Plan de Acción de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial

Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. AUTORIDADES DE GOBIERNO Alejandro Eduardo Giammattei Falla Presidente de la República César Guillermo Castillo Reyes Vicepresidente de la República José Ángel López Camposeco Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación José Miguel Duro Tamasiunas Viceministro de Desarrollo Económico Rural Víctor Hugo Guzmán Silva Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Cesar Vinicio Arreaga Morales Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional Elmer Elisandro Agustín Oliva Pacheco Viceministro Encargado de Asuntos de Petén AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN ADMINISTRACIÓN 2020-2024 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. Contenido INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BASE LEGAL y MARCO POLÍTICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INFORMACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE DESARROLLO . . . . . . . . . . . . . . . . . Magnitud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Departamental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Información sobre las causas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bajos niveles de gobernanza de la tierra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ausencia de un modelo de ocupación estratégica del territorio . . . . Débil regulación y control del uso del territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Migración interna y desplazamiento interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MODELO DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modelo conceptual (Esquema que representa el análisis de causalidad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modelo explicativo (Jerarquización de las causas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modelo prescriptivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Modelo Lógico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Identificación de actores institucionales su y rol en la formulación de la política y su Plan de Acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. II. 1. 1.1 1.2 2. 1.1 1.2 1.3 1.4 III. 1. 2. 3. 4. IV. 3 V. VI. 01 03 07 09 09 10 29 30 38 45 55 59 60 61 69 84 125 132 139 141 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Introducción El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), aprobó en 2014 el “Plan Nacional de Desarrollo (PND) K´atun Nuestra Guatemala 2032”, y en 2015 se adhirió al compromiso internacional para el cumplimiento de la Agenda 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). La alineación de esta agenda internacional de desarrollo con la agenda nacional definida por el CONADUR estableció las diez Prioridades Nacionales de Desarrollo y sus Metas Estratégicas de Desarrollo, confirmadas en Punto resolutivo 08-2017 y 03-2018 del CONADUR. Una de las prioridades de desarrollo es la de Ordenamiento Territorial, la cual se compone de dos metas estratégicas de desarrollo relacionadas con: la implementación satisfactoria de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial en el 100% de los municipios del país y, la mejora de las capacidades municipales para la prestación de servicios a la ciudadanía. El marco legal del ordenamiento territorial tiene carácter constitucional, en términos generales se encuentra abordado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo y el Código Municipal. En términos específicos, hay varias leyes que emiten competencias y regulaciones de ordenamiento territorial, relacionadas a: áreas protegidas, protección de centros históricos, reservas territoriales del Estado, sitios arqueológicos, sitios sagrados, derechos de vía y de paso, áreas de reserva viales, protección de estructuras, protección de recursos naturales, adaptación y mitigación al cambio climático, gestión integral del riesgo, zonas de regímenes económicos especiales, vivienda, catastro y otros aspectos. No obstante, la competencia constitucional para regular los usos del territorio es exclusivamente de las municipalidades, las cuales deben asegurar a través de la implementación de sus planes de uso del suelo el cumplimiento en territorio de las regulaciones nacionales existentes, así como de las normas específicas municipales. Actualmente el inadecuado uso del territorio, en todos sus niveles, repercute especialmente en el aumento de la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático y riesgo a desastres, vulnerabilidad de los ecosistemas, incremento de la conflictividad social por el uso y ocupación del territorio, así como la dispersión de la población dificultando el acceso a servicios básicos y equipamiento1, entre otros. El presente plan de acción, constituye un ejercicio técnico abordado con las instituciones rectoras del ordenamiento territorial Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, así como instituciones que tienen injerencia en el mismo, en el cual se realizó la jerarquización de causas que permiten orientar técnicamente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos institucionales, por medio de la producción institucional para disminuir la magnitud del problema del inadecuado uso del territorio derivado de la falta de ordenamiento territorial. Además, la estrategia se propone como base para el Plan de Acción de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, presentada a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia SCEP por medio de opinión técnica 01-2019 de fecha 19 de diciembre 2019, por las comisiones de “Desarrollo Urbano y Rural” y “Ambiente y Recursos Naturales” del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 1 El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR), aprobó en 2014 el “Plan Nacional de Desarrollo (PND) K´atun Nuestra Guatemala 2032”, y en 2015 se adhirió al compromiso internacional para el cumplimiento de la Agenda 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). La alineación de esta agenda internacional de desarrollo con la agenda nacional definida por el CONADUR estableció las diez Prioridades Nacionales de Desarrollo y sus Metas Estratégicas de Desarrollo, confirmadas en Punto resolutivo 08-2017 y 03-2018 del CONADUR. Una de las prioridades de desarrollo es la de Ordenamiento Territorial, la cual se compone de dos metas estratégicas de desarrollo relacionadas con: la implementación satisfactoria de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial en el 100% de los municipios del país y, la mejora de las capacidades municipales para la prestación de servicios a la ciudadanía. El marco legal del ordenamiento territorial tiene carácter constitucional, en términos generales se encuentra abordado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley del Organismo Ejecutivo y el Código Municipal. En términos específicos, hay varias leyes que emiten competencias y regulaciones de ordenamiento territorial, relacionadas a: áreas protegidas, protección de centros históricos, reservas territoriales del Estado, sitios arqueológicos, sitios sagrados, derechos de vía y de paso, áreas de reserva viales, protección de estructuras, protección de recursos naturales, adaptación y mitigación al cambio climático, gestión integral del riesgo, zonas de regímenes económicos especiales, vivienda, catastro y otros aspectos. No obstante, la competencia constitucional para regular los usos del territorio es exclusivamente de las municipalidades, las cuales deben asegurar a través de la implementación de sus planes de uso del suelo el cumplimiento en territorio de las regulaciones nacionales existentes, así como de las normas específicas municipales. Propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, diciembre 2019. Documento no publicado. 1.- Actualmente el inadecuado uso del territorio, en todos sus niveles, repercute especialmente en el aumento de la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático y riesgo a desastres, vulnerabilidad de los ecosistemas, incremento de la conflictividad social por el uso y ocupación del territorio, así como la dispersión de la población dificultando el acceso a servicios básicos y equipamiento1, entre otros. El presente plan de acción, constituye un ejercicio técnico abordado con las instituciones rectoras del ordenamiento territorial Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales –MARN- y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación –MAGA-, así como instituciones que tienen injerencia en el mismo, en el cual se realizó la jerarquización de causas que permiten orientar técnicamente hacia donde hay que dirigir los esfuerzos institucionales, por medio de la producción institucional para disminuir la magnitud del problema del inadecuado uso del territorio derivado de la falta de ordenamiento territorial. Además, la estrategia se propone como base para el Plan de Acción de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, presentada a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia SCEP por medio de opinión técnica 01-2019 de fecha 19 de diciembre 2019, por las comisiones de “Desarrollo Urbano y Rural” y “Ambiente y Recursos Naturales” del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 2 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. BASE LEGAL Y MARCO POLÍTICOI La Constitución Política de la República de Guatemala, con relación al ordenamiento territorial, establece lo siguiente: Artículo 225. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urano y Rural coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. Artículo 253. Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: Elegir a sus propias autoridades; Obtener y disponer de sus recursos; y Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. La Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97 y sus reformas 1999 y 2000), indica lo siguiente: Artículo 29. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Al Ministerio de Agricultura, … Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: (…) c) Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la política de ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política; (…). Artículo 29 “bis”. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Al Ministerio de Ambiente,…Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: …...b) Formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del SIGAP, así como para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país incluyendo las áreas de reserva de la nación; c) Formular, en coordinación con el MAGA, la política sobre la conservación de los recursos pesqueros y suelo, … h) Formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que corresponda a contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso; … j) Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos; (…). El Código Municipal (Decreto 12-2002) indica, con relación a la autonomía municipal: Artículo 3. Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República. Adicionalmente, el Código Municipal hace otras referencias al ordenamiento territorial, principalmente en los siguientes artículos: Art. 4. Formas de ordenamiento territorial; Art. 22. División territorial; Art. 23. Distrito municipal; Art. 23. Ter. Formas de ordenamiento territorial municipal locales. Art. 35. Competencias generales del Consejo Municipal; Art. 36. Organización de comisiones; Art. 96. Atribuciones del coordinador; Art. 142. Formulación y ejecución de planes; Art. 143. Planes y usos del suelo; Art. 144. Aprobación de los planes; Art. 145. Obras de gobierno central; y Art. 147. Licencia o autorización municipal para urbanización. El Decreto 7-2013 “Ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero” delimita un nuevo marco institucional para la formulación y la implementación de políticas públicas con enfoque territorial. Artículo 12 Ordenamiento Territorial para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- prestarán la colaboración, que las municipalidades del país necesiten, para adecuar sus planes de ordenamiento territorial para los fines de la presente ley. Las municipalidades y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, de conformidad con sus respectivas competencias, al atender el ordenamiento territorial para la adaptación y mitigación al cambio climático, tomarán en cuenta los resultados de las comunicaciones nacionales del cambio climático y las condiciones biofísicas, sociales, económicas y culturales de sus respectivos territorios. En el anexo 1, se listan leyes y artículos específicos al ordenamiento territorial, de observancia general y específica. El ordenamiento territorial se relaciona con una serie de políticas públicas que, determinan que éste es la expresión espacial de dichas políticas y convenios, toda vez que les integra y concibe bajo un enfoque interdisciplinario y global. Las políticas de Desarrollo Rural Integral, de Reducción de Riesgo a Desastres, de Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras, de Diversidad Biológica, de Manejo Integral de Barrios, de Desarrollo Social y Población, de Seguridad y otras relevantes para alcanzar las metas de desarrollo; así como la adopción de acuerdos internacionales como el Marco de Sendai, Convenio sobre Diversidad Biológica, entre otros. En estrecha relación al estado del recurso suelo en Guatemala, el MAGA para determinar las prioridades y necesidades para su manejo sostenible2, hace mención a las políticas Agraria 2006 orientada a resolver requerimientos de tierras y certeza de propiedad; Política Nacional de Educación Ambiental que considera entre sus ejes la promoción para la preservación y valoración del medio natural; Política de conservación protección y mejoramiento del ambiente y los recursos 2007 que involucra la conservación y manejo de los recursos naturales, entre ellos del suelo; Política Agropecuaria 2011-2015 que en su eje ecológico ambiental sugiere la implementación de programas para la protección de los bienes naturales y la adaptación al cambio climático, otras políticas importantes son la Agrícola centroamericana 2008-2017 que, sin embargo no aborda la protección o manejo del medio natural; Política Nacional para la reducción de riesgo a desastres 2011 la cual no aborda aspectos de recursos naturales. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 4 MAGA, 2013. Hugo Tobias (USAC), J. Duro (MAGA) estado del recurso suelo en Guatemala, prioridades y necesidades para su manejo sostenible, octubre 2013. Ponencia. 2.- La Constitución Política de la República de Guatemala, con relación al ordenamiento territorial, establece lo siguiente: Artículo 225. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urano y Rural coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. Artículo 253. Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: Elegir a sus propias autoridades; Obtener y disponer de sus recursos; y Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. La Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97 y sus reformas 1999 y 2000), indica lo siguiente: Artículo 29. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Al Ministerio de Agricultura, … Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: (…) c) Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la política de ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política; (…). Artículo 29 “bis”. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Al Ministerio de Ambiente,…Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: …...b) Formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del SIGAP, así como para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país incluyendo las áreas de reserva de la nación; c) Formular, en coordinación con el MAGA, la política sobre la conservación de los recursos pesqueros y suelo, … h) Formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que corresponda a contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso; … j) Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos; (…). El Código Municipal (Decreto 12-2002) indica, con relación a la autonomía municipal: Artículo 3. Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República. Adicionalmente, el Código Municipal hace otras referencias al ordenamiento territorial, principalmente en los siguientes artículos: Art. 4. Formas de ordenamiento territorial; Art. 22. División territorial; Art. 23. Distrito municipal; Art. 23. Ter. Formas de ordenamiento territorial municipal locales. Art. 35. Competencias generales del Consejo Municipal; Art. 36. Organización de comisiones; Art. 96. Atribuciones del coordinador; Art. 142. Formulación y ejecución de planes; Art. 143. Planes y usos del suelo; Art. 144. Aprobación de los planes; Art. 145. Obras de gobierno central; y Art. 147. Licencia o autorización municipal para urbanización. El Decreto 7-2013 “Ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero” delimita un nuevo marco institucional para la formulación y la implementación de políticas públicas con enfoque territorial. Artículo 12 Ordenamiento Territorial para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- prestarán la colaboración, que las municipalidades del país necesiten, para adecuar sus planes de ordenamiento territorial para los fines de la presente ley. Las municipalidades y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, de conformidad con sus respectivas competencias, al atender el ordenamiento territorial para la adaptación y mitigación al cambio climático, tomarán en cuenta los resultados de las comunicaciones nacionales del cambio climático y las condiciones biofísicas, sociales, económicas y culturales de sus respectivos territorios. En el anexo 1, se listan leyes y artículos específicos al ordenamiento territorial, de observancia general y específica. El ordenamiento territorial se relaciona con una serie de políticas públicas que, determinan que éste es la expresión espacial de dichas políticas y convenios, toda vez que les integra y concibe bajo un enfoque interdisciplinario y global. Las políticas de Desarrollo Rural Integral, de Reducción de Riesgo a Desastres, de Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras, de Diversidad Biológica, de Manejo Integral de Barrios, de Desarrollo Social y Población, de Seguridad y otras relevantes para alcanzar las metas de desarrollo; así como la adopción de acuerdos internacionales como el Marco de Sendai, Convenio sobre Diversidad Biológica, entre otros. En estrecha relación al estado del recurso suelo en Guatemala, el MAGA para determinar las prioridades y necesidades para su manejo sostenible2, hace mención a las políticas Agraria 2006 orientada a resolver requerimientos de tierras y certeza de propiedad; Política Nacional de Educación Ambiental que considera entre sus ejes la promoción para la preservación y valoración del medio natural; Política de conservación protección y mejoramiento del ambiente y los recursos 2007 que involucra la conservación y manejo de los recursos naturales, entre ellos del suelo; Política Agropecuaria 2011-2015 que en su eje ecológico ambiental sugiere la implementación de programas para la protección de los bienes naturales y la adaptación al cambio climático, otras políticas importantes son la Agrícola centroamericana 2008-2017 que, sin embargo no aborda la protección o manejo del medio natural; Política Nacional para la reducción de riesgo a desastres 2011 la cual no aborda aspectos de recursos naturales. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 5 La Constitución Política de la República de Guatemala, con relación al ordenamiento territorial, establece lo siguiente: Artículo 225. Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Para la organización y coordinación de la administración pública, se crea el Consejo Nacional de Desarrollo Urano y Rural coordinado por el Presidente de la República e integrado en la forma que la ley establezca. Este Consejo tendrá a su cargo la formulación de políticas de desarrollo urbano y rural, así como la de ordenamiento territorial. Artículo 253. Autonomía Municipal. Los municipios de la República de Guatemala, son instituciones autónomas. Entre otras funciones les corresponde: Elegir a sus propias autoridades; Obtener y disponer de sus recursos; y Atender los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción y el cumplimiento de sus fines propios. Para los efectos correspondientes emitirán las ordenanzas y reglamentos respectivos. La Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto 114-97 y sus reformas 1999 y 2000), indica lo siguiente: Artículo 29. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Al Ministerio de Agricultura, … Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: (…) c) Definir en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales la política de ordenamiento territorial y de utilización de las tierras nacionales y promover la administración descentralizada en la ejecución de esta política; (…). Artículo 29 “bis”. Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Al Ministerio de Ambiente,…Para ello tiene a su cargo las siguientes funciones: …...b) Formular las políticas para el mejoramiento y modernización de la administración descentralizada del SIGAP, así como para el desarrollo y conservación del patrimonio natural del país incluyendo las áreas de reserva de la nación; c) Formular, en coordinación con el MAGA, la política sobre la conservación de los recursos pesqueros y suelo, … h) Formular la política para el manejo del recurso hídrico en lo que corresponda a contaminación, calidad y para renovación de dicho recurso; … j) Elaborar las políticas relativas al manejo de cuencas hidrográficas, zonas costeras, océanos y recursos marinos; (…). El Código Municipal (Decreto 12-2002) indica, con relación a la autonomía municipal: Artículo 3. Autonomía. En ejercicio de la autonomía que la Constitución Política de la República garantiza al municipio, éste elige a sus autoridades y ejerce por medio de ellas, el gobierno y la administración de sus intereses, obtiene y dispone de sus recursos patrimoniales, atiende los servicios públicos locales, el ordenamiento territorial de su jurisdicción, su fortalecimiento económico y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos. Para el cumplimiento de los fines que le son inherentes coordinará sus políticas con las políticas generales del Estado y en su caso, con la política especial del ramo al que corresponda. Ninguna ley o disposición legal podrá contrariar, disminuir o tergiversar la autonomía municipal establecida en la Constitución Política de la República. Adicionalmente, el Código Municipal hace otras referencias al ordenamiento territorial, principalmente en los siguientes artículos: Art. 4. Formas de ordenamiento territorial; Art. 22. División territorial; Art. 23. Distrito municipal; Art. 23. Ter. Formas de ordenamiento territorial municipal locales. Art. 35. Competencias generales del Consejo Municipal; Art. 36. Organización de comisiones; Art. 96. Atribuciones del coordinador; Art. 142. Formulación y ejecución de planes; Art. 143. Planes y usos del suelo; Art. 144. Aprobación de los planes; Art. 145. Obras de gobierno central; y Art. 147. Licencia o autorización municipal para urbanización. El Decreto 7-2013 “Ley marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero” delimita un nuevo marco institucional para la formulación y la implementación de políticas públicas con enfoque territorial. Artículo 12 Ordenamiento Territorial para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA-, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- prestarán la colaboración, que las municipalidades del país necesiten, para adecuar sus planes de ordenamiento territorial para los fines de la presente ley. Las municipalidades y los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, de conformidad con sus respectivas competencias, al atender el ordenamiento territorial para la adaptación y mitigación al cambio climático, tomarán en cuenta los resultados de las comunicaciones nacionales del cambio climático y las condiciones biofísicas, sociales, económicas y culturales de sus respectivos territorios. En el anexo 1, se listan leyes y artículos específicos al ordenamiento territorial, de observancia general y específica. El ordenamiento territorial se relaciona con una serie de políticas públicas que, determinan que éste es la expresión espacial de dichas políticas y convenios, toda vez que les integra y concibe bajo un enfoque interdisciplinario y global. Las políticas de Desarrollo Rural Integral, de Reducción de Riesgo a Desastres, de Manejo Integral de las Zonas Marino Costeras, de Diversidad Biológica, de Manejo Integral de Barrios, de Desarrollo Social y Población, de Seguridad y otras relevantes para alcanzar las metas de desarrollo; así como la adopción de acuerdos internacionales como el Marco de Sendai, Convenio sobre Diversidad Biológica, entre otros. En estrecha relación al estado del recurso suelo en Guatemala, el MAGA para determinar las prioridades y necesidades para su manejo sostenible2, hace mención a las políticas Agraria 2006 orientada a resolver requerimientos de tierras y certeza de propiedad; Política Nacional de Educación Ambiental que considera entre sus ejes la promoción para la preservación y valoración del medio natural; Política de conservación protección y mejoramiento del ambiente y los recursos 2007 que involucra la conservación y manejo de los recursos naturales, entre ellos del suelo; Política Agropecuaria 2011-2015 que en su eje ecológico ambiental sugiere la implementación de programas para la protección de los bienes naturales y la adaptación al cambio climático, otras políticas importantes son la Agrícola centroamericana 2008-2017 que, sin embargo no aborda la protección o manejo del medio natural; Política Nacional para la reducción de riesgo a desastres 2011 la cual no aborda aspectos de recursos naturales. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 6 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. INFORMACIÓN SOBRE EL PROBLEMA DE DESARROLLO II En Guatemala el uso actual del suelo3 está determinado por varias condiciones, como la estructura de la distribución de las tierras, la falta de espacio físico para la expansión agrícola, aspectos culturales y de tradición, la densidad de la población y otros. Estas conllevan a usos no adecuados del recurso suelo provocando un deterioro acelerado del mismo, lo cual técnicamente se evidencia principalmente al comparar los mapas de uso actual con el de capacidad de uso de las tierras4, con lo que se logra determinar la magnitud de la intensidad del uso que, expresa conflictos de uso entre la potencialidad del recurso5 y el uso que en la sociedad y los individuos están haciendo del mismo. Esta intensidad del uso se define en al menos tres categorías: Uso adecuado: representa aquellas tierras que actualmente están siendo utilizadas de acuerdo con su aptitud de uso y no se observan procesos de erosión acelerada. Subuso: En esta categoría se incluyen todas las áreas que tienen un uso menos intensivo al de su aptitud, por lo cual es factible utilizarlas más intensamente. Sobreuso: Se definen aquellas áreas en las cuales las tierras están siendo utilizadas inadecuadamente, con una intensidad mayor a la de su aptitud de uso, lo cual está provocando una pérdida acelerada del recurso. Cuando la intensidad de uso de la tierra sobrepasa su capacidad de uso, o es menor a esta, el uso es inadecuado, en el primer caso porque está sobre utilizado y en el segundo porque está subutilizado. 3.- 4.- 5.- CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO, INAB, sf. Uso de la tierra: Descripción de las formas de uso de la tierra. Puede ser expresado a un nivel general en términos de cobertura vegetal. A un nivel más específico se habla de tipo de uso de la tierra, el cual consiste en una serie de especificaciones técnicas dentro de un contexto físico, económico y social (FAO 1985, 1991). CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO, INAB, sf. Determinación en términos físicos, del soporte que tiene una unidad de tierra de ser utilizada para determinados usos o coberturas y/o tratamientos. Generalmente se basa en el principio de la máxima intensidad de uso soportable sin causar deterioro físico del suelo (Klingebield y Montgomery 1961). CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO, INAB, sf. CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR CAPACIDAD DE USO, INAB, sf. Uso potencial: uso virtualmente posible con base en la capacidad biofísica de uso, y las circunstancias socioeconómicas que rodean a una unidad de tierra. Indica el nivel hasta el cual se puede realizar un uso según la supuesta capacidad del suelo, bajo las circunstancias locales y actuales. Bajo este contexto, el uso potencial es menos intensivo o de igual intensidad que el uso a capacidad, pero nunca más intensivo (Ritchers 1995). Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 8 Nacional1.1 Artículo 143. Planes y usos del suelo. 6.- MAGNITUD 1. A nivel nacional un indicador que da parámetros técnicos de la magnitud del uso inadecuado del territorio está determinado por la intensidad de uso, un análisis de las variables "uso actual de la tierra" y "capacidad de uso", permite determinar las divergencias de uso, con las cuales se identifican las áreas subutilizadas, sobre explotadas y de uso correcto, que dan base para definir las áreas que requieren un cambio de uso o reordenamiento. Con base a datos espacial digital, MAGA-UPIE 2001 se puede determinar que un 45.8% del territorio nacional está catalogado en uso correcto, el 24.9% está en sobre uso y el 28% está en subuso, siendo uno de los datos oficiales más recientes. La generación de información oficial actualizada es uno de los desafíos del cálculo y actualización de este indicador. No obstante, a partir del año 2006, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- suscribió un primer convenio de cooperación y asistencia técnica con el Instituto Geográfico Agustín de Codazzi -IGAC- de la República de Colombia, del cual se generaron cuatro (4) de ocho (8) estudios departamentales de suelos Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Guatemala. Los resultados se consideran, constituyen una herramienta de suma importancia para instrumentalizar la Política Agropecuaria 2016-2020 de tal forma que se apuntalen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, en la gran temática de mejorar las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y económico productivas de los guatemaltecos6. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. Fuente: Base de Datos Espacial Digital, MAGA-UPIE, 2001. Cuadro 1. Intensidad de uso de la tierra Intensidad de Uso Área Km2 Uso Correcto Sub utilizado Sobre utilizado Áreas Urbanas Cuerpos de agua Total general 49,833 30,453 27,120 592 890 108,888 Porcentaje % 45.8 28.0 24.9 0.5 0.8 100 9 Actualmente Guatemala carece de política y ley de ordenamiento territorial, las leyes que lo promueven, mencionan y reivindican su necesidad están dispersas sectorialmente, el Código Municipal por su parte confiere mandato y competencia a los gobiernos locales para que formulen sus planes de ordenamiento territorial y planes de uso del suelo en los cuales se determina el uso del suelo dentro de la circunscripción territorial del municipio, de acuerdo con la vocación del mismo y las tendencias de crecimiento de los centros poblados y desarrollo urbanístico7. Sin embargo, los esfuerzos y resultados en esa materia son aún incipientes debido a los limitados recursos financieros, materiales y humanos con que disponen la mayoría de municipalidades, según resultados de las dos últimas mediciones del ranking de la gestión municipal 2016 y 2018 (SEGEPLAN, 2017, 2019), el 84% y el 69.4% de las municipalidades, respectivamente, realizan muy pocas acciones para cumplir con esta competencia (286 municipalidades obtuvieron un puntaje de 0.0 a 0.2, en este indicador en 2016 y 236 en 2018). Departamental1.2 Artículo 143. Planes y usos del suelo. 7.- La generación de información oficial actualizada es uno de los desafíos del cálculo y actualización de este indicador. No obstante, a partir del año 2006, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- suscribió un primer convenio de cooperación y asistencia técnica con el Instituto Geográfico Agustín de Codazzi -IGAC- de la República de Colombia, del cual se generaron cuatro (4) de ocho (8) estudios departamentales de suelos Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá y Guatemala. Los resultados se consideran, constituyen una herramienta de suma importancia para instrumentalizar la Política Agropecuaria 2016-2020 de tal forma que se apuntalen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo K'atun, en la gran temática de mejorar las condiciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) y económico productivas de los guatemaltecos6. a. Guatemala. En el mapa No. 1, se observa que, en la Región I, el 45.67% del territorio se encuentra sobre utilizado, es decir que el suelo se está utilizando más de su capacidad, este sobreuso se atribuye a la presión poblacional que sufre el área metropolitana ocasionado por la migración constante de la población, del interior del país hacia ciudad, en búsqueda de mejores condiciones de vida. Es decir que áreas que tiene capacidad forestal, es utilizada para el establecimiento de asentamientos humanos y actividades agrícolas. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) por medio de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2006), en el área metropolitana el porcentaje de pobreza general concentra únicamente al 7.3% del total habitantes pobres de todo el país, sin embargo, es esta metrópolis en donde hay un mayor número de asentamientos precarios, lo cual confirman los referentes teóricos y empíricos que orientan el análisis de déficit de vivienda. La población que migra, al llegar a la ciudad, advierte que las oportunidades de trabajo son escasas, que por la complejidad de los trabajos disponibles se necesita cierta capacitación o especialización de la que carecen, debiendo realizar cualquier labor para sobrevivir, devengando salarios muy bajos. Esto los obliga a ocupar terrenos baldíos, generalmente barrancos o áreas de propiedad estatal, levantando viviendas provisionales, que con el tiempo se hacen estables o definitivas, SEGEPLAN, 2011. A continuación, se presenta el análisis de la Intensidad del uso del suelo de cada departamento, dentro de la región administrativa a la que pertenece, utilizando la información generada por el MAGA, 2021; es importante mencionar que esta información ha sido actualizada, es la información oficial con la que se cuenta. 1.2.1 Región I. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 10 Actualmente Guatemala carece de política y ley de ordenamiento territorial, las leyes que lo promueven, mencionan y reivindican su necesidad están dispersas sectorialmente, el Código Municipal por su parte confiere mandato y competencia a los gobiernos locales para que formulen sus planes de ordenamiento territorial y planes de uso del suelo en los cuales se determina el uso del suelo dentro de la circunscripción territorial del municipio, de acuerdo con la vocación del mismo y las tendencias de crecimiento de los centros poblados y desarrollo urbanístico7. Sin embargo, los esfuerzos y resultados en esa materia son aún incipientes debido a los limitados recursos financieros, materiales y humanos con que disponen la mayoría de municipalidades, según resultados de las dos últimas mediciones del ranking de la gestión municipal 2016 y 2018 (SEGEPLAN, 2017, 2019), el 84% y el 69.4% de las municipalidades, respectivamente, realizan muy pocas acciones para cumplir con esta competencia (286 municipalidades obtuvieron un puntaje de 0.0 a 0.2, en este indicador en 2016 y 236 en 2018). Mapa No. 1: Mapa de Intensidad de uso del suelo, Región I. MAGA 2021 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. Las condiciones topográficas han frenado el crecimiento hacia municipios que tradicionalmente tenían poco incremento de población, sin embargo, las mejoras en las vías de comunicación han tornado atractivos dichos municipios para su poblamiento. La modernización de las carreteras, los precios de los terrenos y las construcciones y la inexistencia de políticas de ordenamiento territorial en los distintos municipios, son factores que contribuyen a la dispersión de la población. La red vial que sirve inicialmente para enlazar a la ciudad metropolitana con las regiones adyacentes y todo el territorio, luego facilitó el crecimiento extensivo y de forma fragmentada de las nuevas periferias urbanas, y también la conurbación de buena parte de los lugares urbanos de toda la región circundante incluyendo a las ciudades medias o ciudades-cabecera de micro-regiones y regiones aledañas C. Ayala, F. Hernández, 2010. 11 1.2.2 Región II. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 12 Mapa No. 2: Mapa de Intensidad de uso del suelo, Región II. MAGA 2021 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 13 1.2.3 Región III. Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. En la Región III, el 20.53% el territorio se encuentra sobre utilizado, el departamento con el porcentaje más alto de sobreuso de suelo es Chiquimula, con el 58.40 %, esto se atribuye principalmente al establecimiento de la agricultura limpia (maíz y frijol) de tal forma que representa un riesgo de degradación del suelo por procesos erosivos de origen hídrico que tiene como resultado la producción de sedimentos que son arrastrados a las corrientes hídricas superficiales. El 38.31% del área está siendo utilizada correctamente con una cobertura forestal de producción, de protección (áreas protegidas), agroforestería con cultivos anuales y permanentes (café, cardamomo). El 35. 96 % del territorio está siendo subutilizada. a. Izabal, en este departamento el uso correcto se extiende a la agroindustria de cultivos de banano, plátano, palma africana, granos básicos, ganadería, actividades de protección y preservación de áreas protegidas, actividades portuarias (servicios complementarios de puertos, conocidos como patios de contenedor), uso urbanístico (residencial), pasto cultivado, humedal con bosque y vegetación, las urbanizaciones están dentro del 47.06% de uso correcto del suelo incluyendo actividades turísticas, esto se da principalmente en los municipios de Puerto Barrios, Livingston y El Estor predomina el uso correcto del suelo en los bosques latifoliados y mixtos, arbustos y matorrales, plantación de coníferas, actividades turísticas, actividades de protección y preservación de áreas protegidas, uso agrícola especialmente de maíz, frijol, piña y arroz también existen plantaciones de palma africana, banano, plátano, chile chiltepe, naranja y otra. La producción pecuaria con la crianza de ganado vacuno y el desarrollo de los productos lácteos provenientes del mismo, otros cultivos permanentes, según el PDM-OT, SEGEPLAN 2018, en el municipio de Morales el Cultivos de banano, plátano, palma africana, hule, ganadería, latifoliados, agroindustria, actualmente el cultivo de banano y las áreas de pastoreo están siendo sustituidos por otros cultivos como la palma africana y el hule, que han atraído industrias de extracción de aceite, caucho natural y látex, asentamientos, esto bajo el porcentaje de uso correcto del suelo. El 32.40% de subuso de suelo está distribuido de la siguiente forma, en Morales, Livingston y Puerto Barrios con palma africana, pasto cultivado, granos básicos, ganadería, vegetación arbustos, latifoliados, plantación de coníferas. El sobre uso cuya magnitud es del 11.10% del territorio del departamento, se encuentra en el municipio de Puerto Barrios en donde el humedal con bosque, bosque latifoliado, vegetación arbustiva baja, pasto natural, playa y actividades de protección y preservación de áreas protegidas, ganadería están sobre utilizando los suelos. b. Zacapa. En este departamento caracterizado por una zona de vida de bosque espinoso en el caso de las Reserva Biósfera Sierra de Las Minas, por ser área protegida, tiene plan de manejo, mientras que el resto del departamento carece de una normativa de uso. En los municipios de Teculután, Río Hondo, Gualán Usumatlán Gualán, La Unión, San Jorge, Huité, Cabañas y San Diego, se cuenta con un uso correcto del suelo del 33.77%, las actividades que predominan son: en el caso de la Sierra de las Minas, bosque de coníferas, mixto y nuboso. 14 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. En la Sierra del Merendón con bosque de coníferas, mixto y nuboso, en parte del valle y sur del departamento de Zacapa, predomina el bosque seco espinoso, y bosque mixto y nuboso; en la parte Sur del departamento existen áreas subutilizadas en el mapa, pero son áreas escarpadas, muchas de ellas con bosque seco espinoso característica del área, por lo tanto, se podría considerar de uso correcto. Actualmente en el área del Valle del Motagua hay actividades relacionadas con producción de melón, sandía, mango, papaya, tabaco, limón, predominantemente, producción ganadera, producción piscícola industrial y crecimiento de zonas urbanas, esto se da en los municipios de Teculután y Usumatlán, todo el Valle del Motagua, Río Hondo y Gualán, con un subuso del 46.39%. En cuanto al sobre uso con un 19.70%, dado por actividades de producción de granos básicos y café, encontrándose un poco de ganadería a baja escala. c. Chiquimula. Basado en el porcentaje del uso correcto del suelo, mencionamos en forma general que las actividades que se realizan, son agrícolas, forestales, industriales, urbanísticas, y otras; que nos da un uso correcto del 25.67%, este corresponde en términos generales a zonas que aún tienen pequeñas proporciones de bosque y arbustos, de tal cuenta que son considerados por los sistemas de información geográficas como uso correcto, teniendo en consideración que son suelos de las categorías VII y VIII según la clasificación agrológica que hace USDA en estos territorios. Estas proporciones de bosque se han ido disminuyendo paulatinamente, por el avance de la frontera agrícola, cambio de uso del suelo y especialmente en el establecimiento de granos básicos de subsistencia (maíz y frijol). El subuso del suelo que por su topografía ligeramente irregular y quebrada muestran algunas proporciones de cultivos anuales, en virtud de ello, los sistemas de información geográfica lo pueden considerar subutilizado porque de igual manera son suelos inclinados donde debiera haber bosque, pero están siendo utilizados para maíz y frijol, dando un 15.68%. La sobre explotación de suelos con cultivo de café, en los municipios de Esquipulas, Olopa y San Juan la Ermita, en el departamento, la sobre explotación de suelos es de 58.40% predominando los cultivos de hortalizas, maíz, y frijol especialmente en los municipios de Chiquimula, Quezaltepeque, Jocotán y San José la Arada. d. El Progreso. Cuarto departamento de la región, caracterizándose por un 22.30% de uso correcto del suelo, principalmente en área que corresponde a la Sierra de las Minas y partes altas montañosas, dichas zonas aptas para la actividad forestal y áreas protegidas. En el caso del sub uso con un 63.14%, se establece que es debido a la falta de condiciones y recursos para la producción agrícola, existiendo suelos con pendientes moderadas sin ninguna utilización, conservándose únicamente con cobertura arbustiva, característica de la zona de vida localizada en el lugar, la cual corresponde a Bosque Seco Espinoso Sub tropical Cálido, ubicándose en la Franja a lo largo del departamento por la cual atraviesa la CA-9 y de donde se extienden las áreas disponibles para el establecimiento de zonas agro-industrial, valle del Motagua donde están establecidas las áreas agrícolas de exportación como melón y sandía y parte de lo que es Sierra de las Minas, algunas áreas se clasifican en subuso, porque su potencial no es agrícola y tampoco industrial, por la falta de agua y características físicas del suelo, siendo estos de textura franco arenosa en su mayoría, la mayor parte del área correspondiente al corredor seco se encuentra en un grado de amenaza extremadamente alto. El sobre uso es del 14.45%, la sobreutilización del suelo es una de las causas de la pobreza, debido a que son suelos de baja productividad para la agricultura, principalmente para granos básicos, ya que, al invertir en ello, no se logra incluso cubrir el costo de producción, esto se da en los municipios: San Antonio La Paz, Sanarate, Sansare, Morazán, San Cristóbal Acasaguastlán y Guastatoya en menor proporción; así como, El Jícaro y San Agustín Acasaguastlán, se concluye que el sobre uso en este departamento es principalmente por actividades agrícolas y pecuarias, mayoritariamente agricultura con cultivos anuales. 15 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. En la Sierra del Merendón con bosque de coníferas, mixto y nuboso, en parte del valle y sur del departamento de Zacapa, predomina el bosque seco espinoso, y bosque mixto y nuboso; en la parte Sur del departamento existen áreas subutilizadas en el mapa, pero son áreas escarpadas, muchas de ellas con bosque seco espinoso característica del área, por lo tanto, se podría considerar de uso correcto. Actualmente en el área del Valle del Motagua hay actividades relacionadas con producción de melón, sandía, mango, papaya, tabaco, limón, predominantemente, producción ganadera, producción piscícola industrial y crecimiento de zonas urbanas, esto se da en los municipios de Teculután y Usumatlán, todo el Valle del Motagua, Río Hondo y Gualán, con un subuso del 46.39%. En cuanto al sobre uso con un 19.70%, dado por actividades de producción de granos básicos y café, encontrándose un poco de ganadería a baja escala. c. Chiquimula. Basado en el porcentaje del uso correcto del suelo, mencionamos en forma general que las actividades que se realizan, son agrícolas, forestales, industriales, urbanísticas, y otras; que nos da un uso correcto del 25.67%, este corresponde en términos generales a zonas que aún tienen pequeñas proporciones de bosque y arbustos, de tal cuenta que son considerados por los sistemas de información geográficas como uso correcto, teniendo en consideración que son suelos de las categorías VII y VIII según la clasificación agrológica que hace USDA en estos territorios. Estas proporciones de bosque se han ido disminuyendo paulatinamente, por el avance de la frontera agrícola, cambio de uso del suelo y especialmente en el establecimiento de granos básicos de subsistencia (maíz y frijol). El subuso del suelo que por su topografía ligeramente irregular y quebrada muestran algunas proporciones de cultivos anuales, en virtud de ello, los sistemas de información geográfica lo pueden considerar subutilizado porque de igual manera son suelos inclinados donde debiera haber bosque, pero están siendo utilizados para maíz y frijol, dando un 15.68%. La sobre explotación de suelos con cultivo de café, en los municipios de Esquipulas, Olopa y San Juan la Ermita, en el departamento, la sobre explotación de suelos es de 58.40% predominando los cultivos de hortalizas, maíz, y frijol especialmente en los municipios de Chiquimula, Quezaltepeque, Jocotán y San José la Arada. d. El Progreso. Cuarto departamento de la región, caracterizándose por un 22.30% de uso correcto del suelo, principalmente en área que corresponde a la Sierra de las Minas y partes altas montañosas, dichas zonas aptas para la actividad forestal y áreas protegidas. En el caso del sub uso con un 63.14%, se establece que es debido a la falta de condiciones y recursos para la producción agrícola, existiendo suelos con pendientes moderadas sin ninguna utilización, conservándose únicamente con cobertura arbustiva, característica de la zona de vida localizada en el lugar, la cual corresponde a Bosque Seco Espinoso Sub tropical Cálido, ubicándose en la Franja a lo largo del departamento por la cual atraviesa la CA-9 y de donde se extienden las áreas disponibles para el establecimiento de zonas agro-industrial, valle del Motagua donde están establecidas las áreas agrícolas de exportación como melón y sandía y parte de lo que es Sierra de las Minas, algunas áreas se clasifican en subuso, porque su potencial no es agrícola y tampoco industrial, por la falta de agua y características físicas del suelo, siendo estos de textura franco arenosa en su mayoría, la mayor parte del área correspondiente al corredor seco se encuentra en un grado de amenaza extremadamente alto. El sobre uso es del 14.45%, la sobreutilización del suelo es una de las causas de la pobreza, debido a que son suelos de baja productividad para la agricultura, principalmente para granos básicos, ya que, al invertir en ello, no se logra incluso cubrir el costo de producción, esto se da en los municipios: San Antonio La Paz, Sanarate, Sansare, Morazán, San Cristóbal Acasaguastlán y Guastatoya en menor proporción; así como, El Jícaro y San Agustín Acasaguastlán, se concluye que el sobre uso en este departamento es principalmente por actividades agrícolas y pecuarias, mayoritariamente agricultura con cultivos anuales. Mapa No. 3: Mapa de Intensidad de uso del suelo, Región III. MAGA 2021 16 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 1.2.4 Región IV. Está integrada por tres departamentos entre ellos, Jalapa, Jutiapa, Santa rosa, regionalmente cuenta con un 28.04% de uso correcto comparado a un 44.43% de sobre uso del suelo y 26.78 de subuso, estos datos se discuten en forma individual por departamento, teniendo los siguientes datos. a. Jalapa. De acuerdo al censo agropecuario 2003 el departamento de Jalapa el 48.61% se utiliza para cultivos anuales o temporales, el 10% cultivos permanentes, el 21.28% para pastos y el 12.29% es bosque, dando un 28.93% de uso correcto del suelo, específicamente en cultivos de granos básicos, bosque mixto, ganadería en el municipio de Jalapa, San Luis Jilotepeque, manejo de bosque latifoliado, bosque conífero, granos básicos y ganadería en San Pedro Pinula, cultivo de hortalizas en Monjas, extendiendo el uso correcto de suelos en Mataquescuintla en la producción de café. El subuso del 17.60% es en áreas que están siendo mal utilizadas, destinando para pastos aquellas áreas que tienen uso agrícola, esto principalmente en el municipio de Monjas, y Jalapa. El sobre uso del 53.13% se da en Monjas con la excesiva producción de hortalizas; el desmedido uso del suelo en Mataquescuintla en cuanto a la producción de café donde se están utilizando suelos con pendientes arriba del 30% en donde debería destinarse para bosques. b. Jutiapa. Ubicado en la zona sur del país, las áreas tienen un uso correcto en un 27.65% su uso es de actividades agropecuarias, urbanísticas, Industriales, áreas protegidas, zona de usos múltiples, pero estas áreas deben ser reforestadas con mangle, bambú y otras especies forestales que mantengan la vida acuática local, establecer cultivos arbóreos, café y frutales, declarar área de veda y prohibir quemas y actividades agrícolas intensivas, incentivar la actividad agrosilvopastoril, en los municipios de Moyuta, Jalpatagua, Comapa, Conguaco, San José Acatempa, Jutiapa, El Progreso, Agua Blanca, Santa Catarina Mita, Asunción Mita, Jerez. El sub uso que corresponde a un 30.64% en esta área hay mucha actividad urbanística y la cual debe ser regulada al margen de los ríos, hacer plantas de tratamiento de aguas residuales y hacer captura de agua de lluvia para usos agropecuarios y reforestar con especies nativas los corredores viales y las áreas protegidas, áreas planas o casi planas para la producción intensiva de cultivos anuales controlados en invernaderos o bajo riego, reforestar márgenes de ríos, corredores viales, ya que están siendo utilizadas para usos que no corresponden, tales como urbanísticas y agropecuarias. El sobre uso en Jutiapa con 40.90% se basa en los suelos en donde hay cultivo de café, este debe ser regulado para la producción de granos básicos con estructuras de conservación de suelos, debe incentivarse la agroforestería y la producción agrosilvopastoril, incentivar la producción de cultivos arbóreos (jocote, nueces, mango, cítricos), este sobre uso se da en los municipios Acatempa, Jutiapa, Sta. Catarina Mita, Agua Blanca, Atescatempa, Asunción Mita, Quesada, Conguaco, Pasaco, Jalpatagua, El Adelanto, Jerez, está área es donde se encuentran las mayores pendientes y estará sujeta a erosión hídrica, debe ser regulado para cultivos anuales y no permitir la deforestación y las quemas para evitar los incendios forestales. c. Santa Rosa. Departamento de boca costa que incluye una sección de playa, la cual muestra un uso correcto en los municipios de Chiquimulilla y Taxisco, dando un total de 27.87%, los usos son, turismo, producción agrícola de ajonjolí, maicillo, algodón, malanga, en la parte alta se producen hortalizas, cebolla, aguacate, café y frutas, en los municipios de Nueva Santa 17 Mapa No. 4: Mapa de Intensidad de uso del suelo, Región IV. MAGA 2021 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. Rosa, Santa Rosa de Lima, San Rafael las Flores, el subuso abarca el 28.63% se da en las áreas de mangle, en donde se altera el ecosistema, ya que la urbanización crece inmoderadamente, especialmente en áreas de playa, construcciones de piscinas y chalet en áreas arenosas, esto altera el nicho ecológico de especies nativas, como por ejemplo la parlama, también se utilizan suelos con pendientes leves para construcción de colonias urbanizadas, centros comerciales, como es el caso de Barberena, toda esa área tiene potencial para cultivos agrícolas. El sobre uso de 42.55%se da por cultivo de café, en los municipios de Casillas, Cuilapa, Santa María Ixhuatan, ya que los suelos que se están utilizando poseen características peculiares para bosques de coníferas, la topografía de esta región es irregular, existiendo pendientes muy pronunciadas, características de suelos de categorías VI y VII. 18 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 1.2.5 Región V. En esta región encontramos que el 45.82% del territorio regional se encuentra subutilizado y el 19.65 sobre utilizado. a. Escuintla. El suelo se ha dejado de utilizar según su capacidad, el 8.45 % del territorio está sobre utilizado; según el mapa No. 5, el sobre uso se encuentra en los municipios de Nueva Concepción, La Gomera, San José atribuido a que suelos de capacidad forestal son utilizados para la producción agrícola, siendo los cultivos más predominantes: las hortalizas para exportación y el maíz, y la explotación camaronera. El Subuso con un 65.45% se da porque los suelos con vocación agrícola, con pendientes no pronunciadas se están usando para otros fines, incluso suelos con vocación agrícola se están usando para generación de energía solar, y no es malo, pero hablando geológicamente no es lo correcto. El uso correcto del suelo es que suelos con pendientes suaves se utilizan para cultivos agrícolas en forma adecuada. b. Chimaltenango. Departamento que se encuentra con un uso correcto del suelo de 50.59% que corresponde a actividades, de urbanización, agrícolas, forestales e industriales, este uso se da en los municipios de Tecpán, San José Poaquil, Santa Apolonia, San Martín Jilotepeque, San Juan Comalapa, Patzun, Zaragoza, El Tejar, San Andrés Itzapa, Parramos, Santa Cruz Balanyá, San Pedro Yepocapa, Acatenango, San Miguel Pochuta, Chimaltenango, Patzicia. El sobre uso de 41.51% se enfoca en actividades agrícolas y urbanísticas en todo el departamento, sobre utilizando áreas de reserva del Estado. c. Sacatepéquez. Uno de los departamentos más pequeños, cuenta con 218 kilómetros cuadrados de uso correcto, equivalente al 40.67%, esto se da en los municipios de Alotenango, Santo Domingo Xenacoj, Santiago Sacatepéquez, Sumpango, este es por cultivo de rosa, hortalizas de exportación, lo que lleva a que las empresas produzcan bajo normativas legales que hacen un uso correcto del suelo, contrastado con un sobre uso que es 37.69%, a pesar de que son suelos con pendientes pronunciadas, los utilizan para cultivo de hortalizas, tomate, aguacate, el crecimiento de la frontera agrícola determina el deterioro del área. 19 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. Mapa No. 5: Mapa de Intensidad de uso del suelo, Región V. MAGA 2021 20 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 1.2.6 Región VI. En el mapa No. 6, se observa que en la Región VI, el uso correcto de los suelos comprende el 44.83 % del territorio, este territorio corresponde a las zonas que están siendo utilizados de acuerdo con su capacidad, es decir las áreas con cobertura forestal. Las áreas sobre utilizadas corresponden a las extensiones de terreno donde la vocación es forestal, pero que han sido ocupadas con actividades agropecuarias y centros poblados, el porcentaje es 30.70%. En general en todas partes de la región existen extensiones sobre utilizados. La problemática que produce es principalmente la exposición de los suelos a la erosión, lo que en consecuencia trae efectos ambientales y económicos para la población. a. Retalhuleu. Con un 67.35% de uso correcto en actividades de producción agrícolas de Maíz, Ajonjolí, Caña de Azúcar, Sandía, Tabaco, Ganadería, café en la parte alta, específicamente en los municipios de Retalhuleu, San Andrés Villa Seca, Champerico, Nuevo San Carlos, el territorio es planicie apta para cultivos y siembras, sin embargo, debe tener medidas de mitigación para ser amigable con el medio ambiente. El sub uso con el 28.17% se debe que parte del territorio que incluye los municipios de Retalhuleu, San Sebastián, Santa Cruz Muluá, San Martín Zapotitlán, San Felipe, San Andrés Villa Seca, Champerico, Nuevo San Carlos, El Asintal, es planicie y con poca inclinación sin embargo no tiene medidas de mitigación para proteger las riberas de ríos, manglares y en zonas de recarga hídrica, la producción de caña de azúcar, maíz, ajonjolí, siembra de frutales, piña, cacao, cerca de las riberas de río o recarga hídrica y la industrial de extracción de arena y piedra a la orilla de los ríos Samalá, Ocosito, rio Nil, está en subuso. El sobre uso del 3.36% en los municipios de Retalhuleu, San Felipe, Champerico, Nuevo San Carlos, la industria camaronera, ingenios azucareros, la sobre explotación de pesca, contaminación esteros, ríos y lagunas, la deforestación, urbanismo en la cabecera departamental, crecimiento de la zona urbana y periurbana sin regulaciones. b. San Marcos. En este departamento existen condiciones climáticas y de suelos que favorecen el desarrollo de actividades que coincidiendo con la capacidad de uso del suelo teniendo un uso correcto de 35.26% en los municipios de Tacana, Ixchiguán, San José Ojetenam, Sipacapa, Río Blanco, Tajumulco, San Rafael Pie de la Cuesta, La Blanca, Ocos, Ayutla, Catarina, San Cristóbal Cucho, El Tumbador, esto debido a las actividades de cultivo de productos agrícolas como hortalizas, frijol, maíz, como también cultivo de plátano, banano, palma africana y también la explotación ganadera. El subuso con el 12.79% radica en los municipios de Tacaná, Malacatán, Catarina, Ayutla, La Blanca y Ocós, el subuso indica que los suelos no son aprovechados conforme su potencial, en este caso según lo que se tiene conocimiento es para actividades agroforestales, el subuso es notable, grandes cantidades de suelo no se están utilizando para producción de hule, así como también en la producción de plátano y banano, el área del departamento pudiera ser mejor utilizada. El sobre uso del 51.61% es debido a que la capacidad de los suelos es para actividades forestales y agroforestales, sin embargo en la actualidad se realizan otras actividades productivas como producción de hortalizas, frutales, café, maíz, esto se da en los municipios de Ixchiguán, Concepción Tutuapa, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Comitancillo, San Antonio Sacatepequez, San Lorenzo, La Reforma, El Quetzal, Catarina, San Pablo, Pajapita, Nuevo Progreso, El Tumbador, El Rodeo, Sibinal, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. c. Quetzaltenango. Con un 51.99% de uso correcto para los municipios de Concepción Chiquirichapa, San Martín, San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos, el suelo se utiliza para vivienda, en ciertos casos para la siembra y producción de papa. Los municipios de Coatepeque, Colomba, Genova, Flores, El Palmar son municipios que cuentan con desarrollo de viviendas, producción de café, banano, palma y hule. Los municipios de Zunil, Cantel, Quetzaltenango, San Mateo, San Francisco La Unión, San Carlos Sija se cuenta con un desarrollo más amplio de vivienda, sector turístico y producción de hortalizas, teniendo como principal producto el maíz, desarrollo de proyectos de vivienda en la mayoría de los municipios vecinos a Quetzaltenango, Salcajá cuenta con actividades frutícolas, manzana y durazno. El 20.55% de sub uso se da, aunque las pendientes no sean tan pronunciadas, se consideran por el porcentaje de la misma como aptas para cobertura forestal, mismo uso va cambiando de las especies nativas a productivas como café, banano, palma y hule. El 26.56% de sobre uso en este departamento se da por siembra de papa, en menor cantidad de hortalizas sin ningún tipo de mejoramiento del entorno o barreras vivas, principalmente en San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos, Sibilia, Cajolá. Al Este del municipio se encuentra la cantera para extracción de materiales y agregados para la construcción, crecimiento de proyectos de vivienda, al oeste las áreas protegidas Parque Nacional Cerro del Baúl, cerro candelaria al sur el cono volcánico Santa María y Santiaguito, esto se da principalmente en Quetzaltenango. d. Suchitepéquez. El uso correcto de 34.17% corresponde principalmente a la parte sur del departamento, en donde se ubica el parcelamiento La Máquina (hoy San José La Máquina), sector dedicado por excelencia a las actividades agrícolas. Aunque se indica un uso correcto urbanístico para la región de Mazatenango, esta ciudad crece desordenadamente, sin ningún tipo de normativa relacionada al ordenamiento del territorio. Alrededor de Mazatenango, en un radio no mayor a 10 kilómetros, se localizan diez municipios que, de acuerdo con el censo de 2018, conjuntamente tienen una población de 326,860 habitantes, equivalentes al 59% del total de la población del departamento, el uso correcto se da en los municipios de Mazatenango región norte y parcialmente región sur, San José La Máquina, Santo Domingo, San José El Ídolo y parte Norte de Chicacao, Santa Bárbara, Patulul, Pueblo Nuevo y Zunilito. El sub uso de 52.72% del departamento se observa en el territorio conformado por Mazatenango y los diez municipios que lo rodean. Se desarrolla principalmente a lo largo de la ruta CA – 02 y las carreteras secundarias que confluyen a esta. Son tierras que desde el punto de vista agrológico son de las mejores del país, pero que lastimosamente se han orientado principalmente hacia un uso de urbanización e industrialización, constituye la región entre la boca costa y la planicie costera del pacífico. Debido a la ausencia de orientación del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, es uno de los sectores más vulnerables a las inundaciones en época de lluvia (mayo – octubre) y riesgos por actividades antrópicas, además de que existen serios problemas para la fluidez de la circulación vehicular en el sector, ya que la carretera CA – 02 ha sido rebasada en su capacidad (actualmente solo 2 carriles). Se tiene planificado hacia el sur, una carretera libramiento de esta región, de cuatro carriles con inversión de capital privado (peaje). El sobre uso en el departamento que corresponde a 12.39% y cuyo problema se da principalmente en los alrededores y cercanías de las áreas urbanas a los ingenios azucareros de Palo Gordo (San Antonio); El Pilar y Tululá (Cuyotenango), ya que se producen altos niveles de contaminación ambiental, peligrosidad y lentitud del tránsito vehicular, esto debido a que no existe la infraestructura vial adecuada para agilizar la circulación del transporte de caña, sumado al transporte local y de paso por la ruta CA – 02. En el caso del municipio de Santo Tomás La Unión, la población a talado los bosques ubicados en los cerros para obtener leña y además poder utilizar dichas tierras con fines agrícolas de subsistencia, provocando además factores de riesgo de deslizamiento de tierras por saturación de agua, esto principalmente en la época de lluvia, esto principalmente en los municipios de Santo Tomás La Unión, San Antonio y Cuyotenango. e. Sololá. Con una extensión territorial total de 1,165 kilómetros cuadrados, posee un 34.17% de uso correcto en las áreas Nahuala, donde además se tiene un reglamento de Ordenamiento territorial, el uso correcto se basa en zonas urbanas, cultivos de hortalizas, las áreas con pendientes moderadas son utilizadas para esto, las áreas de montaña son usadas para bosque. El sobre uso en Santiago Atitlan, esas áreas deben de ser protegidas por la cercanía al lago, al existir hoteles, piscinas y otros centros de recreación lo que hacen es, producir aguas residuales y desechos que contaminan directamente el lago. El 47.81% de sobre uso, radica en la sobre explotación de los suelos en Solola, Santa Clara la Laguna, en cuanto a la producción de hortalizas exóticas de exportación como el colinabo, tomate de árbol, lechuga ácida, entre otros tipos de hortalizas, la sobre explotación en la producción de ejote y tomate. En áreas con pendientes leves, hay un 6.35% de sub uso en el municipio de Nahuala, Panajachel y Santa Catarina Palpo, atribuido al turismo. f. Totonicapán. Con un uso correcto de suelos de 54.24% en la producción agrícola de hortalizas en los municipios de Momostenango, Santa María Chiquimula y Totonicapán, siendo los lugares de mayor producción agrícola y mejor utilizados. El sobre uso de 37.74% se encuentra en la producción de avena, pinabete blanco y rojo (el sobre uso radica en la alteración de la densidad de siembra de pinabete, lo recomendado es a 5 metros pero se está usando a 2 metros entre árbol), el crecimiento de la frontera agrícola está acabando con los bosques, convirtiéndose en un uso incorrecto ya que son pendientes muy pronunciadas, en donde la cobertura forestal sirve de protección, la alteración del ecosistema da como resultado un sub uso del 7.27% como producto de la tala inmoderada de árboles, pudiendo aprovechar el recurso para planes de manejo, PINPET o PINFOR, o incluirlos en la Ley PROBOSQUE, el crecimiento de la frontera agrícola degrada los suelos categoría VI, VII, que son característicos de áreas boscosas y predominantes en zonas altas de Totonicapán. 