Decreto Supremo N⁰ 009-2021-JUS – Aprueba el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025

Artículo 1 — Designar al señor DANTE ALEJANDRO humanos y del derecho internacional humanitario; revisar

Artículo 1.- Designar al señor DANTE ALEJANDRO humanos y del derecho internacional humanitario; revisar SÁNCHEZ FLORES en el cargo público de confianza y someter a aprobación del Despacho Viceministerial de Asesor II del Despacho Ministerial del Ministerio del de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia el Interior. anteproyecto de los planes y programas nacionales de

Artículo 2 — Encargar al servidor señalado en el derechos humanos; así como propiciar la articulación

artículo precedente las funciones correspondientes al Área de Abastecimiento de la Unidad de Administración El Peruano / Viernes 11 de junio de 2021 entidades del gobierno a nivel nacional, regional y local, respectivamente; Que, a través de la Resolución 17/4 de fecha 16 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hace suyos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, elaborados por el Representante Especial del Secretario General de la referida organización para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas; los cuales constituyen el punto de referencia para la actuación de los Estados en materia de empresas y derechos humanos; Que, a través de la Resolución 70/1 de fecha 25 de setiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 que establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron constituyéndose en la guía de referencia para el trabajo de los países a nivel nacional. La mencionada Agenda cuenta con diecisiete (17) Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS y en ella se desarrolla el rol innovador del sector privado para contribuir con el desarrollo sostenible como motor de la productividad, el crecimiento económico inclusivo y la creación del empleo; Que, mediante el Decreto Supremo N° 002- 2018-JUS, se aprueba el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, documento que constituye una herramienta estratégica, multisectorial e integral, destinada a asegurar la gestión de políticas públicas en materia de derechos humanos en el país. Este Plan reconoce en sus cinco lineamientos estratégicos la relación entre las obligaciones internacionales de derechos humanos, la Agenda 2030, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; Que, el Lineamiento Estratégico N° 5 del mencionado Plan, denominado “Implementación de Estándares Internacionales sobre Empresas y Derechos Humanos”, tiene como objetivo estratégico garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en sus ámbitos de acción, para lo cual se promueve la implementación de los Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, los cuales son complementados con las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos para las Empresas Multinacionales, la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo, entre otros instrumentos internacionales; Que, para dicho fin, el lineamiento estratégico antes referido contempla como una de sus metas, la formulación de un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, el cual debe ser construido de modo amplio, participativo, consensuado y descentralizado entre el sector estatal, empresarial, pueblos indígenas, sindicatos y de la sociedad civil; Que, para ello, mediante Resolución Viceministerial N° 001-2019-JUS del 6 de setiembre de 2019 se aprueba la “Metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos”, encargándose su implementación a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Que, en dicha línea, se presenta el proyecto del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, que es el primero de su tipo en el país y ha sido elaborado en un periodo de dos años y cuatro meses que abarcó tres etapas: convocatoria; elaboración de diagnóstico y línea de base de 23 temas priorizados; y elaboración de 97 acciones con sus correspondientes indicadores y metas; Que, el mencionado diagnóstico y línea ha priorizado los siguientes 23 temas, teniendo en cuenta además el contexto de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19: necesidades de capacitación en Empresas y Derechos Humanos; mecanismos empresariales de debida diligencia; informalidad del sector 28 parte integrante del presente Decreto Supremo, el cual consta de cinco (5) lineamientos estratégicos: 1) Promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de rectores y otros instrumentos internacionales; 2) Diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial; 3) Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades; 4) Promoción y diseño de procedimientos debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos; 5) Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación. Artículo 2.- Encargar al servidor señalado en el derechos humanos; así como propiciar la articulación de las políticas, planes y programas de derechos humanos con las políticas sectoriales de cada una de las NORMAS LEGALES 27 económico; trabajo infantil; personas con discapacidad; personas adultas mayores; personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales; personas afrodescendientes; personas migrantes extranjeras; mecanismos de reparación judicial; mecanismos de reparación extrajudicial; derechos de las mujeres; transparencia, integridad y lucha contra la corrupción; libertad sindical y negociación colectiva; seguridad privada; personas defensoras de derechos humanos; derechos de los pueblos indígenas; conflictividad social; uso de la fuerza y protesta social; estudios de impacto ambiental; minería; hidrocarburos; y, agricultura a gran escala; Que en las señaladas tres etapas, el proceso se ha caracterizado por contar con un alto nivel de participación y estar centrado en un diálogo multiactor democrático, entre iguales, de buena fe, inclusivo, descentralizado, dirigido a la búsqueda de consensos. Este diálogo ha contribuido significativamente a fortalecer progresivamente el entendimiento común de los actores estatales, empresariales, de pueblos indígenas, sindicatos y sociedad civil, respecto de la necesidad de contar con un instrumento de gestión pública sobre empresas y derechos humanos, enmarcado en el contexto peruano, viable y legítimo, basado en los Principios Rectores de la Organización de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y otros estándares internacionales; Que, en ese sentido, el proceso de elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, ha permitido consensuar entre los mencionados actores acciones estratégicas, indicadores y metas para incorporar progresivamente los señalados estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos en todas las políticas públicas vinculadas con las actividades empresariales, con la finalidad de garantizar la coherencia de la política pública de derechos humanos en todos los sectores estatales nacionales y subnacionales, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de promoción y respeto de los derechos humanos de todas las personas, en especial de las más vulnerables, en el ámbito de las actividades de las empresas de todo tamaño y rubro, con una especial atención al fenómeno de la informalidad, y en consecuencia, coadyuvando al desarrollo sostenible del país; Que, debe destacarse que en el proceso de elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos han intervenido 132 instituciones pertenecientes al sector estatal, empresarial, pueblos indígenas, sindicatos y sociedad civil organizada, así como organismos internacionales y de la cooperación internacional, que han participado en 426 actividades con enfoque multiactor y descentralizado, entre mesas de trabajo, reuniones bilaterales, conversatorios internacionales, nacionales y regionales, talleres y otros mecanismos de diálogo; en todas estas actividades se ha contado con la permanente asistencia técnica de organismos internacionales y de la cooperación internacional; Que, en atención a lo dispuesto, resulta conveniente y necesario aprobar el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025; De conformidad con la Constitución Política del Perú; la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2017-JUS; y, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, aprobado por el Decreto Supremo N° 002-2018-JUS; estratégicas, DECRETA: de base Artículo 1.- Aprobación del plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos 2021- 2025 Apruébase el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025, que como Anexo forma NORMAS LEGALES Viernes 11 de junio de 2021 / El Peruano Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del mes de junio del año dos mil veintiuno. FRANCISCO RAFAEL SAGASTI HOCHHAUSLER Presidente de la República los principios VIOLETA BERMÚDEZ VALDIVIA Presidenta del Consejo de Ministros RICARDO DAVID CUENCA PAREJA Ministro de Educación a través NURIA ESPARCH FERNÁNDEZ Ministra de Defensa de diligencia JOSÉ MANUEL ANTONIO ELICE NAVARRO Ministro del Interior FEDERICO TENORIO CALDERÓN Ministro de Desarrollo Agrario y Riego SILVANA VARGAS WINSTANLEY Ministra de Desarrollo e Inclusión Social

Artículo 2 — Implementación del plan Nacional de

Artículo 2.- Implementación del plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos 2021- SILVIA LOLI ESPINOZA 2025 Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Los Ministerios y los organismos públicos implementan y adoptan, en el ámbito de sus competencias, las medidas OSCAR UGARTE UBILLUZ necesarias para cumplir con las metas del “Plan Nacional Ministro de Salud de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021- 2025” en los plazos establecidos en el mismo. EDUARDO GONZÁLEZ CHÁVEZ Ministro de Transportes y Comunicaciones

Artículo 3 — cumplimiento del plan Nacional de

Artículo 3.- cumplimiento del plan Nacional de Acción sobre empresas y Derechos Humanos 2021- SOLANGEL FERNÁNDEZ HUANQUI 2025 Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es la entidad conductora del “Plan Nacional de Acción WALDO MENDOZA BELLIDO sobre Empresas y Derechos Humanos 2021-2025”. Ministro de Economía y Finanzas La responsabilidad sobre su cumplimiento, a través de acciones de coordinación, supervisión, evaluación y JAVIER EDUARDO PALACIOS GALLEGOS monitoreo corresponde al Viceministerio de Derechos Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo Humanos y Acceso a la Justicia de dicha entidad; ALEJANDRO NEYRA SÁNCHEZ

Artículo 4 — Financiamiento Ministro de Cultura

Artículo 4.- Financiamiento Ministro de Cultura La implementación de las acciones derivadas del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos JOSÉ LUIS CHICOMA LÚCAR Humanos 2021-2025 se realiza de manera progresiva y Ministro de la Producción se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos JAIME GÁLVEZ DELGADO adicionales al Tesoro Público. Ministro de Energía y Minas

Artículo 5 — publicación CLAUDIA CORNEJO MOHME

Artículo 5.- publicación CLAUDIA CORNEJO MOHME Dispóngase la publicación del “Plan Nacional de Ministra de Comercio Exterior y Turismo Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021- 2025” en el Portal Institucional del Ministerio de EDUARDO VEGA LUNA Justicia y Derechos Humanos (https://www.gob.pe/ Ministro de Justicia y Derechos Humanos minjus), en el Observatorio de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (https:// ALLAN WAGNER TIZÓN observatorioderechoshumanos.minjus.gob.pe ), así Ministro de Relaciones Exteriores como en la Plataforma Digital Única para Orientación al Ciudadano (https://www.gob.pe) y en el Portal de GABRIEL QUIJANDRIA ACOSTA la Presidencia de la República (https://www.gob.pe/ Ministro del Ambiente presidencia/), el mismo día de la publicación del presente Decreto Supremo en el Diario Oficial El Peruano. 1962210-5

Artículo 6 — refrendo Aprueban el Trigésimo Primer Listado de

Artículo 6.- refrendo Aprueban el Trigésimo Primer Listado de El presente Decreto Supremo es refrendado por Beneficiarios civiles, militares y policiales la Presidenta del Consejo de Ministros, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Ministro de Salud, del Programa de Reparaciones Económicas el Ministro de la Producción, la Ministra de Comercio (PRE) Exterior y Turismo, el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, la Ministra reSoLucIÓN mINISterIAL de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministro de N° 0107-2021-JuS Cultura, el Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Lima, 7 de junio de 2021 Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Ministro VISTOS, el Oficio N° 1131-2021-JUS/SE-CMAN, de de Relaciones Exteriores, el Ministro de Educación, la la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministro del Alto Nivel encargada del seguimiento de las acciones y Interior, el Ministro del Ambiente, la Ministra de Defensa, y políticas del Estado en los ámbitos de la Paz, la Reparación el Ministro de Energía y Minas. Colectiva y la Reconciliación Nacional – CMAN; el Oficio Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 2021-2025 1 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 2021-2025 ÍNDICE Introducción 3 Capítulo I 6 Proceso de elaboración del primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 1.1. Antecedentes y contexto 6 1.2. Metodología: el diálogo entre iguales como base del PNA 13 1.3. Etapas del proceso de elaboración 20 1.4. Actores que participaron en el proceso 24 Capítulo II 30 Situación de las empresas y los derechos humanos en Perú Capítulo III 40 Diagnóstico y línea base: ámbitos de acción 3.1. Conclusiones generales del diagnóstico y línea base 40 3.2. Conclusiones de los temas específicos 43 Capítulo IV 57 Lineamientos estratégicos, objetivos, acciones, indicadores y metas Capítulo V 128 Implementación, seguimiento, evaluación y actualización del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 5.1. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, y otros elementos internacionales, como estándar internacional 128 5.2. Mecanismo de seguimiento, evaluación y actualización del PNA 2021-2025 129 5.3. Fases de la implementación del mecanismo de seguimiento, evaluación y actualización del PNA 2021-2025 130 2 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 INTRODUCCIÓN La adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (en adelante, PR) en 2011 significó un hito internacional en la cuestión de las empresas y los derechos humanos, ello se alineó con las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales (2011) y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (2017), lo que constituyó el marco internacional de la denominada “Conducta Empresarial Responsable” (en adelante, CER), con el fin de promover la contribución positiva que las empresas puedan realizar frente al desarrollo sostenible y ayudar a prevenir y abordar los impactos negativos. Estos instrumentos establecen que todas las empresas, independientemente de su tamaño, sector, contexto operativo, propiedad y estructura, tienen la responsabilidad de evitar y hacer frente a las consecuencias negativas en las que puedan verse implicadas1, incluyendo aquellas presentes en las cadenas de suministro, mientras realizan una contribución positiva al progreso económico, medioambiental y social de los países en los que operan. Entre los medios identificados para alcanzar este doble objetivo, destaca ampliamente la utilidad y versatilidad de los planes nacionales de acción (PNA), reflejándose ello en que 24 países en todo el mundo cuentan con este instrumento aprobado. El PNA sobre Empresas y Derechos Humanos es entendido como un marco para concretar políticas públicas que lleven al Estado y a las empresas –junto con otros actores– a hacer efectivos los Principios Rectores y el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Además, sitúa a cada país que cuenta con uno como un destino sostenible para las inversiones, pues garantiza una CER en línea con los mencionados estándares e instrumentos internacionales. En Perú, los primeros acercamientos a la temática se remontan a la participación del “Programa País” de la OCDE, mecanismo para alcanzar los estándares y prácticas de dicha organización y servir como base para el proceso de reformas en sus políticas públicas, así como la adhesión de Perú a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales en 2008, estableciendo además un Punto Nacional de Contacto para la CER en 2009. A las recomendaciones generales de los órganos internacionales de derechos humanos se sumó en 2017 la visita del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de las Naciones Unidas (ONU) al país. Este reconoció la voluntad política del gobierno peruano de implementar los Principios Rectores y advirtió los beneficios de la elaboración de un PNA sobre la materia para una mayor coherencia en las políticas públicas, así como para la protección y garantía de los derechos humanos. 1 Cf. OCDE et al. (s/f). Empresas responsables: Mensajes claves de los instrumentos internacionales. CERALC, pág. 2. Disponible en: https://mneguidelines.oecd.org/Joint-brochure- instruments-Responsible-supply-chains-in-Asia-Project.pdf 3 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Es de destacar, además, que Perú ha dado pasos significativos para implementar los estándares de debida diligencia. En ese sentido, en 2018 se adhirió a la Recomendación del Consejo de la OCDE sobre la Guía de Debida Diligencia para una CER, la cual se suma a las adhesiones previas a las Recomendaciones del Consejo sobre las Guías de Debida Diligencia para el sector minero en 2011 y para el sector textil y del calzado en 2017. En particular, la Guía de Debida Diligencia para una CER, publicada en 2018, además de haber sido consensuada por los gobiernos, sindicatos, empresas y sociedad civil, busca promover un consenso sobre la debida diligencia y, asimismo, contribuir a que las empresas implementen las recomendaciones en materia de debida diligencia recogidas en los Principios Rectores, así como en la Declaración Tripartita de Principios sobre las Empresas Multinacionales y la Política Social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)2. Por su parte, en los últimos años, el sector empresarial peruano ha dado muestras de voluntad de seguir avanzando desde la lógica de la responsabilidad social empresarial hacia la de la debida diligencia y la CER. Además, el sector reconoce que los Principios Rectores se han convertido en el marco rector en materia de empresas y derechos humanos, y que permite esclarecer el papel y las responsabilidades que ostentan tanto estados como empresas. A pesar de problemas persistentes como el alto nivel de informalidad y, recientemente, la pandemia global por la COVID-19, el sector empresarial formal ha adoptado progresivamente buenas prácticas orientadas por los Principios Rectores y otros estándares internacionales vinculados. Bajo este contexto, el Estado adoptó el tercer Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2018-2021, el cual incorporó en el Lineamiento estratégico N° 5 la implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, con el objetivo de: “Garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en su ámbito de acción”. De conformidad con el marco normativo y de política pública vigente, el Poder Ejecutivo se propuso entonces promover la implementación progresiva de los Principios Rectores y de otros instrumentos internacionales relacionados, a través de la elaboración de un PNA sobre Empresas y Derechos Humanos. De esta manera, la incorporación del PNA como un objetivo de política pública dentro del PNDH 2018-2021 acoge las recomendaciones brindadas por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas durante su visita, transmitidas durante el Examen Periódico Universal (EPU) y por otros órganos de protección internacional de los derechos humanos3. 2 Véase: OCDE. (2018). Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. París: OCDE. Disponible en: https://mneguidelines.oecd.org/Guia-de-la-OCDE-de- debida-diligencia-para-una-conducta-empresarial-responsable.pdf 3 Véase: ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2018). Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Perú. A/HRC/38/48/Add.2. 9 de mayo, párr. 87, 90.c) y 92.c); ONU. Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. (2018). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico 4 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 En este sentido, la elaboración y puesta en marcha de un PNA basado en los Principios Rectores y otros estándares internacionales plantea un punto de inflexión y contribuye de manera notable a sensibilizar y activar el interés —tanto en el ámbito del sector público como del sector privado y la sociedad civil, entre otros— por la agenda a favor de las empresas y los derechos humanos. El proceso de elaboración del PNA inició en enero de 2019 y concluyó en mayo de 2021, bajo el liderazgo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) y en el marco de una alianza estratégica con el Sistema de la ONU, la OCDE y la OIT, así como de embajadas de países aliados y órganos de la cooperación internacional. Durante el proceso, a solicitud del Estado peruano, la OCDE elaboró y publicó el informe “Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable – PERÚ”4, a través del cual dirigió una serie de recomendaciones para contribuir con el fortalecimiento de las políticas públicas sobre la materia. Como se desarrollará en este documento, el proceso de elaboración del PNA contó con la participación de 132 entidades del Estado, las empresas, la sociedad civil, los pueblos indígenas u originarios, los sindicatos y los organismos internacionales y de cooperación internacional, en un ejercicio de diálogo altamente participativo, centrado en fortalecer las políticas públicas para contribuir con la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas las personas y colectivos, en especial, de las más vulnerables, y con el desarrollo sostenible del país. Universal: Perú. A/HRC/37/8, párr. 111.17, 111.41 y 111.45; ONU. Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. (2012). Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal: Perú. A/HRC/22/15, párr. 116.113; ONU. Comité de los Derechos del Niño. (2016). Observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados del Perú. CRC/C/PER/CO/4-5, párr. 24. 4 Véase: OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable - PERÚ. París: OCDE. Disponible en: https://mneguidelines.oecd.org/Estudios-de- la-OCDE-sobre-politicas-publicas-de-conducta-empresarial-responsable-Peru.pdf 5 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 CAPÍTULO I PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PRIMER PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 1.1. Antecedentes y contexto La cuestión de las empresas y los derechos humanos entró en la agenda política internacional en la década de los noventa, como respuesta a la expansión mundial del sector privado y el aumento de la actividad económica transnacional5. Con el fin de identificar y aclarar las normas y prácticas existentes respecto a dicha cuestión, en 2005, el ahora denominado Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció el mandato para un “Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas”6. Su labor concluyó seis años después, al presentar en su informe final los “Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar”7. En 2011, mediante la Resolución 17/4, el Consejo de Derechos Humanos hizo suyos los Principios Rectores y estableció un Grupo de Trabajo para –entre otras funciones– promover la divulgación y aplicación efectiva y global de estos8. Los Principios Rectores recogen 31 principios fundacionales y operativos estructurados en tres pilares: (i) el deber del Estado de proteger los derechos humanos; (ii) la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y (iii) el acceso a mecanismos de reparación. Su carácter universal les permite ser aplicados para todos los estados y empresas, sean transnacionales o de otro tipo. Los Principios Rectores no establecen nuevas obligaciones de derecho internacional, sino que precisan las implicancias de las normas y métodos vigentes para estados y empresas, las integra en un modelo coherente e inclusivo, y reconoce los puntos débiles del actual sistema y las posibles mejoras9. Además, como precisó el Representante Especial, no han sido concebidos como un juego de herramientas que baste con tomar y aplicar, pues su implementación implica que los estados evalúen y opten por los medios más adecuados para ello, lo cual responderá a cada caso y contexto en el que se encuentren10. 5 Cf. ONU. Consejo de Derechos Humanos. (2011). Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. A/HRC/17/31. 21 de marzo, párr. 1. 6 Véase: ONU. Comisión de Derechos Humanos. (2005). Derechos humanos y empresas transnacionales y otras empresas comerciales. E/CN.4/RES/2005/69. 20 de abril. 7 Véase: ONU. Consejo de Derechos Humanos. (2011). Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. A/HRC/17/31. 21 de marzo. 8 Véase: ONU. Consejo de Derechos Humanos. (2011). Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. A/HRC/RES/17/4. 16 de junio. 9 Cf. ONU. Consejo de Derechos Humanos. (2011). Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. A/HRC/17/31. 21 de marzo, párr. 14. 10 Ibídem, párr. 15. 6 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 La adopción de los Principios Rectores significó un hito internacional en la cuestión de empresas y derechos humanos, que, en complemento con las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales (2011) y la Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social (2017), reflejan las principales expectativas y estándares internacionales establecidos con el fin de promover la contribución positiva que las empresas puedan realizar frente al desarrollo sostenible al tiempo que prevengan, mitiguen y aborden los impactos negativos. En adición, diversas iniciativas internacionales privadas y multiactor han tomado en consideración el marco propuesto por los Principios Rectores, entre las que se encuentran el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Pacto Global), la Norma ISO 26000 de la Organización Internacional de Normalización, los Derechos del Niño y Principios Empresariales (2013) del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Save the Children y Pacto Global, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (2015) de la Agenda 2030 de la ONU. Adicionalmente, diversos órganos de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos han contemplado a los Principios Rectores en su producción. En el marco de la ONU, la Observación General N° 24 (2017) del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Observación General N° 16 (2013) del Comité de Derechos del Niño han desarrollado la relación entre las actividades empresariales y los derechos humanos bajo su competencia. No obstante, destaca la labor del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas11, mandato temático de la ONU que fue instaurado también por el Consejo de Derechos Humanos mediante resolución 17/4 en 2011. Al tener como una de sus funciones promover la divulgación y la aplicación de los Principios Rectores en todos sus informes temáticos y de misiones a países, ha elaborado recomendaciones para su implementación, además de promover la formación de capacidades en el uso de los Principios Rectores, identificar y compartir buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como integrar la perspectiva de género y brindar asistencia técnica para el acceso efectivo a la reparación. El Grupo de Trabajo consideró que los PNA son un importante medio para agilizar la aplicación de los Principios Rectores, pues su propósito fundamental es “prevenir las violaciones de los derechos humanos por las empresas y reforzar la protección contra ellas mediante un proceso inclusivo en el cual se determinen las necesidades y las deficiencias, junto con las medidas prácticas y viables, y los objetivos”12. En 2014, mediante la Resolución 26/22, el Consejo de Derechos Humanos alentó a los estados a adoptar medidas para la aplicación de los Principios Rectores, incluida la elaboración 11 Véase: Documentos producidos por el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas de la ONU. Disponible en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/WGHRandtransnationalcorporationsandother business.aspx 12 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2014). Informe: Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. A/69/263. 5 de agosto, párr. 2. 7 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 de un PNA u otro marco similar13. Además, en 2016, el Grupo de Trabajo publicó el documento “Orientación para los Planes de Acción Nacionales sobre las Empresas y los Derechos Humanos”14, diseñado como guía de referencia para las partes interesadas en los procesos de elaboración de tales instrumentos. En dicho documento, el Grupo de Trabajo indicó que los PNA deben cumplir con los siguientes criterios fundamentales15: (i) deben basarse en los Principios Rectores, expresando adecuadamente los deberes del Estado y promoviendo el respeto de las empresas por los derechos humanos, inclusive a través de procesos de diligencia debida y de medidas corporativas que permitan el acceso a reparaciones; (ii) deben ser específicos para cada contexto y deben reflejar sus prioridades materiales, definiendo medidas concretas y realistas que ofrezcan el mayor impacto posible en la prevención, mitigación y reparación de las consecuencias negativas reales y potenciales sobre los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales; (iii) deben ser desarrollados dentro de procesos inclusivos y transparentes de forma tal que las opiniones de las partes interesadas deben ser tomadas en cuenta y contribuyan a establecer los retos y soluciones potencialmente eficaces en la esfera de las empresas y los derechos humanos; y (iv) deben ser revisados y actualizados regularmente. En el ámbito de América Latina y el Caribe, los Principios Rectores también han sido fijados en la agenda regional. En 2014, mediante la Resolución 2840 (XLIV-O/14), la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) resolvió promover la aplicación de los Principios Rectores, por lo que exhortó a los Estados Miembros a que den la mayor difusión y facilitación al intercambio de información y compartiendo buenas prácticas en la materia16. En 2016, mediante la Resolución 2887 (XLVI-O/16), la Asamblea General de la OEA se pronunció en el mismo sentido, invocando la implementación de los Principios Rectores e invitando a participar constructivamente en las iniciativas relacionadas al efectivo cumplimiento de las empresas con respecto a los derechos humanos17. Además, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un estudio sobre los estándares interamericanos en materia de empresas y derechos humanos a partir de un análisis de las convenciones, jurisprudencia e informes emanados del sistema interamericano18. 13 Véase: ONU. Consejo de Derechos Humanos. (2014). Los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. A/HRC/RES/26/22. 27 de junio. 14 La orientación del Grupo de Trabajo para ayudar en el desarrollo de un PNA se encuentra en el siguiente enlace. Disponible en: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/UNWG_NAPGuidance_SP.pdf 15 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2016). Orientación para los Planes de Acción Nacionales sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Ginebra, pág. i. 16 Véase: OEA. Asamblea General. (2014). Promoción y protección de los derechos humanos en el ámbito empresarial. AG/RES. 2840 (XLIV-O/14). 4 de junio. 17 Véase: OEA. Asamblea General. (2016). Promoción y protección de los derechos humanos. AG/RES. 2887 (XLVI-O/16). 14 de junio. 18 La Resolución 2928 (XLVIII-O/18) de la Asamblea General de la OEA, adoptada el 5 de junio de 2018, reitera tal pedido a la CIDH y solicita a su Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) realizar una presentación del avance de las consultas y de los trabajos realizados con relación a la elaboración de dicho informe. 8 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 En virtud de ello, en 2019, la CIDH publicó el informe “Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos”. En este documento, reconoció que los Principios Rectores se han venido consolidando como la base mínima de referencia de gobernanza mundial en la materia, y que son una fuente autorizada para propiciar un entorno que prevenga y remedie las violaciones de los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales. No obstante, al igual que el Representante Especial de la ONU, advirtió que los Principios Rectores son un punto de partida y, por tanto, el desarrollo de los estándares interamericanos para los derechos humanos en el contexto de actividades empresariales fue complementado con lo ya emitido en el marco del sistema interamericano. Entre sus recomendaciones, la CIDH establece que los estados incorporen estos estándares interamericanos en los procesos de elaboración de los PNA sobre empresas y derechos humanos19. Asimismo, dada la importancia de los Principios Rectores, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el órgano jurisdiccional del sistema interamericano, ha incorporado su contenido en su jurisprudencia para determinar las responsabilidades estatales de proteger los derechos humanos, así como las obligaciones que tienen las empresas de respetar los derechos humanos y de garantizar el acceso a recursos efectivos20. De esta manera, con la adopción de los Principios Rectores y las recomendaciones de los órganos de derechos humanos, varios países iniciaron su implementación mediante la elaboración de un PNA sobre empresas y derechos humanos. Actualmente, 24 países en todo el mundo cuentan con este instrumento21. En Latinoamérica, Chile y Colombia ya han aprobado sus respectivos PNA. Chile se encuentra en etapa de revisión de su PNA (2017), encaminado a la elaboración de una segunda versión, y Colombia ya adoptó la segunda versión de su PNA el 10 de diciembre 2020. En tanto, los gobiernos de Argentina, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y México han manifestado el compromiso de elaborar un PNA y se encuentran en distintas etapas de desarrollo. En el caso peruano, el acercamiento a temas como la CER y la adopción de políticas públicas que contemplen la cuestión de las empresas y derechos humanos se remontan a cerca de diez años atrás. Dando alcance a la adhesión a las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, el gobierno estableció en 2009 un Punto Nacional de Contacto (PNC) para una CER, ubicado en la Agencia de Promoción de la Inversión Privada de Perú (Proinversión). De conformidad con las Líneas Directrices de 19 Cf. OEA. CIDH. (2019). Empresas y derechos humanos: estándares interamericanos. OEA: Washington D.C., párr. 414 (A.2). 20 Cf. Corte IDH. Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2015. Serie C No. 309, párr. 224; Medio ambiente y derechos humanos (obligaciones estatales en relación con el medio ambiente en el marco de la protección y garantía de los derechos a la vida y a la integridad personal -interpretación y alcance de los artículos 4.1 y 5.1, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre de 2017. Serie A No. 23, párr. 155; Caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio de Jesus Vs. Brasil. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de julio de 2020. Serie C No. 407, párr. 150 y ss, 167. 21 La lista de los países y sus planes se pueden encontrar en los siguientes enlaces. Disponibles en: https://www.ohchr.org/SP/Issues/Business/Pages/NationalActionPlans.aspx 9 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 la OCDE, el PNC peruano tiene la misión de promover las Líneas Directrices y las Guías de Debida Diligencia relacionadas y de gestionar casos vinculados con el posible incumplimiento en la aplicación de las Directrices por parte de una empresa multinacional, a través de un proceso no judicial de mediación y conciliación entre la empresa y las partes afectadas referido como “instancias específicas”22. En 2014, Perú fue invitado a participar en el “Programa País” de la OCDE23, un mecanismo dirigido a ayudar a un número limitado de países a alcanzar los estándares y prácticas de dicha organización, y así servir como base para el proceso de reformas en otras áreas de sus políticas públicas. El Programa País negociado contempló objetivos como: alinear el crecimiento económico con la inclusión social, mejorar la competitividad y diversificar la economía nacional, incrementar la credibilidad de la institucionalidad pública, y lograr mejores resultados en materia ambiental. Posteriormente, entre el 10 y el 19 de julio de 2017, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de empresas y derechos humanos realizó una misión al Perú, que derivó en su informe de país publicado en 2018. En este, reconoció la voluntad política del Estado para aplicar los Principios Rectores y advirtió que el principal problema público en este ámbito era que “en general los vínculos entre las diferentes esferas normativas y la cuestión de las empresas y los derechos humanos no se entendían ni se examinaban suficientemente, lo que subrayaba la necesidad de que las políticas de los ministerios y departamentos gubernamentales fueran más coherentes, en particular las políticas de aquellos que se ocupan de temas relacionados con los derechos humanos y las de los que configuran las prácticas empresariales”24. En esa misma línea, destacó que “el proceso de elaboración de un plan de acción nacional debería contribuir a aumentar la coherencia de las políticas y, en particular, asegurar la vinculación entre las iniciativas en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, la competitividad y la inversión sostenible”25. En tal contexto, en 2018, el Estado adoptó su tercer PNDH 2018-202126, el cual incorporó por vez primera un lineamiento estratégico dirigido a la implementación de estándares internacionales sobre empresas y derechos humanos, con el objetivo de: “Garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en su ámbito de acción” (Lineamiento N° 5). Este señala que se deberá garantizar que las empresas públicas y privadas respeten los derechos humanos en el marco de las obligaciones internacionales del Estado peruano, la Constitución Política, la legislación interna y las diferentes políticas sectoriales vinculadas. De conformidad con todo el marco normativo y de política pública aplicable, el Poder Ejecutivo se propuso promover 22 Cf. OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: Perú. París: OCDE, pág. 22. 