Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas 2005-2009

Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas Quito, Ecuador Marzo de 2005 Quito, Ecuador Marzo de 2005 1 Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas Plan de Igualdad de Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES DEL ECUADOR, C O N A M U. Quito, marzo de 2005 Documento elaborado por Ariadna Reyes Ávila, consultora para la elaboración del Plan de Igualdad de Oportunidades del Ecuador en el periodo octubre de 2003-agosto de 2004 y Rocío Rosero Garcés, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de las Mujeres. Se han tomado como base los diversos documentos de agenda construidos con las mujeres ecuatorianas en seis meses de consultas así como el documento base discutido en el marco de la reunión evaluatoria preBeijing+10 de la Novena Conferencia Regional de la Mujeres y sistematizado por Nidia Pesántez. El equipo técnico del Consejo Nacional de las Mujeres así como las diversas organizaciones sociales de mujeres, liderezas sociales y políticas y mujeres autoridades locales han sido parte esencial de las conclusiones a las que arriba la Agenda del Plan de Igualdad de Oportunidades del Ecuador 2005-2009. Diseño y realización Ariadna Reyes Ávila Rocío Rosero Garcés Lectura calificada Cecilia Valdivieso Ve g a C o l a b o r a d o r a s Marcela Benavides Galárraga Amparo Armas Caterine Chalá Solanda Goyes Fo t o g r a f í a Taller Visual Archivo Blomberg Foto portada Trilogía: Manuela Cañizares, Manuela Sáenz y Manuela Espejo Lucía Chiriboga. 2005 Diseño gráfico A H / e d i t o r i a l I m p r e s i ó n A H / e d i t o r i a l CONSEJO NACIONAL DE LAS MUJERES DEL ECUA D O R Presidencia de la República Pasaje Donoso N32-33 y Whimper Teléfonos: 2561472, 2561446 Quito, Ecuador c o n a m u @ c o n a m u . g o v. e c w w w. c o n a m u . g o v. e c 3 Presentación El Ecuador del nuevo milenio enfrenta uno de los retos democráticos más im portantes y decidores: incluir plenamente en las políticas públicas sociales, econó micas, ambientales y administrativas, así como en el marco jurídico y en la adminis tración de justicia, los mecanismos, procedimientos y programas que hagan efecti va la vigencia, promoción, protección, ejercicio y exigibilidad de los derechos huma nos de las mujeres, niñas y adolescentes. En el Ecuador habitan seis millones cien mil mujeres de las cuales un poco más de tres millones viven en la costa, cerca de tres millones en la sierra y más de doscientas cincuenta mil en la amazonía; aproximadamente el 3% son mujeres ne gras, el 8% indígenas y más de un millón tienen actualmente entre 10 y 18 años. 52% de las personas que hablan lengua indígena o habitan hogares donde se ha blan lenguas nativas tienen sus necesidades básicas insatisfechas, el 75% viven en zonas rurales aunque es vertiginoso el crecimiento de la pobreza en las ciudades. A pesar de las medidas de protección social y las políticas públicas encami nadas a disminuir la vulnerabilidad de la población, la severidad de la crisis econó mica y fiscal del país en los últimos 10 años ha impactado profundamente en la vi da de las mujeres, niñas y adolescentes ecuatorianas. Las condiciones en las que se formuló y ejecutó el primer Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) del país han variado significativamente. No solamente el drástico índice de pobreza y pobreza extrema sino las expre siones de la discriminación de género presentes en las relaciones sociales, econó micas, políticas, jurídicas y afectivas de la sociedad ecuatoriana hacen pensar en que los importantes avances conseguidos con la aplicación del PIO que rigió para 1995-2000 y la rectoría de políticas del Consejo Nacional de las Mujeres aún deben consolidarse y profundizarse; incluso, que estas conquistas deben pensarse desde una lógica política que permita situar la discriminación de género, la insuficiente par ticipación social, económica y política de las mujeres y la ausencia de presupues tos fiscales consolidados y protegidos para el mejoramiento de su calidad de la vi da, como una prioridad de la vida democrática. La debilidad de la institucionalidad pública de género en el conjunto del Esta do ecuatoriano y la ausencia casi total del tema en la agenda pública; la necesidad de articular las políticas de género al conjunto de políticas sociales, administrativas y económicas; la severidad de la crisis y sus expresiones en fenómenos como la mi gración, el embarazo adolescente, la explotación sexual de niños, niñas y adoles centes y un importante contingente humano de mujeres en riesgo por factores eco nómicos, de discriminación étnico-cultural y violencia social