señalar que la masculinización de los territorios rurales, especialmente en la agricultura familiar, revela que la permanencia está ligada al proyecto de la generación sucesora, el cual presenta una brecha de género. En este sentido, mientras los varones se proyectan como agricultores dando así continuidad al modelo paterno, las mujeres buscan rupturas con el modelo materno de cuidados y tareas domésticas, migrando a zonas urbanas para continuar sus estudios (Gallo et al, 2011). Adicionalmente, en relación al trabajo no remunerado y de cuidados, en sintonía con lo que sucede a nivel nacional (EUT, 2022), en el medio rural se observa una persistencia de esa sobrecarga con sesgo de género, siendo del 48% la proporción de mujeres jóvenes que cuidan y sólo el 27,5% de varones jóvenes declaran cuidar (ENAJ, 2020). En este sentido, es clave plantear la 30 necesidad de considerar la interseccionalidad género-generaciones a la hora de analizar el acceso a recursos y el pleno ejercicio de derechos (Cardeillac et al., 2019; PNG Agro, 2021). La síntesis precedente, pone de manifiesto que ya sea para la permanencia de quienes ya están en el medio rural o para la migración urbano – rural de quienes opten por este medio y la producción agropecuaria, existen profundas limitantes y falta de oportunidades para que los/as jóvenes accedan a condiciones para desarrollarse en el medio rural. Las consultas ciudadanas realizadas en el marco del PNAF y presentadas en el Cuadro siguiente, son congruentes con los antecedentes: Consultas ciudadanas en torno al Pilar 2 Problemáticas y desafíos Propuestas ✔ Dificultad para acceder a recursos productivos. ✔ Limitaciones en el acceso a la tierra ✔ Barreras en el acceso al crédito. ✔ Falta de apoyo y acompañamiento técnico. ✔ Escasas oportunidades laborales. ✔ No hay servicios de salud mental. ✔ Menor acceso a actividades culturales, recreativas y deportivas. ✔ Dificultad para acceder a la educación y falta de oferta posterior a la educación primaria ✔ Falta de oportunidades de formación/capacitación. ✔ Dificultad para acceder a la información. ✔ Emigración de los/as jóvenes del campo. ✔ Definición restrictiva del rango etario para la juventud rural. ✔ Falta de una política sectorial de juventud ✔ Limitaciones en el acceso a espacios de participación e incidencia. ✔ Dificultades en el relevo generacional a nivel familiar y de organizaciones. ✔ Políticas focalizadas de apoyo a la producción agropecuaria. ✔ Promover el acceso a tierra de los/as jóvenes. ✔ Desarrollar herramientas financieras específicas. ✔ Facilitar el acceso a la Asistencia Técnica. ✔ Políticas públicas de empleo juvenil. ✔ Promover políticas de salud mental. ✔ Desarrollar herramientas que faciliten el acceso a la cultura, recreación y deporte. ✔ Promover políticas educativas adecuadas y de calidad, diversificar la oferta secundaria y terciaria en el medio rural ✔ Mejorar el acceso a capacitaciones. ✔ Mejorar el acceso a la información. ✔ Facilitar el acceso a la vivienda. ✔ Ampliar el rango etario de juventud en el medio rural. ✔ Desarrollar un Plan Nacional de Juventudes Rurales. ✔ Promover la participación e incidencia de los/as jóvenes. ✔ Fomentar el relevo generacional. Fuente: Elaboración propia en función de consultas ciudadanas (2023) 31 4.3. Pilar 3. Promover la equidad de género en la agricultura familiar y el papel de liderazgo de las mujeres Uruguay cuenta con un vasto análisis de la situación de las mujeres rurales, y en particular de las vinculadas a la agricultura familiar surgida de publicaciones académicas, documentos de incidencia de las organizaciones y diagnósticos institucionales. Estos insumos permiten señalar que las mujeres rurales y de la agricultura familiar enfrentan múltiples formas de desigualdad generadas a partir de patrones de género sexistas, atravesadas asimismo por las brechas territoriales. Los seis ejes principales donde se manifiestan estas desigualdades son: económico productivo; empoderamiento y participación; ambiente y soberanía alimentaria; conocimiento; violencia basada en género; acceso a infraestructura y servicios. La autonomía económica de las mujeres de la agricultura familiar surge como un obstáculo para su desarrollo personal en múltiples niveles. En primer término, las mujeres acceden en menor medida a la propiedad de la tierra (19,7%) y las tierras que explotan son de menor superficie (11,2%) (Florit, 2021). Esto también se corrobora en las tierras del INC, donde las mujeres titulares de las unidades de producción familiar del INC son el 27% y ocupan el 23% de la tierra en propiedad, y el 36% y 27% de la tierra en arrendamiento (INC, 2022). Asimismo, encuentran obstáculos para el acceso al crédito y a vías de comercialización de sus productos (Florit, 2021 y 2022), y representan sólo 21,4% de las personas ocupadas en la fase primaria (DIEA, 2022). En estos procesos de masculinización de la tierra, la producción y el empleo agropecuario actúan brechas en el acceso al capital y estereotipos de género en las familias, mercado e instituciones (Gallo, Molinaro y Osorio, 2011; Florit, 2014 y 2021). Por su parte al analizar los roles al interior de las unidades de producción, se detecta que el trabajo agropecuario de las mujeres se concentra en ciertas tareas (Chiappe et al, 2017 y Bernheim, 2018), de menor contacto con el entorno, menor porte y retorno económico (Florit, 2014 y 2022). Según el último censo agropecuario (CGA, 2011), el 35% de las mujeres que trabajan en forma permanente en los predios no recibe remuneración, frente al 12% de sus pares varones (Mascheroni, 2016). A su vez, desarrollan dentro de los predios múltiples tareas y cargan con la mayor proporción del trabajo reproductivo, por lo que tienen una alta carga global de trabajo (Batthyany, 2013) y un continuum entre trabajo agropecuario y reproductivo (Florit, 2022). Si bien se observa un reciente desarrollo de mujeres en cargos directivos de las organizaciones nacionales (Cardeillac et al. 2019 citado en Florit op. cit., 2021), la superposición de trabajo productivo y reproductivo ocasiona dificultades para la participación de las mujeres en ámbitos extra domésticos, que se suman a dificultades de movilidad (Vitelli, 2003; Florit, 2021). Según Bernheim (2018), el 58% de las mujeres encuestadas de la lechería, la ganadería y la horticultura expresan que no participan en organizaciones o grupos rurales, siendo sus principales motivos la escasez de tiempo, limitantes para el traslado y la falta de conocimiento de grupos en la zona. Asimismo, señala que sólo el 10% de las que participa integra directivas de organizaciones. La baja presencia de mujeres en espacios de representación política partidaria también se refleja en el medio rural, donde el 18,5% de las alcaldías y el 34,5% de los cargos de concejales son ocupados por mujeres (ONU Mujeres, 2021). La división sexual del trabajo afecta por lo tanto la participación de las mujeres en las decisiones productivas y su incidencia en las prácticas y políticas de innovación y vinculadas a la adaptación y mitigación. A pesar de ello, la evidencia nacional señala que cuando las mujeres participan de las decisiones productivas existe una actitud más favorable hacia la adopción de medidas 32 de adaptación en establecimientos agropecuarios (Bernheim, 2018; Balderrín, 2023). Asimismo, se ha identificado una importante presencia de las mujeres en colectivos vinculados a temas ambientales y de soberanía alimentaria en espacios territoriales, especialmente en relación a prácticas agroecológicas, la conservación de semillas, el acceso a tierras y el cuidado de los bienes comunes, especialmente los montes nativos y el agua. Por su parte, el PNG Agro identificó que existen brechas de género en el acceso a la información productiva y climática, al conocimiento sectorial y de políticas públicas para la producción y a la capacitación agropecuaria. Se identifica en congruencia una menor participación de las mujeres en los cursos y formaciones impulsadas desde el sector agropecuario privado y público (Florit, 2021) y menor acceso a la asistencia técnica predial y contacto con la misma cuando llega a las unidades productivas (Florit et al, 2013 y 2021). Estas brechas, asentadas en estereotipos sobre quién es la persona decisora y quién ocupa el rol de “productor” (Florit, 2022) afectan la posibilidad de las mujeres de ser parte de la toma de decisiones y el desarrollo productivo de sus establecimientos. Como otra manifestación de las desigualdades de género, surge la violencia basada en género (VBGG) en sus diferentes formas. Los diagnósticos nacionales muestran que la VBGG afecta a las mujeres rurales y de la agricultura familiar, y que obstaculizan sus estrategias de salida de la violencia los estereotipos fuertemente sexistas que existen en el medio rural, la ausencia de autonomía económica, el aislamiento, los escasos servicios de respuesta en el medio (Florit, 2021). Finalmente, las desigualdades de género se entrecruzan con las territoriales, generando una situación de menor acceso a servicios e infraestructura por parte de las mujeres. Por una parte, los sesgos en el acceso a vehículos y a estrategias de movilidad, obstaculizan la llegada de las mujeres a las capitales y centros urbanos, por otra la sobrecarga de responsabilidades de cuidados y trabajo reproductivo les demanda una movilidad propia y de otras personas especialmente exigente (Florit, 2021). Los documentos de incidencia de sociedad civil destacan especialmente las dificultades de acceso a los servicios de salud, para el ocio y tiempo libre y de respuesta frente a la violencia basada en género y generaciones. Congruente con lo anterior, el siguiente Cuadro resume las problemáticas y desafíos identificadas en el Pilar 3 durante las consultas ciudadanas, y las propuestas realizadas para dar respuesta a esas problemáticas por parte de la sociedad civil y el funcionariado participante de las consultas. 33 Consultas ciudadanas en torno al Pilar 3 Problemáticas y desafíos Propuestas ✔ Limitantes de movilidad. ✔ Acceso a la salud. ✔ Aislamiento y recreación. ✔ Titularidad y aportación a BPS. ✔ Sobrecarga de trabajo reproductivo. ✔ Dificultades para acceder a la tierra y producir con autonomía. ✔ Falta de oportunidades para Mujeres Rurales y desconocimiento de políticas públicas existentes. ✔ Escaso acceso al crédito. ✔ Bajo acceso a capacitaciones. ✔ No se considera y valora el papel como agentes del ambiente y soberanía alimentaria. ✔ Los estereotipos de género afectan a las mujeres. ✔ Sesgos de género y falta de empoderamiento. ✔ Violencia Basada en Género. ✔ Políticas de agricultura familiar sin perspectiva de género. ✔ Acceso a libretas de conducir. ✔ Ampliación de cobertura de salud y estrategias alternativas. ✔ Actividades deportivas y conectividad. ✔ Más información y cambios normativos. ✔ Sistema de cuidados en el medio rural. ✔ Acceso a la tierra y a la iniciación productiva. ✔ Políticas agropecuarias para mujeres. ✔ Créditos específicos. ✔ Ampliar y mejorar el acceso a capacitaciones. ✔ Ampliar el papel de las mujeres en la agenda ambiental y de seguridad y soberanía alimentaria ✔ Campañas y formación para transformar los estereotipos de género. ✔ Promover la participación y empoderamiento. ✔ Dispositivos para VBG en el medio rural. ✔ Incorporar perspectiva de género en las políticas de AF. Fuente: Elaboración propia en función de consultas ciudadanas (2023) 34 4.4. Pilar 4. Fortalecer las organizaciones de la agricultura familiar y su capacidad para generar conocimiento, representar a sus integrantes y prestar servicios inclusivos en el continuo urbano rural Como se ha antedicho, no existe una definición consensuada de lo que son las Organizaciones de la Agricultura Familiar (OAF), ni una caracterización vasta y acordada de las mismas. En ese marco, a efectos de delimitar las organizaciones para el diseño y focalización de políticas públicas las únicas referencias disponibles son la Ley 19.292 y el “Directorio de Organizaciones Sociales del Medio Rural” (DGDR - MGAP). Al respecto, Villalba (2015) identifica la presencia de un número variable entre 370 y 480 organizaciones y colectivos que participan de las Mesas de Desarrollo Rural, una parte de las cuales representan a la agricultura familiar (cit. en Pascual et al, 2016). Conforme al directorio de Organizaciones Sociales del Medio Rural, a enero de 2024 existían 140 organizaciones registradas. En este sentido, Pascual et al. (2016) ponen en diálogo y distinguen entre inclusión de la producción familiar como masa social y la reivindicación de sus intereses. El estudio realizado por Pascual et al. (2016) realiza un análisis en dos niveles, el de las organizaciones nacionales y el de las organizaciones locales. Al respecto de las primeras mapea organizaciones nacionales que incluyen productores/as familiares e identifica 42 de las cuáles únicamente 13 se centran en la defensa de los intereses de la producción familiar y/o en la sustentabilidad de ese sector del agro. Estas 13 organizaciones nacionales, señala el estudio, cuentan con una gran diversidad en tamaño y orientación. En referencia a las organizaciones locales de primer grado, el estudio caracteriza a 117 distribuidas en todo el territorio nacional e identificadas por su postulación a la política PFI desarrollada por DGDR - MGAP. La fuente estima que está caracterizando aproximadamente el 40% 45% del universo de organizaciones. Al respecto de estas 117 informa que el 50% cuenta con menos de 100 socios/as, aprox. la mitad ha sido creada en los últimos 20 años y se ubican mayoritariamente (70%) al sur del Río Negro. Si bien declaran tener un escaso contacto con otras organizaciones locales, el 74% presentan vínculos con organizaciones de 2º grado. Por su parte, el estudio de Pascual et al (2016) indica que en las 13 organizaciones nacionales centradas en la producción familiar y sus intereses, la red de conexiones y vínculos con el Estado es más densa que la red entre organizaciones. Cuando se analiza la sostenibilidad en términos económicos, el estudio de Pascual et al. (2016) identifica que 38% de las organizaciones se sustentan en la cuota social u otras fuentes que son externas a la organización, no teniendo otras estrategias propias de generación de recursos financieros. En relación con la ausencia de estrategias de sostenibilidad propia, Ramos (2019) y Piñeiro y Fernández (2008) reflexionan sobre la importancia de contar con recursos independientes de la política pública para realizar las tareas de incidencia y representación social que una organización requiere. 