23 Véase: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Programa País para el Perú. Disponible en: http://acuerdonacional.pe/wp- content/uploads/2015/02/AyudaM_Programa-Pais-Peru-OCDE.pdf 24 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2018). Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Perú. A/HRC/38/48/Add.2. 9 de mayo, párr. 17. 25 Ibídem. 26 Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 02-2018-JUS, publicado el 1 de febrero de 2018. 10 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 la implementación progresiva de los Principios Rectores y de otros instrumentos internacionales vinculados, a través de la elaboración de un PNA sobre Empresas y Derechos Humanos. En aras de implementar dicho lineamiento, el 15 de junio de 2018, el MINJUSDH, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), realizó el evento “Rutas para la Implementación del Plan Nacional de Acción en Empresas y Derechos Humanos”27, que tuvo como propósito brindar un espacio de diálogo e intercambio entre los distintos actores que participarían en el proceso de elaboración del PNA y así crear insumos que sirvan para la etapa formal de elaboración de la metodología, línea base y diagnóstico. En noviembre de 2018, a propuesta de la Dirección General de Derechos Humanos (DGDH) del MINJUSDH, el Consejo Nacional de Derechos Humanos aprobó los siguientes lineamientos estratégicos que orientan el desarrollo del PNA sobre Empresas y Derechos: ● Lineamiento estratégico N° 1: Promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de los Principios Rectores y otros instrumentos internacionales. ● Lineamiento estratégico N° 2: Diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial. ● Lineamiento estratégico N° 3: Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades. ● Lineamiento estratégico N° 4: Promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos. ● Lineamiento estratégico N° 5: Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación. Estos lineamientos desarrollan los tres pilares de los Principios Rectores, los mismos que guían la elaboración del PNA, así como del diagnóstico y la línea base. De este modo, están dirigidos a fortalecer la institucionalidad y labor del Estado en la implementación de políticas públicas que prevengan y, de ser el caso, atiendan adecuadamente las posibles violaciones de derechos humanos que se produzcan en el ámbito de las actividades empresariales, tanto formales como informales. Con todo ello, la elaboración del PNA tuvo como objetivo principal adoptar acciones para superar progresivamente las brechas de coherencia de las políticas públicas del país en relación con el marco internacional de las empresas y los derechos humanos, la competitividad y la inversión sostenible. En consecuencia, el PNA ha implicado necesariamente la formulación de un espacio para concretar políticas públicas que 27Véase: Idehpucp. (2018). Rutas para la implementación del Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en el Perú: Memoria del conversatorio. Lima: PUCP. 11 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 lleven al Estado, a las empresas, a las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas u originarios y los sindicatos, a hacer efectivo el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos. Este proceso se ha caracterizado por la búsqueda de un diálogo constructivo, en el que todas las partes implicadas puedan interactuar de manera asertiva, equitativa y respetuosa sobre los problemas abordados y sus propuestas de solución, incluso en el caso de posiciones discrepantes. De este modo, la identificación de brechas de implementación de los Principios Rectores no ha tenido un carácter acusatorio, ni mucho menos resolutorio, sino de recoger y procesar los aportes de cada actor y establecer, en lo posible de manera consensuada, los asuntos que merecen atención bajo el marco del PNA. En el marco del proceso de elaboración del PNA, en 2019 el gobierno solicitó a la OCDE la elaboración de un Estudio sobre políticas públicas de CER, convirtiéndose en el primer país adherente a las Líneas Directrices en realizar dicho ejercicio, lo cual refleja la firme voluntad de hacer frente a estos desafíos desde el ámbito de la formulación de políticas públicas. A través de los buenos oficios del gobierno, el Estudio se benefició de aportes de múltiples entidades y partes interesadas involucradas en la elaboración del PNA, y se incluyó entre las principales recomendaciones entregadas con la finalización del Estudio en junio de 2020 que: “[e]l proceso de desarrollo del PNA debería garantizar que la participación de todos los actores gubernamentales sea lo más efectiva posible, que las opiniones de las partes interesadas se reflejen equitativamente” y que se asegure que “el PNA se base en el compromiso de Perú con las Líneas Directrices”28. Cabe destacar también que, desde su inicio, el proceso contó con una alianza estratégica con organizaciones internacionales como la ACNUDH, la OIT y la OCDE, a través del Proyecto Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe (CERALC)29, financiado y diseñado en colaboración con la Unión Europea (UE). Igualmente, ha contado con el valioso respaldo de embajadas de países aliados: Reino Unido, Alemania, Suiza, Suecia, España, Reino de los Países Bajos y Francia. Asimismo, la emergencia sanitaria global causada por la COVID-19 puso aún más en evidencia importantes brechas y retos, lo que hizo necesario replantear las características del proceso, así como sus alcances. Pero también generó la convicción de que el enfoque de derechos humanos y, en particular, el de empresas y derechos humanos en las políticas públicas, es fundamental para superar la crisis y para asegurar un desarrollo sostenible que tenga como objetivo central los derechos humanos de las personas. 28 OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: Perú. París: OCDE, pág. 29. 29 El objetivo del proyecto CERALC es promover un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo en la UE y en América Latina y el Caribe, mediante el apoyo a prácticas de conducta empresarial responsable, incluyendo a Colombia como uno de los países priorizados para alinearse con los estándares internacionales relevantes (mencionados en el capítulo V) contenidos en los respectivos instrumentos de las organizaciones implementadoras. 12 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 1.2. Metodología: el diálogo entre iguales como base del PNA De conformidad con los Principios Rectores y el PNDH 2018-2021, la formulación del PNA estuvo caracterizada por ser un proceso amplio, altamente participativo, de buena fe, dirigida a la búsqueda de consensos, transparente y descentralizado, en el que han coincidido actores de distintos sectores vinculados con la temática. Las herramientas metodológicas del proceso estuvieron, por tanto, dirigidas a garantizar el fortalecimiento de un diálogo entre iguales que restaure y construya confianza, en el que todas las posiciones fuesen respetadas y estuviesen debidamente representadas, y en el que cada uno pudiese exponer sus puntos de vista, plantear sus observaciones, sugerencias y críticas al proceso, en suma, hacer escuchar su voz en igualdad de condiciones. Ello ha sido fundamental con miras a construir una política pública con el mayor nivel de legitimidad posible y que, por tanto, sea viable y comprometa a todos los actores y, progresivamente, a toda la ciudadanía en torno a un objetivo común, aun cuando subsistan desacuerdos como expresión de un diálogo democrático. La conducción del proceso estuvo a cargo de la DGDH del MINJUSDH, en coordinación con los sectores estatales competentes, aprovechando los avances en ámbitos como políticas sectoriales, normativa nacional, espacios de diálogo interinstitucional, buenas prácticas de las empresas públicas y privadas, de la sociedad civil, los sindicatos y las organizaciones indígenas, entre otros. En septiembre de 2019, mediante la Resolución Viceministerial N° 001-2019-JUS, el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia aprobó formalmente la "Metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos"30. Esta propuesta metodológica fue producto de múltiples reuniones de trabajo en Lima y demás regiones con los actores intervinientes, capacitaciones a los participantes del proceso, así como de la instalación de mesas y sesiones de trabajo, en las que intervinieron entidades del Poder Ejecutivo, empresas, sociedad civil, pueblos indígenas u originarios, sindicatos, universidades, entre otros. De esta manera, se recogieron aportes y sugerencias de más de treinta instituciones para la elaboración de dicha propuesta. Bajo el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la metodología refleja el enfoque de gestión por resultados en la administración pública. La proyección de este enfoque implicó que la metodología asegure, por un lado, la identificación y definición de los problemas centrados en los derechos humanos y, por otro, la identificación de intervenciones estratégicas eficaces, preferiblemente, basada en evidencia. Por consiguiente, la lógica de gestión por resultados permitió priorizar la respuesta a las necesidades de las personas que integran los grupos de especial protección, a fin de proyectar intervenciones para todas las problemáticas identificadas en el proceso de elaboración del instrumento de gestión. 30 Aprobada por Resolución Viceministerial N° 001-2019-JUS, publicada el 9 de septiembre de 2019. 13 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Adicionalmente, la gestión por resultados favorece que el PNA cumpla la exigencia de transversalización del enfoque de derechos humanos y sus enfoques complementarios, que son los siguientes31: ● Enfoque de género: Considera los roles y tareas que realizan mujeres y hombres en una sociedad, así como las asimetrías y relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas y ellos, y busca conocer y explicar las causas que las producen para formular medidas que contribuyan a superar las brechas sociales generadas por la desigualdad de género, asegurando el acceso de mujeres y hombres a recursos y servicios públicos y fortaleciendo su participación política y ciudadana en condiciones de igualdad. ● Perspectiva de discapacidad: Evalúa las relaciones sociales considerando las necesidades e intereses de las personas con discapacidad; y considera la discapacidad como el producto de la interacción entre las deficiencias sensoriales, físicas, intelectuales o mentales de las personas y las distintas barreras que le impone la sociedad, abordando la multidimensionalidad de la problemática de exclusión y discriminación que las afecta y comprometiendo al Estado y la sociedad a tomar medidas para eliminarlas, con el fin de asegurar su participación en la sociedad de forma plena, efectiva, sin discriminación y en igualdad de condiciones. ● Enfoque intercultural: Establece el reconocimiento de las diferencias culturales como uno de los pilares de la construcción de una sociedad democrática, fundamentada en el establecimiento de relaciones de equidad e igualdad de oportunidades y derechos. El enfoque intercultural en la gestión pública es el proceso de adaptación de las diferentes entidades, a nivel normativo, administrativo y del servicio civil del Estado para atender de manera pertinente las necesidades culturales y sociales de los diferentes grupos étnico-culturales del país. ● Enfoque etario: Plantea que la vulneración de derechos humanos impacta a hombres y mujeres de todas las edades en formas diferentes, permitiendo la distinción de los impactos que afectan a las víctimas, así como la adopción de medidas adecuadas según la valoración de problemáticas específicas de grupos etarios. ● Enfoque territorial: Enfatiza que el fortalecimiento de las relaciones entre los actores de un territorio, en el marco de las políticas públicas, deben promover la creación y desarrollo de mecanismos que posibiliten el intercambio de opiniones y experiencias entre las organizaciones productivas y los diferentes niveles de gobierno. ● Enfoque diferencial: Contempla un desarrollo progresivo del principio de igualdad y no discriminación, considerando que, aunque todas las personas son iguales ante la ley, esta afecta de manera diferente a cada una, de acuerdo con su condición de clase, género, grupo étnico, edad, salud física o mental, orientación sexual, identidad de género, u otra índole. ● Enfoque gerontológico: El enfoque gerontológico alude a una perspectiva multidisciplinaria o integral de la persona adulta mayor. Es decir, que toma en consideración todas las dimensiones del ser humano (biológico, psicológico y social), así como también el estudio del impacto de las condiciones socioculturales y ambientales en el proceso del envejecimiento y en la vejez, las consecuencias 31 Véase: MINJUSDH. (2019). Metodología del proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Lima: MINJUSDH. 14 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 sociales de tales procesos. De esa manera, el enfoque implica reconocer las diferencias particulares de este grupo etario y, por lo tanto, la necesidad de adecuar los servicios para garantizar su pertinencia, promoviendo una vejez digna, activa productiva y saludable. ● Enfoque de curso de vida: Este enfoque plantea una nueva forma de estudiar envejecimiento, entendiéndolo como un proceso integrado dentro del conjunto de la trayectoria vital humana. Con este enfoque los resultados en salud, de las personas y la comunidad, dependen de la interacción de múltiples factores protectores y de riesgo a lo largo de la vida de las personas. Así, cada etapa de vida influye sobre la siguiente. Los factores se refieren a características ambientales, biológicas, conductuales, psicológicas y acceso a servicios de salud. Este enfoque provee una visión comprehensiva de la salud y sus determinantes, que exhorta al desarrollo de servicio de salud y de otro tipo, centrada en las necesidades de las personas en el curso de su vida. La perspectiva del enfoque de curso de vida sirve como base para predecir escenarios futuros en la salud. Las trayectorias, la temporalidad, las transiciones, los períodos críticos, la interconexión de vidas y los efectos acumulativos conforman la plataforma conceptual para que, como parte de la evidencia científica disponible, se contribuya a modelar los escenarios de la salud y de vida, de la población residente en el país, principalmente de prevención, teniendo en cuenta las causas evitables ● Enfoque intergeneracional: La intergeneracionalidad es la relación que se da entre personas de diferentes generaciones o grupos etarios. Cada generación tiene experiencias, conocimientos, valores y patrones culturales en común y que los diferencian de otros grupos. De ese modo, el enfoque intergeneracional propone el respeto mutuo y la colaboración entre generaciones, fortaleciendo lazos afectivos, superando mitos y estereotipos atribuidos a la edad, propiciando espacios de intercambio, diálogo, valoración y aprendizaje entre las generaciones de adultos, las personas adultas mayores, los y las adolescentes, los niños y las niñas. En ese sentido, la finalidad de este enfoque es construir una sociedad para todas las edades, luchando contra las desigualdades por motivos de edad y mejorando las condiciones de vida de los grupos etarios vulnerables. ● Enfoque interseccional: Es una herramienta para el análisis de las múltiples discriminaciones que sufren las personas de manera individual y colectiva, sobre todo las mujeres; este enfoque nos ayuda a entender de qué manera las diferentes variables (sociales, culturales, económicas, religiosas, étnicas, generacional, etc.) influyen sobre el acceso a derechos y oportunidades, por ejemplo, ser mujer adulta mayor, indígena y tener discapacidad. Así, el análisis interseccional tiene como objetivo revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de éstas32. 32 Asociación para los Derechos de la Mujer y el Desarrollo-AWID (2004). Derechos de las mujeres y cambio económico. N° 9, agosto 2004, recuperado, https://www.awid.org/sites/default/files/atoms/files/nterseccionalidad_- _una_herramienta_para_la_justicia_de_genero_y_la_justicia_economica.pdf 15 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Por otro lado, el proceso de elaboración del PNA se ha caracterizado por el diálogo entre los distintos actores en modo amplio, participativo, flexible33, incluyente, descentralizado y dirigido a la búsqueda de consensos. Si bien se centró en la participación de los actores de determinados sectores, también incluyó mecanismos de participación que permitieron a la ciudadanía en general recibir información sobre el proceso y sus distintos componentes; presentar sus propuestas; y, realizar seguimiento o vigilancia en todas las etapas. A partir de junio de 2020, además, debió ser adecuado al uso de plataformas virtuales, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria causada por la COVID-19. Así, bajo el liderazgo del MINJUSDH fueron desarrolladas las actividades que se detallan a continuación: Tabla 1. Actividades generales durante el proceso de elaboración del PNA # Tipo de actividad Total 1 Reuniones de la Mesa Multiactor 14 2 Reuniones del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo 14 3 Mesas de trabajo sobre diagnósticos y línea base 12 4 Reuniones de trabajo bilaterales 318 5 Diálogos regionales 22 6 Talleres de capacitación 17 7 Conversatorios nacionales 11 8 Conversatorios internacionales 2 9 Participación en actividades externas 16 Número total de actividades 426 El principal espacio de diálogo se desarrolló a través de la estrategia de Mesa Multiactor, la cual incorporó los enfoques anteriormente señalados y en la que participaron los representantes de los sectores estatal, empresarial, de trabajadores, de pueblos indígenas u originarios y de la sociedad civil, así como de las organizaciones internacionales y de la cooperación internacional, bajo la conducción del MINJUSDH. La Mesa Multiactor para el PNA constituyó, por tanto, un espacio para compartir las diferentes posiciones de los participantes, buscando contribuir a restaurar y construir confianza entre las partes. Su objetivo procuró un entendimiento compartido sobre la problemática y las acciones, indicadores y metas que deben priorizarse para enfrentarla, en el marco de un consenso razonable, y reconociendo además la posibilidad de que subsistan desacuerdos como expresión de un diálogo democrático y de buena fe entre iguales. La participación en las sesiones de la Mesa Multiactor se presenta en la siguiente tabla: Tabla 2. Participación en las sesiones de la Mesa Multiactor # Fecha Reunión 1 27/03/2019 Primera Mesa Multiactor (presencial) 2 24/07/2019 Segunda Mesa Multiactor (presencial) 3 27/08/2019 Tercera Mesa Multiactor (presencial) 4 13/09/2019 Cuarta Mesa Multiactor (presencial) 33 Entendido como la adecuación a plazos razonables, teniendo en cuenta las solicitudes de ampliación de plazos presentados por algunos actores, en especial, el sector privado. 16 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 5 05/06/2020 Quinta Mesa Multiactor (virtual) 6 30/10/2020 Sexta Mesa Multiactor (virtual) 7 30/11/2020 Séptima Mesa Multiactor (virtual) 8 22/01/2021 Octava Mesa Multiactor (virtual) 9 19/03/2021 Novena Mesa Multiactor (virtual) 10 31/03/2021 Décima Mesa Multiactor (virtual) 11 23/04/2021 Décimo primera Mesa Multiactor (virtual) 12 07/05/2021 Décimo segunda Multiactor (virtual) 13 14/05/2021 Décimo tercera Multiactor (virtual) 14 21/05/2021 Décimo cuarta Mesa Multiactor (virtual) 15 26/05/2021 Décimo quinta Mesa multiactor (virtual, programada) Además de la Mesa Multiactor, el diálogo entre actores se realizó utilizando diferentes mecanismos: ● Reuniones del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo: espacios de participación y articulación de representantes de los diversos organismos del Poder Ejecutivo que cuentan con el respaldo pleno del o la titular de su sector o entidad, con capacidad para tomar decisiones, asumir compromisos institucionales, con el encargo de mantener informados a su Alta Dirección del avance y acuerdos del proceso. Tabla 3. Reuniones del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo # Fecha Modalidad 1 15/02/2019 Presencial 2 28/02/2019 Presencial 3 17/07/2019 Presencial 4 17/12/2019 Presencial 5 16/01/2020 Presencial 6 20/01/2021 Virtual 7 21/01/2021 Virtual – Alto nivel 8 04/02/2021 Virtual 9 22/04/2021 Virtual 10 29/04/2021 Virtual 11 06/05/2021 Virtual 12 13/05/2021 Virtual 13 20/05/2021 Virtual 14 24/05/2021 Virtual ● Reuniones de trabajo: tanto a solicitud del MINJUSDH como de la institución contraparte de distintos sectores, estos espacios de diálogo y coordinación tuvieron por objeto dar cuenta de los avances y las acciones previstas como parte del proceso, recoger aportes para la elaboración del Diagnóstico y la Línea Base, y coordinar la elaboración de acciones, indicadores y metas. 17 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Cuadro 1. Reuniones de trabajo para el PNA ● Diálogos regionales: Con el apoyo de los integrantes de la Mesa Multiactor, se realizó acciones de sensibilización y capacitación a actores regionales con el fin de brindarles información sobre el proceso, promover la articulación con sus organizaciones nacionales y recoger aportes con énfasis en los grupos directamente relacionados con las actividades empresariales. Estas se realizaron de modo presencial y virtual, de acuerdo al siguiente detalle: Tabla 4. Diálogos regionales # Fecha Ciudad Modalidad 1 28/3/2019 Pucallpa Presencial 2 11/4/2019 Jaén Presencial 3 29/4/2019 Puno Presencial 4 28/6/2019 Arequipa Presencial 5 9/7/2019 Chiclayo Presencial 6 1/7/2019 Ayacucho Presencial 7 7/8/2019 Puerto Maldonado Presencial 8 14/8/2019 Cusco Presencial 9 25/10/2019 Puno Presencial 10 20/11/2019 Iquitos Presencial 11 22/11/2019 Piura Presencial 12 27/11/2019 Ica Presencial 13 6/12/2019 Ayacucho Presencial 14 9/12/2019 Cajamarca Presencial 15 23/1/2020 Tarapoto Presencial 16 28/1/2020 Tacna Presencial 17 10/03/2020 Cusco Presencial 18 13/03/2020 Moyobamba Presencial 19 23/10/2020 Lima y regiones Virtual 20 27/10/2020 Lima y regiones Virtual 21 21/05/2021 Lima y regiones Virtual 22 28/05/2021 Lima y regiones Virtual 18 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 ● Capacitaciones: actividades dirigidas a los diferentes actores como servidores del Estado, de las empresas y los gremios empresariales, y de las centrales sindicales, con el fin de promover un involucramiento debidamente informado en el proceso, así como acoger propuestas sobre acciones y metas para la política pública. Cabe señalar que más de 4,000 personas de todos los sectores fueron formadas en los talleres brindados, con la colaboración de panelistas y capacitadores de distintas áreas. Dentro de estas actividades destacan los conversatorios nacionales, los cuales se caracterizaron por ser actividades públicas mediante las cuales los diferentes sectores de la Mesa Multiactor profundizan de modo colaborativo sobre temas fundamentales. Tabla 5. Conversatorios nacionales # Fecha Tema Modalidad Participación de actores ONU, Pride Connection Perú, Derechos de las Presencial 1 22/06/2019 CONFIEP, ONG Presente, personas LGTBI (Minjusdh) Indecopi Derechos de la Presencial Unicef Perú, Save The Children, 2 11/07/2019 niñez (Minjusdh) CONFIEP, MIMP Personas con Presencial OIT, FENAMUDIP, CATP, 3 30/09/2019 discapacidad (Minjusdh) CONFIEP, RED Seguridad y salud Presencial 4 21/10/2020 OIT, CATP, CONFIEP, MTPE en el trabajo (Minjusdh) Personas adultas Presencial MTPE, Grupo Vigencia, CUT, 5 18/02/2020 mayores (Minjusdh) CONFIEP Buenas prácticas ONU-OIT (Ganar-Ganar), Presencial 6 04/03/2020 del sector CONFIEP, Coca Cola, (Minjusdh) empresarial Yanacocha, G4S OIT, ACNUDH, CONFIEP, La respuesta frente Virtual 7 20/07/2020 FENMUCARINAP, CUT, a la COVID-19 (Zoom) CooperAcción, PYME Perú El problema de la Virtual OIT, CUT, PYME Perú, 8 10/08/2020 informalidad (Zoom) CONFIEP, Plades, Pacto Mundial Embajada de Suecia, Los derechos de Virtual FENMUCARINAP, CONFIEP, 9 28/08/2020 las mujeres (Zoom) COCEP, MIMP, GenderLab, WomenCEO Perú Los derechos de los Pueblos Virtual OIT, AIDESEP, CNA, CCPIP, 10 25/09/2020 Indígenas u (Zoom) SNMPE, Mincul originarios La protección de personas Virtual ACNUDH, CUT, CEDET, 11 19/10/2020 defensoras de (Zoom) CNDDHH, SNMPE derechos humanos ● Conversatorios internacionales: actividades públicas de difusión dirigidas a la ciudadanía en general con participación de actores internacionales sobre la experiencia en la elaboración de instrumentos en materia de empresas y derechos humanos e incorporación de los estándares internacionales, en particular los Principios Rectores, en las políticas públicas nacionales vinculadas con las actividades empresariales. 19 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Tabla 6. Conversatorios internacionales # Fecha Tema Modalidad Participación de actores Embajada de la UE, Embajada Plan Nacional de de Alemania, Embajada de Acción sobre Francia, Embajada de Suecia, Empresas y Presencial Embajada de Suiza, Embajada 1 12/12/2019 Derechos Humanos: (Minjusdh) de Reino Unido, IDHE-UDEM, Qué podemos Grupo de Trabajo ONU sobre aprender de la empresas y derechos experiencia europea humanos, OIT-CERALC Redesca, ACNUDH, Business Empresas y and Human Rights Resource Derechos Humanos: Presencial 2 07/02/2020 Center, Defensoría del Pueblo Estándares (Minjusdh) de Perú, Cámara Española, Interamericanos IDEH-UDEM ● Participación en actividades internacionales: la experiencia de elaboración del PNA ha sido compartida por parte del equipo de la DGDH del MINJUSDH en el ámbito internacional a través de paneles organizados por otras instituciones. 1.3. Etapas del proceso de elaboración El proceso de elaboración del PNA se dividió en tres etapas: (i) convocatoria de actores; (ii) elaboración de diagnóstico y línea base; y (iii) elaboración de acciones, indicadores y metas. El inicio de una etapa no significó el cierre definitivo de la anterior; no obstante, es posible definir espacios temporales diferenciados: Gráfico 2. Etapas del proceso de elaboración del PNA Septiembre de 2019 a marzo de 2021 Elaboración de Convocator Elaboración acciones, ia de actores de diagnóstico y indicadores y metas línea base Enero a agosto Enero a mayo de 2019 de 2021 Primera etapa: convocatoria de actores Se desarrolló de enero a agosto de 2019. Se caracterizó por la identificación y el acercamiento de actores del Estado, las empresas, la sociedad civil, los pueblos indígenas u originarios, los sindicatos, y los organismos internacionales y de cooperación internacional. De esta manera, se convocó a todos los sectores implicados en la cuestión de empresas y derechos humanos. En colaboración con ellos, se desarrolló y aprobó la propuesta metodológica que guiaría al PNA. Esta etapa implicó la 20 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 capacitación de los actores en temas como los Principios Rectores y otros estándares internacionales, buenas prácticas empresariales y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Si bien formalmente esta etapa se cerró en agosto de 2019, con la aprobación de la metodología, se permitió la incorporación de nuevos integrantes a la Mesa Multiactor hasta la finalización de la etapa de elaboración del diagnóstico. Segunda etapa: elaboración del diagnóstico y la línea base La elaboración del diagnóstico y la línea base fue liderada por la DGDH, en coordinación con el Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo. El proceso se desarrolló de septiembre de 2019 a marzo de 2021, y fue entendido como una evaluación basada en evidencia sobre las brechas existentes respecto de la implementación de los Principios Rectores en el marco de las actividades empresariales de todo tipo, en el sector formal e informal, tanto en empresas públicas como privadas. Para su formulación se contó con la asistencia técnica de cuatro universidades: Universidad del Pacífico (a través del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad), Universidad Antonio Ruiz de Montoya (a través del Instituto de Ética y Desarrollo), Pontificia Universidad Católica del Perú (a través del Instituto de Democracia y Derechos Humanos) y Universidad de Monterrey (a través del Instituto de Derechos Humanos y Empresas, como parte de una consultoría regional encargada por el Proyecto CERALC). Con el financiamiento de la cooperación internacional, estas contribuyeron con su experiencia en la sistematización y análisis de la información disponible respecto de 16 de los 23 temas seleccionados, y aportaron insumos de calidad que sirvieron como base inicial del desarrollo del proceso. Los documentos iniciales de diagnóstico de 5 de los 23 temas fueron elaborados directamente por la DGDH, sin financiamiento de la cooperación internacional. Los dos diagnósticos restantes fueron desarrollados a partir de encuestas formuladas y aplicadas por la oficina para América del Sur de ACNUDH (necesidades de capacitación), y por la OCDE (implementación de mecanismos de debida diligencia empresarial). El proceso de revisión de cada informe del diagnóstico y línea base inició con el análisis del insumo aportado por las universidades, por parte del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo, procurando la opinión de todas las entidades con competencia en la temática de cada informe. Con las observaciones del Grupo de Trabajo incorporadas, la nueva versión de cada informe fue compartido con los actores de la Mesa Multiactor, a fin de recibir comentarios y sugerencias. Estos fueron sistematizados en una matriz específica para cada informe por la DGDH, la cual se encargó de evaluarlos –conforme a su mandato para la elaboración del PNA– y expresar las razones de su incorporación o denegación. Los comentarios y sugerencias fueron recibidos durante toda la etapa del diagnóstico y línea base, a través de correo electrónico (por escrito) y reuniones de trabajo (verbalmente). De este modo, se enviaba a todos los actores cada nueva versión del informe al menos dos semanas antes de cada reunión que abordaría un tema en específico. Los diagnósticos, en ese sentido, reflejan un diálogo multiactor con amplios consensos, pero también con algunos puntos de disenso. 21 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 A partir del diagnóstico, la línea base aportó al proceso la identificación de la situación en la que se encuentra la problemática de 23 temas priorizados, a fin de construir acciones, indicadores (estructurales, de proceso y de resultado) y metas, que permitan definir los mecanismos para medir los avances en el acortamiento de las brechas. A partir de marzo de 2020, en todos estos temas se debió incorporar el impacto de la emergencia sanitaria causada por la COVID-19, en tanto sigue planteando nuevos retos a la política pública. Los temas priorizados son los siguientes: Tabla 7. Temas para el diagnóstico y línea base Elaboración de insumo # Tema Financiamiento inicial Instituto de Democracia y Informalidad en el sector Derechos Humanos de la 1 Proyecto CERALC (OIT) económico Pontificia Universidad Católica del Perú Personas con 2 DGDH - MINJUSDH discapacidad Personas adultas 3 DGDH - MINJUSDH mayores Personas migrantes 4 DGDH - MINJUSDH extranjeras 5 Personas afroperuanas DGDH - MINJUSDH 6 Agricultura a gran escala DGDH - MINJUSDH Instituto de Ética y Desarrollo 7 Trabajo infantil de la Universidad Antonio Ruiz Embajada de Suiza de Montoya Transparencia, integridad Instituto de Ética y Desarrollo 8 y lucha contra la de la Universidad Antonio Ruiz Embajada de Suiza corrupción de Montoya Instituto de Ética y Desarrollo Personas defensoras de 9 de la Universidad Antonio Ruiz SPDA derechos humanos de Montoya Instituto de Ética y Desarrollo Pueblos indígenas y 10 de la Universidad Antonio Ruiz SPDA consulta previa de Montoya Instituto de Ética y Desarrollo 11 Conflictividad social de la Universidad Antonio Ruiz Embajada de Suiza de Montoya Centro de Estudios sobre 12 Personas LGBTI Minería y Sostenibilidad de la Embajada de Suecia Universidad del Pacífico Instituto de Democracia y Proyecto CERALC Derechos Humanos de la (ACNUDH, OIT), 13 Mujeres Pontificia Universidad Católica Embajada de Reino del Perú Unido Instituto de Democracia y Libertad de asociación y Derechos Humanos de la 14 Proyecto CERALC (OIT) negociación colectiva Pontificia Universidad Católica del Perú Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Embajada del Reino de 15 Seguridad privada Pontificia Universidad Católica los Países Bajos del Perú 22 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Instituto de Democracia y Uso de la fuerza y Derechos Humanos de la Embajada del Reino de 16 convenios con la policía Pontificia Universidad Católica los Países Bajos del Perú Centro de Estudios sobre Estudios de impacto Embajada del Reino de 17 Minería y Sostenibilidad de la ambiental los Países Bajos Universidad del Pacífico Centro de Estudios sobre Embajada del Reino de 18 Minería Minería y Sostenibilidad de la los Países Bajos Universidad del Pacífico Centro de Estudios sobre Embajada de Reino 19 Hidrocarburos Minería y Sostenibilidad de la Unido Universidad del Pacífico Oficina del Alto Instituto de Derechos Comisionado de las Mecanismos de Humanos y Empresa de la 20 Naciones Unidas para reparación judicial Universidad de Monterrey, los Derechos Humanos México de América del Sur Oficina del Alto Instituto de Derechos Comisionado de las Mecanismos de Humanos y Empresas de la 21 Naciones Unidas para reparación extrajudicial Universidad de Monterrey, los Derechos Humanos México de América del Sur Mecanismos Organización para la Cooperación y el Desarrollo 22 empresariales de debida Económicos diligencia Necesidades de capacitación en Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 23 Empresas y Derechos los Derechos Humanos de América del Sur Humanos Para ello, la sistematización de la información se desarrolló a partir de lo siguiente: ● Fuentes oficiales nacionales (documentos públicos de todas las entidades estatales, entre otras). ● Fuentes oficiales internacionales (informes de los sistemas universal e interamericano de derechos humanos, de OCDE, entre otros). ● Fuentes no oficiales publicadas por empresas, sociedad civil, pueblos indígenas u originarios, sindicatos, universidades, centros académicos, expertos, entre otros, que contengan información rigurosa y oportuna. De este modo, se estimó prioritario incorporar la voz de los titulares de los derechos y de los colectivos impactados o potencialmente afectados negativamente por las actividades empresariales y, en general, de las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos indígenas y los sindicatos. Tercera etapa: elaboración de acciones, indicadores y metas Se desarrolló de enero a mayo de 2021.34 Partió de la información recogida y sistematizada en el diagnóstico y línea base, permitiendo que los actores puedan lograr 34 Esta etapa inició, a nivel del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo para el PNA, el 20 de enero (primera reunión de trabajo); a nivel de la Mesa Multiactor inició el 9 de abril con la remisión del 23 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 acuerdos sobre las prioridades y acciones concretas a ser incluidas en el PNA. De este modo, se enfocó en la construcción de acciones, objetivos e indicadores (estructurales, de proceso y de resultado), organizados según los lineamientos estratégicos aprobados por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. En esta etapa se definieron los conceptos antes señalados de la siguiente manera: ● Acción: Iniciativa que contribuye a implementar un objetivo. Dependiendo del nivel jerárquico del PNA, se clasifican en acciones institucionales, regionales o sectoriales. ● Objetivo: Fin que se espera lograr en un determinado periodo de tiempo a través de acciones planificadas. Dependiendo del nivel jerárquico del plan, se clasifican en objetivos institucionales, regionales o sectoriales ● Indicador: herramienta que entrega información cuantitativa o cualitativa y se construye a partir de la síntesis de aspectos observables o subjetivos de una variable1 o un conjunto de variables relacionadas a un tema o fenómeno en particular. A continuación, se presenta el número de actividades durante la etapa elaboración de acciones, indicadores y metas: Gráfico 3. Actividades durante la tercera etapa del PNA 6 5 9 Reuniones de la Mesa Multiactor Reuniones del Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo Reuniones de trabajo con Estado Reuniones de trabajo con otros sectores 48 1.4. Actores que participaron en el proceso En el proceso de elaboración del PNA participaron 132 actores del Estado, las empresas, la sociedad civil, los pueblos indígenas u originarios, los sindicatos, y los organismos internacionales y de cooperación internacional, los cuales formaron parte de la Mesa Multiactor: primer avance de borrador de la matriz de acciones, indicadores y metas, y la convocatoria a la primera Mesa Multiactor para dialogar sobre los mismos, que se realizó el 23 de abril, y continuó el 7, 14, 21 y 26 de mayo. 24 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Gráfico 4. Actores de la Mesa Multiactor 7 13 Poder Ejecutivo 40 Sector empresarial 3 4 Sociedad civil 8 Pueblos indígenas Sindicatos de trabajadores Universidades Organismos internacionales 22 35 Órganos de la cooperación internacional Los actores de cada sector que participó en el proceso se detallan a continuación: Grupo de trabajo del Poder Ejecutivo 1. Presidencia del Consejo de Ministros 2. Ministerio de Relaciones Exteriores 3. Ministerio de Energía y Minas 4. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 5. Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión 6. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 7. Ministerio del Interior 8. Ministerio de Economía y Finanzas 9. Autoridad Nacional del Servicio Civil - Servir 10. Ministerio de Transportes y Comunicaciones 11. Ministerio de Agricultura y Riego 12. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi 13. Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - Sernanp 14. Servicio Nacional Forestal - Serfor 15. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 16. Ministerio de Salud 17. Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento - Sunass 18. Central de Compras Públicas - Perú Compras 19. Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones - Osiptel 20. Ministerio de Cultura 25 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 21. Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad - Conadis 22. Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE 23. Superintendencia Nacional de Supervisión Laboral - Sunafil 24. Programa Impulsa Perú 25. Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 26. Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - Ositran 27. Secretaría de Integridad Pública 28. Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - Fonafe 29. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 30. Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales - Osinfor 31. Ministerio del Ambiente 32. Ministerio de la Producción 33. Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 34. Ministerio de Defensa 35. Ministerio de Educación 36. Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - Cpeti 37. Asociación de Municipalidades del Perú - AMPE 38. Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - Osinergmin 39. Superintendencia Nacional de Migraciones 40. Mesas Ejecutivas del Ministerio de Economía y Finanzas Sector empresarial 41. Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – Confiep y Red Local del Pacto Global en el Perú 42. Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - Snmpe 43. Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios - Perú Cámaras 44. PlusPetrol 45. Río Tinto 46. Cerro Verde 47. Goldfields 48. Yanacocha 49. Antamina 50. Asociación de Gremios de la Pequeña Empresa del Perú 51. Responde - Sostenibilidad 52. Securitas 53. Cámara de Comercio de Lima 54. Anglo American 55. Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios Industriales del Perú 56. Cámara Oficial de Comercio de España en el Perú 57. Sociedad Nacional de Industrias - SNI 58. Cámara de Comercio de Madre de Dios 59. Avanza Sostenible 26 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 60. Insuco 61. AC Sostenibilidad 62. Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque Sociedad civil 63. Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS 64. Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos - Promsex 65. EarthRights International 66. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 67. Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos35 68. Asociación Pro Derechos Humanos - Aprodeh 69. Red Muqui 70. Grupo de Iniciativa Nacional por los Derechos del Niño - GIN 71. CooperAcción 72. Amnistía Internacional - AI 73. Red por una Globalización con Equidad - RedGE 74. Concilio Nacional Evangélico del Perú - CONEP 75. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad 76. Cáritas del Perú 77. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 78. Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR 79. Centro de Derechos y Desarrollo - CEDAL 80. Save the Children 81. Grupo Vigencia 82. Acción por los Niños 83. ProDiálogo 84. Presente 85. Futuro Sostenible 86. Grupo de Diálogo Minero y Desarrollo Sostenible 87. Sociedad y Discapacidad - SODIS 88. Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - MCLCP 89. Diakonia 90. Programa Laboral de Desarrollo - PLADES 91. Perú 2021 92. Asociación Peruana de Donantes de Sangre 93. Asociación Laboral para el Desarrollo - ADEC-ATC 94. Instituto de Estudios Sindicales 95. Derechos Humanos Sin Fronteras 96. Global Reporting Initiative 35 La Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos está conformada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), OXFAM en Perú, Diakonia, Cooperacción, Perú Equidad, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Red Muqui, RedGe, IBC, FEDEPAZ, CAAAP, CODEHICA, Earthrights International, Plades, APRODEH, CEAS, Derechos Humanos Sin Fronteras, IDLADS, CIPCA, GRUFIDES, IESI, 11.11.11 y Amnistía Internacional – Perú, Proética - Capítulo Peruano de Transparencia Internacional. 27 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 97. Instituto Peruano de Empresas y Derechos Humanos Pueblos indígenas 98. Organización Nacional de Mujeres indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - Onamiap 99. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - Aidesep 100. Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú - Fenmucarinap 101. Unión Nacional de Comunidades Aymaras - UNCA 102. Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú - Conap 103. Confederación Nacional Agraria - CNA 104. Confederación Campesinas del Perú - CCP 105. Plataforma Indígena Amazónica Sindicatos de trabajadores 106. Central Autónoma de Trabajadores del Perú - CATP 107. Confederación de Trabajadores del Perú - CTP 108. Central Unitaria de Trabajadores del Perú - CUT 109. Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP Universidades 110. Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya 111. Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 112. Centro de Estudios sobre Minería y Desarrollo Sostenible de la Universidad del Pacífico Organismos internacionales 113. Oficina del Coordinador Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú 114. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Perú - Acnudh 115. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD 116. Fondo de las Naciones Unidas para la Población - Unfpa 117. Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida -– ONUSida 118. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - Unicef 119. Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - Unodc 120. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados - Acnur 121. Organización Internacional del Trabajo - OIT 122. Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud - OPS/OMS 123. Organización Internacional para las Migraciones - OIM 124. Programa Mundial de Alimento - PMA 125. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO 28 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Órganos de la cooperación internacional 126. Delegación de la Unión Europea en el Perú 127. Embajada de Reino Unido en Perú 128. Embajada de Suiza en Perú 129. Embajada del Reino de los Países Bajos en Perú 130. Embajada de Alemania en Perú 131. Embajada de Suecia en Perú 132. Fundación Friedrich Ebert 29 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 CAPÍTULO II SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS Y LOS DERECHOS HUMANOS EN PERÚ El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos ha señalado que, para la elaboración de un PNA, es crucial tener en consideración el contexto específico del entorno para el desarrollo empresarial en Perú. Considerando ello, esta sección presenta la situación de las empresas y derechos humanos, incluyendo diversos aspectos relevantes, así como el impacto de la pandemia por COVID-19 en el país. En las últimas dos décadas, Perú se ha convertido en una economía de ingreso medio- alto que depende en gran medida del comercio y la inversión internacional, y que está caracterizada por niveles de informalidad elevados y persistentes36. En ese contexto, la CER se ha consolidado con mayor interés en la agenda nacional, lo cual responde probablemente tanto a la creciente adopción de la CER a nivel mundial como al número creciente de asuntos vinculados a los impactos negativos de las empresas: conflictos sociales, preocupaciones sobre el medio ambiente y los derechos humanos, y exigencias de mayor transparencia y mejor gobernanza37. De esta forma, es posible identificar en el sector empresarial indicios del salto desde la responsabilidad social empresarial hacia los postulados de la CER y el marco de los Principios Rectores. En un estudio de 2019 elaborado por la CONFIEP38 con apoyo de la OIT se identificó las buenas prácticas del sector empresarial en materia de derechos humanos en Perú, a partir de la información reportada por 252 empresas entre 2016 y 2017. Respecto a los compromisos corporativos de derechos humanos y otras políticas relacionadas, la muestra evidenció lo siguiente: 5 % manifestó su alineación con los Principios Rectores, 7 % adoptó políticas de derechos humanos, 31 % declaró contar con declaraciones de derechos humanos, y 57 % no reportó información específica sobre derechos humanos39. En cuanto a sus políticas corporativas, aquellas identificadas se relacionan con los derechos laborales (86 %), las cadenas de suministros o proveedores (75 %), el medio ambiente (71 %), y las comunidades y el desarrollo local (63 %)40. Por su parte, de las empresas analizadas en el estudio, el 63 % reportó contar con sistemas integrados de gestión y el 79 %, con herramientas de gestión de riesgos41, lo cual contribuye a la debida diligencia. La CONFIEP ha elaborado también recomendaciones sobre la implementación de la debida diligencia basada en el riesgo que apuntan a estos procesos diferenciados según el tamaño y las actividades de la empresa. Estas recomendaciones hacen referencia a 36 Cf. OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: Perú. París: OCDE, págs. 19-20. 37 Ibídem, págs. 20-21. 38 Véase: CONFIEP. (2019). Estudio sobre empresas y los derechos humanos en el Perú. Lima: CONFIEP. 39 Ibidem, págs. 13-15. 40 Ibidem, págs. 18-19 41 Ibidem, págs. 15-17. 30 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 la Guía de Debida Diligencia para una CER42 y siguen el marco de la OCDE para la debida diligencia, aunque todavía tienen como reto incluir medidas relativas a los mecanismos de reparación43. Por otro lado, el compromiso con el respeto de los derechos humanos se ha consolidado con la adopción de la “Guía para el sector empresarial peruano sobre empresas y derechos humanos”44 de 2019, elaborado por la CONFIEP y el Pacto Global de Perú, que cuenta con orientaciones para implementar los Principios Rectores. Algunos sectores específicos han adoptado en mayor medida enfoques de CER, como los de minería, hidrocarburos, energía y agricultura. En 2002, la SNMPE aprobó un Código de Conducta, que se ha venido desarrollando a lo largo de los años con la incorporación de nuevos principios en 2016 y 2018. A través de este, los miembros de la SNMPE declaran, entre otras cuestiones, que sus actividades buscan contribuir al desarrollo sostenible y promover y aplicar prácticas de protección ambiental, y que estas deben realizarse conforme principios de gobernanza corporativa, transparencia y lucha contra la corrupción, y respetar y promover los derechos humanos45. En 2019 la SNMPE elaboró un modelo general de política de derechos humanos para sus miembros, el cual se basa, en los Principios Rectores y las Líneas Directrices de la OCDE, y que integra un enfoque de debida diligencia basado en los riesgos46. También ha establecido una plataforma de diálogo nacional para la minería (Minería de Todos), que prevé brindar orientación sobre cómo recibir quejas y responder a las demandas de las comunidades, así como una plataforma de comunicación, que presenta sus proyectos ambientales y sociales, y su contribución a los ODS (COM-Unidad)47. Respecto a agricultura a gran escala, la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) aprobó en 2015 un Código de Conducta en el que se comprometen al respeto de la persona y su bienestar, así como a la gestión de sus actividades bajo la generación de trabajo digno, salud y seguridad ocupacional. También ha implementado una Política de Prevención de Delitos, así como un Programa de Compliance en Libre Competencia, conforme a la normativa nacional. En 2020, ante la pandemia por COVID- 19, la AGAP elaboró un documento48 enfocado a la prevención y buenas prácticas para evitar el contagio por el coronavirus en los centros de producción, fundos, packing, y otros. 42 Véase: OCDE. (2018). Guía de la OCDE de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. París: OCDE. 43 Cf. OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: Perú. París: OCDE, pág. 23. 44 Véase: CONFIEP. (2019). Guía para el sector empresarial peruano sobre empresas y derechos humanos. Lima: CONFIEP & Pacto Global. 45 Véase: https://www.snmpe.org.pe/quienes-somos/codigo-de-conducta.html 46 Cf. OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: Perú. París: OCDE, pág. 23. 47 Véase: https://www.mineriadetodos.com.pe/ y https://com-unidad.pe/ 48 Véase: AGAP. (2020). Medidas de prevención y buenas prácticas contra el coronavirus (COVID-19). Lima. 31 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 De acuerdo con el Reporte de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE de 2020 sobre Perú, los “sectores afectados por las regulaciones de debida diligencia de los importadores, como el sector minero, están adoptando cada vez en mayor medida enfoques de CER. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), por ejemplo, ha sido muy activa en este sentido”49. Otras iniciativas del sector privado también se han orientado al cambio hacia enfoques de CER basados en el riesgo. En ese marco, cabe mencionar al Pacto Global de las Naciones Unidas en Perú, cuya secretaría técnica está a cargo de la Confiep.50 Asimismo, las Cámaras de Comercio Bilaterales –como la Cámara de Comercio Española y la Cámara de Comercio Nórdica– han brindado apoyo específico para promover la adopción de prácticas de CER por parte de las empresas peruanas a través de eventos promocionales sobre la debida diligencia51. Por su parte, la red de empresas Asociación Perú 2021 tiene el objetivo de promover la CER utilizando un enfoque que toma en cuenta los impactos adversos vinculados tanto a operaciones como a relaciones comerciales52. Además, otorga el Distintivo Empresa Socialmente Responsable (DESR)53, que reconoce a las empresas en Perú con mejores prácticas en desarrollo sostenible y responsabilidad social, acorde con los ODS. En la edición de 2019, el DESR reconoció a 67 empresas peruanas vinculadas a los sectores finanzas y seguros, alimentos, servicios a empresas, minería, hidrocarburos, hidroelectricidad, telecomunicaciones, construcción, cementos, educación, entre otros. Por otro lado, cabe mencionar los estudios e informes regionales sobre prácticas de CER en las que figuran empresas con presencia en Perú. El informe de la Corporate Human Rights Benchmarck (CHRB)54 mide empresas globales mediante 13 indicadores que se basan en las áreas claves de los Principios Rectores, calificando el desempeño de una empresa en un marco de 0 a 26. En la edición de 2020, la CHRB evaluó a 199 empresas y más de 50 de estas contaban con presencia en el país; además, 20 de ellas vinculadas a los sectores alimentos, textil, comunicaciones, minería e hidrocarburos alcanzaron una puntuación de 20 o más, colocándose en posiciones altas de la clasificación. 49 Cf. OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: Perú. París: OCDE, pág. 23. 50 Su objetivo es movilizar a empresas y diversas partes interesadas en materia de desarrollo sostenible a fin de que alineen sus estrategias y operaciones a los Diez Principios sobre derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción (desde 2004); y tomen acciones para promover objetivos sociales más amplios como los Objeticos de Desarrollo Sostenible (desde 2015). 51 Ibidem. 52 Ibídem. 53 Véase: https://peru2021.org/distintivo-empresa-socialmente-responsable/ 54 Véase: https://www.worldbenchmarkingalliance.org/publication/chrb/ 32 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 En el ámbito de minería, el informe de Responsible Mining Founding (RMF)55 evalúa empresas mineras en base a las políticas y prácticas respecto a cuestiones económicas, medioambientales, sociales y de gobernanza, calificando en cada categoría bajo una puntuación de 0 a 6. En la edición de 2020, la RMF evaluó 38 empresas mineras. De este grupo, 12 empresas cuentan con unidades mineras en el país, de las que destacan Anglo American, Rio Tinto y BHP Group al haber alcanzado una puntuación de 3 o más en al menos una categoría. Respecto a temas de género, el informe de la empresa Aequales56 mide la equidad de género en distintas organizaciones de Latinoamérica, mediante un cuestionario que aborda las áreas fundamentales para la equidad. En la edición de 2020, participaron 910 organizaciones, de las cuales 10 empresas con la mejor posición en la clasificación peruana están vinculadas a los sectores finanzas y seguros, servicios a empresas, farmacéutica, construcción, telecomunicaciones y retail. A pesar de los evidentes avances logrados en los últimos años, también debe notarse que persisten múltiples problemáticas que ponen en riesgo y, en algunos casos, vulneran los derechos humanos en el contexto empresarial. Una de las principales causas que propician estas problemáticas es la informalidad57 generalizada en el país, la cual tiene dos dimensiones a considerar: la producción y el empleo. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2018, el 19 % del PBI nominal en Perú fue generado por el sector informal58. El mercado laboral peruano presenta una tasa de empleo informal de 74,3 %59. En dicho periodo, el mayor número de unidades productivas en el ámbito informal se concentraba en la actividad agropecuaria y pesca (34,1 %), comercio (22,3 %) y transporte y comunicaciones (14,4 %). Además, entre octubre de 2019 y septiembre de 2020, las empresas entre 1 a 10 trabajadores concentraban la mayor cantidad de empleos informales. En el año móvil de análisis, en dicho tipo de empresas laboraban 6 millones 730 mil 700 personas en empleos informales. El 87,3 % de los trabajadores no tienen seguridad social o trabajan en unidades de producción no registradas. Le siguen las empresas de 11 a 50 trabajadores, con 48,4 %, y las empresas de 51 y más trabajadores, con 17,7 %. La tasa de empleo informal en el área urbana, según ramas de actividad, alcanza el 89 % de los empleos en la agricultura/pesca/minería son 55 Véase: RMF & Centro Vincular-PUCV. (2020). Estudio regional 2020: ¿Minería responsable en América Latina y el Caribe? Evaluando cómo las empresas mineras abordan cuestiones de interés público. Lima. 56 Véase: Aequales. (2020). Ranking PAR 2020: Informe de resultados. Lima. 57 La OIT ha destacado que la economía informal abarca el sector informal y el empleo informal y se define como el conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores y las unidades económicas que, tanto en la legislación como en la práctica, están insuficientemente contempladas por sistemas formales o no lo están en absoluto. 58 Véase: INEI. (2018). Cuenta Satélite de la Economía Informal en Perú. Lima. 59 Gamero, J. y Pérez, J. (2020). Nota técnica. Panorama laboral en tiempos de la covid-19. Perú: Impacto de la covid-19 en el empleo y los ingresos laborales, pág. 3. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro- lima/documents/publication/wcms_756474.pdf 33 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 informales, seguido de construcción con 80,8 %, comercio con 73,1 %, manufactura con 62,8 % y servicios con 58 %60. Considerando ello, las prácticas informales tienen impactos de carácter transversal, pues conllevan a que estas empresas dejen de lado los mecanismos de debida diligencia y realicen sus actividades sin respetar los derechos humanos, afectando principalmente a determinados grupos. Además, este fenómeno genera que en determinados casos las empresas formales establezcan por acción u omisión relaciones con empresas informales a través de su cadena de suministro. Cabe señalar también que entre las cuestiones más vinculadas con la informalidad se encuentran las repercusiones del trabajo infantil y otras formas de trabajo en condiciones inseguras61. Sobre esta situación no debe perderse de vista que el Principio Rector 14 sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU señala que: “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función de esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos”. Por su parte, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos ha comprobado que: [...] todas las empresas, desde las pequeñas y medianas hasta las grandes multinacionales, deben ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos (tal como se expone en los Principios Rectores 17 a 21), con vistas a evitar que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y a que tomen medidas para mitigar y hacer frente a cualquiera de esas consecuencias que esté directamente relacionada con sus operaciones, en particular contribuyendo a su reparación62. De acuerdo con cifras del Ministerio de la Producción, que toma como fuente el Registro Único de Contribuyentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en 2019, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) representaron el 99,6 % de las empresas peruanas y emplearon a un 59 % de la PEA ocupada. Además, en el periodo 2015-2019 el número de micro y pequeñas empresas (MYPE) formales aumentó a un ritmo promedio anual de 8,4 %. Sin embargo, aún persiste un alto porcentaje de informalidad, ya que el 36,9 % de las MYPE no están inscritas en SUNAT63. Asimismo, de acuerdo a estimaciones de ComexPerú, usando la 60 Véase: INEI. (2020). Informe Técnico. Comportamiento de los indicadores de mercado laboral a nivel nacional Nº 4. Trimestre: Julio-Agosto-Septiembre 2020. Lima, pág. 21. 61 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2017). Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. A/HRC/35/32, 24 de abril, párr. 54. 62 Ibidem, párr. 16. 63 Ministerio de la Producción. (2019). Estadística MIPYME. Disponible en: https://ogeiee.produce.gob.pe/index.php/en/shortcode/estadistica-oee/estadisticas-mipyme 34 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Encuesta Nacional de Hogares del INEI (ENAHO), en 2019, las MYPE registraban ventas anuales, las cuales equivaldrían al 19,3 % del PBI64. Por su parte, de acuerdo al INEI, el número de empresas que dejaron de operar por el cierre o cese definitivo de sus actividades, suspensión temporal, fallecimiento en el caso de personas naturales y fusión o escisión en el caso de personas jurídicas, en el III Trimestre 2020, fueron: actividad de comercio al por menor (34,8 %), comercio al por mayor (16 %), transportes y almacenamiento (8,7 %) y actividades de servicios de comidas y bebidas (7,8 %), entre las más representativas. No obstante, durante el mismo periodo el comercio al por menor (30,7 %) fue la actividad que presentó el mayor número de altas. Le siguieron comercio al por mayor (15,7 %), otros servicios (9,8 %), servicios prestados a empresas (8,7 %), industrias manufactureras (6,3 %) y explotación de minas y canteras (6,2 %), entre las principales65. Dada la relevancia en Perú de las mipyme para garantizar los derechos humanos, de acuerdo a los estándares internacionales, resulta vital la asistencia técnica especializada para este sector de la economía, “simplificando los requisitos […] y ofreciendo oportunidades de creación de capacidad” y que se asegure, en alianza con las empresas, las asociaciones transnacionales, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, la academia, y otros actores, por el respeto de los derechos humanos en todas las fases de las cadenas de suministro empresarial66. Por otro lado, se identifica algunos casos en sectores empresariales tales como minería, hidrocarburos y agricultura a gran escala, en los que persisten brechas que reflejan una situación donde confluyen posiciones y demandas muy contrarias –principalmente– entre las empresas y la sociedad civil. En esa línea, los impactos en los derechos humanos que estas actividades han producido han formado una seria preocupación por los posibles riesgos que pueden generar actualmente, a lo cual se suma la poca información disponible que denote que las empresas de estos sectores han adoptado medidas adecuadas para evitar estos impactos. Al respecto, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos ha detenido su atención en la conflictividad social como un reto para el ejercicio de los derechos humanos, luego de recibir información que da cuenta de que: [...] las principales causas subyacentes de los conflictos sociales vinculados a las operaciones empresariales a gran escala eran la preocupación por los efectos perjudiciales para la salud y el medio ambiente, la falta de transparencia y de acceso a la información y la limitada participación de las partes interesadas en los procesos de 64 ComexPerú. (2020). Las MYPE peruanas en 2019 y su realidad ante la crisis. Lima. Disponible en: https://www.comexperu.org.pe/articulo/las-mype-peruanas-en-2019-y-su-realidad-ante-la- crisis 65 INEI. (2020). Informe Técnico. Demografía empresarial en el Perú. III Trimestre 2020. Lima, pág. 5. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/boletin- demografia_empresarial.pdf 66 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2017). Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. A/HRC/35/32, 24 de abril, párr. 73-77. 35 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 adopción de decisiones. Además, las empresas pusieron de relieve el problema de las operaciones que se realizaban en regiones en las que el Estado tenía poca presencia y en las que prevalecían la desigualdad y la pobreza, este factor que aumentaba las expectativas de la comunidad con respecto a los beneficios que podría reportarles un proyecto determinado. A veces, las comunidades locales y las empresas se veían obligadas a ocuparse de las reclamaciones de la población local por propia cuenta, sin el apoyo del Gobierno, y con frecuencia se celebraban negociaciones en sitios alejados de los lugares donde se habían producido realmente los conflictos 67. Estas preocupaciones han sido reiteradas por organizaciones de la sociedad civil, pueblos indígenas u originarios y sindicatos durante el diálogo multiactor del proceso de elaboración del PNA. Asimismo, el sector empresarial considera que la conflictividad social está relacionada a las brechas socioeconómicas, ausencia del Estado y las dificultades de inversión pública para el cierre de estas. Una de las problemáticas más estudiadas está referida a la relación tensa entre algunas actividades empresariales y los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas u originarios. Además de lo señalado, hace falta registrar evidencia que dé cuenta del compromiso de las empresas con la protección particular de los derechos de este grupo, así como mecanismos de debida diligencia que consideren sus particularidades. Esto también se refleja para las personas defensoras de derechos humanos68, que presencian un ambiente de estigmatización y falta de reconocimiento de sus labores. Al respecto se hace necesario contar con instrumentos de gestión estatal y corporativa dirigidos específicamente a la gestión de los conflictos sociales y los impactos de estos en los derechos de las personas defensoras. Además, el Principio Rector 18 establece que las empresas deben “identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales” con los sectores interesados lo que incluye a los pueblos indígenas u originarios, así como a las personas defensoras. Otros grupos de especial protección también han visto sus derechos afectados por determinadas prácticas empresariales, principalmente, en el ámbito laboral. Algunos ámbitos empresariales aún constituyen espacios de discriminación e incumplimiento de derechos laborales, por ejemplo, contra las mujeres69, las personas LGBTI70, las 67 Ibídem, párr. 23. 68 ONU. Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos. (2020). Informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst. A/HRC/46/35/Add.2, 22 de diciembre, párr. 19-24. 69 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2018). Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Perú. A/HRC/38/48/Add.2. 9 de mayo, párr. 58. 70 Ibídem, párr. 59. 36 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 personas afroperuanas71 y las personas migrantes72. Asimismo, como han señalado algunos órganos especiales de Naciones Unidas en referencia a la situación global, las personas adultas mayores73 y las personas con discapacidad74 son víctimas constantes de la tendencia de ser excluidas en los procesos de contratación. En el caso de estas últimas, se suma el limitado avance de la política pública para la implementación de ajustes razonables y otros mecanismos de accesibilidad en el trabajo, lo cual tiene impactos negativos en sus derechos. En cuanto a temas de transparencia e integridad, es necesario contar con instrumentos gremiales específicos sobre la implementación de las políticas de integridad y lucha contra la corrupción en las cadenas de valor. En esta línea debe destacarse la iniciativa de adopción de códigos de ética y el compromiso explícito anticorrupción adoptados por gremios como Confiep. Asimismo, hace falta avanzar en la implementación de mecanismos empresariales de participación y acceso a la información, en especial, sobre los conflictos de interés y los sistemas de declaración de ingresos y bienes, para agentes internos y externos. Lo anterior abona en una palpable desconfianza de la ciudadanía en las entidades de la Administración pública y en el sector privado que dificulta las relaciones y acuerdos en común para las empresas frente a otros actores. En ese orden de ideas, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos ha solicitado de manera general que se rompa con el ciclo de corrupción que genera violaciones a los derechos humanos relacionados a las actividades empresariales, analizando la contratación pública y las concesiones del Estado, la adquisición de tierras, las cadenas de suministro de productos sanitarios y farmacéuticos (con especial atención en el contexto de la pandemia), el sector extractivo, así como las dimensiones de género de la cuestión de las empresas, los derechos humanos y la corrupción75. Por ello, el mencionado Grupo de Trabajo ha llamado a que se abandonen aproximaciones formalistas, y que “el enfoque de lucha contra la corrupción sitúe a los titulares de los derechos humanos internacionales y las obligaciones correspondientes del Estado (el garante de derechos) en el centro del debate y las iniciativas de lucha contra la corrupción”76. 71 ONU. Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. (2020). Visita al Perú Informe del Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes. A/HRC/45/44/Add.2. 21 de agosto, párr. 24, 25, 50, 82, 90 y 130. 72 ONU. Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2009). Recomendación general núm. 26 (2008), sobre las trabajadoras migratorias. CEDAW/C/2009/WP.1/R. 73 ONU. Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad. (2018). Informe de la Experta Independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad. A/HRC/39/50. 10 de julio, párr. 57. 74 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2018). Informe del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas acerca de su misión al Perú. A/HRC/38/48/Add.2. 9 de mayo, párr. 58-60. 75 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2020). Relación entre la cuestión de las empresas y los derechos humanos y las actividades de lucha contra la corrupción. A/HRC/44/43. 17 de junio, párr. 58-60. 76 Ibídem, párr. 75. 37 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Debe notarse que a modo general se aprecia un cada vez mayor compromiso del sector empresarial peruano con los Principios Rectores y la CER, superando la lógica de la responsabilidad social empresarial. No obstante, estos avances se dan en el sector formal, lo que plantea importantes retos en relación con la informalidad, puesto que la composición del tejido empresarial peruano se caracteriza por estar conformado en un 90 % por mipyme, las cuales tienen dificultad para acceder al conocimiento y fortalecer sus capacidades para encarar procesos de debida diligencia. En el sector formal, sin embargo, aún hay notorias brechas en determinados espacios, sobre todo en relación con grupos de especial protección. Según el INEI, en el trimestre julio-setiembre de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019, la población ocupada del país disminuyó en 11,5 %, que equivale a 2 052 200 personas77. En el trimestre móvil de análisis, la población ocupada en empresas de 11 a 50 trabajadores disminuyó en 38 % (500 600 personas), seguido de las grandes empresas con más de 50 trabajadores en 30,1 % (1 158 700) y en las pequeñas unidades económicas de 1 a 10 trabajadores en 10,7 % (1 291 500)78. Por su parte, el empleo formal descendió, provocando un tránsito hacia el desempleo y/o hacia el empleo informal. Así, en empresas de 1 a 10 trabajadores, la cifra de empleo formal se redujo en 22,7 %, mientras que, para empresas de 11 a 50 trabajadores y empresas de 51 a más trabajadores, la variación porcentual de reducción fue de 16,5 % y 20,1 %, respectivamente79. Asimismo, se proyectó que la actividad económica se contrajo en 11,1 % en el periodo 2020, principalmente, por el contexto de la COVID-19, que generó la paralización de actividades en los meses de marzo y abril y la subsiguiente reactivación de sectores en cuatro fases, sumado a las medidas de distanciamiento y aislamiento social obligatorio implementadas80. Adicionalmente, el contexto internacional presentó condiciones adversas, caracterizado por la reducción de la demanda externa, y alta volatilidad en los mercados financieros, situación que se revirtió en el último bimestre del año. Según los datos oficiales, se observa que los efectos de la pandemia debido a la emergencia por la COVID-19 se centraron en las zonas urbanas del país; si bien es preciso anotar que la pobreza rural, en términos de incidencia es más alta que la urbana, los cambios en los porcentajes han sido más notorios en las ciudades. La crisis afectó, de manera importante, al sector de menor productividad, es decir, trabajadores auto empleados, independientes e informales. Como ha señalado la OCDE: 77 INEI. (2021). Informe Técnico. Comportamiento de los indicadores del mercado laboral a nivel nacional. Nº 4. Lima, pág. 2. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/04-informe-tecnico-empleo-nacional- jul-ago-set-2020.pdf 78 Ibídem, pág. 8 79 Ibídem, pág. 15. 80 BCRP. (2021). Reporte de inflación: Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2021- 202. Marzo 2021. Lima, pág. 7, Disponible en: https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Inflacion/2021/marzo/reporte-de-inflacion- marzo-2021.pdf 38 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Para una empresa, observar los estándares de CER e implementar la debida diligencia en su respuesta a la crisis del COVID-19 ayudará a garantizar que sus decisiones comerciales eviten y aborden posibles impactos adversos sobre las personas y el planeta, incluso en su cadena de suministro. Aquellas empresas que tomen medidas proactivas para abordar los riesgos del COVID-19 de una manera que mitigue los impactos adversos sobre los trabajadores y las cadenas de suministro, es más probable que generen más valor en el largo plazo y resiliencia81. De esta forma, la pandemia por la COVID-19 es un factor a tomar en cuenta en el sector empresarial, tanto por su impacto como por sus efectos presentes y futuros. 81 OCDE. (2020). El COVID-19 y la Conducta Empresarial Responsable. Nota preparada por el Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable, pág. 10. Disponible en: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=130_130612-yej4uhtct8&title=El-COVID-19-y-la- Conducta-Empresarial-Responsable 39 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 CAPÍTULO III DIAGNÓSTICO Y LÍNEA BASE: ÁMBITOS DE ACCIÓN 3.1. Conclusiones generales del diagnóstico y línea base El progreso socioeconómico de las últimas dos décadas en Perú82 ha venido acompañado por el creciente interés sobre el rol de las empresas en la sociedad, en general, y sobre la estrecha relación entre sus actividades y los derechos humanos, en particular. Al igual que en otros países, esta tendencia ha respondido a la adopción de los Principios Rectores y otros instrumentos internacionales vinculados con la cuestión de empresas y derechos humanos. Si bien es posible identificar cambios positivos, Perú sigue enfrentando en la actualidad importantes desafíos hacia un desarrollo económico y social sostenible83. En primer lugar, el Estado peruano ha suscrito múltiples tratados internacionales en materia de derechos humanos generales y derechos específicos de grupos en situación de vulnerabilidad, así como de cuestiones laborales y ambientales. Asimismo, se ha adherido a instrumentos internacionales relevantes como las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales y los ODS de la ONU. Si bien esto refleja la voluntad del Estado para adecuarse a los estándares internacionales relativos a la materia en cuestión, el principal reto ha sido el cumplimiento de dichos instrumentos, puesto que algunos de ellos han tardado en implementarse por falta de adopción de medidas internas y otros aún no son completamente efectivos a la fecha. Por su parte, el marco normativo nacional contempla sólidas disposiciones para la protección de los derechos humanos, inclusive en el contexto de actividades empresariales. De este modo, el Estado no solo ha adoptado medidas legislativas específicas para los derechos humanos, sino que también los ha considerado e incluido en normas destinadas a las problemáticas de carácter nacional vinculadas, los derechos de determinados grupos, la protección del medio ambiente y la regulación de las actividades de ciertos sectores empresariales. En línea con lo anterior, se han realizado una serie de cambios institucionales y de política pública con la finalidad de alcanzar el cumplimiento de este marco jurídico y regulatorio. La aplicación de estos importantes avances necesita ser profundizada considerando factores estructurales como la centralización del gobierno, las deficiencias en la gestión pública, la corrupción en determinados ámbitos y la falta de prestación de servicios públicos. Por otro lado, el país tiene que lidiar con dificultades complejas como la discriminación, la informalidad, la pobreza, la desinformación y la desconfianza entre actores de distintos sectores. Además, se puede identificar que muchos de los avances normativos y de política pública corresponden a respuestas ante demandas históricas, lo cual ha dejado de lado otras áreas también pertinentes respecto a empresas y derechos humanos. 82 Cf. OCDE. (2020). Estudios de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable: Perú. París: OCDE, págs. 19-20. 83 Ibídem, pág. 9. 