y/o de género; la debi 4 lidad de la actoría política y social de las mujeres, constituyen sin duda, problemá ticas decisivas a ser enfrentadas en el nuevo Plan de Igualdad de Oportunidades. Siendo así, el Consejo Nacional de las Mujeres ha construido de la mano de diversas organizaciones de mujeres sectoriales o territoriales el presente Plan de Igualdad de Oportunidades como un instrumento técnico-político que permite al conjunto del Estado asumir las necesidades e intereses de las mujeres ecuatoria nas como políticas de Estado a ser implementadas en el mediano plazo para trans formar positivamente su vida como imperativo democrático. El presente documento está estructurado en dos grandes capítulos. El prime ro presenta un Estado de situación de las mujeres ecuatorianas respecto del ejerci cio de sus derechos humanos y los desafíos que ello representa para el Estado, las políticas públicas y la acción proEquidad; en el segundo capítulo se presenta un or denamiento de las diversas agendas que constituyen el Plan de Igualdad de Opor tunidades. Finalmente, el Consejo Nacional de las Mujeres, en un documento que adjuntamos al Plan, exhorta al Estado ecuatoriano a asumir el Pacto de Equidad por las mujeres, niñas y adolescentes ecuatorianas como prioridad de la gobernabilidad d e m o c r á t i c a . Este Plan significa un esfuerzo de consulta, participación y elaboración meto dológica donde han trabajado centeneras de mujeres diversas: indígenas, afroe cuatorianas, campesinas, jóvenes, mujeres de organizaciones nacionales y regiona les, trabajadoras sexuales, liderezas sociales y políticas, autoridades locales y auto ridades políticas y el equipo del Consejo Nacional de las Mujeres. Constituye, por lo tanto, materia de exigibilidad a cada una de las instancias e instituciones encarga das del diseño, formulación y ejecución de las políticas públicas del Estado ecuato riano y mandato de rectoría para el Consejo Nacional de las Mujeres. Rocío Rosero Garcés DIRECTORA EJECUTIVA Prólogo A diez años de la Cuarta Conferencia de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, el estado de situación de los derechos humanos de las mujeres en el Ecuador ha conseguido avances significativos en materia de políticas públicas para su promo ción y protección. El movimiento nacional de mujeres y sus diversas expresiones así como el surgimiento de liderazgos femeninos sociales, políticos e institucionales que han llevado adelante las luchas por la incorporación plena de las mujeres a la democracia y el desarrollo, constituyen el motor de las transformaciones. Importantes conquistas son parte de la legislación y las políticas públicas na cionales: la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (1995) y su Reglamento expedido en agosto de 2004; la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia; la formulación de Planes Estratégicos de Desarrollo Cantonal que integran lecturas de la realidad de las mujeres y la Ley de Descentralización y Participación Ciudada na; la Ley de Amparo Laboral, la Ley de Cuotas y la participación política de las mu jeres; el Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales del Ecuador, PADEMUR y las di versas iniciativas en torno a la incorporación de las mujeres al trabajo y los meca nismos económicos del mercado y del Estado; los avances en políticas educativas para incluir el enfoque de género mejorando la educación básica y prevenir, erradi car y sancionar los delitos sexuales en el ámbito educativo, todas ellas, bajo la rec toría del Consejo Nacional de las Mujeres como órgano responsable de las políticas p ú b l i c a s1 para la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. Las reformas constitucionales de 1998, constituyen el hito transformador del reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres, niñas y adolescentes ecuatorianas. En el Art. 1, el Ecuador se define como un Estado Social de Derecho lo que supo ne adoptar este mandato como un proyecto político de todos y todas cuyos princi pios de inclusión e igualdad son el mayor reto de la gobernabilidad democrática. En el Art. 3. numeral 2 se asegura la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de mujeres y hombres, y la seguridad social; en el Art. 7. se consa gra la ciudadanía de niñas y niños. En los Arts.- 16, 17, 18, 19 y 163 se garantizan la supremacía jurídica e inmediata aplicación de los instrumentos internacionales de derechos para su vigencia y exigibilidad. 