35 Finalmente, se identifica que el 91% de las organizaciones analizadas por Pascual et al (2016) tienen estrategias propias de apoyo a la producción, de envergadura y complejidad variable, destacándose la importancia de las herramientas y servicios de las organizaciones lecheras. Estos primeros insumos en torno a la realidad de las organizaciones de la agricultura familiar y vinculadas al sector rural a través de políticas públicas, espacios de participación y registros, aproximan una imagen que -como se ha antedicho- requiere aún una caracterización exhaustiva para orientar políticas públicas de fortalecimiento. Diversas fuentes centradas en las organizaciones de la agricultura familiar han señalado como desafíos, aspectos que surgen también en las consultas ciudadanas realizadas en el PNAF, a saber: importancia de atender a los tiempos y procesos de la formación de colectivos (Migliaro y Picos, 2008); necesidad de apoyo y promoción de procesos asociativos y cooperativos (COPROFAM, 2021); límites entre las improntas propias de las organizaciones y la adaptación a los marcos que establecen las políticas públicas y fuentes de financiamiento (Guedes, 2021); retos en materia de orientación, metodología y discontinuidad de las políticas de fortalecimiento organizacional (González Fajardo, 2016; Guedes, 2021); escasa tradición de asociativismo rural (González Fajardo, 2016) y desafíos de participación vinculados a individualismo y desconfianza (Landini y Riet, 2015); heterogeneidad de la masa social y sus interesas (Florit y Piedracueva, 2015); desafíos en la promoción de nuevos liderazgos y relevo generacional (Celiberti y Filardo, 2008); necesidad de formación de integrantes de organizaciones, especialmente en liderazgo (COPROFAM, 2021); masculinización de los procesos de participación y dirección (Florit, 2021). El cuadro siguiente, sintetiza los problemas y propuestas en torno al asociativismo y las organizaciones de la agricultura familiar, surgidas en las consultas ciudadanas del PNAF. 36 Consultas ciudadanas en torno al Pilar 4 Problemáticas y desafíos Propuestas ✔ Falta de definición e información sobre OAF: No hay una definición consensuada ni información actualizada. ✔ Problemas de participación y sobrecarga de dirigentes: Baja participación, falta de cultura asociativa y recae en pocos dirigentes. ✔ Problemas de gestión: Funcionamiento limitado y falta de profesionalización. ✔ Falta de información sobre apoyos y medidas: Desconocimiento de figuras jurídicas y servicios. ✔ Complejidad de formalización y gestión: Burocracia y altos costos asociados. ✔ Problemas de género en participación: Mujeres sin espacios propios y agotamiento en ámbitos directivos. ✔ Problemas de jóvenes en participación: Exclusión juvenil y falta de propuestas inclusivas. ✔ Baja participación en espacios de incidencia: Distancias y falta de respuesta a solicitudes. ✔ Descoordinación entre organizaciones: Relacionamiento infrecuente y falta de coordinación. ✔ Relación con políticas públicas: Herramientas no focalizadas en la producción familiar. ✔ Falta de presencia de pesca en políticas públicas: Opciones de rubro no incluyen pesca. ✔ Debilidad en campos colectivos de INC: Falta de apoyo y asociativismo. ✔ Sostenibilidad económica: Dificultades para solventar actividades y falta de fondos. ✔ Representatividad limitada: Dirigencias no reflejan necesidades del colectivo. ✔ Debilidad en servicios brindados: Falta de anticipación en necesidades y maquinaria adecuada. ✔ Definir y caracterizar las OAF: Crear una definición y realizar un diagnóstico actual. ✔ Fortalecer la participación: Financiar proyectos organizacionales, subgrupos locales, marketing y recursos para la participación. ✔ Mejoras en gestión: gestión, financiamiento y profesionalizar servicios. ✔ Mejorar comunicación e información: crear material adecuado y espacios de diálogo. ✔ Desburocratizar participación: Promover formas asociativas con menos carga y facilitar procedimientos. ✔ Promover participación de mujeres: Formación en género, proyectos productivos y comerciales, espacios de cuidados y cambios en estructuras y estatutos. ✔ Incluir jóvenes: Formación gremial, ceder espacios y proyectos focalizados en jóvenes. ✔ Mejorar incidencia: Reuniones regionales, participación mínima requerida, compromiso de instituciones y funcionariado con demandas. ✔ Fortalecer coordinación: Articular con otras instituciones y fortalecer el rol de CNFR. ✔ Fortalecer rol en políticas: Difundir programas, descentralizar y mejorar comunicación con ATDRs. ✔ Incluir pesca en políticas: Comunicación y formatos amigables para pesca. ✔ Fortalecer campos colectivos: Apoyo en infraestructura y comercialización conjunta. ✔ Proveer recursos: Reducir costos, cofinanciamiento y fondos rotatorios. ✔ Mejorar representatividad: Incluir actividades socio-culturales y capacitar organizaciones. ✔ Desarrollar servicios: asistencia técnica y acceso a maquinaria. Fuente: Elaboración propia en función de consultas ciudadanas (2023) 37 4.5. Pilar 5. Mejorar la inclusión socioeconómica, la resiliencia y el bienestar de la agricultura familiar A partir de la documentación y revisión realizada, se identifican las principales problemáticas y desigualdades de la agricultura familiar referidas a la sostenibilidad socioeconómica de sus producciones. En ese marco, el presente pilar -ajustada la distribución de énfasis para Uruguay- hace foco en los recursos productivos, la comercialización, la tecnología, la asistencia técnica, el financiamiento y la normativa marco para la producción. Respecto al acceso a la tierra, es necesario señalar que el país y la región se encuentran en un proceso de concentración de la tierra que ha supuesto la reducción de las unidades productivas, especialmente las vinculadas a la agricultura familiar (Oyhantçabal et al, 2023; Cardeillac, 2019; Florit y Piedracueva, 2013). En ese marco, el INC emerge como una herramienta de referencia para el mantenimiento de la agricultura familiar en el medio rural, y su incidencia en la pérdida de unidades productivas está directamente vinculada a su envergadura presupuestal y en especial a recursos para la adquisición y adjudicación de tierras. En este contexto surge con claridad la demanda de mayor acceso a la tierra por parte de la agricultura familiar (Fernández y Carámbula, 2012; Arbulo y Díaz, 2015). Los estudios señalan que la tenencia y seguridad sobre la tierra constituyen un elemento clave para la innovación e inversión en los predios, y consecuentemente para la productividad (Molina y Álvarez, 2009). Finalmente, existen brechas de género y generacionales en el acceso a la tierra en general y a las políticas públicas de tierra en particular (Florit, 2021). En relación a la asistencia técnica y extensión rural (ATER), a pesar de la existencia de SNIDER5 y diversos antecedentes en la materia, Uruguay no cuenta con un sistema público que garantice el acceso a asesoramiento predial y adecuado a las demandas de la agricultura familiar (De Hegedus et al, 2015; Arboleya, 2018). La información señala que la pequeña producción agropecuaria, donde se concentra la Agricultura Familiar, accede en menor medida a información, servicios de asistencia técnica y tecnología (Saravia y Gómez Miller, 2013; Olascuaga y Villalba, 2020). Asimismo, se identifica que las metodologías generales de transferencia de tecnología tienen limitaciones para realidad de la agricultura familiar (Figari et al, 2002) y que es necesario incorporar análisis de las características sociales de unidad familiar y productiva al proceso de ATER (Molina y Álvarez, 2009; Aguirre et al, 2018). Adicionalmente, en ganadería6, Gómez Miller (2017) señala que existe un desafío en los procesos de ATER ya que no existe una asociación clara entre las propuestas de tecnologías e innovación que se proponen desde los servicios de asistencia técnica y la visualización -y consecuentemente la incorporación- por parte de los/as productores. Enlazado a ello, el diagnóstico de SENDA (MGAP, 2023) señala como un desafío la productividad de los sistemas agropecuarios y las brechas que existen entre perfiles de productores/as. Por su parte, el acceso a financiamiento de la agricultura familiar ha sido identificado como una limitante tanto en los estudios nacionales como en los documentos de incidencia de las OAF. El acceso a capital de las unidades de Agricultura Familiar es escaso, y se vincula con estrategias informales provistas por actores comerciales y locales, y políticas públicas, más que con herramientas diferenciales del sistema financiero para las especificidades del sector. La variedad de productos 5 La Ley 20.212 de 2023 crea el Sistema Nacional de Innovación y Desarrollo Rural (SNIDER). 6 Rubro en el que se concentra la Agricultura Familiar en Uruguay. 38 disponibles es disímil según el rubro y no ha generado una oferta permanente de acceso a capital adaptada a la agricultura familiar (Aguirre et al, 2018; Florit, 2021). La comercialización de los productos de la agricultura familiar, tiene dificultades diversas de acuerdo al sector productivo, así como desigualdad de acceso y oportunidades de mercado o condiciones desfavorables de acceso al mismo (Florit, 2023; Cabrera, 2019; Fernández y Carámbula, 2013). En ese sentido se encuentran algunas dificultades respecto al cumplimiento de normativas y habilitaciones correspondientes, ya que no son acordes a la escala de la producción familiar (Medina y Rodríguez, 2022). El aislamiento, la falta de información sobre los precios, los altos costos de transacción y principalmente la dificultad de transporte de los productos permiten que los intermediarios imponen sus condiciones de compra a los/las productores (Chiriboga, 1997; Florit, 2022 y 2023). Asimismo, se identifican limitaciones para el agregado de valor y recursos para la innovación y desarrollo de infraestructuras para la comercialización (PROCISUR, 2020). Por su parte, se señala la falta de normativa adecuada para la producción y comercialización de la Agricultura Familiar, en particular se ha identificado como áreas críticas: la producción de aves a escala no industrial; soluciones a la faena en predios; los registros bromatológicos a nivel nacional. Finalmente, el régimen de compras públicas para la agricultura familiar emerge como una alternativa, pero cuenta con desafíos en su implementación. Vendedores y compradores tienen obstáculos organizativos y de gestión para concretar la compra, y no existe un órgano de contralor que garantice que se cumpla el régimen. En consecuencia, solamente 14 organizaciones han logrado operar en este régimen, según la evaluación de los resultados de la aplicación de la Ley 19.292 (Pizzolón, 2019). 39 Consultas ciudadanas en torno al Pilar 5 Problemáticas y desafíos Propuestas ✔ Falta de financiamiento y subsidios adaptados a la AF, o de montos reducidos. ✔ Limitado acceso a maquinaria adecuada ✔ Falta de apoyos a Pescadores familiares ✔ Fluctuación de precios de mercado ✔ No hay financiamiento a compra de tierras ✔ Daños por perros sueltos ✔ Dificultad en acceso a tierras y demanda insatisfecha al INC ✔ Déficit de acceso a tecnologías apropiadas. ✔ Existe una brecha tecnológica de la producción familiar y dificultades de disponibilidad de tecnologías apropiadas para la AF ✔ Falta de continuidad de programas de ATER y perfil técnico adecuado para AF ✔ Dificultad de habilitaciones bromatológicas de producción familiar y artesanal. ✔ Falta de canales de venta directa y concentración del mercado. ✔ Desconocimiento sobre formación de precios en diferentes rubros. ✔ Cambio en cultura del consumidor ✔ Mercado interno acotado ✔ Falta de visibilidad de la importancia de la AF y sus productos. ✔ Desconocimiento y limitaciones de la Ley de Compras Públicas, con pagos dilatados ✔ Herramientas financieras adaptadas, fondos rotatorios, aumentar topes de microcrédito. ✔ Plan de recambio de maquinaria obsoleta ✔ Subsidios y financiamiento a pesca familiar ✔ Fondo de protección a la AF ✔ Subsidios a compra de tierras según escala ✔ Aumento de fiscalización a grandes empresas ✔ Incrementar difusión y alcance de campañas del INBA ✔ Fortalecer INC y aumentar compra de tierras para PF y asalariados/as. ✔ Fortalecer la investigación para la AF. ✔ Desarrollo conjunto con las OAF y acceso a herramientas tecnológicas adecuadas. ✔ Proyectos de largo plazo con equipos de extensión capacitado y estables. ✔ Actualizar normativa bromatológica, unificar y generar reglamentación de menor costo. ✔ Ley de Faena Artesanal y plantas de faenas móviles para la AF. ✔ Desarrollo de mercados de cercanía y canales de venta asociativa. ✔ Realizar estudios sobre formación de precios y transparencia en cadenas. ✔ Impulsar planes de alimentación saludable ✔ Estimular exportación y certificaciones ✔ Crear unidad especializada y sello/marca de la producción familiar. ✔ Difusión y control del cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, fortaleciendo OH y modificando normativa. Acortar pagos, simplificar trámite y habilitar consorcios Fuente: Elaboración propia en función de consultas ciudadanas (2023) 40 4.6. Pilar 6. Promover la sostenibilidad de la agricultura familiar Uruguay se encuentra en una de las regiones con mayor variabilidad climática, la cual se ve exacerbada por los efectos del cambio climático. En los últimos 30 años se observa una tendencia al aumento en la cantidad e intensidad de las precipitaciones durante la primavera y el verano, al mismo tiempo que se incrementan los eventos relacionados con déficit de precipitación (sequías). Además de eventos de lluvias y sequías, el país atraviesa diversos eventos meteorológicos extremos que afectan a la población y la producción como olas de calor, heladas, tormentas y granizo, entre otros. Los sistemas agropecuarios varían en su exposición y sensibilidad al clima, así como en su capacidad de adaptación. La sostenibilidad de la agricultura familiar y su capacidad de resiliencia están estrechamente vinculadas con las condiciones en las que desarrollan la actividad productiva y organizacional. Los diagnósticos señalan que la agricultura familiar enfrenta obstáculos económicos, sociales y de los propios espacios naturales donde se desarrolla para su resiliencia. Las problemáticas y obstáculos de la baja productividad, incluyen limitaciones financieras, falta de