40 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Considerando ello, el Estado ha establecido marcos protectores de los derechos humanos y que fomentan directa e indirectamente la adopción de estándares de empresas y derechos humanos y de CER. Sin embargo, la aplicación efectiva de estas disposiciones aún presenta importantes desafíos que trascienden al ámbito normativo, como que los avances en la regulación se implementen de manera cada vez más uniforme y en todos los sectores empresariales, a fin de que la debida diligencia sea progresiva y sostenidamente una práctica ejercida de manera mayoritaria por las empresas. En segundo lugar, si bien se han identificado algunas situaciones o riesgos potenciales de vulneración de los derechos humanos en las actividades empresariales, se ha evidenciado la voluntad de estos sectores de encaminarse hacia la lógica del marco de los Principios Rectores y de la CER. En ese sentido, se aprecia una serie de compromisos por parte de las empresas para el respeto de los derechos humanos, compromisos que se han traducido en documentos como la “Guía para el sector empresarial peruano sobre empresas y derechos humanos”, elaborado por la CONFIEP y el Pacto Global de Perú, así como en códigos de conducta, políticas corporativas e incluso protocolos de gestión, principalmente en los sectores de minería, hidrocarburos, energía y agricultura. Por otra parte, sectores como la sociedad civil, los sindicatos y los pueblos indígenas u originarios han realizado también aportes a la cuestión de empresas y derechos humanos. Si bien la mayoría de estos se evidencian en las actividades para incorporar los Principios Rectores y la CER en la agenda política nacional, también han traído a colación estándares internacionales generales aplicables a fin de que el resto de actores los tomen en consideración para la adopción de medidas. La mayoría de estos avances, sin embargo, no han sido analizados desde la política pública a nivel de aplicación, lo cual refleja la necesidad de contar con información cierta sobre cómo estos compromisos se han traducido en acciones directas. La encuesta aplicada por la OCDE en el presente proceso para identificar los avances del sector empresarial en la implementación de mecanismos de debida diligencia, da cuenta de que varias empresas han desarrollado una política de derechos humanos, pero que aún hay mucho por avanzar en la implementación en la práctica de procesos de debida diligencia en el universo de empresas encuestadas84. También debe advertirse que ello corresponde al ámbito formal de determinados sectores, lo cual deja de lado a las prácticas informales que tienen notoria presencia en el país, y que exige de una política pública amplia e integral que aborde este fenómeno en todos sus aspectos y dimensiones. A ello se suman las brechas en cuanto a percepciones y posiciones contrarias entre las empresas y la sociedad civil. También cabe señalar que grupos como pueblos indígenas u originarios, personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas LGBTI, entre otros, señalan haber visto sus derechos afectados por 84 Véase: Encuesta aplicada por la OCDE para el diagnóstico y línea base sobre mecanismos de debida diligencia. 41 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 determinadas prácticas empresariales, correspondientes en su mayoría al ámbito laboral o al ejercicio de derechos colectivos. En tercer lugar, respecto de los mecanismos de reparación judiciales y extrajudiciales, también se han evidenciado cambios positivos a nivel normativo. De esta forma, el Estado ha adoptado sanciones administrativas, civiles y penales ante infracciones a la legislación que contempla los derechos humanos en el contexto empresarial. Además, estos mecanismos de reparación han contemplado el enfoque de derechos humanos y los enfoques complementarios a este. A pesar de estos avances, la reparación de personas y pueblos ante afectaciones de sus derechos sigue enfrentando serias dificultades a causa de barreras jurídicas, procesales y sociales –principalmente– para grupos de especial protección, lo cual dificulta su adecuado acceso a la justicia. Por ejemplo, se evidencia que las autoridades de investigación no cuentan con la capacidad operativa suficiente para ejercer sus funciones y los procesos judiciales tardan años en resolverse. De manera general, tanto por parte del Estado como del sector empresarial, se ha advertido un firme compromiso para incorporar en sus actividades los postulados de los Principios Rectores y demás instrumentos que promueve la CER a través de la debida diligencia. Sin embargo, aún falta que estos avances, principalmente en el ámbito normativo, se vean reflejados con claridad en la práctica, lo que está asociado a problemáticas transversales de diversa índole. Por último, la pandemia por la COVID- 19 ha visibilizado más estas brechas existentes y ha causado el surgimiento de nuevas brechas vinculadas en concreto a la salud y al trabajo. Un compromiso similar ha sido evidenciado en los últimos años por los sectores de la sociedad civil organizada, los sindicatos y los pueblos indígenas u originarios, actores fundamentales en la construcción e implementación de una política pública sobre empresas y derechos humanos y CER. Como se puede advertir de los documentos de diagnóstico y línea base, pero también de su activa participación a lo largo del proceso, el éxito de la política pública depende en gran medida del fortalecimiento sostenido de las instituciones indígenas, sindicales y de la sociedad civil organizada, lo que concuerda plenamente con el marco internacional tanto del Sistema de la ONU, como del Sistema Interamericano y de la OCDE. Por ello, una de las principales labores que deberá desarrollar el Estado a través de la implementación del PNA –pero en general, de todas sus políticas públicas, en línea con el cumplimiento de su deber de coherencia– es contribuir al reforzamiento de sus entidades a través de las mejoras normativas que aseguren su adecuado funcionamiento, el fortalecimiento de las capacidades de sus directivos y miembros, el aseguramiento de su participación en condiciones de igualdad en la implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación de la política pública sobre empresas y derechos humanos y CER, poniendo énfasis en todo ello en el empoderamiento de liderazgos de mujeres y de miembros de otros grupos vulnerables. 42 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Contar con instituciones empresariales, sindicales, indígenas y de la sociedad civil fortalecidas, que se articulen con el Estado en igualdad de condiciones, es uno de los objetivos fundamentales de la presente política pública, como se ha demostrado en toda la etapa de elaboración del PNA. El logro de este objetivo permitirá que este instrumento de gestión pública sea viable y legítimo, y sobre todo que su implementación sirva eficientemente al fin público de construir un país con un desarrollo sostenible al servicio de la mejora de la calidad de vida de todas las personas, especialmente, de las más vulnerables. Los 23 documentos de diagnóstico elaborados por la Mesa Multiactor en el presente proceso a través de un amplio diálogo, incluso en aquellas partes en las que se evidencia discrepancias entre los actores, constituyen importantes insumos de referencia para la implementación del PNA. Estos no solo contienen hallazgos fundamentales para la construcción de sus acciones, indicadores y metas, sino que también son herramientas que permitirán realizar un adecuado seguimiento y monitoreo de cómo el PNA impacta en la mejora de la situación descrita en dichos documentos. Teniendo en cuenta este marco general, resumido brevemente a través de sus puntos en común y especificidades, a continuación, se presentan las principales conclusiones de las temáticas específicas abordadas, las mismas que son desarrolladas de manera mucho más amplia en sus respectivos informes. 3.2. Conclusiones de los temas específicos Necesidades de capacitación En general, la encuesta aplicada por ACNUDH da cuenta de que los representantes de la Mesa Multiactor del PNA afirman tener un conocimiento medio sobre el marco de empresas y derechos humanos y CER, por lo que estiman importante la implementación de una adecuada estrategia de capacitación en la materia, a fin de desmitificar preconceptos y posicionar aún más el enfoque de derechos humanos en la gestión empresarial85. Aunque existe una familiaridad con los instrumentos internacionales, así como con la Agenda 2030, los Principios Rectores, los estudios de la OIT sobre la CER en Perú, entre otros. Además, todavía existe una necesidad de capacitación sobre la debida diligencia empresarial, tanto en las actividades empresariales como en las cadenas de suministro. Asimismo, existe un aceptable nivel de conocimiento sobre los Principios Rectores, pero se requiere reforzar este respecto del pilar de reparación. Así, cuatro temas son particularmente relevantes para acciones de formación: el rol del Estado frente a las actividades empresariales en el contexto de la COVID-19, los mecanismos de reclamación y reparación en casos de afectaciones en el marco de las actividades empresariales (con todas las barreras de acceso que implica), las remediaciones ambientales y sociales desde el enfoque de derechos humanos, y la perspectiva de género en la CER. 85 Encuesta aplicada por la oficina de la ACNUDH a 59 integrantes de la Mesa Multiactor en marzo de 2021. 43 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Mecanismos de debida diligencia Las conclusiones de los diagnósticos recogen de forma transversal que un aspecto importante que se requiere incorporar en las empresas es la adopción de medidas de debida diligencia. La encuesta de OCDE (2021)86 da cuenta de que el 43 % de los encuestados exige a todos los proveedores y socios comerciales de primer nivel que cumplan las expectativas de la CER como parte de un contrato o acuerdo. El 42 % afirma adoptar siempre un proceso de debida diligencia reforzado, cuando se identifican riesgos en la cadena de suministro y el 25 % llevan a cabo evaluaciones de riesgos más allá del nivel 1 en la cadena de suministro o sobre sus productos, materias primas o servicios. En ese sentido, la encuesta identifica importantes avances en la instalación de una cultura de empresas y derechos humanos, CER y acciones de debida diligencia dentro de las empresas, pero al mismo tiempo que poco más del 50 % no aplica procesos de debida diligencia frente a riesgos en la cadena de suministros. Ello evidencia la necesidad de que haya una articulación estratégica entre el Estado, la sociedad civil y el sector empresarial para que cada vez más un mayor número de empresas incorporen estas medidas dentro de sus actividades, así como reforzar su aplicación práctica. Al respecto, el 57 % mencionó la necesidad de recibir formación sobre herramientas de debida diligencia, por lo que se identifican necesidades de capacitación y asesoría en este ámbito, que permitan su implementación práctica a nivel operacional. Informalidad en el sector económico La informalidad es un fenómeno multicausal que impacta de modo diferenciado a los distintos sectores productivos, regiones y grupos en situación de vulnerabilidad, afectando directamente a los derechos humanos. Por ello, es preciso que el abordaje de la política pública no solo se limite a la informalidad laboral, sino que tenga una mirada amplia e integral para la mejor comprensión del fenómeno y la adopción de medidas específicas. Si bien el Estado ha adoptado políticas en curso al respecto, estas ameritan una evaluación y ajuste desde el enfoque de derechos humanos. Además, los sectores estatales deben articularse fortaleciendo la institucionalidad y el diálogo con el sector empresarial y la sociedad civil en general, sin perder de vista el ámbito educativo y de sensibilización para promover una cultura de la formalidad. El sistema de compras públicas y, en general, los órganos rectores competentes tienen un importante potencial para contribuir al fortalecimiento del proceso de formalización y, a mediano y largo plazo, a la consolidación de la mencionada cultura de formalidad. El potencial del sector formal para contribuir a disminuir la informalidad a través de la debida diligencia y su cadena de suministro también debe ser aprovechada, así como 86 La encuesta de OCDE sobre prácticas de CER se aplicó entre diciembre 2020 y enero 2021. El 78 % de las encuestadas fueron grandes empresas, es decir, tienen más de 250 empleados; y el 22 % son pequeñas y medianas, es decir, tienen menos de 250 empleados. Respondieron 110 empresas. 44 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 los avances identificados en las grandes empresas, a fin de incluir en este objetivo paulatinamente a la MYPE. Por otro lado, resulta necesario mejorar los procesos estatales de judicialización y fiscalización, así como evaluar y transparentar los resultados de las políticas públicas en estos ámbitos, para determinar su real impacto. En este sentido, los mecanismos de debida diligencia empresariales resultan útiles para que el Estado enfrente vulneraciones en contextos de informalidad de forma más rápida y eficiente. Transparencia, integridad y lucha contra la corrupción En los últimos años, se ha asentado la convicción de que la corrupción se da de forma transversal en distintos espacios y, tiene un impacto directo e inadmisible en los derechos humanos. Por ello, el Estado ha suscrito los principales tratados sobre la materia, los cuales viene implementando en sus normas internas a través de una Política Nacional y un Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. También ha creado oficinas o unidades de integridad a nivel del gobierno central, el cual viene presentando un avance relativo a nivel subnacional. En materia de transparencia, se ha avanzado con medidas como la obligatoriedad de la presentación de la declaración de intereses. De otro lado también es necesario fortalecer la autonomía y eficacia de la Autoridad Nacional de Transparencia. Asimismo, es preciso reforzar el modelo de contratación pública, a fin de que incluya incentivos a las empresas que cumplan estándares de integridad, según lo que determine la evaluación del estado situacional del enfoque de PR-CER en el régimen de compras públicas, que se realizará en el marco de la implementación del PNA. Desde el sector empresarial, hay un compromiso explícito de los gremios para articular sus esfuerzos con la política pública en la materia. Muestra de ello son medidas como la Secretaría Técnica del Pacto Mundial, la incorporación de ODS en la labor empresarial, el Consejo Privado Anticorrupción, el Comité de Ética, el Código de Conducta, la participación de importantes gremios empresariales en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción87, la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva, entre otros. Respecto a mecanismos de reparación, se ha avanzado en incorporar la responsabilidad administrativa de las empresas por los delitos de corrupción, los cuales deberían ser complementados con procedimientos expeditivos y accesibles de reparación y un sistema cautelar o de garantías de no repetición. Conflictividad social La conflictividad social es amplia, compleja e histórica; sus causas son de carácter estructural y conllevan un grave riesgo para los derechos humanos. De acuerdo con el último reporte de la Defensoría del Pueblo, el 64,4 % de los conflictos registrados son 87 La Confederación Nacional de instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) son miembros observadores de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. 45 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 de carácter socioambiental, 10,3 % comunal y el 3,6 % de tipo laboral88. El Estado ha suscrito compromisos internacionales para la garantía de derechos en estos escenarios, lo que hace necesario la formulación e implementación de una clara política nacional de prevención y atención de la conflictividad social. La gestión de conflictos está bajo competencia de la PCM y en otros sectores del Poder Ejecutivo se han creado instancias para su atención, siendo necesario fortalecer el rol articulador de la PCM para una adecuada y cada vez más eficiente intervención estatal que la prevenga y, de ser el caso, la atienda bajo estándares internacionales de derechos humanos, promoviendo en ese marco la debida diligencia empresarial. Los gremios empresariales como la CONFIEP y la SNMPE incluyen en sus instrumentos de gestión temas relativos a la conflictividad social, los cuales deben tomarse como punto de partida para una política pública para la debida diligencia empresarial más enfocada en la prevención y abordaje de estos contextos. Por otro lado, se debe avanzar en la adopción de normas estatales sobre la responsabilidad de las empresas por incumplimientos, así como mecanismos cautelares o garantías de no repetición de carácter específico para los casos de conflictividad social. Libertad de asociación y negociación colectiva La libertad sindical y la negociación colectiva son derechos humanos reconocidos en los principales instrumentos internacionales en esta materia y ello genera responsabilidades al Estado para su protección. Su respeto es vinculante y requiere que se adopten medidas para fortalecer la institucionalidad sindical con enfoque de género y otros complementarios. El Estado debe evaluar, junto con el sector sindical, empresarial y otros actores vinculados, la adopción de las medidas más eficaces para abordar las causas del actual bajo nivel de sindicalización, a fin de garantizar y promover estos derechos, el fortalecimiento de los sindicatos y la revalorización social de su importante papel en un país democrático. Asimismo, es necesario que las empresas implementen mecanismos de debida diligencia, que además puedan ser acompañados desde la política pública. En el marco de la vigencia del Convenio 87 “Convenio sobre la Libertad Sindical y la protección del derecho de sindicación” y el Convenio 98 “Convenio sobre el derecho de sindicación y negociación colectiva” de la OIT y basados en los aportes recogidos durante el proceso de diálogo, resulta pertinente fortalecer las normas de la materia, como resultado del diálogo social; asimismo, se requiere también prestar atención a la implementación de la nueva Ley Procesal del Trabajo, que se encuentra pendiente de entrar en vigencia en algunos distritos judiciales. Para fortalecer la política pública de inspección laboral y los avances de Sunafil, es necesario fortalecer, desde la evidencia, sus procedimientos de denuncia, fiscalización y sanción, para adecuarlos progresivamente a los estándares internacionales. La seguridad y salud en el trabajo tiene condición de un derecho humano y requiere un abordaje que tenga en cuenta las 88 Defensoría del Pueblo (marzo 2021) Reporte de Conflictos sociales Nº 205. Recuperado de: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Reporte-Mensual-de-Conflictos- Sociales-N%C2%B0-205-marzo-2021.pdf 46 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 especiales necesidades por rubros, labores de riesgo, sexo, interculturalidad y orientación sexual. Asimismo, existe la necesidad de capacitación a trabajadores y empleadores, que tome en consideración un abordaje diferenciado, así como la implementación de mecanismos de debida diligencia empresarial. Todas estas acciones deben implementarse en armonía con la Política Nacional de Empleo Decente, bajo rectoría del MTPE. Trabajo infantil Existen organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores que tienen una valoración crítica del trabajo, debido a las condiciones de precariedad laboral. No obstante, el estándar internacional establece la necesidad de elevar la edad mínima de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que trabajan, así como monitorear que, quienes tienen la edad mínima para laborar, no realicen trabajos peligrosos. Asimismo, es importante mencionar que las medidas a adoptarse requieren especial enfoque en los espacios de informalidad (ámbito del que es propio esta problemática), así como en las zonas rurales y particularmente en relación con los pueblos indígenas u originarios. Se encontraron avances en la disminución de los índices de trabajo infantil, como parte de los resultados esperados, pero se requiere la evaluación y monitoreo de Estrategia Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil 2011-2021, a cargo del MTPE, rector en este tema. No obstante, encontrándose en el último año de su implementación resulta pertinente su evaluación, la cual permitirá formular, con base en la evidencia, la nueva política nacional de prevención y erradicación del trabajo infantil, alineada a los compromisos internacionales del país en relación con el cumplimiento de la Meta 8.7: "Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas", del Objetivo 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” de los ODS y más aun que Perú es País Pionero, a fin de acelerar los procesos que permitan el cumplimiento de estos propósitos mundiales. De esa manera, una observación pendiente al Estado peruano es la elevación de la edad mínima de admisión al empleo. Adicionalmente, se requiere adoptar medidas en procesos de contratación con el Estado por la comisión de infracciones relacionadas con el trabajo infantil en la cadena de producción, según lo determine la evaluación del estado situacional del enfoque de PR-CER en el régimen de compras públicas, que se realizará en el marco de la implementación del PNA. Si bien existe compromiso y avances de las empresas con el respeto de los derechos humanos, es necesario contar con información sobre instrumentos informativos o de orientación que brinden directivas para concretar la erradicación de trabajo infantil en toda la cadena de producción. Tanto la responsabilidad administrativa como penal se enfocan en la sanción a los infractores, estando ausentes procedimientos expeditivos y accesibles de reparación de las víctimas. No se cuenta con mecanismos como medidas 47 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 cautelares o garantías de no repetición ni se han promovido pedidos de disculpa en respuesta a los casos de NNA trabajadores cuyos derechos fueron vulnerados. Por otra parte, resulta necesario fortalecer la difusión de la problemática y el alcance de la prevención y erradicación del trabajo forzoso, así como la implementación de la política nacional que contribuye a atender este problema público (III Plan Nacional para la Lucha contra el Trabajo Forzoso 2019-2022), a cargo del MTPE. Asimismo, se advierte la importancia de disponer de información estadística que permita dimensionar el problema público, por lo que es necesario profundizar los esfuerzos del MTPE en la aplicación de la Encuesta de prevalencia de trabajo forzoso, a fin de caracterizar esta problemática. En ese sentido, debe fortalecerse la difusión de los canales de denuncia, protección de los denunciantes y testigos, así como la identificación de las instituciones que se encargan de la reinserción de las víctimas de este flagelo. Mujeres Existe una histórica discriminación estructural contra las mujeres que genera diversas vulneraciones en el acceso a derechos como a la vida libre de violencia, salud sexual y reproductiva, participación en espacios de toma de decisiones y vulneraciones en derechos sociales y económicos. El Estado peruano viene desarrollando un mandato de transversalización del enfoque de género y de promover la igualdad de género con el objeto de coordinar, articular y fiscalizar en las políticas y gestión institucional, pero requiere fortalecer acciones para enfrentar: (i) limitaciones para el acceso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral, que tienen expresiones diferenciadas, (ii) el limitado acceso y participación en espacios de toma de decisiones y (iii) la violencia de género en el ámbito laboral y (iv) la sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados que tienen las mujeres, que impide su acceso al mercado laboral. Existen importantes prácticas desde el sector empresarial como la puesta en marcha del Comité de Trabajo para la Promoción del Empoderamiento de la Mujer en el Sector Empresarial, así como otras iniciativas en empoderamiento para el liderazgo y los negocios, promoción de incursión en labores tradicionalmente masculinas, rankings y sellos que reconocen a las empresas que implementan prácticas de igualdad de género. Una de las principales demandas desde la sociedad civil es el establecimiento de un sistema de cuidados, que representa una de las principales barreras para el acceso igualitario de las mujeres al trabajo y a otros espacios. Asimismo, es importante mencionar que se requiere implementar medidas de debida diligencia. En los últimos años se ha desarrollado un esfuerzo significativo por la incorporación del enfoque de género en la administración de justicia con el fin de institucionalizar este enfoque en la labor judicial. Los mayores esfuerzos desde el sistema de justicia están concentrados en la problemática de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. No obstante, existe un escaso proceso tecnológico, ineficiente asignación de recursos, así como falta de especialización, que tendrá un impacto diferenciado entre mujeres y hombres. Además, existen diversos prejuicios y estereotipos machistas que 48 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 siguen presentes en el sistema de justicia y que impiden a las mujeres acceder a sus derechos en igualdad de condiciones. Personas adultas mayores De acuerdo con la Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, existe una discriminación estructural por motivos de edad contra las personas adultas mayores.89 En ese sentido, persiste una cultura de indebida percepción negativa de la vejez, lo que genera una vulneración de su derecho a una vida digna y de otros derechos fundamentales. El envejecimiento puede ser productivo, así como económicamente activo, puesto que gran parte se encuentra en condiciones de continuar con alguna actividad u ocupación. Es necesario modificar los sistemas previsionales existentes, a fin de que exista un sistema articulado de seguridad social que cumpla con los principios de universalidad, progresividad y elevación de la calidad de vida. Aunque el empleo en la población adulta mayor debe ser una opción voluntaria, resulta importante la intervención del Estado para fomentar la empleabilidad de las personas adultas mayores, en condiciones de igualdad y con el respeto de su dignidad. Las empresas que cuentan con programas de inclusión laboral deben considerar una perspectiva gerontológica e intergeneracional, que les permita acceder a empleos en función de sus capacidades y perfiles profesionales laborales. Estas buenas prácticas deben extenderse hacia otras empresas, como parte de una política pública. Existen sanciones frente al incumplimiento de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor, pero es necesario evaluar su efectividad. Pueblo afroperuano El racismo y la discriminación racial son rezagos de las sociedades estamentales, segregadas y excluyentes, basados en diferencias fenotípicas, lo que ha generado situaciones de desigualdad que, pese al desarrollo de marcos normativos de prevención y sanción frente a esta situación, no ha terminado con la discriminación. Es necesaria la capacitación, supervisión y fiscalización, así como dar seguimiento a las denuncias, y visibilizar estadísticas sobre la situación de las personas afroperuanas. Ello debe ir de la mano con el registro de la variable de pertenencia étnica en los registros administrativos. Asimismo, se debe fomentar la participación y representación del pueblo afroperuano en espacios políticos, sociales y culturales, con medidas transversales y efectivas. La problemática que enfrenta el pueblo afroperuano en relación con las actividades empresariales se centra en cuatro escenarios: (i) acceso al trabajo, (ii) empleabilidad y ambiente laboral, (iii) relaciones de consumo, y (iv) publicidad y medios de 89 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Política Nacional Multisectorial para las Personas Adultas Mayores al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 006-2021-MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano (5 de junio de 2021). Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-que-aprueba-la-politica- nacional-multisector-decreto-supremo-n-006-2021-mimp-1960402-3/ 49 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 comunicación. Sobre este último punto, las empresas de comunicación cumplen un rol fundamental, ya que construyen y reproducen modelos de comportamiento, fomentan u omiten determinados discursos, y legitiman prácticas o las someten a escrutinio del público. El Estado peruano no ha implementado aún mecanismos de remediación y reparación a favor del pueblo afroperuano ante vulneraciones de derechos humanos, más allá del carácter declarativo de la norma sobre el perdón histórico de 2009. Personas con discapacidad Según la Política Nacional Multisectorial en Discapacidad para el Desarrollo al 2030, la discriminación estructural hacia las personas con discapacidad es un problema público que trasciende y es independiente de las acciones individuales de discriminación; y que, además, forma parte de un proceso de acumulación de desventajas y tiene implicancias sociales en los ámbitos de disfrute de los derechos y reproducción de la desigualdad social90. En la cultura peruana, las personas con discapacidad aún son consideradas desde el modelo médico, es decir, que la discapacidad está en la persona y no en las barreras sociales, lo cual no permite reducir las brechas de desigualdad. Esta situación de desventaja es mayor en el caso de las mujeres. Además, no hay suficiente información sobre la oferta laboral para personas con discapacidad, lo cual supone una barrera para promover ofertas laborales de acuerdo con sus capacidades y habilidades. El Estado tiene el deber de reducir las brechas educativas y de capacitación de las personas con discapacidad, y optimizar sus condiciones formativas, para garantizar el acceso a oportunidades de empleabilidad Es necesario que todas las empresas sigan a las que ya incluyen en su política de respeto de derechos humanos una referencia a la no discriminación hacia las personas con discapacidad, respetando también la normativa internacional al respecto. Las empresas deben implementar mecanismos de comunicación e información en formatos accesibles a personas con discapacidad. El acceso al empleo debe implicar un proceso de selección en condiciones de igualdad, contratación equitativa, incluyendo los ajustes razonables que correspondan. También es recomendable implementar un plan de apoyo a los trabajadores que adquieran una discapacidad que incluya identificación temprana, facilitar los ajustes razonables al personal que adquiere una discapacidad y su reintegración en su puesto de trabajo. La existencia de procesos sancionadores no contempla mecanismos de reparación ante afectaciones de derechos humanos de personas con discapacidad. Personas defensoras de derechos humanos Tal como lo señala el Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, la persona defensora de derechos humanos es aquella persona natural que actúa de forma individual o como integrante de un colectivo, 90 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Política Nacional Multisectorial en discapacidad para el desarrollo al 2030, aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 007-2021- MIMP, publicado en el diario oficial El Peruano (5 de junio de 2021). Disponible en: https://elperuano.pe/NormasElperuano/2021/06/05/1960403-1/1960403-1.htm 50 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 grupo étnico-cultural, organización, entidad pública o privada, así como personas jurídicas, grupos, organizaciones o movimientos sociales, cuya finalidad es la promoción, protección o defensa de los derechos humanos, individuales y/o colectivos, de manera pacífica, dentro del marco del Derecho nacional e internacional91. Su protección se encuentra regulada, pero requiere ser fortalecida interinstitucionalmente a nivel jurisprudencial y en cuanto a su legislación. Asimismo, se requiere reconocer y difundir la importancia que tiene este grupo, profundizando en una política de desestigmatización y contra su hostigamiento, principalmente frente a actores informales e ilegales. De acuerdo con el registro del MINJUSDH, las situaciones de vulneración de derechos de las personas defensoras de derechos humanos se deben a la informalidad económica, la falta de seguridad jurídica en materia de titulación de tierras comunales, el consiguiente tráfico de tierras y la criminalidad asociadas con la minería ilegal y la tala ilegal, y el narcotráfico. No obstante, la base de datos de sociedad civil identifica vulneraciones en actividades formales e informales, incluso en el contexto de conflictos socioambientales. La reciente creación del Mecanismo Intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos, bajo rectoría del MINJUSDH, es un valioso instrumento que vincula a ocho ministerios, y que debe ser fortalecido, a partir del PNA, a través de la incorporación del enfoque de empresas y derechos humanos y la CER. El sector empresarial muestra compromiso con el respeto por personas defensoras de derechos humanos. En ese sentido, la SNMPE es parte de la Mesa de personas defensoras donde se prevén medidas de protección. Asimismo, da cuenta de la Guía de Quejas y Reclamos en la que se incide sobre medidas de respeto a los derechos humanos. Salvo en el caso de las mujeres y los trabajadores sindicalizados, por la larga tradición del derecho laboral, en Perú no existían mecanismos específicos de protección y reparación frente a las vulneraciones que pudieran afectar a defensores y defensoras de derechos humanos. Personas LGBTI Existe un robusto marco normativo contra la discriminación, pero se requiere igualmente un marco normativo y políticas públicas que atiendan sus particulares necesidades y garanticen la no discriminación en: (i) promoción del empleo para personas LGBTI, (ii) acceso al empleo, (iii) condiciones de trabajo, y (iv) permanencia. También este grupo precisa de superar la invisibilidad estadística en registros judiciales y administrativos. Se destacan los avances del sector empresarial formal, en especial, desde el Pacto Mundial, CONFIEP y organizaciones empresariales como Pride Conection, Presente y Ranking PAR. Es importante profundizar estos avances y replicarlos en otras empresas 91 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, aprobado mediante el Decreto Supremo Nº004- 2021-JUS, publicado en el diario oficial El Peruano (22 de abril de 2021). Disponible en: https://busquedas.elperuano.pe/download/url/decreto-supremo-que-crea-el-mecanismo- intersectorial-para-la-decreto-supremo-n-004-2021-jus-1946184-4 51 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 y extenderlos a proveedores, distribuidores y clientes, procurando su articulación con políticas públicas en otros sectores empresariales a fin de superar progresivamente los problemas estructurales existentes en la promoción y acceso al empleo, climas laborales seguros (protocolos de prevención, atención y sanción) para el acceso y permanencia en el trabajo, percepción de beneficios laborales, entre otros. La defensa pública y asesoría estatal, así como la fiscalización debe incluir un enfoque explícito en las necesidades de las personas LGBTI, por ejemplo, a través de la incorporación de las necesidades de este grupo vulnerable en el Decreto legislativo N° 728. Personas migrantes extranjeras Los procesos de integración social requieren adoptar medidas estructurales como la identificación, acceso a trabajo, educación entre otros, con el fin de permitir la movilidad social. Se han identificado avances en el ámbito de regularización migratoria; así, en 2020, se adoptó una medida de regularización para extranjeros en condiciones de irregularidad que aseguraría la permanencia regular. Se hace necesario atender las dificultades subsistentes en la gestión de la respuesta del sistema de refugio y sistema migratorio. Debe destacarse la voluntad política del Estado para, también en el marco del PNA, adoptar medidas contra la discriminación y xenofobia; las limitaciones en la contratación de trabajadores migratorios y su consiguiente acceso al trabajo digno; la necesidad de brindar a las personas migrantes y a las empresas información completa sobre sus derechos y sus documentos de identificación, así como mecanismos eficientes de denuncia, en línea con lo recomendado por el Comité de trabajadores migratorios. Igualmente, se tiene el desafío de fortalecer los mecanismos judiciales, especialmente, cuando no se cuenta con condiciones de regularidad. Pueblos indígenas u originarios y consulta previa El Estado cuenta con un considerable marco normativo nacional e internacional, entre los cuales se halla la Constitución, el Convenio N° 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, la Ley N° 29785 del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, la Ley N° 29735 que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias de Perú, entre otros, sobre los derechos de los pueblos indígenas u originarios, en general, y la implementación de la consulta previa, en particular. Sin embargo, los pueblos indígenas u originarios evidencian debilidad estatal y la necesidad de alcanzar una mayor efectividad de este marco normativo. Entre los principales derechos a proteger los mencionados pueblos identificaron la titulación de tierras, el fortalecimiento institucional para una consulta previa efectiva, la atención de condiciones estructurales vinculadas con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (soberanía alimentaria, institucionalidad indígena y jurisdicción indígena, entre otros). También se evidencia la necesidad de incorporar el enfoque intercultural de modo cada vez más efectivo en la gestión pública, constituyendo un proceso de adaptación de las diferentes entidades, a nivel normativo, administrativo, y del servicio civil del Estado para atender de manera 52 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 pertinente las necesidades culturales y sociales de los diferentes grupos étnico- culturales del país en las medidas vinculadas con las actividades empresariales. Respecto a otras materias relacionadas a pueblos indígenas u originarios, los gremios empresariales han presentado avances respecto a la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos, con un claro enfoque intercultural, tales como mecanismos de quejas y reclamaciones sociales acorde con los Principios Rectores, que tiene previsto informar sobre las reglas de debida diligencia y respeto de derechos humanos a los grupos de interés externo y difundirlo entre sus contratistas. No obstante, desde la política pública no se cuenta con información suficiente sobre su cumplimiento. Respecto de los mecanismos de reparación de los derechos de los pueblos indígenas u originarios, las vías judiciales son las más usadas, a pesar de ser lentas y poco eficaces. También existen vías administrativas utilizadas, pero se advierte que no están diseñadas para atender la integridad de los daños ocasionados, en especial, los derivados de actividades informales y de entorno criminal. Si bien el litigio estratégico de los pueblos indígenas u originarios y la sociedad civil ha sido una forma de acceso más eficiente a la reparación, este mecanismo ha sido limitado. Estudios de Impacto Ambiental (EIA) El Estado ha asumido un conjunto de obligaciones internacionales en materia ambiental vinculadas al EIA, lo cual ha derivado en regulaciones internas para el fortalecimiento de una política pública que cuide el medio ambiente y los derechos vinculados en el contexto de proyectos de inversión. En el marco del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, las entidades públicas competentes han alcanzado avances tanto en la producción de lineamientos generales comunes y por tipo de proyectos para la elaboración de los EIA, como en los mecanismos para asegurar una adecuada calidad de información para las líneas de base socioambientales y del contenido de los EIA. El Poder Ejecutivo tiene el reto de articular sus diversas rectorías para contar con una cada vez mayor legitimidad y confianza por parte de los pueblos indígenas u originarios y otros colectivos respecto del cumplimiento de su rol de promoción, supervisión, fiscalización y defensa de los derechos humanos vinculados con esta función. En esta labor es fundamental contar con la participación activa y en condiciones adecuadas de los pueblos indígenas u originarios, otros colectivos y la ciudadanía en general. Por su lado, el sector empresarial formal ha generado buenas prácticas a considerar en la construcción de una política pública de empresas y derechos humanos y CER. Esta debería promover y garantizar mecanismos corporativos de debida diligencia desde la formulación del EIA, siendo fortalecidos por los mecanismos de transparencia, capacitación, diálogo multiactor, identificación de riesgos, quejas, entre otros, tal como lo recomienda el Sistema de la ONU, el Sistema Interamericano y la OCDE. Adicionalmente a ello, es pertinente mencionar que si bien el diagnóstico correspondiente al presente PNA se centra en la problemática relacionada con los EIA, las disposiciones referidas a la CER son de aplicación a todos los instrumentos de gestión ambiental previstos en la normativa ambiental peruana. 