5 1. Art. 41 Constitución Política del Ecuador: El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de un organismo especializado que funcionará en la forma que determine la ley, incorporará el enfoque de género en plan es y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público. Las garantías de integridad personal, libertad e igualdad ante la ley para mu jeres y hombres de diversa pertenencia étnica-cultural, orientación sexual, posición económica o política, vigentes mediante el Art. 23 de la Constitución Política del Ecuador son principios esenciales para la erradicación de la discriminación y la igualdad de oportunidades. Tanto la igualdad en derechos y el principio de no dis criminación entre mujeres y hombres, el derecho a la participación política, social y económica en igualdad de oportunidades, la descentralización de las políticas pú blicas y los sistemas de promoción y protección de los derechos humanos, el ac ceso universal a la salud, seguridad social, educación y la creación constitucional del Consejo Nacional de las Mujeres son garantías explícitas en el texto constitucio n a l . De este modo, se configuran significativos avances para la igualdad y los me canismos de equidad. Sin embargo aún es enorme el camino para la realización de estas aspiraciones. Tanto las recomendaciones realizadas al Estado ecuatoriano para el cumpli miento efectivo de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discri minación contra las Mujeres como las ratificaciones del Programa de Acción de El Cairo y las prioridades establecidas en el documento de Naciones Unidas que se constituyen en las Metas del Milenio, afirman la necesidad de tomar medidas urgen tes para incluir plenamente a las niñas, adolescentes y mujeres a la democracia en igualdad de condiciones y en el respeto irrestricto a sus derechos humanos funda mentales ampliando las oportunidades de bienestar y desarrollo para conseguir es tos fines. El Comité de la CEDAW2 insta al Estado ecuatoriano a promover reformas le gislativas que eliminen preceptos discriminatorios en el derecho penal y civil, y, par ticularmente, en el derecho de familia así como a desarrollar una política general de erradicación de la pobreza que incorpore el enfoque de género y conceda atención específica a las mujeres rurales e indígenas. Examina con preocupación la situación de las mujeres migrantes y las condi ciones de violencia, explotación y trata que viven en los países de destino, del mis mo modo que insta al Estado a tomar medidas para proteger a las mujeres, ado lescentes y niñas que viven en la frontera norte y las que se desplazan al interior del p a í s . El Comité recomienda específicamente que la protección de niñas, niños y adolescentes del tráfico, la prostitución, la pornografía y la explotación sexual sea efectiva y estén claramente tipificadas en el Código Penal las figuras delictivas aso ciadas castigándolas con todo el rigor de la Ley. Recomienda la protección y resti tución de los derechos de las víctimas. Se espera que el Código Penal también tipi fique los delitos de violencia contra la mujer sacándolos del marco de contravencio nes, incluya aquellos contenidos en el Estatuto de Roma y superando figuras que perpetúan la impunidad y la discriminación. Del mismo modo recomienda la implementación del Plan Nacional para la Educación Sexual y el Amor y el fortalecimiento de los programas de atención a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva mediante un “programa nacional que proporcione a las mujeres y a los hombres información oportuna y confiable so 6 2. Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. 29º período de sesiones. 30 de junio a 18 de julio de 2003. Proyecto de informe. Relatora: Sra. Christine Kapalata. Recomendación No. 25. bre los métodos anticonceptivos disponibles y los que puedan permitirles ejercer su derecho a decidir de manera libre e informada, sobre el número y espaciamiento de los hijos que quieran tener, así como a que refuerce las medidas de prevención de enfermedades de transmisión sexual y el VIH-SIDA, incluyendo la disponibilidad de preservativos ”. Pide también que Ecuador continúe fortaleciendo los programas de apoyo a las adolescentes embarazadas y madres y los programas de educación sexual orientados a la prevención de embarazos entre la población adolescente, especial mente, entre la población indígena y de zonas rurales. Llama la atención del Estado ecuatoriano acerca de la débil aplicación de los programas de transversalización del enfoque de género en la educación, la etno educación y del sistema de educación bilingüe e intercultural. Subraya la debilidad de este último en el ámbito nacional así como de la necesidad de erradicar el anal f a b e t i s m o . La ausencia de una política de empleo general que “dé atención prioritaria a las mujeres y la falta de aplicación de la legislación sobre el empleo y la