asistencia técnica, menor acceso a tecnologías adecuadas, dificultades en tenencia y sucesión de la tierra, escasa formación en gestión, debilidad de las organizaciones familiares, baja incidencia de mujeres y jóvenes en predios, y baja influencia de la agricultura familiar en las políticas públicas ambientales y productivas. Estas condiciones de producción afectan directamente la productividad de las unidades de producción, sus ingresos, rentabilidad, las condiciones de vida de sus integrantes, y las posibilidades de adaptarse a los eventos climáticos extremos. Frente a ese escenario, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario (PNA-Agro) busca reducir la vulnerabilidad, conservar los agroecosistemas y fortalecer los medios de vida de quienes producen, reconociendo una la situación diferencial de la agricultura familiar. En particular en la ganadería, que constituye un sector importante dentro de la Agricultura Familiar, el diagnóstico que acompaña el PNA-Agro7 identifica retos vinculados a la adopción de tecnologías para la adaptación y resiliencia, y el acceso al agua. Por su parte, la AF tiene una baja cobertura de seguros y herramientas para la gestión del riesgo, a excepción del sector granjero (vía DIGEGRA). Esta situación evidencia la brecha de la agricultura familiar con el resto del sector agropecuario donde existe una alta cobertura. Asimismo, los antecedentes señalan que el sector cuenta con déficit de información para la toma de decisiones, aspecto clave en la gestión del riesgo climático. En este escenario, una parte de las OAF colocan como vía alternativa de producción sostenible la agroecología (Altieri y Nicholls, 2012; Gazzano et al, 2021). No obstante, se identifica que ésta tiene 7 Se parte de la premisa de que, mejorando la productividad de los sistemas a través de buenas prácticas de manejo de campo natural y rodeo, se reducen las emisiones relativas de metano por kilogramo de carne producida al mismo tiempo que se mejora la capacidad de adaptación. También incluye medidas para el sector lechero con foco en mejora de gestión de efluentes y medidas exploratorias sobre nuevas tecnologías que puedan generar reducciones de emisiones sin perjudicar la capacidad de producir alimentos. Como medidas de adaptación, el foco está en fortalecer las capacidades e infraestructura para planificar y gestionar la producción en escenarios de cambio y variabilidad climática, incluyendo prácticas de manejo de campo natural y rodeo y manejo del agua. 41 una acotada extensión y reconocimiento en el mundo agropecuario y en especial en políticas públicas y presupuesto. El Plan Nacional para el Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas y su Ley marco (Ley 19.717) apuntan a su fortalecimiento, pero enfrentan aún desafíos en su implementación y envergadura. El Cuadro siguiente sintetiza los aportes de las consultas ciudadanas a este Pilar Consultas ciudadanas en torno al Pilar 6 Problemáticas y desafíos Propuestas ✔ Falta de conciencia ambiental: Las organizaciones de productores no abordan el cambio climático. ✔ Financiamiento insuficiente para sustentabilidad y para la agricultura familiar frente al cambio climático. ✔ Irregularidad en asistencia técnica e insuficiente para acciones de cambio climático. ✔ Necesidades de adaptación al cambio climático: Forraje, abrigo y sombra insuficientes. ✔ Problemas de acceso y calidad del agua, agravada por el cambio climático, para producción y doméstica ✔ Falta de planificación ante emergencias agropecuarias: No hay protocolos preestablecidos. ✔ Seguros inadecuados para agricultura familiar: Los seguros disponibles no contemplan la diversidad de la AF. ✔ Pérdida de biodiversidad: Baja valorización y pocas acciones de protección. ✔ Problemas con agroquímicos: Falta de regulación y control, impactos negativos en salud y ambiente. ✔ Desequilibrios ecológicos en pesca artesanal: No se respetan zonas de exclusión. ✔ Falta de apoyo a la agroecología: Poca difusión y apoyo para la transición agroecológica. ✔ Falta de apoyos específicos para el trabajo en bioinsumos para la AF ✔ No existe reconocimiento de los servicios ecosistémicos desarrollados por la AF. ✔ Promover conciencia ambiental: Campañas de sensibilización, indicadores de sustentabilidad. ✔ Crear líneas de financiamiento: Subsidios para mitigación de GEI, incentivos para prácticas resilientes, créditos blandos. ✔ Desarrollar asistencia técnica: Programas enfocados en cambio climático, agroecología y diversificación productiva. ✔ Programas de: Bancos de forraje, silvicultura familiar, capacitación y tecnología local. ✔ Plan Nacional de agua: Garantizar acceso en cantidad, calidad, financiamiento y gestión. ✔ Planificación de la respuesta a la emergencia: Dispositivos y herramientas predefinidas, sistema de respuesta ágil. ✔ Seguros diferenciados: Adaptados a la realidad de cada territorio y actividad productiva. ✔ Promoción de biodiversidad: Capacitaciones, proyectos de inversión, asistencia técnica y control gubernamental. ✔ Control de agroquímicos: Ley de protección, actualizar reglamentaciones, incentivos para producción sustentable. ✔ Manejo sustentable: Diversificación productiva, controles y presencia institucional. ✔ Promoción de agroecología: Difusión de modelos, ajustes en políticas, ✔ Habilitación de bioinsumos, apoyo para el trabajo en bioinsumos en la AF ✔ Estudiar el aporte y generar alternativas de monetización de los servicios ecosistémicos desarrollados por la AF Fuente: Elaboración propia en función de consultas ciudadanas (2023) 42 4.7. Pilar 7. Fortalecer la multidimensionalidad y desarrollo territorial para el bienestar de la Agricultura Familiar, los hogares y comunidades rurales. Uruguay, a pesar de la importancia económica del agro, es un país eminentemente urbano con el 95% de la población viviendo en centros y localidades urbanas. Esto tiene implicaciones a nivel de presencia y dispersión geográfica y asimismo en el plano simbólico y de reconocimiento de la agricultura familiar. Atendiendo a ello, el presente apartado da cuenta de los aspectos no agropecuarios del desarrollo territorial y la vida y bienestar de la agricultura familiar en el medio rural. En términos de su reconocimiento social, la agricultura familiar identifica una baja valoración de su aporte tanto dentro del sector como por la población urbana. Al interior de las unidades de producción familiar se identifica la AF como una situación desfavorable e invisibilizada. Los estudios muestran que prevalece una visión única de la ruralidad y los atributos característicos del efecto de la Agricultura Familiar en el territorio son poco conocidos. Consecuentemente, el volumen de recursos públicos para el sector es marginal y la normativa no atiende a las especificidades propias de esta forma de producción y reproducción. Las experiencias de reconocimiento cultural de la agricultura familiar son escasas y mayormente difundidas al interior del sector. En términos de ordenamiento territorial y habitación del territorio, existen desafíos que afectan en forma directa a la agricultura familiar. Existe evidencia sobre deterioro de los paisajes y los recursos naturales, así como procesos de despoblamiento y emigración de los territorios rurales. Los cambios en el uso del recurso tierra y la concentración, afectan la presencia en las zonas rurales, afectando el entramado social, de servicios y condiciones ambientales necesarias para la permanencia de la AF (Orcasberro, 2022). La existencia de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible no ha logrado un generar una gestión integral del territorio nacional, con escasas aplicaciones vinculadas a la agricultura familiar (Carámbula, 2020) y una cobertura de áreas protegidas que ocupan apenas el 1% del territorio (Pereira, 2013). Por su parte, la Ley de Inversiones, que afecta directamente a lo que sucede en los territorios, no incluye a la agricultura familiar y sus organizaciones. La AF enfrenta los desafíos que afectan al resto de la población residente rural, aspectos vinculados a la llegada de los servicios públicos y la concreción en condiciones de equidad de los procesos de descentralización. Estudios nacionales han señalado que en los territorios rurales -a los que pertenece la agricultura familiar-, existe: (i) menor llegada de la educación formal y no formal; (ii) menor cobertura de los servicios de salud; (iii) déficit de infraestructura; (iv) menores recursos para el ocio y el tiempo libre; (v) menor cobertura de políticas de cuidado; (vi) escasez de políticas diferenciadas en acceso a servicios como vivienda, electricidad, telefonía, datos móviles, acceso a TIC, entre otros; (vii) las condiciones de la caminería rural y su afectación a las condiciones de movilidad y acceso a servicios (MGAP – Opción Consultores, 2021; Mascheroni, 2021; Riella. 2021; Florit, 2021; Cabrera, 2019; Rossi, 2010). El siguiente Cuadro sintetiza las consultas ciudadanas del PNAF en materia de habitación del territorio, multidimensionalidad y bienestar en el medio rural. 43 Consultas ciudadanas en torno al Pilar 7 Problemáticas y desafíos Propuestas ✔ Se trabaja poco en bienestar familiar e individual de quienes integran la AF ✔ Caminería en mal estado, provoca dificultades de traslado de las familias y transporte de la producción familiar. ✔ Dificultades de acceso a telefonía e internet en el medio rural. ✔ Dificultades para la inclusión digital de la AF, provocando rezago en diferentes espacios. ✔ Persisten dificultades de acceso a la electricidad en el medio rural, desconocimiento de los diferentes planes y no existiendo acciones diferenciadas en los mismos para la AF. ✔ Limitado acceso a la salud integral en el medio rural y dificultades en la atención y a especialistas. ✔ Limitado acceso a servicios de emergencia en salud y tiempos inadecuados de cobertura. ✔ No existen servicios de salud mental en el medio rural, requiriendo un abordaje específico. ✔ Carné de salud laboral es general, no incluye particularidades de trabajo rural ni enfermedades específicas ✔ Falta de programas de acceso a la recreación, deporte, cultura y tiempo libre en el medio rural. ✔ Ausencia de sistema de cuidados en el medio rural ✔ Dificultades de acceso a vivienda digna ✔ Falta de servicios de transporte público en el medio rural y dificultades de movilidad ✔ Fragmentación territorial por pérdida de productores familiares. ✔ Falta de inclusión de la agenda de ordenamiento territorial y del paisaje de la AF ✔ Ausencia de mirada multidimensional de la AF en la gestión del territorio. ✔ Mayor articulación interinstitucional para desarrollo de obras viales, y fiscalización de acciones de deterioro, más articulación con OPP e intendencias. ✔ Mejorar conectividad en zonas rurales, con acciones diferenciadas para la AF. ✔ Programas de alfabetización e inclusión digital para la AF con capacitaciones específicas. ✔ Ampliación de la red eléctrica, y difusión de los diferentes planes de electrificación, y adecuación de estos para la AF. ✔ Fortalecer programas de salud rural, ampliando y mejorando la cobertura en zonas rurales. ✔ Aumento de servicios de emergencia y ambulancia en el medio rural y/o centros poblados rurales, y llegada de especialistas. ✔ Diseñar y desarrollar un proyecto en salud mental en el medio rural articulando con los servicios de salud existentes ✔ Diseñar y desarrollar un carné de salud específico para el trabajo rural, diferenciando AF. ✔ Coordinar con institucionalidad pública acercar servicios culturales al medio rural, coordinando con las OAF generando espacios especiales para niñez, adolescencia y adultos. ✔ Desarrollo de un programa de cuidados para el medio rural, con acciones diferenciadas para AF. ✔ Generar planes acordes a la AF y fortalecimiento de políticas de MEVIR ✔ Estudiar y desarrollar líneas de transporte para atender movilidad la AF dispersa ✔ Promoción y visualización de AF en actividades festivas locales de forma de generar identidad. ✔ Desarrollo de instrumentos de ordenamiento territorial que contemple protección de la AF. ✔ Desarrollar capacidades en las OAF y MDR para ejercer control social de los territorios e incidir en las políticas de Ordenamiento Territorial. Fuente: Elaboración propia en función de consultas ciudadanas (2023) 44 4.8. Foco: la retracción de la Agricultura Familiar El origen del DNUAF es la evidencia global del proceso de retracción que está sufriendo la agricultura familiar en el mundo, entendido como un proceso de pérdida superficie, de incidencia en el volumen de producción, de intensificación y de cantidad de unidades y personas. Uruguay no es ajeno a ese foco, constatándose como nudo central que justifica la construcción de un plan específico para la agricultura familiar en el país. En ese marco y con miras a precisar el centro de la intervención, la siguiente imagen sintetiza las principales causas de la retracción de la agricultura familiar identificadas en el diagnóstico, así como las consecuencias que tiene para el país todo el declive de este sector. 45 5. PNAF - Planificación 2024 – 2028 El punto de partida del DNUAF es la asunción de las particularidades que presenta la Agricultura Familiar como sector dentro de la ruralidad y de la producción agropecuaria, y la necesidad de que los Estados asuman un lugar en la mejora de sus oportunidades futuras. En consecuencia, el Decenio coloca en el centro de su estrategia un trabajo mancomunado entre las instituciones públicas y las organizaciones de la Agricultura Familiar, entendiendo que unas y otras son agentes claves para la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo sostenible. En consonancia con esa teoría del cambio, la construcción del PNAF y las medidas que lo integran, son el resultado del trabajo de las OAF, el funcionariado público y autoridades institucionales, para identificar los principales problemas que afectan a la agricultura familiar, sus posibles soluciones y las acciones necesarias para llegar de la realidad actual a la aspirada. Este trabajo, se realizó contemplando los marcos normativos nacionales e internacionales ya reseñados, antecedentes de las políticas públicas ya existentes, la información académica e institucional disponible sobre el sector y las consultas ciudadanas presentadas en las páginas anteriores. El PNAF se genera como un aporte estatal a la mejora de las condiciones en las que se encuentra la Agricultura Familiar, a través de compromisos de profundización de políticas diferenciadas existentes, de transversalización de otras y de generación de nuevas políticas para esta población. En este sentido, se parte de la síntesis de medidas pre existentes mapeadas como antecedente y se incluye como planificación a futuro (2024 - 2028) únicamente medidas incrementales. Por la forma de construcción, la información en él recopilada y la implementación prevista, el PNAF es por sí mismo una herramienta de incidencia y posicionamiento de la Agricultura Familiar en la agenda pública. En consecuencia, el Plan pretende jerarquizar a la agricultura familiar, impulsar la agenda que se desprende de los diagnósticos, promover la territorialización de las acciones y articular interinstitucionalmente para construir propuestas colectivas. El Gráfico siguiente, expresa las principales causas de la retracción de la Agricultura Familiar identificadas y enuncia las aspiraciones a mediano plazo a las que el PNAF contribuye. Estas aspiraciones son el foco de la incidencia y articulación permanente que el plan impulsa más allá de su planificación inicial. 