53 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Agricultura a gran escala El sector de agroexportación representa una de las principales actividades económicas del país, destacando las agroindustrias de palma aceitera, cacao, espárragos, azúcar y quinua. Al respecto, se cuenta con un considerable marco normativo nacional e internacional relativo a temas laborales, ambientales y derechos de los pueblos indígenas u originarios en el contexto de estas actividades, que podría ser fortalecido en concordancia con diversa normativa internacional. En esa línea, tal como lo han señalado el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, y la Defensoría del Pueblo, así como los órganos de control regular especial de la OIT, y el informe país de la OCDE, se debe fortalecer la institucionalidad estatal y en general la política pública para garantizar su mayor efectividad, de acuerdo con estándares internacionales, sobre todo en ámbitos como la sostenibilidad social y ambiental, los derechos laborales y el trabajo digno, la consulta previa, entre otros. Por su parte, los gremios empresariales del sector, como la AGAP, han implementado buenas prácticas corporativas, como la adopción de códigos de conducta, políticas de prevención de delitos, medidas contra la COVID-19, entre otras. Sin embargo, no se cuenta con información desde la política pública sobre su implementación, por lo que se hace necesario generar mecanismos de política pública para fomentar la debida diligencia y el reporte de estos avances a los sectores estatales competentes, así como reforzar los canales de denuncia y las políticas internas de derechos humanos de las empresas. En cuanto a los mecanismos de reparación, la legislación interna contempla sanciones administrativas y penales respecto a infracciones laborales y delitos ambientales, respectivamente, pero se hace necesario que se adopten medidas de política pública para superar las barreras jurídicas, procesales y sociales en su aplicación, principalmente, para pueblos indígenas u originarios, trabajadores y sindicatos. Minería La minería es una de las actividades económicas más importantes del país y, en los últimos años, se ha adoptado notoriamente mecanismos de debida diligencia para el sector minero formal. Se notan avances en los procesos de negociación de transacciones de tierra debido a los mecanismos de diálogo y, por ello, resulta esencial su fortalecimiento considerando la política de ordenamiento territorial. Además, la prevención y gestión de los impactos ambientales de la actividad minera precisan de mejoras, como una mayor calidad de la información sobre líneas de base socioambientales y el fortalecimiento de la capacidad administrativa y legal de las entidades de fiscalización ambiental competentes. Los mecanismos de prevención de la conflictividad social han presentado también avances, aunque queda pendiente la creación e implementación de un sistema nacional de prevención. La desconfianza de ciertos sectores hacia la actividad minera amerita una política pública que considere acciones de monitoreo de los avances del sector empresarial en la implementación de mecanismos de debida diligencia, así como de transparencia, capacitación y diálogo multiactor y mayor difusión de los avances. Por otra parte, la legislación peruana ha presentado avances frente a los pasivos ambientales mineros; no 54 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 obstante, persisten problemas para rehabilitar los pasivos ambientales generados por la actividad informal e ilegal. Las denuncias de contaminación por metales pesados merecen oportuna atención, siendo un buen ejemplo la labor de la Comisión Multisectorial Temporal sobre la materia. Hidrocarburos La exploración y aprovechamiento de hidrocarburos, que de conformidad con la Ley Nº 26821 comprende una serie de actividades en toda su cadena, es significativa en la economía peruana, sobre la cual existe un claro compromiso estatal y empresarial de ser desarrolla garantizando la seguridad energética y los derechos de los pueblos indígenas u originarios que habitan en las áreas de influencia de sus proyectos. Además del marco internacional, el Estado cuenta con normativa nacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto inicial, así como avances legislativos en prácticas como los monitoreos participativos ambientales. Fortalecer la articulación del Estado, la sociedad civil y el sector empresarial en la implementación de una política pública en empresas y derechos humanos y CER es fundamental para seguir construyendo confianza con los pueblos indígenas u originarios y comunidades, especialmente en determinados casos concretos. Adicionalmente, la legislación peruana ha presentado avances frente a la problemática de los pasivos ambientales; no obstante, se encuentran dificultades para rehabilitar los pasivos ambientales heredados de operaciones pasadas, por lo que resulta imprescindible consolidar un sistema de gestión integral de los pasivos ambientales. Mecanismos de reparación judicial y extrajudicial En la relación entre los derechos humanos y las empresas, el acceso a un recurso efectivo es una piedra angular frente a la afectación a derechos. Se resalta la necesidad de fortalecer y desarrollar las capacidades en la materia de los órganos de procuración y administración de justicia, así como de los órganos de fiscalización y los mecanismos extrajudiciales, que cuenten con enfoque de género y diferencial. La importancia de ello radica en que la reparación de vulneraciones a derechos humanos puede tener efectos disuasorios para la repetición de situaciones similares. Se requiere evaluar la posibilidad de ampliar el catálogo de delitos por los que podría imponerse responsabilidad penal a las personas jurídicas, en relación con violaciones de derechos humanos que sean caracterizadas como delitos; así como valorar la conveniencia de clarificar o explicitar las normas de derecho interno de las que se desprende la responsabilidad de las empresas de prevenir impactos adversos a los derechos humanos. Se requiere fortalecer la capacidad operativa y técnica del PNC, y explorar la posibilidad de establecer mecanismos de colaboración con la Defensoría del Pueblo para la atención de instancias específicas, así como institucionalizar la mediación para atender los conflictos sociales, de forma que su función sea preventiva y accesible para la población potencialmente afectada. Asimismo, se debe evaluar los plazos reales en los que se tramita 55 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 un caso judicial, a fin de determinar las causas de su demora e implementar mecanismos para garantizar un proceso célere y oportuno. Seguridad privada Si bien no existen instrumentos internacionales vinculantes que respalden obligaciones al Estado en materia de seguridad privada y derechos humanos, se identifica una serie estándares de soft law: el Documento de Montreaux, el Código Internacional de Conducta para Proveedores de Seguridad Privada, y los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. Por su parte, el Estado ha incorporado normas nacionales específicas de regulación y fiscalización de los servicios del sector. La creación de la Sucamec, autoridad reguladora del sector y adscrita al Mininter, representa un avance, siendo imprescindible que se fortalezca las capacidades de esta entidad para producir normas, manuales, directivas, entre otras. Por su parte, se identifica que los proveedores de seguridad privada, en su mayoría, aún no han adoptado compromisos explícitos sobre derechos humanos. Además, no existe suficiente información pública en materia de procesos de debida diligencia que las empresas de seguridad privada siguen para llevar a cabo sus operaciones. En cuanto a los mecanismos de reparación, el sistema judicial presenta barreras preexistentes que afectan el acceso a la justicia, sobre todo de personas en estado de mayor vulnerabilidad, y, por ende, el acceso a reparaciones por la vía judicial. Uso de la fuerza y convenios con la policía Desde hace unos años, el uso excesivo de la fuerza en el contexto de protestas sociales ha sido objeto de preocupación de distintos mecanismos de monitoreo internacionales de derechos humanos. En respuesta a ello, el Estado ha adoptado avances a nivel normativo, destacando el Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y recoge los principios de uso de la fuerza de conformidad con los estándares internacionales. A pesar de ello, la sociedad civil mantiene un alto nivel de desconfianza en relación con la imparcialidad de la PNP. Además, se evidencia la importancia de fortalecer la capacitación del personal policial en la adecuada implementación de esta normativa, bajo estándares internacionales. Es importante fortalecer también medidas de gestión pública que garanticen que los criterios del Tribunal Constitucional para el uso excepcional de los convenios para la prestación de servicios policiales extraordinarios sean cumplidos. Por su lado, el sector empresarial formal ha venido incorporando mecanismos de quejas y reclamos en el marco de los cuales se puede abordar temas de seguridad y derechos humanos, como la Guía de quejas y reclamos elaborada por la SNMPE. Asimismo, se ha avanzado en labores de capacitación sobre la materia a partir de la formación de un grupo de trabajo. Por último, si bien la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional han eliminado a través de sus pronunciamientos posibles obstáculos jurídicos o procesales que podían enfrentar las personas afectadas por un uso excesivo de la fuerza, persisten barreras sociales. 56 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 CAPÍTULO IV LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS, ACCIONES, INDICADORES Y METAS En noviembre de 2018, a propuesta de la DGDH del MINJUSDH, el Consejo Nacional de Derechos Humanos aprobó los cinco lineamientos estratégicos del PNA, dirigidos a fortalecer la institucionalidad y labor del Estado en la implementación de políticas públicas que prevengan y, de ser el caso, atiendan adecuadamente las posibles vulneraciones de derechos humanos que se produzcan en el ámbito de las actividades empresariales, tanto formales como informales: ⮚ El Pilar Proteger, basado en el reconocimiento de las actuales obligaciones de los estados de respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. No implica entonces un esfuerzo aislado de una sola entidad o sector, sino que se requiere un enfoque compartido para que cada uno de los actores estatales en todo el aparato gubernamental para cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos, mediante coherencia política. Además, tal deber obliga al Estado examinar si el marco jurídico del país genera, junto con las políticas existentes, un entorno propicio para que las empresas respeten los derechos humanos. ⮚ El Pilar Respetar, basado en el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempeñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos. En esa línea, deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas cuando se produzcan, lo cual implica también adoptar una posición más allá del cumplimiento del marco normativo y de la maximización de utilidades, sino de constituirse en ciudadanos corporativos que agregan valor social al país y que se traduzca en mecanismos de debida diligencia. ⮚ El Pilar Remediar, basado en la necesidad de que los derechos y obligaciones vayan acompañados de recursos adecuados y efectivos en caso de incumplimiento. Este se sustenta en la obligación de tomar las medidas que sean apropiadas para garantizar, sea por las vías judiciales o extrajudiciales que, cuando se produzcan vulneraciones a los derechos humanos, existan mecanismos idóneos para una remediación eficaz, buscando así contrarrestar o reparar cualquier afectación a los derechos humanos que se haya producido. 57 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 El PNA está organizado en cinco lineamientos estratégicos, los cuales cuentan con sus correspondientes objetivos, aprobados en el proceso de elaboración del PNA tanto por el Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo como por la Mesa Multiactor del PNA. Además, los referidos lineamientos estratégicos se encuentran alineados a los ejes correspondientes de la Visión del Perú al 205092, tal como se muestra a continuación: Tabla 8: Lineamientos estratégicos y objetivos del PNA, y alineación con los ejes de la Visión del Perú al 2050 Eje 1. Las personas alcanzan su Lineamiento estratégico Nº 1: Promoción y difusión de una potencial en igualdad de cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito oportunidades y sin discriminación empresarial conforme al marco de los estándares internacionales para gozar de una vida plena. de los principios rectores y otros instrumentos internacionales Eje 2. Gestión sostenible de la Objetivo Nº 1: Funcionarios/as, directivos/as y servidores/as naturaleza y medidas frente al públicos incorporan los principios rectores y otros instrumentos cambio climático. internacionales vinculados en la gestión pública, en específico, en el servicio que brindan. Eje 3. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la Objetivo Nº 2: La sociedad civil organizada (integrantes de naturaleza. organizaciones de la sociedad civil, sindicatos y pueblos indígenas) y la ciudadanía en general conoce y promueve la Eje 4. Sociedad democrática, implementación, en sus actividades, de los principios rectores y pacífica, respetuosa de los derechos otros instrumentos internacionales vinculados. humanos y libre del temor y de la violencia. Objetivo Nº 3: El sector empresarial conoce y promueve la implementación de los principios rectores sobre empresas y Eje 5. Estado moderno, eficiente, derechos humanos y otros instrumentos internacionales transparente y descentralizado que vinculados, en sus actividades y conducta empresarial garantiza una sociedad justa e responsable. inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Eje 2. Gestión sostenible de la Lineamiento estratégico Nº 2: Diseño de políticas públicas de naturaleza y medidas frente al protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos cambio climático. en el ámbito empresarial Eje 3. Desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la Objetivo Nº 1: Promover acciones de reglamentación para naturaleza. prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial. Eje 4. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos Objetivo Nº 2: Ratificar tratados internacionales sobre Derechos humanos y libre del temor y de la Humanos, relacionados directa o indirectamente a las actividades violencia. empresariales. Eje 5. Estado moderno, eficiente, Objetivo Nº 3: Revisión, diseño y adopción de planes y transparente y descentralizado que programas nacionales para garantizar los derechos humanos en garantiza una sociedad justa e el marco de actividades empresariales. inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. 92 La Visión del Perú al 2050, aprobada en abril de 2019 en el Foro del Acuerdo Nacional “describe la situación futura de bienestar que queremos alcanzar en el país al 2050, busca representar las aspiraciones de todas y todos los peruanos. Asimismo, permitirá orientar y actualizar políticas y planes que guíen las acciones del Estado, sociedad civil, academia, empresas y organismos cooperantes hacia el logro de una vida digna, a través de un desarrollo inclusivo y sostenible a nivel nacional”. De conformidad con la Directiva N°001-2017- CEPLAN/PCD “Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional” (versión modificada a febrero de 2021) considera los compromisos asumidos por Perú en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible suscrita en el año 2015. 58 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Eje 2. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al Lineamiento estratégico Nº 3: Diseño de políticas públicas que cambio climático. promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción Eje 3. Desarrollo sostenible con por los impactos de sus actividades empleo digno y en armonía con la naturaleza. Objetivo Nº 1: Promover políticas y/o normas que garanticen el Eje 4. Sociedad democrática, respeto a los derechos humanos en las actividades pacífica, respetuosa de los derechos empresariales. humanos y libre del temor y de la violencia. Objetivo Nº 2: Asistencia técnica a las empresas para la Eje 5. Estado moderno, eficiente, observancia de los derechos humanos en sus actividades transparente y descentralizado que empresariales. garantiza una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Eje 2. Gestión sostenible de la Lineamiento estratégico Nº 4: Promoción y diseño de naturaleza y medidas frente al procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de cambio climático. las empresas a los derechos humanos Eje 3. Desarrollo sostenible con Objetivo Nº 1: Promover que las empresas cuenten con un empleo digno y en armonía con la proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos. naturaleza. Objetivo Nº 2: Establecer mecanismos para que las empresas Eje 4. Sociedad democrática, informen sus procesos de diligencia debida en materia de pacífica, respetuosa de los derechos derechos humanos. humanos y libre del temor y de la violencia. Lineamiento estratégico Nº 5: Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación Eje 4. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y libre del temor y de la Objetivo Nº 1: Fortalecer mecanismos a nivel estatal para violencia. reparar vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial. Eje 5. Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado que Objetivo Nº 2: Fortalecer los sistemas judicial y extrajudicial para garantiza una sociedad justa e reparar vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito inclusiva, sin corrupción y sin dejar a empresarial. nadie atrás. Objetivo Nº 3: Crear y fortalecer mecanismos a nivel operacional por parte de las empresas para reparar vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial. Asimismo, el Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo para el PNA, con la participación de la Mesa Multiactor, consensuó 97 acciones, con sus correspondientes indicadores y metas para el periodo 2021-2025. La validación de dichas acciones por parte de cada uno de los ministerios y entidades responsables de las mismas tuvo en cuenta sus rectorías y competencias, así como su incorporación en sus respectivos planes operativos institucionales, por lo que su implementación se financia con cargo al presupuesto institucional de las entidades públicas involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Cabe señalar que el PNA 2021-2025 se aprueba en implementación del Lineamiento Nº 5 del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, cuya vigencia culmina en 59 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 diciembre del presente año. En ese sentido, de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Planeamiento, el PNA se integrará como parte de la futura Política Nacional de Derechos Humanos 2022-2030, cuyo proceso de elaboración de acuerdo con su rectoría, también está a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos. 60 PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 2021-2025 Lineamiento estratégico Nº 1: Promoción y difusión de una cultura de respeto a los derechos humanos en el ámbito empresarial conforme al marco de los estándares internacionales de los principios rectores y otros instrumentos internacionales Objetivo Nº 1: Funcionarios/as, directivos/as y servidores/as públicos/as incorporan los principios rectores y otros instrumentos internacionales vinculados en la gestión pública, en específico, en el servicio que brindan. En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Con el fin de garantizar una permanente labor estatal de capacitación y sensibilización a los/as funcionarios/as, Crear e implementar un directivos/as y servidores/as programa permanente públicos/as de todos los niveles de capacitación sobre jerárquicos, y de todos los sectores PR-CER y otros Línea base: Sin línea base. estatales subnacionales y estándares nacionales, el MINJUSDH creará e MINJUSDH, con la internacionales, desde Meta (2021): 1 programa creado e implementará un programa de colaboración del la rectoría del sector iniciando su implementación. capacitación sobre PR-CER y otros Punto Nacional de Programa creado e Justicia y Derechos estándares internacionales. Este Contacto implementado, y 1 Humanos, dirigido a MINJUSDH Meta (2022-2025): 1 programa en programa atenderá, en (Proinversión), en reporte anual de los/as funcionarios/as, implementación. coordinación con las respectivas coordinación con avances. directivos/as y entidades competentes -en todos los sectores servidores/as Meta (2023-2025): 1 informe anual especial el Punto Nacional de estatales públicos/as de todos los de avances de la implementación del Contacto, de nivel nacional, niveles jerárquicos y de programa. subnacional, y de otros poderes todos los sectores del Estado y organismos estatales subnacionales constitucionales autónomos- las y nacionales. particulares necesidades de los diferentes sectores del Ejecutivo, teniendo en cuenta, en la medida en que sea necesario, el contexto 61 de emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19. Para este fin, además de la coordinación interinstitucional estatal, el MINJUSDH coordinará el apoyo técnico y/o financiero de las organizaciones internacionales y de la cooperación internacional, y aprovechará los avances que en materia de capacitación existan tanto en el ámbito de organizaciones internacionales, así como de otros países. Ello sin perjuicio de que las entidades públicas administren sus propios programas, estrategias o iniciativas, en cuyo caso el programa del MINJUSDH podrá articular con los mismos, desde su función de órgano rector en materia de derechos humanos, tanto para colaboración mutua como para sistematizar información de estos avances. Se precisa que el término programa se refiere a actividades. 62 Con el fin de garantizar una permanente labor estatal de capacitación y sensibilización a los funcionarios/as, directivos/as y servidores/as públicos/as de todos los niveles, cada entidad del Poder Ejecutivo implementará progresivamente iniciativas de Implementar capacitación sobre PR-CER que capacitaciones sobre atienda las particulares PR-CER y otros necesidades institucionales, estándares Cada entidad. Las teniendo en cuenta, en la medida Reporte anual de internacionales, desde coordinaciones para Línea base: Sin línea base. en que sea necesario, el contexto avances en la la rectoría de la entidad fijar sus compromisos 2 de emergencia sanitaria implementación de MINJUSDH correspondiente, específicos serán Meta (2021-2025): Reporte anual de ocasionada por la COVID-19. Para iniciativas de dirigido a sus materia en la etapa de avances. este fin, las entidades podrán capacitación. funcionarios/as, implementación coordinar con el MINJUSDH, con el directivos/as y objetivo de articular apoyo técnico servidores/as y/o financiero con las públicos/as. organizaciones internacionales y de la cooperación internacional. En estos casos cada entidad articulará, coordinará o reportará dichas capacitaciones al MINJUSDH, teniendo en cuenta su función de órgano rector en materia de derechos humanos. Con el fin de garantizar una Incorporación del permanente labor estatal de enfoque de PR-CER en capacitación y sensibilización a los la malla curricular de Incorporar el enfoque jueces, fiscales y personal los tres programas Línea base: Sin línea base. de PR-CER en la malla jurisdiccional y de asistencia fiscal, académicos de la curricular es importante que la AMAG AMAG (Programa de Meta (2021): Enfoque de PR-CER 3 AMAG AMAG correspondiente de la incorpore en su currículo el Formación de incorporado en la malla curricular de Academia de la enfoque de PR-CER como una Aspirantes, Programa los tres programas académicos de la Magistratura. forma de fortalecer las de Capacitación para el AMAG (PROFA, PCA y PAP). capacidades del Poder Judicial y el Ascenso, y Programa Ministerio Público para impartir de Actualización y justicia y garantizar una reparación Perfeccionamiento). 63 oportuna a las víctimas de afectaciones de derechos humanos Línea base: Sin línea base. en el ámbito de las actividades empresariales. Incorporación de un Meta (2021): Curso especializado curso especializado en incorporado en la malla curricular de AMAG Esta labor se hará en coordinación la malla curricular de la AMAG. con el MINJUSDH, el que brindará AMAG. asistencia técnica y financiera, de Meta (2022-2025): Un curso al año ser necesario, en el marco de la ejecutado. implementación del presente Plan. Con el fin de garantizar una permanente labor estatal de capacitación y sensibilización es Incorporar el enfoque necesario incorporar en la de PR-CER como parte currícula de la Escuela Nacional de Línea base: Sin línea base. del enfoque transversal Administración Pública el enfoque SERVIR, en Incorporación del de derechos humanos de PR-CER, con el fin de fortalecer 4 coordinación con enfoque de PR-CER en SERVIR Línea base (2022): Enfoque de PR- en la malla curricular de las capacidades de los servidores MINJUSDH la malla curricular. CER incorporado en la malla la Escuela Nacional de civiles de todos los niveles curricular. Administración Pública jerárquicos, tanto del gobierno de SERVIR. nacional como subnacional, para garantizar la protección de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales. Con el fin de garantizar una permanente labor estatal de Incorporar el enfoque capacitación y sensibilización a los de PR-CER a través de servidores civiles de todos los Formulación e acciones de niveles jerárquicos, tanto del SERVIR, en Línea base: Sin línea base. implementación de 5 capacitación, dirigida a gobierno nacional como coordinación con SERVIR acciones de servidores civiles de subnacional, es importante MINJUSDH Meta (2022-2025): Por definir. capacitación. todos los niveles promover actividades de jerárquicos. capacitación en materia de PR- CER, como una forma de fortalecer sus capacidades en esta temática. Implementar iniciativas Se justifica en el desconocimiento Línea base: Sin línea base. de capacitación sobre el del enfoque de EDH, y los alcances PCM Reporte anual de 6 SGSD - PCM enfoque de PR-EDH en del PNA como un referente que MINJUSDH avance. Meta (2022-2025): 1 reporte anual el marco del PNA permita impulsar una CER en el 64 Empresa y Derechos territorio desde las competencias de avances en la implementación de Humanos, dirigido al de los órganos de línea de la PCM y iniciativas. equipo de la SGSD, y en el contexto de la conflictividad y otros órganos de línea los procesos de gestión social y de la PCM. diálogo. Se busca sensibilizar a los equipos de trabajo en materia de los Principios Rectores y CER en el territorio. Es necesario fortalecer las capacidades de las oficinas de diálogo y gestión social de los sectores para incorporar el Implementar programa enfoque de PR-CER en el marco de de capacitación sobre su competencia funcional como un Línea base: Sin línea base. PR-CER en el territorio, referente que permita impulsar dirigido a equipos de PCM Reporte anual de 7 una CER en el territorio desde su SGSD - PCM Meta (2022-2025): 1 reporte anual gestión social de MINJUSDH avance. competencia funcional y en el de avances en la implementación de sectores para la contexto de la conflictividad y de iniciativas. prevención de conflictos los procesos de gestión social y sociales. diálogo. Se precisa que el término programa se refiere a actividades. 65 Objetivo Nº 2: La sociedad civil organizada (integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos y de pueblos indígenas u originarios) conoce y promueve la implementación de los principios rectores y otros instrumentos internacionales vinculados, en sus actividades. En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Con el fin de garantizar una Línea base: Sin línea base. permanente labor estatal de capacitación y sensibilización a la Meta (2021): 1 programa creado. ciudadanía en general, sociedad Crear e implementar un Meta (2022): 1 programa civil organizada, sector programa permanente Programa creado e implementado. empresarial, pueblos indígenas u de capacitación sobre implementado, y originarios, el pueblo afroperuano, MINJUSDH MINJUSDH PR-CER, basado en reporte anual de Meta (2023-2025): 1 informe anual sindicatos, y grupos en situación estándares avances. de avances de la implementación del de especial protección, el internacionales sobre programa y de iniciativas de la MINJUSDH creará e implementará PR-CER, desde la sociedad civil organizada, sector un programa de capacitación sobre rectoría del sector empresarial, pueblos indígenas u PR-CER que atienda, en Justicia y Derechos originarios, sindicatos, y grupos en coordinación con las instituciones Humanos, con especial situación de especial protección. representantes de los énfasis en la atención mencionados sectores, y otras 8 de las necesidades Línea base: Sin línea base. entidades estatales competentes, específicas de la sus particulares necesidades. MINJUSDH, en Plan de capacitación sociedad civil Meta (2022): 1 plan de capacitación coordinación con sobre PR-CER a organizada, los pueblos MINJUSDH aprobado. Ello sin perjuicio de que las entidades sociedad civil indígenas u originarios, mencionadas instituciones competentes organizada en general. el pueblo afroperuano, Meta (2023-2025): 1 plan de trabajo representativas, teniendo en los sindicatos, los implementado. cuenta la rectoría del MINJUSDH grupos de especial en materia de derechos humanos, protección, Línea base: Sin línea base. reporten voluntariamente sus comunidades y rondas avances propios en la MINJUSDH, en Plan de capacitación campesinas y la Meta (2022): 1 plan de capacitación implementación de este tipo de coordinación con sobre PR-CER a ciudadanía en general. MINJUSDH aprobado. iniciativas. entidades sindicatos, con énfasis competentes en mujeres. De ser necesario, estas Meta (2023-2025) 1 plan de trabajo instituciones podrán coordinar con implementado. 66 el MINJUSDH la asistencia técnica Plan de capacitación Línea base: Sin línea base. y/o financiera de las sobre PR-CER a pueblos organizaciones internacionales y MINJUSDH, en indígenas u originarios, Meta (2022): 1 plan de capacitación de la cooperación internacional. coordinación con y el pueblo MINJUSDH aprobado. entidades afroperuano, con Se precisa que el término competentes especial énfasis en Meta (2023-2025) 1 plan de trabajo programa se refiere a actividades. mujeres. implementado. Número de capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil y/o Línea base: Sin línea base. personas defensoras MINJUSDH, en de derechos humanos coordinación con Meta (2021): 3 capacitaciones sobre PR-CER e MINJUSDH entidades realizadas durante 2021. instrumentos para la competentes protección de personas Meta (2022-2025): Por definir defensoras de derechos humanos, para el fortalecimiento de su labor. Garantizar los derechos, Los grupos de especial protección en especial a la igualdad (LGBTI, personas adultas mayores, Línea base (2020): 3 capacitaciones. y a la no discriminación, personas con discapacidad, Número de de los grupos de mujeres, personas migrantes, Meta (2021): 3 capacitaciones. capacitaciones sobre especial protección personas afroperuanas) requieren igualdad y no (LGBTI, personas adultas que el Estado adopte medidas que Meta (2022): 3 capacitaciones. discriminación en el 9 mayores, personas con les garanticen su derecho a un INDECOPI INDECOPI consumo y/o en la discapacidad, mujeres, trato justo y equitativo en las Meta (2023): 3 capacitaciones. publicidad dirigidas a personas migrantes, relaciones de consumo y a no ser proveedores y/o personas afroperuanas, discriminadas por razón de origen, Meta (2024): 3 capacitaciones. consumidores. pueblos indígenas u edad, sexo, orientación sexual, originarios) en las etc., en los productos y servicios Meta (2025): 3 capacitaciones. relaciones de consumo. ofrecidos. 67 Número de personas capacitadas en el Línea base: Sin línea base. ámbito de participación sindical Meta (2022): 120. Se requiere enfocar la importancia MTPE como defensores de MTPE de los sindicatos como defensores derechos humanos, Promover el cambio de Meta 2023-2025: Por definir en base de derechos humanos. De esa que considere el cultura sobre la mirada a las personas capacitadas de 2022. 1 forma, se requiere asegurar que enfoque de empresas y de los sindicatos como 0 puedan tener acceso a este derechos humanos. defensores de derechos derecho, para que puedan Línea base: Sin línea base. humanos. libremente decidir su afiliación Porcentaje de personas sindical. capacitadas que Meta (2022): 60 %. MTPE participan MTPE efectivamente en Meta (2023-2025): Por definir en sindicatos. base al porcentaje establecido en 2022. En la medida que la conflictividad social, en contextos de la realización de actividades empresariales, involucra a una multiplicidad de actores en temas vinculados con el medio ambiente, Número de espacios Desarrollar espacios con la salud, los pueblos indígenas u Subsecretaría de con representantes del el sector empresarial y originarios y otros, es necesario Prevención y sector empresarial y la la sociedad civil Línea base: Sin línea base. brindarles herramientas que Seguimiento - PCM sociedad civil en la 1 organizada, para la PCM permitan abordar estos escenarios MINJUSDH, en prevención y atención 1 promoción del enfoque MINJUSDH Meta (2023-2025): 1 reporte anual desde una mirada de prevención, coordinación con de escenarios de de PR-CER en de avance. pero también de gestión, para lo entidades conflictividad social, prevención y gestión de cual es indispensable la generación competentes bajo un enfoque de PR- conflictos sociales. de espacios y mecanismos de CER. promoción que enfaticen en la integración del enfoque de PR-CER en las prácticas empresariales en diálogo con la sociedad civil y el Estado. 68 Coordinar con el sector Es necesario impulsar espacios de empresarial la capacitación en el sector Número de planes de formulación de planes empresarial sobre buenas capacitaciones en de capacitación en prácticas en igualdad y no materia de buenas Línea base: Sin línea base. 1 materia de buenas discriminación en la gestión MIMP prácticas en igualdad MIMP 2 prácticas en igualdad de empresarial, a fin de contribuir en de género y no Meta (2022-2025): 2 planes por año. género y no el cierre de brechas de género y discriminación en la discriminación en el promover la participación laboral gestión empresarial. ámbito laboral. de las mujeres. Objetivo Nº 3: El sector empresarial conoce y promueve la implementación de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos y otros instrumentos internacionales vinculados, en sus actividades y conducta empresarial responsable En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Con el fin de garantizar una permanente labor estatal de Línea base: Sin línea base. capacitación y sensibilización al sector empresarial, tanto privado Programa creado e Crear e implementar un Meta (2021): 1 programa creado. como público, el MINJUSDH creará implementado, y programa permanente e implementará un programa de reporte anual de de capacitación sobre Meta (2022): 1 programa capacitación sobre PR-CER y otros avances tomando en PR-CER y otros implementado. estándares internacionales que cuenta el énfasis en estándares atienda, en coordinación con las micro y pequeña internacionales, desde Meta (2023-2025): 1 informe anual empresas y gremios empresariales, empresa. la rectoría del sector de avances de la implementación del sus particulares necesidades, 1 Justicia y Derechos programa tomando en consideración especial MINJUSDH MINJUSDH 3 Humanos, con especial énfasis y atención a micro y énfasis en la atención pequeñas empresas. Estas Número de de las necesidades capacitaciones tendrán en cuenta, capacitaciones a específicas del sector Línea base: Sin línea base. en la medida en que sea necesario, empresas, tanto empresarial, tanto el contexto de emergencia privadas como privado como público, Meta (2022): 1 plan de capacitación sanitaria ocasionada por la COVID- públicas, en temas de por tamaño de aprobado. 