21 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. En el mapa No. 6, se observa que en la Región VI, el uso correcto de los suelos comprende el 44.83 % del territorio, este territorio corresponde a las zonas que están siendo utilizados de acuerdo con su capacidad, es decir las áreas con cobertura forestal. Las áreas sobre utilizadas corresponden a las extensiones de terreno donde la vocación es forestal, pero que han sido ocupadas con actividades agropecuarias y centros poblados, el porcentaje es 30.70%. En general en todas partes de la región existen extensiones sobre utilizados. La problemática que produce es principalmente la exposición de los suelos a la erosión, lo que en consecuencia trae efectos ambientales y económicos para la población. a. Retalhuleu. Con un 67.35% de uso correcto en actividades de producción agrícolas de Maíz, Ajonjolí, Caña de Azúcar, Sandía, Tabaco, Ganadería, café en la parte alta, específicamente en los municipios de Retalhuleu, San Andrés Villa Seca, Champerico, Nuevo San Carlos, el territorio es planicie apta para cultivos y siembras, sin embargo, debe tener medidas de mitigación para ser amigable con el medio ambiente. El sub uso con el 28.17% se debe que parte del territorio que incluye los municipios de Retalhuleu, San Sebastián, Santa Cruz Muluá, San Martín Zapotitlán, San Felipe, San Andrés Villa Seca, Champerico, Nuevo San Carlos, El Asintal, es planicie y con poca inclinación sin embargo no tiene medidas de mitigación para proteger las riberas de ríos, manglares y en zonas de recarga hídrica, la producción de caña de azúcar, maíz, ajonjolí, siembra de frutales, piña, cacao, cerca de las riberas de río o recarga hídrica y la industrial de extracción de arena y piedra a la orilla de los ríos Samalá, Ocosito, rio Nil, está en subuso. El sobre uso del 3.36% en los municipios de Retalhuleu, San Felipe, Champerico, Nuevo San Carlos, la industria camaronera, ingenios azucareros, la sobre explotación de pesca, contaminación esteros, ríos y lagunas, la deforestación, urbanismo en la cabecera departamental, crecimiento de la zona urbana y periurbana sin regulaciones. b. San Marcos. En este departamento existen condiciones climáticas y de suelos que favorecen el desarrollo de actividades que coincidiendo con la capacidad de uso del suelo teniendo un uso correcto de 35.26% en los municipios de Tacana, Ixchiguán, San José Ojetenam, Sipacapa, Río Blanco, Tajumulco, San Rafael Pie de la Cuesta, La Blanca, Ocos, Ayutla, Catarina, San Cristóbal Cucho, El Tumbador, esto debido a las actividades de cultivo de productos agrícolas como hortalizas, frijol, maíz, como también cultivo de plátano, banano, palma africana y también la explotación ganadera. El subuso con el 12.79% radica en los municipios de Tacaná, Malacatán, Catarina, Ayutla, La Blanca y Ocós, el subuso indica que los suelos no son aprovechados conforme su potencial, en este caso según lo que se tiene conocimiento es para actividades agroforestales, el subuso es notable, grandes cantidades de suelo no se están utilizando para producción de hule, así como también en la producción de plátano y banano, el área del departamento pudiera ser mejor utilizada. El sobre uso del 51.61% es debido a que la capacidad de los suelos es para actividades forestales y agroforestales, sin embargo en la actualidad se realizan otras actividades productivas como producción de hortalizas, frutales, café, maíz, esto se da en los municipios de Ixchiguán, Concepción Tutuapa, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Comitancillo, San Antonio Sacatepequez, San Lorenzo, La Reforma, El Quetzal, Catarina, San Pablo, Pajapita, Nuevo Progreso, El Tumbador, El Rodeo, Sibinal, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. c. Quetzaltenango. Con un 51.99% de uso correcto para los municipios de Concepción Chiquirichapa, San Martín, San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos, el suelo se utiliza para vivienda, en ciertos casos para la siembra y producción de papa. Los municipios de Coatepeque, Colomba, Genova, Flores, El Palmar son municipios que cuentan con desarrollo de viviendas, producción de café, banano, palma y hule. Los municipios de Zunil, Cantel, Quetzaltenango, San Mateo, San Francisco La Unión, San Carlos Sija se cuenta con un desarrollo más amplio de vivienda, sector turístico y producción de hortalizas, teniendo como principal producto el maíz, desarrollo de proyectos de vivienda en la mayoría de los municipios vecinos a Quetzaltenango, Salcajá cuenta con actividades frutícolas, manzana y durazno. El 20.55% de sub uso se da, aunque las pendientes no sean tan pronunciadas, se consideran por el porcentaje de la misma como aptas para cobertura forestal, mismo uso va cambiando de las especies nativas a productivas como café, banano, palma y hule. El 26.56% de sobre uso en este departamento se da por siembra de papa, en menor cantidad de hortalizas sin ningún tipo de mejoramiento del entorno o barreras vivas, principalmente en San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos, Sibilia, Cajolá. Al Este del municipio se encuentra la cantera para extracción de materiales y agregados para la construcción, crecimiento de proyectos de vivienda, al oeste las áreas protegidas Parque Nacional Cerro del Baúl, cerro candelaria al sur el cono volcánico Santa María y Santiaguito, esto se da principalmente en Quetzaltenango. d. Suchitepéquez. El uso correcto de 34.17% corresponde principalmente a la parte sur del departamento, en donde se ubica el parcelamiento La Máquina (hoy San José La Máquina), sector dedicado por excelencia a las actividades agrícolas. Aunque se indica un uso correcto urbanístico para la región de Mazatenango, esta ciudad crece desordenadamente, sin ningún tipo de normativa relacionada al ordenamiento del territorio. Alrededor de Mazatenango, en un radio no mayor a 10 kilómetros, se localizan diez municipios que, de acuerdo con el censo de 2018, conjuntamente tienen una población de 326,860 habitantes, equivalentes al 59% del total de la población del departamento, el uso correcto se da en los municipios de Mazatenango región norte y parcialmente región sur, San José La Máquina, Santo Domingo, San José El Ídolo y parte Norte de Chicacao, Santa Bárbara, Patulul, Pueblo Nuevo y Zunilito. El sub uso de 52.72% del departamento se observa en el territorio conformado por Mazatenango y los diez municipios que lo rodean. Se desarrolla principalmente a lo largo de la ruta CA – 02 y las carreteras secundarias que confluyen a esta. Son tierras que desde el punto de vista agrológico son de las mejores del país, pero que lastimosamente se han orientado principalmente hacia un uso de urbanización e industrialización, constituye la región entre la boca costa y la planicie costera del pacífico. Debido a la ausencia de orientación del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, es uno de los sectores más vulnerables a las inundaciones en época de lluvia (mayo – octubre) y riesgos por actividades antrópicas, además de que existen serios problemas para la fluidez de la circulación vehicular en el sector, ya que la carretera CA – 02 ha sido rebasada en su capacidad (actualmente solo 2 carriles). Se tiene planificado hacia el sur, una carretera libramiento de esta región, de cuatro carriles con inversión de capital privado (peaje). El sobre uso en el departamento que corresponde a 12.39% y cuyo problema se da principalmente en los alrededores y cercanías de las áreas urbanas a los ingenios azucareros de Palo Gordo (San Antonio); El Pilar y Tululá (Cuyotenango), ya que se producen altos niveles de contaminación ambiental, peligrosidad y lentitud del tránsito vehicular, esto debido a que no existe la infraestructura vial adecuada para agilizar la circulación del transporte de caña, sumado al transporte local y de paso por la ruta CA – 02. En el caso del municipio de Santo Tomás La Unión, la población a talado los bosques ubicados en los cerros para obtener leña y además poder utilizar dichas tierras con fines agrícolas de subsistencia, provocando además factores de riesgo de deslizamiento de tierras por saturación de agua, esto principalmente en la época de lluvia, esto principalmente en los municipios de Santo Tomás La Unión, San Antonio y Cuyotenango. e. Sololá. Con una extensión territorial total de 1,165 kilómetros cuadrados, posee un 34.17% de uso correcto en las áreas Nahuala, donde además se tiene un reglamento de Ordenamiento territorial, el uso correcto se basa en zonas urbanas, cultivos de hortalizas, las áreas con pendientes moderadas son utilizadas para esto, las áreas de montaña son usadas para bosque. El sobre uso en Santiago Atitlan, esas áreas deben de ser protegidas por la cercanía al lago, al existir hoteles, piscinas y otros centros de recreación lo que hacen es, producir aguas residuales y desechos que contaminan directamente el lago. El 47.81% de sobre uso, radica en la sobre explotación de los suelos en Solola, Santa Clara la Laguna, en cuanto a la producción de hortalizas exóticas de exportación como el colinabo, tomate de árbol, lechuga ácida, entre otros tipos de hortalizas, la sobre explotación en la producción de ejote y tomate. En áreas con pendientes leves, hay un 6.35% de sub uso en el municipio de Nahuala, Panajachel y Santa Catarina Palpo, atribuido al turismo. f. Totonicapán. Con un uso correcto de suelos de 54.24% en la producción agrícola de hortalizas en los municipios de Momostenango, Santa María Chiquimula y Totonicapán, siendo los lugares de mayor producción agrícola y mejor utilizados. El sobre uso de 37.74% se encuentra en la producción de avena, pinabete blanco y rojo (el sobre uso radica en la alteración de la densidad de siembra de pinabete, lo recomendado es a 5 metros pero se está usando a 2 metros entre árbol), el crecimiento de la frontera agrícola está acabando con los bosques, convirtiéndose en un uso incorrecto ya que son pendientes muy pronunciadas, en donde la cobertura forestal sirve de protección, la alteración del ecosistema da como resultado un sub uso del 7.27% como producto de la tala inmoderada de árboles, pudiendo aprovechar el recurso para planes de manejo, PINPET o PINFOR, o incluirlos en la Ley PROBOSQUE, el crecimiento de la frontera agrícola degrada los suelos categoría VI, VII, que son característicos de áreas boscosas y predominantes en zonas altas de Totonicapán. 22 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. En el mapa No. 6, se observa que en la Región VI, el uso correcto de los suelos comprende el 44.83 % del territorio, este territorio corresponde a las zonas que están siendo utilizados de acuerdo con su capacidad, es decir las áreas con cobertura forestal. Las áreas sobre utilizadas corresponden a las extensiones de terreno donde la vocación es forestal, pero que han sido ocupadas con actividades agropecuarias y centros poblados, el porcentaje es 30.70%. En general en todas partes de la región existen extensiones sobre utilizados. La problemática que produce es principalmente la exposición de los suelos a la erosión, lo que en consecuencia trae efectos ambientales y económicos para la población. a. Retalhuleu. Con un 67.35% de uso correcto en actividades de producción agrícolas de Maíz, Ajonjolí, Caña de Azúcar, Sandía, Tabaco, Ganadería, café en la parte alta, específicamente en los municipios de Retalhuleu, San Andrés Villa Seca, Champerico, Nuevo San Carlos, el territorio es planicie apta para cultivos y siembras, sin embargo, debe tener medidas de mitigación para ser amigable con el medio ambiente. El sub uso con el 28.17% se debe que parte del territorio que incluye los municipios de Retalhuleu, San Sebastián, Santa Cruz Muluá, San Martín Zapotitlán, San Felipe, San Andrés Villa Seca, Champerico, Nuevo San Carlos, El Asintal, es planicie y con poca inclinación sin embargo no tiene medidas de mitigación para proteger las riberas de ríos, manglares y en zonas de recarga hídrica, la producción de caña de azúcar, maíz, ajonjolí, siembra de frutales, piña, cacao, cerca de las riberas de río o recarga hídrica y la industrial de extracción de arena y piedra a la orilla de los ríos Samalá, Ocosito, rio Nil, está en subuso. El sobre uso del 3.36% en los municipios de Retalhuleu, San Felipe, Champerico, Nuevo San Carlos, la industria camaronera, ingenios azucareros, la sobre explotación de pesca, contaminación esteros, ríos y lagunas, la deforestación, urbanismo en la cabecera departamental, crecimiento de la zona urbana y periurbana sin regulaciones. b. San Marcos. En este departamento existen condiciones climáticas y de suelos que favorecen el desarrollo de actividades que coincidiendo con la capacidad de uso del suelo teniendo un uso correcto de 35.26% en los municipios de Tacana, Ixchiguán, San José Ojetenam, Sipacapa, Río Blanco, Tajumulco, San Rafael Pie de la Cuesta, La Blanca, Ocos, Ayutla, Catarina, San Cristóbal Cucho, El Tumbador, esto debido a las actividades de cultivo de productos agrícolas como hortalizas, frijol, maíz, como también cultivo de plátano, banano, palma africana y también la explotación ganadera. El subuso con el 12.79% radica en los municipios de Tacaná, Malacatán, Catarina, Ayutla, La Blanca y Ocós, el subuso indica que los suelos no son aprovechados conforme su potencial, en este caso según lo que se tiene conocimiento es para actividades agroforestales, el subuso es notable, grandes cantidades de suelo no se están utilizando para producción de hule, así como también en la producción de plátano y banano, el área del departamento pudiera ser mejor utilizada. El sobre uso del 51.61% es debido a que la capacidad de los suelos es para actividades forestales y agroforestales, sin embargo en la actualidad se realizan otras actividades productivas como producción de hortalizas, frutales, café, maíz, esto se da en los municipios de Ixchiguán, Concepción Tutuapa, Tejutla, San Miguel Ixtahuacán, Comitancillo, San Antonio Sacatepequez, San Lorenzo, La Reforma, El Quetzal, Catarina, San Pablo, Pajapita, Nuevo Progreso, El Tumbador, El Rodeo, Sibinal, San Pedro Sacatepéquez, San Marcos. c. Quetzaltenango. Con un 51.99% de uso correcto para los municipios de Concepción Chiquirichapa, San Martín, San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos, el suelo se utiliza para vivienda, en ciertos casos para la siembra y producción de papa. Los municipios de Coatepeque, Colomba, Genova, Flores, El Palmar son municipios que cuentan con desarrollo de viviendas, producción de café, banano, palma y hule. Los municipios de Zunil, Cantel, Quetzaltenango, San Mateo, San Francisco La Unión, San Carlos Sija se cuenta con un desarrollo más amplio de vivienda, sector turístico y producción de hortalizas, teniendo como principal producto el maíz, desarrollo de proyectos de vivienda en la mayoría de los municipios vecinos a Quetzaltenango, Salcajá cuenta con actividades frutícolas, manzana y durazno. El 20.55% de sub uso se da, aunque las pendientes no sean tan pronunciadas, se consideran por el porcentaje de la misma como aptas para cobertura forestal, mismo uso va cambiando de las especies nativas a productivas como café, banano, palma y hule. El 26.56% de sobre uso en este departamento se da por siembra de papa, en menor cantidad de hortalizas sin ningún tipo de mejoramiento del entorno o barreras vivas, principalmente en San Juan Ostuncalco, Palestina de los Altos, Sibilia, Cajolá. Al Este del municipio se encuentra la cantera para extracción de materiales y agregados para la construcción, crecimiento de proyectos de vivienda, al oeste las áreas protegidas Parque Nacional Cerro del Baúl, cerro candelaria al sur el cono volcánico Santa María y Santiaguito, esto se da principalmente en Quetzaltenango. d. Suchitepéquez. El uso correcto de 34.17% corresponde principalmente a la parte sur del departamento, en donde se ubica el parcelamiento La Máquina (hoy San José La Máquina), sector dedicado por excelencia a las actividades agrícolas. Aunque se indica un uso correcto urbanístico para la región de Mazatenango, esta ciudad crece desordenadamente, sin ningún tipo de normativa relacionada al ordenamiento del territorio. Alrededor de Mazatenango, en un radio no mayor a 10 kilómetros, se localizan diez municipios que, de acuerdo con el censo de 2018, conjuntamente tienen una población de 326,860 habitantes, equivalentes al 59% del total de la población del departamento, el uso correcto se da en los municipios de Mazatenango región norte y parcialmente región sur, San José La Máquina, Santo Domingo, San José El Ídolo y parte Norte de Chicacao, Santa Bárbara, Patulul, Pueblo Nuevo y Zunilito. El sub uso de 52.72% del departamento se observa en el territorio conformado por Mazatenango y los diez municipios que lo rodean. Se desarrolla principalmente a lo largo de la ruta CA – 02 y las carreteras secundarias que confluyen a esta. Son tierras que desde el punto de vista agrológico son de las mejores del país, pero que lastimosamente se han orientado principalmente hacia un uso de urbanización e industrialización, constituye la región entre la boca costa y la planicie costera del pacífico. Debido a la ausencia de orientación del desarrollo urbano y ordenamiento del territorio, es uno de los sectores más vulnerables a las inundaciones en época de lluvia (mayo – octubre) y riesgos por actividades antrópicas, además de que existen serios problemas para la fluidez de la circulación vehicular en el sector, ya que la carretera CA – 02 ha sido rebasada en su capacidad (actualmente solo 2 carriles). Se tiene planificado hacia el sur, una carretera libramiento de esta región, de cuatro carriles con inversión de capital privado (peaje). El sobre uso en el departamento que corresponde a 12.39% y cuyo problema se da principalmente en los alrededores y cercanías de las áreas urbanas a los ingenios azucareros de Palo Gordo (San Antonio); El Pilar y Tululá (Cuyotenango), ya que se producen altos niveles de contaminación ambiental, peligrosidad y lentitud del tránsito vehicular, esto debido a que no existe la infraestructura vial adecuada para agilizar la circulación del transporte de caña, sumado al transporte local y de paso por la ruta CA – 02. En el caso del municipio de Santo Tomás La Unión, la población a talado los bosques ubicados en los cerros para obtener leña y además poder utilizar dichas tierras con fines agrícolas de subsistencia, provocando además factores de riesgo de deslizamiento de tierras por saturación de agua, esto principalmente en la época de lluvia, esto principalmente en los municipios de Santo Tomás La Unión, San Antonio y Cuyotenango. e. Sololá. Con una extensión territorial total de 1,165 kilómetros cuadrados, posee un 34.17% de uso correcto en las áreas Nahuala, donde además se tiene un reglamento de Ordenamiento territorial, el uso correcto se basa en zonas urbanas, cultivos de hortalizas, las áreas con pendientes moderadas son utilizadas para esto, las áreas de montaña son usadas para bosque. El sobre uso en Santiago Atitlan, esas áreas deben de ser protegidas por la cercanía al lago, al existir hoteles, piscinas y otros centros de recreación lo que hacen es, producir aguas residuales y desechos que contaminan directamente el lago. El 47.81% de sobre uso, radica en la sobre explotación de los suelos en Solola, Santa Clara la Laguna, en cuanto a la producción de hortalizas exóticas de exportación como el colinabo, tomate de árbol, lechuga ácida, entre otros tipos de hortalizas, la sobre explotación en la producción de ejote y tomate. En áreas con pendientes leves, hay un 6.35% de sub uso en el municipio de Nahuala, Panajachel y Santa Catarina Palpo, atribuido al turismo. f. Totonicapán. Con un uso correcto de suelos de 54.24% en la producción agrícola de hortalizas en los municipios de Momostenango, Santa María Chiquimula y Totonicapán, siendo los lugares de mayor producción agrícola y mejor utilizados. El sobre uso de 37.74% se encuentra en la producción de avena, pinabete blanco y rojo (el sobre uso radica en la alteración de la densidad de siembra de pinabete, lo recomendado es a 5 metros pero se está usando a 2 metros entre árbol), el crecimiento de la frontera agrícola está acabando con los bosques, convirtiéndose en un uso incorrecto ya que son pendientes muy pronunciadas, en donde la cobertura forestal sirve de protección, la alteración del ecosistema da como resultado un sub uso del 7.27% como producto de la tala inmoderada de árboles, pudiendo aprovechar el recurso para planes de manejo, PINPET o PINFOR, o incluirlos en la Ley PROBOSQUE, el crecimiento de la frontera agrícola degrada los suelos categoría VI, VII, que son característicos de áreas boscosas y predominantes en zonas altas de Totonicapán. 23 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. Mapa No. 6: Mapa de Intensidad de uso del suelo, Región VI. MAGA 2021 24 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 1.2.7 Región VII. El 36.78% del territorio se encuentra sobre utilizado. Por la topografía de este territorio, alrededor del 60 % del área de estos departamentos, son de capacidad forestal; debido a las necesidades de subsistencia, la población utiliza estos terrenos para la producción agrícola: maíz, frijol y hortalizas. a. Huehuetenango, es quien tiene mayor porcentaje de sobreuso del suelo, 38.80%, en comparación con Quiché que tiene el 34.74 %, es importante resaltar que el departamento de Quiché cuenta con áreas protegidas, entre ellas: Laguna de Lachúa, Reserva de Biósfera de Visis Cabá. En el caso de los municipios de Ixcán y Uspantán, el uso actual del suelo ha variado sustancialmente ya que al área boscosa se ha reducido anualmente, para dar paso a la siembra de cultivos tales como el cardamomo, palma africana, café, granos básicos (maíz y frijol) y ganadería. El uso correcto del suelo en esta Región, se considera alta siendo el 42.18%, son suelos de capacidad forestal y contaban con cobertura forestal. b. Quiche. En este departamento La totalidad de los municipios se dedican a la siembra de granos básicos, especialmente: maíz y frijol. · En proyectos forestales, destacan los municipios de Ixcan, Chajul, Cotzal, Nebaj, Cunén, Uspantan, Chicamán, Sacapulas, San Bartolomé Jocotenango, Chinique, Chiché, Zacualpa, Joyabaj, Pachalum. Lo cual nos da un 44.74% de uso correcto del suelo. Un porcentaje de sub uso del 20.29% corresponde a siembra de hortalizas en los municipios de Uspantán, Cunén, Sacapulas, San Antonio Ilotenango, Joyabaj, proyectos agroforestales, como frutales, aguacate Hass, café en Chichicastenango, Nebaj, Chajul, Cotzal, Uspantán, Chicamán, Santa Cruz del Quiché. En el municipio de Chiché son áreas poco explotadas. El sobre uso del suelo radica en el establecimiento de centros poblados habiendo un 34.74%, así como también la sobre explotación forestal. 25 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. El 36.78% del territorio se encuentra sobre utilizado. Por la topografía de este territorio, alrededor del 60 % del área de estos departamentos, son de capacidad forestal; debido a las necesidades de subsistencia, la población utiliza estos terrenos para la producción agrícola: maíz, frijol y hortalizas. a. Huehuetenango, es quien tiene mayor porcentaje de sobreuso del suelo, 38.80%, en comparación con Quiché que tiene el 34.74 %, es importante resaltar que el departamento de Quiché cuenta con áreas protegidas, entre ellas: Laguna de Lachúa, Reserva de Biósfera de Visis Cabá. En el caso de los municipios de Ixcán y Uspantán, el uso actual del suelo ha variado sustancialmente ya que al área boscosa se ha reducido anualmente, para dar paso a la siembra de cultivos tales como el cardamomo, palma africana, café, granos básicos (maíz y frijol) y ganadería. El uso correcto del suelo en esta Región, se considera alta siendo el 42.18%, son suelos de capacidad forestal y contaban con cobertura forestal. b. Quiche. En este departamento La totalidad de los municipios se dedican a la siembra de granos básicos, especialmente: maíz y frijol. · En proyectos forestales, destacan los municipios de Ixcan, Chajul, Cotzal, Nebaj, Cunén, Uspantan, Chicamán, Sacapulas, San Bartolomé Jocotenango, Chinique, Chiché, Zacualpa, Joyabaj, Pachalum. Lo cual nos da un 44.74% de uso correcto del suelo. Un porcentaje de sub uso del 20.29% corresponde a siembra de hortalizas en los municipios de Uspantán, Cunén, Sacapulas, San Antonio Ilotenango, Joyabaj, proyectos agroforestales, como frutales, aguacate Hass, café en Chichicastenango, Nebaj, Chajul, Cotzal, Uspantán, Chicamán, Santa Cruz del Quiché. En el municipio de Chiché son áreas poco explotadas. El sobre uso del suelo radica en el establecimiento de centros poblados habiendo un 34.74%, así como también la sobre explotación forestal. Mapa No. 7: Mapa de Intensidad de uso del suelo, Región VII. MAGA 2021 26 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. 1.2.8 Región VIII. Se observa que el 57.31 % del territorio se encuentra en uso correcto; para el año 2010, el área cubierta de bosque es de 49.67%, el área de pastos naturales es de 8.66% y cultivado de 18.46% sumando un total de 27.12%, arbustos contiene un 11.70%, mientras que el área de granos básicos es de 5.89%. La mayoría del área boscosa corresponde a áreas protegidas y las zonas agrícolas y ganaderas corresponden a fincas privadas, indicando un uso apropiado de la tierra de acuerdo con su capacidad. La mayoría de los conflictos de uso actuales se dan en áreas urbanas y zonas invadidas de áreas protegidas, SEGEPLAN, 2011. El departamento de Petén presenta dinámicas agrarias demarcadas alrededor de las principales actividades productivas del departamento. La división del mismo en Áreas Protegidas y zonas agropecuarias de producción debería permitir una consolidación de ambas categorías de ordenamiento, sin embargo la debilidad institucional permite que la actividades productivas agropecuarias amenacen la integridad de las Áreas Protegidas al punto de hacer casi desaparecer las arreas protegidas del Sur y poner en riesgo inminente la Reserva de Biósfera Maya, a pesar de que existen en el departamento zonas específicas para producción agropecuarias definidas desde 1974 por el FYDEP, SEGEPLAN, 2011. El área de sobre uso es el 13.35%; la deforestación ha impactado fuertemente en los últimos 20 años al departamento de Petén, sin embargo, en los últimos 8 años se estima una pérdida del 7% de la cobertura forestal del departamento. Ello representa una tasa de deforestación equivalente a 31,600 ha/año, o 316 km2/año, cerca del 1% al año. El departamento presenta una problemática creciente con respecto el avance de la frontera agrícola en la región de la Libertad hacia la Biosfera Maya y en las áreas protegidas del sur de Petén. El Petén tiene un uso adecuado de la mayoría de su territorio el cual ha sido declarado área protegida, por lo cual los conflictos más importantes de uso de la tierra se dan sobre las áreas protegidas. Peten posee la mayor superficie de área ganadera de Guatemala y también la mayor área protegida del país. El uso de la tierra está siendo orientada en algunas zonas como Sayaxché hacia el cultivo de Palma africana. El establecimiento de plantaciones de Palma Africana ha tenido un impacto negativo en la estructura agraria del departamento, promoviendo la reconcentración de la tierra. También tiene efectos económicos negativos, ya que sustituye las pequeñas fincas productoras de granos básicos y las transforma en producción extensiva de aceite con poca demanda de mano de obra. Otros efectos negativos se estima que es la utilización excesiva de agroquímicos y la alta demanda de recursos hídricos que constituyen un peligro inminente para otros productores que tendrían demanda del mismo. Para áreas como Sayaxché, la ganadería y la agroindustria con la producción de aceite de palma africana se han consolidado como motores importantes de la economía local ya que la misma se nutre principalmente de la agricultura que es un rubro en crecimiento. Aunque existe en menor grado ganadería y turismo, la pesca artesanal, es seguro que la fuente más importante para las familias del municipio es la compraventa de granos básicos. Además, en los últimos años se ha observado un incremento en algún tipo de industria especialmente de extracción de aceite de la palma africana. Sin embargo, ha afectado la fuente más importante para las familias del municipio que es la compraventa de granos básicos. 27 Constituida por los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, con un 46.59% de uso correcto del suelo, según el mapa No. 2, esta región se encuentra con áreas dedicadas a la explotación forestal. a. Alta Verapaz para el año 2010 el área cubierta de bosque es de 31.66%, el área de pastos naturales es de 3.76 y cultivado de 6.07% sumando un total de 9.83%, arbustos contiene un 18.30%, mientras que el área de granos básicos es de 16.69%, el departamento cuenta con un 48.71% de uso correcto. b. Baja Verapaz, segundo departamento de la región II, caracterizado por tener un 39.15% de uso correcto del suelo precisamente en uso agrícola y forestal, Producción de café, loroco, árboles frutales, hortalizas, granos básicos, ejote francés, camote en el departamento de Salamá, mientas que, en San Miguel Chicaj, la producción de manía es importante, así como el buen uso del suelo para explotación forestal, resinación de pino, agroforestería, arreglos silvopastoriles. Se concluye de los talleres participativos del proceso PDM-OT, que en el municipio no se ha registrado cambios severos en el uso del territorio, ni se registra conflictos sociales por incompatibilidad de usos, en los municipios de Rabinal, Cubulco, Granados y Santa Cruz el Chol, en San Jerónimo se registra el uso correcto de suelo precisamente en la Unidad de riego de San Jerónimo y Salamá destinada a cultivos limpios, hortalizas como ejote francés, tomates, maíz dulce. Al hablar del sobre uso, decimos que posee 40.91% en ganadería intensiva, provocando alteraciones en áreas de protección forestal, 20% Según el PDM-OT, (SEGEPLAN, 2020) Existen áreas de vocación agrícola a nivel de los valles que son subutilizadas dado que no cuentan con sistemas de riego tecnificados o fuentes de agua para aprovechar su potencial. El 24.95% del territorio del departamento, está subutilizado según PDM-OT (SEGEPLAN, 2019), debido a la falta de fuentes de agua para riego o a la escaza tecnificación de los sistemas de riego existentes, esto se da principalmente en los municipios de Rabinal y Cubulco; en el municipio de Granados en la cuenca del Motagua existen áreas subutilizadas dedicadas a ganadería extensiva o cultivos anuales de bajo nivel tecnológico, igualmente sucede en El Chol, en las comunidades de Lo de Reyes, Las Escobas, Los Lochuyes, Rancho Sentado, Ojo de Agua, Los amates y Los Quequesques, siendo evidente estas áreas como arbustivas y sub utilizadas. Con el 40.91% del territorio se registra un sobre uso del suelo extendiéndose a actividades de ganadería intensiva, producción de granos básicos y hortalizas, uso agrícola específicamente en cultivo de tomate, chile pimiento, güisquil, papa, es eminente el abuso de plaguicidas en cultivos, deterioro de zona media y alta de microcuencas, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable esto se da principalmente en Salamá, el mal uso del suelo en deforestación para provisión de leña, deterioro de los bosques de galería, cultivos limpios en la zona media y alta del río San Miguel, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua potable para Rabinal y Cubulco es alarmante; se estima que alrededor de la mitad del territorio de Baja Verapaz se encuentra dentro del corredor seco guatemalteco, es decir, alrededor de 1,500 Km cuadrados. Gran parte del área de vocación forestal es utilizada para cultivos limpios y aprovechamiento forestales, estos terrenos posteriormente son convertidos en áreas agrícolas para cultivos de papa, güisquil, alterando el equilibrio ecológico; la capacidad de recarga y acelerando el deterioro ambiental, así como la disponibilidad de servicios como agua potable en las poblaciones aguas abajo en los valles centrales de Baja Verapaz, se tiene alrededor del 28% de cobertura forestal y alrededor de 80 % de vocación forestal según el INAB. En el área urbana, las áreas de vocación agrícola son utilizadas con servicio de comercio mixto vivienda; y a la vez áreas de cultivos, mismos que presentan amenaza de contaminación con plaguicidas debido a la cercanía de las viviendas. En área de la Unidad de Riego se ha notado el cambio drástico de uso de suelo, siendo en su mayoría utilizado para vivienda, al extremo de desembocar las aguas negras al canal de riego afectando a productores del área, reducción de capacidad de provisión de servicios ambientales, especialmente agua, esto se da principalmente en los municipios de San Jerónimo y Purulhá. Se observa que el 57.31 % del territorio se encuentra en uso correcto; para el año 2010, el área cubierta de bosque es de 49.67%, el área de pastos naturales es de 8.66% y cultivado de 18.46% sumando un total de 27.12%, arbustos contiene un 11.70%, mientras que el área de granos básicos es de 5.89%. La mayoría del área boscosa corresponde a áreas protegidas y las zonas agrícolas y ganaderas corresponden a fincas privadas, indicando un uso apropiado de la tierra de acuerdo con su capacidad. La mayoría de los conflictos de uso actuales se dan en áreas urbanas y zonas invadidas de áreas protegidas, SEGEPLAN, 2011. El departamento de Petén presenta dinámicas agrarias demarcadas alrededor de las principales actividades productivas del departamento. La división del mismo en Áreas Protegidas y zonas agropecuarias de producción debería permitir una consolidación de ambas categorías de ordenamiento, sin embargo la debilidad institucional permite que la actividades productivas agropecuarias amenacen la integridad de las Áreas Protegidas al punto de hacer casi desaparecer las arreas protegidas del Sur y poner en riesgo inminente la Reserva de Biósfera Maya, a pesar de que existen en el departamento zonas específicas para producción agropecuarias definidas desde 1974 por el FYDEP, SEGEPLAN, 2011. El área de sobre uso es el 13.35%; la deforestación ha impactado fuertemente en los últimos 20 años al departamento de Petén, sin embargo, en los últimos 8 años se estima una pérdida del 7% de la cobertura forestal del departamento. Ello representa una tasa de deforestación equivalente a 31,600 ha/año, o 316 km2/año, cerca del 1% al año. El departamento presenta una problemática creciente con respecto el avance de la frontera agrícola en la región de la Libertad hacia la Biosfera Maya y en las áreas protegidas del sur de Petén. El Petén tiene un uso adecuado de la mayoría de su territorio el cual ha sido declarado área protegida, por lo cual los conflictos más importantes de uso de la tierra se dan sobre las áreas protegidas. Peten posee la mayor superficie de área ganadera de Guatemala y también la mayor área protegida del país. El uso de la tierra está siendo orientada en algunas zonas como Sayaxché hacia el cultivo de Palma africana. El establecimiento de plantaciones de Palma Africana ha tenido un impacto negativo en la estructura agraria del departamento, promoviendo la reconcentración de la tierra. También tiene efectos económicos negativos, ya que sustituye las pequeñas fincas productoras de granos básicos y las transforma en producción extensiva de aceite con poca demanda de mano de obra. Otros efectos negativos se estima que es la utilización excesiva de agroquímicos y la alta demanda de recursos hídricos que constituyen un peligro inminente para otros productores que tendrían demanda del mismo. Para áreas como Sayaxché, la ganadería y la agroindustria con la producción de aceite de palma africana se han consolidado como motores importantes de la economía local ya que la misma se nutre principalmente de la agricultura que es un rubro en crecimiento. Aunque existe en menor grado ganadería y turismo, la pesca artesanal, es seguro que la fuente más importante para las familias del municipio es la compraventa de granos básicos. Además, en los últimos años se ha observado un incremento en algún tipo de industria especialmente de extracción de aceite de la palma africana. Sin embargo, ha afectado la fuente más importante para las familias del municipio que es la compraventa de granos básicos. Mapa No. 8: Mapa de Intensidad de uso del suelo, Región VIII. MAGA 2021 28 Aprobado en opinión 01-2019 de la Comisión de Desarrollo Urbano y Rural del CONADUR, de fecha 19 de diciembre. 8.- INFORMACIÓN SOBRE LAS CAUSAS 2. Acorde a la propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, 20198, el uso actual de la tierra y el suelo, en condiciones ideales, debería depender de las características biofísicas, de las condiciones medio ambientales (aptitud potencial de uso del suelo) y obedecer a patrones de utilización de orden económico, social y cultural, coincidiendo entre sí, sin que ocurran problemas de deterioro y pérdida de los recursos. El análisis causal del problema permitió identificar 4 causas directas: i) Bajos niveles de gobernanza de la tierra; ii) Ausencia de ocupación estratégica del territorio; iii) Débil regulación y control del uso del territorio, y; iv) Migración y desplazamiento interno (ver Figura 1). Para cada causa directa se reconocen causas indirectas de primer nivel, tal y como se expone en los siguientes aparados. Figura 1. Problema central y causas directas. Uso y ocupación inadecuada del territorio i) Bajos niveles de gobernanza de la tierra ii) Ausencia de ocupación estratégica del territorio iii) Débil regulación y control del uso del territorio iv) Migración y Desplazamiento interno Fuente: Propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Comisión de Desarrollo urbano y rural del CONADUR, 2019. 29 Bajos niveles de gobernanza de la tierra 1.1 Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria. México, D. F., 6 de mayo de 1996.9.- Con el objetivo de comprender la magnitud de los bajos niveles de gobernanza de la tierra que presenta Guatemala, se considera importante revisar algunas consideraciones que contextualiza al país, y que además constituyen temas sustantivos en los compromisos asumidos por el Estado de Guatemala en los Acuerdos de Paz, específicamente en el Acuerdo Sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria: “La resolución de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural, y que es la más afectada por la pobreza, la pobreza extrema, las inequidades y la debilidad de las instituciones estatales. La trasformación de la estructura de la tenencia de la tierra y el uso de la tierra debe tener como objetivo la incorporación de la población rural al desarrollo económico, social y político, a fin de que la tierra constituya la base de su estabilidad económica, bienestar social y garantía de su libertad y dignidad. 30 Desde la conquista hasta nuestros días, los acontecimientos históricos, a menudo trágicos, han dejado secuelas profundas en las relaciones étnicas, sociales y económicas alrededor de la propiedad y de la explotación del recurso tierra. Han llevado a una situación de concentración de recursos que contrasta con la pobreza de la mayoría, lo cual obstaculiza el desarrollo del país en su conjunto. Por consiguiente, la resolución de la situación agraria es un proceso complejo que abarca múltiples aspectos de la vida rural, desde la modernización de las modalidades de producción y de cultivo, hasta la protección del ambiente, pasando por la seguridad de la propiedad”9. MINUGUA. Los conflictos en Guatemala: un reto para la sociedad y el Estado. Informe de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala. Febrero de 2001, p. 16. Montes Lira, Pedro Felipe. El Ordenamiento Territorial como opción de políticas urbanas y regionales en América Latina y el Caribe. Revista Medio Ambiente y Desarrollo, serie 45. Santiago de Chile, diciembre de 2001, p. 8. 10.- 11.- Los informes de verificación de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA:2001) señala que la conflictividad sobre la tierra se profundiza por la falta de catastro nacional, la insuficiencia del Registro General de la Propiedad y la falta de jurisdicción agraria, aspectos expresamente contemplados en los Acuerdos de paz. Esta conflictividad reviste especial relevancia ya que en el medio rural habita el 60% de la población y la tierra es su fuente principal de ingresos y empleo (…)10. Por otra parte, se han tomado en consideración otros elementos subyacentes que tienen relación directa con la problemática de la tierra, como lo plantea la CEPAL “Las crecientes necesidades humanas y el aumento de las actividades económicas ejercen una presión cada vez mayor sobre los recursos de tierras, suscitan la competencia y los conflictos y llevan a un uso impropio de la tierra y los recursos. Si se quiere satisfacer en el futuro las necesidades humanas de manera sostenible, es esencial resolver ahora estos conflictos y encaminarse hacia un uso más eficaz y eficiente de la tierra y sus recursos naturales. Un enfoque integrado de la planificación y gestión del medio físico y del uso de la tierra es una forma eminentemente práctica de lograrlo. Examinando todos los usos de la tierra de manera integrada, se pueden reducir al mínimo los conflictos y obtener el equilibro más eficaz y se puede vincular el desarrollo social y económico con la protección y el mejoramiento del medio ambiente, contribuyendo así a lograr los objetivos del desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 1992, p. 91)11. Acorde a estudios específicos de la situación de la gobernanza de la tierra en Guatemala (Land Governance Assessment Framework -LGAF- por sus siglas en inglés) cuyos resultados pretenden ser una herramienta de evaluación e identificación de los puntos débiles y aportar elementos fundamentales para lograr la mejora de la gobernanza que realiza la institucionalidad, el tema pasa por los ámbitos: i) Reconocimiento de tierras y respeto de los derechos existentes, ii) Ordenamiento, gestión y tributación de tierras, iii) Gestión de tierras públicas, iv) Provisión pública de información sobre tierras y, v) Resolución y gestión de conflictos. Al respecto, el país cuenta con un marco legal e institucional para asumir el reconocimiento de los derechos de tierras, el acceso de tierras en área rural está delegado a Fontierras, el proceso de catastro al Registro de Información Catastral –RIC-, el registro al Registro General de la Propiedad -RGP- y la solución de conflictos sociales a la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (COPADEH); la promoción de los derechos de tierra como factor para estimular el desarrollo rural integral está a cargo del MAGA. El mismo estudio concluye en que el fortalecimiento de la institucionalidad agraria constituye un paso necesario para avanzar en el reconocimiento de los Derechos de Tierras y, entre sus principales desafíos se encuentra la necesidad de dar mayor reconocimiento a los derechos consuetudinarios sobre las tierras comunales e indígenas. También, desataca el hecho de que las ciudades más grandes de 31 TECHO - Guatemala. (2015). Censo de Asentamientos Informales. Guatemala: Autor. (Guatemala, Villa Nueva, Mixco, Chinautla y San Miguel Petapa.). Según la Política Nacional de vivienda y asentamientos humanos 2020-2032 cada año el déficit habitacional aumenta en un 2.95%, se estimó que el equivale en el año 2018 fue de unas 50,000 viviendas. Agenda Urbana Gt. 12.- 13.- Guatemala presentan un notable desorden territorial con asentamientos precarios, déficit de vivienda y en el manejo de desechos sólidos y líquidos12, así como que los temas urbanos no son visibles en las discusiones de políticas y existe un gran vacío institucional ya que ninguna entidad tiene plenas competencias sobre el tema13. Respecto a la Gestión de las tierras públicas, Guatemala no cuenta con un adecuado sistema de control de los bienes del Estado ni una ley que en forma sistematizada regule la materia, hay un vacío normativo e institucional que alcanza los bienes públicos de uso común, los bienes patrimoniales de uso común, los bienes patrimoniales de uso no común, aunado al modelo de gestión territorial que plantea la ley de la Oficina de control de áreas de reserva del Estado –OCRET- que se ha limitado al control de los arrendamientos, y ha tenido pocos avances en las funciones de gestión, ordenamiento y desarrollo territorial. Por último, para el tema de la resolución de disputas y gestión de conflictos existen distintas instituciones que han creado departamentos o unidades de atención de conflictos; sin embargo, cada una aborda la problemática desde un punto de vista particular. La ex Secretaría de Asuntos Agrarios, a través de su Dirección de Monitoreo realizó un importante esfuerzo por mantener información actualizada de las actividades y procesos implementados por la institucionalidad agraria, pero no incluyó en sus registros a las instituciones de justicia ni aquellas a nivel municipal que atienden casos de conflicto agrario. Además, la información se circunscribe a registros estadísticos y no a los aspectos cualitativos de la intervención institucional. A partir del año 2020, la Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos –COPADEH- tiene a su cargo la solución de conflictos sociales. 32 Figura 2. Bajos niveles de gobernanza de la tierra y sus causas indirectas Bajos niveles de gobernanza de la tierra i) Escasa decisión política para la gestión ordenada del territorio ii) Débil presencia e incidencia institucional en el territorio, una frágil eficacia de las instituciones públicas iii) Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio iv) Población sistemáticamente desinformada para la toma de decisiones y débil participación ciudadana v) Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra Fuente: Propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Comisión de Desarrollo Urbano y Rural del CONADUR, 2019. vi) Inconsistencia en la definición de los límites municipales Para la causa directa “bajo nivel de gobernanza de la tierra” se identificaron causas indirectas de primer nivel: i) la escasa decisión política para la gestión ordenada del territorio; ii) La débil presencia e incidencia institucional en el territorio, una frágil eficacia de las instituciones públicas en el territorio; iii) Un escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio (Ej. Tierras y bosques comunales, reubicaciones, otros); iv) Población sistemáticamente desinformada para la toma de decisiones y débil participación ciudadana; v) Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra (propiedad, servidumbres, otros) e; vi) Inconsistencia en la definición de los límites municipales. (Figura 2). Para cada causa indirecta de primer nivel se realizó una búsqueda de evidencia en documentos nacionales e internacionales, que aportan elementos para comprender el impacto en la problemática identificada. 33 Cuadro No. 2. Causas indirectas de primer nivel identificadas para la causa directa del Bajo nivel de gobernanza de la tierra. América Latina tiene la mayor desigualdad en la tenencia de la tierra al compararla con las demás regiones del mundo. En los 70s y 80s los valores medidos por el coeficiente Gini de desigualdad de la tierra variaban de 0,55 a 0,94 lo que significa que era posible encontrar países donde un 6% de la población tenía el control de toda la tierra mientras que el 94% estaba sin tierra. En ese mismo periodo al menos el 85% de los países reflejaba un coeficiente Gini mayor a 0,6 lo cual reflejaba al menos un 60% (a veces hasta 70% en Argentina y Brasil) de la población sin acceso seguro a la tierra. Los intereses económicos y políticos que están en la base de la desigual estructura agraria del país se constituyen en los principales obstáculos que limitan la implementación efectiva de las Directrices. No será fácil que los sectores latifundistas más conserva-dores, que tienen aún como paradigma la propiedad absoluta de la tierra, adopten y se comprometan a la construcción de una gobernanza responsable de la tenencia de la tierra basada en el reconocimiento y respeto a los derechos legítimos de tenencia. 200 PDM-OT aprobados de 257 formulados (2018-2019) (77% del total formulados). Las ciudades más grandes de Guatemala presentan un notable desorden territorial que deriva del modelo de construcción territorial heredado de la historia: asentamientos precarios, déficit de vivienda, manejo de desechos sólidos y líquidos, son consecuencia de la debilidad institucional en esta materia. Guatemala es un país eminentemente rural por lo que los temas urbanos realmente no son visibles en las discusiones de políticas. Existe un gran vacío institucional ya que ninguna entidad tiene plenas competencias sobre el tema urbano. El tema de desarrollo urbano está contemplado en algunas líneas de acción en entidades con competencias dispersas como SEGEPLAN, INFOM y el Ministerio de Comunicaciones. Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia OEA. Tenencia de la tierra: compartiendo información y experiencias para la sostenibilidad. Departamento de Desarrollo Sostenible. Pág.1. abril 2006 América Latina y el Caribe FAO. Estudios de buenas prácticas de gobernanza de la tenencia de la tierra en Guatemala. Pág. 15. Guatemala Informe de avance de los procesos PDM-OT 2017-2020 BM. 2015. Mejora de la gobernanza de la tierra en Guatemala. Implementación del marco de evaluación de la Gobernanza de la Tierra – LGAF. Pág.5-6-7 Escasa decisión política para la gestión ordenada del territorio (+,+,+) Débil presencia e incidencia institucional en el territorio/Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio 34 Guatemala no cuenta con un adecuado sistema de control de los bienes del Estado ni una ley que en forma sistematizada regule la materia. No existe un almacenamiento de datos ordenados y sistematizados confiable que determine cuáles son, ni dónde están, ni cuánto valen los bienes del Estado. Este estudio revela que la falta de la legislación adecuada y la inexistencia de una institución que controle todos los bienes del Estado ha permitido que se produzcan arbitrariedades y ocasionalmente actos ilícitos de utilización y disposición de bienes del Estado. La regulación acerca de la enajenación de bienes del Estado no es completa ni suficiente para realizar la real y efectiva modernización de las instituciones a cargo de su administración. Este estudio recomienda que el vacío normativo e institucional debe alcanzar todas las categorías de bienes del Estado: los bienes públicos de uso común, los bienes patrimoniales de uso común, los bienes patrimoniales de uso no común. La política debe promover acciones encaminadas a recuperar los bienes retenidos en manos de particulares en desmedro de los intereses del Estado, fortaleciendo las funciones de la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones, cuya actividad está circunscrita a los bienes que no estuviesen afectos a otras dependencias, además del fortalecimiento que permita superar sus limitaciones operativas y de recursos humanos. Densidad territorial del Estado: subíndices presencia de dependencias estatales, burocracia estatal y presupuesto de los municipios. Índice de densidad del Estado (IDE). …existe mayor presencia en educación y salud y que todas las otras funciones están más concentradas en cabeceras departamentales y en la capital. La densidad estatal (DE) no aparece en las estratégicas zonas fronterizas donde el contrabando múltiple (drogas, personas, bienes) es ostensible, ni en las zonas económicas más importantes, como la del café, azúcar y otros exportables. ¿Qué explica esta dispersión del Estado? …Guatemala tiene un bajo índice de empleo público (Organismo Ejecutivo) por Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia población económicamente activa (PEA) en Centroamérica. La burocracia es proporcionalmente más importante en el área de la educación, disminuye fuertemente en salud y no está presente en las funciones de los «otros» Ministerios o dependencias, que se concentran en la ciudad capital o en las cabeceras departamentales. Se evidencian extensas zonas donde la descentralización del Estado no ha operado y éste se encuentra representado por pocos funcionarios, como en el caso de San Marcos La Laguna y Santa Catarina Barahona, que cuentan con menos de 25 trabajadores del Estado en todo el municipio…del subíndice del presupuesto. Se evidencian los grandes contrastes en la asignación presupuestaria y la alta concentración del recurso en cabeceras y en la ciudad capital. Las zonas de más baja densidad estatal, las zonas «amarillas», representan la mayoría del territorio nacional. En las cabeceras existe una densidad media y la ciudad capital ocupa, en solitario, la categoría de densidad más alta. En la base de datos del Fondo de Tierras del año 2018, sobre casos pendientes de regularización, se indica que 83,162 expedientes de posesionarios requieren se les apoye con el proceso de regularización de sus tierras, que no se han regularizado, por estar en la condición de posesionarios sin certeza jurídica, lo cual representa una alta carga de procesos pendientes de regularización que requieren una alta inversión. b) En lo relacionado a sitios arqueológicos y lugares ceremoniales, según datos de los informes de cierre del PAT II y del Programa de áreas protegidas, se logró identificar y geo posicionar un total de 1,384 sitios y lugares, de un total aproximado de 4,600 existentes en el país. c) Para el caso de Tierras Comunales, en el marco del PAT II que contempló 51 municipios como área de cobertura, de 45 Tierras Comunales, de las cuales únicamente se ha logrado la declaratoria administrativa de 11 Tierras Comunales. d) De 340 municipios del país, únicamente 10 cuentan con límites municipales definidos, 6 por decretos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Guatemala: Hacia un Estado para el desarrollo humano Informe Nacional de Desarrollo Humano 2009-2010 Congreso de la Republica y 4 por acuerdos gubernativo. De los 10 municipios referidos ninguno está dentro de los 68 municipios declarados en proceso catastral. En la investigación registral realizada por el RIC, sobre información de las fincas inscritas en el RGP de los 68 municipios con abordaje por el RIC, 417,234 fincas investigadas, 315,502 fincas, 76%, no cuentan con plano inscrito o almacenado en el RGP, por lo que se evidencia que los propietarios de fincas tienen inseguridad en la certeza espacial de las mismas. Por departamento se verifica que en Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, El Quiche, Sacatepéquez y Zacapa, los porcentajes de fincas que no cuentan con plano inscrito en el Registro General de la Propiedad son: 97%, 85%, 96%, 95%, 95% y 97% respectivamente, también se verifica que en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, los porcentajes de fincas que no cuentan con plano inscrito en el RGP son 73% y 78% y en el departamento de El Petén el 34% de fincas inscritas no cuentan con plano registrado. Los participantes en los paneles señalaron que el funcionamiento de estas instituciones está excesivamente condicionadas a la voluntad política de los gobiernos de turno. En ese sentido, las instituciones de tierras en Guatemala presentan dificultades para abordar los problemas de fondo que subyacen en la problemática de tierras del país y para hacer converger las relaciones de poder económico y político en una agenda nacional. La falta de acceso a tierra y la escasez de otras oportunidades económicas y de empleo en el área rural, han obligado a importantes segmentos de la población rural a considerar la migración hacia las ciudades, como la única alternativa para superar la pobreza y la exclusión. No existen medidas de control para promover una migración ordenada y coherente con la oferta de servicios en las principales ciudades del país. Según el diagnóstico de la Política Agraria SAA 2014, existe un gran segmento de población campesina sin tierra; sin embargo, la capacidad institucional no responde a las demandas de los campesinos. Hasta el año 2013, el Fondo de Tierras ha recibido 1740 solicitudes (1,110 colectivas y 640 individuales) de acceso a la tierra, de las que se han adjudicado 265 fincas que destacar que estas adjudicaciones han generado deuda por parte de los beneficiarios, misma que en la mayoría de los casos se ha tenido que reestructurar ante la falta de pago. Diversos estudios y diagnósticos dan cuenta que la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy… afectó severamente la vida, las propiedades y el entorno natural de las comunidades asentadas en la región…la realidad socioeconómica de las comunidades afectadas experimentó múltiples cambios que modificaron los patrones de uso y tenencia del suelo en la región… 35 Guatemala no cuenta con un adecuado sistema de control de los bienes del Estado ni una ley que en forma sistematizada regule la materia. No existe un almacenamiento de datos ordenados y sistematizados confiable que determine cuáles son, ni dónde están, ni cuánto valen los bienes del Estado. Este estudio revela que la falta de la legislación adecuada y la inexistencia de una institución que controle todos los bienes del Estado ha permitido que se produzcan arbitrariedades y ocasionalmente actos ilícitos de utilización y disposición de bienes del Estado. La regulación acerca de la enajenación de bienes del Estado no es completa ni suficiente para realizar la real y efectiva modernización de las instituciones a cargo de su administración. Este estudio recomienda que el vacío normativo e institucional debe alcanzar todas las categorías de bienes del Estado: los bienes públicos de uso común, los bienes patrimoniales de uso común, los bienes patrimoniales de uso no común. La política debe promover acciones encaminadas a recuperar los bienes retenidos en manos de particulares en desmedro de los intereses del Estado, fortaleciendo las funciones de la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones, cuya actividad está circunscrita a los bienes que no estuviesen afectos a otras dependencias, además del fortalecimiento que permita superar sus limitaciones operativas y de recursos humanos. Densidad territorial del Estado: subíndices presencia de dependencias estatales, burocracia estatal y presupuesto de los municipios. Índice de densidad del Estado (IDE). …existe mayor presencia en educación y salud y que todas las otras funciones están más concentradas en cabeceras departamentales y en la capital. La densidad estatal (DE) no aparece en las estratégicas zonas fronterizas donde el contrabando múltiple (drogas, personas, bienes) es ostensible, ni en las zonas económicas más importantes, como la del café, azúcar y otros exportables. ¿Qué explica esta dispersión del Estado? …Guatemala tiene un bajo índice de empleo público (Organismo Ejecutivo) por Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia población económicamente activa (PEA) en Centroamérica. La burocracia es proporcionalmente más importante en el área de la educación, disminuye fuertemente en salud y no está presente en las funciones de los «otros» Ministerios o dependencias, que se concentran en la ciudad capital o en las cabeceras departamentales. Se evidencian extensas zonas donde la descentralización del Estado no ha operado y éste se encuentra representado por pocos funcionarios, como en el caso de San Marcos La Laguna y Santa Catarina Barahona, que cuentan con menos de 25 trabajadores del Estado en todo el municipio…del subíndice del presupuesto. Se evidencian los grandes contrastes en la asignación presupuestaria y la alta concentración del recurso en cabeceras y en la ciudad capital. Las zonas de más baja densidad estatal, las zonas «amarillas», representan la mayoría del territorio nacional. En las cabeceras existe una densidad media y la ciudad capital ocupa, en solitario, la categoría de densidad más alta. En la base de datos del Fondo de Tierras del año 2018, sobre casos pendientes de regularización, se indica que 83,162 expedientes de posesionarios requieren se les apoye con el proceso de regularización de sus tierras, que no se han regularizado, por estar en la condición de posesionarios sin certeza jurídica, lo cual representa una alta carga de procesos pendientes de regularización que requieren una alta inversión. b) En lo relacionado a sitios arqueológicos y lugares ceremoniales, según datos de los informes de cierre del PAT II y del Programa de áreas protegidas, se logró identificar y geo posicionar un total de 1,384 sitios y lugares, de un total aproximado de 4,600 existentes en el país. c) Para el caso de Tierras Comunales, en el marco del PAT II que contempló 51 municipios como área de cobertura, de 45 Tierras Comunales, de las cuales únicamente se ha logrado la declaratoria administrativa de 11 Tierras Comunales. d) De 340 municipios del país, únicamente 10 cuentan con límites municipales definidos, 6 por decretos del Registro de Información catastral. PEI 2020-2028 y POM 2020-2024. Pag.73-18-19. Guatemala Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio. Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra. Congreso de la Republica y 4 por acuerdos gubernativo. De los 10 municipios referidos ninguno está dentro de los 68 municipios declarados en proceso catastral. En la investigación registral realizada por el RIC, sobre información de las fincas inscritas en el RGP de los 68 municipios con abordaje por el RIC, 417,234 fincas investigadas, 315,502 fincas, 76%, no cuentan con plano inscrito o almacenado en el RGP, por lo que se evidencia que los propietarios de fincas tienen inseguridad en la certeza espacial de las mismas. Por departamento se verifica que en Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, El Quiche, Sacatepéquez y Zacapa, los porcentajes de fincas que no cuentan con plano inscrito en el Registro General de la Propiedad son: 97%, 85%, 96%, 95%, 95% y 97% respectivamente, también se verifica que en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, los porcentajes de fincas que no cuentan con plano inscrito en el RGP son 73% y 78% y en el departamento de El Petén el 34% de fincas inscritas no cuentan con plano registrado. Los participantes en los paneles señalaron que el funcionamiento de estas instituciones está excesivamente condicionadas a la voluntad política de los gobiernos de turno. En ese sentido, las instituciones de tierras en Guatemala presentan dificultades para abordar los problemas de fondo que subyacen en la problemática de tierras del país y para hacer converger las relaciones de poder económico y político en una agenda nacional. La falta de acceso a tierra y la escasez de otras oportunidades económicas y de empleo en el área rural, han obligado a importantes segmentos de la población rural a considerar la migración hacia las ciudades, como la única alternativa para superar la pobreza y la exclusión. No existen medidas de control para promover una migración ordenada y coherente con la oferta de servicios en las principales ciudades del país. Según el diagnóstico de la Política Agraria SAA 2014, existe un gran segmento de población campesina sin tierra; sin embargo, la capacidad institucional no responde a las demandas de los campesinos. Hasta el año 2013, el Fondo de Tierras ha recibido 1740 solicitudes (1,110 colectivas y 640 individuales) de acceso a la tierra, de las que se han adjudicado 265 fincas que destacar que estas adjudicaciones han generado deuda por parte de los beneficiarios, misma que en la mayoría de los casos se ha tenido que reestructurar ante la falta de pago. Diversos estudios y diagnósticos dan cuenta que la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy… afectó severamente la vida, las propiedades y el entorno natural de las comunidades asentadas en la región…la realidad socioeconómica de las comunidades afectadas experimentó múltiples cambios que modificaron los patrones de uso y tenencia del suelo en la región… 36 Guatemala no cuenta con un adecuado sistema de control de los bienes del Estado ni una ley que en forma sistematizada regule la materia. No existe un almacenamiento de datos ordenados y sistematizados confiable que determine cuáles son, ni dónde están, ni cuánto valen los bienes del Estado. Este estudio revela que la falta de la legislación adecuada y la inexistencia de una institución que controle todos los bienes del Estado ha permitido que se produzcan arbitrariedades y ocasionalmente actos ilícitos de utilización y disposición de bienes del Estado. La regulación acerca de la enajenación de bienes del Estado no es completa ni suficiente para realizar la real y efectiva modernización de las instituciones a cargo de su administración. Este estudio recomienda que el vacío normativo e institucional debe alcanzar todas las categorías de bienes del Estado: los bienes públicos de uso común, los bienes patrimoniales de uso común, los bienes patrimoniales de uso no común. La política debe promover acciones encaminadas a recuperar los bienes retenidos en manos de particulares en desmedro de los intereses del Estado, fortaleciendo las funciones de la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones, cuya actividad está circunscrita a los bienes que no estuviesen afectos a otras dependencias, además del fortalecimiento que permita superar sus limitaciones operativas y de recursos humanos. Densidad territorial del Estado: subíndices presencia de dependencias estatales, burocracia estatal y presupuesto de los municipios. Índice de densidad del Estado (IDE). …existe mayor presencia en educación y salud y que todas las otras funciones están más concentradas en cabeceras departamentales y en la capital. La densidad estatal (DE) no aparece en las estratégicas zonas fronterizas donde el contrabando múltiple (drogas, personas, bienes) es ostensible, ni en las zonas económicas más importantes, como la del café, azúcar y otros exportables. ¿Qué explica esta dispersión del Estado? …Guatemala tiene un bajo índice de empleo público (Organismo Ejecutivo) por Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia población económicamente activa (PEA) en Centroamérica. La burocracia es proporcionalmente más importante en el área de la educación, disminuye fuertemente en salud y no está presente en las funciones de los «otros» Ministerios o dependencias, que se concentran en la ciudad capital o en las cabeceras departamentales. Se evidencian extensas zonas donde la descentralización del Estado no ha operado y éste se encuentra representado por pocos funcionarios, como en el caso de San Marcos La Laguna y Santa Catarina Barahona, que cuentan con menos de 25 trabajadores del Estado en todo el municipio…del subíndice del presupuesto. Se evidencian los grandes contrastes en la asignación presupuestaria y la alta concentración del recurso en cabeceras y en la ciudad capital. Las zonas de más baja densidad estatal, las zonas «amarillas», representan la mayoría del territorio nacional. En las cabeceras existe una densidad media y la ciudad capital ocupa, en solitario, la categoría de densidad más alta. En la base de datos del Fondo de Tierras del año 2018, sobre casos pendientes de regularización, se indica que 83,162 expedientes de posesionarios requieren se les apoye con el proceso de regularización de sus tierras, que no se han regularizado, por estar en la condición de posesionarios sin certeza jurídica, lo cual representa una alta carga de procesos pendientes de regularización que requieren una alta inversión. b) En lo relacionado a sitios arqueológicos y lugares ceremoniales, según datos de los informes de cierre del PAT II y del Programa de áreas protegidas, se logró identificar y geo posicionar un total de 1,384 sitios y lugares, de un total aproximado de 4,600 existentes en el país. c) Para el caso de Tierras Comunales, en el marco del PAT II que contempló 51 municipios como área de cobertura, de 45 Tierras Comunales, de las cuales únicamente se ha logrado la declaratoria administrativa de 11 Tierras Comunales. d) De 340 municipios del país, únicamente 10 cuentan con límites municipales definidos, 6 por decretos del BM. 2015. Mejora de la gobernanza de la tierra en Guatemala. Implementación del marco de evaluación de la Gobernanza de la Tierra – LGAF. Pág.4-19-24 Guatemala Ausencia de garantías para los grupos vulnerables a los impactos por el uso y ocupación del territorio. Congreso de la Republica y 4 por acuerdos gubernativo. De los 10 municipios referidos ninguno está dentro de los 68 municipios declarados en proceso catastral. En la investigación registral realizada por el RIC, sobre información de las fincas inscritas en el RGP de los 68 municipios con abordaje por el RIC, 417,234 fincas investigadas, 315,502 fincas, 76%, no cuentan con plano inscrito o almacenado en el RGP, por lo que se evidencia que los propietarios de fincas tienen inseguridad en la certeza espacial de las mismas. Por departamento se verifica que en Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, El Quiche, Sacatepéquez y Zacapa, los porcentajes de fincas que no cuentan con plano inscrito en el Registro General de la Propiedad son: 97%, 85%, 96%, 95%, 95% y 97% respectivamente, también se verifica que en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, los porcentajes de fincas que no cuentan con plano inscrito en el RGP son 73% y 78% y en el departamento de El Petén el 34% de fincas inscritas no cuentan con plano registrado. Los participantes en los paneles señalaron que el funcionamiento de estas instituciones está excesivamente condicionadas a la voluntad política de los gobiernos de turno. En ese sentido, las instituciones de tierras en Guatemala presentan dificultades para abordar los problemas de fondo que subyacen en la problemática de tierras del país y para hacer converger las relaciones de poder económico y político en una agenda nacional. La falta de acceso a tierra y la escasez de otras oportunidades económicas y de empleo en el área rural, han obligado a importantes segmentos de la población rural a considerar la migración hacia las ciudades, como la única alternativa para superar la pobreza y la exclusión. No existen medidas de control para promover una migración ordenada y coherente con la oferta de servicios en las principales ciudades del país. Según el diagnóstico de la Política Agraria SAA 2014, existe un gran segmento de población campesina sin tierra; sin embargo, la capacidad institucional no Inconsistencia en la definición de los límites municipales. Decisiones y procesos centralizados responde a las demandas de los campesinos. Hasta el año 2013, el Fondo de Tierras ha recibido 1740 solicitudes (1,110 colectivas y 640 individuales) de acceso a la tierra, de las que se han adjudicado 265 fincas que destacar que estas adjudicaciones han generado deuda por parte de los beneficiarios, misma que en la mayoría de los casos se ha tenido que reestructurar ante la falta de pago. Diversos estudios y diagnósticos dan cuenta que la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy… afectó severamente la vida, las propiedades y el entorno natural de las comunidades asentadas en la región…la realidad socioeconómica de las comunidades afectadas experimentó múltiples cambios que modificaron los patrones de uso y tenencia del suelo en la región… 37 Fuente: Elaboración 2020, con las fuentes citadas. Ausencia de un modelo de ocupación estratégica del territorio 1.2 La Patria, publicación en línea marzo 2017, a propósito del Modelo de ocupación territorial contenido en el Plan de Ordenamiento Territorial de Manizales. 14.- Guatemala no cuenta con un adecuado sistema de control de los bienes del Estado ni una ley que en forma sistematizada regule la materia. No existe un almacenamiento de datos ordenados y sistematizados confiable que determine cuáles son, ni dónde están, ni cuánto valen los bienes del Estado. Este estudio revela que la falta de la legislación adecuada y la inexistencia de una institución que controle todos los bienes del Estado ha permitido que se produzcan arbitrariedades y ocasionalmente actos ilícitos de utilización y disposición de bienes del Estado. La regulación acerca de la enajenación de bienes del Estado no es completa ni suficiente para realizar la real y efectiva modernización de las instituciones a cargo de su administración. Este estudio recomienda que el vacío normativo e institucional debe alcanzar todas las categorías de bienes del Estado: los bienes públicos de uso común, los bienes patrimoniales de uso común, los bienes patrimoniales de uso no común. La política debe promover acciones encaminadas a recuperar los bienes retenidos en manos de particulares en desmedro de los intereses del Estado, fortaleciendo las funciones de la Dirección de Bienes del Estado y Licitaciones, cuya actividad está circunscrita a los bienes que no estuviesen afectos a otras dependencias, además del fortalecimiento que permita superar sus limitaciones operativas y de recursos humanos. Densidad territorial del Estado: subíndices presencia de dependencias estatales, burocracia estatal y presupuesto de los municipios. Índice de densidad del Estado (IDE). …existe mayor presencia en educación y salud y que todas las otras funciones están más concentradas en cabeceras departamentales y en la capital. La densidad estatal (DE) no aparece en las estratégicas zonas fronterizas donde el contrabando múltiple (drogas, personas, bienes) es ostensible, ni en las zonas económicas más importantes, como la del café, azúcar y otros exportables. ¿Qué explica esta dispersión del Estado? …Guatemala tiene un bajo índice de empleo público (Organismo Ejecutivo) por Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia población económicamente activa (PEA) en Centroamérica. La burocracia es proporcionalmente más importante en el área de la educación, disminuye fuertemente en salud y no está presente en las funciones de los «otros» Ministerios o dependencias, que se concentran en la ciudad capital o en las cabeceras departamentales. Se evidencian extensas zonas donde la descentralización del Estado no ha operado y éste se encuentra representado por pocos funcionarios, como en el caso de San Marcos La Laguna y Santa Catarina Barahona, que cuentan con menos de 25 trabajadores del Estado en todo el municipio…del subíndice del presupuesto. Se evidencian los grandes contrastes en la asignación presupuestaria y la alta concentración del recurso en cabeceras y en la ciudad capital. Las zonas de más baja densidad estatal, las zonas «amarillas», representan la mayoría del territorio nacional. En las cabeceras existe una densidad media y la ciudad capital ocupa, en solitario, la categoría de densidad más alta. En la base de datos del Fondo de Tierras del año 2018, sobre casos pendientes de regularización, se indica que 83,162 expedientes de posesionarios requieren se les apoye con el proceso de regularización de sus tierras, que no se han regularizado, por estar en la condición de posesionarios sin certeza jurídica, lo cual representa una alta carga de procesos pendientes de regularización que requieren una alta inversión. b) En lo relacionado a sitios arqueológicos y lugares ceremoniales, según datos de los informes de cierre del PAT II y del Programa de áreas protegidas, se logró identificar y geo posicionar un total de 1,384 sitios y lugares, de un total aproximado de 4,600 existentes en el país. c) Para el caso de Tierras Comunales, en el marco del PAT II que contempló 51 municipios como área de cobertura, de 45 Tierras Comunales, de las cuales únicamente se ha logrado la declaratoria administrativa de 11 Tierras Comunales. d) De 340 municipios del país, únicamente 10 cuentan con límites municipales definidos, 6 por decretos del Política pública de reparación a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, cuyos derechos humanos fueron vulnerados. Congreso de la Republica y 4 por acuerdos gubernativo. De los 10 municipios referidos ninguno está dentro de los 68 municipios declarados en proceso catastral. En la investigación registral realizada por el RIC, sobre información de las fincas inscritas en el RGP de los 68 municipios con abordaje por el RIC, 417,234 fincas investigadas, 315,502 fincas, 76%, no cuentan con plano inscrito o almacenado en el RGP, por lo que se evidencia que los propietarios de fincas tienen inseguridad en la certeza espacial de las mismas. Por departamento se verifica que en Baja Verapaz, Chiquimula, Escuintla, El Quiche, Sacatepéquez y Zacapa, los porcentajes de fincas que no cuentan con plano inscrito en el Registro General de la Propiedad son: 97%, 85%, 96%, 95%, 95% y 97% respectivamente, también se verifica que en los departamentos de Alta Verapaz e Izabal, los porcentajes de fincas que no cuentan con plano inscrito en el RGP son 73% y 78% y en el departamento de El Petén el 34% de fincas inscritas no cuentan con plano registrado. Los participantes en los paneles señalaron que el funcionamiento de estas instituciones está excesivamente condicionadas a la voluntad política de los gobiernos de turno. En ese sentido, las instituciones de tierras en Guatemala presentan dificultades para abordar los problemas de fondo que subyacen en la problemática de tierras del país y para hacer converger las relaciones de poder económico y político en una agenda nacional. La falta de acceso a tierra y la escasez de otras oportunidades económicas y de empleo en el área rural, han obligado a importantes segmentos de la población rural a considerar la migración hacia las ciudades, como la única alternativa para superar la pobreza y la exclusión. No existen medidas de control para promover una migración ordenada y coherente con la oferta de servicios en las principales ciudades del país. Según el diagnóstico de la Política Agraria SAA 2014, existe un gran segmento de población campesina sin tierra; sin embargo, la capacidad institucional no responde a las demandas de los campesinos. Hasta el año 2013, el Fondo de Tierras ha recibido 1740 solicitudes (1,110 colectivas y 640 individuales) de acceso a la tierra, de las que se han adjudicado 265 fincas que destacar que estas adjudicaciones han generado deuda por parte de los beneficiarios, misma que en la mayoría de los casos se ha tenido que reestructurar ante la falta de pago. Diversos estudios y diagnósticos dan cuenta que la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy… afectó severamente la vida, las propiedades y el entorno natural de las comunidades asentadas en la región…la realidad socioeconómica de las comunidades afectadas experimentó múltiples cambios que modificaron los patrones de uso y tenencia del suelo en la región… En la opinión de Luis Acevedo14 el Modelo de Ocupación del Territorio en la planeación contemporánea “busca definir la estrategia territorial que debe seguir un municipio en un periodo de tiempo determinado para garantizar la adecuada localización y distribución espacial de las actividades, preservando las condiciones ambientales que demanda una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza”. También, destaca que el crecimiento y la expansión urbana están determinadas por un conjunto de variables ambientales, sin las cuales no podría garantizarse la vida misma y, quizás la más importante y determinante de todas ellas es el agua. El Modelo de ocupación del territorio es la articulación de las diferentes visiones institucionales, sectoriales y particulares del mismo. Es la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas15. La ausencia o un mal planteamiento del Modelo de ocupación o desarrollo territorial, conlleva a fortalecer de manera no equitativa las intervenciones en territorio, ausencia de integración territorial entre municipios y zonas del mismo municipio, falta de estructura para movilidad y acceso, deficiente articulación entre la planificación municipal, regional y nacional, entre otros, incluida la superposición de diferentes modelos de ocupación. En el nivel municipal la ausencia de modelos de ocupación en las jerarquías territoriales superiores (En el Sistema Nacional de Planificación -SNP-, departamento, región, país y los territorios complementarios de planificación16) es determinante pues aunque existen directrices de carácter general, principalmente algunos esfuerzos en planes de manejo integral de cuenca, planes de manejo de áreas protegidas entre otros, la realidad sobrepasa la norma cuando se trata las intervenciones antrópicas sobre áreas protegidas o territorios especiales. Además, aunque las administraciones municipales hacen esfuerzos normativos en el orden local para atender las directrices nacionales, no es suficiente para la armonización de sus ordenamientos territoriales locales. Acorde a la propuesta de Política Nacional de Ordenamiento territorial17, en Guatemala la ocupación estratégica del territorio no ocurre y no existe, y eso incide en el sobre uso y subuso del suelo y por tanto en la ocupación inadecuada de la tierra, dicha condición o motivo primordial tiene relación con las siguientes realidades que le determinan, citado textualmente: Marcada desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al tema, entre el nivel nacional y subnacional, una regionalización basada en una ley preliminar no reglamentada ni desarrollada para regir o gobernar el desarrollo, siendo necesario la gestión de reforma a la ley preliminar de regionalización que considere un criterio cultural y educativo establecidos en los acuerdos de Paz; a su vez ha prevalecido una escasa atención prestada al Departamento como entidad territorial de referencia para la planificación territorial. Solamente en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se abre la posibilidad de creación de Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y Consejos de Desarrollo Regionales (COREDUR). Escasa integración y vinculación entre los instrumentos de planificación multinivel y los complementarios para la gestión territorial, no existen aún instrumentos eficaces ni mecanismos efectivos que vinculen el Modelo de Desarrollo Territorial Futuro de los PDM-OT municipales, que por cierto son en sí mismo planes de uso del suelo y por tanto modeladores de la ocupación del suelo a nivel local, con sus respectivos e hipotéticos planes desarrollo territorial, departamental y regional, y mucho menos con la Estrategia de Gestión Territorial Nacional que propone el Plan de Desarrollo Nacional. La desarticulación entre lugares poblados rurales y el sistema urbano o de ciudades según su primacía y función social contribuye a la ocupación no adecuada del territorio, sin estrategia nacional ni táctica subnacional. Muestra de ellos es exigua planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas, la agenda urbana apenas empieza a configurar la conformación eficaz del Sistema Urbano Nacional (SUN) que propone el PND. Los instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados son aún escasos (cinco a la fecha), y los que ya cumplen con dichas cualidades no son referente para proponer planes supramunicipales de ordenamiento territorial o desarrollo territorial. El Plan Nacional de Desarrollo evidencia la necesidad de plantear un Modelo de gestión territorial que implica pasar por un modelo de ocupación estratégica. El PND en su parte diagnóstica identifica, describe y explica como un histórico inadecuado e inexiste abordaje de las dimensiones urbana y rural han acentuado las brechas de desarrollo. En el contexto Nacional ha sido evidente que la interacción entre ambas dimensiones se ha dado de manera dicotómica y excluyente, basada en un enfoque que considera lo rural solo a partir de los servicios que presta a lo urbano, lo que ha provocado inequidades y brechas de desigualdad. En otras palabras, los escenarios de desigualdad y, la desatención e incomprensión de la interdependencia urbana y rural, obligan a considerar la definición, implementación y consolidación de políticas, estrategias y planes territoriales que permitan construir integridad social, económica y espacial de lo urbano y lo rural. (Plan Nacional de Desarrollo, pág. 95). 38 Ley 388 de 1997 “Ley de Desarrollo Territorial”. Guía general de planificación, SEGEPLAN 2016. Presentada a la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia SCEP por medio de opinión técnica 01-2019 de fecha 19 de diciembre 2019, por las comisiones de “Desarrollo Urbano y Rural” y “Ambiente y Recursos Naturales” del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural –CONADUR-. 15.- 16.- 17.- En la opinión de Luis Acevedo14 el Modelo de Ocupación del Territorio en la planeación contemporánea “busca definir la estrategia territorial que debe seguir un municipio en un periodo de tiempo determinado para garantizar la adecuada localización y distribución espacial de las actividades, preservando las condiciones ambientales que demanda una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza”. También, destaca que el crecimiento y la expansión urbana están determinadas por un conjunto de variables ambientales, sin las cuales no podría garantizarse la vida misma y, quizás la más importante y determinante de todas ellas es el agua. El Modelo de ocupación del territorio es la articulación de las diferentes visiones institucionales, sectoriales y particulares del mismo. Es la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas15. La ausencia o un mal planteamiento del Modelo de ocupación o desarrollo territorial, conlleva a fortalecer de manera no equitativa las intervenciones en territorio, ausencia de integración territorial entre municipios y zonas del mismo municipio, falta de estructura para movilidad y acceso, deficiente articulación entre la planificación municipal, regional y nacional, entre otros, incluida la superposición de diferentes modelos de ocupación. En el nivel municipal la ausencia de modelos de ocupación en las jerarquías territoriales superiores (En el Sistema Nacional de Planificación -SNP-, departamento, región, país y los territorios complementarios de planificación16) es determinante pues aunque existen directrices de carácter general, principalmente algunos esfuerzos en planes de manejo integral de cuenca, planes de manejo de áreas protegidas entre otros, la realidad sobrepasa la norma cuando se trata las intervenciones antrópicas sobre áreas protegidas o territorios especiales. Además, aunque las administraciones municipales hacen esfuerzos normativos en el orden local para atender las directrices nacionales, no es suficiente para la armonización de sus ordenamientos territoriales locales. Acorde a la propuesta de Política Nacional de Ordenamiento territorial17, en Guatemala la ocupación estratégica del territorio no ocurre y no existe, y eso incide en el sobre uso y subuso del suelo y por tanto en la ocupación inadecuada de la tierra, dicha condición o motivo primordial tiene relación con las siguientes realidades que le determinan, citado textualmente: Marcada desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al tema, entre el nivel nacional y subnacional, una regionalización basada en una ley preliminar no reglamentada ni desarrollada para regir o gobernar el desarrollo, siendo necesario la gestión de reforma a la ley preliminar de regionalización que considere un criterio cultural y educativo establecidos en los acuerdos de Paz; a su vez ha prevalecido una escasa atención prestada al Departamento como entidad territorial de referencia para la planificación territorial. Solamente en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se abre la posibilidad de creación de Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y Consejos de Desarrollo Regionales (COREDUR). Escasa integración y vinculación entre los instrumentos de planificación multinivel y los complementarios para la gestión territorial, no existen aún instrumentos eficaces ni mecanismos efectivos que vinculen el Modelo de Desarrollo Territorial Futuro de los PDM-OT municipales, que por cierto son en sí mismo planes de uso del suelo y por tanto modeladores de la ocupación del suelo a nivel local, con sus respectivos e hipotéticos planes desarrollo territorial, departamental y regional, y mucho menos con la Estrategia de Gestión Territorial Nacional que propone el Plan de Desarrollo Nacional. La desarticulación entre lugares poblados rurales y el sistema urbano o de ciudades según su primacía y función social contribuye a la ocupación no adecuada del territorio, sin estrategia nacional ni táctica subnacional. Muestra de ellos es exigua planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas, la agenda urbana apenas empieza a configurar la conformación eficaz del Sistema Urbano Nacional (SUN) que propone el PND. Los instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados son aún escasos (cinco a la fecha), y los que ya cumplen con dichas cualidades no son referente para proponer planes supramunicipales de ordenamiento territorial o desarrollo territorial. El Plan Nacional de Desarrollo evidencia la necesidad de plantear un Modelo de gestión territorial que implica pasar por un modelo de ocupación estratégica. El PND en su parte diagnóstica identifica, describe y explica como un histórico inadecuado e inexiste abordaje de las dimensiones urbana y rural han acentuado las brechas de desarrollo. En el contexto Nacional ha sido evidente que la interacción entre ambas dimensiones se ha dado de manera dicotómica y excluyente, basada en un enfoque que considera lo rural solo a partir de los servicios que presta a lo urbano, lo que ha provocado inequidades y brechas de desigualdad. En otras palabras, los escenarios de desigualdad y, la desatención e incomprensión de la interdependencia urbana y rural, obligan a considerar la definición, implementación y consolidación de políticas, estrategias y planes territoriales que permitan construir integridad social, económica y espacial de lo urbano y lo rural. (Plan Nacional de Desarrollo, pág. 95). 39 Figura 3. Ausencia de un modelo de ocupación estratégica del territorio y sus causas indirectas. Ausencia de un modelo de ocupación estratégica del territorio i) Desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al tema, entre el nivel nacional y territorial iii) Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados ii) Escasa integración y vinculación entre los instrumentos de planificación multinivel y los complementario s para la gestión territorial iv) Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados v) Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN) Fuente: Propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Comisión de Desarrollo urbano y rural del CONADUR, 2019. En la opinión de Luis Acevedo14 el Modelo de Ocupación del Territorio en la planeación contemporánea “busca definir la estrategia territorial que debe seguir un municipio en un periodo de tiempo determinado para garantizar la adecuada localización y distribución espacial de las actividades, preservando las condiciones ambientales que demanda una relación armónica entre la sociedad y la naturaleza”. También, destaca que el crecimiento y la expansión urbana están determinadas por un conjunto de variables ambientales, sin las cuales no podría garantizarse la vida misma y, quizás la más importante y determinante de todas ellas es el agua. El Modelo de ocupación del territorio es la articulación de las diferentes visiones institucionales, sectoriales y particulares del mismo. Es la estrategia de localización y distribución espacial de las actividades, determina las grandes infraestructuras requeridas para soportar estas actividades y establece las características de los sistemas de comunicación vial que garantizarán la fluida interacción entre aquellas actividades espacialmente separadas15. La ausencia o un mal planteamiento del Modelo de ocupación o desarrollo territorial, conlleva a fortalecer de manera no equitativa las intervenciones en territorio, ausencia de integración territorial entre municipios y zonas del mismo municipio, falta de estructura para movilidad y acceso, deficiente articulación entre la planificación municipal, regional y nacional, entre otros, incluida la superposición de diferentes modelos de ocupación. En el nivel municipal la ausencia de modelos de ocupación en las jerarquías territoriales superiores (En el Sistema Nacional de Planificación -SNP-, departamento, región, país y los territorios complementarios de planificación16) es determinante pues aunque existen directrices de carácter general, principalmente algunos esfuerzos en planes de manejo integral de cuenca, planes de manejo de áreas protegidas entre otros, la realidad sobrepasa la norma cuando se trata las intervenciones antrópicas sobre áreas protegidas o territorios especiales. Además, aunque las administraciones municipales hacen esfuerzos normativos en el orden local para atender las directrices nacionales, no es suficiente para la armonización de sus ordenamientos territoriales locales. Acorde a la propuesta de Política Nacional de Ordenamiento territorial17, en Guatemala la ocupación estratégica del territorio no ocurre y no existe, y eso incide en el sobre uso y subuso del suelo y por tanto en la ocupación inadecuada de la tierra, dicha condición o motivo primordial tiene relación con las siguientes realidades que le determinan, citado textualmente: Marcada desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al tema, entre el nivel nacional y subnacional, una regionalización basada en una ley preliminar no reglamentada ni desarrollada para regir o gobernar el desarrollo, siendo necesario la gestión de reforma a la ley preliminar de regionalización que considere un criterio cultural y educativo establecidos en los acuerdos de Paz; a su vez ha prevalecido una escasa atención prestada al Departamento como entidad territorial de referencia para la planificación territorial. Solamente en la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural se abre la posibilidad de creación de Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES) y Consejos de Desarrollo Regionales (COREDUR). Escasa integración y vinculación entre los instrumentos de planificación multinivel y los complementarios para la gestión territorial, no existen aún instrumentos eficaces ni mecanismos efectivos que vinculen el Modelo de Desarrollo Territorial Futuro de los PDM-OT municipales, que por cierto son en sí mismo planes de uso del suelo y por tanto modeladores de la ocupación del suelo a nivel local, con sus respectivos e hipotéticos planes desarrollo territorial, departamental y regional, y mucho menos con la Estrategia de Gestión Territorial Nacional que propone el Plan de Desarrollo Nacional. La desarticulación entre lugares poblados rurales y el sistema urbano o de ciudades según su primacía y función social contribuye a la ocupación no adecuada del territorio, sin estrategia nacional ni táctica subnacional. Muestra de ellos es exigua planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas, la agenda urbana apenas empieza a configurar la conformación eficaz del Sistema Urbano Nacional (SUN) que propone el PND. Los instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados son aún escasos (cinco a la fecha), y los que ya cumplen con dichas cualidades no son referente para proponer planes supramunicipales de ordenamiento territorial o desarrollo territorial. El Plan Nacional de Desarrollo evidencia la necesidad de plantear un Modelo de gestión territorial que implica pasar por un modelo de ocupación estratégica. El PND en su parte diagnóstica identifica, describe y explica como un histórico inadecuado e inexiste abordaje de las dimensiones urbana y rural han acentuado las brechas de desarrollo. En el contexto Nacional ha sido evidente que la interacción entre ambas dimensiones se ha dado de manera dicotómica y excluyente, basada en un enfoque que considera lo rural solo a partir de los servicios que presta a lo urbano, lo que ha provocado inequidades y brechas de desigualdad. En otras palabras, los escenarios de desigualdad y, la desatención e incomprensión de la interdependencia urbana y rural, obligan a considerar la definición, implementación y consolidación de políticas, estrategias y planes territoriales que permitan construir integridad social, económica y espacial de lo urbano y lo rural. (Plan Nacional de Desarrollo, pág. 95). 40 Para la causa directa “Ausencia de un modelo de ocupación estratégica del territorio” se identificaron causas indirectas de primer nivel: i) Desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al tema , entre el nivel nacional y territorial; ii) Escasa integración y vinculación entre los instrumentos de planificación multinivel y los complementarios para la gestión territorial; iii) Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados; iv) Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados; v) Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN). (Figura 3). Para cada causa indirecta de primer nivel se realizó una búsqueda de evidencia en documentos nacionales e internacionales, que aportan elementos para comprender el impacto en la problemática identificada. 41 Cuadro No. 3. Causas indirectas de primer nivel identificadas para la causa directa de Ausencia de un modelo de ocupación estratégica del territorio. Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia Polis, Revista Latinoamericana. 33 | 2012: Hacia la construcción de un nuevo paradigma social. El desarrollo y las políticas públicas. Noelia Figueroa Burdiles. América Latina y Chile CEPAL. Serie recursos naturales e infraestructura. 189. Lineamientos de políticas públicas: “Un mejor manejo de las interrelaciones del Nexo entre el agua, la energía y la alimentación”. Antonio Embid Liber Martín, 2018. Latinoamérica y El Caribe CEPAL. Panorama de la Gestión Pública en América Latina y el Caribe. Naciones Unidas, noviembre de 2014. Desigualdades territoriales y concentración espacial de la riqueza. Latinoamérica y El Caribe Desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al tema, entre el nivel nacional y territorial …la acción pública mediante políticas redistributivas construidas democráticamente, puede ser un mecanismo para alcanzar el bienestar social, ello será posible solo si tales políticas se definen territorialmente. Esto implica la resignificación de lo público en un espacio territorial determinado, con sujetos situados para el uso y protección de lo que es de interés común en dicho territorio. La introducción de nuevas perspectivas de desarrollo que trasciendan su reducción al mero crecimiento económico, permiten, a nuestro juicio, transformar la matriz ideológica que ha conducido las políticas asociadas en los últimos 60 años. En todos esos ámbitos, en gran medida, las políticas públicas siguen fragmentadas sectorialmente con escasos hilos de conexión entre ellas. La consecuencia es la proliferación de modelos de desarrollo intensivos en la explotación de recursos naturales que generan dependencia excesiva y dan muestras de crisis del sistema físico-natural e inequidad social, requiriendo, por tanto, una urgente revisión. ...podemos constatar que en América Latina la concentración de la producción ha estado unida a elevados niveles de desigualdades territoriales y que éstos niveles se han mantenido prácticamente estáticos en la última década (CEPAL, 2012g). Estos hechos han llevado a los gobiernos nacionales a incorporar dentro de las agendas de desarrollo y los respectivos procesos de planificación la dimensión territorial del desarrollo, que se ha expresado en estrategias y políticas nacionales con objetivos orientados a reducir los fuertes desequilibrios internos. Estas nuevas políticas abarcan tanto a procesos de descentralización, agendas de competitividad territorial, promoción de clústeres, desarrollo de infraestructura, e integración transfronteriza, entre otras. (CEPAL, 2012g). Costa Rica es ejemplo en desarrollo territorial de América Latina, según expertos En cuanto a la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial, esta tiene un proceso para la recuperación de territorios y la articulación con otras instituciones estatales, regionales y actores sociales en cada territorio y proyectos que se desarrollan en la actualidad. ... se refiere, sobre todo, a una problemática que se relaciona con conceptos asociados a frontera, políticas públicas, migraciones y los fundamentos de ocupación de territorios aislados en la Patagonia chilena……es factible concluir que la actual desintegración y grados de aislamiento de importantes espacios fronterizos de la Patagonia chilena, es el resultado especialmente de la carencia de una política oficial particular sobre estas áreas así como de las condiciones territoriales propias de áreas fronterizas de difícil acceso y especial condición geográfica… El proceso de ocupación de los actuales territorios fronterizos-aislados, tanto lo que involucra a la región de Aysén como a Magallanes (1), tiene una base común en su poblamiento espontáneo, de colonización y constituye el resultante de las políticas públicas orientadas hacia la zona. ...Uno de los problemas que mayor incide en la debilidad de los planes de ordenamiento territorial en los países centroamericanos, es el déficit de información cartográfica y de algunas variables territoriales e indicadores… A pesar de que en la región existe una importante experiencia, habiendo países como El Salvador, que ha desarrollado todos los planes a nivel nacional, regional y subregional, o como Honduras en donde se ha desarrollado planificación a nivel regional y municipal, los planes no se ejecutan, y mucho menos se instrumentalizan al nivel municipal. Indicador 06.04 Institucionalización de la gestión ordenada del territorio: 230 municipalidades en categorías medio bajo (61) y bajo (169) Indicador 06.05 Acciones para la gestión ordenada del territorio: 280 municipalidades en categorías medio bajo (44) y bajo (236) 6 municipios de 340 cuentan con Reglamento de Ordenamiento Territorial aprobado y publicado en Diario Oficial Fondos CODEDE no se distribuyen estratégicamente, Planes regionales, Plan Nacional deberían articularse a fondos/recursos sectoriales, sin embargo, por ejemplo, los planes regionales se estructuran para ejecutarse fondos CODEDE. Planes complementarios, por ejemplo: Planes de manejo de cuenca (AMSA), planes maestros (Parque Naciones-Unidas, CONAP), plan de mancomunidad (Gran Ciudad de Sur-Aportes municipales), sin una figura integradora para la gestión en el territorio. OCRET, CECON, Parques municipales, municipalidades del litoral pacífico. No hay claridad en la gestión. Y así varios ejemplos en el país. Como antecedente al abordaje y la necesidad de plantear un Modelo de gestión territorial, lo encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo el cual en su parte diagnóstica identifica, describe y explica como desde un histórico inadecuado e inexiste abordaje de las dimensiones urbana y rural se han acentuado las brechas de desarrollo. De este modo las dimensiones urbano y rural tienen su concreción en el territorio, cada una con sus funciones y potencialidades y, por ende, con sus particularidades para ser gestionadas. En el contexto Nacional ha sido evidente que la interacción entre ambas dimensiones se ha dado de manera dicotómica y excluyente, basada en un enfoque que considera lo rural solo a partir de los servicios que presta a lo urbano, lo que ha provocado inequidades y brechas de desigualdad. 42 Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales. Universidad de Barcelona [ISSN 1138-9788] Nº 45 (37), 1 de agosto de 1999 Zonas fronterizas de la Patagonia …la acción pública mediante políticas redistributivas construidas democráticamente, puede ser un mecanismo para alcanzar el bienestar social, ello será posible solo si tales políticas se definen territorialmente. Esto implica la resignificación de lo público en un espacio territorial determinado, con sujetos situados para el uso y protección de lo que es de interés común en dicho territorio. La introducción de nuevas perspectivas de desarrollo que trasciendan su reducción al mero crecimiento económico, permiten, a nuestro juicio, transformar la matriz ideológica que ha conducido las políticas asociadas en los últimos 60 años. En todos esos ámbitos, en gran medida, las políticas públicas siguen fragmentadas sectorialmente con escasos hilos de conexión entre ellas. La consecuencia es la proliferación de modelos de desarrollo intensivos en la explotación de recursos naturales que generan dependencia excesiva y dan muestras de crisis del sistema físico-natural e inequidad social, requiriendo, por tanto, una urgente revisión. ...podemos constatar que en América Latina la concentración de la producción ha estado unida a elevados niveles de desigualdades territoriales y que éstos niveles se han mantenido prácticamente estáticos en la última década (CEPAL, 2012g). Estos hechos han llevado a los gobiernos nacionales a incorporar dentro de las agendas de desarrollo y los respectivos procesos de planificación la dimensión territorial del desarrollo, que se ha expresado en estrategias y políticas nacionales con objetivos orientados a reducir los fuertes desequilibrios internos. Estas nuevas políticas abarcan tanto a procesos de descentralización, agendas de competitividad territorial, promoción de clústeres, desarrollo de infraestructura, e integración transfronteriza, entre otras. (CEPAL, 2012g). Costa Rica es ejemplo en desarrollo territorial de América Latina, según expertos En cuanto a la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial, esta tiene un proceso para la recuperación de territorios y la articulación con otras instituciones estatales, regionales y actores sociales en cada territorio y proyectos que se desarrollan en la actualidad. ... se refiere, sobre todo, a una problemática que se relaciona con conceptos asociados a frontera, políticas públicas, migraciones y los fundamentos de ocupación de territorios aislados en la Patagonia chilena……es factible concluir que la actual desintegración y grados de aislamiento de importantes espacios fronterizos de la Patagonia chilena, es el resultado especialmente de la carencia de una política oficial particular sobre estas áreas así como de las condiciones territoriales propias de áreas fronterizas de difícil acceso y especial condición geográfica… El proceso de ocupación de los actuales territorios fronterizos-aislados, tanto lo que involucra a la región de Aysén como a Magallanes (1), tiene una base común en su poblamiento espontáneo, de colonización y constituye el resultante de las políticas públicas orientadas hacia la zona. ...Uno de los problemas que mayor incide en la debilidad de los planes de ordenamiento territorial en los países centroamericanos, es el déficit de información cartográfica y de algunas variables territoriales e indicadores… A pesar de que en la región existe una importante experiencia, habiendo países como El Salvador, que ha desarrollado todos los planes a nivel nacional, regional y subregional, o como Honduras en donde se ha desarrollado planificación a nivel regional y municipal, los planes no se ejecutan, y mucho menos se instrumentalizan al nivel municipal. Gestión territorial: el tema pendiente en la planificación territorial en Honduras y Centroamérica Claudia Nataly Mondragón Rivera. REVISTA CIENCIAS ESPACIALES, VOLUMEN 10, NÚMERO 2 OTOÑO, 2017. página 11-22 Honduras/Centro América Disponibilidad limitada de la información territorial (catastro, Riesgo, ambiental, etc.) Escasa apropiación Indicador 06.04 Institucionalización de la gestión ordenada del territorio: 230 municipalidades en categorías medio bajo (61) y bajo (169) Indicador 06.05 Acciones para la gestión ordenada del territorio: 280 municipalidades en categorías medio bajo (44) y bajo (236) 6 municipios de 340 cuentan con Reglamento de Ordenamiento Territorial aprobado y publicado en Diario Oficial Fondos CODEDE no se distribuyen estratégicamente, Planes regionales, Plan Nacional deberían articularse a fondos/recursos sectoriales, sin embargo, por ejemplo, los planes regionales se estructuran para ejecutarse fondos CODEDE. Planes complementarios, por ejemplo: Planes de manejo de cuenca (AMSA), planes maestros (Parque Naciones-Unidas, CONAP), plan de mancomunidad (Gran Ciudad de Sur-Aportes municipales), sin una figura integradora para la gestión en el territorio. OCRET, CECON, Parques municipales, municipalidades del litoral pacífico. No hay claridad en la gestión. Y así varios ejemplos en el país. Como antecedente al abordaje y la necesidad de plantear un Modelo de gestión territorial, lo encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo el cual en su parte diagnóstica identifica, describe y explica como desde un histórico inadecuado e inexiste abordaje de las dimensiones urbana y rural se han acentuado las brechas de desarrollo. De este modo las dimensiones urbano y rural tienen su concreción en el territorio, cada una con sus funciones y potencialidades y, por ende, con sus particularidades para ser gestionadas. En el contexto Nacional ha sido evidente que la interacción entre ambas dimensiones se ha dado de manera dicotómica y excluyente, basada en un enfoque que considera lo rural solo a partir de los servicios que presta a lo urbano, lo que ha provocado inequidades y brechas de desigualdad. Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados 43 …la acción pública mediante políticas redistributivas construidas democráticamente, puede ser un mecanismo para alcanzar el bienestar social, ello será posible solo si tales políticas se definen territorialmente. Esto implica la resignificación de lo público en un espacio territorial determinado, con sujetos situados para el uso y protección de lo que es de interés común en dicho territorio. La introducción de nuevas perspectivas de desarrollo que trasciendan su reducción al mero crecimiento económico, permiten, a nuestro juicio, transformar la matriz ideológica que ha conducido las políticas asociadas en los últimos 60 años. En todos esos ámbitos, en gran medida, las políticas públicas siguen fragmentadas sectorialmente con escasos hilos de conexión entre ellas. La consecuencia es la proliferación de modelos de desarrollo intensivos en la explotación de recursos naturales que generan dependencia excesiva y dan muestras de crisis del sistema físico-natural e inequidad social, requiriendo, por tanto, una urgente revisión. ...podemos constatar que en América Latina la concentración de la producción ha estado unida a elevados niveles de desigualdades territoriales y que éstos niveles se han mantenido prácticamente estáticos en la última década (CEPAL, 2012g). Estos hechos han llevado a los gobiernos nacionales a incorporar dentro de las agendas de desarrollo y los respectivos procesos de planificación la dimensión territorial del desarrollo, que se ha expresado en estrategias y políticas nacionales con objetivos orientados a reducir los fuertes desequilibrios internos. Estas nuevas políticas abarcan tanto a procesos de descentralización, agendas de competitividad territorial, promoción de clústeres, desarrollo de infraestructura, e integración transfronteriza, entre otras. (CEPAL, 2012g). Costa Rica es ejemplo en desarrollo territorial de América Latina, según expertos En cuanto a la Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial, esta tiene un proceso para la recuperación de territorios y la articulación con otras instituciones estatales, regionales y actores sociales en cada territorio y proyectos que se desarrollan en la actualidad. ... se refiere, sobre todo, a una problemática que se relaciona con conceptos asociados a frontera, políticas públicas, migraciones y los fundamentos de ocupación de territorios aislados en la Patagonia chilena……es factible concluir que la actual desintegración y grados de aislamiento de importantes espacios fronterizos de la Patagonia chilena, es el resultado especialmente de la carencia de una política oficial particular sobre estas áreas así como de las condiciones territoriales propias de áreas fronterizas de difícil acceso y especial condición geográfica… El proceso de ocupación de los actuales territorios fronterizos-aislados, tanto lo que involucra a la región de Aysén como a Magallanes (1), tiene una base común en su poblamiento espontáneo, de colonización y constituye el resultante de las políticas públicas orientadas hacia la zona. ...Uno de los problemas que mayor incide en la debilidad de los planes de ordenamiento territorial en los países centroamericanos, es el déficit de información cartográfica y de algunas variables territoriales e indicadores… A pesar de que en la región existe una importante experiencia, habiendo países como El Salvador, que ha desarrollado todos los planes a nivel nacional, regional y subregional, o como Honduras en donde se ha desarrollado planificación a nivel regional y municipal, los planes no se ejecutan, y mucho menos se instrumentalizan al nivel municipal. Fuente: Elaboración 2020, con las fuentes citadas. Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia Indicador 06.04 Institucionalización de la gestión ordenada del territorio: 230 municipalidades en categorías medio bajo (61) y bajo (169) Indicador 06.05 Acciones para la gestión ordenada del territorio: 280 municipalidades en categorías medio bajo (44) y bajo (236) 6 municipios de 340 cuentan con Reglamento de Ordenamiento Territorial aprobado y publicado en Diario Oficial Fondos CODEDE no se distribuyen estratégicamente, Planes regionales, Plan Nacional deberían articularse a fondos/recursos sectoriales, sin embargo, por ejemplo, los planes regionales se estructuran para ejecutarse fondos CODEDE. Planes complementarios, por ejemplo: Planes de manejo de cuenca (AMSA), planes maestros (Parque Naciones-Unidas, CONAP), plan de mancomunidad (Gran Ciudad de Sur-Aportes municipales), sin una figura integradora para la gestión en el territorio. OCRET, CECON, Parques municipales, municipalidades del litoral pacífico. No hay claridad en la gestión. Y así varios ejemplos en el país. Como antecedente al abordaje y la necesidad de plantear un Modelo de gestión territorial, lo encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo el cual en su parte diagnóstica identifica, describe y explica como desde un histórico inadecuado e inexiste abordaje de las dimensiones urbana y rural se han acentuado las brechas de desarrollo. De este modo las dimensiones urbano y rural tienen su concreción en el territorio, cada una con sus funciones y potencialidades y, por ende, con sus particularidades para ser gestionadas. En el contexto Nacional ha sido evidente que la interacción entre ambas dimensiones se ha dado de manera dicotómica y excluyente, basada en un enfoque que considera lo rural solo a partir de los servicios que presta a lo urbano, lo que ha provocado inequidades y brechas de desigualdad. Medición del Ranking, de la Gestión Municipal 2018, indicador OT. Guatemala Escasa integración y vinculación entre los instrumentos de planificación multinivel y los complementarios para la gestión territorial. Planificación Territorial, SEGEPLAN 2020, Opinión. Plan Nacional de Desarrollo, K´atun 2032. Eje Guatemala urbano-rural. Guatemala Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados 44 Débil regulación y control del uso del territorio 1.3 Análisis jurídico del ordenamiento territorial y el uso del suelo como recurso natural insustituible, Universidad Metropolitana. República del Ecuador, Universidad de Camagüey. Cuba. 2016. Articulo Original. Puede ser equivalente a la categorización y subcategorización, propuesta para los municipios de Guatemala. Guía para la elaboración de planes de desarrollo y ordenamiento territorial, SEGEPLAN 2018. 18.- 19.- Algunas reflexiones internacionales18 respecto a que el derecho ocupa un significativo papel en la protección y uso racional del suelo, apuntan a que los instrumentos legales, reguladores del uso del suelo, deben tener la flexibilidad necesaria para adecuarse a las realidades emergentes de cada país y, los planes de ordenamiento territorial y urbano deben perfeccionarse a fin de contribuir a una utilización adecuada de este bien a partir de su clasificación y calificación19. Se precisa que el ordenamiento territorial se sostenga en un régimen jurídico del suelo, que integre y supedite su uso y destino a las disposiciones del planeamiento, en relación con las prescripciones urbanísticas y el sentido social del ejercicio del derecho de propiedad. Para el Lincoln Institute of Land Policy la función de la regulación del uso del suelo en América Latina requiere considerar cuatro aspectos importantes: i) efectos económicos de la regulación, ii) regulación de los derechos y responsabilidades de los terratenientes, iii) gestión del proceso de regulación y iv) relación entre regulación e inversión pública. Es fundamental reconocer que los procesos de regulación del uso del suelo tienen efectos económicos que a menudo conducen a aumentos en los precios del suelo (p. ej., cuando se anuncian permisos o restricciones en la construcción), los efectos económicos de la regulación del uso del suelo tienen implicaciones sociales de largo alcance para ciertas zonas y para la ciudad como un todo, a fin de garantizar un desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y la competitividad de las ciudades. En la región de América Latina y el Caribe, ha proliferado un conjunto de políticas públicas, planes y en menos proporción normativas, con una mirada territorial, pero que no necesariamente se articulan entre sí dentro de cada país, no se consideran como un eco sistema de políticas territoriales, y tienen una escasa o nula vinculación a marcos globales, acordados y firmados por los países de la región, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), entre otros. (NU. CEPAL. ILPES. (LC/CRP.17/3), Santiago, 2019). De acuerdo a la revista arte y sociedad, revista de investigación (asri), en la investigación “Evaluación de Planes de Ordenamiento Urbano: determinaciones de Uso y Ocupación del Suelo” elaborado por (Chuquigunga, Pacurucu y González) indican que en Ecuador los Planes de Ordenación Urbana son los instrumentos de planificación territorial que deben establecer los criterios para el adecuado uso y ocupación del suelo y por lo tanto fijar los parámetros y normas específicas referentes a su uso, fraccionamiento y edificabilidad. No obstante, en diferentes cantones del Ecuador (Azogues, Cuenca, Gualaceo, Nabón, Guachapala, Limón Indanza, Twintza y Taisha), se registran denuncias en los departamentos de Control Urbano en relación con lo señalado. Particularmente en Cuenca, las comisarias emiten sanciones diarias por el incumplimiento de la ordenanza que regula las construcciones en la ciudad. Los tipos de infracciones que se comenten van desde el irrespeto a determinaciones de ocupación de suelo (tamaños de lote, ocupación de retiros, alturas de edificación, entre otras) hasta la ocupación en pendientes mayores al 30% y márgenes de protección de ríos y quebradas. La ocupación de suelo no destinado para la urbanización provoca un alto riesgo para sus habitantes. Ecuador ha sido escenario de enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por inundaciones y deslizamientos de tierra. Con este antecedente, existen por lo tanto varias dudas respecto de la eficacia de los instrumentos de planificación y del cumplimiento de su normativa. Latinoamerica comparte el complejo problema del crecimiento urbano sin control producto de la migración interna, tanto de zonas rurales como de otras ciudades, provocando aglomeración, extensión de construcciones en las periferias urbanas, en zonas de riesgo y el creciente aumento de las desigualdades. A esto se suman otros problemas urbanos como el colapso de los servicios básicos, la insuficiencia de los recursos de las municipalidades para hacer frente a las necesidades de la población, el ineficiente transporte público, entre otros. En este contexto, es necesario estudiar qué factores generan que la ciudad ilegal-informal se reproduzca en el territorio de nuestros países, de los cuales se puede destacar: Planificación demasiado flexible Aspectos ideológicos Aspectos socio-culturales Planes desarticulados y desactualizados Los planes afectan al valor de la tierra y a los derechos de propiedad Escasa participación ciudadana en la construcción de planes Inadecuada gestión de los planes Resoluciones de advertencia y bajas multas Sanciones débiles y no aplicables en la realidad La especulación y los mercados informales de tierras La intensidad de usos de suelo y la coordinación con la planificación ambiental Bajo financiamiento para la gestión. 45 Planificación y ordenación territorial en Guatemala: revisión de su marco legal e institucional y propuesta para su mejora. 2007. 20.