46 En función de problemáticas y aspiraciones de mediano plazo, el PNAF se estructura en torno a los siete pilares del DNUAF. Estos siete pilares, reformulados para Uruguay para concentrar en el 6 los aspectos ambientales y en el 7 los aspectos de la habitación del territorio y condiciones de vida extra agrarias, son: Pilar 1: Marco legal e institucional Pilar 2: Juventud Pilar 3: Género Pilar 4: Organizaciones Pilar 5: Bienestar e inclusión socioeconómica Pilar 6: Sostenibilidad, ambiente y cambio climático Pilar 7: Territorio y multidimensionalidad 47 Por su parte, la comunicación constituye una dimensión importante de los cambios que el PNAF busca impulsar, en especial orientada al reconocimiento de la agricultura familiar y sus organizaciones. En consecuencia, la comunicación aparece con medidas concretas en todos los pilares y es transversal al plan. En ese contexto, las siguientes páginas presentan para cada uno de los pilares: ✓ Un cuadro donde se presentan los resultados del Plan de Acción Mundial del DNUAF (PAM) y los indicadores del PNAF que aportan a los mismos. El PAM cuenta con 27 resultados esperados a nivel global y 35 indicadores, y el PNAF aporta a 25 resultados y 32 indicadores8. ✓ Un cuadro de presentación de las medidas del pilar, con una descripción que permite a quien lee identificar cuáles son las acciones incrementales que el Estado uruguayo compromete desarrollar en el periodo 2024 - 2028. ✓ Un cuadro de monitoreo y seguimiento de las medidas donde se establece para cada una de ellas: responsabilidades institucionales, plazos, indicadores de cumplimiento y metas. En consecuencia, las siguientes páginas muestran 52 medidas incrementales, monitoreables, socialmente pertinentes, técnicamente viables e institucionalmente priorizadas, asumidas como compromiso interinstitucional en el marco del DNUAF. 8 Los resultados del DNUAF están re organizados en el marco del PNAF, dados los énfasis que Uruguay dio a cada pilar y la distribución temática. 48 49 Aporte de los Indicadores de Uruguay a los resultados del Plan de Acción Mundial (pilar 1). Resultado esperado en Plan de Acción Mundial Indicador PNAF Uruguay 1.1. Información y datos fácticos fiables, oportunos y relevantes para cada zona sobre el desempeño multidimensional de la agricultura familiar disponibles para fundamentar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas en todos los niveles. Existencia de un visualizador público de información de la AF 1.2. Aumento del compromiso político y financiero, así como de la concienciación pública para apoyar las contribuciones diversas y en varios planos de la agricultura familiar al desarrollo sostenible. N° de nuevas herramientas presupuestales y/o de planificación de instituciones nacionales que incluyen la AF 1.3. Mejora de la gobernanza inclusiva y eficaz para el diseño, implementación y seguimiento de políticas de forma integral, eficaz y centrada en la agricultura familiar. Existencia de mecanismo permanente e inclusivo de coordinación, seguimiento y rendición de cuentas del PNAF Existencia de espacio de coordinación interinstitucional de implementación del PNAF 1.4. Mayor nivel de coherencia e integración entre las políticas y legislaciones relacionadas con la agricultura familiar. N° de políticas que incorporan a partir del PNAF el Registro de la Producción Familiar como herramienta de focalización Plan nacional sobre AF elaborado en diálogo con las organizaciones de la REAF N° de espacios de coordinación multilateral donde se presenta y promueve la articulación desde el PNAF N° de espacios de coordinación multilateral donde se presenta y promueve la articulación desde el PNAF N° de normativas y legislación generadas, con énfasis en agricultura familiar 50 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 1 Id. Medida Descripción de la medida 1.1. Impulsar cambios normativos orientados a fortalecer y jerarquizar la Agricultura Familiar Se proponen cambios normativos (leyes, reglamentaciones y resoluciones) acordados con las organizaciones de la producción familiar y orientados a la jerarquización de este sector en la normativa nacional. Las áreas de interés prioritarias de estos cambios normativos son: institucionalización y reconocimiento; comercialización; producción agropecuaria; participación ciudadana; ambiente; formalización y tributación. 1.2. Crear los proyectos presupuestales de funcionamiento e inversiones "Agricultura Familiar" para la identificación de financiamiento del sector a nivel nacional Atendiendo a la multidimensionalidad de la agricultura familiar, y la necesidad de dar cuenta de diferentes áreas a fortalecer y potenciar en el sector que incluyen, pero asimismo exceden, lo agropecuario, se crea una herramienta de planificación y reporte presupuestal que impulse transversalmente en el Estado el desarrollo de acciones hacia la Agricultura Familiar. A estos efectos, se crean los proyectos presupuestales de funcionamiento e inversiones "Agricultura Familiar" que permiten la identificación de recursos y rendición en el marco de los presupuestos de los incisos y sus áreas de competencia. 1.3. Crear un visualizador público sobre la situación de la Agricultura Familiar Se genera un espacio de articulación, sistematización y visualización de información sobre la situación de la agricultura familiar, integrando procesamientos de información estadística, registros de la agricultura familiar e información cualitativa y cuantitativa generada por la academia y la institucionalidad agropecuaria. Esta información es presentada a través de un espacio web como un visualizador público que da cuenta de las características de la agricultura familiar en Uruguay y da soporte a estrategias de comunicación, diseño de políticas públicas y desarrollos de investigaciones en torno a la temática. 1.4. Desarrollar un proceso participativo de discusión y mejora de la definición de Agricultura Familiar vigente para Uruguay, respetando la Res. Nº25/07 del GMC MERCOSUR A partir de los aportes del proceso de construcción del PNAF se circulará una propuesta para que los delegados de las MDR y organizaciones intercambien en cada espacio de diálogo, para posteriormente en SN REAF se trabaje específicamente estos cambios que deben respetar los acuerdos establecidos a nivel de REAF MERCOSUR (Res. 25/07 GMC y Dec. 20/14 CMC) así como los globales (FAO). Para posteriormente ajustar la Res. 1013/16 en estos temas. 1.5. Profundizar la utilización de los Registros de la Agricultura Familiar para la aplicación de políticas públicas Profundización de la utilización de los registros de la Producción Familiar para la implementación de políticas públicas, convocatorias y acciones dirigidas a la Agricultura Familiar. Se amplía la utilización de los registros como forma de acceso a la información que permite la focalización de políticas públicas y se desarrollan nuevas formas de acceso on line a esa información. 1.6. Fortalecer el Fondo de Desarrollo Rural priorizando la Agricultura Familiar Se debe presentar este tema en la Ley de Presupuesto 2025-2030 generando un proyecto de articulado en tal sentido. (incrementar monto y credito presup.) - supeditado a medios. 1.7. Explorar alternativas a las condiciones de registro y tributación de la Agricultura Familiar Se elaborará un documento que describa con información veraz la situación de la AF en relación a las condiciones de registro de las empresas y tributación, y realice una propuesta de alternativas proyectando implicancias fiscales, legislativas y beneficios para la AF. A partir de este insumo, se genera un intercambio entre autoridades y organizaciones de sociedad civil. 51 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 1 (Cont.) Id. Medida Descripción de la medida 1.8. Implementar una campaña de reconocimiento y posicionamiento de la Agricultura Familiar con un enfoque de conciencia agropecuaria Se crea e implementa una campaña que apunta al reconocimiento y posicionamiento de la agricultura familiar, generando los cambios culturales que permiten la sensibilización de la sociedad en su conjunto sobre la importancia y características de la AF. Esta campaña incluye actividades de formación técnica, de sensibilización a diferentes actores, comunicación masiva. Se incluirá en la difusión y posicionamiento de la agricultura familiar, el diagnóstico del PNAF como insumo descriptivo de situación y líneas de trabajo a ampliar. 1.9. Incluir en las planificaciones estratégicas institucionales y en los planes nacionales sectoriales a la Agricultura Familiar, creando y/o fortaleciendo programas específicos en instituciones agropecuarias, de investigación y formación La planificación estratégica que rige a las instituciones y los planes nacionales del sector agropecuario, incorporan en forma explícita a la Agricultura Familiar entre sus objetivos, lineamientos y/o principios orientadores, y desarrolla o fortalece áreas con foco en la agricultura familiar, dentro de sus competencias. 1.10 . Promover la articulación del PNAF y sus actores con los ámbitos de cooperación internacional, sub regional, regional y global En el marco del proceso de implementación del PNAF, su diagnóstico, propuestas, experiencia y actores promueven el trabajo mancomunado a nivel internacional y la cooperación multilateral. Se promueve la participación e incidencia en espacio regional, sub regionales y globales, se aporta a REAF como órgano promotor del PNAF en cada país y a nivel MERCOSUR, se dialoga con la cooperación internacional con miras en concretar avances en la implementación, dar escalabilidad y compartir experiencias, se reporta a los objetivos comunes del DNUAF y ODS. 1.11 . Implementar y monitorear el PNAF Uruguay en forma interinstitucional y participativa En el marco del proceso de implementación se crea y sesiona trimestralmente un ámbito de coordinación interinstitucional para la ejecución coordinada del PNAF y una comisión de seguimiento de sociedad civil delegada de la SN de REAF para el monitoreo de lo actuado (organizaciones nacionales y delegación de MDR). Anualmente se establece el plan de acción operativo del PNAF y se rinde lo actuado. La ejecución del PNAF se transparenta a través de un dispositivo público virtual de rendición de acciones. 52 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 1 Id. Medida Instituciones Indicador Met a Plazo 1.1. Impulsar cambios normativos orientados a fortalecer y jerarquizar la Agricultura Familiar Responsable: Poder Ejecutivo Articulación: Poder Legislativo; Institutos Agropecuarios. N° de cambios normativos (proyectos de ley, reglamentaciones, resoluciones) vinculados a la AF, desarrollados por el Poder Ejecutivo 4 2024 2028 1.2. Crear los proyectos presupuestales de funcionamiento e inversiones "Agricultura Familiar" para la identificación de financiamiento del sector a nivel nacional Responsable: OPP Articulación: MGAP. Existencia de Proyectos Presupuestales (1 = existe; 0 = no existe) 1 2024 1.3. Crear un visualizador público sobre la situación de la Agricultura Familiar Responsable: MGAP (OPYPA, DIEA, DGDR). Articulación: UdelaR Información sobre agricultura familiar en Uruguay sistematizada en un visualizador web. (1 = existe; 0 = no existe) 1 2024 2028 1.4. Desarrollar un proceso participativo de discusión y mejora de la definición de Agricultura Familiar vigente para Uruguay, respetando la Res. Nº25/07 del GMC MERCOSUR Responsable: DGDR/MGAP. Articulación: SN REAF Resolución Ministerial con ajuste publicada 1 2024 2028 1.5. Profundizar la utilización de los Registros de la Agricultura Familiar para la aplicación de políticas públicas Responsables: Unidades ejecutoras MGAP; Institutos públicos agropecuarios; Institucionalidad involucrada en el PNAF N° de políticas públicas y acciones incrementales que toman los servicios de los registro de la producción familiar para su aplicación. 10 2024 2028 1.6. Fortalecer el Fondo de Desarrollo Rural priorizando la Agricultura Familiar Responsables: MGAP Proyecto de Ley Presentado (1 = existe; 0 = no existe) 1 2025 1.7. Explorar alternativas a las condiciones de registro y tributación de la Agricultura Familiar Responsables: BPS, DGS (OPYPA - MGAP). Articulación DGDR (MGAP) El análisis de la situación de la AF en materia de registro de empresas y tributación discutido por sociedad civil y autoridades. (1 = existe; 0 = no existe) 1 2024 2028 1.8. Implementar una campaña de reconocimiento y posicionamiento de la Agricultura Familiar con un enfoque de conciencia agropecuaria Responsables: DGDR/MGAP, UCOD/MGAP. Articulación: UTU, ANEP, Conciencia Agropecuaria, INIA, MEC N° de acciones de comunicación y difusión para el reconocimiento de la agricultura familiar. 10 2024 2028 53 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 1 (Cont.) Id. Medida Instituciones Indicador Meta Plazo 1.9. Incluir en las planificaciones estratégicas institucionales y en los planes nacionales sectoriales a la Agricultura Familiar, creando y/o fortaleciendo programas específicos en instituciones agropecuarias, de investigación y formación Responsables: INIA, UdelaR, MGAP N° de planificaciones estratégicas institucionales o planes nacionales que incorporan la Agricultura Familiar a partir del PNAF. 3 2024 2028 1.10 . Promover la articulación del PNAF y sus actores con los ámbitos de cooperación internacional, sub regional, regional y global Responsable: MGAP Articulación: SN REAF, Agencias coordinadoras del plan global DNUAF -FIDA y FAO, Agencias de cooperación y organismos multilaterales N° de organismos de cooperación y espacios multilaterales en los que se presenta y articula en torno al PNAF . 