19. PR-CER y otros empresas y rubro. estándares El Plan de trabajo de capacitación Meta (2023-2025) 1 plan de internacionales, en la será coordinado con el sector capacitación implementado. medida en que sea empresarial, para llevarse a cabo. necesario, tomando en 69 cuenta el énfasis en Se precisa que el término micro y pequeña programa se refiere a actividades. empresa. Número de capacitaciones, tanto a empresas privadas como públicas, y/o gremios empresariales Línea base: Sin línea base. sobre PR-CER y otros estándares Meta (2021): 2 capacitaciones a internacionales, el rol empresas privadas realizadas. de las personas defensoras de derechos humanos y los instrumentos para su protección. 70 Lineamiento estratégico Nº 2: Diseño de políticas públicas de protección para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial. Objetivo Nº 1: Promover acciones de reglamentación para prevenir vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Con el fin de garantizar una permanente labor estatal de implementación, seguimiento, monitoreo y evaluación del PNA y, en general, de la política pública sobre PR-CER, el MINJUSDH conformará un equipo de trabajo dentro de la Dirección General de La Dirección General de Derechos Humanos, encargado de Derechos Humanos estas funciones, a fin de que Línea base: Sin línea base. conformará un equipo articule con todos los sectores de trabajo encargado de estatales, tanto a nivel nacional Equipo de trabajo Meta (2021): 1 equipo de trabajo la implementación, como subnacional, como con el conformado e creado e implementado, e iniciando 1 seguimiento, monitoreo sector empresarial, la sociedad MINJUSDH implementado; y MINJUSDH su funcionamiento. 4 y evaluación del PNA, civil organizada, los pueblos reporte anual de con todas las acciones, indígenas u originarios, los actividades Meta (2022-2025): 1 informe anual programas y sindicatos, los grupos en situación de actividades y avances del equipo mecanismos que ello de especial protección, las de trabajo. implica. organizaciones internacionales, la cooperación internacional y la ciudadanía en general. Este equipo coordinará de modo prioritario con el Punto Nacional de Contacto, así como con todos los sectores estatales de nivel nacional y subnacional. 71 Conformar un espacio Con el fin de garantizar una de coordinación permanente labor de articulación y conformado por las colaboración en la Un espacio de entidades del Poder implementación, así como de Línea base (2021): Resolución coordinación Ejecutivo para la seguimiento, monitoreo, Viceministerial Nº 001-2019-JUS, que conformado por las articulación evaluación y actualización del aprueba la Metodología del PNA y entidades del Poder intersectorial de la labor mismo, por parte del sector crea la Mesa Multiactor del PNA y el Ejecutivo conformado de implementación, empresarial, la sociedad civil, los Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo e implementado. seguimiento, pueblos indígenas u originarios, para el PNA; y, Decreto Supremo Nº monitoreo, evaluación y andinos y amazónicos, los 005-2021-MC, que crea la CMP de Un espacio de actualización del PNA. sindicatos, y la ciudadanía en Pueblos Indígenas u originarios. coordinación general, se conformará, bajo el conformado por los Asimismo, continuar liderazgo del MINJUSDH, los Meta (2021): representantes de los con la articulación de siguientes espacios de actores del Estado, las los actores el Estado, las coordinación: 1 espacio de coordinación empresas, los empresas, los conformado por las entidades del sindicatos, los pueblos sindicatos, los pueblos 1.- Un espacio conformado por las Poder Ejecutivo; indígenas y las indígenas y la sociedad entidades del Poder Ejecutivo. Al organizaciones de la civil organizada, así momento de la aprobación del 1 espacio de coordinación 1 sociedad civil, así como como de las PNA este espacio ya existente MINJUSDH conformado por los representantes 5 de los organismos organizaciones denominado Grupo de Trabajo del MINJUSDH de los actores del Estado, las internacionales y de la internacionales y de la Poder Ejecutivo para el PNA, empresas, los sindicatos, los pueblos cooperación cooperación creado mediante Resolución indígenas y las organizaciones de la internacional, internacional, para la Viceministerial Nº 01-2019-JUS, sociedad civil, así como de los conformado e implementación, cuenta con la participación de 40 organismos internacionales y de la implementado. seguimiento, entidades, pudiendo incorporarse cooperación internacional; monitoreo, evaluación y más durante la implementación Espacio de trabajo y actualización del PNA, a del PNA. 1 espacio de trabajo y coordinación, coordinación, en el través de un espacio de en el marco de la Comisión marco de la Comisión coordinación. 2.- Un espacio conformado por los Multisectorial creada por Decreto Multisectorial creada representantes de los actores del Supremo Nº 005-2021-MC. por Decreto Supremo Igualmente, de Estado, las empresas, los Nº 005-2021-MC, conformidad con el sindicatos, los pueblos indígenas y Meta (2022-2025): Informes anuales liderada por el enfoque intercultural la sociedad civil organizada, así sobre funcionamiento de los MINJUSDH, del PNA, en el marco de como de los organismos mencionados espacios de conformado e la internacionales y de la coordinación. implementado. Comisión Multisectorial cooperación internacional. Al Permanente creada momento de la aprobación del mediante el Decreto PNA, un espacio similar ya se 72 Supremo Nº 05-2021- encuentra consolidado, y fue MC, conformar un conformado para el proceso de espacio de trabajo elaboración del PNA mediante la y coordinación con las Resolución Viceministerial Nº 01- organizaciones 2019-JUS. Así, con el fin de darle indígenas, a fin continuidad, dicho espacio, que de contribuir con el cuenta con la participación de 132 fortalecimiento de la instituciones, seguirá funcionando, institucionalidad de pudiendo incorporar más actores dichas organizaciones durante la etapa de para el seguimiento, implementación. Asimismo, con el monitoreo y evaluación fin de garantizar un de la implementación acompañamiento multiactor más del PNA, así como para cercano en la etapa de hacer seguimiento a implementación, se conformará, que las entidades en el marco de este espacio, un competentes espacio con un número menor de responsables de la miembros, designados por cada implementación de las uno de los grupos de actores. acciones vinculadas con pueblos indígenas u 3.- Un espacio de trabajo y originarios, determinen, coordinación con las según lo dispuesto en organizaciones indígenas a fin el artículo 9 de la Ley Nº de contribuir con el 29785, si la acción del fortalecimiento de la PNA a su cargo debe ser institucionalidad de dichas sometida a consulta organizaciones para el previa, como seguimiento, monitoreo y condición previa de su evaluación de la implementación implementación. del PNA, así como para hacer seguimiento a que las entidades competentes responsables de la implementación de las acciones vinculadas con pueblos indígenas u originarios, determinen, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 29785, si la acción del PNA a su cargo debe ser sometida a consulta previa, como 73 condición previa de su implementación. Las reglas de funcionamiento de estos espacios de coordinación, que seguirán los estándares internacionales sobre la materia, serán determinadas en la etapa de implementación del PNA. Con el fin de garantizar una Designar formalmente, permanente labor estatal de Línea base: Sin línea base. dentro de las entidades implementación, seguimiento, del Poder Ejecutivo, a la monitoreo, evaluación y Meta (2021): Unidad de organización unidad de organización actualización del PNA y, en general Cada entidad. Las designada encargada de la de la política pública sobre PR-CER, coordinaciones para Unidad de organización 1 implementación, las entidades del Poder Ejecutivo fijar sus compromisos designada, y reporte MINJUSDH Meta (2023-2025): 1 informe anual 6 seguimiento, designarán dentro de sus específicos serán anual de actividades. de actividades y avances de la unidad monitoreo, evaluación y respectivas organizaciones, a la materia en la etapa de de organización respecto de su labor actualización de su unidad de organización encargada implementación de implementación, seguimiento, política de PR-CER y del de la implementación, monitoreo, evaluación y actualización PNA en el marco del seguimiento, monitoreo, de su política de PR-CER y del PNA. PNA. evaluación y actualización de su política de PR-CER y del PNA. Con el fin de fortalecer la coherencia de las políticas públicas Promover el en materia de PR-CER es fortalecimiento de importante generar la articulación capacidades en materia de las diferentes entidades Punto Nacional de Línea base: Sin línea base. 1 de PR-CER entre la públicas. En ese sentido, la labor Contacto, con la Punto Nacional Informes anuales. 7 Defensoría del Pueblo, del Punto Nacional de Contacto se colaboración del de Contacto Meta (2022-2025): 1 informe anual el Punto Nacional de vería fortalecida con sinergias con MINJUSDH de actividades y avances. Contacto y otros la Defensoría del Pueblo y otros organismos nacionales. organismos adicionales, la que también podría ver reforzado el cumplimento de sus funciones. 74 La falta de reconocimiento estatal al nombre social de las personas Propuesta normativa Garantizar el derecho a trans y en general, la falta de para el reconocimiento la identidad de las reconocimiento de su identidad, es de la identidad de Línea base: Sin línea base. 1 personas LGBTI, en uno de los motores para que esta MINJUSDH género de las personas MINJUSDH 8 particular, de las no sea una práctica empresarial trans en sus Meta (2022): 1 propuesta normativa. personas trans. regular. Sin este reconocimiento, documentos de no se puede garantizar el ejercicio identidad. pleno del derecho al trabajo. Se requiere fortalecer los procesos de consulta previa, con base en el Convenio 169 de la OIT y el marco Línea base: Sin línea base. de PR-CER, la normativa y Formular una propuesta jurisprudencia nacional e para el fortalecimiento Meta (2021): Espacio intersectorial internacional. Para ello es preciso de la implementación instalado. construir con las entidades de la consulta previa, estatales competentes, tanto de con base en el Convenio Informe técnico de Meta (2022): 1 informe técnico de la nivel nacional como subnacional, Nº 169 de la OIT y el propuesta sobre el propuesta sobre el estado de la una propuesta que, a partir de la MINJUSDH, en marco de PR-CER, estado de la implementación de la consulta previa evaluación del estado de la coordinación con 1 considerando el implementación de la y propuestas de medidas para su implementación de la consulta MINCUL y otras MINJUSDH 9 desarrollo de las consulta previa y fortalecimiento. previa, identifique las medidas entidades actividades productivas propuestas de medidas adecuadas para su fortalecimiento. competentes en un contexto de para su Meta (2023-2025): 1 informe anual desarrollo sostenible del fortalecimiento. sobre la implementación de la Esta evaluación debe tener en país, con la propuesta de actividades y avances cuenta la necesidad del desarrollo participación de las del equipo intersectorial, así como de de las actividades productivas, así entidades estatales las propuestas de medidas para como el cierre de brechas en competentes. fortalecer la implementación de la infraestructura pública y servicios consulta previa. públicos, y la inversión privada en dichas materias, en el marco del desarrollo sostenible. El país ha recibido Línea base: Sin línea base. recomendaciones del Comité de Informe técnico Elevar la edad mínima los Derechos del Niño, estando intersectorial de Meta (2023): Contar un informe 2 para incorporarse al MTPE pendientes de implementar las evaluación sobre elevar MTPE técnico intersectorial de evaluación 0 trabajo a los 15 años de MINJUSDH siguientes: Elevar la edad mínima la edad mínima para sobre la viabilidad de elevar la edad. para incorporarse al trabajo a los incorporarse al trabajo. mínima para la incorporación al 15 años de edad. En ese sentido, trabajo. 75 se requiere evaluar emitir normativa que eleve esta edad. El país ha recibido recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, estando Informe técnico que pendientes de implementar las proponga un listado de siguientes: “Garantizar que todas trabajos peligrosos las formas peligrosas de trabajo, Garantizar que todas las elaborado como parte que incluyen el trabajo doméstico, Línea base: Sin línea base. formas peligrosas de MINJUSDH de las actividades del 2 queden prohibidas para los trabajo queden MIMP Comité Directivo MTPE 1 menores de 18 años. En ese Meta (2022): Contar con un informe prohibidas para los MTPE Nacional para la sentido, se requiere actualizar el técnico. menores de 18 años. Prevención y listado de trabajos peligrosos Erradicación del elaborado como parte de las Trabajo Infantil (CPETI). actividades del Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI)”. Resulta necesario conocer el estado situacional del régimen de compras públicas, su normativa, Elaborar una evaluación gestión, en relación con los MINJUSDH MINJUSDH Línea base: Sin línea base. del estado situacional 2 estándares de PR-CER, definidos OSCE Informe de evaluación OSCE del régimen de compras 2 previamente por el MINJUSDH, MEF del estado situacional. MEF Meta (2022): Informe de evaluación públicas respecto del con el fin de determinar de qué PERU COMPRAS PERU COMPRAS del estado situacional concluido. enfoque de PR-CER. forma el régimen de compras públicas puede coadyuvar a lograr el objetivo esperado. 76 La informalidad, un fenómeno muy extendido en el país, es un amplio Evaluar, con base en el espacio de vulneración de informe de evaluación derechos humanos. Los PR-CER del estado situacional, son una importante oportunidad la incorporación de para contribuir con su disminución, Informe que, con base medidas apropiadas así como promover la en la evaluación del para contribuir con la formalización de pequeñas, estado situacional, formalización a través medianas y microempresas, identifica medidas del régimen de compras incluidas aquellas que forman apropiadas para públicas; así como parte de las cadenas de suministro. contribuir con la prevenir que el Estado Línea base: Sin línea base. formalización, prevenir contrate con empresas MINJUSDH Asimismo, Perú debe seguir que el Estado contrate que incurren en graves OSCE MINJUSDH Meta (2023): Informe que avanzando en garantizar que la con empresas que 2 vulneraciones de MEF OSCE identifique las medidas apropiadas. compra pública excluya a las incurren en graves 3 derechos humanos, en PERU COMPRAS MEF empresas que directamente o a vulneraciones de específico, los Otras entidades PERU COMPRAS Meta (2023-2025): Informe anual través de sus cadenas de derechos humanos, relacionados al trabajo competentes que dé cuenta de las medidas suministro incurran en trabajo directamente o a forzoso y peores formas implementadas. forzoso, peores formas de trabajo través de su cadena de de trabajo infantil, infantil, y otras graves suministro; y promueva directamente o a través vulneraciones de derechos que las empresas y sus de su cadena de humanos. cadenas de suministro suministro; y promover respeten los derechos y garantizar el respeto Asimismo, el Estado debe humanos. de los derechos promover medidas para que a humanos por parte de través de la compra pública se las empresas en sus incentive en las empresas y en sus cadenas de suministro. cadenas de suministro el respeto de los derechos humanos. Promover el Se requiere que los documentos Lineamientos sobre los Línea base: Sin línea base. conocimiento de los de identificación expedidos por el vínculos de legalidad MIGRACIONES, en documentos de Estado a migrantes y solicitantes de los documentos de Meta (2021): Propuesta de 2 coordinación con identificación de las de refugio y refugiados, sean identificación MIGRACIONES Lineamientos sobre los vínculos de 4 entidades personas migrantes, reconocidos por todas las migratorios en legalidad de los documentos de competentes refugiados y solicitantes entidades, con el objetivo de que entidades estatales y identificación migratorios en de refugio, a fin de las personas extranjeras puedan privadas. entidades estatales y privadas. 77 garantizar el respeto de acceder a trámites ante entidades Material informativo Línea base: Informe del Centro de sus derechos y acceso a del Estado a fin de facilitar su sobre derechos y Orientación al Migrante. la información laboral. acceso a trabajo decente y sus deberes de los derechos. En el caso de los migrantes y su proceso Meta (2021-2025): 01 material solicitantes de refugio, los de integración MIGRACIONES informativo por año sobre derechos y documentos emitidos a su favor se socioeconómica deberes de los migrantes y su le considera como documento de MIGRACIONES dirigido a empresas y proceso de integración identidad, de conformidad con lo RREE personas extranjeras. socioeconómica. establecido en el Art. 14 de la Ley en coordinación con 27891. En ese sentido, también se entidades Material informativo Línea base: Sin línea base. requiere establecer mayor número competentes sobre derechos y de canales que permitan que ésta deberes de los Meta (2021-2025): 01 material llegue a las personas interesadas. migrantes y su proceso RREE informativo por año sobre derechos y En el caso de los empleadores: de integración deberes de los migrantes y su cómo contratar a personas socioeconómica proceso de integración extranjeras, qué documentos son dirigido a empresas y socioeconómica. reconocidos en nuestro país y personas extranjeras. derechos laborales. Número de acciones dirigidas a reforzar el conocimiento y Línea base: Sin línea base. aceptación de los RREE RREE documentos de Meta (2021-2025): 1 campaña identificación emitidos informativa mínimo por año. a favor de los solicitantes de refugio. Número de empresas que reciben sesiones informativas sobre Línea base: Sin línea base documentos de identificación de Meta (2021): 15 empresas migrantes, solicitantes MIGRACIONES MIGRACIONES de refugio y refugiados, Meta (2022-2025): 30 empresas por derechos, contratación año. e integración socioeconómica de los migrantes en el país. 78 Número de gremios empresariales que reciben sesiones informativas sobre documentos de Línea base: Sin línea base RREE identificación de RREE Meta (2021): 1 al año mínimo solicitantes de refugio, Meta (2022-2025) : 1 al año mínimo derechos, deberes e integración socioeconómica en el país. Línea base: Sin línea base. Meta (2022): Aprobación de cartilla informativa. Cartilla informativa sobre contratación MTPE Meta (2023) 10 mil de personas que laboral de trabajadores han accedido a la cartilla vía virtual migrantes y/o física. Meta (2024-205): Por definir en base a la meta de 2023. MTPE Línea base: Sin línea base. Meta (2022): Programa de Número de personas capacitación a personas migrantes en migrantes, con materia laboral. solicitud de refugio y MTPE refugiados capacitadas Meta (2022) 600 personas en materia laboral y migrantes capacitadas en materia seguridad social. laboral. Meta (2023-2025): Por definir en base a la meta de 2022. 79 Para las personas migrantes cuyos países de origen no tienen convenio con nuestro país, se les aplica el Decreto Legislativo Nº Informe técnico Línea base: Sin línea base. 689, que, en el art. 4 se establece intersectorial que que las empresas nacionales y contempla la Meta (2022): Contar con un informe Garantizar equidad en el extranjeras sólo pueden contratar evaluación de la 2 MTPE técnico intersectorial que contemple acceso al trabajo a personal extranjero en una pertinencia de MTPE 5 MINJUSDH la evaluación de la pertinencia de personas extranjeras proporción que no supere el 20 % modificar el límite de modificar el límite de contratación de del total de trabajadores. Ello contratación de extranjeros para las MYPE. limita las posibilidades de extranjeros para las contratación especialmente en las MYPE. micro y pequeñas empresas, que cuentan con un número menor de trabajadores. No hay una mención expresa de las personas LGBTI en la mayoría de normas aplicables para la protección de los derechos de las MINJUSDH, en Propuestas de MINJUSDH Línea base: Sin línea base. personas. No hay categorías coordinación con modificación normativa en coordinación legales de protección que podría MTPE y otras para incluir categorías técnica con el Meta (2023): Elaboración de aplicarles en la regulación laboral, entidades legales de protección MTPE propuesta normativa. así como las que regulan la acción competentes de las personas LGBTI Promover la adecuación de las empresas: orientación del marco normativo sexual, identidad y/o expresión de 2 laboral, a fin de género, etc. 6 proteger a las personas A los trabajadores LGBTI con LGBTI desde un enfoque pareja no se les reconoce el diferencial. Línea base: Sin línea base. derecho a prestaciones Propuestas normativas económicas otorgadas a que reconozcan los MINJUSDH en Meta (2022): Elaboración de informe trabajadores heterosexuales con MTPE derechos laborales y de coordinación técnico que sustente las propuestas pareja. Esto constituye un acto de MINJUSDH seguridad social a las técnica con el normativas para el reconocimiento discriminación e incluso, de parejas del colectivo MTPE de los derechos laborales y seguridad manera indirecta, una penalización LGBTI. social a las parejas del mismo sexo. económicamente por su orientación. 80 Formular disposiciones Línea base: Resolución Ministerial Nº para la adecuación de la La Sentencia del Tribunal 1191-2019-IN. Establecer normativa del sector a Constitucional del Exp. 00009- disposiciones para la prestación de la sentencia del Tribunal 2019-PI/TC ha determinado la servicios policiales extraordinarios y Constitucional del Exp. constitucionalidad de los la gestión de los convenios que No. 00009-2019-PI/TC, a convenios para la prestación de Disposiciones corresponda. 2 fin de garantizar el servicios policiales extraordinarios, MININTER formuladas e MININTER 7 cumplimiento de las solo en los casos en que su uso sea implementadas. Meta (2021): Disposiciones condiciones que excepcional, esto es, sujeto al formuladas y aprobadas. habilitan el uso cumplimiento de determinadas excepcional de los condiciones. En ese sentido, se Meta (2023-2025): Informe anual de convenios de servicios requiere contar con disposiciones implementación de dichas policiales que aseguren su debida aplicación. disposiciones. extraordinarios. Si bien algunas empresas de seguridad privada vienen adoptando políticas de derechos humanos, los proveedores de seguridad privada (PSP) carecen de disposiciones que regulen el uso de la fuerza en el ámbito de sus Elaborar un informe de actividades. Tampoco existen análisis sobre la disposiciones que determinen el aplicación de rol que cumplen las empresas y/o estándares de uso de la personas que contratan servicios fuerza en la prestación Línea base: Sin línea base. 2 de seguridad privada. En ese MININTER MININTER de servicios policiales Informe de análisis. 8 sentido, se elaborará un informe SUCAMEC SUCAMEC extraordinarios, que se Meta (2021): Informe de Análisis. con la finalidad de analizar la hagan extensivos a su aplicación de estándares de uso de vez a empresas que la fuerza en el marco de la proveen y contratan prestación de servicios policiales seguridad privada. extraordinarios, que se hagan extensivas a su vez a empresas que proveen y contratan seguridad privada. Este informe servirá de base para la formulación de disposiciones o lineamientos sobre la materia. 81 El marco normativo sobre la gestión de conflictos de intereses Estructurar la normativa no se encuentra debidamente sobre gestión de articulado y la claridad de este conflictos de intereses, resultaría conveniente para Línea base: Sin línea base. desarrollando las gestionar y resolver situaciones de herramientas e conflictos de intereses. Por ello, se Guía para la gestión de SIP - PCM, en Meta (2022): Guía elaborada y 2 instrumentos necesarios requiere elaborar, difundir e conflictos de intereses coordinación con SIP - PCM difundida. 9 para identificar, implementar una guía sobre dicha con enfoque de PR- MINJUSDH gestionar y resolver materia, la cual incluya la CER. Meta (2022-2025): Informe anual situaciones de conflictos definición de conflicto de sobre implementación de guía. de intereses público- intereses, así como las privada, con enfoque de herramientas para lidiar a PR-CER. profundidad con las situaciones de conflictos de intereses público- privada con el enfoque de PR-CER. Con el fin de fortalecer progresivamente la política pública sobre Empresas y Derechos Humanos, basado en la Evaluar, teniendo en incorporación de los PR y otros cuenta los avances estándares internacionales en las alcanzados a través del políticas públicas nacionales es Informe de evaluación PNA en el MINJUSDH, en Línea base: Sin línea base. conveniente evaluar la pertinencia sobre una propuesta 3 fortalecimiento de la coordinación con de una normativa específica de normativa sobre MINJUSDH 0 política pública sobre entidades Meta (2024): Informe de evaluación rango legal que regule la debida debida diligencia en el PR-CER, una propuesta competentes presentado. diligencia empresarial, la misma sector empresarial. normativa sobre debida que se viene adoptando en otros diligencia en el sector países de Europa y América Latina. empresarial. Dicha evaluación debe tener en cuenta los avances alcanzados en la incorporación de los estándares a través del PNA. 82 Objetivo Nº 2: Ratificar tratados internacionales sobre Derechos Humanos, relacionados directa o indirectamente a las actividades empresariales En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Informe técnico intersectorial que evalúe la pertinencia y Línea base: Sin línea base. Existe una serie de tratados, MINJUSDH aporte del Convenio Nº principalmente de la OIT, en los RREE 97, relativo a los MINJUSDH Meta (2022): Un informe que el Estado peruano no es parte MTPE trabajadores presentado al Consejo Nacional de y que podrían fortalecer el migrantes, elaborado Derechos Humanos. ordenamiento jurídico, orientado a por los Ministerios prevenir vulneraciones a los concernidos. derechos humanos en el ámbito Informe técnico empresarial. intersectorial que evalúe la pertinencia y Impulsar la ratificación e Para ello se requiere una aporte del Convenio Nº Línea base: Sin línea base. implementación de evaluación puntual sobre los 118, relativo a la MINJUSDH 3 Convenios Convenios de la OIT Nº 97, relativo igualdad de trato de RREE MINJUSDH Meta (2022): Un informe 1 internacionales a trabajadores migrantes; el nacionales y MTPE presentado al Consejo Nacional de referidos a trabajadores Convenio Nº 118 relativo a la extranjeros en materia Derechos Humanos. migrantes. igualdad de trato de nacionales y de seguridad social, extranjeros en materia de elaborado por los seguridad social; el Convenio Nº Ministerios 143 sobre los trabajadores concernidos. migrantes, analizando su Informe técnico pertinencia y aporte, así como que intersectorial que se encuentren en armonía con el evalúe la pertinencia y Línea base: Sin línea base. resto de la legislación nacional, lo MINJUSDH aporte del Convenio Nº que será considerado en el RREE 143, sobre MINJUSDH Meta (2022): Un informe Informe técnico. MTPE trabajadores presentado al Consejo Nacional de migrantes, elaborado Derechos Humanos. por los Ministerios concernidos. 83 Existe una serie de tratados, principalmente de la OIT, en los que el Estado peruano no es parte Informe técnico y que podrían fortalecer el intersectorial que ordenamiento jurídico, orientado a evalúe la pertinencia y prevenir vulneraciones a los Impulsar la ratificación e aporte del Convenio Nº Línea base: Sin línea base. derechos humanos en el ámbito implementación del MINJUSDH 187, sobre Convenio 3 empresarial. Convenio Nº 187, sobre RREE sobre el marco MINJUSDH Meta (2022): Un informe 2 Para ello se requiere una seguridad y salud en el MTPE promocional para la presentado al Consejo Nacional de evaluación puntual sobre los trabajo. seguridad y salud en el Derechos Humanos. Convenios de la OIT Nº 187 trabajo, elaborado por analizando su pertinencia y aporte, los Ministerios así como que se encuentren en concernidos. armonía con el resto de la legislación nacional, lo que será considerado en el Informe técnico. Objetivo Nº 3: Revisión, Diseño y adopción de planes y programas nacionales para garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresariales En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Incorporar los Principios Rectores de la ONU Plan de trabajo para sobre Empresas y incorporar los PR-CER y Se requiere que la protección de Derechos Humanos y MINJUSDH, en otros estándares personas defensoras de derechos Línea base: Sin línea base. 3 otros estándares coordinación con internacionales en el humanos incorpore los estándares MINJUSDH 3 internacionales, en el entidades Mecanismo de internacionales referentes a la Meta (2021): Norma aprobada. mecanismo de la competentes protección de personas materia. protección de personas defensoras de defensoras de derechos derechos humanos. humanos. 84 Guía metodológica de evaluación de políticas Línea base: Sin línea base. públicas, que enfoque Evaluar los resultados Se requiere que las evaluaciones e los resultados en base Meta (2022): Guía metodológica de las políticas públicas, informes de avances de políticas MINJUSDH, en a Derechos Humanos. aprobada. 3 que integren el enfoque públicas, analicen las brechas coordinación con MINJUSDH 4 de Derechos Humanos y existentes y reducidas en base a entidades Informe de avances de Meta (2022-2025): Informe anual el de PR-CER, para indicadores de Derechos competentes evaluación de políticas sobre implementación de garantizar su eficacia. Humanos. públicas bajo enfoque metodología en la evaluación de de derechos humanos políticas públicas. y PR-CER. Las políticas, planes y programas Política Nacional de de gestión pública deben Protección del Línea base: Sin línea base. considerar en su diseño, Consumidor que elaboración e implementación el incorpora el enfoque Meta 2021: Aprobación de Política enfoque de derechos humanos y Incorporar el enfoque de derechos humanos, nacional en actualización de la sus enfoques complementarios de derechos humanos, tomando en Política Nacional de Protección del (género, discapacidad, tomando en consideración los Consumidor que incorpora el 3 intercultural, etario, territorial, consideración los PR- INDECOPI Principios Rectores INDECOPI enfoque de derechos humanos, 5 diferencial), tomando en EDH y otros estándares sobre Empresas y tomando en consideración los consideración los Principios internacionales en las Derechos Humanos de Principios Rectores sobre Empresas y Rectores sobre Empresas y políticas públicas. las Naciones Unidas y Derechos Humanos de las Naciones Derechos Humanos de las otros estándares Unidas y otros estándares Naciones Unidas y otros internacionales sobre internacionales sobre empresas y estándares internacionales sobre empresas y derechos derechos humanos. empresas y derechos humanos en humanos. las políticas públicas 85 La Secretaria de Gestión Social y Diálogo es la autoridad técnico normativa en la materia de gestión social y diálogo. Sin embargo, otros sectores del Poder Ejecutivo, Fortalecer la estrategia Gobiernos Regionales y Locales, Lineamientos dirigidos Línea base: Sin línea base. de respuesta y la cuentan con competencias bajo al Poder Ejecutivo, PCM capacidad operativa del dicha materia, según cada nivel de Gobiernos Regionales y Meta (2022): Lineamientos MINJUSDH, en 3 Estado en la prevención gobierno y la naturaleza de sus Locales para la aprobados. coordinación con SGSD - PCM 6 y atención de los competencias. prevención gestión de entidades escenarios de la conflictividad social, Meta (2023-2025): 1 reporte anual competentes conflictividad social con Por lo tanto, se hace necesario incluyendo el enfoque sobre la implementación de los enfoque de PR-CER. contar con un instrumento de PR-CER. lineamientos. normativo que regule el ejercicio de dichas competencias, a nivel nacional, regional y local, que incorpore el PR-CER y que cuente con pertinencia cultural. Elaboración de un protocolo para el Línea base: Sin línea base. seguimiento de Existe la necesidad de Realizar el seguimiento compromisos, incluidos Meta (2021): 1 Protocolo aprobado. homogenizar criterios y establecer de los compromisos los compromisos socio mecanismos para el seguimiento 3 sociales asumidos en MINJUSDH ambientales Meta (2022): 1 Plataforma de compromisos, entre ellos los SGSD - PCM 7 procesos de diálogo PCM voluntarios. presentada. compromisos socio ambientales durante la atención de voluntarios, en el marco de conflictos sociales. Plataforma de Meta (2023-2025): 1 informe anual procesos de diálogo multisectorial. información para la sobre la implementación de los gestión de lineamientos. compromisos. Se requiere reforzar el proceso de Ejecutar acciones de Funcionarios de los formalización de derechos capacitación dirigida a GORES Capacitados en individuales y colectivos sobre la funcionarios de los lineamientos del Línea Base: Sin línea base. tierra. Para ello, es necesario que 3 GORES sobre los procedimiento de el MIDAGRI, a través de la MIDAGRI MIDAGRI 8 lineamientos del formalización de Meta (2022-2025): Reporte sobre DIGESPACR, implemente acciones procedimiento de derechos individuales y número de funcionarios capacitados. de capacitación dirigido a formalización de colectivos sobre la funcionarios de los GORES sobre derechos individuales y tierra. los lineamientos del procedimiento 86 colectivos sobre la de formalización bajo el enfoque tierra. de derechos humanos individuales y colectivos sobre la tierra. Se requiere reforzar las medidas destinadas a evaluar la Línea base: Sin línea base. sostenibilidad social y ambiental Producir una guía sobre de los proyectos agroindustriales, los estudios de los Guía para los estudios Meta (2022): Guía para los estudios mediante la realización de estudios 3 suelos y la capacidad de de los suelos y la de los suelos y la capacidad de estos a nivel nacional sobre el suelo y la MIDAGRI MIDAGRI 9 estos en las regiones del capacidad de estos en en las regiones. capacidad de este en las distintas país desde el sector las regiones. regiones y de una evaluación sobre agrario. Meta (2023-2025): Informe anual la forma en que se han llevado a sobre impacto de guía. cabo las plantaciones a gran escala. Se requiere que las próximas guías planificadas por el MIDAGRI, ya Producir las próximas sean temáticas nuevas o versiones guías elaboradas por actualizadas de temáticas ya Línea base: Sin línea base. MIDAGRI considerando abordadas, consideren la cuestión Guías del MIDAGRI con 4 el enfoque de derechos de las empresas y derechos MIDAGRI enfoque de derechos MIDAGRI Meta (2023-2025): 4 nuevas 0 humanos y, en humanos. Para ello, es preciso la humanos versiones de guías incorporando el particular, la Conducta incorporación del enfoque de enfoque de derechos humanos. Empresarial derechos humanos y, en esa línea, Responsable abordar la Conducta Empresarial Responsable. Línea base: Política Nacional Agraria Se requiere que la actualización de de 2016. Actualizar la Política la política pública en el sector Nacional Agraria agrario: la Política Nacional Política Nacional Meta (2021): Actualización de la considerando el 4 Agraria, considere el enfoque de Agraria con enfoque de Política Nacional Agrario con enfoque enfoque de derechos MIDAGRI MIDAGRI 1 derechos humanos. Así mismo, es derechos humanos de derechos humanos. humanos e incluyendo preciso que dicha Política aborde aprobada. la Conducta Empresarial la Conducta Empresarial Meta (2022-2025): Informe anual Responsable Responsable. sobre avances de la implementación de la política. 87 Incorporar el enfoque de derechos humanos, Fomento de medidas para Línea base: Sin línea base tomando en asegurar el trato igualitario y no consideración los PR- MTPE, en Guía que incorpora el 4 discriminación de las personas que Meta (2023): Guía que establece EDH y otros estándares colaboración con el enfoque de derechos MTPE 2 recurren a los servicios a cargo del lineamientos para los servicios del internacionales, en los MINJUSDH. humanos. Ministerio de Trabajo y Promoción MTPE que incorpora enfoque de servicios que brinda el del Empleo. DDHH. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. La ejecución de los procedimientos de Titulación de Predios rurales, comunidades Campesinas y comunidades Nativas es de competencia exclusiva de los Impulsar la reducción de GORES y la rectoría es ejercida por Línea base 2021: (7,680). la brecha de titulación el MIDAGRI mediante la Dirección Número de títulos de 4 de predios rurales, y de General de Saneamiento de la propiedad rural MIDAGRI Meta PEI (2022): (38,667). MIDAGRI 3 comunidades Propiedad Agraria y Catastro Rural inscritos, promovidos (DIGESPAR) campesinas y nativas a (DIGESPAR) DIGESPACRA, se por el MINAGRI. Meta PEI (2023-2025): (119,137, nivel de los GORES. requiere reforzar los mecanismos 119137, SD). para continuar promoviendo el proceso de formalización de los derechos individuales y colectivos sobre la tierra, de acuerdo con su competencia. 88 Se requiere que plataformas como las del SINIA continúen con la función de difundir información documental, geográfica y estadística, a fin de fortalecer el acceso a la información ambiental para que sea oportuna, articulada, Línea base: (2) Informe Nacional Fortalecer el derecho a georreferenciada, actualizada, Número de Informes sobre el Estado del Ambiente 2009- la transparencia y reutilizable, interoperable, de Nacionales sobre el 2011 y 2012-2013. 4 acceso a la información, modo que esto coadyuve a acortar MINAM Estado del Ambiente MINAM 4 teniendo en cuenta el las brechas de información difundidos a través del Meta (2022): (1) Informe Nacional enfoque PR-CER. existentes. Resultado de ello se SINIA. sobre el Estado del Ambiente 2014- plasma en el Informe Nacional 2019. sobre el Estado del Ambiente 2014-2019, actualmente en elaboración y que contiene el alineamiento de estadísticas e indicadores ambientales para difusión a través del SINIA. Se requiere asociar expresamente las temáticas de cambio climático, Incorporar diversidad biológica y Línea base: Plan Nacional de Acción expresamente el ordenamiento territorial ambiental Plan Nacional de Ambiental 2011-2021. enfoque de PR-CER en con la cuestión de empresas y Acción Ambiental, las acciones relativas al derechos humanos. De esta forma, contemplando o Meta (2022): Incorporación expresa cambio climático, las medidas de política pública expresamente el del enfoque de PR-CER en el próximo 4 diversidad biológica y relacionadas alentarían que las enfoque de PR-CER en MINAM MINAM Plan Nacional de Acción Ambiental. 