- Algunas reflexiones internacionales18 respecto a que el derecho ocupa un significativo papel en la protección y uso racional del suelo, apuntan a que los instrumentos legales, reguladores del uso del suelo, deben tener la flexibilidad necesaria para adecuarse a las realidades emergentes de cada país y, los planes de ordenamiento territorial y urbano deben perfeccionarse a fin de contribuir a una utilización adecuada de este bien a partir de su clasificación y calificación19. Se precisa que el ordenamiento territorial se sostenga en un régimen jurídico del suelo, que integre y supedite su uso y destino a las disposiciones del planeamiento, en relación con las prescripciones urbanísticas y el sentido social del ejercicio del derecho de propiedad. Para el Lincoln Institute of Land Policy la función de la regulación del uso del suelo en América Latina requiere considerar cuatro aspectos importantes: i) efectos económicos de la regulación, ii) regulación de los derechos y responsabilidades de los terratenientes, iii) gestión del proceso de regulación y iv) relación entre regulación e inversión pública. Es fundamental reconocer que los procesos de regulación del uso del suelo tienen efectos económicos que a menudo conducen a aumentos en los precios del suelo (p. ej., cuando se anuncian permisos o restricciones en la construcción), los efectos económicos de la regulación del uso del suelo tienen implicaciones sociales de largo alcance para ciertas zonas y para la ciudad como un todo, a fin de garantizar un desarrollo sustentable, la protección del medio ambiente y la competitividad de las ciudades. En la región de América Latina y el Caribe, ha proliferado un conjunto de políticas públicas, planes y en menos proporción normativas, con una mirada territorial, pero que no necesariamente se articulan entre sí dentro de cada país, no se consideran como un eco sistema de políticas territoriales, y tienen una escasa o nula vinculación a marcos globales, acordados y firmados por los países de la región, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), entre otros. (NU. CEPAL. ILPES. (LC/CRP.17/3), Santiago, 2019). De acuerdo a la revista arte y sociedad, revista de investigación (asri), en la investigación “Evaluación de Planes de Ordenamiento Urbano: determinaciones de Uso y Ocupación del Suelo” elaborado por (Chuquigunga, Pacurucu y González) indican que en Ecuador los Planes de Ordenación Urbana son los instrumentos de planificación territorial que deben establecer los criterios para el adecuado uso y ocupación del suelo y por lo tanto fijar los parámetros y normas específicas referentes a su uso, fraccionamiento y edificabilidad. No obstante, en diferentes cantones del Ecuador (Azogues, Cuenca, Gualaceo, Nabón, Guachapala, Limón Indanza, Twintza y Taisha), se registran denuncias en los departamentos de Control Urbano en relación con lo señalado. Particularmente en Cuenca, las comisarias emiten sanciones diarias por el incumplimiento de la ordenanza que regula las construcciones en la ciudad. Los tipos de infracciones que se comenten van desde el irrespeto a determinaciones de ocupación de suelo (tamaños de lote, ocupación de retiros, alturas de edificación, entre otras) hasta la ocupación en pendientes mayores al 30% y márgenes de protección de ríos y quebradas. La ocupación de suelo no destinado para la urbanización provoca un alto riesgo para sus habitantes. Ecuador ha sido escenario de enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por inundaciones y deslizamientos de tierra. Con este antecedente, existen por lo tanto varias dudas respecto de la eficacia de los instrumentos de planificación y del cumplimiento de su normativa. Latinoamerica comparte el complejo problema del crecimiento urbano sin control producto de la migración interna, tanto de zonas rurales como de otras ciudades, provocando aglomeración, extensión de construcciones en las periferias urbanas, en zonas de riesgo y el creciente aumento de las desigualdades. A esto se suman otros problemas urbanos como el colapso de los servicios básicos, la insuficiencia de los recursos de las municipalidades para hacer frente a las necesidades de la población, el ineficiente transporte público, entre otros. En este contexto, es necesario estudiar qué factores generan que la ciudad ilegal-informal se reproduzca en el territorio de nuestros países, de los cuales se puede destacar: Planificación demasiado flexible Aspectos ideológicos Aspectos socio-culturales Planes desarticulados y desactualizados Los planes afectan al valor de la tierra y a los derechos de propiedad Escasa participación ciudadana en la construcción de planes Inadecuada gestión de los planes Resoluciones de advertencia y bajas multas Sanciones débiles y no aplicables en la realidad La especulación y los mercados informales de tierras La intensidad de usos de suelo y la coordinación con la planificación ambiental Bajo financiamiento para la gestión. Los aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo son una preocupación constante para los Municipios, a fin de establecer procesos eficientes que garanticen la disminución de este tipo de irregularidades. Análisis específicos para el país en 200720, abordaron el estudio de los marcos normativos existentes en Guatemala en materia de ordenación y planificación territorial, así como los instrumentos existentes orientados a poner en marcha un sistema de ordenamiento que pueda revertir en una mejora de la gestión del territorio, y con ello contar con mayores posibilidades de desarrollo. Una de las principales conclusiones fue la inexistencia de 46 legislación aprobada, o propuestas en trámite parlamentario relacionadas con el ordenamiento y planificación territorial. La situación que se mantiene en la actualidad, salvo las propuestas presentadas al Congreso de la República en abril de 2009 No. Registro 40-49 Ley marco de ordenamiento y desarrollo territorial de la nación y, la propuesta presentada en 2015 una iniciativa de ley de ordenamiento territorial (que algunos denominaron ley Cambray II en honor a las víctimas) que busca aportar respuestas institucionales para corregir la manera como se construye casas, barrios, ciudades, territorios. Una iniciativa de ley de nueva generación que se inscribe en los compromisos internacionales de derecho a una ciudad sostenible y resiliente, como lo menciona el ODS 1121. Ambas, sin lograr aprobación. Es deber del Estado regular la ocupación de los asentamientos humanos en el territorio, prevenir la instalación de grupos humanos en zonas identificadas como peligrosas y proponer alternativas y soluciones habitacionales para que todos puedan vivir en condiciones dignas y en zonas seguras, en el marco de la Nueva Agenda Urbana HABITAT de la ONU (2017). Ante la carencia de un marco normativo específico, Guatemala cuenta con un conglomerado legal variado, cuyos planteamientos tienen una traslación territorial directa. Se pueden diferenciar cuatro grandes tipos de leyes en lo relacionado a su incidencia territorial. Plaza Pública, opinión: Ley de ordenamiento territorial ¿ahora sí? 2015. 21.- Los aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo son una preocupación constante para los Municipios, a fin de establecer procesos eficientes que garanticen la disminución de este tipo de irregularidades. Análisis específicos para el país en 200720, abordaron el estudio de los marcos normativos existentes en Guatemala en materia de ordenación y planificación territorial, así como los instrumentos existentes orientados a poner en marcha un sistema de ordenamiento que pueda revertir en una mejora de la gestión del territorio, y con ello contar con mayores posibilidades de desarrollo. Una de las principales conclusiones fue la inexistencia de Cuadro 4. Legislación de incidencia territorial. Legislación de incidencia territorial Leyes que introducen criterios de compartimentación territorial y definen el marco espacial de las políticas públicas. - Ley preliminar de regionalización (1986) - Código municipal (2002) - Ley general de descentralización (2002) Leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones y/o entidades con responsabilidad en el ámbito de la planificación territorial. - Ley de los consejos de desarrollo urbano y rural (2002). - Código municipal (2002) - Ley general de descentralización (2002). Leyes sectoriales de incidencia territorial directa. - Ley de áreas protegidas y sus reformas (1989) - Ley de protección y mejoramiento del medio ambiente (1995) - Ley de tránsito (1996) - Código de salud (1997) Leyes de finalidad urbanística. - Ley preliminar de urbanismo (1956) - Ley parcelamientos urbanos (1961) - Ley de vivienda y asentamientos humanos (1996) Fuente: Planificación y ordenación territorial en Guatemala: revisión de su marco legal e institucional y propuesta para su mejora, Departamento de Geografía. Universidad de Santiago de Compostela, 2007. Dentro de las lecciones aprendidas, luego del desastre del volcán de fuego, se pueden mencionar: Presencia de población y medios productivos en áreas propensas a peligros volcánicos, lo cual se relaciona con deficiencias en los procesos de planificación territorial que integre el conocimiento existente sobre amenazas volcánicas. Ausencia de establecimiento de los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y subcategorías de usos del territorio que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, que deben ser implementados y regulados por las municipalidades mediante sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. 47 legislación aprobada, o propuestas en trámite parlamentario relacionadas con el ordenamiento y planificación territorial. La situación que se mantiene en la actualidad, salvo las propuestas presentadas al Congreso de la República en abril de 2009 No. Registro 40-49 Ley marco de ordenamiento y desarrollo territorial de la nación y, la propuesta presentada en 2015 una iniciativa de ley de ordenamiento territorial (que algunos denominaron ley Cambray II en honor a las víctimas) que busca aportar respuestas institucionales para corregir la manera como se construye casas, barrios, ciudades, territorios. Una iniciativa de ley de nueva generación que se inscribe en los compromisos internacionales de derecho a una ciudad sostenible y resiliente, como lo menciona el ODS 1121. Ambas, sin lograr aprobación. Es deber del Estado regular la ocupación de los asentamientos humanos en el territorio, prevenir la instalación de grupos humanos en zonas identificadas como peligrosas y proponer alternativas y soluciones habitacionales para que todos puedan vivir en condiciones dignas y en zonas seguras, en el marco de la Nueva Agenda Urbana HABITAT de la ONU (2017). Ante la carencia de un marco normativo específico, Guatemala cuenta con un conglomerado legal variado, cuyos planteamientos tienen una traslación territorial directa. Se pueden diferenciar cuatro grandes tipos de leyes en lo relacionado a su incidencia territorial. En las mesas de planificación territorial en zonas de amenaza volcánica22 se reflexionó sobre los desafíos a tener en cuenta para llevar a cabo la planificación territorial de las áreas expuestas a alta amenaza volcánica, entre ellos: apropiación de responsabilidades de cada actor involucrado, de acuerdo con el marco normativo vigente vinculado a la gestión del territorio y alternativas para actualizar información de amenazas y riesgos. Además, se abordaron propuestas relacionadas con: mejorar la articulación de los instrumentos normativos, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como propuestas sobre el fortalecimiento de la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo a nivel local. La catástrofe de El Cambray II no solo desnudó una realidad conocida pero no siempre aceptada, la de la falta de planificación territorial por parte de las autoridades locales. También nos retrató de cuerpo entero como sociedad. Autoridades de turno extendieron una licencia de construcción sin contar con los suficientes elementos que dieran certeza de la seguridad del área. Las autoridades locales no pudieron o no quisieron evitar que se urbanizara un sector localizado en una hondonada entre dos montañas y a la orilla de un río, tampoco fueron capaces de reaccionar a tiempo cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, equivalente a los servicios de protección civil de otros países, emitió por lo menos dos informes alertando del riesgo que existía. La prensa hizo eco de esas advertencias en por lo menos media docena de publicaciones en el último año. En la ciudad de Guatemala, como otras urbes latinoamericanas, hay cientos de asentamientos precarios instalados en laderas ocupadas por familias que emigraron del campo hacia la ciudad en busca de tierra para vivir23. Pero ese no es el caso de El Cambray II, esta fue una lotificación plenamente autorizada y desarrollada con los permisos respectivos en un lugar que nunca debió habitarse. Tampoco hay muchos incentivos para promover unidades habitacionales de corte popular con facilidades para que las familias puedan hacerse de un espacio mínimo y decente dónde vivir. Ni desde el poder local ni desde el Ejecutivo vienen las iniciativas para dotar a los habitantes de viviendas dignas y seguras24. Figura 4. Débil regulación y control en el uso del territorio y sus causas indirectas Débil regulación y control en el uso del territorio i) Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía iii) Debilidad en la implementación de la normativa existente (normas ambiguas que permite la discrecionalidad, descoordinación en el control) ii) Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo iv) Débil regulación y control del mercado inmobiliario Fuente: Propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Comisión de Desarrollo urbano y rural del CONADUR, 2019. En el marco del estudio de las lecciones aprendidas, luego del desastre del volcán de fuego. 161 Asentamientos informales en el municipio de Guatemala. TECHO - Guatemala. (2015). Censo de Asentamientos Informales. Guatemala: Autor Política Nacional de Vivienda y Asentamiento Humanos 2020-2032. 22.- 23.- 24.- Dentro de las lecciones aprendidas, luego del desastre del volcán de fuego, se pueden mencionar: Presencia de población y medios productivos en áreas propensas a peligros volcánicos, lo cual se relaciona con deficiencias en los procesos de planificación territorial que integre el conocimiento existente sobre amenazas volcánicas. Ausencia de establecimiento de los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y subcategorías de usos del territorio que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, que deben ser implementados y regulados por las municipalidades mediante sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. 48 En las mesas de planificación territorial en zonas de amenaza volcánica22 se reflexionó sobre los desafíos a tener en cuenta para llevar a cabo la planificación territorial de las áreas expuestas a alta amenaza volcánica, entre ellos: apropiación de responsabilidades de cada actor involucrado, de acuerdo con el marco normativo vigente vinculado a la gestión del territorio y alternativas para actualizar información de amenazas y riesgos. Además, se abordaron propuestas relacionadas con: mejorar la articulación de los instrumentos normativos, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como propuestas sobre el fortalecimiento de la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo a nivel local. La catástrofe de El Cambray II no solo desnudó una realidad conocida pero no siempre aceptada, la de la falta de planificación territorial por parte de las autoridades locales. También nos retrató de cuerpo entero como sociedad. Autoridades de turno extendieron una licencia de construcción sin contar con los suficientes elementos que dieran certeza de la seguridad del área. Las autoridades locales no pudieron o no quisieron evitar que se urbanizara un sector localizado en una hondonada entre dos montañas y a la orilla de un río, tampoco fueron capaces de reaccionar a tiempo cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, equivalente a los servicios de protección civil de otros países, emitió por lo menos dos informes alertando del riesgo que existía. La prensa hizo eco de esas advertencias en por lo menos media docena de publicaciones en el último año. En la ciudad de Guatemala, como otras urbes latinoamericanas, hay cientos de asentamientos precarios instalados en laderas ocupadas por familias que emigraron del campo hacia la ciudad en busca de tierra para vivir23. Pero ese no es el caso de El Cambray II, esta fue una lotificación plenamente autorizada y desarrollada con los permisos respectivos en un lugar que nunca debió habitarse. Tampoco hay muchos incentivos para promover unidades habitacionales de corte popular con facilidades para que las familias puedan hacerse de un espacio mínimo y decente dónde vivir. Ni desde el poder local ni desde el Ejecutivo vienen las iniciativas para dotar a los habitantes de viviendas dignas y seguras24. Cuadro No. 5. Causas indirectas de primer nivel identificadas para la causa directa de la débil regulación y control de uso del territorio. Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) Planificación para el desarrollo territorial sostenible en América Latina y el Caribe. Autor institucional NU. CEPAL. ILPES. (LC/CRP.17/3), Santiago, 2019. Particularidades de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Naidú Duque Cante, Colombia, 2012. Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo. Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo. En la región de América Latina y el Caribe, ha proliferado un conjunto de políticas públicas, planes y en menos proporción normativas, con una mirada territorial, pero que no necesariamente se articulan entre sí dentro de cada país, no se consideran como un eco sistema de políticas territoriales, y tienen una escasa o nula vinculación a marcos globales, acordados y firmados por los países de la región, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), entre otros. A pesar de que existen algunos avances en los países de la región al crear normativas relacionadas con cambio climático y en menor escala con Gestión de Riesgo a Desastres (GRD); la legislación y los instrumentos técnicos de planificación (incluida la planificación física) no solo deben considerar los aspectos relativos a la identificación y la Reducción de Riesgo a Desastres (RRD), sino garantizar su observancia tanto en el plano territorial como sectorial. El estudio evidencia también la necesidad que el marco normativo o la estrategia de GRD asignen competencias a los sectores y que esto se traduzca en la adopción y el cumplimiento de tales roles y responsabilidades y en la asignación de recursos financieros o en incentivos presupuestarios. Aunque la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial era un propósito que se venía aplazando desde la expedición de la Constitución Política de 1991, esta norma no materializó los grandes propósitos planteados para ella desde la carta magna. El primero de estos consistía en la autorización para convertir en entidades territoriales las tres alternativas descritas en la Constitución, como es el caso de las Provincias, las Regiones y las Entidades Territoriales Indígenas, así como la autorización para crear nuevos departamentos. De estos propósitos el único que quedó plasmado en esta norma fue el último, en relación con las demás categorías la ley entrega la responsabilidad a otra ley para que reglamente la creación de Regiones y de Entidades Territoriales Indígenas. El segundo de los propósitos para la LOOT que estableció la carta constitucional y que consistía en la distribución del mapa de competencias entre los diferentes niveles del Estado atendiendo a una lógica político administrativa, tampoco se concretó. De hecho, esta ley desvió este propósito hacia la distribución de funciones en materia de ordenamiento físico del territorio, con lo cual simplemente complementó el papel de los tres niveles del Estado en materia de ordenamiento territorial cuyo desarrollo inicial tuvo lugar mediante la ley 388 de 1997. Finalmente, Aunque la ley no creó nuevas categorías de entidades territoriales ni redistribuyó competencias entre los niveles del Estado existentes, sí se dedicó al desarrollo y ampliación de categorías de entidades asociativas territoriales, propósito que no está plasmado en la Constitución de 1991 para esta norma. Aunque estos desarrollos puedan considerarse de utilidad para mejorar las alternativas de cooperación entre las entidades territoriales, la ley 1454 de 2011 es una ley disfrazada de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la medida que sus contenidos están lejos de reflejar los propósitos constitucionales establecidos para esta norma. 200 PDM-OT aprobados de 257 formulados (2018-2019) (77% del total formulados). De los PDM-OT aprobados, únicamente había 1 municipio en proceso de formulación del Reglamento de ordenamiento territorial (2020). En el país únicamente hay 6 municipios con Reglamento OT aprobado y publicado, equivale al 1.76% del total de municipios del país. Después de cuatro años de intervención del CNRA y del INC y como consecuencia de un largo periodo de negociación entre representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los colonizadores, de los sectores empresariales e igual número de representantes de las instituciones públicas, se llegó un proyecto de ley con un importante nivel de acuerdos. El proyecto fue entregado al Poder Ejecutivo para que sea remitido formalmente al Congreso, sin embargo, el Ejecutivo no actuó con celeridad debido a la oposición de los sectores empresariales de la agroindustria en Santa Cruz. Fueron los pueblos indígenas, organizados en la Confederación Indígena de Bolivia la que, mediante una marcha, presionaron al gobierno nacional para que remita la propuesta de ley al Congreso Nacional, donde fue aprobada y promulgada como la Ley 1715. Resultados de 17 años de aplicación del saneamiento (1996-2013) Desde la promulgación de la Ley 1715, de 1996, hasta fines de 2013 han transcurrido más de 17 años de la llamada “segunda reforma agraria” que, en la práctica, implica principalmente la aplicación del saneamiento legal de tierras en toda la superficie nacional. Los reportes oficiales del Viceministerio de Tierras a diciembre de 2013 señalan que, de los 106 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento en Bolivia, 68,5 millones ya habrían sido tituladas y/o saneadas durante este procedimiento (64%); mientras que 22,4 millones (21%) todavía están en proceso de saneamiento y 15,8 millones (15%) quedan aún por sanear. Los aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo son una preocupación constante para los Municipios, a fin de establecer procesos eficientes que garanticen la disminución de este tipo de irregularidades. En conclusión, hay incumplimiento de normativa por: • Las bajas multas. Tal como aseguran los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal Cuenca, la responsabilidad es de los ciudadanos, malacostumbrados a pagar multas irrisorias, sumándose a esto la pasividad institucional por hacer cumplir la ley. • La falta de información también dificulta el trabajo de la Municipalidad de Cuenca. Como se ha informado desde esta entidad, sólo hasta el 2020 se contará con un mapa oficial de zonas prohibidas para levantar edificaciones, por lo que se podría decir que otra causa de incumplimiento son los planes desactualizados. Sin embargo, los permisos se han seguido otorgando, sobre todo en zonas consolidadas. • Las invasiones de tierras son otra causa del incumplimiento de las normativas. Existe gente que se dedica al tráfico de tierras o mercado informal de tierras. Se compran terrenos en pendientes de más de 30 grados, se hacen subdivisiones en las notarías y se venden a las personas más necesitadas. La situación es muy compleja y, aunque es más predominante en los sectores rurales, en la ciudad también se observan casos, como por ejemplo en el sector de Miraflores. • Bajo financiamiento para la gestión. La Unidad de Control Municipal de Cuenca se encarga de emitir los permisos de construcción, así como de vigilar que estos problemas no se desarrollen en la ciudad. No obstante, la falta de personal para el control hace ineficaz su trabajo. La ciudad está dividida en 8 zonas y para cada una existe un inspector y una cuadrilla de trabajadores. Tomando en cuenta que la superficie de la urbe alcanza alrededor de 72 km2, el personal es reducido. Es importante citar que los mismos inspectores se encargan de las 21 parroquias del cantón. La falta de programas de vivienda es otra consecuencia del bajo financiamiento de que dispone el municipio, lo que ha provocado que la población implante edificaciones en el suelo más accesible, evidenciándose así que las ordenanzas inciden de manera directa en el valor de la tierra y los derechos de propiedad. • Finalmente, la especulación de la tierra también ha incidido en este fenómeno. En Cuenca existen 700 hectáreas en el área urbana de terrenos sin ningún uso ni ocupación, que disponen de acceso a todos los servicios básicos. Sin embargo, estos terrenos son guardados hasta incrementar su valor. Así también la especulación en el precio del suelo apto para recibir usos urbanos ha provocado que la población con limitaciones económicas busque acceder a suelo de bajo costo, el cual generalmente se encuentra afectado o tiene limitaciones de edificabilidad. Como resultado, una parte de la población no puede acceder al suelo, y menos aún a una vivienda digna. La catástrofe de El Cambray II no solo desnudó una realidad conocida pero no siempre aceptada, la de la falta de planificación territorial por parte de las autoridades locales. También nos retrató de cuerpo entero como sociedad. Autoridades de turno extendieron una licencia de construcción sin contar con los suficientes elementos que dieran certeza de la seguridad del área. Si las autoridades locales no pudieron o no quisieron evitar que se urbanizara un sector localizado en una hondonada entre dos montañas y a la orilla de un río, tampoco fueron capaces de reaccionar a tiempo cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, equivalente a los servicios de protección civil de otros países, emitió por lo menos dos informes alertando del riesgo que existía. La prensa hizo eco de esas advertencias en por lo menos media docena de publicaciones en el último año. En la ciudad de Guatemala, como otras urbes latinoamericanas, hay cientos de asentamientos precarios instalados en laderas ocupadas por familias que emigraron del campo hacia la ciudad en busca de tierra para vivir. Pero ese no es el caso de El Cambray II, esta fue una lotificación plenamente autorizada y desarrollada con los permisos respectivos en un lugar que nunca debió habitarse. Tampoco hay muchos incentivos para promover unidades habitacionales de corte popular con facilidades para que las familias puedan hacerse de un espacio mínimo y decente dónde vivir. Ni desde el poder local ni desde el Ejecutivo vienen las iniciativas para dotar a los habitantes de viviendas dignas y seguras. Lección aprendida: Presencia de población y medios productivos en áreas propensas a peligros volcánicos, lo cual se relaciona con deficiencias en los procesos de planificación territorial que integre el conocimiento existente sobre amenazas volcánicas. Ausencia de establecimiento de los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y subcategorías de usos del territorio que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, que deben ser implementados y regulados por las municipalidades mediante sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. Preguntas orientadoras: ¿qué normatividad debería implementarse en Guatemala a efectos de: (i) evitar la ocupación de zonas propensas a peligros volcánicos aún no ocupadas; y (ii) reducir (desincentivar) la densificación de las áreas ya ocupadas? ¿qué arreglos institucionales deberían implementarse entre los diferentes niveles de gobierno para hacer efectiva la zonificación y reglamentación de las zonas sujetas a alta amenaza volcánica? ¿qué estrategias deberían implementarse para asegurar la sostenibilidad en la provisión de los recursos financieros requeridos para implementar los procesos de zonificación y reglamentación de usos del suelo? Para dar respuesta a estas preguntas, en las mesas de planificación territorial en zonas de amenaza volcánica se reflexionó sobre los desafíos a tener en cuenta para llevar a cabo la planificación territorial de las áreas expuestas a alta amenaza volcánica, entre ellos: apropiación de responsabilidades de cada actor involucrado, de acuerdo con el marco normativo vigente vinculado a la gestión del territorio y alternativas para actualizar información de amenazas y riesgos. Además, se abordaron propuestas relacionadas con: mejorar la articulación de los instrumentos normativos, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como propuestas sobre el fortalecimiento de la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo a nivel local. En la república de Guatemala no existe un cuerpo legal que establezca en un real y debido comportamiento, estructuración y organización de los planes locales de ordenamiento territorial. No se da la debida atención a la organización vial y aprovechamiento de recursos naturales y viales a través de un Estado de derecho, en el cual existen instituciones que velan por el mismo. En comparación con otros países Guatemala se ha quedado en estado retrógrado en el cual no existe por lo menos una institución en la cual se pueda confiar y que esta regule y aplique el ordenamiento territorial. La misma población se ve en la necesidad de cumplir algunas funciones que los órganos municipales no cumplen con su mandato institucional, las cuales se desarrollan en forma desproporcionada, con una falta de control municipal y en perjuicio de los propios pobladores y ciudadanos. En el municipio de Guatemala lo que más afecta actualmente es la conglomeración y concentración de la población en la Ciudad Capital, es por ello que muchas veces el ordenamiento territorial se ve afectado. 49 Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia Informe de avance de los procesos PDM-OT 2017-2020. SEGEPLAN Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo. En la región de América Latina y el Caribe, ha proliferado un conjunto de políticas públicas, planes y en menos proporción normativas, con una mirada territorial, pero que no necesariamente se articulan entre sí dentro de cada país, no se consideran como un eco sistema de políticas territoriales, y tienen una escasa o nula vinculación a marcos globales, acordados y firmados por los países de la región, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), entre otros. A pesar de que existen algunos avances en los países de la región al crear normativas relacionadas con cambio climático y en menor escala con Gestión de Riesgo a Desastres (GRD); la legislación y los instrumentos técnicos de planificación (incluida la planificación física) no solo deben considerar los aspectos relativos a la identificación y la Reducción de Riesgo a Desastres (RRD), sino garantizar su observancia tanto en el plano territorial como sectorial. El estudio evidencia también la necesidad que el marco normativo o la estrategia de GRD asignen competencias a los sectores y que esto se traduzca en la adopción y el cumplimiento de tales roles y responsabilidades y en la asignación de recursos financieros o en incentivos presupuestarios. Aunque la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial era un propósito que se venía aplazando desde la expedición de la Constitución Política de 1991, esta norma no materializó los grandes propósitos planteados para ella desde la carta magna. El primero de estos consistía en la autorización para convertir en entidades territoriales las tres alternativas descritas en la Constitución, como es el caso de las Provincias, las Regiones y las Entidades Territoriales Indígenas, así como la autorización para crear nuevos departamentos. De estos propósitos el único que quedó plasmado en esta norma fue el último, en relación con las demás categorías la ley entrega la responsabilidad a otra ley para que reglamente la creación de Regiones y de Entidades Territoriales Indígenas. El segundo de los propósitos para la LOOT que estableció la carta constitucional y que consistía en la distribución del mapa de competencias entre los diferentes niveles del Estado atendiendo a una lógica político administrativa, tampoco se concretó. De hecho, esta ley desvió este propósito hacia la distribución de funciones en materia de ordenamiento físico del territorio, con lo cual simplemente complementó el papel de los tres niveles del Estado en materia de ordenamiento territorial cuyo desarrollo inicial tuvo lugar mediante la ley 388 de 1997. Finalmente, Aunque la ley no creó nuevas categorías de entidades territoriales ni redistribuyó competencias entre los niveles del Estado existentes, sí se dedicó al desarrollo y ampliación de categorías de entidades asociativas territoriales, propósito que no está plasmado en la Constitución de 1991 para esta norma. Aunque estos desarrollos puedan considerarse de utilidad para mejorar las alternativas de cooperación entre las entidades territoriales, la ley 1454 de 2011 es una ley disfrazada de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la medida que sus contenidos están lejos de reflejar los propósitos constitucionales establecidos para esta norma. 200 PDM-OT aprobados de 257 formulados (2018-2019) (77% del total formulados). De los PDM-OT aprobados, únicamente había 1 municipio en proceso de formulación del Reglamento de ordenamiento territorial (2020). En el país únicamente hay 6 municipios con Reglamento OT aprobado y publicado, equivale al 1.76% del total de municipios del país. Después de cuatro años de intervención del CNRA y del INC y como consecuencia de un largo periodo de negociación entre representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los colonizadores, de los sectores empresariales e igual número de representantes de las instituciones públicas, se llegó un proyecto de ley con un importante nivel de acuerdos. El proyecto fue entregado al Poder Ejecutivo para que sea remitido formalmente al Congreso, sin embargo, el Ejecutivo no actuó con celeridad debido a la oposición de los sectores empresariales de la agroindustria en Santa Cruz. Fueron los pueblos indígenas, organizados en la Confederación Indígena de Bolivia la que, mediante una marcha, presionaron al gobierno nacional para que remita la propuesta de ley al Congreso Nacional, donde fue aprobada y promulgada como la Ley 1715. Resultados de 17 años de aplicación del saneamiento (1996-2013) Desde la promulgación de la Ley 1715, de 1996, hasta fines de 2013 han transcurrido más de 17 años de la llamada “segunda reforma agraria” que, en la práctica, implica principalmente la aplicación del saneamiento legal de tierras en toda la superficie nacional. Los reportes oficiales del Viceministerio de Tierras a diciembre de 2013 señalan que, de los 106 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento en Bolivia, 68,5 millones ya habrían sido tituladas y/o saneadas durante este procedimiento (64%); mientras que 22,4 millones (21%) todavía están en proceso de saneamiento y 15,8 millones (15%) quedan aún por sanear. Los aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo son una preocupación constante para los Municipios, a fin de establecer procesos eficientes que garanticen la disminución de este tipo de irregularidades. En conclusión, hay incumplimiento de normativa por: • Las bajas multas. Tal como aseguran los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal Cuenca, la responsabilidad es de los ciudadanos, malacostumbrados a pagar multas irrisorias, sumándose a esto la pasividad institucional por hacer cumplir la ley. • La falta de información también dificulta el trabajo de la Municipalidad de Cuenca. Como se ha informado desde esta entidad, sólo hasta el 2020 se contará con un mapa oficial de zonas prohibidas para levantar edificaciones, por lo que se podría decir que otra causa de incumplimiento son los planes desactualizados. Sin embargo, los permisos se han seguido otorgando, sobre todo en zonas consolidadas. • Las invasiones de tierras son otra causa del incumplimiento de las normativas. Existe gente que se dedica al tráfico de tierras o mercado informal de tierras. Se compran terrenos en pendientes de más de 30 grados, se hacen subdivisiones en las notarías y se venden a las personas más necesitadas. La situación es muy compleja y, aunque es más predominante en los sectores rurales, en la ciudad también se observan casos, como por ejemplo en el sector de Miraflores. • Bajo financiamiento para la gestión. La Unidad de Control Municipal de Cuenca se encarga de emitir los permisos de construcción, así como de vigilar que estos problemas no se desarrollen en la ciudad. No obstante, la falta de personal para el control hace ineficaz su trabajo. La ciudad está dividida en 8 zonas y para cada una existe un inspector y una cuadrilla de trabajadores. Tomando en cuenta que la superficie de la urbe alcanza alrededor de 72 km2, el personal es reducido. Es importante citar que los mismos inspectores se encargan de las 21 parroquias del cantón. La falta de programas de vivienda es otra consecuencia del bajo financiamiento de que dispone el municipio, lo que ha provocado que la población implante edificaciones en el suelo más accesible, evidenciándose así que las ordenanzas inciden de manera directa en el valor de la tierra y los derechos de propiedad. • Finalmente, la especulación de la tierra también ha incidido en este fenómeno. En Cuenca existen 700 hectáreas en el área urbana de terrenos sin ningún uso ni ocupación, que disponen de acceso a todos los servicios básicos. Sin embargo, estos terrenos son guardados hasta incrementar su valor. Así también la especulación en el precio del suelo apto para recibir usos urbanos ha provocado que la población con limitaciones económicas busque acceder a suelo de bajo costo, el cual generalmente se encuentra afectado o tiene limitaciones de edificabilidad. Como resultado, una parte de la población no puede acceder al suelo, y menos aún a una vivienda digna. La catástrofe de El Cambray II no solo desnudó una realidad conocida pero no siempre aceptada, la de la falta de planificación territorial por parte de las autoridades locales. También nos retrató de cuerpo entero como sociedad. Autoridades de turno extendieron una licencia de construcción sin contar con los suficientes elementos que dieran certeza de la seguridad del área. Si las autoridades locales no pudieron o no quisieron evitar que se urbanizara un sector localizado en una hondonada entre dos montañas y a la orilla de un río, tampoco fueron capaces de reaccionar a tiempo cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, equivalente a los servicios de protección civil de otros países, emitió por lo menos dos informes alertando del riesgo que existía. La prensa hizo eco de esas advertencias en por lo menos media docena de publicaciones en el último año. En la ciudad de Guatemala, como otras urbes latinoamericanas, hay cientos de asentamientos precarios instalados en laderas ocupadas por familias que emigraron del campo hacia la ciudad en busca de tierra para vivir. Pero ese no es el caso de El Cambray II, esta fue una lotificación plenamente autorizada y desarrollada con los permisos respectivos en un lugar que nunca debió habitarse. Tampoco hay muchos incentivos para promover unidades habitacionales de corte popular con facilidades para que las familias puedan hacerse de un espacio mínimo y decente dónde vivir. Ni desde el poder local ni desde el Ejecutivo vienen las iniciativas para dotar a los habitantes de viviendas dignas y seguras. Lección aprendida: Presencia de población y medios productivos en áreas propensas a peligros volcánicos, lo cual se relaciona con deficiencias en los procesos de planificación territorial que integre el conocimiento existente sobre amenazas volcánicas. Ausencia de establecimiento de los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y subcategorías de usos del territorio que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, que deben ser implementados y regulados por las municipalidades mediante sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. Preguntas orientadoras: ¿qué normatividad debería implementarse en Guatemala a efectos de: (i) evitar la ocupación de zonas propensas a peligros volcánicos aún no ocupadas; y (ii) reducir (desincentivar) la densificación de las áreas ya ocupadas? ¿qué arreglos institucionales deberían implementarse entre los diferentes niveles de gobierno para hacer efectiva la zonificación y reglamentación de las zonas sujetas a alta amenaza volcánica? ¿qué estrategias deberían implementarse para asegurar la sostenibilidad en la provisión de los recursos financieros requeridos para implementar los procesos de zonificación y reglamentación de usos del suelo? Para dar respuesta a estas preguntas, en las mesas de planificación territorial en zonas de amenaza volcánica se reflexionó sobre los desafíos a tener en cuenta para llevar a cabo la planificación territorial de las áreas expuestas a alta amenaza volcánica, entre ellos: apropiación de responsabilidades de cada actor involucrado, de acuerdo con el marco normativo vigente vinculado a la gestión del territorio y alternativas para actualizar información de amenazas y riesgos. Además, se abordaron propuestas relacionadas con: mejorar la articulación de los instrumentos normativos, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como propuestas sobre el fortalecimiento de la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo a nivel local. En la república de Guatemala no existe un cuerpo legal que establezca en un real y debido comportamiento, estructuración y organización de los planes locales de ordenamiento territorial. No se da la debida atención a la organización vial y aprovechamiento de recursos naturales y viales a través de un Estado de derecho, en el cual existen instituciones que velan por el mismo. En comparación con otros países Guatemala se ha quedado en estado retrógrado en el cual no existe por lo menos una institución en la cual se pueda confiar y que esta regule y aplique el ordenamiento territorial. La misma población se ve en la necesidad de cumplir algunas funciones que los órganos municipales no cumplen con su mandato institucional, las cuales se desarrollan en forma desproporcionada, con una falta de control municipal y en perjuicio de los propios pobladores y ciudadanos. En el municipio de Guatemala lo que más afecta actualmente es la conglomeración y concentración de la población en la Ciudad Capital, es por ello que muchas veces el ordenamiento territorial se ve afectado. 50 Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia Ley 1715, promulgada en octubre de 1996, modificada parcialmente por la Ley 3545 (Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria - 2006), continúa vigente. Aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación de suelo. Cristina Chuquiguanga Auquilla, Natalia Pacurucu Cáceres y Mónica González Llanos. Universidad de Magala. Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca (Ecuador) Debilidad en la implementación de la normativa existente (normas ambiguas que permite la discrecionalidad, descoordinación en el control) Incumplimiento en la normativa existente por parte de la ciudadanía En la región de América Latina y el Caribe, ha proliferado un conjunto de políticas públicas, planes y en menos proporción normativas, con una mirada territorial, pero que no necesariamente se articulan entre sí dentro de cada país, no se consideran como un eco sistema de políticas territoriales, y tienen una escasa o nula vinculación a marcos globales, acordados y firmados por los países de la región, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), entre otros. A pesar de que existen algunos avances en los países de la región al crear normativas relacionadas con cambio climático y en menor escala con Gestión de Riesgo a Desastres (GRD); la legislación y los instrumentos técnicos de planificación (incluida la planificación física) no solo deben considerar los aspectos relativos a la identificación y la Reducción de Riesgo a Desastres (RRD), sino garantizar su observancia tanto en el plano territorial como sectorial. El estudio evidencia también la necesidad que el marco normativo o la estrategia de GRD asignen competencias a los sectores y que esto se traduzca en la adopción y el cumplimiento de tales roles y responsabilidades y en la asignación de recursos financieros o en incentivos presupuestarios. Aunque la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial era un propósito que se venía aplazando desde la expedición de la Constitución Política de 1991, esta norma no materializó los grandes propósitos planteados para ella desde la carta magna. El primero de estos consistía en la autorización para convertir en entidades territoriales las tres alternativas descritas en la Constitución, como es el caso de las Provincias, las Regiones y las Entidades Territoriales Indígenas, así como la autorización para crear nuevos departamentos. De estos propósitos el único que quedó plasmado en esta norma fue el último, en relación con las demás categorías la ley entrega la responsabilidad a otra ley para que reglamente la creación de Regiones y de Entidades Territoriales Indígenas. El segundo de los propósitos para la LOOT que estableció la carta constitucional y que consistía en la distribución del mapa de competencias entre los diferentes niveles del Estado atendiendo a una lógica político administrativa, tampoco se concretó. De hecho, esta ley desvió este propósito hacia la distribución de funciones en materia de ordenamiento físico del territorio, con lo cual simplemente complementó el papel de los tres niveles del Estado en materia de ordenamiento territorial cuyo desarrollo inicial tuvo lugar mediante la ley 388 de 1997. Finalmente, Aunque la ley no creó nuevas categorías de entidades territoriales ni redistribuyó competencias entre los niveles del Estado existentes, sí se dedicó al desarrollo y ampliación de categorías de entidades asociativas territoriales, propósito que no está plasmado en la Constitución de 1991 para esta norma. Aunque estos desarrollos puedan considerarse de utilidad para mejorar las alternativas de cooperación entre las entidades territoriales, la ley 1454 de 2011 es una ley disfrazada de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la medida que sus contenidos están lejos de reflejar los propósitos constitucionales establecidos para esta norma. 200 PDM-OT aprobados de 257 formulados (2018-2019) (77% del total formulados). De los PDM-OT aprobados, únicamente había 1 municipio en proceso de formulación del Reglamento de ordenamiento territorial (2020). En el país únicamente hay 6 municipios con Reglamento OT aprobado y publicado, equivale al 1.76% del total de municipios del país. Después de cuatro años de intervención del CNRA y del INC y como consecuencia de un largo periodo de negociación entre representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los colonizadores, de los sectores empresariales e igual número de representantes de las instituciones públicas, se llegó un proyecto de ley con un importante nivel de acuerdos. El proyecto fue entregado al Poder Ejecutivo para que sea remitido formalmente al Congreso, sin embargo, el Ejecutivo no actuó con celeridad debido a la oposición de los sectores empresariales de la agroindustria en Santa Cruz. Fueron los pueblos indígenas, organizados en la Confederación Indígena de Bolivia la que, mediante una marcha, presionaron al gobierno nacional para que remita la propuesta de ley al Congreso Nacional, donde fue aprobada y promulgada como la Ley 1715. Resultados de 17 años de aplicación del saneamiento (1996-2013) Desde la promulgación de la Ley 1715, de 1996, hasta fines de 2013 han transcurrido más de 17 años de la llamada “segunda reforma agraria” que, en la práctica, implica principalmente la aplicación del saneamiento legal de tierras en toda la superficie nacional. Los reportes oficiales del Viceministerio de Tierras a diciembre de 2013 señalan que, de los 106 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento en Bolivia, 68,5 millones ya habrían sido tituladas y/o saneadas durante este procedimiento (64%); mientras que 22,4 millones (21%) todavía están en proceso de saneamiento y 15,8 millones (15%) quedan aún por sanear. Los aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo son una preocupación constante para los Municipios, a fin de establecer procesos eficientes que garanticen la disminución de este tipo de irregularidades. En conclusión, hay incumplimiento de normativa por: • Las bajas multas. Tal como aseguran los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal Cuenca, la responsabilidad es de los ciudadanos, malacostumbrados a pagar multas irrisorias, sumándose a esto la pasividad institucional por hacer cumplir la ley. • La falta de información también dificulta el trabajo de la Municipalidad de Cuenca. Como se ha informado desde esta entidad, sólo hasta el 2020 se contará con un mapa oficial de zonas prohibidas para levantar edificaciones, por lo que se podría decir que otra causa de incumplimiento son los planes desactualizados. Sin embargo, los permisos se han seguido otorgando, sobre todo en zonas consolidadas. • Las invasiones de tierras son otra causa del incumplimiento de las normativas. Existe gente que se dedica al tráfico de tierras o mercado informal de tierras. Se compran terrenos en pendientes de más de 30 grados, se hacen subdivisiones en las notarías y se venden a las personas más necesitadas. La situación es muy compleja y, aunque es más predominante en los sectores rurales, en la ciudad también se observan casos, como por ejemplo en el sector de Miraflores. • Bajo financiamiento para la gestión. La Unidad de Control Municipal de Cuenca se encarga de emitir los permisos de construcción, así como de vigilar que estos problemas no se desarrollen en la ciudad. No obstante, la falta de personal para el control hace ineficaz su trabajo. La ciudad está dividida en 8 zonas y para cada una existe un inspector y una cuadrilla de trabajadores. Tomando en cuenta que la superficie de la urbe alcanza alrededor de 72 km2, el personal es reducido. Es importante citar que los mismos inspectores se encargan de las 21 parroquias del cantón. La falta de programas de vivienda es otra consecuencia del bajo financiamiento de que dispone el municipio, lo que ha provocado que la población implante edificaciones en el suelo más accesible, evidenciándose así que las ordenanzas inciden de manera directa en el valor de la tierra y los derechos de propiedad. • Finalmente, la especulación de la tierra también ha incidido en este fenómeno. En Cuenca existen 700 hectáreas en el área urbana de terrenos sin ningún uso ni ocupación, que disponen de acceso a todos los servicios básicos. Sin embargo, estos terrenos son guardados hasta incrementar su valor. Así también la especulación en el precio del suelo apto para recibir usos urbanos ha provocado que la población con limitaciones económicas busque acceder a suelo de bajo costo, el cual generalmente se encuentra afectado o tiene limitaciones de edificabilidad. Como resultado, una parte de la población no puede acceder al suelo, y menos aún a una vivienda digna. La catástrofe de El Cambray II no solo desnudó una realidad conocida pero no siempre aceptada, la de la falta de planificación territorial por parte de las autoridades locales. También nos retrató de cuerpo entero como sociedad. Autoridades de turno extendieron una licencia de construcción sin contar con los suficientes elementos que dieran certeza de la seguridad del área. Si las autoridades locales no pudieron o no quisieron evitar que se urbanizara un sector localizado en una hondonada entre dos montañas y a la orilla de un río, tampoco fueron capaces de reaccionar a tiempo cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, equivalente a los servicios de protección civil de otros países, emitió por lo menos dos informes alertando del riesgo que existía. La prensa hizo eco de esas advertencias en por lo menos media docena de publicaciones en el último año. En la ciudad de Guatemala, como otras urbes latinoamericanas, hay cientos de asentamientos precarios instalados en laderas ocupadas por familias que emigraron del campo hacia la ciudad en busca de tierra para vivir. Pero ese no es el caso de El Cambray II, esta fue una lotificación plenamente autorizada y desarrollada con los permisos respectivos en un lugar que nunca debió habitarse. Tampoco hay muchos incentivos para promover unidades habitacionales de corte popular con facilidades para que las familias puedan hacerse de un espacio mínimo y decente dónde vivir. Ni desde el poder local ni desde el Ejecutivo vienen las iniciativas para dotar a los habitantes de viviendas dignas y seguras. Lección aprendida: Presencia de población y medios productivos en áreas propensas a peligros volcánicos, lo cual se relaciona con deficiencias en los procesos de planificación territorial que integre el conocimiento existente sobre amenazas volcánicas. Ausencia de establecimiento de los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y subcategorías de usos del territorio que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, que deben ser implementados y regulados por las municipalidades mediante sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. Preguntas orientadoras: ¿qué normatividad debería implementarse en Guatemala a efectos de: (i) evitar la ocupación de zonas propensas a peligros volcánicos aún no ocupadas; y (ii) reducir (desincentivar) la densificación de las áreas ya ocupadas? ¿qué arreglos institucionales deberían implementarse entre los diferentes niveles de gobierno para hacer efectiva la zonificación y reglamentación de las zonas sujetas a alta amenaza volcánica? ¿qué estrategias deberían implementarse para asegurar la sostenibilidad en la provisión de los recursos financieros requeridos para implementar los procesos de zonificación y reglamentación de usos del suelo? Para dar respuesta a estas preguntas, en las mesas de planificación territorial en zonas de amenaza volcánica se reflexionó sobre los desafíos a tener en cuenta para llevar a cabo la planificación territorial de las áreas expuestas a alta amenaza volcánica, entre ellos: apropiación de responsabilidades de cada actor involucrado, de acuerdo con el marco normativo vigente vinculado a la gestión del territorio y alternativas para actualizar información de amenazas y riesgos. Además, se abordaron propuestas relacionadas con: mejorar la articulación de los instrumentos normativos, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como propuestas sobre el fortalecimiento de la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo a nivel local. En la república de Guatemala no existe un cuerpo legal que establezca en un real y debido comportamiento, estructuración y organización de los planes locales de ordenamiento territorial. No se da la debida atención a la organización vial y aprovechamiento de recursos naturales y viales a través de un Estado de derecho, en el cual existen instituciones que velan por el mismo. En comparación con otros países Guatemala se ha quedado en estado retrógrado en el cual no existe por lo menos una institución en la cual se pueda confiar y que esta regule y aplique el ordenamiento territorial. La misma población se ve en la necesidad de cumplir algunas funciones que los órganos municipales no cumplen con su mandato institucional, las cuales se desarrollan en forma desproporcionada, con una falta de control municipal y en perjuicio de los propios pobladores y ciudadanos. En el municipio de Guatemala lo que más afecta actualmente es la conglomeración y concentración de la población en la Ciudad Capital, es por ello que muchas veces el ordenamiento territorial se ve afectado. 51 Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia En la región de América Latina y el Caribe, ha proliferado un conjunto de políticas públicas, planes y en menos proporción normativas, con una mirada territorial, pero que no necesariamente se articulan entre sí dentro de cada país, no se consideran como un eco sistema de políticas territoriales, y tienen una escasa o nula vinculación a marcos globales, acordados y firmados por los países de la región, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), entre otros. A pesar de que existen algunos avances en los países de la región al crear normativas relacionadas con cambio climático y en menor escala con Gestión de Riesgo a Desastres (GRD); la legislación y los instrumentos técnicos de planificación (incluida la planificación física) no solo deben considerar los aspectos relativos a la identificación y la Reducción de Riesgo a Desastres (RRD), sino garantizar su observancia tanto en el plano territorial como sectorial. El estudio evidencia también la necesidad que el marco normativo o la estrategia de GRD asignen competencias a los sectores y que esto se traduzca en la adopción y el cumplimiento de tales roles y responsabilidades y en la asignación de recursos financieros o en incentivos presupuestarios. Aunque la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial era un propósito que se venía aplazando desde la expedición de la Constitución Política de 1991, esta norma no materializó los grandes propósitos planteados para ella desde la carta magna. El primero de estos consistía en la autorización para convertir en entidades territoriales las tres alternativas descritas en la Constitución, como es el caso de las Provincias, las Regiones y las Entidades Territoriales Indígenas, así como la autorización para crear nuevos departamentos. De estos propósitos el único que quedó plasmado en esta norma fue el último, en relación con las demás categorías la ley entrega la responsabilidad a otra ley para que reglamente la creación de Regiones y de Entidades Territoriales Indígenas. El segundo de los propósitos para la LOOT que estableció la carta constitucional y que consistía en la distribución del mapa de competencias entre los diferentes niveles del Estado atendiendo a una lógica político administrativa, tampoco se concretó. De hecho, esta ley desvió este propósito hacia la distribución de funciones en materia de ordenamiento físico del territorio, con lo cual simplemente complementó el papel de los tres niveles del Estado en materia de ordenamiento territorial cuyo desarrollo inicial tuvo lugar mediante la ley 388 de 1997. Finalmente, Aunque la ley no creó nuevas categorías de entidades territoriales ni redistribuyó competencias entre los niveles del Estado existentes, sí se dedicó al desarrollo y ampliación de categorías de entidades asociativas territoriales, propósito que no está plasmado en la Constitución de 1991 para esta norma. Aunque estos desarrollos puedan considerarse de utilidad para mejorar las alternativas de cooperación entre las entidades territoriales, la ley 1454 de 2011 es una ley disfrazada de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la medida que sus contenidos están lejos de reflejar los propósitos constitucionales establecidos para esta norma. 