5 2024 2028 1.11 . Implementar y monitorear el PNAF Uruguay en forma interinstitucional y participativa Responsables: MGAP, SN REAF N° de informes anuales creados interinstitucionalmente y presentados a sociedad civil. 5 2024 2028 54 55 Aporte de los Indicadores de Uruguay a los resultados del Plan de Acción Mundial (pilar 2). Resultado esperado en Plan de Acción Mundial Indicador PNAF Uruguay 2.1. Participación mejorada y activa de los jóvenes en la agricultura familiar, la economía rural y los procesos de toma de decisiones. Existencia e implementación de medidas en el PNAF orientadas a la mejora institucional y desarrollo de estrategias -lo cual incluye políticas, directrices, legislaciones y herramientas y programas destinadas a generar empleo rural digno, especialmente para los/las jóvenes 2.2. Mejora del acceso de la próxima generación de agricultores familiares a los recursos naturales, los bienes productivos, la información, las infraestructuras, los servicios financieros y los mercados. Existencia de marco normativo que mejore el acceso de los/as jóvenes a la tierra 2.4. Mejora de la capacidad de los agricultores familiares jóvenes en prácticas de innovación que interconecten conocimientos específicos de cada zona (tradicionales) con nuevas soluciones Existencia de política de acceso a ATER y crédito para jóvenes vinculados/as a INC Número de programas de capacitación para apoyar a los/las jóvenes de la agricultura familiar desarrollados en el PNAF 56 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 2 Id. Medida Descripción de la medida 2.1. Incrementar la proporción de llamados a tierra de INC dirigidos a jóvenes Se compromete el incremento de 2% anual de los llamados enmarcados en la "línea de acceso a tierra para jóvenes rurales" , que actualmente es del 5%, alcanzando el 15% anual total para el fin del Decenio de la Agricultura Familiar, manteniendo las condiciones establecidas por el Directorio del Ente. 2.2. Profundizar la estrategia de INC para juventud, desarrollando herramientas focalizadas de ATER y/o Crédito Diseñar, implementar y promocionar líneas de crédito y/o ATER específica para jóvenes de 18 a 29 años vinculados/as al INC (hijos/as de colonos/as o jóvenes adjudicatarios/as), con medidas afirmativas para jóvenes. 2.3. Realizar cursos de formación para la Institucionalidad pública, que propicien la inclusión de la perspectiva de juventud en el diseño e implementación de políticas públicas Coordinar y ejecutar un curso anual y/o actividades de formación con funcionariado de la institucionalidad pública agropecuaria, que brinden herramientas para incluir la perspectiva de juventud en el diseño e implementación de políticas públicas. 2.4. Focalizar acciones de las estrategias y programas de adolescencia y juventud sobre Salud Mental y Bienestar Psicosocial, y Salud Sexual y Reproductiva en jóvenes de la Agricultura Familiar Focalizar recursos en la juventud rural y de la agricultura familiar de las estrategias y programas de INJU sobre salud mental y bienestar psicosocial y Salud Sexual y Reproductiva: a través de: a) Realizar actividades territoriales, talleres de sensibilización y brindar materiales a los/las jóvenes del sector; b) Facilitar acceso a actividades comunitarias anuales donde existan Centros "Ni Silencio Ni Tabú"; c) Priorizar la llegada del dispositivo móvil en aquellas localidades en donde haya jóvenes rurales; d) Capacitar virtualmente y generar espacios de sensibilización, formación y participación para adultos/as referentes de Organizaciones e Instituciones Nacionales. 2.5. Transversalizar el PNAF con perspectiva de generaciones y énfasis en juventudes Incorporar transversalmente la perspectiva generacional con énfasis en juventudes en las medidas del PNAF, su implementación y evaluación. 57 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 2 Id. Medida Instituciones Indicador Met a Plazo 2.1. Incrementar la proporción de llamados a tierra de INC dirigidos a jóvenes Responsable: INC Porcentaje de adjudicaciones a jóvenes hasta 29 años en relación a adjudicación totales anuales 15 2024 2028 2.2. Profundizar la estrategia de INC para juventud, desarrollando herramientas focalizadas de ATER y/o Crédito Responsable: INC. Articulación: CHJR N° de líneas de ATER y/o Crédito específicas para jóvenes 1 2024 2028 2.3. Realizar cursos de formación para la Institucionalidad pública, que propicien la inclusión de la perspectiva de juventud en el diseño e implementación de políticas públicas Responsable: INJU. Articulación: Institucionalidad Agropecuaria Actividades realizadas 4 2024 2028 2.4. Focalizar acciones de las estrategias y programas de adolescencia y juventud sobre Salud Mental y Bienestar Psicosocial, y Salud Sexual y Reproductiva en jóvenes de la Agricultura Familiar Responsable: INJU. Articulación: Com. Juventud de REAF, CHJR Apoyo: OAF N° Actividades realizadas 110 2024 2028 2.5. Transversalizar el PNAF con perspectiva de generaciones y énfasis en juventudes Responsable: DGDR/MGAP Articulación: INJU Porcentaje de medidas del PNAF que incorporan la perspectiva generacional 35 2024 2028 58 59 Aporte de los Indicadores de Uruguay a los resultados del Plan de Acción Mundial (pilar 3). Resultado esperado en Plan de Acción Mundial Indicador PNAF Uruguay 3.1. Participación mejorada y activa de la mujer rural en la agricultura familiar y en la economía rural. Existencia e implementación de medidas en el PNAF orientadas a la mejora institucional y desarrollo de estrategias -lo cual incluye políticas, directrices, legislaciones, herramientas y programas destinadas a generar empleo rural digno, especialmente para las mujeres rurales 3.2. Ampliación del acceso de las mujeres dedicadas a la agricultura familiar a los recursos naturales, los bienes (re) productivos, la información, las infraestructuras, los servicios financieros y los mercados. Existencia de política sectorial de género 2025 - 2030, aprobada por resolución, que mejora los derechos de la mujer sobre la propiedad y/o control de la tierra, así como su acceso a otros recursos naturales y bienes de producción y a la información, las infraestructuras, los servicios y los mercados. 3.3. Aumento de la capacidad de las agricultoras y sus organizaciones en competencias técnicas, de promoción y de liderazgo que potencien su participación dentro de sus organizaciones y en los procesos de formulación de políticas. Existencia de medidas diseñadas e implementadas en el PNAF orientadas para acelerar la igualdad de género y el empoderamiento económico de la mujer rural Número de programas de capacitación en favor de las mujeres desarrollados en el PNAF. 3.4. Reducir todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas en la agricultura familiar y en las zonas rurales Existencia de medidas para la prevención y protección frente a la violencia de género de las mujeres rurales 60 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 3 Id. Medida Descripción de la medida 3.1. Implementar y articular programas de desarrollo agropecuario y de la pesca, focalizados en mujeres y con medidas diferenciadas para la Agricultura Familiar La diversidad de rubros y perfiles de mujeres residentes en el sector, requieren el desarrollo de acciones afirmativas capaces de dar respuesta a las diferentes situaciones, pero asimismo, eficientes en el uso de los recursos y evitando superposiciones. Frente a ello, se impulsa la evaluación de las convocatorias focalizadas en mujeres rurales de los últimos años y el diseño de una herramienta interinstitucional e integrada por las diferentes Unidades Ejecutoras del MGAP, que articule recursos en una ventanilla común anual, permita el acceso a herramientas diferenciadas y ajustadas a la heterogeneidad de situaciones de las mujeres, incluyendo medidas específicas para aquellas pertenecientes a la Agricultura Familiar. 3.2. Desarrollar campañas para revisar los patrones culturales que sostienen las desigualdades de género en el medio rural Se implementan campañas culturales que combinen diferentes estrategias virtuales y presenciales, y que tienen como foco promover el reconocimiento del aporte de las mujeres en el medio rural y la necesidad de revisar los estereotipos de género en torno a mujeres y varones. 3.3. Transversalizar la perspectiva de Agricultura Familiar en la política sectorial de género La institucionalidad agropecuaria desarrolla como una línea de trabajo común y planificada la política sectorial de género, donde hace énfasis en los cambios en materia de reconocimiento y redistribución vinculada a la situación de mujeres rurales y del agro. La incorporación de la mirada de agricultura familiar a esta política sectorial de género implica un análisis sistemático y la generación de medidas específicas para el subsector de mujeres rurales y del agro pertenecientes a la Agricultura Familiar. 3.4. Desarrollar capacidades para la atención a mujeres en situación de violencia basada en género en el medio rural, a través de tecnología El fortalecimiento de las capacidades en territorio para la respuesta, visibilización, prevención e información frente a las situaciones de violencia basada en género, constituye un desafío por las particularidades del medio rural y el aislamiento de las mujeres en este medio. En ese marco, es necesario avanzar en dispositivos que se ajusten a la atención de las mujeres en VBG en el medio rural como alternativas complementarias a los dispositivos preexistentes, al tiempo que se capacita a quienes se encuentran en el medio rural con miras a la detección, prevención e información. 3.5. Implementar un programa de fortalecimiento de acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes, niños/as rurales en situación de violencia basada en género y generaciones Generar un programa que haga foco en el acceso a la justicia y protección frente a la VBGG de mujeres, adolescentes y niños/as rurales. El programa implica el fortalecimiento del acceso a la justicia mediante protocolos de actuación ajustados a la realidad rural y campañas de sensibilización. Se prevé desarrollar un protocolo de actuación para el Min. del Interior frente a situaciones de VBG en el medio rural para la detección, investigación y atención de situaciones de violencia desde las competencias del Min. de Interior, y estableciendo articulaciones con actores locales y territoriales; desarrollar formación de policías; implementar una campaña de sensibilización y prevención sobre VBGG en el medio rural. 61 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 3 Id. Medida Instituciones Indicador Met a Plazo 3.1. Implementar y articular programas de desarrollo agropecuario y de la pesca, focalizados en mujeres y con medidas diferenciadas para la Agricultura Familiar Responsable: DGS/MGAP Articulación: IPA, INIA Convocatoria anual articulada implementada (1 = Convocatoria implementada; 0 = Convocatoria no implementada) 1 2024 2028 3.2. Desarrollar campañas para revisar los patrones culturales que sostienen las desigualdades de género en el medio rural Responsable: DGS/MGAP. Articulación: INIA. Apoyo: OAF N° Productos de comunicación elaborados y eventos de reconocimiento desarrollados 20 2024 2028 3.3. Transversalizar la perspectiva de Agricultura Familiar en la política sectorial de género Responsable: UEG/MGAP N° de medidas específicas para la Agricultura Familiar integradas a la política sectorial de género 5 2025 2028 3.4. Desarrollar capacidades para la atención a mujeres en situación de violencia basada en género en el medio rural, a través de tecnología Responsable: Inmujeres. Articulación: DGDR/MGAP Se genera una herramienta específica de prevención y atención a mujeres en situación de violencia basada en género en el medio rural, en el marco de los servicios de atención de Inmujeres. (1 = existe; 0 = no existe) 1 2024 2028 3.5. Implementar un programa de fortalecimiento de acceso a la justicia para las mujeres, adolescentes, niños/as rurales en situación de violencia basada en género y generaciones Responsable: Min. Interior N° de personas participantes de sensibilizaciones e intercambios para el diseño del protocolo 50 2024 62 63 Aporte de los Indicadores de Uruguay a los resultados del Plan de Acción Mundial (pilar 4). Resultado esperado en Plan de Acción Mundial Indicador PNAF Uruguay 4.1. Fortalecer las capacidades organizativas y de gobernanza las organizaciones de agricultores familiares que participan en la agricultura, la silvicultura y la pesca para prestar un mejor servicio a sus miembros y comunidades. Existencia de política para el fortalecimiento de las organizaciones de agricultores familiares. Existencia de procesos de formación en liderazgo para las organizaciones de la AF, con énfasis en mujeres y jóvenes. 4.2. Fortalecimiento de la experiencia y capacidades técnicas de los agricultores familiares y de sus organizaciones para recibir y prestar servicios (agrícolas y no agrícolas) a sus miembros con el fin de conseguir medios de subsistencia y entornos sostenibles. Generación de herramientas públicas para el fortalecimiento de los servicios de las OAF. 4.3. Se han tomado medidas colectivas por parte de organizaciones sólidas, transparentes e inclusivas que buscan soluciones. Existencia de procesos de formación en liderazgo para las organizaciones de la AF, con énfasis en mujeres y jóvenes. 4.4. Se han mejorado las capacidades y servicios de comunicación y TIC y se ha oído la voz de los agricultores familiares Existencia e implementación de un plan de comunicación y reconocimiento de la AF 64 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 4 Id. Medida Descripción de la medida 4.1. Generar un mecanismo de consulta y asesoría para la formalización y formas jurídicas asociativas, cooperativas y de la economía social Disponibilizar un mecanismo conjunto DGDR/INACOOP de asesoría dirigida a las OAF, que aborde diferentes formatos de organización y sus características y alcances asociados. Revisión y posibilidades de actualización y adecuación de las OAF y sus estatutos internos. En los casos que involucre colonos, se sumará a las acciones conjuntas el INC en el marco del acuerdo de trabajo existente INACOOP/INC. Esta política se instrumenta en el marco del Artículo 116 de la Ley 18407, Ley 19.848 y la Recomendación Nº 2/18 del GMC MERCOSUR, promoviendo las cooperativas agrarias y otras formas de la economía social y solidaria. 