5 ordenamiento territorial empresas tomen en cuenta las las acciones relativas al ambiental en el próximo problemáticas derivadas de dichas cambio climático, Meta (2023-2025): Informe anual Plan Nacional de Acción temáticas en sus procesos con diversidad biológica y sobre avances de la implementación Ambiental y en la debida diligencia durante toda la ordenamiento del plan. Política Nacional del cadena de suministro y abordando territorial ambiental. Ambiente. los riesgos e impactos ambientales negativos. 89 Si bien el cambio climático, la diversidad biológica y el ordenamiento territorial ambiental son temas que se abordan en el Línea base: Política Nacional del Plan Nacional de Acción Ambiental Ambiente. 2011-2021 y en la Política Nacional Política Nacional del del Ambiente, sería oportuno Meta (2022): Incorporación expresa Ambiente contempla incorporar el enfoque de PR-CER del enfoque de PR-CER en la Política expresamente el MINAM en la siguiente política pública de Nacional del Ambiente. enfoque PC-CER en las esta naturaleza. acciones. Meta (2023-2025): Informe anual sobre avances de la implementación de la Política. Línea base: Sin línea base. Se requiere conocer la calidad de la información recogida para la línea base, la previsibilidad de su Meta (2021-2022): 01 informe de metodología, la participación de evaluación de los aspectos del Evaluar los aspectos del las partes involucradas, el acceso a enfoque de PR-CER que requieran ser enfoque de PR-CER que la información ambiental, entre considerados en los mecanismos de Informe de evaluación requieran ser otros, para garantizar que los sobre la incorporación participación ciudadana. considerados en los grupos en situación de MINAM, en del enfoque de PR-CER mecanismos de vulnerabilidad participen en el coordinación con en los mecanismos de Meta (2022-2023): Normativas, guías, 4 participación ciudadana proceso de evaluación de impacto MINJUSDH y otras participación MINAM entre otros que incluyan el enfoque 6 con la finalidad de ambiental en condiciones de entidades ciudadana, en el marco de PR-CER en los mecanismos de adoptar las mejoras igualdad y en un ambiente de competentes del Sistema Nacional correspondientes, en el mayor confianza. Para ello, es participación ciudadana, en el marco de Evaluación de marco del Sistema necesario evaluar los aspectos del del SEIA. Impacto Ambiental. Nacional de Evaluación enfoque de PR-CER que requieran Meta (2023-2024): Reporte de la de Impacto Ambiental. ser considerados en los implementación de las normativas, mecanismos de participación ciudadana con la finalidad de guías, entre otros que incluya el adoptar las mejoras enfoque de PR-CER en los correspondientes. mecanismos de participación ciudadana, en el marco del SEIA. 90 Meta (2024-2025): Reporte de evaluación y seguimiento (retroalimentación) sobre la implementación de las normativas, guías, entre otros que incluya el enfoque de PR-CER en los mecanismos de participación ciudadana, en el marco del SEIA. Línea base: Guías, manuales y otros documentos para los evaluadores y Se requiere que las guías, titulares de proyectos. manuales y otros documentos para los evaluadores y titulares de Meta (2021-2022): 01 informe de proyectos en el marco del Sistema evaluación de los aspectos del Nacional de Evaluación de Impacto enfoque de PR-CER que requieran ser Ambiental (SEIA), incorporen el Evaluar los aspectos del integrados en las guías, manuales y enfoque de EDH-CER. Si bien estos enfoque de PR-CER que otros documentos del Sistema documentos no constituyen requieran ser Nacional de Evaluación de Impacto normatividad de obligatorio integrados en las guías, Ambiental (SEIA), relacionados con el cumplimiento, sino más bien manuales y otros rol de las entidades evaluadoras y los tienen una finalidad orientativa, Guías, manuales y documentos del Sistema titulares de proyectos, con la serían de gran utilidad para otros documentos para Nacional de Evaluación finalidad de adoptar las mejoras difundir buenas prácticas MINAM y autoridades los evaluadores y 4 de Impacto Ambiental correspondientes, según sea el caso. compatibles con los estándares ambientales titulares de proyectos MINAM 7 (SEIA), relacionados con internacionales. Para ello, es competentes en el marco del SEIA, el rol de las entidades Meta (2022-2023): Guías, Manuales, necesario evaluar los aspectos del que incorporen el evaluadoras y los entre otros documentos del SEIA que enfoque de PR-CER que requieran enfoque PR-CER. titulares de proyectos, incluyan el enfoque de PR-CER, ser integrados en las guías, con la finalidad de relacionados con el rol de las manuales y otros documentos del adoptar las mejoras entidades evaluadoras y los titulares Sistema Nacional de Evaluación de correspondientes, de proyectos Impacto Ambiental (SEIA), según sea el caso. relacionados con el rol de las Meta (2023-2024): Reporte de la entidades evaluadoras y los implementación de Guías, Manuales, titulares de proyectos, con la entre otros documentos del SEIA que finalidad de adoptar las mejoras incluyan el enfoque de PR-CER, correspondientes, según sea el relacionados con el rol de las caso. entidades evaluadoras y los titulares de proyectos. 91 Meta (2024-2025): Reporte de evaluación y seguimiento (retroalimentación) sobre la implementación de las Guías, Manuales, entre otros documentos del SEIA, que incluyan el enfoque de PR-CER, relacionados con el rol de las entidades evaluadoras y los titulares de proyectos. Evaluar el proceso de Informe anual de implementación del El objetivo de contar con un Línea base: Sin línea base. evaluación de la Mecanismo informe de evaluación, sobre cómo implementación del Intersectorial para la se implementa el mecanismo, es Meta (2022): Primer informe de 4 mecanismo protección de personas identificar los avances y el impacto MINJUSDH MINJUSDH evaluación de la implementación del 8 intersectorial de defensoras de derechos que tiene en el acceso a derechos, Mecanismo intersectorial de protección de las humanos, incorporando por lo que se requeriría publicar un protección de las personas personas defensoras el enfoque de empresas (1) informe anual de evaluación. defensoras de derechos humanos. de derechos humanos. y derechos humanos. De acuerdo al Estudio de la OCDE sobre políticas públicas de conducta empresarial responsable, “el trabajo infantil sigue generalizado en Perú y es un fenómeno predominante en el Elaborar un estudio que sector informal”. Estudio de análisis y Línea Base: Sin línea base. comprenda un análisis y En línea con lo señalado, se puede MTPE, en estado situacional del 4 estado situacional del afirmar que uno de los principales coordinación con trabajo infantil en el MTPE Meta (2023): Contar con un Estudio 9 trabajo infantil en el sectores no atendidas se MINJUSDH sector informal y respecto del trabajo infantil en el sector informal. encuentra en el sector informal, lo cadenas de producción. sector informal. que exige a las entidades responsables diseñar una estrategia integral que va más allá de la regulación y que debe contemplar a las micro y pequeñas empresas. 92 Línea base: Informe sobre condiciones de vulnerabilidad de la Generar información Informe sobre población venezolana. actualizada, desglosada Se requiere contar con características, capital que permita conocer los información actualizada de las 5 humano y condiciones Meta (2021-2025): Contar con un cambios en las características, condiciones de MIGRACIONES MIGRACIONES 0 de vulnerabilidad de informe sobre características, capital dinámicas migratorias vulnerabilidad y capital humano de los flujos migratorios humano y condiciones de de las personas los flujos migratorios en Perú. en Perú. vulnerabilidad de los flujos extranjeras en Perú. migratorios extranjeros en Perú, por año. Es necesario que el Estado promueva la visibilidad de las personas afroperuanas a través de Informes interanuales Línea base (2021): Sin línea base Contar con data informes estadísticos, estudios forme interanuales de 5 actualizada sobre la MTPE cualitativos e investigaciones que la situación laboral de MTPE Meta (2022-2025): Informe anual de 1 situación laboral de las MINCUL permitan tener información la población la situación laboral de las personas personas afroperuanas. actualizada y con la cual se pueda afroperuana. afroperuanas. tomar decisiones para generar desarrollo. Es una herramienta para ayudar a Concientizar y promover Guía para facilitar la los medios de comunicación y sus los derechos de las elaboración y difusión Línea base: Sin línea base. profesionales a crear una imagen 5 personas con de contenidos sobre responsable de la discapacidad, CONADIS CONADIS 2 discapacidad en los discapacidad en los Meta (2023): Guía elaborada y respetuosa con la diversidad, que medios de medios de aprobada. favorezca la concienciación y su comunicación. comunicación. inclusión social. 93 Las políticas, planes y programas Incorporar el enfoque de gestión pública deben de derechos humanos, considerar en su diseño, Estudio sobre la Línea base: Sin línea base. tomando en elaboración e implementación el incorporación del consideración los PR- enfoque de derechos humanos y enfoque en derechos Meta (2021, 2023 y 2025): Estudio 5 EDH y otros estándares sus enfoques complementarios CONADIS humanos y CONADIS sobre la incorporación del enfoque 3 internacionales, en la (género, discapacidad, discapacidad, en el en derechos humanos y discapacidad, política pública intercultural, etario, territorial y empleo de personas en el empleo de personas con relacionada con la diferencial), tomando en con discapacidad. discapacidad temática de personas consideración los PR-EDH y otros con discapacidad. estándares internacionales en las políticas públicas. 94 Lineamiento estratégico Nº 3: Diseño de políticas públicas que promuevan el respeto de las empresas a los derechos humanos a través de la rendición de cuentas, la investigación y la sanción por los impactos de sus actividades Objetivo Nº 1: Promover políticas y/o normas que garanticen el respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Las empresas tienen un rol importante en el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, por lo que se requiere Programa de trabajo de Línea base: Encuesta Nacional de evitar situaciones de CONACOD para Derechos Humanos 2020. discriminación o estigmatización fortalecer el sistema de en el ámbito laboral, que pudiera denuncia y difusión de Meta (2022): Contar con un evitar el acceso al trabajo por este mecanismo contra programa de trabajo de CONACOD cuestiones de origen. la discriminación. para fortalecer el sistema de Promover los derechos MINJUSDH denuncia y difusión de este y no discriminación de MINJUSDH, en 5 Asimismo, las empresas de Casos seguidos desde (CONACOD) mecanismo contra la discriminación. las personas migrantes coordinación con 4 comunicación tienen una CONACOD para que se extranjeras por parte de SUNAFIL y entidades responsabilidad en la promoción y resuelva la denuncia SUNAFIL Meta (2023-2025): Informe anual que las empresas. competentes el respeto de los derechos de las por discriminación. dé seguimiento a número de casos personas migrantes extranjeras, ya desde CONACOD, para que se que, a través del contenido de sus Número de denuncias resuelva la denuncia por programaciones, visibilizan o presentadas por discriminación. invisibilizan determinados discriminación ante aspectos de la sociedad, SUNAFIL" Meta (2022-2025): por definir reforzando narrativas en beneficio o perjuicio de este grupo poblacional. Procurar una estrecha Estrategia para la Promover los derechos Línea base (2021): Ordenanzas coordinación entre los sectores promoción de los y no discriminación del aprobadas en materia de no Cultura y Justicia y Derechos derechos del pueblo pueblo afroperuana y MINCUL, en discriminación por motivos étnico- Humanos para fomentar, junto con afroperuano y los 5 los pueblos indígenas u MINCUL coordinación raciales. los gobiernos regionales y locales, pueblos indígenas u 5 originarios andinos y MINJUSDH con Gobiernos acciones concretas y efectivas de originarios andinos y amazónicos, y brindar Regionales Meta (2022): Aprobación de promoción, respeto y garantía de amazónicos, y protección en casos de Estrategia para la promoción de los los derechos humanos del pueblo protección en casos de racismo. derechos de las personas afroperuano, de los pueblos racismo. 95 indígenas u originarios, e afroperuanas y protección en casos intervenciones oportunas de de racismo. defensa en casos de racismo y discriminación racial. Asimismo, la participación de las organizaciones representativas nacionales de dichos pueblos. Propuesta normativa Línea base: Sin línea base. para la Conciliación de la vida familiar y Meta (2023): Propuesta normativa MIMP laboral en el marco del para la Conciliación de la vida familiar Fortalecimiento de las y laboral en el marco del familias. Fortalecimiento de las familias. Propuesta normativa Dar respuestas que favorezcan la para el Fortalecimiento Línea base: Sin línea base. conciliación de la vida familiar y de los servicios de laboral de mujeres y hombres que cuidado diurno infantil Meta (2022): Propuesta normativa Promover la conciliación desempeñen sus labores en en los centros de MIMP para el Fortalecimiento de los de la vida familiar y 5 centros de trabajo del sector trabajo del sector servicios de cuidado infantil para la laboral en centros de MIMP 6 público y privado, bajo principios público y privado para conciliación de la vida familiar y trabajo del sector de igualdad de género, la conciliación de la laboral. público y privado. entendiendo la complejidad de los vida familiar y laboral. vínculos familiares en una sociedad Reporte del número de diversificada. centros de trabajo del Línea base: Sin línea base. sector público y privado que Meta (2023-2025): Reporte anual implementan el MIMP que dé cuenta del número de centros servicio de cuidado de trabajo del sector público y diurno infantil que privado que implementan el servicio promueva la de cuidado diurno infantil. conciliación de la vida familiar y laboral. 96 Reporte del número de trabajadores/as de los centros de trabajo del Línea base: Sin línea base. sector público y privado beneficiados Meta (2023-2025): Reporte anual MIMP con el servicio de que dé cuenta del número de cuidado diurno infantil trabajadores/as beneficiados del que promueva la servicio de cuidado diurno infantil. conciliación de la vida familiar y laboral. Línea base: Sin línea base. Reporte del porcentaje de centros de trabajo Meta (2022-2025): Reporte anual del sector público y MIMP que dé cuenta del número de centros privado que cuentan de trabajo del sector público y con el servicio de privado que implementan el servicio lactario. de lactario. Línea base: Sin línea base. Porcentaje de personas adultas mayores Meta (2021) Establecimiento de una capacitadas en el La Convención Interamericana MIMP línea base. manejo de tecnologías sobre protección de derechos de la información y humanos de las personas mayores Meta (2022-2025): Se definirán en Garantizar las comunicaciones. señala que los Estados Parte función a la línea base establecida. condiciones para el promoverán políticas laborales Número de personas 5 acceso y permanencia MTPE dirigidas a propiciar que las adultas mayores Línea base: Sin línea base. 7 en el mercado laboral MIMP condiciones, el ambiente de certificadas en sus MTPE de las personas adultas trabajo, horarios y la organización competencias Meta (2021-2025): Por definir. mayores. de las tareas sean adecuadas a las laborales. necesidades y características de la Línea base (2020): 170. Número de ofertas persona adulta mayor. laborales dirigidas a MTPE Meta (2021): 100. personas adultas mayores. Meta (2022-2025): Por definir. 97 Número de empresas que incorporan Línea base: Sin línea base. personas adultas MTPE mayores en el marco Meta (2022-2025): Por definir. del Plan de Promoción del Empleo. Línea base: Sin línea base. Número de empresas que implementan Meta (2022) Establecimiento de una buenas prácticas para MIMP línea base. proteger el derecho al trabajo de las personas Metas (2022-2025): Se definirán en adultas mayores. función a la línea base establecida. Número de personas adultas mayores capacitadas para el autoempleo, Línea base: Sin línea base. capacitación laboral y MTPE certificación de las Metas (2022-2025): Se definirán en competencias función a la línea base establecida. laborales, en el marco del Programa Nacional para la Empleabilidad. El diseño universal debe ser Línea base: Sin línea base. implementado en el entorno del Garantizar las trabajo, de manera que todos los Meta: (2021): 4 asistencias técnicas. asistencias técnicas a los individuos, presenten o no una empleadores públicos y discapacidad, puedan acceder de Asistencia técnica a Meta (2022): 6 asistencias técnicas. 5 privados para la manera independiente y CONADIS empleadores públicos y CONADIS 8 adopción de ajustes autónoma al entorno de trabajo, privados. Meta (2023): 8 asistencias técnicas. razonables y herramientas de trabajo, espacio accesibilidad al puesto físico, etc., lo cual constituye una Meta (2024): 10 asistencias técnicas. de trabajo. condición imprescindible para la participación e inclusión de las Meta (2025): 12 asistencias técnicas. personas con discapacidad 98 Línea base (2020): 49. Meta (2021): 60 inspecciones realizadas. Meta (2022): 65 inspecciones Número de realizadas. inspecciones en SUNAFIL materia de ajustes Meta (2023): 70 inspecciones Los ajustes razonables facilitan a la razonables. realizadas. persona trabajadora con discapacidad el acceso y Meta (2024): 75 inspecciones desplazamiento en su puesto de realizadas. Garantizar los ajustes trabajo, su desarrollo productivo, razonables en el acceso, su acceso a programas de Meta (2025): 80 inspecciones MTPE 5 entorno y desempeño inducción, capacitación y realizadas. SUNAFIL 9 de trabajo para las promoción en el empleo, en Línea base (2020): 35. personas con condiciones de igualdad que los discapacidad. demás trabajadores, por lo que Meta (2021): 45 orientaciones resultan de obligatorio realizadas. cumplimiento para los empleadores del sector público y Meta (2022): 50 orientaciones privado. Número de realizadas. orientaciones en SUNAFIL materia de ajustes Meta (2023): 55 orientaciones razonables. realizadas. Meta (2024): 60 orientaciones realizadas. Meta (2025): 65 orientaciones realizadas. 99 Número de empresas asesoradas o Línea base: Sin línea base. capacitadas para MTPE implementar ajustes Meta (2022-2025): Por definir. razonables. Línea Base: Sin línea base. Guía técnica para la realización de ajustes MTPE Meta (2021): Aprobación de Guía razonables en el sector técnica para la realización de ajustes privado. razonables en el sector privado. Línea base: Sin línea base. Banco de casos exitosos de MTPE Meta (2022): Implementación del implementación de Banco de casos de ajustes ajustes razonables. razonables. El MTPE, los gobiernos regionales y Línea base (2020): 3,873. Número de vacantes las municipalidades promueven la de empleo para adopción, por parte de las/los MTPE Meta (2021): 3,100. personas con empleadoras/es públicos y discapacidad. privados, de buenas prácticas de Meta (2022-2025): Por definir. Garantizar el acceso al empleo de la persona con trabajo y desempeño de discapacidad. Asimismo, los 6 labores, en igualdad de programas de formación laboral, MTPE 0 condiciones, a las Línea base (2020): 67. actualización, colocación y empleo Número de personas personas con incorporan en su diseño, con discapacidad que discapacidad. MTPE Meta (2021): 30. componentes, estrategias o han sido colocadas en metodologías especializadas para puestos de trabajo. Meta (2022-2025): Por definir. adaptar la prestación de sus servicios a las necesidades y características de los diversos tipos 100 de discapacidad, a fin de optimizar su eficacia. Número de empresas Línea base: Sin línea base. privadas que contratan MTPE personas con Meta (2021-2025): Por definir. discapacidad. Línea base (2020): 107. Si bien a través de la cuota de empleo se busca revertir la Meta (2021): 140 inspecciones situación de discriminación realizadas. histórica que han presentado las personas con discapacidad para el MTPE Meta (2022): 150 inspecciones acceso al trabajo, se puede SUNAFIL Número de realizadas. advertir que dicha medida no inspecciones en SUNAFIL viene siendo cumplida a cabalidad materia de cuota de Meta (2023): 160 inspecciones por la entidades públicas y empleo. realizadas. privadas. Meta (2024): 170 inspecciones realizadas. Meta (2025): 180 inspecciones realizadas 101 Línea base (2020): 35. Meta (2021): 45 orientaciones realizadas. Meta (2022): 50 orientaciones Número de realizadas. orientaciones en SUNAFIL materia de cuota de Meta (2023): 55 orientaciones empleo. realizadas. Meta (2024): 60 orientaciones realizadas. Meta (2025): 65 orientaciones realizadas. Línea base: Sin línea base. Guía técnica para la Resulta necesario invertir y MTPE inclusión laboral de generar capacidades para que las MTPE Meta (2022): Aprobación de Guía MINJUSDH personas con empresas cuenten con políticas técnica para la inclusión laboral de discapacidad. inclusivas a personas con personas con discapacidad. discapacidad, correspondiendo al Estado facilitar guías y orientaciones prácticas sobre Número de asistencias cómo incluir a las personas con técnicas discapacidad, así como brindar un (acompañamiento) a acompañamiento personalizado y los profesionales de efectivo a las empresas a fin que empleo a cargo de los Línea base: Sin línea base. MTPE cumplan con las obligaciones servicios de MTPE MINJUSDH contenidas en la normativa intermediación laboral, Meta (2021-2025): Por definir. vigente. para la promoción del empleo de las personas con discapacidad del MTPE. 102 El sector privado tiene una Línea base (2021): Buenas prácticas responsabilidad en dar visibilidad y del sector empresarial. promover la sensibilización sobre Implementación de Promover los derechos los derechos de las personas una guía para la Meta (2022): Elaboración de una guía y no discriminación de afroperuanas. Para ello, es promoción de los para la promoción de derechos y no MINJUSDH en 6 las personas necesario el trabajo coordinado y derechos y la no discriminación de personas coordinación con MINJUSDH 1 afroperuanas, y brindar permanente con el Estado, con el discriminación de afroperuanas. MTPE protección en casos de fin de establecer e incorporar personas afroperuanas, racismo. mecanismos concretos de dirigido al sector Meta (2023): Empresas implementan protección y respeto, y evitar empresarial. guía para la promoción de derechos y prácticas discriminatorias o de no discriminación de personas racismo. afroperuanas. Línea base (2014): Certificación "Empresa segura, Libre de violencia y Evaluación y Discriminación contra la Mujer" del reconocimiento de las MIMP. personas jurídicas que trabajan en la Garantizar el acceso al Meta (2022): Incorporación de Fomentar iniciativas destinadas al promoción del empleo trabajo y desempeño de acciones para la promoción de los 6 aseguramiento de igualdad de de las personas LGBTI labores, en igualdad de MIMP MIMP derechos y la inclusión de las 2 oportunidad de empleos para mediante la marca de condiciones, a las personas LGBTI en los criterios y personas LGBTI. certificación "Empresa personas LGBTI. subcriterios de evaluación de la segura, Libre de marca de certificación "Empresa violencia y segura, Libre de violencia y Discriminación contra Discriminación contra la Mujer" del la Mujer". MIMP. 103 Línea Base (2021): Sin línea base. Es importante articular acciones Formulación de Meta (2022): Plan sectorial de no colaborativas que permitan acciones afirmativas a discriminación e igualdad de implementar progresivamente una favor de las personas oportunidades del MTPE que cultura de respeto hacia las LGBTI que se incorpora acciones afirmativas a favor personas LGBTI, que tengan un incorporen al Plan de personas LGBTI. impacto significativo en la MTPE MTPE sectorial de no disminución sostenida de los discriminación e Meta (2023): Guía que establece espacios de discriminación en la igualdad de lineamientos para los servicios del sociedad y, en particular, en el oportunidades en el MTPE que incorporen el enfoque de ámbito de las actividades ámbito del trabajo. derechos humanos a favor de las empresariales. personas LGBTI. Línea base: 68,681. Meta (2021): 78 000. Número de trabajadores Meta (2022): 80 000. incorporados en el SUNAFIL registro de Meta (2023): 85 000. Fortalecer la trabajadores en fiscalización a las planilla. Resulta necesario fortalecer a la Meta (2024): 90 000. empresas públicas y SUNAFIL, a fin que fiscalice de privadas sobre el 6 manera óptima el cumplimiento de Meta (2025): 95 000. cumplimiento de SUNAFIL 3 la normativa laboral que se vincule Línea base: 10 549. normativa que se de manera directa o indirecta con vincule a la las acciones de formalización. Número de Meta (2021): 11 000. formalización inspecciones en económica. materia de beneficios Meta (2022): 11 500. sociales SUNAFIL (gratificaciones, CTS y Meta (2023): 12 000. vacaciones) a empresas privadas. Meta (2024): 12 500. Meta (2025): 13 000. 104 Línea base: 3. Número de Meta (2021): 10. inspecciones en materia de beneficios Meta (2022): 12. sociales SUNAFIL (gratificaciones, CTS y Meta (2023): 14. vacaciones) a empresas públicas. Meta (2024): 16. Meta (2025): 18. El Centro Integrado “Formaliza Perú” promueve y facilita el ingreso y permanencia en la formalización laboral mediante el acceso a los servicios de orientación, capacitación y Línea base (2021): 12 regiones Implementar los asistencia técnica en materias Número de Regiones implementadas. 6 servicios del Centro vinculadas a la formalización que han implementado MTPE MTPE 4 Integrado “Formaliza laboral (R.M. 169-2018-TR), por lo el Centro Integrado Perú”, a nivel nacional. que en el marco del PNA resulta Formaliza Perú Meta (2025): 24 regiones pertinente esta medida, que implementadas. también forma parte del Plan Nacional de Competitividad y Productividad (Medida de Política 5.4), aprobado mediante Decreto Supremo Nº 237-2019-EF). 105 De conformidad con la Resolución Ministerial Nº 161-2011-PCM, la SGSD viene implementando lineamientos y estrategias para la gestión de conflictos sociales con Lineamiento aprobado Incorporar el enfoque de derechos humanos, con incorporación de Línea Base: Sin línea base. componente referido a con el fin de gestionar los derechos humanos y PR-CER, bajo un conflictos sociales a través de empresa. Meta (2021-2022): Lineamiento enfoque preventivo, a procesos de diálogo, mediación, aprobado. 6 los Lineamientos negociación, entre otros PCM Lineamiento aprobado SGSD - PCM 5 dirigidos al Poder mecanismos, con los diversos MINJUSDH con incorporación de Meta (2022): 1 reporte anual. Ejecutivo, Gobiernos actores sociales, representantes de derechos humanos y Regionales y Locales instituciones privadas y empresa, Meta (2023-2025): 1 reporte anual para la gestión de la funcionarios públicos para implementados. de implementación y evaluación. conflictividad social. contribuir a consolidar una cultura de paz, respeto a los derechos Lineamiento evaluado. humanos y demás valores democráticos para la sostenibilidad y la defensa del estado de derecho. Crear un espacio de coordinación con los directores de las oficinas Institucionalizar la de gestión social que analicen articulación periódicamente los diferentes intersectorial a través conflictos sociales registrados en el Norma de de la conformación de territorio peruano estableciendo conformación del Línea base: Sin línea base. 6 un espacio de líneas de acción y proponiendo PCM espacio intersectorial SGSD - PCM 6 coordinación de estrategias de abordaje de la de coordinación de Meta (2022): 1 Norma aprobada. carácter permanente, conflictividad en las cuales se carácter permanente. integrado por directores identifique oportunamente de Oficinas de Gestión aquellas situaciones que pudieran Social del Ejecutivo. constituir vulneraciones en materia de empresa y derechos humanos. 106 Objetivo Nº 2: Asistencia técnica a las empresas para la observancia de los derechos humanos en sus actividades empresariales En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Con el fin de promover la implementación de mecanismos de debida diligencia para la PR-CER y otros estándares internacionales, el MINJUSDH creará e implementará un programa de asistencia técnica al sector empresarial, tanto del sector privado como público, de la gran, mediana, pequeña y micro empresa, según los estándares Crear e implementar, internacionales, el marco dentro de la Dirección normativo nacional e internacional Línea base: Sin línea base. General de Derechos vigente y las buenas prácticas en Humanos, un programa Perú y otros países que puedan Meta (2021): 1 programa creado e que brinde asistencia replicarse en el contexto peruano, iniciando su implementación. Programa creado e técnica al sector teniendo en cuenta, de ser 6 implementado, y empresarial, tanto del necesario, el contexto de la MINJUSDH MINJUSDH Meta (2022): 1 programa 7 reporte anual de sector privado como emergencia sanitaria por la COVID- implementado. avances. público, en la 19. implementación de Meta (2023-2025): 1 informe anual mecanismos de debida Si bien dicho programa se aplicará de avances de la implementación del diligencia para los PR- en todo el país, tendrá en cuenta programa. CER. las particularidades regionales y se enfocará en la atención de los temas priorizados en el diagnóstico y línea base y otros. Con este fin, el MINJUSDH articulará con los diferentes sectores estatales competentes, así como la asistencia técnica y financiera de las organizaciones internacionales en particular las del Sistema de Naciones unidas, la 107 OCDE, la cooperación internacional e instituciones especializadas como el Global Reporting Initiative, entre otros. Cabe señalar que el mencionado programa corresponde a actividades, y no se encuentra regulado bajo la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, Ley Nº 29158. Se precisa que el término programa se refiere a actividades. Con el fin de plasmar los postulados de la PR-CER, y adaptados para determinados sectores empresariales, el MINJUSDH producirá guías específicas para grupos de especial Producir, en protección y temas priorizados en coordinación con el el diagnóstico y línea base y otros sector empresarial, la por priorizarse, con la finalidad de Línea base: Sin línea base. sociedad civil implementar mecanismos de Guías elaboradas y organizada, el sector debida diligencia. Estas guías presentadas Meta (2021): 1 espacio de estatal competente, los tendrán en consideración aspectos MINJUSDH, con la públicamente. coordinación para la elaboración de 6 pueblos indígenas u de pertinencia cultural, las colaboración de guías, formado. MINJUSDH 8 originarios y los características de las pequeñas y entidades públicas Informes de sindicatos, guías medianas empresas, así como el competentes seguimiento de la Meta (2022-2025): 4 guías por año. específicas dirigidas al rubro de la actividad empresarial. implementación de las sector empresarial para Esos documentos serán elaborados guías. Meta (2022-2025): 1 reporte anual de la implementación de en consulta con los actores implementación de las guías. mecanismos de debida vinculados al tipo de actividad y diligencia. serán presentadas en un evento público. Estas guías aprovecharán las ya existentes publicadas por el Sistema de Naciones Unidas, la OCDE y otros organismos 108 internacionales y de la cooperación internacional; considerarán las características de las micro y pequeñas empresas, el rubro de la actividad y, tendrán en cuenta, de ser necesario, el contexto de la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID- 19. Producir, en La guía abordará de manera coordinación con el específica los postulados de PR- Guía de debida sector empresarial, la CER con el fin de promover la diligencia para micro y sociedad civil formalización de las micro y Línea base: Sin línea base. pequeñas empresas organizada y el sector pequeñas empresas e implementar elaborada, presentada estatal competente, una progresivamente una cultura de MINJUSDH, en MINJUSDH, en Meta (2022): Guía elaborada, 6 e implementada. guía dirigida al sector de debida diligencia, tomando en coordinación con coordinación presentada e implementada. 9 micro y pequeña cuenta sus particularidades. PRODUCE con PRODUCE Informes de empresa para promover (2023-2025): 1 reporte anual de seguimiento de la su formalización y, La guía será desarrollada con el implementación de la guía. implementación de la progresivamente, una sector empresarial y la sociedad guía. cultura de debida civil, y se promoverá su diligencia. implementación y seguimiento. La guía abordará de manera Producir, en específica los postulados de PR- coordinación con el CER con el fin de promover la Guía de debida sector empresarial, la formalización de las unidades diligencia para sociedad civil mineras en pequeña escala que se unidades mineras en Línea base: Sin línea base. organizada y el sector encuentran en este proceso e pequeña escala estatal competente, una implementar progresivamente una MINJUSDH, en elaborada, presentada MINJUSDH, en Meta (2022): Guía elaborada, 7 guía dirigida a unidades cultura de debida diligencia, coordinación con e implementada. coordinación presentada e implementada. 0 mineras en pequeña tomando en cuenta sus MINEM con MINEM escala para promover su particularidades. Informes de Meta (2023-2025): 1 reporte anual de formalización y, seguimiento de la implementación de la guía. progresivamente, una La guía será desarrollada con el implementación de la cultura de debida sector empresarial y la sociedad guía. diligencia. civil, y se promoverá su implementación y seguimiento. 109 Producir, en coordinación con el sector empresarial, la Con el fin de plasmar los sociedad civil postulados de la CER y adaptados Línea base: Sin línea base. organizada, el sector para determinados sectores estatal competente, los Guía de debida empresariales, el MINJUSDH Meta (2021): 1 grupo de trabajo pueblos indígenas u diligencia sobre producirá una guía específica, con formado designado para la 7 originarios y los personas defensoras la finalidad de implementar MINJUSDH MINJUSDH elaboración de la guía. 1 sindicatos, guías de derechos humanos mecanismos de debida diligencia específicas dirigidas al elaborada y presentada para la protección de personas Meta (2021): 1 guía sobre protección sector empresarial para públicamente. defensoras. Esos documentos de personas defensoras de derechos la implementación de serán elaborados con los actores humanos. mecanismos de debida vinculados al tipo de actividad. diligencia en temas de personas defensoras de derechos humanos. Las empresas de comunicación tienen una responsabilidad en la Promover los derechos promoción y el respeto de los Línea base: Sin línea base. y no discriminación de derechos de los grupos de especial los grupos de especial protección (personas adultas Meta (2021): 20 cartas informativas. protección (personas mayores, personas afroperuanas, adultas mayores, Número de cartas personas con discapacidad, Meta (2022): 20 cartas informativas. 7 personas afroperuanas, informativas dirigidas a mujeres, personas LGBTI, personas INDECOPI INDECOPI 2 personas con los agentes del migrantes), ya que, a través del Meta (2023): 20 cartas informativas. discapacidad, mujeres, mercado. contenido de sus programaciones, personas LGBTI, visibilizan o invisibilizan Meta (2024): 20 cartas informativas. personas migrantes) en determinados aspectos de la publicidad y medios de sociedad, reforzando narrativas en Meta (2025): 20 cartas informativas. comunicación. beneficio o perjuicio de este grupo poblacional. Incorporar mecanismos Guías dirigidas a Las actividades realizadas por el de debida diligencia proveedores, que sector empresarial, en específico, para garantizar el incorporen Línea base: Sin línea base. las relaciones de consumo y 7 enfoque de derechos recomendaciones publicidad, deben tomar en cuenta INDECOPI INDECOPI 3 humanos en las relacionadas a la Meta (2021-2025): Publicación de el enfoque de derechos humanos, actividades del sector debida diligencia en el 1 guía cada año. con especial énfasis en los grupos empresarial, en respeto de la igualdad de especial protección. específico, en las y no discriminación en 110 relaciones de consumo el consumo y/o en la y publicidad. publicidad. Promover la Consiste en generar espacios de implementación de discusión sobre los beneficios del Línea base: Sin línea base. mecanismos de compliance empresarial, así como Número de actividades 7 cumplimiento y brindar acompañamiento al sector de difusión y SIP - PCM SIP - PCM Meta (2022): 1 mecanismo de 4 prevención de la empresarial, tanto privado como promoción de la seguimiento y monitoreo corrupción, público, para la implementación de medida. reglamentado. considerando el estos esquemas de prevención de enfoque de PR-CER. la corrupción. Una de las dificultades identificadas en el ámbito de empresas y derechos de las Línea base: 4 Ediciones de la Marca mujeres son las situaciones de de Certificación "Empresa Segura, hostigamiento y acoso sexual. Por Libre de Violencia y Discriminación lo que se requiere trabajo de contra las Mujeres". Acompañar en el Número de Ediciones prevención institucionalizado e compromiso de las de la Marca de implementar medidas debida Meta (2022): Edición V Marca de empresas en la lucha MTPE Certificación "Empresa 7 diligencia que permitan prevenir Certificación "Empresa Segura, Libre contra el hostigamiento, MIMP Segura, Libre de MIMP 5 posibles vulneraciones en el marco de Violencia y Discriminación contra acoso sexual y cualquier MINJUSDH Violencia y de actividades empresariales. las Mujeres". tipo de violencia en el Discriminación contra ámbito laboral. las Mujeres". En el caso de la Marca de Meta (2024): Edición VI Marca de Certificación "Empresa Segura, Certificación "Empresa Segura, Libre Libre de Violencia y Discriminación de Violencia y Discriminación contra contra las Mujeres" es bianual. Por las Mujeres". tanto, se considerarán metas bianuales. 