200 PDM-OT aprobados de 257 formulados (2018-2019) (77% del total formulados). De los PDM-OT aprobados, únicamente había 1 municipio en proceso de formulación del Reglamento de ordenamiento territorial (2020). En el país únicamente hay 6 municipios con Reglamento OT aprobado y publicado, equivale al 1.76% del total de municipios del país. Después de cuatro años de intervención del CNRA y del INC y como consecuencia de un largo periodo de negociación entre representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los colonizadores, de los sectores empresariales e igual número de representantes de las instituciones públicas, se llegó un proyecto de ley con un importante nivel de acuerdos. El proyecto fue entregado al Poder Ejecutivo para que sea remitido formalmente al Congreso, sin embargo, el Ejecutivo no actuó con celeridad debido a la oposición de los sectores empresariales de la agroindustria en Santa Cruz. Fueron los pueblos indígenas, organizados en la Confederación Indígena de Bolivia la que, mediante una marcha, presionaron al gobierno nacional para que remita la propuesta de ley al Congreso Nacional, donde fue aprobada y promulgada como la Ley 1715. Resultados de 17 años de aplicación del saneamiento (1996-2013) Desde la promulgación de la Ley 1715, de 1996, hasta fines de 2013 han transcurrido más de 17 años de la llamada “segunda reforma agraria” que, en la práctica, implica principalmente la aplicación del saneamiento legal de tierras en toda la superficie nacional. Los reportes oficiales del Viceministerio de Tierras a diciembre de 2013 señalan que, de los 106 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento en Bolivia, 68,5 millones ya habrían sido tituladas y/o saneadas durante este procedimiento (64%); mientras que 22,4 millones (21%) todavía están en proceso de saneamiento y 15,8 millones (15%) quedan aún por sanear. Los aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo son una preocupación constante para los Municipios, a fin de establecer procesos eficientes que garanticen la disminución de este tipo de irregularidades. En conclusión, hay incumplimiento de normativa por: • Las bajas multas. Tal como aseguran los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal Cuenca, la responsabilidad es de los ciudadanos, malacostumbrados a pagar multas irrisorias, sumándose a esto la pasividad institucional por hacer cumplir la ley. • La falta de información también dificulta el trabajo de la Municipalidad de Cuenca. Como se ha informado desde esta entidad, sólo hasta el 2020 se contará con un mapa oficial de zonas prohibidas para levantar edificaciones, por lo que se podría decir que otra causa de incumplimiento son los planes desactualizados. Sin embargo, los permisos se han seguido otorgando, sobre todo en zonas consolidadas. • Las invasiones de tierras son otra causa del incumplimiento de las normativas. Existe gente que se dedica al tráfico de tierras o mercado informal de tierras. Se compran terrenos en pendientes de más de 30 grados, se hacen subdivisiones en las notarías y se venden a las personas más necesitadas. La situación es muy compleja y, aunque es más predominante en los sectores rurales, en la ciudad también se observan casos, como por ejemplo en el sector de Miraflores. • Bajo financiamiento para la gestión. La Unidad de Control Municipal de Cuenca se encarga de emitir los permisos de construcción, así como de vigilar que estos problemas no se desarrollen en la ciudad. No obstante, la falta de personal para el control hace ineficaz su trabajo. La ciudad está dividida en 8 zonas y para cada una existe un inspector y una cuadrilla de trabajadores. Tomando en cuenta que la superficie de la urbe alcanza alrededor de 72 km2, el personal es reducido. Es importante citar que los mismos inspectores se encargan de las 21 parroquias del cantón. La falta de programas de vivienda es otra consecuencia del bajo financiamiento de que dispone el municipio, lo que ha provocado que la población implante edificaciones en el suelo más accesible, evidenciándose así que las ordenanzas inciden de manera directa en el valor de la tierra y los derechos de propiedad. • Finalmente, la especulación de la tierra también ha incidido en este fenómeno. En Cuenca existen 700 hectáreas en el área urbana de terrenos sin ningún uso ni ocupación, que disponen de acceso a todos los servicios básicos. Sin embargo, estos terrenos son guardados hasta incrementar su valor. Así también la especulación en el precio del suelo apto para recibir usos urbanos ha provocado que la población con limitaciones económicas busque acceder a suelo de bajo costo, el cual generalmente se encuentra afectado o tiene limitaciones de edificabilidad. Como resultado, una parte de la población no puede acceder al suelo, y menos aún a una vivienda digna. La catástrofe de El Cambray II no solo desnudó una realidad conocida pero no siempre aceptada, la de la falta de planificación territorial por parte de las autoridades locales. También nos retrató de cuerpo entero como sociedad. Autoridades de turno extendieron una licencia de construcción sin contar con los suficientes elementos que dieran certeza de la seguridad del área. Si las autoridades locales no pudieron o no quisieron evitar que se urbanizara un sector localizado en una hondonada entre dos montañas y a la orilla de un río, tampoco fueron capaces de reaccionar a tiempo cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, equivalente a los servicios de protección civil de otros países, emitió por lo menos dos informes alertando del riesgo que existía. La prensa hizo eco de esas advertencias en por lo menos media docena de publicaciones en el último año. En la ciudad de Guatemala, como otras urbes latinoamericanas, hay cientos de asentamientos precarios instalados en laderas ocupadas por familias que emigraron del campo hacia la ciudad en busca de tierra para vivir. Pero ese no es el caso de El Cambray II, esta fue una lotificación plenamente autorizada y desarrollada con los permisos respectivos en un lugar que nunca debió habitarse. Tampoco hay muchos incentivos para promover unidades habitacionales de corte popular con facilidades para que las familias puedan hacerse de un espacio mínimo y decente dónde vivir. Ni desde el poder local ni desde el Ejecutivo vienen las iniciativas para dotar a los habitantes de viviendas dignas y seguras. Lección aprendida: Presencia de población y medios productivos en áreas propensas a peligros volcánicos, lo cual se relaciona con deficiencias en los procesos de planificación territorial que integre el conocimiento existente sobre amenazas volcánicas. Ausencia de establecimiento de los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y subcategorías de usos del territorio que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, que deben ser implementados y regulados por las municipalidades mediante sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. Preguntas orientadoras: ¿qué normatividad debería implementarse en Guatemala a efectos de: (i) evitar la ocupación de zonas propensas a peligros volcánicos aún no ocupadas; y (ii) reducir (desincentivar) la densificación de las áreas ya ocupadas? ¿qué arreglos institucionales deberían implementarse entre los diferentes niveles de gobierno para hacer efectiva la zonificación y reglamentación de las zonas sujetas a alta amenaza volcánica? ¿qué estrategias deberían implementarse para asegurar la sostenibilidad en la provisión de los recursos financieros requeridos para implementar los procesos de zonificación y reglamentación de usos del suelo? Para dar respuesta a estas preguntas, en las mesas de planificación territorial en zonas de amenaza volcánica se reflexionó sobre los desafíos a tener en cuenta para llevar a cabo la planificación territorial de las áreas expuestas a alta amenaza volcánica, entre ellos: apropiación de responsabilidades de cada actor involucrado, de acuerdo con el marco normativo vigente vinculado a la gestión del territorio y alternativas para actualizar información de amenazas y riesgos. Además, se abordaron propuestas relacionadas con: mejorar la articulación de los instrumentos normativos, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como propuestas sobre el fortalecimiento de la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo a nivel local. En la república de Guatemala no existe un cuerpo legal que establezca en un real y debido comportamiento, estructuración y organización de los planes locales de ordenamiento territorial. No se da la debida atención a la organización vial y aprovechamiento de recursos naturales y viales a través de un Estado de derecho, en el cual existen instituciones que velan por el mismo. En comparación con otros países Guatemala se ha quedado en estado retrógrado en el cual no existe por lo menos una institución en la cual se pueda confiar y que esta regule y aplique el ordenamiento territorial. La misma población se ve en la necesidad de cumplir algunas funciones que los órganos municipales no cumplen con su mandato institucional, las cuales se desarrollan en forma desproporcionada, con una falta de control municipal y en perjuicio de los propios pobladores y ciudadanos. En el municipio de Guatemala lo que más afecta actualmente es la conglomeración y concentración de la población en la Ciudad Capital, es por ello que muchas veces el ordenamiento territorial se ve afectado. 52 Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia Deslave en Guatemala: Las lecciones de El Cambray II. Por Luis Gil. Página web La Humanidad, año 2015 Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo. Debilidad en la implementación de la normativa existente (normas ambiguas que permite la discrecionalidad, descoordinación en el control) Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía. En la región de América Latina y el Caribe, ha proliferado un conjunto de políticas públicas, planes y en menos proporción normativas, con una mirada territorial, pero que no necesariamente se articulan entre sí dentro de cada país, no se consideran como un eco sistema de políticas territoriales, y tienen una escasa o nula vinculación a marcos globales, acordados y firmados por los países de la región, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), entre otros. A pesar de que existen algunos avances en los países de la región al crear normativas relacionadas con cambio climático y en menor escala con Gestión de Riesgo a Desastres (GRD); la legislación y los instrumentos técnicos de planificación (incluida la planificación física) no solo deben considerar los aspectos relativos a la identificación y la Reducción de Riesgo a Desastres (RRD), sino garantizar su observancia tanto en el plano territorial como sectorial. El estudio evidencia también la necesidad que el marco normativo o la estrategia de GRD asignen competencias a los sectores y que esto se traduzca en la adopción y el cumplimiento de tales roles y responsabilidades y en la asignación de recursos financieros o en incentivos presupuestarios. Aunque la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial era un propósito que se venía aplazando desde la expedición de la Constitución Política de 1991, esta norma no materializó los grandes propósitos planteados para ella desde la carta magna. El primero de estos consistía en la autorización para convertir en entidades territoriales las tres alternativas descritas en la Constitución, como es el caso de las Provincias, las Regiones y las Entidades Territoriales Indígenas, así como la autorización para crear nuevos departamentos. De estos propósitos el único que quedó plasmado en esta norma fue el último, en relación con las demás categorías la ley entrega la responsabilidad a otra ley para que reglamente la creación de Regiones y de Entidades Territoriales Indígenas. El segundo de los propósitos para la LOOT que estableció la carta constitucional y que consistía en la distribución del mapa de competencias entre los diferentes niveles del Estado atendiendo a una lógica político administrativa, tampoco se concretó. De hecho, esta ley desvió este propósito hacia la distribución de funciones en materia de ordenamiento físico del territorio, con lo cual simplemente complementó el papel de los tres niveles del Estado en materia de ordenamiento territorial cuyo desarrollo inicial tuvo lugar mediante la ley 388 de 1997. Finalmente, Aunque la ley no creó nuevas categorías de entidades territoriales ni redistribuyó competencias entre los niveles del Estado existentes, sí se dedicó al desarrollo y ampliación de categorías de entidades asociativas territoriales, propósito que no está plasmado en la Constitución de 1991 para esta norma. Aunque estos desarrollos puedan considerarse de utilidad para mejorar las alternativas de cooperación entre las entidades territoriales, la ley 1454 de 2011 es una ley disfrazada de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la medida que sus contenidos están lejos de reflejar los propósitos constitucionales establecidos para esta norma. 200 PDM-OT aprobados de 257 formulados (2018-2019) (77% del total formulados). De los PDM-OT aprobados, únicamente había 1 municipio en proceso de formulación del Reglamento de ordenamiento territorial (2020). En el país únicamente hay 6 municipios con Reglamento OT aprobado y publicado, equivale al 1.76% del total de municipios del país. Después de cuatro años de intervención del CNRA y del INC y como consecuencia de un largo periodo de negociación entre representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los colonizadores, de los sectores empresariales e igual número de representantes de las instituciones públicas, se llegó un proyecto de ley con un importante nivel de acuerdos. El proyecto fue entregado al Poder Ejecutivo para que sea remitido formalmente al Congreso, sin embargo, el Ejecutivo no actuó con celeridad debido a la oposición de los sectores empresariales de la agroindustria en Santa Cruz. Fueron los pueblos indígenas, organizados en la Confederación Indígena de Bolivia la que, mediante una marcha, presionaron al gobierno nacional para que remita la propuesta de ley al Congreso Nacional, donde fue aprobada y promulgada como la Ley 1715. Resultados de 17 años de aplicación del saneamiento (1996-2013) Desde la promulgación de la Ley 1715, de 1996, hasta fines de 2013 han transcurrido más de 17 años de la llamada “segunda reforma agraria” que, en la práctica, implica principalmente la aplicación del saneamiento legal de tierras en toda la superficie nacional. Los reportes oficiales del Viceministerio de Tierras a diciembre de 2013 señalan que, de los 106 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento en Bolivia, 68,5 millones ya habrían sido tituladas y/o saneadas durante este procedimiento (64%); mientras que 22,4 millones (21%) todavía están en proceso de saneamiento y 15,8 millones (15%) quedan aún por sanear. Los aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo son una preocupación constante para los Municipios, a fin de establecer procesos eficientes que garanticen la disminución de este tipo de irregularidades. En conclusión, hay incumplimiento de normativa por: • Las bajas multas. Tal como aseguran los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal Cuenca, la responsabilidad es de los ciudadanos, malacostumbrados a pagar multas irrisorias, sumándose a esto la pasividad institucional por hacer cumplir la ley. • La falta de información también dificulta el trabajo de la Municipalidad de Cuenca. Como se ha informado desde esta entidad, sólo hasta el 2020 se contará con un mapa oficial de zonas prohibidas para levantar edificaciones, por lo que se podría decir que otra causa de incumplimiento son los planes desactualizados. Sin embargo, los permisos se han seguido otorgando, sobre todo en zonas consolidadas. • Las invasiones de tierras son otra causa del incumplimiento de las normativas. Existe gente que se dedica al tráfico de tierras o mercado informal de tierras. Se compran terrenos en pendientes de más de 30 grados, se hacen subdivisiones en las notarías y se venden a las personas más necesitadas. La situación es muy compleja y, aunque es más predominante en los sectores rurales, en la ciudad también se observan casos, como por ejemplo en el sector de Miraflores. • Bajo financiamiento para la gestión. La Unidad de Control Municipal de Cuenca se encarga de emitir los permisos de construcción, así como de vigilar que estos problemas no se desarrollen en la ciudad. No obstante, la falta de personal para el control hace ineficaz su trabajo. La ciudad está dividida en 8 zonas y para cada una existe un inspector y una cuadrilla de trabajadores. Tomando en cuenta que la superficie de la urbe alcanza alrededor de 72 km2, el personal es reducido. Es importante citar que los mismos inspectores se encargan de las 21 parroquias del cantón. La falta de programas de vivienda es otra consecuencia del bajo financiamiento de que dispone el municipio, lo que ha provocado que la población implante edificaciones en el suelo más accesible, evidenciándose así que las ordenanzas inciden de manera directa en el valor de la tierra y los derechos de propiedad. • Finalmente, la especulación de la tierra también ha incidido en este fenómeno. En Cuenca existen 700 hectáreas en el área urbana de terrenos sin ningún uso ni ocupación, que disponen de acceso a todos los servicios básicos. Sin embargo, estos terrenos son guardados hasta incrementar su valor. Así también la especulación en el precio del suelo apto para recibir usos urbanos ha provocado que la población con limitaciones económicas busque acceder a suelo de bajo costo, el cual generalmente se encuentra afectado o tiene limitaciones de edificabilidad. Como resultado, una parte de la población no puede acceder al suelo, y menos aún a una vivienda digna. La catástrofe de El Cambray II no solo desnudó una realidad conocida pero no siempre aceptada, la de la falta de planificación territorial por parte de las autoridades locales. También nos retrató de cuerpo entero como sociedad. Autoridades de turno extendieron una licencia de construcción sin contar con los suficientes elementos que dieran certeza de la seguridad del área. Si las autoridades locales no pudieron o no quisieron evitar que se urbanizara un sector localizado en una hondonada entre dos montañas y a la orilla de un río, tampoco fueron capaces de reaccionar a tiempo cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, equivalente a los servicios de protección civil de otros países, emitió por lo menos dos informes alertando del riesgo que existía. La prensa hizo eco de esas advertencias en por lo menos media docena de publicaciones en el último año. En la ciudad de Guatemala, como otras urbes latinoamericanas, hay cientos de asentamientos precarios instalados en laderas ocupadas por familias que emigraron del campo hacia la ciudad en busca de tierra para vivir. Pero ese no es el caso de El Cambray II, esta fue una lotificación plenamente autorizada y desarrollada con los permisos respectivos en un lugar que nunca debió habitarse. Tampoco hay muchos incentivos para promover unidades habitacionales de corte popular con facilidades para que las familias puedan hacerse de un espacio mínimo y decente dónde vivir. Ni desde el poder local ni desde el Ejecutivo vienen las iniciativas para dotar a los habitantes de viviendas dignas y seguras. Lección aprendida: Presencia de población y medios productivos en áreas propensas a peligros volcánicos, lo cual se relaciona con deficiencias en los procesos de planificación territorial que integre el conocimiento existente sobre amenazas volcánicas. Ausencia de establecimiento de los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y subcategorías de usos del territorio que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, que deben ser implementados y regulados por las municipalidades mediante sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. Preguntas orientadoras: ¿qué normatividad debería implementarse en Guatemala a efectos de: (i) evitar la ocupación de zonas propensas a peligros volcánicos aún no ocupadas; y (ii) reducir (desincentivar) la densificación de las áreas ya ocupadas? ¿qué arreglos institucionales deberían implementarse entre los diferentes niveles de gobierno para hacer efectiva la zonificación y reglamentación de las zonas sujetas a alta amenaza volcánica? ¿qué estrategias deberían implementarse para asegurar la sostenibilidad en la provisión de los recursos financieros requeridos para implementar los procesos de zonificación y reglamentación de usos del suelo? Para dar respuesta a estas preguntas, en las mesas de planificación territorial en zonas de amenaza volcánica se reflexionó sobre los desafíos a tener en cuenta para llevar a cabo la planificación territorial de las áreas expuestas a alta amenaza volcánica, entre ellos: apropiación de responsabilidades de cada actor involucrado, de acuerdo con el marco normativo vigente vinculado a la gestión del territorio y alternativas para actualizar información de amenazas y riesgos. Además, se abordaron propuestas relacionadas con: mejorar la articulación de los instrumentos normativos, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como propuestas sobre el fortalecimiento de la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo a nivel local. En la república de Guatemala no existe un cuerpo legal que establezca en un real y debido comportamiento, estructuración y organización de los planes locales de ordenamiento territorial. No se da la debida atención a la organización vial y aprovechamiento de recursos naturales y viales a través de un Estado de derecho, en el cual existen instituciones que velan por el mismo. En comparación con otros países Guatemala se ha quedado en estado retrógrado en el cual no existe por lo menos una institución en la cual se pueda confiar y que esta regule y aplique el ordenamiento territorial. La misma población se ve en la necesidad de cumplir algunas funciones que los órganos municipales no cumplen con su mandato institucional, las cuales se desarrollan en forma desproporcionada, con una falta de control municipal y en perjuicio de los propios pobladores y ciudadanos. En el municipio de Guatemala lo que más afecta actualmente es la conglomeración y concentración de la población en la Ciudad Capital, es por ello que muchas veces el ordenamiento territorial se ve afectado. 53 Fuente: Elaboración 2020, con las fuentes citadas. Documento consultado Causa indirecta de primer nivel, a la que aporta Conclusiones/Evidencia Memorias del taller internacional de lecciones aprendidas del volcán de fuego. Guatemala, 17 -19 de octubre de 2018. hoja de ruta para fortalecer la gestión del riesgo de desastres volcánicos en el país. Banco Mundial Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo. Debilidad en la implementación de la normativa existente (normas ambiguas que permite la discrecionalidad, descoordinación en el control) Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía Análisis jurídico del Plan de Ordenamiento Territorial y sus incidencias en el municipio de Guatemala. Tesis de grado licenciatura. Álvaro Gerardo Donis Cruz. Facultad de ciencias jurídicas y sociales. USAC, 2015. Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía En la región de América Latina y el Caribe, ha proliferado un conjunto de políticas públicas, planes y en menos proporción normativas, con una mirada territorial, pero que no necesariamente se articulan entre sí dentro de cada país, no se consideran como un eco sistema de políticas territoriales, y tienen una escasa o nula vinculación a marcos globales, acordados y firmados por los países de la región, como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III) (2016), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013) y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), entre otros. A pesar de que existen algunos avances en los países de la región al crear normativas relacionadas con cambio climático y en menor escala con Gestión de Riesgo a Desastres (GRD); la legislación y los instrumentos técnicos de planificación (incluida la planificación física) no solo deben considerar los aspectos relativos a la identificación y la Reducción de Riesgo a Desastres (RRD), sino garantizar su observancia tanto en el plano territorial como sectorial. El estudio evidencia también la necesidad que el marco normativo o la estrategia de GRD asignen competencias a los sectores y que esto se traduzca en la adopción y el cumplimiento de tales roles y responsabilidades y en la asignación de recursos financieros o en incentivos presupuestarios. Aunque la expedición de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial era un propósito que se venía aplazando desde la expedición de la Constitución Política de 1991, esta norma no materializó los grandes propósitos planteados para ella desde la carta magna. El primero de estos consistía en la autorización para convertir en entidades territoriales las tres alternativas descritas en la Constitución, como es el caso de las Provincias, las Regiones y las Entidades Territoriales Indígenas, así como la autorización para crear nuevos departamentos. De estos propósitos el único que quedó plasmado en esta norma fue el último, en relación con las demás categorías la ley entrega la responsabilidad a otra ley para que reglamente la creación de Regiones y de Entidades Territoriales Indígenas. El segundo de los propósitos para la LOOT que estableció la carta constitucional y que consistía en la distribución del mapa de competencias entre los diferentes niveles del Estado atendiendo a una lógica político administrativa, tampoco se concretó. De hecho, esta ley desvió este propósito hacia la distribución de funciones en materia de ordenamiento físico del territorio, con lo cual simplemente complementó el papel de los tres niveles del Estado en materia de ordenamiento territorial cuyo desarrollo inicial tuvo lugar mediante la ley 388 de 1997. Finalmente, Aunque la ley no creó nuevas categorías de entidades territoriales ni redistribuyó competencias entre los niveles del Estado existentes, sí se dedicó al desarrollo y ampliación de categorías de entidades asociativas territoriales, propósito que no está plasmado en la Constitución de 1991 para esta norma. Aunque estos desarrollos puedan considerarse de utilidad para mejorar las alternativas de cooperación entre las entidades territoriales, la ley 1454 de 2011 es una ley disfrazada de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, en la medida que sus contenidos están lejos de reflejar los propósitos constitucionales establecidos para esta norma. 200 PDM-OT aprobados de 257 formulados (2018-2019) (77% del total formulados). De los PDM-OT aprobados, únicamente había 1 municipio en proceso de formulación del Reglamento de ordenamiento territorial (2020). En el país únicamente hay 6 municipios con Reglamento OT aprobado y publicado, equivale al 1.76% del total de municipios del país. Después de cuatro años de intervención del CNRA y del INC y como consecuencia de un largo periodo de negociación entre representantes de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los colonizadores, de los sectores empresariales e igual número de representantes de las instituciones públicas, se llegó un proyecto de ley con un importante nivel de acuerdos. El proyecto fue entregado al Poder Ejecutivo para que sea remitido formalmente al Congreso, sin embargo, el Ejecutivo no actuó con celeridad debido a la oposición de los sectores empresariales de la agroindustria en Santa Cruz. Fueron los pueblos indígenas, organizados en la Confederación Indígena de Bolivia la que, mediante una marcha, presionaron al gobierno nacional para que remita la propuesta de ley al Congreso Nacional, donde fue aprobada y promulgada como la Ley 1715. Resultados de 17 años de aplicación del saneamiento (1996-2013) Desde la promulgación de la Ley 1715, de 1996, hasta fines de 2013 han transcurrido más de 17 años de la llamada “segunda reforma agraria” que, en la práctica, implica principalmente la aplicación del saneamiento legal de tierras en toda la superficie nacional. Los reportes oficiales del Viceministerio de Tierras a diciembre de 2013 señalan que, de los 106 millones de hectáreas susceptibles de saneamiento en Bolivia, 68,5 millones ya habrían sido tituladas y/o saneadas durante este procedimiento (64%); mientras que 22,4 millones (21%) todavía están en proceso de saneamiento y 15,8 millones (15%) quedan aún por sanear. Los aspectos que influyen en el incumplimiento de normas urbanísticas de uso y ocupación del suelo son una preocupación constante para los Municipios, a fin de establecer procesos eficientes que garanticen la disminución de este tipo de irregularidades. En conclusión, hay incumplimiento de normativa por: • Las bajas multas. Tal como aseguran los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal Cuenca, la responsabilidad es de los ciudadanos, malacostumbrados a pagar multas irrisorias, sumándose a esto la pasividad institucional por hacer cumplir la ley. • La falta de información también dificulta el trabajo de la Municipalidad de Cuenca. Como se ha informado desde esta entidad, sólo hasta el 2020 se contará con un mapa oficial de zonas prohibidas para levantar edificaciones, por lo que se podría decir que otra causa de incumplimiento son los planes desactualizados. Sin embargo, los permisos se han seguido otorgando, sobre todo en zonas consolidadas. • Las invasiones de tierras son otra causa del incumplimiento de las normativas. Existe gente que se dedica al tráfico de tierras o mercado informal de tierras. Se compran terrenos en pendientes de más de 30 grados, se hacen subdivisiones en las notarías y se venden a las personas más necesitadas. La situación es muy compleja y, aunque es más predominante en los sectores rurales, en la ciudad también se observan casos, como por ejemplo en el sector de Miraflores. • Bajo financiamiento para la gestión. La Unidad de Control Municipal de Cuenca se encarga de emitir los permisos de construcción, así como de vigilar que estos problemas no se desarrollen en la ciudad. No obstante, la falta de personal para el control hace ineficaz su trabajo. La ciudad está dividida en 8 zonas y para cada una existe un inspector y una cuadrilla de trabajadores. Tomando en cuenta que la superficie de la urbe alcanza alrededor de 72 km2, el personal es reducido. Es importante citar que los mismos inspectores se encargan de las 21 parroquias del cantón. La falta de programas de vivienda es otra consecuencia del bajo financiamiento de que dispone el municipio, lo que ha provocado que la población implante edificaciones en el suelo más accesible, evidenciándose así que las ordenanzas inciden de manera directa en el valor de la tierra y los derechos de propiedad. • Finalmente, la especulación de la tierra también ha incidido en este fenómeno. En Cuenca existen 700 hectáreas en el área urbana de terrenos sin ningún uso ni ocupación, que disponen de acceso a todos los servicios básicos. Sin embargo, estos terrenos son guardados hasta incrementar su valor. Así también la especulación en el precio del suelo apto para recibir usos urbanos ha provocado que la población con limitaciones económicas busque acceder a suelo de bajo costo, el cual generalmente se encuentra afectado o tiene limitaciones de edificabilidad. Como resultado, una parte de la población no puede acceder al suelo, y menos aún a una vivienda digna. La catástrofe de El Cambray II no solo desnudó una realidad conocida pero no siempre aceptada, la de la falta de planificación territorial por parte de las autoridades locales. También nos retrató de cuerpo entero como sociedad. Autoridades de turno extendieron una licencia de construcción sin contar con los suficientes elementos que dieran certeza de la seguridad del área. Si las autoridades locales no pudieron o no quisieron evitar que se urbanizara un sector localizado en una hondonada entre dos montañas y a la orilla de un río, tampoco fueron capaces de reaccionar a tiempo cuando la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, equivalente a los servicios de protección civil de otros países, emitió por lo menos dos informes alertando del riesgo que existía. La prensa hizo eco de esas advertencias en por lo menos media docena de publicaciones en el último año. En la ciudad de Guatemala, como otras urbes latinoamericanas, hay cientos de asentamientos precarios instalados en laderas ocupadas por familias que emigraron del campo hacia la ciudad en busca de tierra para vivir. Pero ese no es el caso de El Cambray II, esta fue una lotificación plenamente autorizada y desarrollada con los permisos respectivos en un lugar que nunca debió habitarse. Tampoco hay muchos incentivos para promover unidades habitacionales de corte popular con facilidades para que las familias puedan hacerse de un espacio mínimo y decente dónde vivir. Ni desde el poder local ni desde el Ejecutivo vienen las iniciativas para dotar a los habitantes de viviendas dignas y seguras. Lección aprendida: Presencia de población y medios productivos en áreas propensas a peligros volcánicos, lo cual se relaciona con deficiencias en los procesos de planificación territorial que integre el conocimiento existente sobre amenazas volcánicas. Ausencia de establecimiento de los lineamientos normativos de ordenamiento territorial de las categorías y subcategorías de usos del territorio que corresponda en zonas de alta amenaza volcánica, que deben ser implementados y regulados por las municipalidades mediante sus Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial. Preguntas orientadoras: ¿qué normatividad debería implementarse en Guatemala a efectos de: (i) evitar la ocupación de zonas propensas a peligros volcánicos aún no ocupadas; y (ii) reducir (desincentivar) la densificación de las áreas ya ocupadas? ¿qué arreglos institucionales deberían implementarse entre los diferentes niveles de gobierno para hacer efectiva la zonificación y reglamentación de las zonas sujetas a alta amenaza volcánica? ¿qué estrategias deberían implementarse para asegurar la sostenibilidad en la provisión de los recursos financieros requeridos para implementar los procesos de zonificación y reglamentación de usos del suelo? Para dar respuesta a estas preguntas, en las mesas de planificación territorial en zonas de amenaza volcánica se reflexionó sobre los desafíos a tener en cuenta para llevar a cabo la planificación territorial de las áreas expuestas a alta amenaza volcánica, entre ellos: apropiación de responsabilidades de cada actor involucrado, de acuerdo con el marco normativo vigente vinculado a la gestión del territorio y alternativas para actualizar información de amenazas y riesgos. Además, se abordaron propuestas relacionadas con: mejorar la articulación de los instrumentos normativos, fortalecimiento de capacidades institucionales, así como propuestas sobre el fortalecimiento de la integración de la gestión del riesgo de desastres en la planificación del desarrollo a nivel local. En la república de Guatemala no existe un cuerpo legal que establezca en un real y debido comportamiento, estructuración y organización de los planes locales de ordenamiento territorial. No se da la debida atención a la organización vial y aprovechamiento de recursos naturales y viales a través de un Estado de derecho, en el cual existen instituciones que velan por el mismo. En comparación con otros países Guatemala se ha quedado en estado retrógrado en el cual no existe por lo menos una institución en la cual se pueda confiar y que esta regule y aplique el ordenamiento territorial. La misma población se ve en la necesidad de cumplir algunas funciones que los órganos municipales no cumplen con su mandato institucional, las cuales se desarrollan en forma desproporcionada, con una falta de control municipal y en perjuicio de los propios pobladores y ciudadanos. En el municipio de Guatemala lo que más afecta actualmente es la conglomeración y concentración de la población en la Ciudad Capital, es por ello que muchas veces el ordenamiento territorial se ve afectado. 54 Migración interna y desplazamiento interno 1.4 Personas que migraron y permanecieron en el nuevo lugar de residencia durante cinco años25.- Se considera una causa transversal al problema del Uso y ocupación inadecuada del territorio nacional. En el país la situación de pobreza rural constituye una de las principales razones de expulsión de población hacia las áreas urbanas, especialmente de jóvenes que esperan encontrar mejores oportunidades de empleo, acceso a servicios y mejores condiciones de vida en general. Con base en el Censo 2002, Guatemala (36.3%), Escuintla (9.0%), Petén (6.0%), Quetzaltenango (5.0%) y Suchitepéquez (4.4%) juntos concentran más del 60% del total de inmigrantes25. En cuanto a los emigrantes, Guatemala (17.6%), Quiché (7.8%), San 55 Actualmente, el 80% de la población de América Latina y el Caribe reside en zonas urbanas (Naciones Unidas, 2015) 26.- Marcos (7.5%), Escuintla (6.5%), Quetzaltenango (5.9%) y Jutiapa (5.4%) en conjunto, reúnen el 50% de los emigrantes internos del país. Los censos son la principal fuente de información sobre estos flujos, y deben permitir estimar cuanta población se ha recibido o expulsado desde y hacia determinados territorios, en un tiempo históricamente establecido. La falta de estimación veraz y efectiva de los flujos migratorios entre municipios y regiones provoca mayor uso y ocupación inadecuada del territorio, de tal suerte que se ocupan áreas, sitios y lugares no aptos para el habitar, ni para el construir, y se deterioran medios de vida. Acorde a investigaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) la urbanización forma parte de los procesos estructurales de larga duración que hace unos pocos años alcanzó un hito, al llegar la población urbana mundial al 50% de la total. Todas las proyecciones existentes pronostican que este porcentaje seguirá aumentando26. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, K`atun Nuestra Guatemala 2032, en el país será un 63.7% urbano, este escenario obliga a considerar la definición, implementación y consolidación de políticas, estrategias y planes territoriales que permitan construir integridad social, económica y espacial de lo urbano y lo rural. “En la actualidad, las condiciones de vida de algunos grupos de personas que viven en las áreas urbanas presentan precariedades. Esto se manifiesta especialmente en áreas suburbanas y asentamientos precarios, dada la calidad de la vivienda, el acceso a servicios y la forma en que estos se movilizan. (PND, pág. 95)” Algunas de las motivaciones y condicionantes de la migración interna voluntaria o forzada son las siguientes: Desempleo y escasas oportunidades laborales, necesidades básicas insatisfechas, inseguridad ciudadana. Según información de la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos (ENEI), el desempleo ha promediado un 2.7% (2013 a 2017), el cual no refleja la precariedad laboral expresada en la alta tasa de informalidad, la cual ha promediado durante el mismo período de años 68.8%, así como en la tasa de subempleo de 12.1%. El área rural nacional presenta el mayor nivel de informalidad (80.8%), la ENEI 2017 indica que por grupo étnico el 82.4% de la población indígena ocupada se encuentra en la informalidad, contra un 62.4% de la población no indígena; por sectores económicos, la agricultura presenta un 42.8% de informalidad, mientras que el comercio 28.7%, la industria manufacturera (11.4%) y los servicios (8.6%). Respecto a las necesidades básicas insatisfechas CEPAL (1980) recomendó utilizar indicadores relacionados con cuatro áreas: acceso a la vivienda, acceso a servicios sanitarios, acceso a educación básica y capacidad económica. Con relación al acceso a la vivienda se presenta información relacionado con el Índice de Precios al Consumidor, el Instituto Nacional de Estadística, publica de forma mensual el IPC con base 100, (diciembre de 2010 a febrero 2020); de forma 56 general hubo un crecimiento de 1.72 puntos respecto a febrero 2019, en el subsector de vivienda, electricidad, agua y gas el crecimiento fue de 1.36 puntos. De acuerdo con la Política para el Mejoramiento Integral de Barrios (MCIV, 2017), con los datos estimados para los años 2006 y 2011, el déficit habitacional ha crecido a una tasa anual de 2.95%. Aplicando esta tasa se estimó que en el 2015 el déficit habitacional alcanzaría a ser de 1.6 millones de unidades, de las cuales 304,000 (19%) corresponden al componente cuantitativo y 1.29millones (81%) al cualitativo. Esto significa que el déficit cuantitativo se incrementa en un promedio aproximado anual de 9,000 viviendas y el cuantitativo en 35,000. Según esa misma política no existe información a nivel nacional sobre los asentamientos precarios, únicamente estudios específicos como los realizados por TECHO en 2016, en cinco municipios del área metropolitana de la ciudad de Guatemala (AMCG) siendo: Guatemala, Mixco, Villa Nueva, San Miguel Petapa y Chinautla y en un total de 308 asentamientos de 314 identificados. El censo utilizó una metodología con criterios para la identificación de los asentamientos relacionados con: acceso a servicios básicos, tenencia de la tierra y número de núcleos familiares dentro de la comunidad. El estudio confirma estimaciones de la municipalidad de Guatemala, con relación a que más del 40% de la población del departamento de Guatemala vive en asentamientos precarios. El acceso a servicios sanitarios se describe en función de la disponibilidad de agua y saneamiento. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2014, en Guatemala hay 3.8 millones de personas que habitan en viviendas que no están conectadas a una red de distribución de agua, dato que representa el 23.5% de la población. Del total de hogares, el 8.7% obtienen el agua de algún río, lago o manantial, o bien del agua de lluvia; este porcentaje representa 1.4 millones de personas cuya fuente de agua es precaria. Con relación al acceso a educación básica, a partir del censo poblacional 2018 se dan a conocer aspectos relevantes sobre las condiciones de vida actuales de las y los guatemaltecos: De la población superior a la edad de 4 años, el 20 % no cuenta con educación formal; mientras que el 15 % cursa o ha estudiado hasta sexto primaria, el 13 % cursa o ha culminado estudios en nivel diversificado; y el 6 % de la población ha obtenido estudios de licenciatura y maestría. Inseguridad ciudadana, los niveles de criminalidad y violencia, los homicidios, la violencia contra la mujer y la niñez, la trata de personas, las extorsiones, el contrabando y el narcotráfico tuvieron un sensible crecimiento durante los últimos años, afectando a la mayoría de la población. La tasa de criminalidad registró una tendencia media de alrededor de 32 mil casos anuales desde 2003 (PGG. 2016). Con base al Análisis de situación de violencia e inseguridad en Guatemala (MINGOB. 2018), la incidencia delictiva total posee una tendencia a la baja desde 2013, donde todos los hechos se redujeron entre 2017 y 2018 a excepción de las extorsiones. Las extorsiones presentan una tendencia al alza desde 2015 y se ha convertido en el delito con mayor ocurrencia. Según datos de la PNC las extorsiones afectan más a los hombres (66.8%) que a las mujeres (32.2%). 57 Figura 6. Migración interna y desplazamiento interno, sus causas indirectas Migración Interna Fuente: Propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Comisión de Desarrollo urbano y rural del CONADUR, 2019. i) Necesidades básicas insatisfechas- Acceso limitado a la tenencia de la tierra para la producción y la vivienda iii) Desempleo- Débil implementación de las estrategias de desarrollo territorial y local ii) Inseguridad ciudadana 58 III MODELO DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA MODELO CONCEPTUAL (ESQUEMA QUE REPRESENTA EL ANÁLISIS DE CAUSALIDAD)1. 60 El análisis del problema y sus causas, descrito con anterioridad, se resume en la siguiente figura. Fuente: Propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Comisión de Desarrollo urbano y rural del CONADUR, 2019. Figura No.7. Modelo conceptual Efectos Problema central Causas indirectas de primer nivel Desempleo, escasas oportunidades laborales Inseguridad ciudadana Necesidades básicas insatisfechas – Acceso limitado a la tenencia de la tierra para la producción y la vivienda Incremento de la conflictividad social por el uso y ocupación del territorio Aumento de la población dispersa sin acceso a servicios básicos y equipamientos Aumento de la vulnerabilidad de los ecosistemas Incremento de la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático y exposición al riesgo a desastres Uso y ocupación inadecuada del territorio Bajos niveles de gobernanza de la tierra Ausencia del modelo de ocupación estratégica del territorio Débil regulación y control del uso del territorio Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN) Desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al tema, entre el nivel nacional y territorial Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo Debilidad en la implementación de la normativa existente (normas ambiguas que permite la discrecionalidad, descoordinación en el control) Débil regulación y control del mercado inmobiliario Escasa integración y vinculación entre los instrumentos de planificación multinivel y los complementarios para la gestión territorial. Escasa voluntad y decisión política para la gestión ordenada del territorio Débil presencia e incidencia institucional en el territorio Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio (Ej. Tierras y bosques comunales, reubicaciones, otros Población desinformada para la toma de decisiones Débil participación ciudadana Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra (propiedad, servidumbres, otros Inconsistencia en la definición de los límites municipales Migración interna Desplazamiento interno (Causa transversal) MODELO EXPLICATIVO (JERARQUIZACIÓN DE LAS CAUSAS) 2. Del análisis de la evidencia y magnitud (indicadores) asociados a las causas directas e indirectas de primer nivel, se presenta la propuesta de jerarquía de causas. Es decir, qué causas son las que más inciden en la magnitud del problema central “Uso y ocupación inadecuada del territorio”. En las figuras las flechas más anchas o gruesas representan las causas más importantes a abordar para contribuir a mitigar el problema central, lo anterior no significa que las demás causas no deban ser abordadas. 61 Figura No.8. Modelo explicativo, causa directa Bajos niveles de gobernanza de la tierra. +: Evidencia bibliográfica, e: Propuesta de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Comisión de Desarrollo Urbano y Rural del CONADUR, 2019. Fuente: Elaboración con base a modelo causal y evidencia sobre causas directas e indirectas. Decisiones y procesos centralizados Bajos niveles de gobernanza de la tierra Escasa voluntad y decisión política para la gestión ordenada del territorio (Coeficiente GINI Guatemala) (200 PDM-OT aprobados 2019) Débil presencia e incidencia institucional en el territorio (Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio) (Índice de densidad del Estado, 2010) (% de expedientes pendientes de proceso de regularización) (519 puntos, Nivel de Efectividad del manejo de las áreas protegidas) Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio (Ej. Tierras y bosques comunales, reubicaciones, otros) Población desinformada para la toma de decisiones (Débil participación ciudadana) RIC-FONTIERRA-SAA (Registro sobre la divulgación de información relacionada a la gestión territorial) Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra (propiedad, servidumbres, otros) (% de tierras comunales con declaratoria administrativa) Inconsistencia en la definición de los límites municipales (2.9% del total de municipios del país tienen límites municipales definidos) (4.42% Porcentaje de municipios declarados catastrados) (11.47% Porcentaje de municipios con base predial provisto por el RIC (38 municipios)) Ausencia de garantías para los grupos vulnerables a los impactos por el uso y ocupación del territorio (Adjudicación de tierra, procesos) +,+,e +,+,+ + + + + 62 Los bajos niveles de gobernanza de la tierra tienen sus orígenes por la débil presencia institucional a nivel municipal y la débil coordinación multinivel (nacional, regional, departamental y municipal) de la administración pública y sociedad civil, lo cual también es evidente a nivel local en la gestión de los gobiernos municipales los cuales no evidencia mejoras en el cumplimiento de sus competencias propias. La decisión de ordenar un territorio y crear las condiciones para que este se desarrolle, es una decisión visionaria y política, la cual conlleva riesgos que deben ser afrontados valientemente por líderes políticos que tendrán la tarea de crear la conciencia social en el sector público y privado de que prevalezca el bien común sobre el bien individual. La gobernanza la debemos entender como un proceso de democratización de las acciones públicas las cuales afectarán a la sociedad, y que es la toma de decisión generada por la pluralidad de actores involucrados que interactúan para formular, promover y lograr objetivos comunes por medio del intercambio de conocimientos, recursos, ideas y normas. Por lo tanto, temas como la recaudación tributaria vinculada al derecho de propiedad territorial, la administración de tierras del Estado representa poca transparencia en la cesión de derechos, bajos ingresos por arrendamiento y pérdida patrimonial recurrente; la resolución de disputas y resolución de conflictos la cual no se gesta con prontitud y no siempre se cumple, la ausencia de garantías para los grupos vulnerables y sus impactos sobre el uso y ocupación del territorio, los conflictos internos por límites municipales, la falta de certeza jurídica de la tierra, deben ser analizados desde un contexto más amplio que incluya aspectos culturales presentes en el territorio para encontrar soluciones concertadas con los actores involucrados. Para ello es necesario una estrategia de comunicación para informar a la población del proceso de ordenamiento del municipio y la construcción de una visión compartida por la población del municipio, por lo que es indispensable la participación ciudadana. 63 Figura No. 9. Modelo explicativo, causa directa Ausencia del modelo de ocupación estratégica del territorio. Fuente: +: Evidencia bibliográfica, e: Evidencia por opinión de expertos, artículos o informes especializados u otros. Elaboración con base a modelo causal y evidencia sobre causas directas e indirectas. Ausencia del modelo de ocupación estratégica del territorio Desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al tema, entre el nivel nacional y territorial Escasa integración y vinculación entre los instrumentos de planificación multinivel y los complementarios para la gestión territorial. (Número de planes de desarrollo integral regionales implementándose) (PES-planes sectoriales) Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados (Sistema Urbano Nacional actualizado y divulgado) (% de EtCom formuladas e implementadas (Política Competitividad)) (92.6% de los municipios en un rango de 0 a 60 en el Índice de competitividad local (ICL) Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados (1.76% de municipios con Reglamento de ordenamiento territorial publicado en diario oficial) (236 municipios en rango bajo, indicador 6.5: Acciones para la gestión ordenada del territorio, Ranking de la gestión municipal 2018) (169 municipios en rango bajo, indicador 6.4: Institucionalización de la gestión ordenada del territorio, Ranking de la gestión municipal 2018) Disponibilidad limitada de la información territorial (catastro, Riesgo, ambiental, etc.), Escasa apropiación (11.47% Porcentaje de municipios con base predial provisto por el RIC (38 municipios)) (Áreas declaradas en riesgo/número y área) (Actualización de Planes maestros, 33% del territorio del país, vinculación con OT) Ausencia de un sistema de información para la gestión ordenada del territorio. (Convenios interinstitucionales para el manejo de información territorial por medio de la IDEG) Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN) +,+,+,+ +, +, +,+ e, 64 El ordenamiento territorial y el desarrollo territorial no pueden ser abordados de forma aislada, ambos se integran en la acción de planificar, estableciendo como objetivo el mejorar la calidad de vida de las personas. Bajo la óptica territorial no es posible el desarrollo humano sostenible y sustentable de un grupo de seres humanos y otro de seres vivos sin ordenar primero los elementos naturales y artificiales construidos que forman parte de la ocupación de la tierra y espacio delimitado por las regiones político administrativas y la red urbana. El ordenamiento territorial debe servir para posibilitar que los agentes socioeconómicos públicos y privados puedan llevar a cabo sus actuaciones sobre un escenario geográfico óptimo, ubicados estratégicamente. Guatemala actualmente carece de un modelo de ocupación estratégica lo que incide en el mal uso y sobreuso del suelo, dando como resultado la ocupación inadecuada del territorio, debido a la desarticulación de lineamientos de política pública relacionadas al tema de ordenamiento territorial tanto a nivel nacional como territorial, la escasa integración y vinculación entre instrumentos de planificación multinivel e instrumentos de gestión complementarios. La forma como ha crecido la ocupación de los territorios desde las áreas urbanas a las rurales muestra la desarticulación entre ambos y la interacción entre lo rural y lo urbano se ha dado de manera dicotómica y excluyente, basados en un enfoque que considera lo rural solo a partir de los servicios que presta este territorio a lo urbano, lo que ha provocado inequidades y brechas de desigualdad en la vida de las personas que habitan en el área rural. Así mismo en el área urbana se evidencia altos grados de pobreza, la ocupación de áreas de riesgo que con el pasar del tiempo se consolidan en asentamientos precarios, ocasionando problemas de hacinamiento y falta de acceso a los servicios básicos como agua y drenajes. Actualmente se tienen identificadas ciudades intermedias y áreas conurbadas que se encuentran en municipios que poseen planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, sin embargo aún está pendiente la articulación de dichos instrumentos para identificar, definir y delimitar el sistema urbano nacional –SUN- el cual debe ser complementado con el acceso a información para definir los subsistemas de centros poblados, sistema de ocupación rurales, sistemas de movilidad y transporte, el subsistema de servicios básicos entre otros. 65 Figura No. 10. Modelo explicativo, causa directa Débil regulación y control del uso del territorio. Fuente: +: Evidencia bibliográfica, e: Evidencia por opinión de expertos, artículos o informes especializados u otros. Elaboración con base a modelo causal y evidencia sobre causas directas e indirectas. Débil regulación y control del uso del territorio Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo (1.76% de municipio con reglamentos de ordenamiento territorial aprobados y publicados), (El 30.6% (104 de 340) municipios cuentan con reglamento de construcción aprobado y publicado, RGM 2018) Debilidad en la implementación de la normativa existente (normas ambiguas que permite la discrecionalidad, descoordinación en el control) No. de casos de infracciones sobre uso del suelo resueltos favorablemente. (El 25.9% (88 de 340) municipios implementan sus reglamentos de construcción, Ranking 2018), (Número de licencias de uso en municipios con Rot aprobado) Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía (No. de casos de infracciones sobre uso del suelo resueltos favorablemente) Débil regulación y control del mercado inmobiliario (Cámara de construcción, municipalidad Guatemala, CIV) +,+,+,+,e +,+,e +,+,+,e El marco legal e institucional de ordenamiento territorial en el país, no tiene sinergia lo que incide en el inadecuado uso y ocupación del suelo, se carece de instrumentos como políticas públicas que propicien la coordinación con diferentes marcos normativos que regulan y controlan el uso del territorio, así como ausencia de instrumentos técnicos, administrativos y financieros que establezcan parámetros de control de uso de la tierra o una ley conexa. Guatemala cuenta con una serie de instrumentos legales que en su contenido norman y establecen funciones para instituciones y gobiernos locales, sin embargo, estos instrumentos tienen debilidades como: la dispersión de funciones y normas en varios instrumentos que ha sido difícil consolidar y analizar, la amplitud con que se abordan las funciones, la no identificación de responsables. El resultado es la interpretación de la legislación y la norma según sea el lector o interesado, lo que conlleva a caer en faltas como la usurpación de funciones por parte de las instituciones públicas y gobiernos locales. El territorio debe ser visto de forma integral para impulsar mejoras sectoriales, y considerar el desarrollo equilibrado e integral de los diferentes lugares poblados que lo conforman, a la vez de crear las condiciones para la vinculación armónica entre los espacios urbanos y rurales, desafío que conlleva el afrontar conflictos sociales y demandas legales por la aplicación de la norma, esto debido a que se afectan intereses individuales de la ciudadanía, sector privado y público, estos basados en su derecho a la propiedad olvidando las obligaciones que adquieren al ser parte de una ciudad, comunidad o territorio. En Guatemala no existe la capacidad coercitiva de imponer las leyes y normas, mediante establecimiento de multas y sanciones que pueden ser financieras hasta judiciales. Las municipalidades del país en diferente nivel de interés y participación han construido sus planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, los cuales cuentan con un plan de usos de suelo que debe ser normado, para ello es necesario la elaboración de los reglamentos de ordenamiento territorial considerando que dicha atribución se les confiere a las municipalidades del país en el Código Municipal. El desorden legal y la débil regulación del tema de ordenamiento territorial ha sido aprovechado por el mercado inmobiliario quienes gozan de la explotación de uso de suelo, sin devolver al municipio parte del beneficio económico que generan para que sea utilizado como fondo para financiar obras de infraestructura, servicios o equipamiento. 66 El marco legal e institucional de ordenamiento territorial en el país, no tiene sinergia lo que incide en el inadecuado uso y ocupación del suelo, se carece de instrumentos como políticas públicas que propicien la coordinación con diferentes marcos normativos que regulan y controlan el uso del territorio, así como ausencia de instrumentos técnicos, administrativos y financieros que establezcan parámetros de control de uso de la tierra o una ley conexa. Guatemala cuenta con una serie de instrumentos legales que en su contenido norman y establecen funciones para instituciones y gobiernos locales, sin embargo, estos instrumentos tienen debilidades como: la dispersión de funciones y normas en varios instrumentos que ha sido difícil consolidar y analizar, la amplitud con que se abordan las funciones, la no identificación de responsables. El resultado es la interpretación de la legislación y la norma según sea el lector o interesado, lo que conlleva a caer en faltas como la usurpación de funciones por parte de las instituciones públicas y gobiernos locales. El territorio debe ser visto de forma integral para impulsar mejoras sectoriales, y considerar el desarrollo equilibrado e integral de los diferentes lugares poblados que lo conforman, a la vez de crear las condiciones para la vinculación armónica entre los espacios urbanos y rurales, desafío que conlleva el afrontar conflictos sociales y demandas legales por la aplicación de la norma, esto debido a que se afectan intereses individuales de la ciudadanía, sector privado y público, estos basados en su derecho a la propiedad olvidando las obligaciones que adquieren al ser parte de una ciudad, comunidad o territorio. En Guatemala no existe la capacidad coercitiva de imponer las leyes y normas, mediante establecimiento de multas y sanciones que pueden ser financieras hasta judiciales. Las municipalidades del país en diferente nivel de interés y participación han construido sus planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, los cuales cuentan con un plan de usos de suelo que debe ser normado, para ello es necesario la elaboración de los reglamentos de ordenamiento territorial considerando que dicha atribución se les confiere a las municipalidades del país en el Código Municipal. El desorden legal y la débil regulación del tema de ordenamiento territorial ha sido aprovechado por el mercado inmobiliario quienes gozan de la explotación de uso de suelo, sin devolver al municipio parte del beneficio económico que generan para que sea utilizado como fondo para financiar obras de infraestructura, servicios o equipamiento. Figura No. 11. Modelo explicativo, causa transversal Migración interna Desplazamiento interno. Fuente: +: Evidencia bibliográfica, e: Evidencia por opinión de expertos, artículos o informes especializados u otros. Elaboración con base a modelo causal y evidencia sobre causas directas e indirectas. Migración interna Desplazamiento interno Necesidades básicas insatisfechas (Brecha de servicios básicos (agua, saneamiento, extracción basura y electricidad U-R 48.42 (2018)) (275 municipios en categoría medio bajo y bajo en el Índice de gestión de Servicios públicos, Ranking de la gestión municipal 2018)) (Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos 32.2 (Censo 2002-2018)) Inseguridad ciudadana (20.6 Tasa de víctimas de homicidios por cada 100,000 habitantes. 2019) Acceso limitado a la tenencia de la tierra para la producción y la vivienda (Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas 33.29%) (1.8 millones de viviendas (2019) Déficit Habitacional) Débil implementación de las estrategias de desarrollo económico territorial y local Desempleo Escasas oportunidades laborales 67 La migración es una condición espacio-temporal de dejar un lugar ya sea de residencia y pertinencia, para establecerse en otro, el cual constituye un componente decisivo en los procesos de redistribución espacial de la población y tiene implicaciones para las comunidades, áreas y personas. Para las comunidades tiene efectos demográficos sociales, culturales y económicos. Para la población y hogares la migración se marca en una estrategia laboral y se deriva de la libertad y libre decisión de emigrar, es un recurso para lograr de determinados objetivos, lo que puede dar como resultado enfrentar una crisis económica o bien obtener mejores y mayores ingresos para mejorar la calidad de vida. Algunas motivaciones de la migración interna son el desempleo, escasa oportunidad laboral, necesidades básicas insatisfechas y la inseguridad ciudadana. En el tema económico uno de los principales factores que ha provocado movilización es la transformación del modelo económico agrario al modelo económico industrial y tecnológico, lo que repercute en el aumento de la población en las áreas urbanas modificando territorios. Esta migración por parte de la población del área rural al área urbana radica en la débil implementación de estrategias de desarrollo económico territorial y local, desperdiciando el potencial que muchos municipios cuentan. El desplazamiento interno por su parte no es más que una migración interna dentro del territorio nacional que ha sido forzada, no motivada por una estrategia laboral o deseo de migrar sino porque su vida, integridad física, su seguridad o libertad personal han sido vulneradas o se encuentran amenazadas, que conlleva consecuencias negativas para los territorios que son expulsados y a la vez para los territorios o comunidades receptoras. Dentro de otras causas se encuentran: La necesidad de recopilar, consolidar y elaborar datos cuantitativos, lo cual hace que los censos sean la principal fuente de información de estos flujos, que mediante la captación de los datos que indican cuanta población se ha recibido o expulsado para determinada jurisdicción en un tiempo histórico determinado. Esto permitirá tener el escenario de la población que estadísticamente puede ser contabilizada y quedando aún pendiente de cómo llegar a determinar la migración que se produce de forma ilegal y que no se cuenta con registros. La necesidad de contar con un sistema de información para la gestión ordenada del territorio, debido a que no se puede reorganizar el espacio si no se conocen los elementos, los factores y problemáticas que constituyen el territorio. Las instituciones cuentan con información valiosa que debe ser sistematizada y colocada en un portal para que se encuentre a disposición del público en general. 68 Bajos niveles de gobernanza de la tierra3.1 MODELO PRESCRIPTIVO3. Para comprender mejor las causas vinculadas al “uso y ocupación inadecuada del territorio”, se realizó una investigación documental y revisión de opinión de expertos, que permitió plantear una jerarquización para la atención de las causas subsecuentes; en función de éstas, se determinó que actualmente se realizan algunas intervenciones que pueden o no, ser efectivas, por lo que se proponen algunas mejoras o nuevas intervenciones que se consideran pueden contribuir al alcance de los resultados. A partir de la problemática de uso y ocupación inadecuada del territorio, se ha identificado como causa de primer orden el tema de bajos niveles de gobernanza de la tierra, con base a los resultados obtenidos de la documentación encontrada, notas de prensa y opinión de expertos consultados, con los cuales se determinó mediante la metodología de gestión por resultados las fuerzas derivadas de la magnitud, evidencia y fuerza explicativa. A continuación, se enlistan las causas secundarias del bajo nivel de gobernanza de la tierra con la identificación de las intervenciones que actualmente realizan las instituciones de gobierno y la propuesta de intervenciones efectivas para reducir las mencionadas causas. 