4.2. Desarrollar convenios sociales con las OAF para el desarrollo de obras de infraestructura Incluir a las OAF en la cartera de obra pública dirigida a entidades sociales privadas del MTOP, mediante un mecanismo de convocatoria a expresiones de interés para la realización de obras de infraestructura. 4.3. Diseñar e implementar un programa de formación en gestión asociativa para dirigentes, con énfasis en las mujeres y jóvenes. Desarrollar línea de acción para la formación de dirigentes para la mejora de la gestión asociativa sostenible, incorporando el concepto de triple impacto. 4.4. Generar un portal/hub que actúe como mecanismo centralizado de información que posibilite a las OAF a brindar servicio a sus asociados/as. Desarrollar un portal actualizado que centralice información (y permita nodos territoriales/regionales). El objetivo de esta herramienta es mejorar la coordinación, integración y articulación de la institucionalidad pública-privada, creando sinergias en el accionar conjunto y ofreciendo información actualizada a disposición de todos los actores y particularmente las OAF. 4.5. Ejecutar una convocatoria anual para apoyo a organizaciones Generar una convocatoria anual dirigida a OAF con el objetivo que presenten iniciativas de forma de apoyarlas técnicamente en su formulación, mediante convenio DGDR/MGAP y formular proyectos que sean viables de presentarse a fuentes de financiamiento y herramientas existentes (Diversos instrumentos INACOOP; Convocatoria MIEM/INACOOP, FONDES, ANDE, entre otros). 4.6. Impulsar propuestas surgidas desde los espacios de consulta y diálogo territorial, especialmente MDR, en el marco de las demandas del PNAF En el marco de la estrategia de intervención territorial específica (ITE), canalizar las demandas surgidas en las MDR, validadas por la articulación interinstitucional establecida en el SNIDER y financiadas por el Convenio DGDR/IICA. 65 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 4 Id. Medida Instituciones Indicador Met a Plazo 4.1. Generar un mecanismo de consulta y asesoría para la formalización y formas jurídicas asociativas, cooperativas y de la economía social Responsables: INACOOP; DGDR/MGAP Articulación: Organizaciones Nacionales de la AF N° de colectivos que reciben asesoría 50 2024 2028 4.2. Desarrollar convenios sociales con las OAF para el desarrollo de obras de infraestructura Responsable: MTOP; Articulación: DGDR/MGAP N° de convenios sociales con OAF al año 5 2024 2028 4.3. Diseñar e implementar un programa de formación en gestión asociativa para dirigentes, con énfasis en las mujeres y jóvenes. Responsable DGDR/MGAP. Articulación: INEFOP, INACOOP, UEG MGAP, CHJR . Apoyo: Organizaciones Nacionales de la AF N° de participantes 100 2024 2028 4.4. Generar un portal/hub que actúe como mecanismo centralizado de información que posibilite a las OAF a brindar servicio a sus asociados/as. Responsable: DGDR/MGAP. Articulación: SNIA/UGP SNIDER (IPA, INIA, SUL, INALE, INAC, INASE, INAVI, MGAP) Portal funcionando, con información relevante y actualizado. (1 = existe; 0 = no existe) 1 2024 2028 4.5. Ejecutar una convocatoria anual para apoyo a organizaciones Responsable: INACOOP Articulación: DGDR/MGAP N° de convocatorias en el periodo 5 2024 2028 4.6. Impulsar propuestas surgidas desde los espacios de consulta y diálogo territorial, especialmente MDR, en el marco de las demandas del PNAF Responsable: DGDR/MGAP Articulación: SNIDER N° de ITE desarrolladas a partir de demandas de MDR 10 2024 2025 66 67 Aporte de los Indicadores de Uruguay a los resultados del Plan de Acción Mundial (pilar 5). Resultado esperado en Plan de Acción Mundial Indicador PNAF Uruguay 5.1. Mejorar el nivel de vida y reducir la vulnerabilidad de los hogares a través del acceso a la protección social, los servicios y los bienes públicos para los agricultores familiares, en particular para los jóvenes, las mujeres y sus comunidades. N° de medidas diseñadas e implementadas en el PNAF para la protección social, el desarrollo humano, los servicios financieros y de asesoramiento para los agricultores familiares que potencian las sinergias en la protección social con la reducción de la pobreza rural, la seguridad alimentaria y la nutrición, y la gestión sostenible de los recursos naturales. 5.4. Mejora del acceso de los agricultores familiares a los mercados garantizando una mayor participación y una remuneración adecuada, así como oportunidades de generación de ingresos, en particular para los jóvenes y las mujeres N° de políticas implementadas en el PNAF para mejorar el acceso de los agricultores familiares a los mercados 6.3. Desarrollo de un entorno de mercado inclusivo para los agricultores familiares, que promueve cadenas de suministro de alimentos cortas y proporcione alimentos diversificados y nutritivos, contribuyendo así a aumentar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. N° de políticas implementadas en el PNAF para mejorar el acceso de los agricultores familiares a los mercados 6.4. La cadena de valor inclusiva y justa está funcionando con mejores condiciones para los agricultores familiares, en particular para las mujeres, los jóvenes y sus organizaciones, fomentando la diversificación y producción de alimentos nutritivos. Existencia de cambios e innovaciones institucionales en el marco de compras estatales para la inclusión y ampliación de la agricultura familiar 7.1. Mejora de las sinergias entre los sistemas de producción (pesca, acuicultura, silvicultura, cultivos y ganadería) y una mejor gestión de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que prestan los agricultores familiares. N° de estrategias implementadas en el PNAF destinadas a aumentar las sinergias entre la agricultura, la silvicultura y la pesca de los agricultores familiares y pescadores/as artesanales. 68 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 5 Id. Medida Descripción de la medida 5.1. Diseñar e implementar herramientas financieras permanentes adaptadas a la Agricultura Familiar desde la institucionalidad financiera regulada Se desarrolla una línea de crédito para la Producción Famliar registrada, con tasas y plazos diferenciados, con áreas de intervención específicas diseñadas en conjunto con DGDR/MGAP. El financiamiento tendrá por objetivo fomentar inversiones estructurales, contará con aporte de asistencia técnica del MGAP y proporcionará capital de giro para necesidades puntuales del ciclo productivo. Se diseñará con amortizaciones ajustadas a los ciclos productivos, en las monedas que corresponda según el rubro y a tasas empresariales competitivas. En forma adicional, se trabajará en temas de educación financiera, buscando desarrollar habilidades en el público objetivo que le permita utilizar adecuadamente distintas herramientas financieras. 5.2. Fortalecer las herramientas financieras de DGDR Las herramientas de crédito y financiamiento de la DGDR amplían su cobertura, presupuesto y capacidad de dar respuesta a las necesidades de la Agricultura Familiar, a través de ampliación del presupuesto e innovaciones en: (i) aumentar límites del Programa de Microcrédito Rural; (ii) generar y fortalecer Fondos Rotatorios en conjunto con las organizaciones; (iii) difundir mediante campañas de promoción las herramientas; (iv) Incrementar los fondos para cubrir la demanda. 5.3. Incorporar la Agricultura Familiar como perspectiva transversal a las políticas de Asistencia Técnica del sector agropecuario, y a los programas de cambio climático y acciones ambientales de la institucionalidad agropecuaria Establecer en el diseño y ejecución de los programas y proyectos agropecuarios que incluyen asistencia técnica y/o extensión rural, así como a los vinculados al cambio climático y acciones ambientales de la institucionalidad agropecuaria, medidas diferenciadas hacia la Agricultura Familiar, los distintos perfiles de sus integrantes y sus organizaciones. Conforme las características de los programas y proyectos, las medidas diferenciadas podrán incluir priorización como población objetivo y cuotas, mayor número de jornadas técnicas, formaciones específicas de la ATER sobre Agricultura Familiar, pagos diferenciales de la jornada técnica por tarea, inclusión de equipos técnicos multidisciplinarios, aportes de contrapartes diferenciales, entre otros. 5.4. Facilitar acceso al crédito a través del Grupo Asistido "Inversiones sostenibles para la Agricultura Familiar" En el marco del Programa Crédito Dirigido de ANDE, se diseña e implementa un nuevo Grupo Asistido: "Inversiones sostenibles para la Agricultura Familiar". A través de este grupo se busca apoyar y facilitar el acceso al financiamiento a la Producción Familiar registrada en la transición hacia una economía más sustentable, otorgando créditos con mejores condiciones de mercado para la compra de productos o la mejora de procesos. Se considerarán inversiones específicas las del listado taxativo de inversiones admisibles, y los créditos se otorgarán a través de Instituciones de Microfinanzas de todo el país. 5.5. Implementar una campaña sobre formalización, obligaciones y derechos de la Agricultura Familiar Se desarrolla una campaña de formación y divulgación de información a la Agricultura Familiar acerca de derechos y obligaciones, y se brinda apoyo profesional para impulsar la regularización de la Agricultura Familiar que se encuentra en situación de informalidad, incluyendo temas relacionados con la propiedad de la tierra. 5.6. Desarrollar instrumentos para la mejora del régimen de compras públicas para la Agricultura Familiar Asesorar al Poder Ejecutivo, en el marco del Comité Interinstitucional de Seguimiento de la Ley 19.292, en mejoras al régimen de Compras Públicas para la Agricultura Familiar, incluyendo acciones como: (i) Desarrollo de pliegos estándar, destacando los mecanismos de compra desde la Agricultura Familiar; (ii) Programa de capacitación para desarrollo de proveedores desde las OAF y para compradores de las diferentes Unidades Ejecutoras; (iii) Generación de mecanismos de asesoramiento a diferentes actores, simulador de preferencias y desarrollo de sistemas de información. 69 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 5 (Cont.) Id. Medida Descripción de la medida 5.7. Promocionar circuitos cortos de comercialización para la Agricultura Familiar Desarrollar experiencias de comercialización para Agricultura Familiar que promocione el desarrollo local y potencie experiencias de trabajo realizadas (ferias, mercados de cercanías, etc.). Desarrollando algunos de estos instrumentos: (i) espacios de formación y capacitación; (ii) divulgación, difusión y comunicación; (iii) articulación interinstitucional; (iv) apoyo económico para equipamiento y logística. 5.8. Incorporar al proceso de discusión y planificación estratégica 2025 - 2030 del INC y al mensaje presupuestal asociado al INC, el diagnóstico y las demandas del PNAF Se incluirá como insumo para el proceso de construcción de la planificación y el mensaje presupuestal asociado, el listado de demandas vertidos en el proceso de construcción del PNAF -de gestión del INC y presupuestales-, en la elaboración del Plan Estratégico 2025 y el financiamiento de la cartera de tierras y de la institución. 5.9. Generar medidas de apoyo productivo y fortalecimiento de la Producción Familiar Pesquera y la Acuicultura DINARA desarrolla acciones para atender la situación de la Producción Familiar Pesquera mediante diversos instrumentos y articulaciones interinstitucionales como ser: (i) estudios sobre estado de situación de la pesca artesanal y la producción familiar pesquera; (ii) apoyo a las gestiones administrativas (permisos, matrículas, registros, etc.); (iii) asesoramiento técnico; (iv) apoyo en equipamiento; (v) exploración de alternativas comerciales; (vi) desarrollo de alternativas de formalización; (vii) impulso a la acuicultura en la Agricultura Familiar, entre otros. 5.10 . Implementar capacitaciones agropecuarias focalizadas en la Agricultura Familiar Se diseñan e implementan capacitaciones dirigidas a la Agricultura Familiar, relacionadas al fortalecimiento de sus capacidades productivas agropecuarias. 70 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 5 Id. Medida Instituciones Indicador Met a Plazo 5.1. Diseñar e implementar herramientas financieras permanentes adaptadas a la Agricultura Familiar desde la institucionalidad financiera regulada Responsable: República Microfinanzas; Articulación: DGDR/MGAP, ANDE; SARU/MGAP Línea de crédito desarrollada y disponible (1 = activa; 0 = inactiva) 1 2024 2028 5.2. Fortalecer las herramientas financieras de DGDR Responsable: DGDR/MGAP. Articulación: ANDE, Fundasol, INACOOP N° de herramientas de DGDR con ampliación de presupuesto o innovaciones implementadas 2 2025 2028 5.3. Incorporar la Agricultura Familiar como perspectiva transversal a las políticas de Asistencia Técnica del sector agropecuario, y a los programas de cambio climático y acciones ambientales de la institucionalidad agropecuaria Responsable: MGAP e Institutos públicos agropecuarios Porcentaje de nuevos programas y proyectos agropecuarios con ATER de las instituciones parte, que incluyen una mirada transversal de Agricultura Familiar 75 2024 2028 5.4. Facilitar acceso al crédito a través del Grupo Asistido "Inversiones sostenibles para la Agricultura Familiar" Responsable: ANDE. Articulaciones: Instituciones de Microfinanzas N° de plazas (cupos) para créditos específicos 100 2024 5.5. Implementar una campaña sobre formalización, obligaciones y derechos de la Agricultura Familiar Responsable: BPS. Articulación: DGS/MGAP, DGDR/MGAP Capítulo de Agricultura Familiar en el marco de campaña desarrollada por BPS. (1 = existe; 0 = no existe) 1 2024 2028 5.6. Desarrollar instrumentos para la mejora del régimen de compras públicas para la Agricultura Familiar Responsable: ARCE. Articulación: DGDR/MGAP, MIDES N° de acciones desarrolladas y documentadas para reducir las barreras al acceso de las OH a las adquisición del Estado 4 2024 2028 5.7. Promocionar circuitos cortos de comercialización para la Agricultura Familiar Responsable: DGDR/MGAP. N° de nuevos circuitos cortos y/o espacios de comercialización desarrollados 12 2024 2028 5.8. Incorporar al proceso de discusión y planificación estratégica 2025 - 2030 del INC y al mensaje presupuestal asociado al INC, el diagnóstico y las