111 Meta (2022): 40 % de las personas jurídicas certificadas en la V Edición reciben asistencia técnica en materia de prevención y atención de violencia contra las mujeres. Porcentaje de personas jurídicas certificadas Meta (2023): 60 % de las personas con la Marca de jurídicas certificadas en la V Edición Certificación "Empresa reciben asistencia técnica en materia Segura, Libre de de prevención y atención de violencia Violencia y contra las mujeres. Discriminación contra MIMP las Mujeres" que Meta (2024): 40 % de las personas reciben asistencia jurídicas certificadas en la VI Edición técnica en materia de reciben asistencia técnica en materia prevención y atención de prevención y atención de violencia de la violencia contra contra las mujeres. las mujeres. Meta (2025): 60 % de las personas jurídicas certificadas en la VI Edición reciben asistencia técnica en materia de prevención y atención de violencia contra las mujeres. Línea base: Sin línea base. Porcentaje de Meta (2022): Incremento del 5 % de sanciones impuestas en sanciones impuestas en casos de casos de hostigamiento MTPE hostigamiento sexual reportadas en sexual reportadas en la la Plataforma de Registro de Casos Plataforma de Registro respecto del año anterior. de Casos. Meta (2023-2025): Por definir. Línea base: Sin línea base. Número de mujeres Meta (2022): Incremento del 5 % de que acceden al servicio MTPE mujeres usuarias del servicio “Trabaja "Trabaja sin Acoso". sin Acoso” respecto del año anterior. 112 Meta (2023-2025): Por definir. Línea base: Sin línea base. Meta (2021): 5 inspecciones Número de inspecciones a Meta (2022): 10 inspecciones. empresas vinculadas a MTPE temas de SUNAFIL Meta (2023): 15 inspecciones. hostigamiento y acoso sexual. Meta (2024): 20 inspecciones. Meta (2025): 25 inspecciones. Es necesario desarrollar una cultura de diálogo para la paz social y el respeto de los derechos Establecer un programa humanos en el marco de las de capacitación en actividades empresariales, materia de protección reconfigurando así las relaciones de los derechos Línea Base: Sin línea base. 7 con los entornos sociales. Para PCM Programa de SGSD - PCM humanos en el marco 6 ello, es importante implementar MINJUSDH capacitación. MINJUSDH de situaciones de Meta (2022-2025): 1 reporte anual. un programa que gestión de la conflictividad social, en conflictividad social con un coordinación con el enfoque de protección de los MINJUSDH. derechos humanos, para que estas sean aplicadas en los entornos de los proyectos de inversión. Producir un instrumento Establecer pautas de acción para para uso del sector Guía para buenas orientar a las empresas que se empresarial, referido a prácticas encuentren inmersas en la prevención de la empresariales, en Línea Base: Sin línea base. 7 situaciones de conflictividad social, PCM conflictividad social y materia de PR-CER que SGSD - PCM 7 con el propósito de evitar MINJUSDH CER, en el marco del contribuyen a la Meta (2022-2025): 1 instrumento. vulneraciones a los derechos Plan Nacional de Acción prevención de la humanos tanto por acción como sobre Empresa y conflictividad social. por omisión. Derechos Humanos. 113 Actualmente, persiste la brecha en la participación de la mujer en el sector privado formal. Tres de cada 10 personas que trabajar en el sector privado formal son mujeres. Promover la igualdad de Con la finalidad de concientizar Número de material Línea base: Sin línea base. género y no sobre la importancia de promover informativo o acción 7 discriminación al la inclusión de las mujeres en el MIMP comunicacional MIMP Meta (2025): 4 materiales 8 interior de las ámbito laboral se realizará dirigidas al sector informativos o acciones empresas. acciones de comunicaciones y de empresarial. comunicacionales por año. sensibilización. La mayor participación de las mujeres en el ámbito laboral repercute de manera directa en el desarrollo de su autonomía económica. 114 Lineamiento estratégico Nº 4: Promoción y diseño de procedimientos de diligencia debida para asegurar el respeto de las empresas a los derechos humanos Objetivo Nº 1: Promover que las empresas cuenten con un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Las empresas públicas, en tanto parte del sector estatal, tienen obligaciones directas en el cumplimiento de los PR y estándares de CER, además de que en la política pública, el Estado Línea base: Sin línea base. debe, a través de ellas, cumplir Incorporar el enfoque dando ejemplo al sector privado. Meta (2021): Lineamiento de gestión de PR-CER en los En ese sentido, es fundamental Lineamiento que 7 en el que se incorpore el enfoque de instrumentos de gestión que la Corporación FONAFE FONAFE incorpore el enfoque FONAFE 9 PR-CER aprobado. de la Corporación incorpore progresivamente en sus de PR-CER. FONAFE. instrumentos de gestión el Meta (2022-2025): Informe anual de enfoque de PR-CER, con el fin de, a la implementación del lineamiento. partir de su función de rectoría de la actividad empresarial del Estado, se garantice el respeto de los derechos humanos en el ámbito de las actividades empresariales estatales. 115 Con el fin de garantizar la Línea base: Sin línea base. implementación del enfoque de PR-CER en las empresas públicas, y Meta (2022): Política formulada e específicamente, de mecanismos implementada en la cartera de de debida diligencia operacionales, empresas generadoras y es necesario que el FONAFE, de distribuidoras. acuerdo con su rectoría, y con el Formular e implementar apoyo del MINJUSDH y otros un lineamiento para la FONAFE, con la Meta (2023): Política formulada e órganos competentes, formule y implementación de colaboración del implementada en la cartera de 8 difunda lineamientos para la Formulación de mecanismos de gestión MINJUSDH y otras FONAFE empresas generadoras, distribuidoras 0 incorporación del mencionado políticas por carteras. de debida diligencia entidades y financieras. enfoque y los mencionados para la CER, dirigido a competentes mecanismos de debida diligencia, las empresas públicas. Meta (2024): Política formulada e en las empresas públicas. Estos implementada en la cartera de lineamientos serán formulados e empresas de infraestructura no implementados por carteras de eléctrica, diversas y Defensa. negocios (generadoras, distribuidoras, financieras, Meta (2022-2025): Informe de infraestructura no eléctrica y implementación de políticas. diversas y Defensa). Con el fin de fortalecer la implementación de los Línea base: Sin línea base. Formular e implementar mecanismos de debida diligencia Mecanismo de un mecanismo de en las empresas públicas, es FONAFE, con la seguimiento, Meta (2022): Mecanismo de seguimiento, monitoreo necesario que la Corporación colaboración de monitoreo y evaluación seguimiento, monitoreo y evaluación 8 y evaluación de la FONAFE implemente a su vez un MINJUSDH y otras de la implementación FONAFE implementado. 1 implementación de mecanismo de seguimiento, entidades de mecanismos de mecanismos de debida monitoreo y evaluación de dicha competentes debida diligencia en las Meta (2023-2025): Informe anual del diligencia en las implementación, con el fin de empresas públicas. mecanismo de seguimiento, empresas públicas. reforzar también su labor de monitoreo y evaluación. rectoría sobre las empresas públicas. 116 A pesar de los instrumentos internacionales sobre empresas y Brindar información y Cartilla informativa derechos humanos, nuestro país sensibilizar sobre la sobre la importancia de Línea base: Sin línea base. aún no ha emitido alguna importancia de no no contratar con el regulación específica que contratar con el Estado Estado en caso de Meta (2022): Cartilla informativa contemple mecanismos para exigir en caso de empresas empresas con sobre sobre la importancia de no 8 a las empresas que fiscalicen que MINJUSDH MTPE con sanciones por sanciones por trabajo contratar con el Estado en caso de 2 en sus cadenas de suministro no se MTPE MINJUSDH trabajo forzoso y peores forzoso y peores empresas con sanciones por trabajo contrate con empresas que formas de trabajo formas de trabajo forzoso y peores formas de trabajo tuvieran sanciones por trabajo infantil, visibilizando lo infantil, visibilizando lo infantil, visibilizando lo nocivo de forzoso y/o peores formas de nocivo de dicha nocivo de dicha dicha práctica. trabajo infantil. Estos mecanismos práctica. práctica. deben considerar también a las micro y pequeñas empresas. Número de miembros Línea base: Sin línea base. del Comité de Adoptar medidas de debida MTPE MTPE Seguridad y Salud en el diligencia que garantice la MINJUSDH MINJUSDH Meta (2022-2025): Por definir en Trabajo en las prevención de situaciones de implementación. empresas. vulneración a la seguridad y salud Adoptar medidas de Incrementar el de los trabajadores en las Línea base: Sin línea base. debida diligencia que aseguramiento de actividades empresariales que permitan evitar riesgos MTPE los/las trabajadores MTPE 8 incluyan mapa de riesgos, índice Meta (2022-2025): Por definir en reales y potenciales de frente a los riesgos 3 de peligros y riesgos), documentos implementación. vulneraciones a la laborales. (reglamento interno, registros) o seguridad y salud de los Porcentaje de regiones instituciones (comité de SST) en la trabajadores. en que se realizaron empresa. Estas medidas deben Línea base: Sin línea base. asistencias técnicas a elaborarse considerando el MTPE trabajadores sobre MTPE contexto de pandemia por COVID- Meta (2022-2025): Por definir en mecanismos de 19. implementación participación en el SGSST. Se requiere brindar información y Brindar información y Línea base: Sin línea base. sensibilizar sobre la adopción de Cartilla informativa sensibilizar sobre medidas de debida diligencia para sobre medidas de debida diligencia de Meta (2022): Cartilla informativa 8 el respeto de derechos laborales MTPE debida diligencia de MTPE respeto de derechos sobre medidas de debida diligencia 4 colectivos en toda la cadena de MINJUSDH respeto de derechos MINJUSDH laborales colectivos en de respeto de derechos laborales suministros. Esta información debe laborales colectivos en toda la cadena de colectivos en toda la cadena de contemplar a las pequeñas y toda la cadena de suministros. suministros. medianas empresas, así como el suministros. 117 contexto de pandemia por la COVID-19. Línea base: 871. Meta (2021): 900 capacitaciones y/o orientaciones. Número de capacitaciones y/o Meta (2022): 930 orientaciones. SUNAFIL orientaciones en el SUNAFIL ámbito de seguridad y Se requiere intensificar el trabajo Meta (2023): 960 orientaciones. salud en el trabajo. que se viene realizando en el Adoptar medidas que ámbito de fiscalización, con el Meta (2024): 990 orientaciones. eviten riesgos reales y objetivo de que se prevengan 8 potenciales a la riesgos a la seguridad y salud de Meta (2025): 1020 orientaciones. 5 seguridad y salud de los los trabajadores, teniendo en Línea base: 1,750. trabajadores. cuenta, de ser necesario, el contexto de la emergencia Meta (2021): 1950 inspecciones. sanitaria por la COVID-19. Número de empresas Meta (2022): 1970 inspecciones. fiscalizadas en materia SUNAFIL SUNAFIL de seguridad y salud en Meta (2023): 1990 inspecciones. el trabajo. Meta (2024): 2010 inspecciones. Meta (2025): 2030 inspecciones. 118 Con el fin de promover la implementación de mecanismos de debida diligencia de PR-CER, el MINJUSDH brindará asistencia técnica al sector empresarial según Brindar asesoría técnica los estándares internacionales, el en la implementación marco normativo nacional e Línea base: Sin línea base. de mecanismos de internacional vigente y las buenas MINJUSDH, en Número de 8 debida diligencia en el prácticas en Perú y otros países coordinación con las orientaciones MINJUSDH Meta (2023-2025): 1 informe anual 6 marco de PR-CER, que que puedan replicarse en el entidades brindadas de avances de las orientaciones cuente con enfoque en contexto peruano en temas de competentes brindadas seguridad y salud en el debida diligencia en aspectos de trabajo. seguridad y salud en el trabajo. Esta asesoría técnica debe considerar las características de las pequeñas y medianas empresas, así como al contexto de pandemia por COVID-19. Objetivo Nº 2: Establecer mecanismos para que las empresas informen sus procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Crear e implementar, Con el fin de realizar seguimiento y progresivamente, un monitoreo a la implementación de mecanismo de los mecanismos de debida seguimiento, monitoreo diligencia por parte del sector Línea base: Sin línea base. y reporte voluntario de empresarial, el MINJUSDH creará e los mecanismos implementará progresivamente un Mecanismo de Meta (2022): 1 mecanismo de empresariales de debida mecanismo estatal para recibir los seguimiento y seguimiento y monitoreo 8 diligencia que son reportes voluntarios de los monitoreo para los reglamentado. MINJUSDH MINJUSDH 7 implementados por los sectores empresariales que mecanismos de debida gremios y empresas del reflejen los avances en esta labor. diligencia del sector Meta (2023-2025): 1 informe anual sector formal, en cuya empresarial. de avances y desafíos en los formulación participen Este mecanismo de seguimiento y mecanismos de debida diligencia del tanto el sector monitoreo será formulado en sector empresarial. empresarial, como las coordinación con el sector organizaciones de la empresarial, con la participación sociedad civil, los de los sectores estatal, sindical, 119 pueblos indígenas u pueblos indígenas u originarios, y originarios, los sociedad civil; además, los sindicatos y el sector reportes serán recibidos de estatal competente. manera voluntaria, en los tiempos y con los contenidos que se contemple en su respectivo reglamento. En ese sentido, aprovechará los reportes que ya realiza el sector empresarial, así como los estándares y guías reconocidas internacionalmente, desarrollados de manera independiente y con enfoque de todos los grupos de interés. Entre estas guías y estándares se tomará en cuenta los producidos por el Sistema de Naciones Unidas, la OCDE y su Punto Nacional de Contacto, y otros organismos internacionales y de cooperación internacional, como las del Global Reporting Initiative y sus estándares GRI; la plataforma de acción para reportar Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Pacto Mundial y GRI, entre otros. 120 Lineamiento estratégico Nº 5: Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación Objetivo Nº 1: Fortalecer mecanismos a nivel estatal para reparar vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Establecer mecanismos o comisiones para la revisión de los Espacio de Línea base: Sin línea base. marcos legislativos y de los coordinación mecanismos judiciales y intersectorial sectorial MINJUSDH, en Meta (2022): Se cuenta con un extrajudiciales, en línea con las para la revisión de los coordinación con espacio de coordinación recomendaciones emitidas en el marcos legislativos y de MINJUSDH entidades intersectorial para la revisión de los Proyecto sobre Acceso a la los mecanismos competentes marcos legislativos y de los Reparación de ACNUDH judiciales y mecanismos judiciales y (A/HRC/32/19/Add.1, extrajudiciales, creada extrajudiciales. Promover las A/HRC/38/20/Add.1 y e implementada. modificaciones A/HRC/38/20/Add.1). normativas que Evaluar la posibilidad de ampliar el 8 Propuesta normativa garanticen mecanismos catálogo de delitos por los que 8 MINJUSDH, en para la modificación de Línea base: Sin línea base. de reparación idóneos, podría imponerse responsabilidad coordinación con los delitos por conforme a la normativa penal a las personas jurídicas, en MINJUSDH entidades responsabilidad penal Meta (2023): Informe técnico que internacional. relación con violaciones de competentes de las personas sustente la propuesta normativa. derechos humanos que sean jurídicas. caracterizadas como delitos. Informe técnico que Valorar la conveniencia de evalúe la normativa clarificar o explicitar las normas de MINJUSDH, en interna sobre Línea base: Sin línea base. derecho interno de las que se coordinación con responsabilidad de las MINJUSDH desprende la responsabilidad de entidades empresas de prevenir Meta (2023): Informe técnico. las empresas de prevenir impactos competentes impactos adversos a los adversos a los derechos humanos. derechos humanos. 121 Material informativo de difusión con pertinencia cultural y Difundir información relativa a lingüística que brinde Línea base: Sin línea base. cómo funciona el Mecanismo información sobre el intersectorial de protección de las MINJUSDH Mecanismo Meta (2021): Material gráfico personas defensoras, con MINCUL intersectorial de MINJUSDH informativo y de difusión sobre pertinencia cultural y lingüística, MINAM protección de las mecanismo de protección de para que defensores y defensoras Difundir información personas defensoras, personas defensoras, con pertinencia puedan recurrir a él, en caso relativa sobre cómo en lenguas originarias cultural y lingüística. requieran acciones de protección. 8 acceder al Mecanismo de los lugares donde se 9 intersectorial para la identifican mayores protección de las situaciones de riesgo. personas defensoras. Línea base: Sin línea base. Informe sobre el Elaborar el informe sobre el estado estado situacional de Meta (2022): Informe sobre el estado situacional de los defensores MINAM MINAM los defensores situacional de los defensores ambientales. ambientales en Perú. ambientales. 122 Perú ha realizado importantes avances enfocados en la sanción, a través de la incorporación de la Promover e impulsar responsabilidad administrativa de procedimientos las empresas por delitos de expeditivos y accesibles corrupción, así como el de reparación de las establecimiento de un marco legal personas directamente para asegurar que las empresas afectadas por actos de involucradas en casos de corrupción de gravedad Línea base: Sin línea base. corrupción cumplan con realizar el o que su comisión SIP - PCM, en Número de actividades pago de la reparación civil. involucre a personas coordinación con para promover e Meta (2022-2023): Desarrollo de 9 jurídicas, que MINJUSDH y otras impulsar los SIP - PCM actividades de promoción e impulso 0 Bajo enfoque de PR-CER, es incorporen el enfoque entidades mencionados de los procedimientos. importante que estos avances sean de PR-CER y que, por competentes procedimientos. complementados con actividades tanto, evalúe la Meta (2024): Propuesta elaborada. que impulsen procedimientos inclusión de garantías expeditivos y accesibles de de no repetición, reparación de las personas pedidos de disculpa, y directamente afectadas, así como mecanismos no de medidas de no repetición, judiciales basados en la disculpas y mediación. En este mediación. último caso es importante aprovechar el marco del Punto Nacional de Contacto. Garantizar mecanismos Tanto la responsabilidad Línea Base: Sin línea base. de reparación ante Estrategia para la administrativa como penal se vulneración de los MTPE, en atención integral de enfocan en la sanción a los Meta (2023): Aprobación de 9 derechos de niños, coordinación con niños, niñas y infractores, estando ausentes MTPE Estrategia para la atención integral 1 niñas y adolescentes entidades adolescentes procedimientos expeditivos y de niños, niñas y adolescentes trabajadores en las competentes. identificadas en trabajo accesibles de reparación y identificadas en trabajo infantil y actividades infantil, peligroso. rehabilitación de las víctimas de peligroso. empresariales. trabajo infantil y peligroso. 123 No se ha encontrado información Línea Base: Sin línea base. sobre servicios jurídicos gratuitos especializados en atender a MTPE en coordinación Número de atenciones Meta (2022): 50 atenciones para menores de edad trabajadores. con MINJUSDH y otras para asesoría en asesoría en trámite de autorización MTPE Estos deberían contemplar las entidades trámite de autorización de trabajo adolescente. características de las micro y competentes de trabajo adolescente. pequeñas empresas. Meta (2023-2025): Por definir en base a las atenciones de 2022. Los procesos de denuncia, Línea Base (2021): Sin línea base. mecanismos y procesos establecidos, y sanciones deben Guía para la Meta (2022): Elaboración de una Garantizar mecanismos operar de manera garantista en las implementación de propuesta de guía para la de reparación ante empresas, respetuosa de la MINJUSDH, con la mecanismos de implementación de mecanismos de vulneración de los 9 dignidad de los posibles colaboración del reparación ante reparación y garantías de no derechos humanos de MINJUSDH 2 denunciantes y de su privacidad, MTPE en el marco de vulneración de los repetición en las sanciones en el las personas LGBTI en de modo que las personas LGBTI sus competencias derechos humanos de ámbito del trabajo. las actividades puedan acceder libremente a los las personas LGBTI en empresariales. mismos, así como a mecanismos las empresas. Meta (2023-2025): Informes de adecuados de reparación, según reportes de implementación. los estándares internacionales. 124 Objetivo Nº 2: Fortalecer los sistemas judicial y extrajudicial para reparar vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Se requiere implementar un programa de capacitación a Línea base: Sin línea base. Crear e implementar un operadores de justicia respecto a programa permanente faltas administrativas y delitos en Meta (2021): 1 programa creado. de capacitación a materia laboral y ambiental, a fin MINJUSDH, en Programa de 9 operadores de justicia de que estos cuenten con mayor coordinación con Meta (2022): 1 programa capacitación creado e MINJUSDH 3 respecto a faltas capacidad operativa y que los entidades implementado. implementado. administrativas y delitos procesos vinculados a esta competentes en materia laboral y temática se resuelvan en Meta (2023-2025): 1 informe anual ambiental. cumplimiento con los estándares de avances de la implementación del internacionales del derecho al programa. debido proceso. Producir y difundir los estándares internacionales sobre Con el fin de brindar herramientas empresas y derechos accesibles y útiles que les permita humanos a través de a los jueces, fiscales y personal materiales informativos Línea base: Sin línea base. jurisdiccional y de asistencia fiscal, en materia de fortalecer su labor en materia de reparación judicial, que MINJUSDH, en Línea base (2022-2025): 1 guía reparación en el ámbito de 9 fortalezcan los coordinación con Guías producidas y producida y/o actualizada actividades empresariales, es MINJUSDH 4 mecanismos de sanción AMAG, Poder Judicial difundidas. anualmente. importante producir y difundir e investigación de y Ministerio Público guías informativas y otros afectaciones a derechos Línea base (2022-2025): Guías documentos similares, que humanos por difundidas. faciliten la aplicación de los actividades estándares internacionales en la empresariales, dirigido a labor judicial y fiscal. jueces, fiscales, personal jurisdiccional y de asistencia fiscal. Difundir los mecanismos Visibilizar y difundir las MINJUSDH, en Informe sobre Línea base: Sin línea base. judiciales y herramientas existentes en el 9 coordinación con actividades de difusión extrajudiciales para la marco jurídico nacional y las MINJUSDH 5 entidades de mecanismos Meta (2022-2025): Informe sobre protección de los experiencias en materia de competentes judiciales y actividades de difusión de derechos humanos en reparación en casos que 125 las actividades involucren la responsabilidad extrajudiciales mecanismos judiciales y empresariales. empresarial por impactos adversos implementadas. extrajudiciales implementadas. en los derechos humanos, incluyendo sobre aspectos como la carga de la prueba. Objetivo Nº 3: Crear y fortalecer mecanismos a nivel operacional por parte de las empresas para reparar vulneraciones a los derechos humanos en el ámbito empresarial En qué consiste (definir / Responsable de la Indicador de la Responsable Línea base (año) Acción justificar) acción acción del indicador Meta (año) Crear e implementar un mecanismo de seguimiento y Las empresas deben gestionar de monitoreo de los manera diligente las quejas y/o mecanismos reclamos que reciban por parte de empresariales de debida las personas con discapacidad y las Línea base: Sin línea base. diligencia en materia de personas adultas mayores que se reparación, que son consideren afectadas por los Mecanismo de Meta (2022): 1 mecanismo de implementadas por los impactos adversos de las MINJUSDH, en seguimiento y seguimiento y monitoreo gremios y empresas del 9 actividades empresariales, coordinación con monitoreo para los reglamentado. sector formal, en cuya MINJUSDH 6 garantizando un debido entidades mecanismos de debida formulación participen procedimiento de sus denuncias e competentes diligencia del sector Meta (2023-2025): 1 informe anual tanto el sector implementando las sanciones y empresarial. de avances y desafíos en los empresarial, como las mecanismos de reparación, de mecanismos de debida diligencia del organizaciones de la corresponder. Esta acción, con sector empresarial. sociedad civil, los énfasis en mecanismos de pueblos indígenas u reparación, se implementa en el originarios, andinos y marco de la acción 87. amazónicos, los sindicatos y el sector estatal competente. Producir, en Con el fin de plasmar los Línea base: Sin línea base. coordinación con el postulados de PR-CER, y adaptados MINJUSDH, en Guías elaboradas y 9 sector empresarial, la para determinados sectores coordinación con Meta (2021): 1 grupo de trabajo presentadas MINJUSDH 7 sociedad civil empresariales, el MINJUSDH entidades formado designado para la públicamente. organizada, el sector producirá guías específicas para los competentes elaboración de guías. estatal competente, los grupos de especies y temas 126 pueblos indígenas u priorizados en el diagnóstico y Meta (2022): 1 guía específica por originarios, andinos y línea base y otros por priorizarse, tema publicada. amazónicos y los con la finalidad de implementar sindicatos, guías mecanismos de debida diligencia. específicas dirigidas al Esos documentos serán elaborados sector empresarial para con los actores vinculados al tipo la implementación de de actividad y serán presentadas mecanismos de debida en un evento público. Estas guías diligencia que procuren considerarán las características de una reparación integral. las micro y pequeñas empresas, el rubro de la actividad empresarial, así como la pandemia por la COVID-19. 127 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 CAPÍTULO V IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ACCIÓN SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 5.1. Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, y otros instrumentos internacionales, como estándar internacional Tal y como se ha señalado en los documentos de diagnóstico del PNA, la evaluación del desempeño de las intervenciones del Estado se ha convertido en una de las prioridades de las agencias gubernamentales. Así, la OCDE define a la evaluación como la “medición sistemática y continua en el tiempo de los resultados obtenidos por las entidades públicas y la comparación de dichos resultados con aquellos deseados o planeados, con miras a mejorar los estándares de desempeño de la institución”93. La posibilidad de concretizar los resultados (lo que se logró) solamente es posible con la existencia ex ante de objetivos (lo que se esperaba lograr), los cuales deben ser establecidos mediante metas concretas, posibles y susceptibles de ser medidas con base en indicadores. Estos últimos pueden ser definidos como “medidas que describen cuán bien se están desarrollando los objetivos de un programa, un proyecto y/o la gestión de una institución”94. En el mismo sentido, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, siguiendo los estándares contenidos en los Principios Rectores y otros instrumentos internacionales, recomienda “una evaluación exhaustiva” de la eficacia del PNA “en lo que respecta a su impacto real en relación con la prevención, mitigación, reparación de las consecuencias negativas sobre los derechos humanos relacionadas con las actividades empresariales” para lo que “deben remitirse a los indicadores de rendimiento definidos por el gobierno en el PNA” debiendo esta evaluación “ser realizada por una entidad independiente u otros expertos” e incluir “consultas con partes interesadas”. Es importante, señala el Grupo de Trabajo, que el proceso de evaluación incluya “una revalorización de los desafíos más relevantes de los derechos humanos y las empresas y el desempeño de los gobiernos y las empresas en la aplicación de los Principios Rectores para abordarlos”95. De conformidad con este estándar, el PNA incorpora un mecanismo de seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización con las siguientes características: 93 Véase: OCDE/PUMA. (1998). Best Practices Guidelines for Evaluation. Policy Brief Nº 5. París. 94 Véase: Bonnefoy, J. C. y Armijo, M. (2005). Indicadores de desempeño en el sector público. Santiago de Chile: Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social. 95 ONU. Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas. (2015). Orientación para los Planes de Acción Nacionales sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Ginebra, pág. 11. 128 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 5.2. Mecanismo de seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización del PNA 2021-2025 Se contará con un Sistema de Seguimiento, Monitoreo, Evaluación y Actualización del PNA 2021-2025, que comprenderá procesos de recolección y uso de información con evidencias sobre los cambios generados para guiar las acciones y objetivos hacia el impacto deseado, permitiendo en el proceso la debida transparencia en la rendición de cuentas con información útil, objetiva y oportuna para facilitar la toma de decisiones para la gestión. La implementación de este sistema, como componente del PNA, corresponde al MINJUSDH, específicamente al Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia que tiene como funciones: formular, coordinar, ejecutar y supervisar la política en materia de derechos humanos y acceso a la justicia bajo su competencia, de conformidad con la respectiva política nacional. Asimismo, se reconoce que el Consejo Nacional de Derechos Humanos tiene como una de sus atribuciones emitir opinión sobre documentos vinculados a la implementación, ejecución y supervisión del PNA sobre Empresas y Derechos Humanos. Los objetivos específicos de este sistema son: ● Generar alertas tempranas respecto al avance de las metas; ● Fortalecer las prácticas públicas de transparencia, de rendición de cuentas y de participación de la sociedad civil en materia de empresas y derechos humanos; ● Producir información pertinente para la sistematización de evidencias de los avances del PNA; y ● Evaluar los avances del Estado y del país en general en materia de empresas y derechos humanos y CER, identificando de un lado las responsabilidades que competen a cada sector estatal y a otros actores involucrados y, de otro lado, identificando y/o actualizando la data sobre la situación de los derechos humanos de los grupos vulnerables que requieren de especial protección. Además, el mecanismo de seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización del PNA será articulado con base en las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos del Sistema de la ONU, incluido el EPU, y las metas de la Agenda 2030 de la ONU. A tal efecto, se tendrá en cuenta los siguientes tres espacios de coordinación: Con el fin de garantizar una permanente labor de articulación y colaboración en la implementación, así como de seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización del mismo, por parte del Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, los pueblos indígenas u originarios, andinos y amazónicos, los sindicatos, y la ciudadanía en general, se conformará, bajo el liderazgo del MINJUSDH, los siguientes espacios de coordinación: 1.- Un espacio conformado por las entidades del Poder Ejecutivo. Al momento de la aprobación del PNA este espacio ya existente denominado Grupo de Trabajo del Poder Ejecutivo para el PNA, creado mediante Resolución Viceministerial Nº 01- 129 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 2019-JUS, cuenta con la participación de 40 entidades, pudiendo incorporarse más durante la implementación del PNA. 2.- Un espacio conformado por los representantes de los actores del Estado, las empresas, los sindicatos, los pueblos indígenas y la sociedad civil organizada, así como de los organismos internacionales y de la cooperación internacional. Al momento de la aprobación del PNA, un espacio similar ya se encuentra consolidado, y fue conformado para el proceso de elaboración del PNA mediante la Resolución Viceministerial Nº 01-2019-JUS. Así, con el fin de darle continuidad, dicho espacio, que cuenta con la participación de 132 instituciones, seguirá funcionando, pudiendo incorporar más actores durante la etapa de implementación. Asimismo, con el fin de garantizar un acompañamiento multiactor más cercano en la etapa de implementación, se conformará, derivado de este primer espacio, un segundo espacio complementario, con un número menor de miembros, designados por cada uno de los grupos de actores. 3.- Un espacio de trabajo y coordinación con las organizaciones indígenas a fin de contribuir con el fortalecimiento de la institucionalidad de dichas organizaciones para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la implementación del PNA, así como para hacer seguimiento a que las entidades competentes responsables de la implementación de las acciones vinculadas con pueblos indígenas u originarios, determinen, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Nº 29785, si la acción del PNA a su cargo debe ser sometida a consulta previa, como condición previa de su implementación. Las reglas de funcionamiento de estos espacios de coordinación, que seguirán los estándares internacionales sobre la materia, serán determinadas en la etapa de implementación del PNA. 5.3. Fases de la implementación del mecanismo de seguimiento, evaluación y actualización del PNA 2021-2025 La implementación del sistema consta de tres fases: (i) diseño y elaboración de los compromisos estratégicos, formulados en el marco del PNA 2021-2025; (ii) actividades del proceso de seguimiento (registro, reporte y análisis de la información, entre otras); y (iii) elaboración de productos de seguimiento (balance de resultados, e informe anual, y el tablero de control) que permitan mejorar el proceso de generación de valor público; y, (iv) actualización total del PNA. Cabe señalar que el PNA 2021-2025 se aprueba en implementación del Lineamiento Nº 5 del Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, cuya vigencia culmina en diciembre del presente año. En ese sentido, de acuerdo con la normativa del Sistema Nacional de Planeamiento, el PNA se integrará como parte de la futura Política Nacional de Derechos Humanos 2022-2030, cuyo proceso de elaboración de acuerdo con su rectoría, también está a cargo de la Dirección General de Derechos Humanos. La especificidad del contenido se describe en las siguientes tablas: 130 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 Tabla 9. Fase I: Estructura del mecanismo de seguimiento, evaluación y actualización Etapa En qué consiste Identificación de indicadores Con base en los indicadores definidos en el PNA 2021- para el seguimiento, línea base 2025 y metas Definición de la estructura del Estructurar el mecanismo considerando la cadena de mecanismo valor desde una perspectiva estratégica Es necesario definir el esquema organizacional (actores y roles) que permitirá especificar los mecanismos de reporte, validación y uso de la información. Entre los Definición de los actores y roles actores que tenemos: en el sistema de seguimiento ∙ Reportan información ∙ Administran el sistema ∙ Usuarios de la información La ficha técnica resume de forma clara y directa ‘qué es’ aquello que el indicador mide, ‘cómo’ y ‘cuándo’ se realiza la medición, ‘cuál’ es la información generada y ‘quién’ produce y utiliza dicha información. Definición de fichas técnicas de Se elaborará una matriz que identifique las programas e indicadores recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos del Sistema de la ONU, incluido el EPU, las metas de la Agenda 2030, así como las recomendaciones de la OCDE, del Sistema Interamericano y su vinculación con los indicadores del PNA. Tabla 10. Fase II: Proceso de seguimiento, evaluación y ajustes Etapa En qué consiste Cada responsable de indicador del Sector debe cargar información en el sistema. Se realizan capacitaciones a los responsables de los Registrar la información en el sectores para instruirlos en la tarea de reporte al sistema Sistema de Seguimiento del de la información cualitativa y cuantitativa. MINJUSDH Se establecerá el plazo para que los responsables de indicadores presentarán la información correspondiente al periodo informado. Se establece la periodicidad de la carga de información cualitativa y cuantitativa. Se establece la periodicidad de la elaboración de Establecer rutinas de reportes. seguimiento (reporte y análisis) Se revisa y aprueba los avances de cada uno de los indicadores registrados, velando por la pertinencia, coherencia, exactitud y calidad de la información suministrada por las entidades. Los cambios estarán sujetos a su pertinencia técnica. En términos generales las metas establecidas en el PNA no se disminuirán, por ser compromisos asumidos por el Revisar y ajustar la información Estado. del Sistema Se establecerá la periodicidad con la que se llevarán a cabo reuniones entre la DGDH y los sectores 131 Firmado por RODRIGUEZ GOMEZ Edgardo Gonzalo FAU 20131371617 hard Date: 09/06/2021 15:34 competentes para revisar los indicadores del PNA. En estas reuniones se verificará los avances e identificará los posibles cuellos de botella para sugerir correctivos. Esta revisión puede generar un espacio de ajustes para el incremento de metas y la generación de nuevos indicadores que complementen la medición de los resultados esperados. Tabla 11. Fase III: Elaboración de productos del mecanismo Etapa En qué consiste El balance de resultados se presenta anualmente ante el Balance de resultados Consejo Nacional de Derechos Humanos y ante la Mesa Multiactor del PNA. Herramienta que permite visualizar (de forma estandarizada y organizada) las prioridades y metas Tablero de control establecidas por el PNA, así como los análisis de alertas tempranas sobre la consecución de estas. Tabla 12. Fase IV: Actualización total del PNA Etapa En qué consiste La evaluación del PNA y su actualización se sujetará a lo Evaluación final del PNA 2021- dispuesto en la Política Nacional de Derechos Humanos 2025 2022-2030. 132