69 Escasa voluntad en la decisión política para la gestión ordenada del territorio. Siendo las intervenciones que se están realizando actualmente, relacionadas con esta causa, Existencia de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial –PNOT- Presentar ante el Congreso de la República la PNOT como iniciativa de Ley, Concejos Municipales han aprobado sus PDM-OT, Seguimiento a los PDM-OT pendientes de aprobación, Seguimiento a la implementación de los PDM-OT aprobados, Mientras que las intervenciones efectivas son: Colocar dentro de la agenda política el tema de ordenamiento territorial, para que constituya una prioridad de país, Elaborar y presentar al Congreso de la República la propuesta de iniciativa de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial para su aprobación. Dar seguimiento ante el Congreso de la República la aprobación de la Ley de Planificación, Dar seguimiento a la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial por parte de las instituciones rectoras del tema Brindar seguimiento en el Congreso de la República la propuesta de Ley de Regularización de tierras. Diseñar campañas de capacitación dirigidas a los miembros de gabinete, Gobernadores y Alcaldes de la importancia del OT y Beneficios e implicaciones, Incidir en que el tema de OT sea un lineamiento estratégico de política para cada gobierno y no un tema optativo, Implementar los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, como uno de los mecanismos de gestión de la PNOT. Débil presencia e incidencia institucional en el territorio (Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio) (Índice de densidad del Estado, 2010) (% de expedientes pendientes de proceso de regularización) (519 puntos, Nivel de Efectividad del manejo de las áreas protegidas) (% de áreas de reservas del Estado con planes de manejo) Las intervenciones actuales son: Organización y coordinación institucional en territorio a nivel departamental, sin llegar a nivel municipal. MAGA institución con presencia a nivel municipal, Las tomas de decisiones y actividades a realizar en los territorios son decididas desde nivel central de las instituciones. Procesos y gestiones se realizan en las sedes centrales de las instituciones públicas, La planificación de instituciones, municipalidades y entes cooperantes se realiza desvinculada de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Intervenciones efectivas: Elaborar una agenda de la PNOT donde se definan competencias y funciones a las instituciones involucradas para la implementación de la política (revisión, actualización y modificación de reglamentos orgánicos internos), con lineamientos que incluyan responsables y corresponsables directos, a la vez la consideración de generar alianzas con otros actores y sectores, Implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial por cada una de las instituciones involucradas con base a sus nuevas competencias y funciones, Hacer del proceso de planificación institucional un ejercicio de participación que incluya representantes en territorio con mecanismos de gobernanza, Las instituciones rectoras del tema de OT deberán contar con profesionales en el tema de OT en los departamentos para que brinden asesoramiento y acompañamiento en la implementación de la PNOT, Las municipalidades deberán contar con profesionales en el tema de OT Instituir una Comisión de Desarrollo Urbano y Rural a nivel de CODEDE para acompañar y asesorar técnicamente a las municipalidades la implementación de los procesos de ordenamiento territorial. Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio (Ej. Tierras y bosques comunales, reubicaciones, otros) **Ausencia de garantías para los grupos vulnerables a los impactos por el uso y ocupación del territorio (Adjudicación de tierra, procesos) Las intervenciones actuales son: Implementación de procesos de reconocimiento y declaración de tierras comunales, Manejo y administración de tierras municipales por parte de gobiernos locales, Manejo y administración de tierras municipales por gobiernos locales con coordinación de comunidades indígenas Las intervenciones efectivas: Implementación de procesos de planificación incluyentes y con todos los actores. Teniendo en consideración el tiempo que conlleva el proceso, Sistematizar y socializar las experiencias de administración de tierras comunales, como buenas prácticas. Población desinformada para la toma de decisiones (Débil participación ciudadana) RIC-FONTIERRA COPADEH (Consulta existencia de registros sobre la divulgación de información relacionada al tema). Las intervenciones actuales son: Participación de representantes de lugares poblados en reuniones de COCODE Y COMUDE, Socialización de los PDM-OT ante Concejo Municipal, Técnicos Municipales, COMUDE y CODEDE, El RIC al declarar una zona catastral, realiza un proceso de comunicación social que se implementa durante todo el proceso y que tiene como objetivo informar a la población. Las intervenciones efectivas: Campañas educativas dirigida a la población en general del tema de OT, Incluir dentro del PENSUM educativo de todos los niveles, el tema de importancia del OT, Socializar y divulgar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, Promover la participación integral dentro de los espacios de consejos de desarrollo y lograr la apropiación e implementación de los PDM-OT. Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra (propiedad, servidumbres, otros) (% de tierras comunales con declaratoria administrativa) Las intervenciones actuales son: Implementación de procesos de reconocimiento y declaración de tierras comunales, Regularización de tierras a comunidades indígenas en áreas protegidas, Las intervenciones efectivas son: Elaborar y presentar ante el Congreso de la República la Ley para conformación de Banco de Tierras del Estado. La cual tendrá como objetivo que los grandes proyectos (inmobiliarios, hidroeléctricas, explotación minera, entre otros), cedan al Estado el 10% del total de tierra a intervenir para que el Estado lo utilice en proyectos de beneficio social. Promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra, Las municipalidades deben proteger las tierra ejidales y municipales, en particular limitando, estrictamente y de manera pormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier título a particulares, En cuanto a tierras comunales, normar la participación de las comunidades para asegurar que sean éstas las que tomen las decisiones referentes a sus tierras, Delimitar los polígonos de las áreas protegidas (en territorio) y garantizar el uso según los Planes Maestros. Inconsistencia en la definición de los límites municipales (4.11% del total de municipios del país tienen límites municipales definidos) (11.18% Porcentaje de municipios con base predial provisto por el RIC (38 municipios)) Las intervenciones actuales son: Inicio de procesos de resolución de conflictos a solicitud de las municipalidades para la definición de límites territoriales, Municipios que han iniciado procesos de levantamiento de catastro, Municipios que cuentan con base predial provista por el RIC. Las Intervenciones efectivas: Dar seguimiento a la gestión del diferendo con Belice. Los gobiernos municipales posean voluntad política para realizar procesos de negociación y llegar acuerdos y resolver conflicto de límites, Las municipalidades deben incluir en su agenda de trabajo, la atención a los conflictos por la tierra, para proteger los derechos de sus habitantes, campesinos, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas. Las instituciones encargadas de atender dicha problemática deberán asesorar y brindar asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas y/o a sus organizaciones cuando así lo soliciten, Las instituciones encargadas de atender dicha problemática en el caso de litigios judiciales, otorgar asesoría y asistencia legal gratuita a los campesinos u organizaciones que lo soliciten, Elaborar manual de procedimientos para la resolución o definición de límites municipal. 70 Escasa voluntad en la decisión política para la gestión ordenada del territorio. Siendo las intervenciones que se están realizando actualmente, relacionadas con esta causa, Existencia de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial –PNOT- Presentar ante el Congreso de la República la PNOT como iniciativa de Ley, Concejos Municipales han aprobado sus PDM-OT, Seguimiento a los PDM-OT pendientes de aprobación, Seguimiento a la implementación de los PDM-OT aprobados, Mientras que las intervenciones efectivas son: Colocar dentro de la agenda política el tema de ordenamiento territorial, para que constituya una prioridad de país, Elaborar y presentar al Congreso de la República la propuesta de iniciativa de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial para su aprobación. Dar seguimiento ante el Congreso de la República la aprobación de la Ley de Planificación, Dar seguimiento a la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial por parte de las instituciones rectoras del tema Brindar seguimiento en el Congreso de la República la propuesta de Ley de Regularización de tierras. Diseñar campañas de capacitación dirigidas a los miembros de gabinete, Gobernadores y Alcaldes de la importancia del OT y Beneficios e implicaciones, Incidir en que el tema de OT sea un lineamiento estratégico de política para cada gobierno y no un tema optativo, Implementar los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, como uno de los mecanismos de gestión de la PNOT. Débil presencia e incidencia institucional en el territorio (Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio) (Índice de densidad del Estado, 2010) (% de expedientes pendientes de proceso de regularización) (519 puntos, Nivel de Efectividad del manejo de las áreas protegidas) (% de áreas de reservas del Estado con planes de manejo) Las intervenciones actuales son: Organización y coordinación institucional en territorio a nivel departamental, sin llegar a nivel municipal. MAGA institución con presencia a nivel municipal, Las tomas de decisiones y actividades a realizar en los territorios son decididas desde nivel central de las instituciones. Procesos y gestiones se realizan en las sedes centrales de las instituciones públicas, La planificación de instituciones, municipalidades y entes cooperantes se realiza desvinculada de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Intervenciones efectivas: Elaborar una agenda de la PNOT donde se definan competencias y funciones a las instituciones involucradas para la implementación de la política (revisión, actualización y modificación de reglamentos orgánicos internos), con lineamientos que incluyan responsables y corresponsables directos, a la vez la consideración de generar alianzas con otros actores y sectores, Implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial por cada una de las instituciones involucradas con base a sus nuevas competencias y funciones, Hacer del proceso de planificación institucional un ejercicio de participación que incluya representantes en territorio con mecanismos de gobernanza, Las instituciones rectoras del tema de OT deberán contar con profesionales en el tema de OT en los departamentos para que brinden asesoramiento y acompañamiento en la implementación de la PNOT, Las municipalidades deberán contar con profesionales en el tema de OT Instituir una Comisión de Desarrollo Urbano y Rural a nivel de CODEDE para acompañar y asesorar técnicamente a las municipalidades la implementación de los procesos de ordenamiento territorial. Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio (Ej. Tierras y bosques comunales, reubicaciones, otros) **Ausencia de garantías para los grupos vulnerables a los impactos por el uso y ocupación del territorio (Adjudicación de tierra, procesos) Las intervenciones actuales son: Implementación de procesos de reconocimiento y declaración de tierras comunales, Manejo y administración de tierras municipales por parte de gobiernos locales, Manejo y administración de tierras municipales por gobiernos locales con coordinación de comunidades indígenas Las intervenciones efectivas: Implementación de procesos de planificación incluyentes y con todos los actores. Teniendo en consideración el tiempo que conlleva el proceso, Sistematizar y socializar las experiencias de administración de tierras comunales, como buenas prácticas. Población desinformada para la toma de decisiones (Débil participación ciudadana) RIC-FONTIERRA COPADEH (Consulta existencia de registros sobre la divulgación de información relacionada al tema). Las intervenciones actuales son: Participación de representantes de lugares poblados en reuniones de COCODE Y COMUDE, Socialización de los PDM-OT ante Concejo Municipal, Técnicos Municipales, COMUDE y CODEDE, El RIC al declarar una zona catastral, realiza un proceso de comunicación social que se implementa durante todo el proceso y que tiene como objetivo informar a la población. Las intervenciones efectivas: Campañas educativas dirigida a la población en general del tema de OT, Incluir dentro del PENSUM educativo de todos los niveles, el tema de importancia del OT, Socializar y divulgar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, Promover la participación integral dentro de los espacios de consejos de desarrollo y lograr la apropiación e implementación de los PDM-OT. Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra (propiedad, servidumbres, otros) (% de tierras comunales con declaratoria administrativa) Las intervenciones actuales son: Implementación de procesos de reconocimiento y declaración de tierras comunales, Regularización de tierras a comunidades indígenas en áreas protegidas, Las intervenciones efectivas son: Elaborar y presentar ante el Congreso de la República la Ley para conformación de Banco de Tierras del Estado. La cual tendrá como objetivo que los grandes proyectos (inmobiliarios, hidroeléctricas, explotación minera, entre otros), cedan al Estado el 10% del total de tierra a intervenir para que el Estado lo utilice en proyectos de beneficio social. Promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra, Las municipalidades deben proteger las tierra ejidales y municipales, en particular limitando, estrictamente y de manera pormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier título a particulares, En cuanto a tierras comunales, normar la participación de las comunidades para asegurar que sean éstas las que tomen las decisiones referentes a sus tierras, Delimitar los polígonos de las áreas protegidas (en territorio) y garantizar el uso según los Planes Maestros. Inconsistencia en la definición de los límites municipales (4.11% del total de municipios del país tienen límites municipales definidos) (11.18% Porcentaje de municipios con base predial provisto por el RIC (38 municipios)) Las intervenciones actuales son: Inicio de procesos de resolución de conflictos a solicitud de las municipalidades para la definición de límites territoriales, Municipios que han iniciado procesos de levantamiento de catastro, Municipios que cuentan con base predial provista por el RIC. Las Intervenciones efectivas: Dar seguimiento a la gestión del diferendo con Belice. Los gobiernos municipales posean voluntad política para realizar procesos de negociación y llegar acuerdos y resolver conflicto de límites, Las municipalidades deben incluir en su agenda de trabajo, la atención a los conflictos por la tierra, para proteger los derechos de sus habitantes, campesinos, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas. Las instituciones encargadas de atender dicha problemática deberán asesorar y brindar asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas y/o a sus organizaciones cuando así lo soliciten, Las instituciones encargadas de atender dicha problemática en el caso de litigios judiciales, otorgar asesoría y asistencia legal gratuita a los campesinos u organizaciones que lo soliciten, Elaborar manual de procedimientos para la resolución o definición de límites municipal. 71 Escasa voluntad en la decisión política para la gestión ordenada del territorio. Siendo las intervenciones que se están realizando actualmente, relacionadas con esta causa, Existencia de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial –PNOT- Presentar ante el Congreso de la República la PNOT como iniciativa de Ley, Concejos Municipales han aprobado sus PDM-OT, Seguimiento a los PDM-OT pendientes de aprobación, Seguimiento a la implementación de los PDM-OT aprobados, Mientras que las intervenciones efectivas son: Colocar dentro de la agenda política el tema de ordenamiento territorial, para que constituya una prioridad de país, Elaborar y presentar al Congreso de la República la propuesta de iniciativa de Ley Nacional de Ordenamiento Territorial para su aprobación. Dar seguimiento ante el Congreso de la República la aprobación de la Ley de Planificación, Dar seguimiento a la aprobación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial por parte de las instituciones rectoras del tema Brindar seguimiento en el Congreso de la República la propuesta de Ley de Regularización de tierras. Diseñar campañas de capacitación dirigidas a los miembros de gabinete, Gobernadores y Alcaldes de la importancia del OT y Beneficios e implicaciones, Incidir en que el tema de OT sea un lineamiento estratégico de política para cada gobierno y no un tema optativo, Implementar los planes de desarrollo municipal y ordenamiento territorial, como uno de los mecanismos de gestión de la PNOT. Débil presencia e incidencia institucional en el territorio (Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio) (Índice de densidad del Estado, 2010) (% de expedientes pendientes de proceso de regularización) (519 puntos, Nivel de Efectividad del manejo de las áreas protegidas) (% de áreas de reservas del Estado con planes de manejo) Las intervenciones actuales son: Organización y coordinación institucional en territorio a nivel departamental, sin llegar a nivel municipal. MAGA institución con presencia a nivel municipal, Las tomas de decisiones y actividades a realizar en los territorios son decididas desde nivel central de las instituciones. Procesos y gestiones se realizan en las sedes centrales de las instituciones públicas, La planificación de instituciones, municipalidades y entes cooperantes se realiza desvinculada de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Intervenciones efectivas: Elaborar una agenda de la PNOT donde se definan competencias y funciones a las instituciones involucradas para la implementación de la política (revisión, actualización y modificación de reglamentos orgánicos internos), con lineamientos que incluyan responsables y corresponsables directos, a la vez la consideración de generar alianzas con otros actores y sectores, Implementación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial por cada una de las instituciones involucradas con base a sus nuevas competencias y funciones, Hacer del proceso de planificación institucional un ejercicio de participación que incluya representantes en territorio con mecanismos de gobernanza, Las instituciones rectoras del tema de OT deberán contar con profesionales en el tema de OT en los departamentos para que brinden asesoramiento y acompañamiento en la implementación de la PNOT, Las municipalidades deberán contar con profesionales en el tema de OT Instituir una Comisión de Desarrollo Urbano y Rural a nivel de CODEDE para acompañar y asesorar técnicamente a las municipalidades la implementación de los procesos de ordenamiento territorial. Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio (Ej. Tierras y bosques comunales, reubicaciones, otros) **Ausencia de garantías para los grupos vulnerables a los impactos por el uso y ocupación del territorio (Adjudicación de tierra, procesos) Las intervenciones actuales son: Implementación de procesos de reconocimiento y declaración de tierras comunales, Manejo y administración de tierras municipales por parte de gobiernos locales, Manejo y administración de tierras municipales por gobiernos locales con coordinación de comunidades indígenas Las intervenciones efectivas: Implementación de procesos de planificación incluyentes y con todos los actores. Teniendo en consideración el tiempo que conlleva el proceso, Sistematizar y socializar las experiencias de administración de tierras comunales, como buenas prácticas. Población desinformada para la toma de decisiones (Débil participación ciudadana) RIC-FONTIERRA COPADEH (Consulta existencia de registros sobre la divulgación de información relacionada al tema). Las intervenciones actuales son: Participación de representantes de lugares poblados en reuniones de COCODE Y COMUDE, Socialización de los PDM-OT ante Concejo Municipal, Técnicos Municipales, COMUDE y CODEDE, El RIC al declarar una zona catastral, realiza un proceso de comunicación social que se implementa durante todo el proceso y que tiene como objetivo informar a la población. Las intervenciones efectivas: Campañas educativas dirigida a la población en general del tema de OT, Incluir dentro del PENSUM educativo de todos los niveles, el tema de importancia del OT, Socializar y divulgar los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, Promover la participación integral dentro de los espacios de consejos de desarrollo y lograr la apropiación e implementación de los PDM-OT. Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra (propiedad, servidumbres, otros) (% de tierras comunales con declaratoria administrativa) Las intervenciones actuales son: Implementación de procesos de reconocimiento y declaración de tierras comunales, Regularización de tierras a comunidades indígenas en áreas protegidas, Las intervenciones efectivas son: Elaborar y presentar ante el Congreso de la República la Ley para conformación de Banco de Tierras del Estado. La cual tendrá como objetivo que los grandes proyectos (inmobiliarios, hidroeléctricas, explotación minera, entre otros), cedan al Estado el 10% del total de tierra a intervenir para que el Estado lo utilice en proyectos de beneficio social. Promover una reforma legal que establezca un marco jurídico seguro, simple y accesible a toda la población con relación a la tenencia de la tierra, Las municipalidades deben proteger las tierra ejidales y municipales, en particular limitando, estrictamente y de manera pormenorizada los casos en que se puedan enajenar o entregar por cualquier título a particulares, En cuanto a tierras comunales, normar la participación de las comunidades para asegurar que sean éstas las que tomen las decisiones referentes a sus tierras, Delimitar los polígonos de las áreas protegidas (en territorio) y garantizar el uso según los Planes Maestros. Inconsistencia en la definición de los límites municipales (4.11% del total de municipios del país tienen límites municipales definidos) (11.18% Porcentaje de municipios con base predial provisto por el RIC (38 municipios)) Las intervenciones actuales son: Inicio de procesos de resolución de conflictos a solicitud de las municipalidades para la definición de límites territoriales, Municipios que han iniciado procesos de levantamiento de catastro, Municipios que cuentan con base predial provista por el RIC. Las Intervenciones efectivas: Dar seguimiento a la gestión del diferendo con Belice. Los gobiernos municipales posean voluntad política para realizar procesos de negociación y llegar acuerdos y resolver conflicto de límites, Las municipalidades deben incluir en su agenda de trabajo, la atención a los conflictos por la tierra, para proteger los derechos de sus habitantes, campesinos, trabajadores agrícolas y pueblos indígenas. Las instituciones encargadas de atender dicha problemática deberán asesorar y brindar asistencia legal a los campesinos y trabajadores agrícolas y/o a sus organizaciones cuando así lo soliciten, Las instituciones encargadas de atender dicha problemática en el caso de litigios judiciales, otorgar asesoría y asistencia legal gratuita a los campesinos u organizaciones que lo soliciten, Elaborar manual de procedimientos para la resolución o definición de límites municipal. 72 Ausencia del modelo de ocupación estratégica del territorio. 3.2 La necesidad de la adopción de un Modelo de Gestión Territorial (MGT), lo encontramos en el Plan Nacional de Desarrollo en el cual se hacen, entre otras, importantes reflexiones sobre las consecuencias de una comprensión inadecuada de los riesgos y potencialidades no aprovechadas que se derivan de las transformaciones no planificadas de las dimensiones urbana y rural del territorio nacional. Con ello, se pone de manifiesto que el MGT debe facilitar un abordaje holístico y coherente de todos los sistemas estructurantes del territorio – entre los que tiene especial relevancia el sistema nacional urbano - como una condición básica para lograr tener una incidencia efectiva en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible identificados en el Plan Nacional. (PNUD-SEGEPLAN, 2020). Para comprender de mejor manera el Modelo de Gestión Territorial para el país, se definirá como la imagen más estratégica a través de la cual se expresan los objetivos de mayor alcance de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que permite gestionar la construcción social y la transformación ecológica de los espacios, vinculados a las categorías y subcategorías de uso del suelo, según la capacidad, características y propósitos específicos que se han definido para el efecto; así como, los mecanismos para su implementación, a fin de que se constituya en referente de focalización para las políticas públicas y las intervenciones que los diferentes actores de desarrollo realicen en el territorio. A continuación, se presentan las causas de segundo y tercer orden jerarquizadas, que explican porque existe una ausencia del modelo de ocupación estratégica, haciendo referencia a intervenciones que actualmente se implementan, realizando un planteamiento de mejoras a las mismas o generando nuevas intervenciones, a fin de que sean más efectivas. 73 Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados La desarticulación y las brechas que existen actualmente en el desarrollo de los lugares poblados del área rural con los del área urbana, se da porque hay “Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados”. Entre estos instrumentos, el Plan de uso del suelo es clave para normar la utilización correcta del mismo; en ese sentido, se reconoce que existen esfuerzos incipientes en el país vinculados con la planificación del uso del suelo que pueden ser mejorados. A continuación, se presentan algunas de las intervenciones actuales que se están realizando: Inclusión de una propuesta de uso futuro del territorio en el PDM-OT aprobado. Más del 50% de municipios en el país ya cuentan con este instrumento de planificación, aprobado por el Concejo Municipal, dentro de su contenido se contempla los usos del suelo por categoría y subcategoría de uso, con su propuesta de lineamientos normativos, que se constituyen en una propuesta técnica. Las instituciones vinculadas al territorio actúan de manera limitada a su mandato legal. Esto implica que en tanto no exista una revisión general de las leyes aplicables al territorio y al que hacer de las instituciones los avances y resultados serán limitados. 6 municipios han formulado e implementan su Plan de Ordenamiento Territorial POT. Se reconoce la iniciativa y voluntad política de estos municipios, para ordenar su territorio; sin embargo, este avance es considerado muy lento debido a que se encuentra normado en el Código Municipal desde el año 2002, por lo que se considera importante romper con esa inercia. Para esta causa, se consideran intervenciones efectivas las siguientes: Elaboración del Modelo de Gestión Territorial y Sistema Urbano Nacional, como referentes para realizar la ocupación e implementar las intervenciones estratégicas en el territorio. Para el caso del MGT se deben considerar como grandes sistemas estructurantes del territorio los siguientes: el Sistema geopolítico (división político administrativa); el Sistema de centros poblados (Sistema Urbano Nacional); Sistemas rurales, que contempla las cuencas hidrográficas; Sistemas de movilidad y transporte; Sistemas de cobertura de servicios básicos. Revisión y actualización de las propuestas de uso futuro del suelo para convertirlos en planes de uso del suelo, que deben ser socializados con los diferentes actores y aprobados por el Concejo Municipal, como insumo clave para el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Crear la institución que coordine y de seguimiento a las instituciones que conforman la Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial y de impulso a los procesos de implementación de los instrumentos locales de planificación para el uso del suelo. Disponibilidad limitada de la información territorial (catastro, riesgo, ambiental, etc.). Escasa apropiación. Para esta causa se consideró como intervención actual la siguiente: Manejo de información limitada individualmente a las instituciones. Las intervenciones efectivas, para esta causa, se mencionan a continuación: Creación e institucionalización del Sistema Nacional de Información Territorial con acceso en plataformas electrónicas, y la inmediata integración de las instituciones que generan información territorial en los diferentes niveles. Creación y actualización del registro catastral multifinalitario integrado en todos los municipios para promover ingresos propios, actualización de uso del territorio, disponer de información en sistemas de información geográfica (SIG) o cartográfica actualizada del uso del territorio. Realizar la actualización de información territorial según la priorización de municipios que se encuentren implementado el PDM-OT. Generar capacidades institucionales y municipales para la utilización la información territorial. Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN) Para esta causa, actualmente se realizan las siguientes intervenciones: Existen lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun nuestra Guatemala 2032, con la identificación de 12 ciudades intermedias, la Agenda 2030 de los ODS hace referencia al ODS 11, relacionado con las ciudades y comunidades sostenibles. La Agenda urbana y la Política nacional de competitividad retoman los lineamientos del K'atun y plantea la priorización de nueve ciudades intermedias que agrupan: Ciudad Portuaria San José, Ciudad Turística Panchoy, Ciudad de Los Altos, Ciudad Nor-occidente, Ciudad Las Verapaces, Ciudad Turística de Petén, Ciudad de Oriente, Ciudad Portuaria Puerto Barrios, Ciudad de Guatemágica. Existencia de mancomunidades que agrupan ciudades metropolitanas y ciudades intermedias (Mancomunidad Gran Ciudad del Sur –MGCS-, y Metrópoli de los Altos). Se consideran intervenciones efectivas las siguientes: Creación del Sistema Urbano Nacional, como referentes para realizar la ocupación de las Categorías de uso del suelo: Urbana y expansión urbana. Análisis y jerarquización del sistema de lugares poblados por funciones (salud, educación y actividades económicas) y conexiones con énfasis en centralidades urbanas y núcleos rurales, potencializadores del desarrollo. Elaboración e implementación de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial –PDM-OT-, correspondientes a las Ciudades Intermedias según la configuración del Sistema Urbano Nacional. Elaborar, actualizar e implementar planes de movilidad y reglamentos de transporte con base en el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Gestionar proyectos estratégicos e integrales de gestión del espacio público y mejora de la imagen urbana. Elaboración y aprobación del Reglamento de construcción, con base en el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Tomando en consideración los aspectos geológicos y ambientales. “Desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al OT, entre el nivel nacional y territorial”. Existen actualmente intervenciones que favorecen la articulación de lineamientos de política entre el nivel nacional y territorial: Existencia de políticas públicas e institucionales que tienen relación con el territorio. De las políticas públicas vigentes, 14 políticas públicas tienen relacionamiento con ordenamiento territorial; sin embargo, no se evidencian los mecanismos de operativización y seguimiento a nivel territorial. Existencia de Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial como política municipal (303 municipios). Estos instrumentos de planificación son el medio para implementar las prioridades nacionales de desarrollo en el territorio. Además de fortalecer las intervenciones mencionadas, es necesario contemplar las siguientes intervenciones: Elaborar e implementar los PDM-OT, con énfasis en el Ordenamiento Territorial, en la modalidad que mejor convenga al territorio, según la capacidad de uso suelo por unidad de manejo (categorías y subcategorías de uso de suelo), y su fortalecimiento en instrumentos de gestión para el OT (jurídicos, técnicos y administrativo - financieros). Elaborar y gestionar el Modelo de Gestión Territorial Nacional -MGTN- y El Sistema Urbano Nacional en coordinación interinstitucional, con base en los PDM - OT, y su aprobación en el CONADUR, posteriormente realizar la socialización en el SCDUR. Revisar los lineamientos de otras políticas públicas relacionadas al ordenamiento territorial, para su vinculación con el proceso de implementación de los PDM-OT. El Ente rector de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, debe coordinar, articular y armonizar las líneas de acción referidas al ordenamiento territorial en las políticas públicas. Las instituciones públicas que cuentan con líneas de acción de políticas públicas en ordenamiento territorial, en sus instrumentos estratégicos y operativos, deben alinearse a los resultados, indicadores y metas de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Deberán elaborar el Plan de seguimiento y evaluación. Procesos, criterios de evaluación, responsables. 74 Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados La desarticulación y las brechas que existen actualmente en el desarrollo de los lugares poblados del área rural con los del área urbana, se da porque hay “Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados”. Entre estos instrumentos, el Plan de uso del suelo es clave para normar la utilización correcta del mismo; en ese sentido, se reconoce que existen esfuerzos incipientes en el país vinculados con la planificación del uso del suelo que pueden ser mejorados. A continuación, se presentan algunas de las intervenciones actuales que se están realizando: Inclusión de una propuesta de uso futuro del territorio en el PDM-OT aprobado. Más del 50% de municipios en el país ya cuentan con este instrumento de planificación, aprobado por el Concejo Municipal, dentro de su contenido se contempla los usos del suelo por categoría y subcategoría de uso, con su propuesta de lineamientos normativos, que se constituyen en una propuesta técnica. Las instituciones vinculadas al territorio actúan de manera limitada a su mandato legal. Esto implica que en tanto no exista una revisión general de las leyes aplicables al territorio y al que hacer de las instituciones los avances y resultados serán limitados. 6 municipios han formulado e implementan su Plan de Ordenamiento Territorial POT. Se reconoce la iniciativa y voluntad política de estos municipios, para ordenar su territorio; sin embargo, este avance es considerado muy lento debido a que se encuentra normado en el Código Municipal desde el año 2002, por lo que se considera importante romper con esa inercia. Para esta causa, se consideran intervenciones efectivas las siguientes: Elaboración del Modelo de Gestión Territorial y Sistema Urbano Nacional, como referentes para realizar la ocupación e implementar las intervenciones estratégicas en el territorio. Para el caso del MGT se deben considerar como grandes sistemas estructurantes del territorio los siguientes: el Sistema geopolítico (división político administrativa); el Sistema de centros poblados (Sistema Urbano Nacional); Sistemas rurales, que contempla las cuencas hidrográficas; Sistemas de movilidad y transporte; Sistemas de cobertura de servicios básicos. Revisión y actualización de las propuestas de uso futuro del suelo para convertirlos en planes de uso del suelo, que deben ser socializados con los diferentes actores y aprobados por el Concejo Municipal, como insumo clave para el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Crear la institución que coordine y de seguimiento a las instituciones que conforman la Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial y de impulso a los procesos de implementación de los instrumentos locales de planificación para el uso del suelo. Disponibilidad limitada de la información territorial (catastro, riesgo, ambiental, etc.). Escasa apropiación. Para esta causa se consideró como intervención actual la siguiente: Manejo de información limitada individualmente a las instituciones. Las intervenciones efectivas, para esta causa, se mencionan a continuación: Creación e institucionalización del Sistema Nacional de Información Territorial con acceso en plataformas electrónicas, y la inmediata integración de las instituciones que generan información territorial en los diferentes niveles. Creación y actualización del registro catastral multifinalitario integrado en todos los municipios para promover ingresos propios, actualización de uso del territorio, disponer de información en sistemas de información geográfica (SIG) o cartográfica actualizada del uso del territorio. Realizar la actualización de información territorial según la priorización de municipios que se encuentren implementado el PDM-OT. Generar capacidades institucionales y municipales para la utilización la información territorial. Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN) Para esta causa, actualmente se realizan las siguientes intervenciones: Existen lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun nuestra Guatemala 2032, con la identificación de 12 ciudades intermedias, la Agenda 2030 de los ODS hace referencia al ODS 11, relacionado con las ciudades y comunidades sostenibles. La Agenda urbana y la Política nacional de competitividad retoman los lineamientos del K'atun y plantea la priorización de nueve ciudades intermedias que agrupan: Ciudad Portuaria San José, Ciudad Turística Panchoy, Ciudad de Los Altos, Ciudad Nor-occidente, Ciudad Las Verapaces, Ciudad Turística de Petén, Ciudad de Oriente, Ciudad Portuaria Puerto Barrios, Ciudad de Guatemágica. Existencia de mancomunidades que agrupan ciudades metropolitanas y ciudades intermedias (Mancomunidad Gran Ciudad del Sur –MGCS-, y Metrópoli de los Altos). Se consideran intervenciones efectivas las siguientes: Creación del Sistema Urbano Nacional, como referentes para realizar la ocupación de las Categorías de uso del suelo: Urbana y expansión urbana. Análisis y jerarquización del sistema de lugares poblados por funciones (salud, educación y actividades económicas) y conexiones con énfasis en centralidades urbanas y núcleos rurales, potencializadores del desarrollo. Elaboración e implementación de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial –PDM-OT-, correspondientes a las Ciudades Intermedias según la configuración del Sistema Urbano Nacional. Elaborar, actualizar e implementar planes de movilidad y reglamentos de transporte con base en el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Gestionar proyectos estratégicos e integrales de gestión del espacio público y mejora de la imagen urbana. Elaboración y aprobación del Reglamento de construcción, con base en el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Tomando en consideración los aspectos geológicos y ambientales. “Desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al OT, entre el nivel nacional y territorial”. Existen actualmente intervenciones que favorecen la articulación de lineamientos de política entre el nivel nacional y territorial: Existencia de políticas públicas e institucionales que tienen relación con el territorio. De las políticas públicas vigentes, 14 políticas públicas tienen relacionamiento con ordenamiento territorial; sin embargo, no se evidencian los mecanismos de operativización y seguimiento a nivel territorial. Existencia de Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial como política municipal (303 municipios). Estos instrumentos de planificación son el medio para implementar las prioridades nacionales de desarrollo en el territorio. Además de fortalecer las intervenciones mencionadas, es necesario contemplar las siguientes intervenciones: Elaborar e implementar los PDM-OT, con énfasis en el Ordenamiento Territorial, en la modalidad que mejor convenga al territorio, según la capacidad de uso suelo por unidad de manejo (categorías y subcategorías de uso de suelo), y su fortalecimiento en instrumentos de gestión para el OT (jurídicos, técnicos y administrativo - financieros). Elaborar y gestionar el Modelo de Gestión Territorial Nacional -MGTN- y El Sistema Urbano Nacional en coordinación interinstitucional, con base en los PDM - OT, y su aprobación en el CONADUR, posteriormente realizar la socialización en el SCDUR. Revisar los lineamientos de otras políticas públicas relacionadas al ordenamiento territorial, para su vinculación con el proceso de implementación de los PDM-OT. El Ente rector de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, debe coordinar, articular y armonizar las líneas de acción referidas al ordenamiento territorial en las políticas públicas. Las instituciones públicas que cuentan con líneas de acción de políticas públicas en ordenamiento territorial, en sus instrumentos estratégicos y operativos, deben alinearse a los resultados, indicadores y metas de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Deberán elaborar el Plan de seguimiento y evaluación. Procesos, criterios de evaluación, responsables. 75 Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados La desarticulación y las brechas que existen actualmente en el desarrollo de los lugares poblados del área rural con los del área urbana, se da porque hay “Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados”. Entre estos instrumentos, el Plan de uso del suelo es clave para normar la utilización correcta del mismo; en ese sentido, se reconoce que existen esfuerzos incipientes en el país vinculados con la planificación del uso del suelo que pueden ser mejorados. A continuación, se presentan algunas de las intervenciones actuales que se están realizando: Inclusión de una propuesta de uso futuro del territorio en el PDM-OT aprobado. Más del 50% de municipios en el país ya cuentan con este instrumento de planificación, aprobado por el Concejo Municipal, dentro de su contenido se contempla los usos del suelo por categoría y subcategoría de uso, con su propuesta de lineamientos normativos, que se constituyen en una propuesta técnica. Las instituciones vinculadas al territorio actúan de manera limitada a su mandato legal. Esto implica que en tanto no exista una revisión general de las leyes aplicables al territorio y al que hacer de las instituciones los avances y resultados serán limitados. 6 municipios han formulado e implementan su Plan de Ordenamiento Territorial POT. Se reconoce la iniciativa y voluntad política de estos municipios, para ordenar su territorio; sin embargo, este avance es considerado muy lento debido a que se encuentra normado en el Código Municipal desde el año 2002, por lo que se considera importante romper con esa inercia. Para esta causa, se consideran intervenciones efectivas las siguientes: Elaboración del Modelo de Gestión Territorial y Sistema Urbano Nacional, como referentes para realizar la ocupación e implementar las intervenciones estratégicas en el territorio. Para el caso del MGT se deben considerar como grandes sistemas estructurantes del territorio los siguientes: el Sistema geopolítico (división político administrativa); el Sistema de centros poblados (Sistema Urbano Nacional); Sistemas rurales, que contempla las cuencas hidrográficas; Sistemas de movilidad y transporte; Sistemas de cobertura de servicios básicos. Revisión y actualización de las propuestas de uso futuro del suelo para convertirlos en planes de uso del suelo, que deben ser socializados con los diferentes actores y aprobados por el Concejo Municipal, como insumo clave para el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Crear la institución que coordine y de seguimiento a las instituciones que conforman la Mesa Técnica de Ordenamiento Territorial y de impulso a los procesos de implementación de los instrumentos locales de planificación para el uso del suelo. Disponibilidad limitada de la información territorial (catastro, riesgo, ambiental, etc.). Escasa apropiación. Para esta causa se consideró como intervención actual la siguiente: Manejo de información limitada individualmente a las instituciones. Las intervenciones efectivas, para esta causa, se mencionan a continuación: Creación e institucionalización del Sistema Nacional de Información Territorial con acceso en plataformas electrónicas, y la inmediata integración de las instituciones que generan información territorial en los diferentes niveles. Creación y actualización del registro catastral multifinalitario integrado en todos los municipios para promover ingresos propios, actualización de uso del territorio, disponer de información en sistemas de información geográfica (SIG) o cartográfica actualizada del uso del territorio. Realizar la actualización de información territorial según la priorización de municipios que se encuentren implementado el PDM-OT. Generar capacidades institucionales y municipales para la utilización la información territorial. Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN) Para esta causa, actualmente se realizan las siguientes intervenciones: Existen lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo K'atun nuestra Guatemala 2032, con la identificación de 12 ciudades intermedias, la Agenda 2030 de los ODS hace referencia al ODS 11, relacionado con las ciudades y comunidades sostenibles. La Agenda urbana y la Política nacional de competitividad retoman los lineamientos del K'atun y plantea la priorización de nueve ciudades intermedias que agrupan: Ciudad Portuaria San José, Ciudad Turística Panchoy, Ciudad de Los Altos, Ciudad Nor-occidente, Ciudad Las Verapaces, Ciudad Turística de Petén, Ciudad de Oriente, Ciudad Portuaria Puerto Barrios, Ciudad de Guatemágica. Existencia de mancomunidades que agrupan ciudades metropolitanas y ciudades intermedias (Mancomunidad Gran Ciudad del Sur –MGCS-, y Metrópoli de los Altos). Se consideran intervenciones efectivas las siguientes: Creación del Sistema Urbano Nacional, como referentes para realizar la ocupación de las Categorías de uso del suelo: Urbana y expansión urbana. Análisis y jerarquización del sistema de lugares poblados por funciones (salud, educación y actividades económicas) y conexiones con énfasis en centralidades urbanas y núcleos rurales, potencializadores del desarrollo. Elaboración e implementación de los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial –PDM-OT-, correspondientes a las Ciudades Intermedias según la configuración del Sistema Urbano Nacional. Elaborar, actualizar e implementar planes de movilidad y reglamentos de transporte con base en el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Gestionar proyectos estratégicos e integrales de gestión del espacio público y mejora de la imagen urbana. Elaboración y aprobación del Reglamento de construcción, con base en el Reglamento de Ordenamiento Territorial. Tomando en consideración los aspectos geológicos y ambientales. “Desarticulación de lineamientos de política pública relacionada al OT, entre el nivel nacional y territorial”. Existen actualmente intervenciones que favorecen la articulación de lineamientos de política entre el nivel nacional y territorial: Existencia de políticas públicas e institucionales que tienen relación con el territorio. De las políticas públicas vigentes, 14 políticas públicas tienen relacionamiento con ordenamiento territorial; sin embargo, no se evidencian los mecanismos de operativización y seguimiento a nivel territorial. Existencia de Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial como política municipal (303 municipios). Estos instrumentos de planificación son el medio para implementar las prioridades nacionales de desarrollo en el territorio. Además de fortalecer las intervenciones mencionadas, es necesario contemplar las siguientes intervenciones: Elaborar e implementar los PDM-OT, con énfasis en el Ordenamiento Territorial, en la modalidad que mejor convenga al territorio, según la capacidad de uso suelo por unidad de manejo (categorías y subcategorías de uso de suelo), y su fortalecimiento en instrumentos de gestión para el OT (jurídicos, técnicos y administrativo - financieros). Elaborar y gestionar el Modelo de Gestión Territorial Nacional -MGTN- y El Sistema Urbano Nacional en coordinación interinstitucional, con base en los PDM - OT, y su aprobación en el CONADUR, posteriormente realizar la socialización en el SCDUR. Revisar los lineamientos de otras políticas públicas relacionadas al ordenamiento territorial, para su vinculación con el proceso de implementación de los PDM-OT. El Ente rector de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, debe coordinar, articular y armonizar las líneas de acción referidas al ordenamiento territorial en las políticas públicas. Las instituciones públicas que cuentan con líneas de acción de políticas públicas en ordenamiento territorial, en sus instrumentos estratégicos y operativos, deben alinearse a los resultados, indicadores y metas de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Deberán elaborar el Plan de seguimiento y evaluación. Procesos, criterios de evaluación, responsables. 76 Débil regulación y control del uso del territorio3.3 La investigación documental y los aportes técnicos fundamentan que la usencia de reglamentos municipales para el uso del suelo por ende su aplicación, son una de las causas con más peso o jerarquía en la débil regulación y control en el uso del territorio, seguido se puede identificar que a pesar de que existe normativa, de observancia general, vinculada al uso y ocupación del territorio las instancias responsables tienen grandes debilidades técnicas y jurídicas en la vigilancia y control de aplicación de las mismas, además de poco presupuesto asignado para estas actividades. Por otro lado, la ciudadanía incumple las normas vigentes por varias razones: desconocimiento, inconformidad con las disposiciones reglamentarias o, por poca efectividad en la aplicación de las sanciones, entre otras, lo cual implica que el Estado emprenda acciones más efectivas para informar y consensuar las decisiones estratégicas del uso y ocupación del territorio. A continuación, se lista por causa secundaria identificada, las acciones actuales y que tienen algún impacto en la mitigación a la débil regulación y control en el uso del territorio, así como aquellas acciones que pueden hacer más efectivo el accionar de la institucionalidad pública para mitigar el problema. Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo: Como ya se abordó en apartados anteriores, hay indicadores por medio de los cuales se puede evidenciar la ausencia de normas de ordenamiento territorial al nivel municipal, aprobadas y publicadas para su gestión o implementación, únicamente 6 municipios cuentan con reglamento OT aprobado y publicado en diario oficial, de los cuales 5 están en implementación. Además, un instrumento normativo vinculado al OT, básico es el reglamento de construcción que, para el país, únicamente 104 municipios tienen vigente y solamente 88 están en aplicación. (1.76% de municipios con reglamentos de ordenamiento territorial aprobados y publicados, el 30.6% (104 de 340) municipios cuentan con reglamento de construcción aprobado y publicado, RGM 2018). Intervenciones actuales. Algunas de las intervenciones actuales que contribuyen definir información que debe ser retomada por los gobiernos locales para generar normas municipales de uso del territorio y, que sin embargo deben ser fortalecidas, son: Se genera información técnica/institucional relacionada a la gestión del territorio que no es utilizada por las autoridades locales para generar normativa de uso y ocupación del territorio. Se realiza estudios de habitabilidad a demanda, que no son divulgados y que no migran a normas o lineamientos de uso del territorio (nivel nacional o local), aunado a que las instancias responsables no dan seguimiento al uso de la información. Propuesta de directrices y lineamientos normativos generales de uso futuro del territorio contenida en el PDM-OT aprobado (actualmente 265 municipios) Intervenciones efectivas Para contribuir a fortalecer las intervenciones actuales, se identifica acciones o intervenciones que deben ser gestionadas por las diferentes instituciones: Generar canales de distribución de la información técnica al nivel local (gobierno y ciudadanía) y que sea vinculante en el uso del territorio municipal. Generar la información técnica/institucional a escala adecuada para el uso del nivel local. Gestionar la elaboración de estudios de riesgo a detalle, a escala adecuada a la planificación territorial municipal, enfatizando en las áreas vulnerables y asentamiento precarios. Generar capacidades técnicas municipales para elaborar los instrumentos (normativos, técnicos, financieros) de gestión territorial Aprobar e implementar el reglamento de ordenamiento territorial municipal y su normativa e instrumentos complementarios (legales, financieros y socioculturales). Completar los estudios a Semidetalle de la capacidad del uso del suelo, como insumo prioritario para la definición de los planes de uso del territorio municipal tomando como base la priorización establecida en la Plan de acción de la Política de los PDM-OT. Socialización en el COMUDE del plan de uso del suelo tomando de base los Estudios a Semidetalle de la Capacidad de Uso del Suelo en los departamentos donde esté disponible. Debilidad en la implementación de la normativa existente. Cómo ya se mencionó, a pesar de la existencia de normas relacionadas al uso y ocupación del territorio, que son de nivel nacional, es muy débil el control y vigilancia en su aplicación. De esa cuenta no hay juzgados especializados en el tema de la gestión territorial, son pocos los mecanismos de denuncia conocidos en el tema de la gestión territorial y las instancias responsables de vigilar la aplicación de las normas en los diferentes niveles territoriales no ejercen el control necesario. Para medir la efectividad en las acciones existentes y que se emprendan para mitigar la debilidad en la implementación de las normas, se identifica algunos indicadores clave: actualización e implementación de los reglamentos de construcción municipales vinculados a las normas de ocupación y uso del territorio, número de casos de infracciones sobre uso del suelo resueltos. Intervenciones actuales Para ejercer el control y vigilancia en la implementación de las normas relativas al uso y ocupación del territorio, se puede listar algunas intervenciones actuales: Hay entidades con mandatos específicos en el control del uso del territorio, pero no existe coordinación interinstitucional y tampoco al nivel local. Juzgados no especializados o fortalecidos en los temas de la regulación del uso y ocupación del territorio, que entre otros dificulta el seguimiento a denuncias Hay seguimiento a los acuerdos internacionales, sin embargo, son esfuerzos aislados y no migran a normativa de observancia general. Ejemplos: diversidad biológica y cambio climático. Intervenciones efectivas Para contribuir a fortalecer la eficacia de las intervenciones en materia de control y seguimiento al cumplimiento de la normativa en el uso y ocupación del territorio: Fortalecer las capacidades locales para implementación y el control del cumplimento de la normativa e instrumentos de OT. Fortalecer los mecanismos locales para denuncia y seguimiento a los procesos sancionatorios. Creación de juzgados especializados en el tema del control de uso y ocupación del territorio. Implementar auditorias físicas y financieras sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental de los proyectos categoría B1 y A (o las de mayor impacto). Dar seguimiento a las metas/acuerdos/resultados/instrumentos establecidos en los convenios internacionales (Ejemplo: Cambio climático, diversidad biológica, otros). Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía. Se considera una causa compleja de abordar ya que, la débil o escasa vigilancia y control en el cumplimiento de las normas ha favorecido una cultura permisiva. Por otro lado, la dificultad de llegar con datos pertinentes para actualizar e informar a la ciudadanía, también, ha propiciado la desinformación y facilitado la manipulación de la ciudadanía. Intervenciones actuales Programas o acciones del Estado para reubicación de la población/acceso a la tierra u otros, que no responden a la demanda y necesidad de los grupos afectados El currículo nacional base no incluye la formación ciudadana con enfoque de gestión (política, social y normativa) del territorio. Intervenciones efectivas Definición de mecanismos locales que aseguren la participación y la inclusión de acuerdos y consensos sociales de aplicación en el territorio. Incluir en el currículo nacional base, la formación ciudadana con enfoque de gestión (política, social y normativa) del territorio. Débil regulación y control del mercado inmobiliario Es una de las causas con menos sustento documental; sin embargo, no carece de fuerza explicativa, pues es evidente que no existe una regulación al desarrollo inmobiliario nacional y mucho menos al nivel local. No son los gobiernos locales o los territorios quienes propician la inversión o crecimiento inmobiliario, pues la falta de instrumentos de desarrollo urbano es evidente en el país. El mercado privado marca la pauta y define el crecimiento de los territorios y, claramente no espera a que estos estén preparados al impacto de los proyectos, tanto en su infraestructura, como en su economía y aspectos sociales. Intervenciones actuales Planes de ordenamiento territorial con instrumentos complementarios que no consideran la regulación del mercado inmobiliario. Intervenciones efectivas Desarrollar e implementar normativa para regular el control de mercado inmobiliario (nivel nacional y local). En donde tiene gran preponderancia el rol de la Cámara de Construcción, así como municipalidades de la metrópoli de Guatemala, y otros centros o ciudades menores o intermedias. 77 Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo: Como ya se abordó en apartados anteriores, hay indicadores por medio de los cuales se puede evidenciar la ausencia de normas de ordenamiento territorial al nivel municipal, aprobadas y publicadas para su gestión o implementación, únicamente 6 municipios cuentan con reglamento OT aprobado y publicado en diario oficial, de los cuales 5 están en implementación. Además, un instrumento normativo vinculado al OT, básico es el reglamento de construcción que, para el país, únicamente 104 municipios tienen vigente y solamente 88 están en aplicación. (1.76% de municipios con reglamentos de ordenamiento territorial aprobados y publicados, el 30.6% (104 de 340) municipios cuentan con reglamento de construcción aprobado y publicado, RGM 2018). Intervenciones actuales. Algunas de las intervenciones actuales que contribuyen definir información que debe ser retomada por los gobiernos locales para generar normas municipales de uso del territorio y, que sin embargo deben ser fortalecidas, son: Se genera información técnica/institucional relacionada a la gestión del territorio que no es utilizada por las autoridades locales para generar normativa de uso y ocupación del territorio. Se realiza estudios de habitabilidad a demanda, que no son divulgados y que no migran a normas o lineamientos de uso del territorio (nivel nacional o local), aunado a que las instancias responsables no dan seguimiento al uso de la información. Propuesta de directrices y lineamientos normativos generales de uso futuro del territorio contenida en el PDM-OT aprobado (actualmente 265 municipios) Intervenciones efectivas Para contribuir a fortalecer las intervenciones actuales, se identifica acciones o intervenciones que deben ser gestionadas por las diferentes instituciones: Generar canales de distribución de la información técnica al nivel local (gobierno y ciudadanía) y que sea vinculante en el uso del territorio municipal. Generar la información técnica/institucional a escala adecuada para el uso del nivel local. Gestionar la elaboración de estudios de riesgo a detalle, a escala adecuada a la planificación territorial municipal, enfatizando en las áreas vulnerables y asentamiento precarios. Generar capacidades técnicas municipales para elaborar los instrumentos (normativos, técnicos, financieros) de gestión territorial Aprobar e implementar el reglamento de ordenamiento territorial municipal y su normativa e instrumentos complementarios (legales, financieros y socioculturales). Completar los estudios a Semidetalle de la capacidad del uso del suelo, como insumo prioritario para la definición de los planes de uso del territorio municipal tomando como base la priorización establecida en la Plan de acción de la Política de los PDM-OT. Socialización en el COMUDE del plan de uso del suelo tomando de base los Estudios a Semidetalle de la Capacidad de Uso del Suelo en los departamentos donde esté disponible. Debilidad en la implementación de la normativa existente. Cómo ya se mencionó, a pesar de la existencia de normas relacionadas al uso y ocupación del territorio, que son de nivel nacional, es muy débil el control y vigilancia en su aplicación. De esa cuenta no hay juzgados especializados en el tema de la gestión territorial, son pocos los mecanismos de denuncia conocidos en el tema de la gestión territorial y las instancias responsables de vigilar la aplicación de las normas en los diferentes niveles territoriales no ejercen el control necesario. Para medir la efectividad en las acciones existentes y que se emprendan para mitigar la debilidad en la implementación de las normas, se identifica algunos indicadores clave: actualización e implementación de los reglamentos de construcción municipales vinculados a las normas de ocupación y uso del territorio, número de casos de infracciones sobre uso del suelo resueltos. Intervenciones actuales Para ejercer el control y vigilancia en la implementación de las normas relativas al uso y ocupación del territorio, se puede listar algunas intervenciones actuales: Hay entidades con mandatos específicos en el control del uso del territorio, pero no existe coordinación interinstitucional y tampoco al nivel local. Juzgados no especializados o fortalecidos en los temas de la regulación del uso y ocupación del territorio, que entre otros dificulta el seguimiento a denuncias Hay seguimiento a los acuerdos internacionales, sin embargo, son esfuerzos aislados y no migran a normativa de observancia general. Ejemplos: diversidad biológica y cambio climático. Intervenciones efectivas Para contribuir a fortalecer la eficacia de las intervenciones en materia de control y seguimiento al cumplimiento de la normativa en el uso y ocupación del territorio: Fortalecer las capacidades locales para implementación y el control del cumplimento de la normativa e instrumentos de OT. Fortalecer los mecanismos locales para denuncia y seguimiento a los procesos sancionatorios. Creación de juzgados especializados en el tema del control de uso y ocupación del territorio. Implementar auditorias físicas y financieras sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental de los proyectos categoría B1 y A (o las de mayor impacto). Dar seguimiento a las metas/acuerdos/resultados/instrumentos establecidos en los convenios internacionales (Ejemplo: Cambio climático, diversidad biológica, otros). Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía. Se considera una causa compleja de abordar ya que, la débil o escasa vigilancia y control en el cumplimiento de las normas ha favorecido una cultura permisiva. Por otro lado, la dificultad de llegar con datos pertinentes para actualizar e informar a la ciudadanía, también, ha propiciado la desinformación y facilitado la manipulación de la ciudadanía. Intervenciones actuales Programas o acciones del Estado para reubicación de la población/acceso a la tierra u otros, que no responden a la demanda y necesidad de los grupos afectados El currículo nacional base no incluye la formación ciudadana con enfoque de gestión (política, social y normativa) del territorio. Intervenciones efectivas Definición de mecanismos locales que aseguren la participación y la inclusión de acuerdos y consensos sociales de aplicación en el territorio. Incluir en el currículo nacional base, la formación ciudadana con enfoque de gestión (política, social y normativa) del territorio. Débil regulación y control del mercado inmobiliario Es una de las causas con menos sustento documental; sin embargo, no carece de fuerza explicativa, pues es evidente que no existe una regulación al desarrollo inmobiliario nacional y mucho menos al nivel local. No son los gobiernos locales o los territorios quienes propician la inversión o crecimiento inmobiliario, pues la falta de instrumentos de desarrollo urbano es evidente en el país. El mercado privado marca la pauta y define el crecimiento de los territorios y, claramente no espera a que estos estén preparados al impacto de los proyectos, tanto en su infraestructura, como en su economía y aspectos sociales. Intervenciones actuales Planes de ordenamiento territorial con instrumentos complementarios que no consideran la regulación del mercado inmobiliario. Intervenciones efectivas Desarrollar e implementar normativa para regular el control de mercado inmobiliario (nivel nacional y local). En donde tiene gran preponderancia el rol de la Cámara de Construcción, así como municipalidades de la metrópoli de Guatemala, y otros centros o ciudades menores o intermedias. 78 Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo: Como ya se abordó en apartados anteriores, hay indicadores por medio de los cuales se puede evidenciar la ausencia de normas de ordenamiento territorial al nivel municipal, aprobadas y publicadas para su gestión o implementación, únicamente 6 municipios cuentan con reglamento OT aprobado y publicado en diario oficial, de los cuales 5 están en implementación. Además, un instrumento normativo vinculado al OT, básico es el reglamento de construcción que, para el país, únicamente 104 municipios tienen vigente y solamente 88 están en aplicación. (1.76% de municipios con reglamentos de ordenamiento territorial aprobados y publicados, el 30.6% (104 de 340) municipios cuentan con reglamento de construcción aprobado y publicado, RGM 2018). Intervenciones actuales. Algunas de las intervenciones actuales que contribuyen definir información que debe ser retomada por los gobiernos locales para generar normas municipales de uso del territorio y, que sin embargo deben ser fortalecidas, son: Se genera información técnica/institucional relacionada a la gestión del territorio que no es utilizada por las autoridades locales para generar normativa de uso y ocupación del territorio. Se realiza estudios de habitabilidad a demanda, que no son divulgados y que no migran a normas o lineamientos de uso del territorio (nivel nacional o local), aunado a que las instancias responsables no dan seguimiento al uso de la información. Propuesta de directrices y lineamientos normativos generales de uso futuro del territorio contenida en el PDM-OT aprobado (actualmente 265 municipios) Intervenciones efectivas Para contribuir a fortalecer las intervenciones actuales, se identifica acciones o intervenciones que deben ser gestionadas por las diferentes instituciones: Generar canales de distribución de la información técnica al nivel local (gobierno y ciudadanía) y que sea vinculante en el uso del territorio municipal. Generar la información técnica/institucional a escala adecuada para el uso del nivel local. Gestionar la elaboración de estudios de riesgo a detalle, a escala adecuada a la planificación territorial municipal, enfatizando en las áreas vulnerables y asentamiento precarios. Generar capacidades técnicas municipales para elaborar los instrumentos (normativos, técnicos, financieros) de gestión territorial Aprobar e implementar el reglamento de ordenamiento territorial municipal y su normativa e instrumentos complementarios (legales, financieros y socioculturales). Completar los estudios a Semidetalle de la capacidad del uso del suelo, como insumo prioritario para la definición de los planes de uso del territorio municipal tomando como base la priorización establecida en la Plan de acción de la Política de los PDM-OT. Socialización en el COMUDE del plan de uso del suelo tomando de base los Estudios a Semidetalle de la Capacidad de Uso del Suelo en los departamentos donde esté disponible. Debilidad en la implementación de la normativa existente. Cómo ya se mencionó, a pesar de la existencia de normas relacionadas al uso y ocupación del territorio, que son de nivel nacional, es muy débil el control y vigilancia en su aplicación. De esa cuenta no hay juzgados especializados en el tema de la gestión territorial, son pocos los mecanismos de denuncia conocidos en el tema de la gestión territorial y las instancias responsables de vigilar la aplicación de las normas en los diferentes niveles territoriales no ejercen el control necesario. Para medir la efectividad en las acciones existentes y que se emprendan para mitigar la debilidad en la implementación de las normas, se identifica algunos indicadores clave: actualización e implementación de los reglamentos de construcción municipales vinculados a las normas de ocupación y uso del territorio, número de casos de infracciones sobre uso del suelo resueltos. Intervenciones actuales Para ejercer el control y vigilancia en la implementación de las normas relativas al uso y ocupación del territorio, se puede listar algunas intervenciones actuales: Hay entidades con mandatos específicos en el control del uso del territorio, pero no existe coordinación interinstitucional y tampoco al nivel local. Juzgados no especializados o fortalecidos en los temas de la regulación del uso y ocupación del territorio, que entre otros dificulta el seguimiento a denuncias Hay seguimiento a los acuerdos internacionales, sin embargo, son esfuerzos aislados y no migran a normativa de observancia general. Ejemplos: diversidad biológica y cambio climático. Intervenciones efectivas Para contribuir a fortalecer la eficacia de las intervenciones en materia de control y seguimiento al cumplimiento de la normativa en el uso y ocupación del territorio: Fortalecer las capacidades locales para implementación y el control del cumplimento de la normativa e instrumentos de OT. Fortalecer los mecanismos locales para denuncia y seguimiento a los procesos sancionatorios. Creación de juzgados especializados en el tema del control de uso y ocupación del territorio. Implementar auditorias físicas y financieras sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental de los proyectos categoría B1 y A (o las de mayor impacto). Dar seguimiento a las metas/acuerdos/resultados/instrumentos establecidos en los convenios internacionales (Ejemplo: Cambio climático, diversidad biológica, otros). Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía. Se considera una causa compleja de abordar ya que, la débil o escasa vigilancia y control en el cumplimiento de las normas ha favorecido una cultura permisiva. Por otro lado, la dificultad de llegar con datos pertinentes para actualizar e informar a la ciudadanía, también, ha propiciado la desinformación y facilitado la manipulación de la ciudadanía. Intervenciones actuales Programas o acciones del Estado para reubicación de la población/acceso a la tierra u otros, que no responden a la demanda y necesidad de los grupos afectados El currículo nacional base no incluye la formación ciudadana con enfoque de gestión (política, social y normativa) del territorio. Intervenciones efectivas Definición de mecanismos locales que aseguren la participación y la inclusión de acuerdos y consensos sociales de aplicación en el territorio. Incluir en el currículo nacional base, la formación ciudadana con enfoque de gestión (política, social y normativa) del territorio. Débil regulación y control del mercado inmobiliario Es una de las causas con menos sustento documental; sin embargo, no carece de fuerza explicativa, pues es evidente que no existe una regulación al desarrollo inmobiliario nacional y mucho menos al nivel local. No son los gobiernos locales o los territorios quienes propician la inversión o crecimiento inmobiliario, pues la falta de instrumentos de desarrollo urbano es evidente en el país. El mercado privado marca la pauta y define el crecimiento de los territorios y, claramente no espera a que estos estén preparados al impacto de los proyectos, tanto en su infraestructura, como en su economía y aspectos sociales. Intervenciones actuales Planes de ordenamiento territorial con instrumentos complementarios que no consideran la regulación del mercado inmobiliario. Intervenciones efectivas Desarrollar e implementar normativa para regular el control de mercado inmobiliario (nivel nacional y local). En donde tiene gran preponderancia el rol de la Cámara de Construcción, así como municipalidades de la metrópoli de Guatemala, y otros centros o ciudades menores o intermedias. 79 Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo: Como ya se abordó en apartados anteriores, hay indicadores por medio de los cuales se puede evidenciar la ausencia de normas de ordenamiento territorial al nivel municipal, aprobadas y publicadas para su gestión o implementación, únicamente 6 municipios cuentan con reglamento OT aprobado y publicado en diario oficial, de los cuales 5 están en implementación. Además, un instrumento normativo vinculado al OT, básico es el reglamento de construcción que, para el país, únicamente 104 municipios tienen vigente y solamente 88 están en aplicación. (1.76% de municipios con reglamentos de ordenamiento territorial aprobados y publicados, el 30.6% (104 de 340) municipios cuentan con reglamento de construcción aprobado y publicado, RGM 2018). Intervenciones actuales. Algunas de las intervenciones actuales que contribuyen definir información que debe ser retomada por los gobiernos locales para generar normas municipales de uso del territorio y, que sin embargo deben ser fortalecidas, son: Se genera información técnica/institucional relacionada a la gestión del territorio que no es utilizada por las autoridades locales para generar normativa de uso y ocupación del territorio. Se realiza estudios de habitabilidad a demanda, que no son divulgados y que no migran a normas o lineamientos de uso del territorio (nivel nacional o local), aunado a que las instancias responsables no dan seguimiento al uso de la información. Propuesta de directrices y lineamientos normativos generales de uso futuro del territorio contenida en el PDM-OT aprobado (actualmente 265 municipios) Intervenciones efectivas Para contribuir a fortalecer las intervenciones actuales, se identifica acciones o intervenciones que deben ser gestionadas por las diferentes instituciones: Generar canales de distribución de la información técnica al nivel local (gobierno y ciudadanía) y que sea vinculante en el uso del territorio municipal. Generar la información técnica/institucional a escala adecuada para el uso del nivel local. Gestionar la elaboración de estudios de riesgo a detalle, a escala adecuada a la planificación territorial municipal, enfatizando en las áreas vulnerables y asentamiento precarios. Generar capacidades técnicas municipales para elaborar los instrumentos (normativos, técnicos, financieros) de gestión territorial Aprobar e implementar el reglamento de ordenamiento territorial municipal y su normativa e instrumentos complementarios (legales, financieros y socioculturales). Completar los estudios a Semidetalle de la capacidad del uso del suelo, como insumo prioritario para la definición de los planes de uso del territorio municipal tomando como base la priorización establecida en la Plan de acción de la Política de los PDM-OT. Socialización en el COMUDE del plan de uso del suelo tomando de base los Estudios a Semidetalle de la Capacidad de Uso del Suelo en los departamentos donde esté disponible. Debilidad en la implementación de la normativa existente. Cómo ya se mencionó, a pesar de la existencia de normas relacionadas al uso y ocupación del territorio, que son de nivel nacional, es muy débil el control y vigilancia en su aplicación. De esa cuenta no hay juzgados especializados en el tema de la gestión territorial, son pocos los mecanismos de denuncia conocidos en el tema de la gestión territorial y las instancias responsables de vigilar la aplicación de las normas en los diferentes niveles territoriales no ejercen el control necesario. Para medir la efectividad en las acciones existentes y que se emprendan para mitigar la debilidad en la implementación de las normas, se identifica algunos indicadores clave: actualización e implementación de los reglamentos de construcción municipales vinculados a las normas de ocupación y uso del territorio, número de casos de infracciones sobre uso del suelo resueltos. Intervenciones actuales Para ejercer el control y vigilancia en la implementación de las normas relativas al uso y ocupación del territorio, se puede listar algunas intervenciones actuales: Hay entidades con mandatos específicos en el control del uso del territorio, pero no existe coordinación interinstitucional y tampoco al nivel local. Juzgados no especializados o fortalecidos en los temas de la regulación del uso y ocupación del territorio, que entre otros dificulta el seguimiento a denuncias Hay seguimiento a los acuerdos internacionales, sin embargo, son esfuerzos aislados y no migran a normativa de observancia general. Ejemplos: diversidad biológica y cambio climático. Intervenciones efectivas Para contribuir a fortalecer la eficacia de las intervenciones en materia de control y seguimiento al cumplimiento de la normativa en el uso y ocupación del territorio: Fortalecer las capacidades locales para implementación y el control del cumplimento de la normativa e instrumentos de OT. Fortalecer los mecanismos locales para denuncia y seguimiento a los procesos sancionatorios. Creación de juzgados especializados en el tema del control de uso y ocupación del territorio. Implementar auditorias físicas y financieras sobre el cumplimiento de las medidas de mitigación ambiental de los proyectos categoría B1 y A (o las de mayor impacto). Dar seguimiento a las metas/acuerdos/resultados/instrumentos establecidos en los convenios internacionales (Ejemplo: Cambio climático, diversidad biológica, otros). Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía. Se considera una causa compleja de abordar ya que, la débil o escasa vigilancia y control en el cumplimiento de las normas ha favorecido una cultura permisiva. Por otro lado, la dificultad de llegar con datos pertinentes para actualizar e informar a la ciudadanía, también, ha propiciado la desinformación y facilitado la manipulación de la ciudadanía. Intervenciones actuales Programas o acciones del Estado para reubicación de la población/acceso a la tierra u otros, que no responden a la demanda y necesidad de los grupos afectados El currículo nacional base no incluye la formación ciudadana con enfoque de gestión (política, social y normativa) del territorio. Intervenciones efectivas Definición de mecanismos locales que aseguren la participación y la inclusión de acuerdos y consensos sociales de aplicación en el territorio. Incluir en el currículo nacional base, la formación ciudadana con enfoque de gestión (política, social y normativa) del territorio. Débil regulación y control del mercado inmobiliario Es una de las causas con menos sustento documental; sin embargo, no carece de fuerza explicativa, pues es evidente que no existe una regulación al desarrollo inmobiliario nacional y mucho menos al nivel local. No son los gobiernos locales o los territorios quienes propician la inversión o crecimiento inmobiliario, pues la falta de instrumentos de desarrollo urbano es evidente en el país. El mercado privado marca la pauta y define el crecimiento de los territorios y, claramente no espera a que estos estén preparados al impacto de los proyectos, tanto en su infraestructura, como en su economía y aspectos sociales. Intervenciones actuales Planes de ordenamiento territorial con instrumentos complementarios que no consideran la regulación del mercado inmobiliario. Intervenciones efectivas Desarrollar e implementar normativa para regular el control de mercado inmobiliario (nivel nacional y local). En donde tiene gran preponderancia el rol de la Cámara de Construcción, así como municipalidades de la metrópoli de Guatemala, y otros centros o ciudades menores o intermedias. 80 BM. 2015. Mejora de la gobernanza de la tierra en Guatemala. Implementación del marco de evaluación de la Gobernanza de la Tierra – LGAF. Pág.4-19-24 27.- Migración interna, desplazamiento interno.3.4 La falta de acceso a tierra y la escasez de otras o p o r t u n i d a d e s económicas y de empleo en el área rural, han obligado a importantes segmentos de la población rural a considerar la migración hacia las ciudades, como la única alternativa para superar la pobreza y la exclusión. De hecho, la migración al exterior se ha incrementado de 1, 237,162 personas en 2002, a 1, 482,247 en 2007. No existen medidas de control para promover una migración ordenada y coherente con la oferta de servicios en las principales ciudades del país. Existen regiones cuyo principal medio de subsistencia lo representan remesas enviadas del extranjero, debido a la alta tasa de e m i g r a c i ó n (principalmente ilegal) a Estados Unidos principalmente27. 81 Necesidades básicas insatisfechas: Tienen relación directa con los siguientes enunciados: (Brecha de servicios básicos (agua, saneamiento, extracción basura y electricidad U-R 48.42 (2018)) (275 municipios en categoría medio bajo y bajo en el Indicé de gestión de Servicios públicos, Ranking de la gestión municipal 2018) (Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos 32.2 (Censo 2002-2018). Acceso limitado a la tenencia de la tierra para la producción y la vivienda (Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas 33.29% (1.8 millones de viviendas (2019) Déficit Habitacional). Las intervenciones que se realizan en la actualidad, asociadas con esta causa, son las siguientes: Se balastan caminos con poca calidad y durabilidad Se realizan proyectos con enfoque político Construcción de proyectos de infraestructura y servicios básicos sin análisis de capacidad de uso del suelo y en áreas de alto riesgo Escuelas insuficientes para atender la demanda educativa Centros de salud insuficientes para atender la demanda de salud de la población en los territorios Las intervenciones efectivas sugieren: Actualizar el Plan Nacional de Vialidad y el índice de vialidad, definir una programación de inversiones para los próximos 30 años. Mantenimiento y resguardo de los espacios de carreteras que están planificadas para construirse de varios carriles. Recuperación de espacios públicos para la movilización peatonal y ciclo vías. Construcción de nuevas carreteras como infraestructura para el desarrollo sostenible, en área rural e interurbana. Construcción de complejos comerciales y terminales modernos en los departamentos. Promover la producción agrícola y la empresarialidad en los territorios. Construcción de plantas procesadoras y transformación agroindustrial. Construcción de centros de acopio para fortalecer a los pequeños productores para que puedan competir en cantidad y calidad en los mercados nacionales e internacionales. Promover el desarrollo turístico, ecoturismos y agroturismo entre otros a nivel local. Zonificación para el uso del suelo, de la categoría equipamiento, que contempla el espacio para la construcción de infraestructura para servicios públicos: educación, salud, comercio entre otros. Inseguridad Ciudadana: Se mide en función del número de víctimas de homicidios (20.6 por cada 100,000 habitantes 2019) Las intervenciones actuales son: Baja cobertura del servicio de alumbrado público en áreas rurales y barrios marginales Escasos proyectos de recreación y esparcimiento social, en áreas urbanas y rurales Baja inversión en proyectos que promueven la cultura de paz y diálogo Entre las intervenciones actuales figuran: Las municipalidades deben utilizar más fuentes de energía renovable para proveer del servicio de energía eléctrica a la población de áreas periféricas y rurales Inversión en proyectos de parques y jardines, en ciudades con acceso a la naturaleza y a las actividades del ocio a los habitantes de zonas urbanas Promover proyectos orientados al deporte entre sus habitantes y proporcionar espacios públicos para actividades de ocio. Débil implementación de las estrategias de desarrollo económico territorial y local: Este se mide en función del desempleo, debido a las escasas oportunidades laborales. Las intervenciones actuales para la atención de esta causa son: Coordinaciones entre gobierno y las empresas privadas, ferias del empleo Creación de oportunidades en la administración pública Fortalecimiento a las capacidades en áreas técnicas (formación a través de INTECAP) Implementación de programas de emprendimiento de micro, pequeña y mediana empresa Programas de emprendimiento que favorecen solo a una parte de la población. Hay personas que no cuentan con garantías para respaldar un crédito Entre las intervenciones efectivas figuran: Revisión del marco legal, para el acceso a tierras Programa de subsidio, arrendamiento o acceso a tierras Asesoría técnica de manera efectiva, en la producción agropecuaria, con personal capacitado Equipamiento a los agricultores con herramientas Facilitar el acceso a los Programas de crédito, con menos requisitos Programas de capacitación a los productores, para la diversificación de cultivos Alianzas con empresarios para la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales Establecer un plan de trabajo a corto y mediano plazo, entre MINECO, PRONACOM y AGEXPORT, para apoyo a pequeños productores que contemplen alianzas con cooperantes Fortalecimiento y fomento del cooperativismo 82 Acceso limitado a la tenencia de la tierra para la producción y la vivienda (Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas 33.29% (1.8 millones de viviendas (2019) Déficit Habitacional). Las intervenciones que se realizan en la actualidad, asociadas con esta causa, son las siguientes: Se balastan caminos con poca calidad y durabilidad Se realizan proyectos con enfoque político Construcción de proyectos de infraestructura y servicios básicos sin análisis de capacidad de uso del suelo y en áreas de alto riesgo Escuelas insuficientes para atender la demanda educativa Centros de salud insuficientes para atender la demanda de salud de la población en los territorios Las intervenciones efectivas sugieren: Actualizar el Plan Nacional de Vialidad y el índice de vialidad, definir una programación de inversiones para los próximos 30 años. Mantenimiento y resguardo de los espacios de carreteras que están planificadas para construirse de varios carriles. Recuperación de espacios públicos para la movilización peatonal y ciclo vías. Construcción de nuevas carreteras como infraestructura para el desarrollo sostenible, en área rural e interurbana. Construcción de complejos comerciales y terminales modernos en los departamentos. Promover la producción agrícola y la empresarialidad en los territorios. Construcción de plantas procesadoras y transformación agroindustrial. Construcción de centros de acopio para fortalecer a los pequeños productores para que puedan competir en cantidad y calidad en los mercados nacionales e internacionales. Promover el desarrollo turístico, ecoturismos y agroturismo entre otros a nivel local. Zonificación para el uso del suelo, de la categoría equipamiento, que contempla el espacio para la construcción de infraestructura para servicios públicos: educación, salud, comercio entre otros. Inseguridad Ciudadana: Se mide en función del número de víctimas de homicidios (20.6 por cada 100,000 habitantes 2019) Las intervenciones actuales son: Baja cobertura del servicio de alumbrado público en áreas rurales y barrios marginales Escasos proyectos de recreación y esparcimiento social, en áreas urbanas y rurales Baja inversión en proyectos que promueven la cultura de paz y diálogo Entre las intervenciones actuales figuran: Las municipalidades deben utilizar más fuentes de energía renovable para proveer del servicio de energía eléctrica a la población de áreas periféricas y rurales Inversión en proyectos de parques y jardines, en ciudades con acceso a la naturaleza y a las actividades del ocio a los habitantes de zonas urbanas Promover proyectos orientados al deporte entre sus habitantes y proporcionar espacios públicos para actividades de ocio. Débil implementación de las estrategias de desarrollo económico territorial y local: Este se mide en función del desempleo, debido a las escasas oportunidades laborales. Las intervenciones actuales para la atención de esta causa son: Coordinaciones entre gobierno y las empresas privadas, ferias del empleo Creación de oportunidades en la administración pública Fortalecimiento a las capacidades en áreas técnicas (formación a través de INTECAP) Implementación de programas de emprendimiento de micro, pequeña y mediana empresa Programas de emprendimiento que favorecen solo a una parte de la población. Hay personas que no cuentan con garantías para respaldar un crédito Entre las intervenciones efectivas figuran: Revisión del marco legal, para el acceso a tierras Programa de subsidio, arrendamiento o acceso a tierras Asesoría técnica de manera efectiva, en la producción agropecuaria, con personal capacitado Equipamiento a los agricultores con herramientas Facilitar el acceso a los Programas de crédito, con menos requisitos Programas de capacitación a los productores, para la diversificación de cultivos Alianzas con empresarios para la apertura de nuevos mercados nacionales e internacionales Establecer un plan de trabajo a corto y mediano plazo, entre MINECO, PRONACOM y AGEXPORT, para apoyo a pequeños productores que contemplen alianzas con cooperantes Fortalecimiento y fomento del cooperativismo 83 Bajos niveles de gobernanza de la tierra4.1 MODELO LÓGICO 4. Considerando que el bajo nivel de gobernanza de la tierra constituye una de las causas principales del uso inadecuado y ocupación del territorio y que esta causa a su vez poseía causas indirectas o de segundo orden, en la cadena de resultados se retoman dichas causas y se define 1 resultado final con temporalidad al año 2050, 4 resultados intermedios con temporalidad que van desde el 2032 a los 2040 y 12 resultados inmediatos con temporalidad entre el 2022 al 2031. Se debe mencionar que el resultado final planteado para el año 2050, podrá ser alcanzado en la medida que las instituciones públicas y gobiernos locales, posean la voluntad política y técnica para coordinar sus esfuerzos y realizar las intervenciones necesarias para alcanzar los resultados inmediatos e intermedios, que se plantearon en la presente política, así como la voluntad y participación de los actores de territorio que desde sus distintas áreas de incidencia puedan contribuir al alcance del resultado final. A continuación, se muestra el esquema de relación entre las causas y los distintos niveles de resultados definidos para el tema de bajos niveles de gobernanza de la tierra. 84 Causa primaria Bajo nivel de gobernanza de la tierra Causa secundaria 1 Escasa voluntad en la decisión política para la gestión ordenada del territorio Causa Secundaria 2 Débil presencia e incidencia institucional en el territorio (Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio). Causa Secundaria 3 Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio. Resultado final Resultado intermedio Resultado inmediato Para el 2050, los municipios que han implementado su PDM-OT, han gestionado satisfactoriamente en un 10%, la conflictividad social por el uso y ocupación del territorio Para el 2040, al menos un 50 por ciento de los conflictos sociales, por el uso y ocupación del territorio, se están atendiendo De 4 por ciento en el 2021 a 50 porciento de casos en 2040) Al 2024 En 22 departamentos se tienen identificados y registrados los conflictos sociales por uso y ocupación del territorio, identificando su tipología, municipio, departamento e instituciones que intervienen para solucionarlos. (de 05 departamentos en el 2021 a 22 en el 2024) Para el año 2,024 autoridades de gobierno central, gobernaciones departamentales, gobiernos locales, poseen conocimiento en el tema de Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio. (De 0 en el 2021 a 14 Ministerios en el 2024 De 1 secretaria en el 2021 a 15 secretarias en el 2024 De 8 Gobiernos Locales en el 2021 a 340 en el 2024 De 0 en el 2021 a 22 Gobernaciones Departamentales en el 2024) 85 Causa secundaria 4 Población desinformada para la toma de decisiones Causa secundaria 5 Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra Causa Secundaria 6 Inconsistencia en la definición de los límites municipales Resultado intermedio Resultado inmediatoPara el año 2040, el 50 % de municipios con conflictos intermunicipales identificados por el IGN al 2021, han definido sus límites con iniciativa de ley. (De 0 % en el 2021 a 50 % en el 2040. Línea basal: 110 conflictos intermunicipales son de conocimiento de IGN en el 2021. Estos conflictos se encuentran en distintos municipios de los 22 departamentos. Para el 2040 se cuenta con 78 áreas protegidas delimitadas (De 53 en el 2021 a 78 en el 2040) de un total de 348 áreas protegidas) Para el 2040 se ha incrementado a 19% los municipios declarados catastrados. (En 15 municipios equivalente a 4.11% al año 2021 a 64 equivalente a 19% en el año 2040) Catastrados 100,222 al 2021 Catastrados irregulares: 82,150 al 2021) Para el 2026 las instituciones rectoras e instituciones relacionadas al tema OT y gobiernos locales, cuentan con Dirección de OT y equipos técnicos conformados por grupo de profesionales multidisciplinarios. (De 0 instituciones en el año 2021 a 2 instituciones en el 2026 De 56 municipalidades en el 2018 a 112 municipalidades en el 2026) Al 2030 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 4.11% en 2021 a 26.88% en 2030) Para el año 2024, los actores que son parte de los distintos niveles de los Consejos de Desarrollo, poseen conocimiento y participan activamente en el tema de Ordenamiento Territorial. (De 0% en el 2021 a 100 % en el 2024 de los CONADUR. De 0% en el 2021 a 100% en el 2024 de los COREDUR. De 0% en el 2021 a 100% en el 2024 de los CODEDE. De 0% en el 2021 a 100% en el 2024 de los COMUDE) 86 Resultado inmediato Para el 2031 se cuenta con 20 planes maestros actualizados (De 5 en el 2021 a 20 en el 2031) De un total de 76 planes maestros Para el 2031 se incrementa el porcentaje de familias que tienen certeza jurídica de la tierra por medio de la regularización de los predios que son propiedad del Estado. Para el 2031 se incrementa el porcentaje de familias que tienen certeza jurídica de la tierra por medio de la regularización de los predios que se encuentran en ejidos municipales. Para el 2031 se incrementa el porcentaje de población que tiene acceso a espacio público. Para el 2031 se ha incrementado el número de empresas inmobiliarias que cumplen con lo establecido, en la ley preliminar de urbanismo en áreas de cesión para infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano. Al 2024, 44 (12.92%) municipios tienen base predial provista por el RIC. (De 38 en el año 2018 a 44 municipios en 2024). Para el 2024 el RIC cuenta con 33 (meta) tierras comunales con reconocimiento y declaración administrativa. (De 11 tierras comunales en el año 2018 a 33 tierras comunales en el año 2024). El modelo lógico definido para contribuir a la resolución de casos de conflictos sociales por el uso y ocupación del territorio contiene 12 resultados inmediatos, cada uno de ellos con la identificación de productos y su respectivo programa presupuestario que actualmente realizan las instituciones de gobierno y municipalidades mediante el cual contribuyen a alcanzar el resultado planteado. Como complemento a este accionar de las instituciones y gobiernos locales se incluyen productos nuevos con los cuales se tiene como objetivo ser más efectivos en el alcance del resultado. 87 Para el año 2,024 autoridades de gobierno central, gobernaciones departamentales, gobiernos locales, poseen conocimiento en el tema de Ordenamiento Territorial y Gestión del Territorio (De 0 en el 2021 a 14 Ministerios en el 2024 De 1 Secretaria en el 2021 a 15 secretarias en el 2024 De 8 Gobiernos Locales en el 2021 a 340 en el 2024 Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos Al 2024 en 22 departamentos se tienen identificados y registrados los conflictos sociales por uso y ocupación del territorio, identificando su tipología, municipio, departamento e instituciones que intervienen para solucionarlos. (de 05 departamentos en el 2021 a 22 en el 2024) Responsable Directo: Municipalidades Corresponsables: COPADEH, Comisión Presidencial de Diálogo, MEM, USAC(CEUR). 000-004-001 Asesoría y coordinación a las dependencias del Estado para la integración de mesas de diálogo en prevención de conflictos. PO-Servidores públicos atendidos en estudios superiores en administración pública PO-Publicacione s y documentos de gestión del conocimiento elaborados en la temática de administración pública. PO-Asistencia técnica a gobiernos municipales, gobernaciones y consejos de desarrollo en materia de gestión pública. SP-Estudiantes atendidos en Maestría de Administración Pública 000-004 Informes y asesorías a las dependencias del Organismo Ejecutivo para la prevención de conflictos sociales, ambientales y agrarios, entre otros Funcionarios Públicos, gobiernos municipales, Gobernadores Departamen- tales cuentan con acceso al servicio de formación y capacitación en temas de gestión y ordenamiento territorial MUNICIPALIDADES COPADEH INAP INAP INAP 71 -PROMOCIÓN DE ACCIONES Y MECANISMOS POR LA PAZ, DERECHOS HUMANOS Y ATENCIÓN DE CONFLICTIVIDAD. 12 -SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIONALIZA CIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 11 -SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 11 -SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 88 12 -SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIONALI- ZACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 12 -SERVICIOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACI ÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO 11 -Desarrollo Forestal Sostenible 12 -ASISTENCIA Y SERVICIOS TECNICOS MUNICIPALES PO-Instituciones Públicas Atendidas en Servicios de Formación y Capacitación. PO-Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a Municipalidades PO-Instituciones públicas y organizaciones de Sociedad Civil atendidas en Escuela de Gobierno y Gestión Pública PO-Autoridades, organizaciones, líderes locales, informados y sensibilizados sobre el uso sostenible del bosque, para mejorar la Gobernanza y promover una cultura forestal tendiente a incrementar la legalidad y reducir la conflictividad en torno al uso del bosque. SP-Instituciones atendidas para el fortalecimiento profesional del recurso humano SP-Estudiantes atendidos en Maestría de Gerencia Pública INAP-ICAP, Sede Central SP-Estudiantes atendidos en talleres, conferencias, foros, seminarios y otros, para su actualización profesional. SP-Municipalidades con oficina de gestión forestal municipal y organizaciones forestales comunitarias, técnicamente asistidas para promover acciones de manejo sostenible de sus recursos naturales. SP- Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a Entidades. SP- Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades. SP- Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a Entidades. SP-Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a Entidades Servidores Públicos cuentan con el servicio de formación y capacitación en temas de gestión y ordenamiento territorial Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos De 0 en el 2021 a 22 Gobernaciones Departamentales en el 2024) Responsable Directo: INAP Corresponsables: Instituciones de la Mesa Técnica de la Política de Fortalecimiento de las Municipalidades INAP INAP INAP INAP INAB INFOM 89 13 -FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 58 -MANEJO INTEGRADO DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN SP-Instrumentos administrativos y financieros para autoridades funcionarios y empleados municipales. SP-Asesoría en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales. SP-Capacitación en administración y finanzas para autoridades funcionarios y empleados municipales. SP-Fortalecimiento a entidades públicas y privadas en la gestión y manejo de desechos y contaminantes en la cuenca del Lago de Atitlán. SP-Capacitación y concientización a la población de la Cuenca del Lago de Atitlán sobre buenas prácticas ambientales para el control de la contaminación. SP-Informes actualizados sobre la calidad de los recursos naturales (Suelo, agua y bosque), clima, desechos y contaminantes de la Cuenca del Lago de Atitlán, para informar a la población en general y toma de decisiones. SP-Formación y actualización de profesionales y técnicos externos al RIC en materia catastral y desarrollo territorial. PO-Capacitación en temas de administración finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades funcionarios y empleados municipales PO-PERSONAS Y ENTIDADES FORTALECIDAS EN TEMAS AMBIENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN. Formación y actualización de profesionales y técnicos en materia catastral y desarrollo territorial Programa presupuestario 11 Establecimiento, mantenimiento y actualización de catastro nacional Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos INFOM AUTORIDAD PARA EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL LAGO DE ATITLÁN Y SU ENTORNO RIC 90 Instituciones rectoras en el tema de ordenamiento territorial y planificación cuentan con personal técnico en los 22 departamentos para la atención y asesoría técnica a nivel municipal Para el 2026 las instituciones rectoras e instituciones relacionadas al tema OT y gobiernos locales, cuentan con Dirección de OT y equipos técnicos conformados por grupo de profesionales multidisciplinarios. (De 0 instituciones en el año 2021 a 2 instituciones en el 2026) (de 56 municipalidades en el 2018 a 112 municipalidades en el 2026) Responsables: INFOM, Consejos de Desarrollo Corresponsables: Instituciones de la Mesa Técnica de la Política de Fortalecimiento de las Municipalidades (Principalmente MAGA, MARN y MICIVI) Al 2030 el 26.8 % de los municipios implementan los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. (De 4.11% en 2021 a 26.88% en 2030) Responsable: MAGA Corresponsable; MARN, RIC, USAC, SEGEPLAN, SCEP, CONAP, INAB, FONTIERRAS, ANAM, COPRESAM, AUTORIDADES DE CUENCA. Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos 6302 -APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN SP-Dirección y coordinación (Apoyo a la Descentralización) PO-Dirección y coordinación (Apoyo a la Descentralización) SCEP 6302 -APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN SP-Capacitaciones a Consejos de Desarrollo en delegación de competencias para el proceso de Descentralización SP-Asesorías a Consejos de Desarrollo en delegación de competencias para el proceso de Descentralización SP-Personas beneficiadas sobre capacitaciones con el tema de Descentralización a Gobiernos locales con enfoqué de Género PO-Plan Anual de Descentralización PO-Plan Anual de Descentralización SCEP 6303 -APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓNSCEP PO-Plan Anual de Descentralización 6303 -APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓNSCEP Institucio- nes públicas brindan asesoría, acompaña miento y seguimien- to a los gobiernos locales en la implementa ción de los planes de desarrollo municipal y ordena- miento territorial Entidades dotadas información de taxonomía de suelos, capacidad de uso y zonificación de la tierra. Entidades capacitadas en el uso de sistemas de información geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra. 12 - Investigación, restauración y conservación de suelos. MAGA 91 Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos Gobernan- tes en turno toman como prioridad el desarrollo y ordena- miento territorial y establecen resultados y metas de corto plazo para contribuir al cierre de brechas. Institucio- nes rectoras en el tema de ordena- miento territorial dan seguimiento a la PNOT mediante la planifica- ción de su PEI, POM Y POA de las Direcciones de OT SP-Incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado. PO-Incentivos en apoyo a la reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado. Servicios de información geográfica, gestión de riesgos y del uso de los suelos rurales Supervisión e inspecciones de cierres mineros y derechos mineros para la verificación de existencia y caracterización geológica del mineral autorizado Servicios de cartografía nacional SP-Servicios de Información Geográfica, Gestión de Riesgos y del Uso de los Suelos Rurales SP-Servicios de Cartografía Nacional SP-Supervisiones de operaciones mineras a empresas en atención a denuncias 12 - Investigación, restauración y conservación de suelos. 12 - Investigación, restauración y conservación de suelos. Programa Presupuestario 10. Actividades centrales Programa Presupuestario 10. Actividades centrales Programa Presupuestario 12 Exploración y Explotación Minera MAGA MAGA MAGA MEM MAGA (OCRET) 92 Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos Emisión de dictámenes catastrales e inspecciones a solicitudes de licencias de explotación minera PO-Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas públicas, planificación y programación, con orientación a resultados, en el marco de las Prioridades Nacionales de Desarrollo. PO-Entidades e instituciones públicas y Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en procesos de políticas, planificación y programación, con orientación a resultados en el marco de las prioridades del desarrollo SP-Préstamo aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio de Municipalidades. SP-Préstamo aprobado por Junta Directiva para beneficio de Municipalidades SP-Dictámenes de polígonos mineros para verificación de áreas otorgadas a titulares de derechos mineros SP-Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación territorial. SP-Entidades e instituciones públicas y el Sistema de Consejos de Desarrollo, asesorados y/o asistidos técnicamente en planificación territorial. SP-Emisión de Dictámenes de polígonos mineros para la verificación de áreas disponibles, para reconocimiento, exploración y explotación minera Programa Presupuestario 12 Exploración y Explotación Minera 34 -Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública. 34 -Planificación, Monitoreo y Evaluación de la Gestión Pública. 11 -ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES MEM SEGEPLAN SEGEPLAN INFOM 93 Para el año 2024, los actores que son parte de los distintos niveles de los Consejos de Desarrollo poseen conocimiento y participan activamente en el tema de Ordenamiento Territorial. (De 0% en el 2021 a 100 % en el 2024 de los CONADUR De 0% en el 2021 a 100% en el 2024 de los COREDUR De 0% en el 2021 a 100% en el 2024 de los CODEDE De 0% en el 2021 a 100% en el 2024 de los COMUDE) Para el año 2024 las municipalidades han implementados campañas de educación y socialización de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial a nivel de comunidades y/o lugares poblados considerando la pluriculturalidad del país. (De 0 municipios en el año 2021 a 91 municipios en el año 2024) Responsable: Municipalidades Para el 2031 se cuenta con 20 planes maestros actualizados (De 5 en el 2021 a 20 en el 2031) De un total de 76 PM pendientes de actualizar 56 Responsable: DDSIGAP Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos PO-FORMACIÓN AL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO SP-funcionarios y Personas Individuales Capacitados en temas de Desarrollo. SP-funcionarios Capacitados en Procedimientos de Recursos de Inversión Consejos De Desarrollo son capacitados en temas de gestión y ordena- miento territorial 6301 -CAPACIDADES TÉCNICAS DEL SISTEMA DE CONSEJOS DE DESARROLLO SCEP MUNICIPALIDADES Población en General del 100% de lugares poblados de los municipios han recibido educación y conocen el PDM-OT 94 Familias beneficiadas con adjudicación de propiedad de vivienda Áreas de espacio público gestionadas Municipalidades no utilizan subproductos Municipalidades no utilizan subproductos Municipalidades no utilizan subproductos Para el 2031 se incrementa el porcentaje de familias que tienen certeza jurídica de la tierra por medio de la regularización de los predios se encuentran en ejidos municipales Responsable: Municipalidad Para el 2031 se incrementa el porcentaje de población que tiene acceso a espacio público. Responsable: Municipalidad Para el 2031 se ha incrementado el número de empresas inmobiliarias que cumplen con lo establecido, en la ley preliminar de urbanismo en áreas de cesión para infraestructura, servicios públicos y equipamiento urbano. Responsable: Municipalidad Al 2024, 44 (12.92%) municipios tienen base predial provista por el RIC. (De 38 en el año 2018 a 44 municipios en 2024) Responsable: RIC, Municipalidades Corresponsables: MAGA, OCRET, FONTIERRAS, INFOM, IGN, COPADEH. Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos Familias ubicadas en ejidos municipales, beneficiadas con la emisión de certeza jurídica de la tierra Personas cuentan con acceso a espacios públicos Familias cuentan con acceso a servicios públicos, equipamiento y vías de conexión adecuadas para la atención del número de pobladores MUNICIPALIDADES MUNICIPALIDADES S/D S/D Áreas de uso urbano regulado Programa presupuestario 11 Establecimiento, mantenimiento y actualización de catastro nacional Municipalidades hacen uso multifinalitario de la información catastral SP-Municipalidades que reciben asistencia técnica para el uso y manejo multifinalitario de la información catastral MUNICIPALIDADES RIC S/D 95 Programa Presupuestario 13 Sensibilización socioambiental y participación ciudadana Programa presupuestario 11 Establecimiento, mantenimiento y actualización de catastro nacional Sensibilización y concientización ambiental con énfasis en género y multiculturalidad Declaratoria administrativa de tierras comunales entregadas a comunidades con firmeza SP-Personas capacitadas en temas socio ambientales con énfasis en género y multiculturalidad SP-Expediente para declaratoria administrativa de tierras comunales conformado Para el 2024 el RIC cuenta con 33 (meta) tierras comunales con reconocimiento y declaración administrativa (De 11 tierras comunales en el año 2018 a 33 tierras comunales en el año 2024) Responsables: RIC, Municipalidades Corresponsables: MAGA, OCRET, FONTIERRAS (áreas rurales, en tierras de la Nación disponibles para ser adjudicadas, toda vez exista posesión por parte de los solicitantes), INFOM, IGN, COPADEH. Resultados inmediatos 2022 y el 2031 Responsable Producto Programa Presupuestario Producto Existente Subproducto Existente Productos nuevos Gobiernos locales cuentan con registro de las tierras comunales que poseen reconoci- miento y declaración administrativa Comunidades cuentan con el reconoci- miento y declaración de tierras comunales. RIC MARN 96 Ausencia del modelo de ocupación estratégica del territorio. 4.2 Tomando como base las intervenciones actuales y las que se proponen que pueden resultar más efectivas; a continuación, se presenta la Cadena de Resultados generados para atender la Causa 2. El Resultado final está relacionado con el impacto que las decisiones políticas e intervenciones estratégicas institucionales y de gobiernos locales tienen en el uso adecuado del territorio en el largo plazo, para alcanzar este resultado se plantean resultados intermedios e inmediatos. 97 Causa primaria Ausencia del Modelo de ocupación estratégica del territorio. Causa secundaria 1 Desarticulación entre el sistema rural y urbano de lugares poblados. Causa Secundaria 2 Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN). Resultado final Resultado intermedio Resultado inmediato Al 2050 al menos el 90% de municipios se encuentra ocupando estratégicamente el territorio, conforme al Modelos de Gestión Territorial (MGT) y los Modelos de Desarrollo Territorial Futuro (MDTF) municipales (de 0% del territorio en 2021 a 90% del territorio en 2050). En el año 2040, se han incrementado en 20%, las intervenciones públicas que se realizan de acuerdo con la jerarquización y análisis del sistema de lugares poblados, con base en funciones y conexiones (de 0 %, en el 2018 a 80% en el 2040). Para el 2030, se ha incrementado a 60% los municipios que integran una ciudad intermedia y que se encuentran gestionando las categorías y subcategorías del suelo urbano con base al Sistema Urbano Nacional (SUN), (de 0%, en el 2021 a 60% en el 2030). Para el 2030, se ha incrementado a 29% los municipios que se encuentran gestionando la categoría rural, con base a su normativa (de 0%, en el 2021 a 29% en el 2030). Para el 2030, se ha incrementado a 29% los municipios que se encuentran gestionando la categoría de protección y uso especial, con base a su normativa (de 0%, en el 2021 a 29% en el 2030). Al año 2032, se incrementa en 25 % las instituciones que priorizan las centralidades, para la implementación de sus intervenciones (de 0 al 2021 al 25 % en el año 2032). Al año 2028 se ha incrementado en un 30 % el número de municipalidades e instituciones que dispone y utilizan información territorial actualizada y dinámica (de 10% de municipios en el 2021 al 30% en el año 2032). 98 En la siguiente figura se observan los resultados inmediatos, intermedios y finales que se deberá alcanzar por medio del accionar de las instituciones y gobiernos locales: El alcance de los resultados antes planteados será posible en la medida en que tanto las instituciones de gobierno central, como las municipalidades demuestren voluntad y decisión política para mantener en su planificación la producción institucional vigente que se ha demostrado que atiende las causas que han sido analizadas e incluir producción nueva que aporte a la consecución de los resultados. Asimismo, se deben considerar la implementación de las intervenciones efectivas y asignar el presupuesto de manera priorizada, en ambos casos. 99 Resultado inmediato Responsable Producto Programa Presupuestario Productos existentes Subproductos existentes Productos nuevos Subproductos nuevos Áreas con ordenamiento vial. Áreas de espacio público gestionadas Áreas de uso urbano regulado. Personas que utilizan el servicio de transporte público. Áreas municipales reforestadas o conservadas. Asistencia para el manejo y conservación de recursos naturales renovables a productores (as) agropecuarios y forestales. Incentivos en apoyo a reforestación para la protección de fuentes de agua y zonas de recarga hídrica. Familias campesinas con acceso a la tierra vía créditos y subsidio para arrendamiento de tierras. Apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria e hidrobiológica Apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria e hidrobiológica 11. Acceso a la tierra. Áreas con proyectos estratégicos integrales e imagen urbana. Áreas de uso del suelo urbano consolidado regulado. Áreas de uso del suelo urbano de expansión regulado. Personas que utilizan el trasporte público multimodal. Áreas de recarga hídrica, protegidas. Para el 2030, se incrementa a 60% los municipios que integran una ciudad intermedia y que se encuentran gestionando las categorías y Productos existentes del suelo urbano con base al Sistema Urbano Nacional (SUN), (de 0%, en el 2021 a 60% en el 2030). Para el 2030, se ha incrementado a 29% los municipios que se encuentran gestionando la categoría rural, con base a su normativa (de 0%, en el 2021 a 29% en el 2030). MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD FONTIERRAS MAGA MAGA 100 Resultado inmediato Responsable Producto Programa Presupuestario Productos existentes Subproductos existentes Productos nuevos Subproductos nuevos 11 - Desarrollo Forestal Sostenible Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestales, proveen bienes y servicios ambientales a la población guatemalteca. Bosques naturales bajo manejo, aprobado y certificado a través de los programas de Incentivos y licencias forestales, para garantizar la producción de bienes, protección de fuentes de agua y otros servicios ambientales. Productores forestales, comunitarios y técnicos forestales capacitados en mejores prácticas de manejo para incrementar la productividad de sus bosques y para la prevención y control de plagas e incendios forestales. Plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo, aprobado y certificado a través de mecanismos de incentivos, contribuyen en el abasteci- miento de materia prima a la industria y a suplir la demanda de leña en el área rural. INAB 11 - Desarrollo Forestal Sostenible INAB 11 - Desarrollo Forestal Sostenible INAB 101 Bosques Natural bajo manejo con Licencia Forestal y plantaciones por compro- misos de repoblación forestal vigentes, monitoreados y evaluadas para garan- tizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los planes de manejo. 11 - Desarrollo Forestal Sostenible 11 - Desarrollo Forestal Sostenible INAB INAB 31CONAP 31CONAP Resultado inmediato Responsable Producto Programa Presupuestario Productos existentes Subproductos existentes Productos nuevos Subproductos nuevos Áreas municipales reforestadas o conservadas. Autoridades, organizaciones, líderes locales informados y sensibilizados sobre el uso sostenible del bosque, para mejorar la Gobernanza y promover una cultura forestal tendiente a incrementar la legalidad y reducir la conflictividad en torno al uso del bosque. Población guatemalteca adyacente o en áreas protegidas beneficiadas por el uso sostenible de los recursos naturales. Proyectos para la conservación de áreas protegidas y diversidad biológica. Para el 2030, se ha incrementado a 29% los municipios que se encuentran gestionando la categoría de protección y uso especial, con base a su normativa (de 0%, en el 2021 a 29% en el 2030). MUNICIPALIDAD 102 31 13-Apoyo a la productividad y competitividad agropecuaria e hidrobiológica. Direcciones y unidades de apoyo a la gestión de la reducción de riesgos y desastres. CONAP MAGA (OCRET) CONRED Direcciones y unidades de apoyo a la gestión de la reducción de riesgos y desastres. CONRED Resultado inmediato Responsable Producto Programa Presupuestario Productos existentes Subproductos existentes Productos nuevos Subproductos nuevos Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y la diversidad biológica conservados. Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado. Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas y acuerdos nacionales e internacionales de Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres. Mapas de amenaza a deslizamientos e inundaciones y municipales de amenaza CONRED Boletines informativos Base de datos INFORM Plataformas territoriales en Gestión de Riesgo de Desastres. Resoluciones emitidas por arrendamiento de áreas de reservas territoriales del Estado, con base al Modelo de Gestión Territorial. Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas y acuerdos nacionales e internacionales de Gestión para la Reducción de Riesgo a Desastres, con base al Modelo de Gestión Territorial. Plan municipal de Reducción de riesgo de desastres Establecimiento de canal de información que permita acceso a datos respeto a personas, viviendas e infraestructura afectada por eventos. Integrantes sectoriales y territoriales del Sistema CONRED que han participa- do en acciones de conformación de Coordina- doras para la Reducción de Desastres, así como acciones de voluntaria- do y fortaleci- miento del sistema en los diferentes a niveles territoriales. 103 Al año 2032, se incrementa en 25 % las instituciones que priorizan las centralidades, para la implementación de sus intervenciones (de 0 al 2021 al 25 % en el año 2032). Al año 2028 se ha incrementado en un 30 % el número de municipalidades e instituciones que dispone y utilizan información territorial actualizada y dinámica (de 10% de municipios en el 2021 al 30% en el año 2032). Las instituciones como: MINEDUC, MSPAS, MINECO, MAGA, MCIV, municipalidades, al momento de diseñar sus productos, subproductos y proyectos de desarrollo, deberán focalizar principalmente sus intervenciones en las centralidades urbanas y núcleos rurales, identificadas en los Planes de Desarrollo Municipal y Ordenamiento Territorial PDM-OT. CONRED MINEX RIC MAGA Resultado inmediato Responsable Producto Programa Presupuestario Productos existentes Subproductos existentes Productos nuevos Subproductos nuevos Política Nacional de Reducción de riesgo de Desastres Conservación y demarcación de límites internacionales del territorio nacional. 11-Estableci- miento, mantenimiento y Actualización del Catastro Nacional. 12-Investigación, restauración y conservación de suelos. Conservación, demarcación y estabilización de los límites terrestres fluviales y lacustres entre Guatemala y los países vecinos. Municipalidades que hacen uso multifinalitario de la información catastral. Entidades capacitadas en el uso de sistemas de información geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra. Entidades dotadas información de taxonomía de suelos, capacidad de uso y zonificación de la tierra. Instituciones Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres -IMGIRD-. Municipalidades asesoradas técnicamente en la información territorial. 104 Débil regulación y control del uso del territorio4.3 Considerando lo planteado en la propuesta de la Política nacional de ordenamiento territorial respecto a los resultados y metas estratégicas, la presente estrategia con base al sustento documental y la consulta a las instituciones con mandatos legales en la gestión territorial replantea y define los resultados y metas final, intermedias e inmediatas, necesarias a alcanzar en un corto, mediano y largo plazo para contribuir a mitigar la débil regulación y control del uso territorio. El resultado final plantea la meta: Al 2050, 237 municipios disminuyen el porcentaje de población expuesta al riesgo y vulnerable a los efectos del cambio climático. En este sentido es un resultado de impacto el que al 2050 (horizonte de la PNOT) al menos el 70 por ciento de los municipios gestionen sus territorios con base a normativa local aprobada y publicada, es decir con normas de observancia general para todos los que deseen desarrollar actividades o proyectos en dichos territorios. Para alcanzar la meta a largo plazo será necesario avanzar en el alcance de resultados más operativos, para el resultado intermedio se plantea: Al 2032 se ha incrementado a 103 el número de municipios que gestionan el territorio con base a normativa de ordenamiento territorial. (De 6 municipios en 2018 con ROT aprobado y publicado según el Ranking Gestión Municipal 2018, a 103 municipios con ROT aprobados, publicados y en implementación en 2032). Este es un resultado de alto impacto para el país, pues significa coordinar el accionar de las instituciones rectoras en ordenamiento territorial para el acompañamiento y asesoría técnica a los gobiernos locales y, además, implica una fuerte injerencia en el accionar político desde el nivel institucional hasta el local. Este resultado tiene un componente técnico importante, ya que pasa por generar información útil para la gestión del territorio, socializarla a los diferentes niveles territoriales y, generar capacidades técnicas para su gestión o aplicación por medio de 105 instrumentos técnicos, normativos y fiscales. Y, por otro lado, generar el ambiente político para lograr la aprobación de las normas de uso y ocupación del territorio que, necesariamente tienen una implicación social y económica. En cuanto a los resultados planteados al corto plazo con un horizonte al 2024 y 2028, el reto es importante ya que, es necesario avanzar para que al menos al final del período de planificación al mediano plazo de la institucionalidad pública, constituido por los planes estratégicos institucionales, sean incluidas las acciones necesarias para lograr que 82 municipios cuenten con un plan de uso del suelo actualizado, socializado y aprobado. Además, al corto plazo deberá implementarse acciones que incrementen la resolución a denuncias relacionadas al uso y ocupación del territorio, priorizando las reservas del Estado, áreas protegidas, zonas de protección vial e infraestructura pública, áreas de concesiones mineras y aquellos sujetos cambios drásticos de uso del suelo. Lo anterior implica en algunos casos la creación de instancias especializadas en los temas, así como la creación en las instituciones de las instancias, unidades, u otro para la atención y seguimiento a denuncias, así como fortalecer los mecanismos de seguimiento y control. Por último, se plantea que para el 2028 se haya incrementado las campañas institucionales y locales de información a la ciudadanía en los temas relativos al uso y ocupación del territorio; pues a pesar de algunas instituciones realizan o generan información, la socialización no es efectiva, la participación de la ciudadanía tampoco es efectiva o vinculante, por tanto, se genera desconocimiento y por otro lado inconformidad con las decisiones en el uso y ocupación del territorio. 