demandas del PNAF Responsable: INC. Articulación: Poder ejecutivo, Poder Legislativo Existencia de instancia de diálogo entre el Directorio del INC y autoridades de MGAP y el espacio de coordinación y seguimiento del PNAF, en el transcurso de la construcción de la planificación y mensaje presupuestal (1=Existe instancia de diálogo; 0=No existe instancia de diálogo) 1 2025 2028 71 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 5 (Cont.) Id. Medida Instituciones Indicador Meta Plazo 5.9. Generar medidas de apoyo productivo y fortalecimiento de la Producción Familiar Pesquera y la Acuicultura Responsables: DINARA. Articulación: DGDR/MGAP; Prefectura Nacional Naval; Gobiernos Departamentales; Ministerio de Ambiente; Ministerio de Industria; MIDES Existencia de línea de acción con actividades anuales desarrolladas en territorio para la Producción Familiar Pesquera (1 = existe; 0 = no existe) 1 2024 2028 5.10 . Implementar capacitaciones agropecuarias focalizadas en la Agricultura Familiar Institucionalidad pública agropecuaria N° de asistentes a capacitaciones agropecuarias con vínculo con la agricultura familiar 2000 2024 2028 72 73 Aporte de los Indicadores de Uruguay a los resultados del Plan de Acción Mundial (pilar 6). Resultado esperado en Plan de Acción Mundial Indicador PNAF Uruguay 6.1. La gestión y el uso responsables y sostenibles de los recursos naturales se centran en los agricultores familiares con un mayor acceso a los bienes y servicios de producción Porcentaje de nuevos políticas, estrategias o programas de inversión formulados en favor de la agricultura familiar con los objetivos de aumentar la productividad y sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura y la pesca, y de abordar el cambio climático y la degradación del medio ambiente que incluyen transversalmente la perspectiva de agricultura familiar 5.2. Mejora del acceso y control de los recursos naturales y bienes de producción para los agricultores familiares, especialmente los jóvenes y las mujeres, los pueblos indígenas y las personas sin tierra. Porcentaje de nuevos políticas, estrategias o programas de inversión formulados en favor de la agricultura familiar con los objetivos de aumentar la productividad y sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura y la pesca, y de abordar el cambio climático y la degradación del medio ambiente que incluyen transversalmente la perspectiva de agricultura familiar 5.3. Fortalecimiento de la resiliencia y la viabilidad económica de los agricultores familiares mediante la aplicación de prácticas de producción sostenibles y diversificadas, innovaciones y su acceso a una dieta variada y nutritiva. Porcentaje de nuevos políticas, estrategias o programas de inversión formulados en favor de la agricultura familiar con los objetivos de aumentar la productividad y sostenibilidad de la agricultura, la silvicultura y la pesca, y de abordar el cambio climático y la degradación del medio ambiente que incluyen transversalmente la perspectiva de agricultura familiar 6.2. Los agricultores familiares llevan a cabo e impulsan la transición hacia una agricultura sostenible para satisfacer las necesidades de las generaciones actuales y futuras y mitigar el cambio climático. Existencia e implementación de medidas del PNAF orientadas a la promoción de capacidades de la agricultura familiar y de instituciones públicas y otras instituciones pertinentes para implementar estrategias y actividades que gestionan los riesgos, fomentan la producción sostenible y/o abordan el cambio climático y la degradación del medio ambiente 74 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 6 Id. Medida Descripción de la medida 6.1. Incorporar a la estrategia sectorial de agua a mediano y largo plazo, la Agricultura Familiar y sus demandas, en el diagnóstico y con acciones diferenciales La estrategia sectorial de agua que supone la construcción de una política de Estado en la materia, capaz de trascender administraciones de gobierno, incluye dentro del diagnóstico de necesidades y requerimientos la situación de la Agricultura Familiar, y propone dentro de sus líneas de acción medidas específicas o diferenciadas para el sector. 6.2. Desarrollar herramientas para la gestión de riesgo en la Agricultura Familiar El trabajo en la gestión de riesgos climáticos es un desafío para la sustentabilidad de la Agricultura Familiar. Se exploran alternativas de seguros que incluyan las particularidades de la Agricultura Familiar. En particular, el nuevo diseño de seguro índice en ganadería para sequía, contiene medidas diferenciadas para estos. Al mismo tiempo, se sistematizan las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora en materia de medidas y comunicación de acciones frente a las emergencias climáticas. 6.3. Institucionalizar la perspectiva de cambio climático y Agricultura Familiar en DGDR Institucionalizar la perspectiva de cambio climático y agricultura familiar como línea de trabajo permanente de la DGDR, identificando un área interna en la planificación estratégica y un/a referente técnico/a permanente para que represente a DGDR en los diseños, procesos de implementación y evaluación de proyectos de cambio climático del MGAP para incluir la perspectiva de agricultura familiar. Esta figura articulará con la Unidad de Sostenibilidad Agropecuaria y Cambio Climático de OPYPA, en materia de Agricultura Familiar. 6.4. Generar guías metodológicas para la inclusión sistemática de la perspectiva de Agricultura Familiar en planes y programas de cambio climático Se desarrollan guías para la inclusión transversal de la perspectiva de agricultura familiar en las políticas de cambio climático del sector agropecuario, generando propuestas y sugerencias en el plano del diseño, implementación y evaluación de políticas, y en el proceso de trabajo directo con predios agropecuarios. Una guía se orienta a diseñadores/as de políticas y la otra a técnicos/as extensionistas. 6.5. Desarrollar una estrategia de sensibilización a la Agricultura Familiar sobre la biodiversidad y normativas vinculadas Generación de talleres en territorio organizados con las MDR y OAF sobre biodiversidad y los tratados TIRFA y Protocolo de Nagoya 6.6. Articular las implementaciones del PNAF y del Plan Nacional de Agroecología Generar espacios de diálogo y articulación entre CHPNA y PNAF, desarrollando indicadores de gestión de los diferentes componentes del Plan Nacional Agroecología, reportes de implementación e intercambios en función de ello con los ámbitos de implementación y seguimiento del PNAF, generando sinergias en la implementación de ambos planes. 75 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 6 Id. Medida Instituciones Indicador Met a Plazo 6.1. Incorporar a la estrategia sectorial de agua a mediano y largo plazo, la Agricultura Familiar y sus demandas, en el diagnóstico y con acciones diferenciales Responsable: MGAP Agricultura Familiar está incorporada al documento en diagnóstico y medidas 1 2024 2025 6.2. Desarrollar herramientas para la gestión de riesgo en la Agricultura Familiar Responsable: MGAP (OPYPA); Articula: DGDR/MGAP N° de seguros diseñados con medidas diferenciadas para la AF y documento de lecciones aprendidas con oportunidades de mejora en el marco de emergencias climáticas. 2 2024 2028 6.3. Institucionalizar la perspectiva de cambio climático y Agricultura Familiar en DGDR Responsable: DGDR/MGAP Articula: MGAP (OPYPA) Existe línea en planificación estratégica de DGDR 1 2024 2028 6.4. Generar guías metodológicas para la inclusión sistemática de la perspectiva de Agricultura Familiar en planes y programas de cambio climático Responsable: DGDR/MGAP Articula: MGAP (OPYPA) N° de guías desarrolladas 2 2025 2028 6.5. Desarrollar una estrategia de sensibilización a la Agricultura Familiar sobre la biodiversidad y normativas vinculadas Responsable; DGDR/MGAP Articula: DGRN/MGAP y DINABISE/MA N° de personas participantes 250 2024 2028 6.6. Articular las implementaciones del PNAF y del Plan Nacional de Agroecología Responsable: CHPNA Articula: CS PNAF N° de informes anuales entregados con reporte de indicadores consensuados 5 2024 2028 76 77 Aporte de los Indicadores de Uruguay a los resultados del Plan de Acción Mundial (pilar 7). Resultado esperado en Plan de Acción Mundial Indicador PNAF Uruguay 7.2. Fortalecimiento de diversas funciones de la agricultura familiar, promoviendo así la innovación social, la diversificación de las oportunidades de empleo, mejorando las interconexiones entre las zonas rurales y urbanas y generando efectos beneficiosos para la sociedad en general. N° de políticas de acceso a servicios, capacitaciones y conocimientos integrales, tecnologías e infraestructuras rurales implementadas en el marco del PNAF. 7.3. Introducción de oportunidades económicas y soluciones de mercado innovadoras que promueven servicios y productos de la agricultura familiar multifuncional, integradas y desarrolladas sobre la base de los recursos proporcionados por el contexto local. N° de políticas de acceso a servicios, capacitaciones y conocimientos integrales, tecnologías e infraestructuras rurales implementadas en el marco del PNAF. 78 Descripción de medidas operativas del PNAF Uruguay para el Pilar 7 Id. Medida Descripción de la medida 7.1. Desarrollar adecuaciones y mejoras a las obras de infraestructura vial rural en áreas de prioridad de la Agricultura Familiar Incorporar en los proyectos de caminería rural que se llevan adelante con recursos del Fondo de Desarrollo del Interior y del Fondo de Incentivo la Gestión Municipal, la construcción de dispositivos de mejora de la seguridad vial rural (paradas de ómnibus que cuenten con iluminación, la iluminación de cruces de caminos peligrosos), en áreas de prioridad de la Agricultura Familiar. 7.2. Priorizar las obras de caminería rural en áreas de prioridad de la Agricultura Familiar Incorporar en la evaluación de los proyectos de caminería rural que se llevan adelante con recursos del Fondo de Desarrollo del Interior, Programa Caminería Rural y del Fondo de Incentivo a la Gestión Municipal, la perspectiva de agricultura familiar mediante información que remite la DGDR/MGAP de la distribución geográfica de los padrones del registro. 7.3. Aplicar beneficios de servicios de telefonía móvil para la Agricultura Familiar Se genera un convenio entre ANTEL y MGAP que concede porcentajes de descuentos sobre la tarifa mensual de los diferentes planes de telefonía móvil, para promover el acceso diferenciado a servicios de comunicación móvil a la agricultura familiar. Se implementa una campaña de difusión para informar a la Agricultura Familiar sobre los beneficios disponibles y fomentar su participación en el programa. 7.4. Mejorar el acceso a los servicios de salud de la Agricultura Familiar a través de nodos de telemedicina y servicios de referencia de ASSE Contrastar la distribución de la Producción Familiar registrada y la oferta de servicios de PNA de ASSE y nodos de telemedicina, y analizar la ampliación de nodos, al tiempo que se difunde entre la Agricultura Familiar las alternativas de atención de ASSE y se vincula a esta población con los servicios de referencia. 7.5. Fortalecer las habilidades y capacidades de la Agricultura Familiar a través de capacitación Generar talleres e instancias de capacitación para la Agricultura Familiar desde una perspectiva abarcativa de su rol en el territorio. Se realizarán capacitaciones en: (i) educación financiera; (ii) emprendedurismo en el Agro dirigida a jóvenes; (iii) planificación a largo plazo en empresas agropecuarias familiares; (iv) habilidades empresariales con enfoque de género. Asimismo, ANDE implementará Asistencia Técnica complementaria a formaciones con cofinanciamiento entre destinatarios/as y el Programa Centros Pymes. 7.6. Desarrollar proyectos de promoción de capacidades para la Agricultura Familiar, con énfasis en mujeres y jóvenes rurales Desarrollo de capacitaciones de alfabetización digital potenciando el Programa Despegue Digital Rural en la agricultura familiar, así como capacidades para el empleo en habilidades digitales y manejo de equipamiento (drones, maquinaria especializada, etc) y vehículos, para la agricultura familiar con énfasis en mujeres y jóvenes. 7.7. Desarrollar ajustes a los diversos planes y programas de electrificación para la Agricultura Familiar Revisión y ajuste de los planes y programas de electrificación de UTE para hogares y empresas rurales, a efectos de incorporar acciones diferenciadas hacia la Agricultura Familiar 7.8. Diseñar y ejecutar infraestructuras adaptada a las necesidades de los hogares de la Agricultura Familiar y su actividad productiva Diseño y ejecución de infraestructura adaptada a las necesidades de la agricultura familiar y su actividad productiva. Considerando: (i) sistemas de abastecimiento de agua, perforaciones equipadas o sistemas de recolección de agua, para el acceso al agua de uso doméstico; (ii) el acceso a la electrificación en el medio rural; (iii) infraestructura específica y adaptada a la escala de la producción familiar y sus necesidades productivas. 7.9. Desarrollar convocatorias a proyectos de turismo rural con perspectiva de Agricultura Familiar Desarrollar convocatorias a proyectos de turismo rural que cuente con perspectiva de agricultura familiar y tenga medidas diferenciadas hacia estos. 79 Monitoreo y responsabilidades de las medidas del Pilar 7 Id. Medida Instituciones Indicador Met a Plazo 7.1. Desarrollar adecuaciones y mejoras a las obras de infraestructura vial rural en áreas de prioridad de la Agricultura Familiar Responsable: OPP. Articulación: Intendencias, Municipios, DGDR/MGAP. N° de obras con dispositivos 10 2024 2028 7.2. Priorizar las obras de caminería rural en áreas de prioridad de la Agricultura Familiar Responsable: OPP. Articulación: DGDR/MGAP Agricultura Familiar incorporada en los criterios de selección establecidos. (1 = Incorporada; 0= No incorporada) 1 2024 2028 7.3. Aplicar beneficios de servicios de telefonía móvil para la Agricultura Familiar Responsable: ANTEL. Articulación: DGDR/MGAP. N° de contratos vinculados al convenio de telefonía ANTEL MGAP 2000 2024 2028 7.4. Mejorar el acceso a los servicios de salud de la Agricultura Familiar a través de nodos de telemedicina y servicios de referencia de ASSE Responsable: ASSE. Articulación: DGDR/MGAP. N° de zonas con acciones específicas de ampliación de cobertura y/o mejora del acceso a servicios de ASSE de la agricultura familiar 5 2024 2028 7.5. Fortalecer las habilidades y capacidades de la Agricultura Familiar a través de capacitación Responsable: ANDE Articulación: DGDR/MGAP. N° de plazas (cupos) disponibles para capacitación. 350 2024 7.6. Desarrollar proyectos de promoción de capacidades para la Agricultura Familiar, con énfasis en mujeres y jóvenes rurales Responsable: INEFOP. Articulación: DGDR/MGAP. N° de personas capacitadas 1000 2024 2028 7.7. Desarrollar ajustes a los diversos planes y programas de electrificación para la Agricultura Familiar Responsable: UTE N° Planes o programas ajustados 3 2024 2028 7.8. Diseñar y ejecutar infraestructuras adaptada a las necesidades de los hogares de la Agricultura Familiar y su actividad productiva Responsable: MEVIR N° de sistemas y soluciones ejecutados 30 2024 2028 7.9. Desarrollar convocatorias a proyectos de turismo rural con perspectiva de Agricultura Familiar Responsable: Min. Turismo. Articula: DGDR/MGAP Convocatoria implementada (1 = Si; 0 = No) 1 2024 2028 80 6. Estrategia de implementación: seguimiento, gobernanza y evaluación El PNAF 2024-2028 busca fortalecer y visibilizar la agricultura familiar en el país y se ha diseñado como una hoja de ruta compartida con medidas monitoreables, estructuradas en siete pilares principales. Cada pilar incluye medidas específicas para abordar las necesidades y desafíos identificados a través de un proceso participativo de generación de propuestas que fueron priorizadas y validadas. Estas medidas cuentan con organismos responsables de su implementación y otras instituciones participantes en roles de articulación. Para cada medida, se ha definido una descripción, un indicador, una meta y el período para alcanzarla. La implementación del PNAF prevé metas generales a 2028, y se ejecutará mediante resoluciones ministeriales que establecen los Planes Operativos Anuales (POA). La estructuración mediante POA permitirá al PNAF la flexibilidad y progresividad necesaria para ajustar, incrementar y profundizar acciones durante todo el período del Decenio de la Agricultura Familiar. Esta ejecución tendrá como recursos de planificación, rendición y transparencia: ✓ Planificación 2024 - 2028 ✓ Planes operativos anuales (POA), aprobados cada abril/mayo ✓ Matriz de monitoreo de medidas de la planificación general del PNAF a 2028 ✓ Matriz de monitoreo de medidas de la planificación anual del PNAF ✓ Matriz de monitoreo de indicadores globales de Uruguay como aporte a los resultados del Plan de Acción Mundial (PAM) ✓ Informe anual de reporte de indicadores generales PNAF, anuales PNAF y de aporte al PAM, realizados cada noviembre/diciembre ✓ Plataforma de transparencia de la implementación del PNAF ✓ Evaluación final a 2028 Asimismo, y en función de que el PNAF implica una serie de aspiraciones en términos de cambio social de mediano y largo plazo, se trabajará en la construcción de indicadores de las principales tendencias del sector que, difundidas en el visualizador de la agricultura familiar, actúen como referencia en aquellas áreas a las cuales las medidas del plan se suman como acciones de política pública9. 9 La brevedad del PNAF 2024 - 2028 impide pensar que éste por sí sólo pueda modificar las causas estructurales que determinan el problema y logren, en un periodo tan acotado, cumplir con las aspiraciones de mediano y largo plazo que subyacen al PNAF y a las organizaciones e instituciones vinculadas a él (Ej. mayor presencia de jóvenes en el medio rural). Asimismo, las fuentes de información disponibles actualmente y la periodicidad de esas fuentes impiden que se tengan datos directos de la línea de base (Ej. número de productores/as familiares vulnerables al cambio climático). No obstante, durante la ejecución del plan es posible identificar una serie de indicadores proxy (Ej. porcentaje de jóvenes en el registro de producción familiar) o generar indicadores en nuevas herramientas de relevamiento que permitan, de la mano del visualizador de la agricultura familiar, ir reportando sobre la situación del sector, y dando cuenta de las tendencias en aquellas áreas donde el PNAF tiene medidas. Ello sin implicar análisis mecánicos de imputación causal a las medidas, cuando se trata de fenómenos multicausales y de mediano y largo plazo. 81 Los ámbitos para la gestión, implementación, seguimiento y gobernanza previstas para el PNAF son: 1. Dirección del PNAF (2024-2028): Formada por quienes ejerzan la Coordinación Nacional de la REAF (titular y alterna) y la Dirección General de Desarrollo Rural. Esta dirección colectiva representará a nivel de autoridades el PNAF y actuará como responsable política del mismo, asegurando la articulación con la máxima autoridad ministerial y otras autoridades intra y extra ministeriales, los recursos humanos, técnicos y financieros para la implementación y la aprobación de los reportes anuales. Esta dirección colectiva designará al Equipo Coordinación Técnica. 2. Equipo de Coordinación Técnica: Designado por la Dirección del PNAF, este equipo realizará la gestión cotidiana del PNAF, procurando la continuidad y seguimiento de las actividades, y coordinando con los restantes ámbitos de ejecución y seguimiento, los equipos técnicos involucrados en las medidas y la dirección del PNAF. Este Equipo de Coordinación Técnica convocará bimestralmente a la Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil y cuatrimestralmente a la Comisión Interinstitucional del PNAF. Este equipo se integrará por cuatro personas que podrán ser del MGAP o de otras instituciones involucradas en el PNAF. Adicionalmente, la dirección designará una asesoría en comunicación que articulará directamente con el Equipo de Coordinación Técnica y generará en conjunto una estrategia de comunicación del PNAF. 3. Referentes técnicos/as de pilar: Se prevé la designación por parte de la Dirección del PNAF de siete técnicos/as referentes de pilar para impulsar la coordinación interna de medidas del pilar y monitorear el progreso, así como reportando sobre el mismo. Estos/as técnicos/as podrán ser del MGAP o de otras instituciones involucradas en el PNAF, siendo o no parte del Equipo Técnico de Coordinación. 4. Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil: Formada por ocho integrantes definidos/as en el ámbito de la Sección Nacional de la REAF, con representación equitativa de las organizaciones nacionales de la Agricultura Familiar y delegados/as de las MDR. Esta comisión actuará como control social del PNAF, garantizando la participación activa de la sociedad civil en el seguimiento del plan e incidiendo en los procesos de construcción de los POA y sus reportes. Esta comisión sesionará bimestralmente a instancia del Equipo Coordinador Técnico. La Comisión de Seguimiento de la Sociedad Civil dará cuenta de lo actuado a la Sección Nacional de la REAF, entendiendo este como el ámbito de diálogo político nacional y participación social de referencia para el PNAF. 5. Comisión Interinstitucional del PNAF: Se reunirá tres veces al año para coordinar las acciones del plan y reportar sus avances, estará compuesta por representantes de las instituciones involucradas en las medidas del PNAF y sus POA, asegurando coherencia y sinergia entre las diferentes iniciativas del PNAF. Esta comisión estará convocada por el 82 Equipo Técnico Coordinador y participarán de la misma los/as referentes técnicos/as de los pilares. La representación de FAO, FIDA e IICA en Uruguay y la Secretaría Técnica de la REAF - MERCOSUR serán convocadas a participar de este espacio de articulación como referentes globales y regionales de DNUAF. En relación a la evaluación final se prevé la generación de un proceso participativo cuya metodología implique: (i) reportar cuantitativamente sobre ejecución, progresividad y ampliación de las medidas, cumplimiento de metas y aporte del PNAF a los resultados del DNUAF; (ii) consultas ciudadanas de valoración cualitativa del plan y su proceso. Como se desprende de lo anterior, el PNAF cuenta con una estrategia de implementación que ante todo aspira a que esta planificación, su diagnóstico previo y el proceso de construcción devengan en un cambio sustantivo en la realidad e institucionalidad de la agricultura familiar. En ese marco, la planificación monitoreable, la participación ciudadana, el diálogo técnico - político en cada año y una flexibilidad capaz de permitir ajustes a las administraciones de gobierno, buscan -como señaló la introducción de este documento-, hacer de la fomento y reconocimiento de la Agricultura Familiar una política de Estado. 83 7. 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La política está dirigida a empresas rurales vinculadas a Unidades Productivas Familiares menores a 200 hectáreas CONEAT 100, que hayan contado con la contratación de menos de 100 jornales anuales, sin asalariados/as permanentes Exoneración parcial de contribución inmobiliaria rural Intendencias Deptales. En el año 2001, mediante el artículo 448 de la Ley Nº 17.296, se establece la exoneración de la contribución inmobiliaria rural de las primeras 50 hectáreas a aquellos/as productores/as propietarios/as de padrones rurales que no exploten más de 200 hectáreas CONEAT 100 en su conjunto. Mediante el artículo 681 de la Ley Nº 19.355 se establece además que deberán ser productores/as familiares registrados/as Fondo Agropecuario de Emergencia (FAE). MGAP A partir de la creación del FAE, a través del artículo 207 de la Ley Nº 18.362 y su posterior reglamentación (Decr. N° 829/08), se ha aplicado en los distintos operativos de emergencia de 2009 en adelante, medidas diferenciadas o priorizadas para la producción familiar registrada, tanto en acceso como en reembolso Reserva de mercado para la Agricultura Familiar Todas las instituciones del Estado La Ley Nº 19.292 establece un régimen de compras públicas en el cual se reserva el 30% de las compras públicas centralizadas y el 100% de las compras públicas descentralizadas para la agricultura familiar. La ley está dirigida a productores/as familiares, con vínculo con organizaciones en las que al menos el 70% de la masa social este registrada en el RPF. Para poder formar parte de este régimen, las organizaciones deben estar registradas en el Registro Nacional de Organizaciones Habilitadas (RENAOH) llevado adelante por la DGDR Excepcionalidad norma semillas (Ley 18.467) INASE Excepcionalidad en el cumplimiento de la normativa en la utilización de semilla de uso propio ante pago de “royalties” según Artículo 1 de la Ley 18.467 a unidades de producción familiar registradas. Decreto 172/10 Programa "Vuelve en agua" DINAGUA Programa de registro de obras de fuente agua realizadas o nuevas, con financiamiento para el trabajo técnico para las unidades productivas familiares registradas Préstamo a productores familiares apícolas DIGEGRA RMSA Préstamos parcialmente reintegrables a unidades productivas del rubro apícolas, integradas al Registro de Productores/as Familiares (DGDR) o al Registro Nacional de Propietarios de Colmenas (DIGEGRA) con hasta 1000 colmenas. 89 Empodera DGDR MGAP, ANDE, MEF y IIFF Crédito productivo que cuenta con garantía provista por el Estado. Dirigido a mujeres rurales y del agro, entre otras, productoras familiares registradas Microfinanzas RMSA Art. 723 Ley 19.355, establece que las microfinanzas rurales se deben ajustar a las/los productores familiares Mercado de Cercanías IIDD Espacio de comercialización descentralizado y especializado en AF Tratamiento diferenciado en registro de alimentos Intendencia Montevideo Registro del Servicio de Regulación Alimentaria por grupo de productos provenientes de unidades de producción familiar registradas, para facilitar inscripciones y reducir costos (Res. 4054/18) Apoyo a OH proveedoras de compras públicas DGDR MGAP MIDES ARCE Apoyo a organizaciones de base para establecerse como organizaciones para constituirse como OH ante RENAOH y desarrollo proveedores. Agentes Territoriales de Desarrollo Rural (ATDRs) DGDR MGAP Apoyo financiero en asistencia técnica para el desarrollo de capacidades para organizaciones en el territorio para gestión y ejecución de políticas públicas. Acceso a ATER para transición agro ecológica DGDR MGAP Planes de Fomento de la Producción con Bases Agroecológicas (SENDA Agroecológica), con acceso priorizado a colectivos con al menos 70% PF Programa desarrollo de la quesería artesanal (AIDQA) INALE DGDR MGAP FDI OPP Intendencias Apoyo en asistencia técnica y para la incorporación de tecnologías innovadoras y acceso a mercados para mejorar la productividad y formalizar empresas de la quesería artesanal. Se encuentra en desarrollo Fase III del Programa que se ejecuta desde 2013. Programa Cuencas Lecheras INALE DGDR MGAP Apoyo en asistencia técnica y para la incorporación de tecnologías innovadoras para mejorar la productividad del sector lechero familiar en cuencas no tradicionales Seguro para la producción ovina BSE, SUL DGDR MGAP Subsidio de la prima de seguro a la producción ovina ante muerte de animales, para unidades de producción familiar registrada. SIIAS (Sistema integrado de información del área social) MIDES Toda institución pública adherida al SIIAS Acceso desde más de 40 instituciones a la información del Registro de Productores/as Familiares para los cometidos del SIIAS. diseñar, organizar y operar un sistema de información social con indicadores relevantes que permita una adecuada focalización del conjunto de políticas y programas sociales. DRPF está adherido. Programa de apoyo a la producción MEVIR Política para ampliar el acceso a infraestructura productiva en el medio rural, financiamiento diferenciado a unidades de producción familiar registrada. Uruguay 100% electrificado. Acceso diferenciado a paneles solares de generación eléctrica UTE, OPP, MIEM, MGAP, MIDES Política para garantizar el acceso a luz eléctrica a todas las personas en el medio rural. Financiamiento diferencial de la instalación de Sistema Fotovoltaico Aislado, para unidades de producción familiar registradas. MÁS INFORMACIÓN: P L A N N A CI ON AL DE AGRICULTURA FA M IL IA R Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca La agricultura familiar es un sector fundamental de la producción, que contribuye al desarrollo económico, social y ambiental de nuestro país. Su aporte es crucial para la seguridad alimentaria y la preservación de la cultura rural. El Plan Nacional de la Agricultura Familiar es una respuesta colectiva frente a un futuro cada día más desafiante.