106 Causa primaria/Efecto Débil regulación y control del uso del territorio/Incremento de la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático y exposición al riesgo de desastres. Causa secundaria 1 Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo. Causa Secundaria 2 Debilidad en la implementación de la normativa existente (normas ambiguas que permite la discrecionalidad, descoordinación en el control). Causa Secundaria 3 Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía Resultado final Resultado intermedio Resultado inmediato Al 2050, 237 municipios disminuyen el porcentaje de población expuesta al riesgo y vulnerable a los efectos del cambio climático. (De 6 municipios en 2018 con ROT aprobado y publicado según el Ranking Gestión Municipal 2018, a 237 municipios. Al 2032 se ha incrementado a 103 el número de municipios que gestionan el territorio con base a normativa de ordenamiento territorial. (De 6 municipios en 2018 con ROT aprobado y publicado según el Ranking Gestión Municipal 2018, a 103 municipios con ROT aprobados, publicados y en implementación en 2032). Para el 2024 se ha incrementado a 82 municipios que cuentan con su Plan de Uso de Suelo actualizado, aprobado y socializado. Para el 2028, se ha incrementado la resolución a denuncias relacionadas al uso y ocupación del territorio en: las reservas del Estado, áreas protegidas, zonas de protección vial e infraestructura pública, áreas de concesiones mineras, cambio de uso del suelo. (Denuncias relacionadas al uso y ocupación del territorio en las áreas de reservas del Estado, 0 Línea Base 2021 , 250 meta al 2026) (Denuncias relacionadas al uso y ocupación del territorio en áreas protegidas, 7 Línea Base 2021, 29 meta al 2031) Para el 2028 se ha incrementado las campañas institucionales y locales de información a la ciudadanía en los temas relativos al uso y ocupación del territorio. 107 En la siguiente figura se observan los resultados inmediatos, intermedios y finales que se deberá alcanzar por medio del accionar de las instituciones y gobiernos locales: El objetivo es promover y asesorar a las Autoridades Municipales del país en la creación de Direcciones, Unidades o Técnicos Municipales en GIRD. Son Direcciones, Unidades o Técnicos Municipales en GIRD, conformadas por una o un grupo multidisciplinario de personas que actúan integralmente para dirigir, orientar y fortalecer permanentemente la implementación de la GIRD a nivel Municipal para desarrollar resiliencia del Municipio. Por lo tanto, la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres –COMRED- es la coordinadora de acciones e implementa la GIRD a nivel Municipal, durante una declaratoria de emergencia o desastre. 27.- Alcanzar los resultados y metas definidos conlleva el accionar de las instituciones y gobiernos locales, para el efecto se realizó una serie de reuniones con las instituciones involucradas, así como la revisión documental de los planes estratégicos institucionales. En el desarrollo de las reuniones se evidenció la necesidad de identificar productos nuevos que contribuyan a alcanzar de manera efectiva los resultados, siempre en el marco de los mandatos legales y atribuciones de las instituciones, incluso algunas instituciones como el Consejo nacional de áreas protegidas, la coordinadora nacional para la reducción de riesgo a desastres y el Ministerio de energía y minas llegaron a nivel de subproductos nuevos. La identificación de los productos y subproductos, por metodología, se asocia directamente a los resultados inmediatos, se esa cuenta los productos asociados al resultado de actualizar, socializar y aprobar los planes de uso del suelo municipal, en su mayoría están vinculados a generar información a escalas adecuadas a la planificación territorial, así como mecanismos o herramientas para que al nivel territorial se pueda generar información técnica que nutra y sustente las decisiones estratégicas de uso del territorio municipal. La información al nivel territorial municipal es indispensable que sea gestionada por los gobiernos locales, la generación de bases de datos con información de amenazas naturales y antropogénicas, catastro, uso del suelo a semidetalle, polígonos de concesiones mineras, proyectos para generación de energía y su territorio afecto, catastro de las áreas protegidas, planes maestros, zonas sujetas a arrendamientos y usos específicos, entre otros, debe ser acompañara y asesorada por cada ente rector para asegurar su inclusión en la propuesta del uso estratégico del territorio municipal. Instituciones que otorgan licencias o permisos de uso de los recursos del territorio, necesariamente identificaron producción dirigida al control y seguimiento del cumplimiento de los lineamientos y normas definidos en dichos permisos o contratos, un ejemplo el Ministerio de energía y minas con productos nuevos o en desarrollo para fortalecer la verificación en el cumplimiento de las obligaciones técnicas en la exploración y explotación de los recursos mineros, y de los recursos en temas de generación de energía. El Consejo nacional de áreas protegidas con la necesidad de actualizar y fortalecer el control y vigilancia en la gestión de los planes maestros. La oficina de control de reservas territoriales del Estado con las resoluciones emitidas por arrendamientos. Instituciones como CONRED identificaron producción en proceso, vinculadas a estrategias que está implementando para acompañar y fortalecer a los diferentes niveles territoriales en la gestión del riesgo28, productos vinculados a las Plataformas Territoriales de Diálogo en Gestión Integral de Reducción del Riesgo de Desastres (GIRRD) son mecanismos que forman parte de una estrategia sociopolítica de desarrollo a nivel nacional, impulsada desde la SE-CONRED, se realizan cada año a nivel de regiones y tienen el objetivo de fortalecer la GIRRD y la resiliencia en el país, a partir de la identificación y reducción de vulnerabilidades a nivel local. Así como el Campus Virtual - Plataforma de aprendizaje en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Oferta Educativa de la SE-CONRED que es un espacio digital que tiene el objetivo de proveer a la población interesada un área de formación en gestión del riesgo de desastres, en una modalidad de educación a distancia. Siempre en la meta de incrementar la socialización e informar de manera oportuna a los ciudadanos en los diferentes temas de la gestión territorial, instituciones como el MEM identifican la necesidad de generar productos que contribuyan a socializar e informar sobre proyectos de generación de energía renovable y no renovable, SE-CONRED con productos como las plataformas o campus virtuales. Es en el alcance de la meta de socializar e informar en donde menos productos fueron identificados por parte de las instituciones. 108 Alcanzar los resultados y metas definidos conlleva el accionar de las instituciones y gobiernos locales, para el efecto se realizó una serie de reuniones con las instituciones involucradas, así como la revisión documental de los planes estratégicos institucionales. En el desarrollo de las reuniones se evidenció la necesidad de identificar productos nuevos que contribuyan a alcanzar de manera efectiva los resultados, siempre en el marco de los mandatos legales y atribuciones de las instituciones, incluso algunas instituciones como el Consejo nacional de áreas protegidas, la coordinadora nacional para la reducción de riesgo a desastres y el Ministerio de energía y minas llegaron a nivel de subproductos nuevos. La identificación de los productos y subproductos, por metodología, se asocia directamente a los resultados inmediatos, se esa cuenta los productos asociados al resultado de actualizar, socializar y aprobar los planes de uso del suelo municipal, en su mayoría están vinculados a generar información a escalas adecuadas a la planificación territorial, así como mecanismos o herramientas para que al nivel territorial se pueda generar información técnica que nutra y sustente las decisiones estratégicas de uso del territorio municipal. La información al nivel territorial municipal es indispensable que sea gestionada por los gobiernos locales, la generación de bases de datos con información de amenazas naturales y antropogénicas, catastro, uso del suelo a semidetalle, polígonos de concesiones mineras, proyectos para generación de energía y su territorio afecto, catastro de las áreas protegidas, planes maestros, zonas sujetas a arrendamientos y usos específicos, entre otros, debe ser acompañara y asesorada por cada ente rector para asegurar su inclusión en la propuesta del uso estratégico del territorio municipal. Instituciones que otorgan licencias o permisos de uso de los recursos del territorio, necesariamente identificaron producción dirigida al control y seguimiento del cumplimiento de los lineamientos y normas definidos en dichos permisos o contratos, un ejemplo el Ministerio de energía y minas con productos nuevos o en desarrollo para fortalecer la verificación en el cumplimiento de las obligaciones técnicas en la exploración y explotación de los recursos mineros, y de los recursos en temas de generación de energía. El Consejo nacional de áreas protegidas con la necesidad de actualizar y fortalecer el control y vigilancia en la gestión de los planes maestros. La oficina de control de reservas territoriales del Estado con las resoluciones emitidas por arrendamientos. Instituciones como CONRED identificaron producción en proceso, vinculadas a estrategias que está implementando para acompañar y fortalecer a los diferentes niveles territoriales en la gestión del riesgo28, productos vinculados a las Plataformas Territoriales de Diálogo en Gestión Integral de Reducción del Riesgo de Desastres (GIRRD) son mecanismos que forman parte de una estrategia sociopolítica de desarrollo a nivel nacional, impulsada desde la SE-CONRED, se realizan cada año a nivel de regiones y tienen el objetivo de fortalecer la GIRRD y la resiliencia en el país, a partir de la identificación y reducción de vulnerabilidades a nivel local. Así como el Campus Virtual - Plataforma de aprendizaje en la Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Oferta Educativa de la SE-CONRED que es un espacio digital que tiene el objetivo de proveer a la población interesada un área de formación en gestión del riesgo de desastres, en una modalidad de educación a distancia. Siempre en la meta de incrementar la socialización e informar de manera oportuna a los ciudadanos en los diferentes temas de la gestión territorial, instituciones como el MEM identifican la necesidad de generar productos que contribuyan a socializar e informar sobre proyectos de generación de energía renovable y no renovable, SE-CONRED con productos como las plataformas o campus virtuales. Es en el alcance de la meta de socializar e informar en donde menos productos fueron identificados por parte de las instituciones. 109 CONRED Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo PO-Municipios priorizados y/o vulnerables e instituciones del Estado que cuenten con información e instrumentos con estándares nacionales e internacionales de Gestión Integral del Riesgo de Desastres en cumplimiento del marco jurídico. SP-Iniciativas, políticas, marcos legales, metodologías, instrumentos y estrategias para gestionar la Reducción de Riesgo a los Desastres a nivel territorial y sectorial en Guatemala. Política Nacional de Reducción de riesgo de Desastres Plan Nacional de Respuesta Boletines informativos Protocolos CONRED (amenaza volcánica, hidromete- reológica, temperaturas extremas, incendios forestales, geológicas, etc.). Instituciones Municipales de Gestión de Riesgo de Desastres -IMGIRD-. 11 -Programa de apoyo para la reducción de riesgo atención y recuperación por desastres naturales o provocados Elaboración de mapas/polígonos de identificación de zonas expuestas a amenaza natural en el territorio (deslizamientos, inundaciones, erupciones) en el municipio Creación de base de datos de eventos locales asociados deslizamientos o inundaciones del municipio Creación de base de datos local de infraestructura vulnerable en el municipio Canal de transferencia de capacidades y conocimientos Municipalidad -CONRED Para el 2024 se ha incrementado a 82 municipios que cuentan con su Plan de Uso de Suelo actualizado, aprobado y socializado. Responsable: Municipalidades Corresponsables: MAGA-MARN-CIV-C ONAP-OCRET-CON RED-INAB-MEM-FO NTIERRA-DIPESCA, IDAEH, INGUAT, OTROS (AMSA, AMSCLAE) 110 SP-Instru- mentos de caracterización y mapeo técnico científico, para la identificación y análisis de la amenaza de origen natural o provocado, e implementación de mecanismos, procedimientos y normas, para la reducción del riesgo Base de datos INFORM Mapas de amenaza a deslizamientos e inundaciones y municipales de amenaza CONRED Plan municipal de Reducción de riesgo de desastres CONRED Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo PO-Municipios e instituciones que cuentan con información, normativa e instrumentos con estándares nacional e internacionales de Gestión de Riesgo y Reducción de Desastres en cumplimiento del marco legal. 11 -Programa de apoyo para la reducción de riesgo atención y recuperación por desastres naturales o provocados CIV 11 -DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PO- CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS PRIMARIAS, PUENTES Y DISTRIBUIDORES DE TRANSITO SP-PROYECTOS SNIP CIV 11 -DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL PO- CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS SECUNDARIAS Y PUENTES SP-PROYECTOS SNIP PO- CONSTRUCCION, AMPLIACION, REPOSICION Y MEJORAMIENTO DE CARRETERAS TERCIARIAS CIV 11 -DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL SP-PROYECTOS SNIP 111 Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo PO- CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA CIV MAGA OCRET OCRET MEM MEM MEM 13 -SERVICIOS AERONÁUTICOS Y AEROPORTUARIOS 11 -EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PETROLERA 12. Investigación, restauración y conservación de suelos. Entidades capacitadas en el uso de sistemas de información geográfica, amenazas naturales, cobertura y uso de la tierra. Supervisión y fiscalización petrolera realizadas Supervisión de operaciones de exploración de contratos petroleros Empresas petroleras con inspección técnica permanente en fase de exploración y explotación Fiscalizaciones técnicas de operaciones de explotación de contratos petroleros Entidades dotadas información de taxonomía de suelos, capacidad de uso y zonificación de la tierra. Estudios de uso actual del suelo a semi detalle Zonificación de uso de las áreas de reserva del Estado Catastro de las áreas de reserva del Estado Empresas petroleras operadoras de contratos con inspección técnica permanente en fase de exploración Empresas petroleras operadoras de contratos con inspección técnica permanente en fase de explotación Informes actualizados de las cuencas sedimentarias del país para consulta de grupos de interés. SP-PROYECTOS SNIP 112 Personas individuales o jurídicas titulares de derechos mineros beneficiadas con la emisión de dictámenes de polígonos para verificación de áreas solicitadas y otorgadas Personas individuales o jurídicas beneficiadas con la emisión de dictámenes de polígonos mineros para la verificación de áreas técnicamente factibles Inspecciones de operaciones a derechos mineros, y a operaciones mineras ilegales, por denuncia Inspección y cumplimiento de protocolos de cierre de minas y canteras de las licencias de explotación Supervisión e inspección a personas individuales o jurídicas en los productos mineros autorizados para exportación Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo Emisión de dictámenes catastrales e inspecciones a solicitudes de licencias de explotación minera Supervisiones e inspecciones de cierres mineros y derechos mineros para la verificación de existencia y caracterización geológica del mineral autorizado Dictámenes de polígonos mineros para verificación de áreas otorgadas a titulares de derechos mineros Supervisiones de operaciones mineras a empresas en atención a denuncias Inspección a cierres mineros en áreas de influencia directa de los proyectos Inspección a derechos mineros para verificación de operaciones y caracterizació n geológica del mineral autorizado Emisión de Dictámenes de polígonos mineros para la verificación de áreas disponibles, para reconocimiento, exploración y explotación minera Personas individuales o jurídicas beneficiadas con la Promoción de actividades de Exploración y Explotación Minera Inspecciones para verificar el cumplimiento de las obligaciones técnicas, existencia del mineral autorizado, plan de minado e ilegales MEM MEM MEM MEM MEM 12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 113 Informe de Monitoreo, evaluación y seguimiento de la expansión del Sistema Eléctrico Nacional Dictamen sobre la calificación de proyectos de energía renovable para la aplicación de incentivos fiscales Informe de Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios. Resolución de Informes de Evaluación Socioeconómi ca para proyectos de electrificación rural Informe sobre el Censo a Municipios con hogares sin acceso a Energía Eléctrica Otorgamiento de Avales del Ente Rector para los proyectos de inversión pública (Generación, Transmisión, Distribución, Electrificación Rural) Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo Informes y promoción de proyectos de generación de energía renovable Informe Preliminar del avance del Plan de Expansión del sistema de generación y transporte 2020-2034 Mapas con proyectos de energía renovables, en trámite de autorización Divulgación de la medición de la generación de energía eléctrica proveniente de recursos renovables de energía. Informe sobre el Fomento de la Expansión del Sistema Eléctrico Nacional Informe de Verificación y cumplimiento de contratos otorgados a Generadores y adjudicatarios Informe del Fomento al incremento y fortalecimiento del acceso a la energía eléctrica MEM MEM MEM MEM MEM MEM 15 INCREMENTO DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGÉTICA 114 Registro estadístico de plantas de generación de energías renovables menores o iguales a 5MW Registro de Agentes y Grandes Usuarios del Mercado Mayorista Eventos de Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional. Elaboración de mapas con el potencial energético del país para el desarrollo de proyectos de energía renovable Informe estadístico anual del subsector eléctrico Elaboración del informe de divulgación de los resultados de la medición de generación de energía eléctrica Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo Informe Estadístico Anual del Subsector Eléctrico Informe del seguimiento para la reducción de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) a nivel nacional Informes de registro de centrales hidroeléctricas iguales o menores a 5 MW Verificación de cumplimiento de contratos de proyectos de generación de energía con recursos renovables. Informes de seguimiento a las autorizaciones definitivas otorgadas y de registros de centrales hidroeléctricas menores o iguales a 5 MW Informe y control del mercado eléctrico nacional. Fomento del acceso al mercado eléctrico nacional Eventos de Promoción y divulgación de los beneficios del desarrollo del sistema energético nacional Informe sobre la Promoción y divulgación de proyectos de generación de energía renovable y no renovable MEM MEM MEM MEM MEM MEM MEM 115 01 ACTIVIDADES CENTRALES 11 -Desarrollo Forestal Sostenible 11 -Gestión Ambiental con énfasis en el Cambio Climático 11 -Gestión Ambiental con énfasis en el Cambio Climático 31 -31 Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo Fiscalización de Empresas PO-Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y la diversidad biológica conservados PO-Bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal, proveen bienes y servicios ambientales a la población guatemalteca. PO-Emisión de licencias, resoluciones e informes sobre temas ambientales a entidades y personas PO-Informes sobre medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático en Guatemala SP. Auditorias físicas y financieras de cumplimiento, proyectos categoría A y B1. Para el 2028, se ha incrementado la resolución a denuncias relacionadas al uso y ocupación del territorio en: las reservas del Estado, áreas protegidas, zonas de protección vial e infraestructura pública, áreas de concesiones mineras, cambio de uso del suelo SP-Instrumentos de regularización para el aprovechamiento sostenible y manejo de recursos naturales, asociados al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) y diversidad biológica Elaboración y/o actualización de Planes Maestros (Convertirlo en un producto) Inventario geo referenciado de los polígonos/áreas de los bosques naturales, plantaciones y sistemas agroforestales bajo manejo forestal Inventario de normas definidas en los planes de manejo forestal. Fiscalización de Empresas Fiscalización de Empresas Fiscalización de Empresas Nota. Planes maestros 76. Actualizados al 2031: 20 (proyección CONAP). Al 2050, actualizados o en proceso de actualizació n el 100% MEM CONAP INAB INAB MARN MARN 116 31 -31 Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo Control en las zonas de protección vial, según reglamento. PO-Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y la diversidad biológica conservados SP-Operativos de control y vigilancia para proteger los Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas SIGAP y la Diversidad Biológica (las diversas formas de vida que incluye la diversidad de genes. SP-Opiniones técnicas y jurídicas emitidas para el desarrollo de proyectos y actividades dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) Resoluciones emitidas por arrendamiento de Áreas de Reservas Territoriales del Estado. Resoluciones emitidas por arrendamientos. Operativos de control y seguimiento al cumplimiento de la normativa de uso definida en los planes maestros. Denuncias Operativos de control/Ejecución a resoluciones Responsable: Municipalidades Corresponsables: FONTIERRA-MARN- CIV-CONAP-OCRET- CONRED-INAB-MEM - IDAEH, MINGOB, Comisión Presidencial de Diálogo, COPADEH, OTROS CIV CONAP 31 -31 PO-Ecosistemas del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y la diversidad biológica conservados Resoluciones emitidas por arrendamiento de Áreas de Reservas Territoriales del Estado. 12. Investigación, restauración y conservación de suelos. Actividad 3 CONAP MAGA (OCRET) Resoluciones emitidas por arrendamiento de Áreas de Reservas Territoriales del Estado. Resoluciones emitidas por arrendamientos. Resoluciones emitidas por arrendamiento de Áreas de Reservas Territoriales del Estado 12. Investigación, restauración y conservación de suelos. Actividad 3 MAGA (OCRET) MINGOB/DIPRONA 117 Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo Promoción de espacios para la socialización de información, educación y comunicación en prevención de conflictos socio ambientales Diálogos y participación comunitaria para impulsar proyectos energético mineros coordinados Asesoría y asistencia técnica a ejecutores de proyectos energéticos, mineros o de hidrocarburos Informes de diagnósticos socio ambientales y económicos para beneficio de grupos de interés Informe de investigación sobre técnicas y métodos de protección socio ambiental en las operaciones de desarrollo energético y minero para grupos de interés Preconsulta dentro del área de influencia de proyectos energéticos y mineros, para promover el desarrollo sostenible Consulta dentro del área de influencia de proyectos energéticos y mineros, promoviendo el desarrollo sostenible. Mesas de Diálogo a comunidades relacionados a proyectos energéticos y/o mineros. Seguimiento a las medidas establecidas en la Política Pública de Reparación a Comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy 03 Desarrollo Sostenible del Sector Energético, Minero y de Hidrocarburos (Actividad Común a los Programas 11, 12 y 15.) Procesos de participación y de consulta para impulso de proyectos socio ambientales Procesos de participación y de consulta para impulso de proyectos socio ambientales MEM MEM MEM MEM MEM 118 Elaboración de mapas con el potencial energético del país para el desarrollo de proyectos de energía renovable Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo Informe de seguimiento a medidas de resarcimiento para personas afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica de Chixoy. Revisión de expedientes internos e instrumentos ambientales y emisión de opiniones en temas de minería, hidrocarburos y energía. Revisión de expedientes internos e instrumentos ambientales y emisión de opiniones en temas de minería, hidrocarburos y energía. Informe estadístico anual del subsector eléctrico MEM MEM Preconsulta dentro del área de influencia de proyectos energéticos y mineros, para promover el desarrollo sostenible MEM Consulta dentro del área de influencia de proyectos energéticos y mineros, promoviendo el desarrollo sostenible. Informe sobre la Promoción y divulgación de proyectos de generación de energía renovable y no renovable MEM MEM 03 Desarrollo Sostenible del Sector Energético, Minero y de Hidrocarburos (Actividad Común a los Programas 11, 12 y 15.) 15 INCREMENTO DE LA ENERGIA RENOVABLE EN LA MATRIZ ENERGETICA Para el 2028 se ha incrementado las campañas institucionales y locales de información a la ciudadanía en los temas relativos al uso y ocupación del territorio. Procesos de participación y de consulta para impulso de proyectos socio ambientales Elaboración del informe de divulgación de los resultados de la medición de generación de energía eléctrica. MEM 119 Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo Informes actualizados de las cuencas sedimentarias del país para consulta de grupos de interés. Personas individuales o jurídicas titulares de derechos mineros beneficiadas con la emisión de dictámenes de polígonos para verificación de áreas solicitadas y otorgadas Personas individuales o jurídicas beneficiadas con la emisión de dictámenes de polígonos mineros para la verificación de áreas técnicamente factibles MEM MEM MEM INAB 11 EXPLORACIÓN, EXPLOTACIÓN Y COMERCIALI- ZACIÓN PETROLERA 12 EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN MINERA 11 -Desarrollo Forestal Sostenible Inspección técnica para emisión de licencias y fiscalización de la cadena de comercialización de hidrocarburos PO-Autoridades, organizaciones, líderes locales, informados y sensibilizados sobre el uso sostenible del bosque, para mejorar la Gobernanza y promover una cultura forestal tendiente a incrementar la legalidad y reducir la conflictividad en torno al uso del bosque. Emisión de dictámenes catastrales e inspecciones a solicitudes de licencias de explotación minera Divulgación de información del subsector Hidrocarburos en Guatemala Dictámenes de polígonos mineros para verificación de áreas otorgadas a titulares de derechos mineros Emisión de Dictámenes de polígonos mineros para la verificación de áreas disponibles, para reconocimiento, exploración y explotación minera Empresas petroleras con inspección técnica permanente en fase de exploración y explotación Personas individuales o jurídicas beneficiadas con la Promoción de actividades de Exploración y Explotación Minera Responsable: Municipalidades Corresponsables: FONTIERRA-MARN- CIV-CONAP-OCRET- CONRED-INAB-MEM - IDAEH, OTROS (AUTORIDADES DE CUENCA) 120 Resultados inmediatos Responsable Producto Programas Producto Existente Subproducto Existente Producto Nuevo Subproducto Nuevo CONRED MAGA CIV MARN MUNICIPALIDADES 11 -Programa de apoyo para la reducción de riesgo atención y recuperación por desastres naturales o provocados. PO-Población priorizada o vulnerable organizada, capacitada y formada en concordancia con las normativas y acuerdos nacionales e internacionales de Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres Campañas enfocadas en el uso del suelo rural. Campañas enfocadas al uso y desarrollo del suelo urbano Campañas enfocadas en el suelo de protección y uso especial Campañas enfocadas en reglamento locales SP-Integrantes sectoriales y territoriales del Sistema CONRED que han participado en acciones de conformación de Coordinadoras para la Reducción de Desastres, así como acciones de voluntariado y fortalecimiento del sistema CONRED COMRED COLRED Mesa Nacional de Diálogo en Gestión de Riesgo de Desastres Plataformas territoriales en Gestión de Riesgo de Desastres 121 Migración interna, desplazamiento interno. De conformidad con la metodología de la GpR, para desarrollar la problemática de Uso y ocupación inadecuada del territorio, se identificaron cuatro causas principales: Bajos niveles de gobernanza de la tierra; Ausencia del modelo de ocupación estratégica del territorio; Débil regulación y control del uso del territorio; Migración interna/Desplazamiento interno. Sin embargo, durante el análisis de cada una de ellas, se identificó que el tema de la migración interna constituye una causa transversal a las otras problemáticas en virtud que su motivación es multicausal. En ese sentido, para desarrollar la Cadena de Resultados y Modelo Lógico de la Causa 4, “Migración Interna/ Desplazamiento interno”, se identificaron elementos claves que responden directamente a otras prioridades nacionales: Empleo e inversión y Reducción de la pobreza y protección social, perspectiva desde la cual han sido analizadas y con suficiente evidencia. Toda vez que los orígenes de la migración se fundamentan en las escasas oportunidades laborales a nivel local, lo que obliga a la población a desplazarse de las áreas rurales a las áreas urbanas, en búsqueda de un trabajo que le proporcione ingresos para su subsistencia; así como a la movilización de la población que se ve afectada por los fenómenos naturales, antropogénicos que los ubica en una situación de vulnerabilidad. En consecuencia, SEGEPLAN a través de la Dirección Análisis Estratégico y Programación del Desarrollo, abordó las Prioridades Nacionales de Desarrollo a partir de la articulación de las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-) priorizados por Guatemala; siendo ellas: Prioridad: Empleo e inversión, Meta Estratégica de Desarrollo: “Reducción de la Precariedad Laboral”, de manera conjunta con las instituciones que tienen competencia directa en el tema: MINECO, MIDES, INTECAP, INE, MINEDUC, MINFIN. En consecuencia, se identificaron algunos resultados intermedios que buscan atender dicha problemática entre ellos: “al año 2028, se ha incrementado el acceso al crédito para personas individuales y jurídicas; el perfil ocupacional se ha mejorado al 2028”. Prioridad: Reducción de la pobreza y protección social; de la Meta Estratégica de Desarrollo: Inclusión Social; en donde intervienen las instituciones siguientes: MAGA, MIDES, FONTIERRA, CODISRA, SEPREM, CONADI, MINECO, MSPAS, SCEP. Para el efecto se identificó el resultado intermedio: “al final del año 2024, la pobreza general y la pobreza extrema, se habrán reducido en 5 puntos porcentuales en las poblaciones indígenas, mujeres, personas con discapacidad y de áreas rurales en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán, Chiquimula, Sololá y Huehuetenango”. Los análisis presentados en dichas prioridades por medio de la metodología de Gestión por Resultados abordan de manera sustantiva las causas relacionadas a las escasas oportunidades laborales, necesidades básicas insatisfechas y la inseguridad ciudadana que se asocian a la causa 4 de la problemática central. Dada la magnitud de esta causa, es de suma importancia vincular la prioridad de Educación, y aunque no se dispone de la información de los modelos finalizados, se considera un tema transversal para minimizar el impacto de las causas que originan los altos índices del desempleo y las migraciones. 122 De conformidad con la metodología de la GpR, para desarrollar la problemática de Uso y ocupación inadecuada del territorio, se identificaron cuatro causas principales: Bajos niveles de gobernanza de la tierra; Ausencia del modelo de ocupación estratégica del territorio; Débil regulación y control del uso del territorio; Migración interna/Desplazamiento interno. Sin embargo, durante el análisis de cada una de ellas, se identificó que el tema de la migración interna constituye una causa transversal a las otras problemáticas en virtud que su motivación es multicausal. En ese sentido, para desarrollar la Cadena de Resultados y Modelo Lógico de la Causa 4, “Migración Interna/ Desplazamiento interno”, se identificaron elementos claves que responden directamente a otras prioridades nacionales: Empleo e inversión y Reducción de la pobreza y protección social, perspectiva desde la cual han sido analizadas y con suficiente evidencia. Toda vez que los orígenes de la migración se fundamentan en las escasas oportunidades laborales a nivel local, lo que obliga a la población a desplazarse de las áreas rurales a las áreas urbanas, en búsqueda de un trabajo que le proporcione ingresos para su subsistencia; así como a la movilización de la población que se ve afectada por los fenómenos naturales, antropogénicos que los ubica en una situación de vulnerabilidad. En consecuencia, SEGEPLAN a través de la Dirección Análisis Estratégico y Programación del Desarrollo, abordó las Prioridades Nacionales de Desarrollo a partir de la articulación de las metas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo K´atun: Nuestra Guatemala 2032 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-) priorizados por Guatemala; siendo ellas: Prioridad: Empleo e inversión, Meta Estratégica de Desarrollo: “Reducción de la Precariedad Laboral”, de manera conjunta con las instituciones que tienen competencia directa en el tema: MINECO, MIDES, INTECAP, INE, MINEDUC, MINFIN. En consecuencia, se identificaron algunos resultados intermedios que buscan atender dicha problemática entre ellos: “al año 2028, se ha incrementado el acceso al crédito para personas individuales y jurídicas; el perfil ocupacional se ha mejorado al 2028”. Prioridad: Reducción de la pobreza y protección social; de la Meta Estratégica de Desarrollo: Inclusión Social; en donde intervienen las instituciones siguientes: MAGA, MIDES, FONTIERRA, CODISRA, SEPREM, CONADI, MINECO, MSPAS, SCEP. Para el efecto se identificó el resultado intermedio: “al final del año 2024, la pobreza general y la pobreza extrema, se habrán reducido en 5 puntos porcentuales en las poblaciones indígenas, mujeres, personas con discapacidad y de áreas rurales en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Totonicapán, Chiquimula, Sololá y Huehuetenango”. Los análisis presentados en dichas prioridades por medio de la metodología de Gestión por Resultados abordan de manera sustantiva las causas relacionadas a las escasas oportunidades laborales, necesidades básicas insatisfechas y la inseguridad ciudadana que se asocian a la causa 4 de la problemática central. Dada la magnitud de esta causa, es de suma importancia vincular la prioridad de Educación, y aunque no se dispone de la información de los modelos finalizados, se considera un tema transversal para minimizar el impacto de las causas que originan los altos índices del desempleo y las migraciones. 1. 2. 123 124 IV EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA El objetivo del seguimiento y la evaluación a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial es el de contar con la información necesaria para conocer los avances; se constituye en el instrumento que permite el monitoreo del alcance de los resultados por medio de un proceso de evaluación permanente. En ese sentido hay que reconocer el esfuerzo de las entidades que participaron en los procesos de dialogo y permitir el consenso para contar con la información pertinente, vinculada a la ejecución de la política. El rol en la participación de las entidades que estarán contribuyendo a alcanzar los resultados planteados, constituye un factor esencial y estratégico, en la implementación de las diferentes acciones que son necesarias para garantizar el seguimiento a la política y de esta manera contar en forma constante y oportuna con información que permita una adecuada toma de decisiones por los entes responsables de los diferentes procesos. El plan de trabajo que establezcan los diferentes niveles del sistema de consejos de desarrollo urbano y rural es de suma importancia, al considerar que son entes colegiados donde participan los diferentes sectores de la Sociedad en Guatemala. 4.1 Indicadores, línea base y metas del Plan de Acción. Una característica relevante del seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Ordenamiento Territorial es contar con indicadores que permitan conocer los avances que se obtengan comparados a partir de las metas que se pretenden alcanzar, relacionadas con los resultados e impacto de las acciones e iniciativas desarrolladas en el marco de la política. La cadena causal, parte de obtener un producto, que tiene su soporte financiero a partir de la estructura presupuestaria que presenta cada entidad que contribuye a alcanzar un resultado, que es la contribución de varios socios para lograr un efecto que puede ser inmediato o intermedio y estos a la vez contribuir en las condiciones de desarrollo o condiciones necesarias para lograr un resultado final, o de impacto, que es la transformación del problema o modificación estructural del problema; es la lógica causal de la cadena de resultados, un resultado final su fin es promover un cambio en las condiciones de vida de las personas; mientras que un resultado intermedio busca un cambio en las prácticas de las personas, que sean necesarios para alcanzar un resulto final. Para el contenido del marco estratégico siempre se requiere de un indicador, que es una variable de criterio cuantitativo o cualitativo, que mide avances y logros en productos o resultados, su función es indicar si hemos alcanzado el producto o resultado esperado. La línea de base que es el valor inicial o el estado actual del indicador, antes de iniciar la implementación que se eligió para medir productos o resultados, si no se tiene línea de base no se puede establecer si hubo un cambio en el valor inicial del indicador comparado con el valor establecido en la meta, siendo la meta el valor o logro que se espera obtener del indicador de un producto o resultado en un período determinado, la meta permite ver cuánto vamos avanzando en cada ciclo y en qué tiempo lo estamos consiguiendo, los medios de verificación, el indicador debe tener medios para verificar, como y donde obtenemos el dato en este caso, el medio de verificación entendemos como tipo de evidencia que se usamos para recoger y verificar los datos de los indicadores, permite saber dónde se va encontrar la meta del indicador respectivo. Deben considerarse que existen factores externos que pueden comprometer el poder alcanzar los resultados. 126 Causa secundaria Indicador, línea base y año Resultado Meta y año Brecha Institución Responsable (fuente de información del indicador) Al 2032 Guatemala ha mejorado en 10% su puntuación y posición en el índice de Gobernabilidad. 211 países son sujetos de medición. Línea base: (De 27.9 puntos a 37.9 en el 2032) Para el 2040, 50% de municipios con conflictos intermunicipales identificados por el IGN al 2021, han definido sus límites con iniciativa de ley. (De 0% en el 2021 a 50% en el 2040) Línea base: Línea basal: 110 conflictos intermunicipales son de conocimiento de IGN en el 2021. Estos conflictos se encuentran en distintos municipios Para el 2040 se cuenta con 78 áreas protegidas delimitadas (de 53 en el 2021 a 78 en el 2040) 78 áreas protegidas en el 2040) CONAP y RIC 37.9 Puntos en el 2032 50% en el 2040 Mejora en la puntuación y posición en el índice de gobernabilidad. Número de municipios con limites definidos y su respectiva ley Número de áreas protegidas con limites determinados (diferencia entre la meta y la línea base) Informe de indicadores de Gobernanza Mundial Municipalidades Escasa decisión política para la gestión ordenada del territorio (Coeficiente GINI Guatemala) (200 PDM-OT aprobados 2019) Débil presencia e incidencia institucional en el territorio (Débil eficacia de las instituciones públicas en el territorio) (Índice de densidad del Estado, 2010) (% de expedientes pendientes de proceso de regularización) (519 puntos, Nivel de Efectividad del manejo de las áreas protegidas) (% de áreas de reservas del Estado con planes de manejo) Inconsistencia en la definición de los límites municipales (4.11% del total de municipios del país tienen límites (IGN) municipales definidos) (11.18% Porcentaje de municipios con base predial provisto por el RIC (38 municipios)) Causa 1. Bajos niveles de gobernanza de la tierra. 127 Causa secundaria Indicador, línea base y año Resultado Meta y año Brecha Institución Responsable (fuente de información del indicador) Para el año 2024, los actores que son parte de los distintos niveles de los Consejos de Desarro- llo poseen conoci- miento y participan activamente en el tema de Ordena- miento Territorial. Para el año 2024 las municipalidades han implementados campañas de educación y sociali- zación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial a nivel de comunidades y/o lugares poblados. Línea base: (De 0 municipios en el año 2021 a 91 municipios en el año 2024) Para el 2024 el RIC cuenta con 33 tierras comunales con reconocimiento y declaración administrativa Línea base: (De 11 tierras comunales en el año 2018 a 33 tierras comunales en el año 2024) Para el 2040 se ha incrementado a 19% los municipios declarados catastrados. (En 15 municipios equivalente a 4.11% al año 2021 a 64 equivalente a 19% en el año 2040) Catastrados 100,222 al 2021 Catastrados irregulares: 82,150 al 2021) 100% al 2024 CONADUR, 100% al 2024 COREDUR, 100% al 2024 CODEDE 100% al 2024 COMUDE 91 municipios al 2024 22 tierras comunales pendientes de reconocimiento y declaración 33 al 2024 19 % al 2040 91 municipios Municipalidades Municipalidades Municipalidades, RIC % de actores que conforman los distintos niveles de Consejos de Desarrollo con conocimiento en OT Número de municipios que implementan campañas de educación y socialización de PDM-OT Número de tierras comunales con reconocimiento y declaración administrativa Número de predios declarados catastrados Número de predios catastrados irregulares 100% CONADUR 100% COREDUR 100% CODEDE 100% COMUDE SCEPPoblación desinformada para la toma de decisiones Débil participación ciudadana Escaso reconocimiento de los aspectos culturales relacionados a la gobernanza del territorio (Ej. Tierras y bosques comunales, reubicaciones, otros) Ausencia de reconocimiento sobre los derechos de la tierra (propiedad, servidumbres, otros) (% de tierras comunales con declaratoria administrativa 128 Causa secundaria Indicador, línea base y año Resultado Meta y año Brecha Institución Responsable (fuente de información del indicador) Escasa planificación del desarrollo en ciudades intermedias y conurbadas (SUN) Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados. Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados. Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados. 60% (diferencia entre la meta y la línea base) 71% (diferencia entre la meta y la línea base) 71% (diferencia entre la meta y la línea base) MINECO MCIV MAGA Indicador: Porcentaje de municipios que conforman una ciudad interme- dia, que gestio- nan las categorías y subcategorías de suelo urbano, con base al SUN. Línea base al 2021: 0% Indicador: Porcen- taje de municipios que se encuentran gestionando la categoría de protección y uso especial, con base a su normativa. Línea base al 2021: 0% Indicador: Porcentaje de municipios que se encuentran gestionando la categoría rural, con base a su normativa. Línea base al 2021: 0% Indicador: Porcentaje de instituciones que priorizan las centralidades, para la implemen- tación de sus intervenciones. Línea base al 2021: 0% Para el 2030, se incrementa a 60% de los municipios que integran una ciudad intermedia y que se encuentran gestio- nando las categorías y subcategorías del suelo urbano con base al Sistema Urbano Nacional (SUN), (de 0%, en el 2021 a 60% en el 2030) Para el 2030, se ha incrementado a 29% los municipios que se encuentran gestio- nando la categoría de protección y uso especial, con base a su normativa (de 0%, en el 2021 a 29% en el 2030). Para el 2030, se ha incrementado a 29% los municipios que se encuentran gestionando la categoría rural, con base a su normativa (de 0%, en el 2021 a 29% en el 2030). Al año 2032, se incrementa en 25 % las instituciones que priorizan las centrali- dades, para la implementación de sus intervenciones (de 0 al 2021 al 25 % en el año 2032). 60% al 2030. 29% al 2030. 29% al 2030. 25 % al 2032. 75% (diferencia entre la meta y la línea base) Escasos instrumentos locales de planificación para el uso del suelo, aprobados, divulgados e implementados. MAGA RIC Indicador: número de municipalidades e instituciones que dispone y utilizan información territorial actuali- zada y dinámica. Línea base al 2021: 10% Al año 2028 se ha incrementado en un 30 % el número de municipalidades e instituciones que dispone y utilizan información territorial actualizada y dinámica (de 10% de municipios en el 2021 al 30% en el año 2032). 30 % al 2028. 20% (diferencia entre la meta y la línea base) Municipalidades Municipalidades Causa 2. Ausencia del modelo de ocupación estratégica del territorio. 129 Causa secundaria Indicador, línea base y año Resultado Meta y año Brecha Institución Responsable (fuente de información del indicador) Débil regulación y control del uso del territorio Incremento de la vulnerabilidad de la población a los efectos del cambio climático y exposición al riesgo a desastres. Ausencia de reglamentos municipales para el uso del suelo Debilidad en la implementación de la normativa existente (normas ambiguas que permite la discrecionalidad, descoordinación en el control). 97 municipios pendientes de elaboración, aprobado y publicado. 76 municipios pendientes de actualización, aprobación y socialización Responsable: Municipalidades Corresponsables: MAGA-MARN- CONRED-CONAP -MEM-CIV Responsable: Municipalidades Corresponsables: MAGA-MARN-CIV -CONAP-OCRET- CONRED-INAB- MEM- FONTIERRAS- DIPESCA, IDAEH, INGUAT, OTROS (AMSA, AMSCLAE) Indicador: Número de municipios que cuentan con Reglamento de Ordenamiento Territorial (De 6 municipios en 2018 con ROT aprobado y publicado según el Ranking Gestión Municipal 2018, a 103 municipios con ROT aprobados, publicados y en implementación en 2032). Indicador: Número de municipios que cuentan con Plan de uso del suelo actualizado, aprobado y socializado (De 6 municipios en 2018 con PLUS aprobado y publicado, a 82 municipios con PLUS actualizado, aprobado y socializado en 2024). Número de denuncias relacionadas al uso y ocupación del territorio en las reservas del Estado, (Línea Base 2021 0 resoluciones, 250 resoluciones al 2026) según los fines de los terrenos dados en arrendamiento, de conformidad a la Ley Reguladora de las Áreas de Reservas del Estado. Decreto 126-97. Para el 2028, se ha incrementado la resolución a denun- cias relacionadas al uso y ocupación del territorio en: las reservas del Estado, áreas protegidas, zonas de protección vial e infraestructura pública, áreas de concesiones mineras, cambio de uso del suelo. Al 2032 se ha incrementado a 103 el número de municipios que gestionan el territorio con base a normativa de ordenamiento territorial. Para el 2024 se ha incrementado a 82 municipios que cuentan con su Plan de Uso de Suelo actualizado, aprobado y socializado 10 al año 2030 82 al año 2024 250 resoluciones al año 2026 250 resoluciones OCRET Causa 3. Débil regulación y control del uso del territorio 130 Causa secundaria Indicador, línea base y año Resultado Meta y año Brecha Institución Responsable (fuente de información del indicador) Número de denuncias relacionadas al uso y ocupación del territorio en áreas protegidas (Línea base: 07 al 2021, 29 al 2031) Número de campañas institucionales y locales de información a la ciudadanía en los temas relativos al uso y ocupación del territorio (Línea Base 2021 xxxx, meta al 2028 xxxx) 29 resoluciones de denuncia al año 2031 22 resolución de denuncias dentro de áreas protegidas Responsable: Municipalidades, FONTIERRA- MARN-CIV- CONAP-OCRET- CONRED-INAB- MEM- IDAEH, OTROS (AUTORIDADES DE CUENCA) CONAP Incumplimiento de normas existentes por parte de la ciudadanía Para el 2028 se ha incrementado las campañas institucionales y locales de información a la ciudadanía en los temas relativos al uso y ocupación del territorio. 131 IDENTIFICACIÓN DE ACTORES INSTITUCIONALES SU Y ROL EN LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA Y SU PLAN DE ACCIÓN3. La participación de los representantes de las instituciones fue de suma importancia; a ellos se les dio a conocer el proceso de formulación de la Política, con el fin de que se apropiaran del proceso, así también, fue necesario darles a conocer la metodología que se utilizó para estructura el Plan de Acción de la Política, una vez informados y capacitados se procedió a solicitar la información necesaria para sustentar el planteamiento relacionado con los resultados que se plantean alcanzar en la implementación de la política. Un aspecto importante de señalar en esta fase es el compromiso e interés de las personas participantes, que aportaron, tanto en el análisis y discusión de los asuntos prioritarios, así como de la viabilidad institucional para su implementación. Se contó con el apoyo de treinta y dos instituciones, un aspecto importante de señalar es el compromiso e interés manifestado de las personas que participaron en el proceso, que aportaron, tanto en el análisis y discusión de los asuntos prioritarios, así como de la viabilidad institucional para la implementación de la Política y el Plan de Acción. 132 Cuadro No. 6. Listado de instituciones de la Mesa Técnica Nacional de O.T y sus aportes en el alcance de la meta. N0. Instituciones Aportes Base Legal Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Mapeo de zonificación actualizado y base metodológica utilizada. Coincidir este ejercicio con los municipios priorizados para el OT. Acciones de seguimiento a la PNDRI y a la interdependencia urbano – rural. MAGA, MARN, SEGEPLAN, prestarán la colaboración que las municipalidades del país necesiten para adecuar sus planes de ordenamiento territorial. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 29. Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero; Decreto No. 07-2013. del Congreso de la república de Guatemala, Artículo 12. 1. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Regulaciones vinculadas a equipamientos urbanos y rurales. MAGA, MARN, SEGEPLAN, prestarán la colaboración que las municipalidades del país necesiten para adecuar sus planes de ordenamiento territorial. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 29. Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero; Decreto No. 07-2013. Artículo 12. 2. Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Orientación y asesoría en la implementación de la fase IV de los PDM-OT. Información territorial. Mapeo y alianzas con la cooperación internacional no reembolsable y otros actores. MAGA, MARN, SEGEPLAN, prestarán la colaboración que las municipalidades del país necesiten para adecuar sus planes de ordenamiento territorial. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN). Artículo 14. Ley Marco para regular la reducción de la vulnerabilidad, la adaptación obligatoria ante los efectos del cambio climático y la mitigación de gases de efecto invernadero; Decreto No. 07-2013. Artículo 12 3. Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia. Procesos de socialización y capacitación relacionados a la meta, en los niveles de los consejos de desarrollo y seguimiento a los procesos de descentralización. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 11. 4. 133 N0. Instituciones Aportes Base Legal Ministerio de Energía y Minas. Mapeo de microcuencas para abastecer las hidroeléctricas y de áreas de influencia de minería. Mapas de microcuencas donde se ubican proyectos de generación de energía eléctrica con su respectiva capacidad de producción en MW, minería e hidrocarburos. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 34. 5. Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda. Acciones de seguimiento para la aplicación de la Política de la Vivienda y la Política de Mejoramiento Integral de Barrios. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 30. La Ley de Vivienda, Decreto No. 7-2012. 6. Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Capas de cobertura de áreas protegidas a nivel municipal y zonas de veda definitiva de la cadena volcánica. Ley de Áreas Protegidas, Decreto Número No. 4-89, Artículo 5. Del Congreso de la República de Guatemala. 7. Instituto Nacional de Bosques. Capas de cobertura forestal a nivel municipal. Ley forestal, Decreto Número No. 101-96. Artículo 1. 8. Registro de Información Catastral. Mapeo de municipios con proceso catastral finalizado. La información catastral de los municipios a través de una plataforma tecnológica. Ley del Registro de Información Catastral (RIC). Decreto No. 41-2005 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 3. 9. Ministerio de Cultura y Deportes. Mapeo de áreas declaradas patrimonio cultural, sitios arqueológicos, centros históricos, centros ceremoniales. Regulaciones específicas para estas áreas. Mapeo de la ubicación de pueblos mayas, garífunas y xincas, por el tema de las consultas, en relación con la explotación de los recursos naturales renovables y no renovables. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 31. 10. Ministerio de Economía / Programa Nacional de Competitividad. Índice de Competitividad Seguimiento a la Política Nacional de Competitividad. Ciudades intermedias. Acuerdo Gubernativo No. 211-2019. Reglamento Orgánico interno del Ministerio de Economía. Artículo 20. 12. Ministerio de Cultura y Deportes. 11. 134 N0. Instituciones Aportes Base Legal Reglamento para la aplicación del Decreto 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo. Artículo 67. Instituto Guatemalteco de Turismo. Mapeo de sitios turísticos y áreas de influencia. 13. Reglamento de Organización Administrativa del Instituto Geográfico Nacional, Ingeniero Alfred Obiols Gómez. Acuerdo Gubernativo Número 114-99. Artículo 4. Instituto Geográfico Nacional. Mapeo de municipios con límites territoriales actualizados. Coincidir este ejercicio con los municipios priorizados para el OT. 14. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 36. Ministerio de Gobernación. Mapeo de casos de conflictividad y Protocolo para atender casos de conflictividad social por el uso, tenencia y ocupación del territorio. Mapeo de las áreas donde se ubican conflictos por la tierra (límites municipales, departamentales, ocupaciones, usos). 15. Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado. Decreto Número 109-96. Artículo 3. Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Mapeo actualizado y gestión para prevenir la ocupación de áreas expuestas a amenazas. 16. Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala. Decreto Número 126-97. Del Congreso de la República de Guatemala, Artículo 1. Oficina de Control de las Áreas de Reserva Territorial del Estado. Mapeo actualizado y gestión para prevenir la ocupación de las áreas que son reservas territoriales del Estado. 17. Ley del Fondo de Tierras y su Reforma Decreto Número 25-99. Artículo 3. Fondo de Tierras. Mapeo de zonas de desarrollo agrario y fincas entregadas por el Programa de acceso a la tierra. Certeza jurídica de la tierra. 18. Reglamento de los Registros de la Propiedad. Acuerdo Gubernativo 30-2005. Artículo 8. Registro de la Propiedad. Facilitar el índice de fincas inscritas en cada jurisdicción. Certeza jurídica de la tierra. 19. Instituto de Fomento Municipal (INFOM). Ley orgánica del INFOM. Decreto No. 1132 Organismo Legislativo. Artículo 4. Instituto de Fomento Municipal. Asesoría para administrar y regular los servicios públicos municipales (equipamientos urbanos y rurales). Incentivos financieros para las municipalidades que estén elaborando/aplicando el ROT. 20. 135 N0. Instituciones Aportes Base Legal Ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, Decreto Número 67-2002. Artículo 2. Procuraduría General de la Nación. Asesoría jurídica en el proceso de la normatividad del uso del suelo, especialmente en áreas que son propiedad de la nación. 21. Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala. Acuerdo Número SG-084-2020, El Artículo 14. Procuraduría de los Derechos Humanos. Asesoría para prevención de conflictividad social derivado del uso, tenencia y ocupación del territorio. Mapeo de conflictos por la tierra. 22. Acuerdo Gubernativo Número 100-2020. Artículo 4. Comisión Presidencial por la Paz y Derechos Humanos (COPADEH). Asesoría para prevención de conflictividad social derivado del uso, tenencia y ocupación del territorio. Archivos de la SAA y COPREDEH, pasaron a esta nueva instancia, para conocer el mapeo de conflictos por la tierra que tenían identificados estas dos instituciones. 23. Ministerio de Gobernación, Acuerdo Gubernativo No.125-2014. Artículo 2. Comisión Presidencial de Diálogo –CPD- Mapeo de la conflictividad social por la tierra. 24. Reglamento General de Evaluación y Promoción del Estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Artículo 21. Universidad de San Carlos de Guatemala. Estudios de desarrollo urbano y otros vinculados al uso del suelo y gestión de los recursos naturales y ambiente. Alianzas para realizar EPS en apoyo a la gestión territorial en las municipalidades en coordinación con SEGEPLAN y RIC. 25. IARNA, Universidad Rafael Landívar (URL), Vicerrectoría de Investigación y Proyección. Universidad Rafael Landívar Estudios de desarrollo urbano y otros vinculados al uso del suelo y gestión de los recursos naturales y ambiente. Alianzas para realizar EPS en apoyo a la gestión territorial en las municipalidades en coordinación con SEGEPLAN y RIC. 26. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 37. Ministerio de la Defensa Nacional Gobernabilidad de los recursos transfronterizos. 27. 136 N0. Instituciones Aportes Base Legal Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala. Artículo 38. Ministerio de Relaciones Exteriores. Acciones de gobernanza de los recursos transfronterizos. 28. Ley Orgánica, Decreto No. Ley 3-85. Artículo 3. Instituto Nacional de Estadística. Indicadores y estadísticas actualizadas. Criterios de definición urbano – rural. 29. Ley Del Organismo Ejecutivo. Decreto No. 114-97 del Congreso de la República de Guatemala Artículo 35. Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). Acuerdo Gubernativo 112-2018 Reglamento Orgánico Interno. Ministerio de Finanzas Públicas. Artículo 66. Ministerio de Finanzas Públicas Mapeo de los bienes del Estado Mapeo de valores del suelo por sector Mapeo de la cooperación reembolsable (crédito público). Priorización de presupuesto para cumplimiento de la meta 30. Acuerdo Gubernativo 42-2020, del 18 de marzo de 2020. COPRESAM Fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación de acciones entre las dependencias del Organismo Ejecutivo y el gobierno municipal, 31. Ley orgánica, Decreto Número 25-80 del Congreso de la República Guatemala, 21 de mayo de 1980; Reglamento de la Ley orgánica, Acuerdo Gubernativo No. 28-2008 Guatemala, 10 de enero de 2008. INAP Disponibilidad de su plataforma para capacitar a entidades públicas y privadas. 32. Fuente: SEGEPLAN – RIC, 2020. 137 138 V BIBLIOGRAFÍA MAGA/IGAC, 2017. Estudio semidetallado de los suelos del departamento de Guatemala, Guatemala. MINUGUA. 2001. Los conflictos en Guatemala: un reto para la sociedad y el Estado. Informe de Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala. p. 16. Montes Lira, Pedro Felipe. 2001. El Ordenamiento Territorial como opción de políticas urbanas y regionales en América Latina y el Caribe. Revista Medio Ambiente y Desarrollo, serie 45. Santiago de Chile, p. 8. Ley 388 de 1997 “Ley de Desarrollo Territorial”. SEGEPLAN/PNUD, 2020. Marco Conceptual Metodológico para actualización de MGT y SUN. Guatemala. SEGEPLAN. 2016. Guía general de planificación, SEGEPLAN 2016. TECHO, 2016. Asentamientos informales en el municipio de Guatemala. Censo de Asentamientos Informales. Guatemala Política Nacional de Vivienda y Asentamiento Humanos 2020-2032. SEGEPLAN, 2021. Plan de acción de la Política del PDM-OT 140 VI ANEXOS En la Estrategia de la implementación de los PDM-OT, se definieron criterios para la priorización de los municipios según sus condiciones para implementar el componente de ordenamiento territorial, los cuales se representan en tres momentos en el siguiente mapa. Anexo 1. Mapa de priorización de municipios para el ordenamiento territorial. Avances al 2023 según la meta PGG. 65 municipios. Avances al 2032 según MED (K’atun – ODS) 171 municipios. Avances al 2050 según Política Nacional de Ordenamiento Territorial (PNOT) los Planes Departamentales del Acción para la Adaptación al Cambio Climático. 104 municipios. 142 Guatemala, junio de 2022