persisten cia de desigualdades, en particular, por la existencia de una brecha salarial entre hombres y mujeres3” así como el alto porcentaje de niños y niñas trabajadores es otro motivo de especial preocupación del Comité de la CEDAW. “El Comité reco mienda que se tomen las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del artículo 11 de la Convención y la aplicación de las convencio nes pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo ratificadas por el Ecua dor y en particular sobre la no discriminación en el empleo, la prohibición del traba jo infantil y la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. El Comité reco mienda la adopción de un plan de empleo y de un código de trabajo sensibles a la perspectiva de género y a la prohibición del trabajo infantil4” . En cuanto a la necesidad de ir configurando cambios culturales para la erradi cación de la discriminación se encarga desarrollar “políticas y (que) se implemen ten programas dirigidos a mujeres y hombres que contribuyan a garantizar la elimi nación de los estereotipos asociados a los roles tradicionales en la familia, la edu cación, el empleo, la política y la sociedad5” . El Comité insta al Estado ecuatoriano a la irrestricta aplicación de la Ley de Cuotas y la participación política de las mujeres así como un correcto manejo de la información estratégica desagregada por género que visibilice la diversidad étnico cultural y etaria del país y su real situación respecto al género. Entendemos que las recomendaciones del Comité de la CEDAW constituyen por sí conclusiones vincu lantes para el conjunto del Estado ecuatoriano. A partir de este conjunto de recomendaciones así como de los compromisos del Programa de Acción de El Cairo, la Plataforma de Acción de Bejing6 y las Metas del Milenio, el Consejo Nacional de las Mujeres queriendo superar las limitaciones del primer Plan de Igualdad de Oportunidades, desarrolló durante octubre del año 2003 hasta noviembre del año 2004 diversos eventos de discusión de las priorida des a ser tenidas en cuenta en el PIO 2005-2009 por el Estado ecuatoriano desde la mirada de las mujeres en el entendido, que su voz y participación son elementos 7 3. Íbidem. Recomendación Número 30. 4. Ïbidem. Recomendación Número 31. 5. Íbidem. Recomendación Número 33. 6. Además de las plataformas, se considera documentos de gran importancia política los consensos de ratificación logrados a nivel regional. sustanciales de la construcción de las políticas públicas y la acción proEquidad. El Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) 2005-2009 está estructurado ba jo cuatro ejes de derechos que sistematizan las agendas de las mujeres diversas y el enfoque de derechos que rige el Plan: Promoción y protección de la participación social y política, el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la gobernabilidad democrática Promoción y protección del derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y acceso a la jus t i c i a Promoción y protección de los derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad de vida y autonomía Promoción y protección de los derechos económicos, ambientales, tra bajo y acceso a recursos financieros y no financieros Para el Consejo Nacional de las Mujeres, la importancia del Plan de Igualdad de Oportunidades radica en que permite tomar decisiones políticas al más alto ni vel del Estado para movilizar los recursos humanos, económicos y técnicos nece sarios en la acción proEquidad a favor de las mujeres, niñas y jóvenes ecuatorianas de las diversas etnias y pertenencia social; por otra parte, es un Pacto de Equidad de País en el que se compromete la voluntad de la sociedad civil y del Estado para la disminución significativa en el mediano plazo -y la erradicación en el largo- de las brechas de inequidad que afectan la vida de las niñas, jóvenes y mujeres. 8 La voluntad y la capacidad transformadora del mundo que despliegan las mujeres es extraordinaria y la sabiduría feminista es nuestro más importante legado. Marcela Lagarde y de los Ríos. Estado de situación y desafíos 9 Dirigenta indígena que participó en el levantamiento de diciembre 1871, conducido por Fe r n a n d o Daquilema Zolia Ugarte de La n d í v a r, Sufraguista, primera periodista y escritora. 1 9 0 5 . 1. Promoción y protección de la participación social y política, el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la gobernabilidad democrática A pesar de los importantes avances en materia de participación política de las mujeres sigue siendo débil la inclusión real de las mismas en la vida democrática y las oportunidades de desarrollo. La ciudadanía de las mujeres, si bien se afinca en el reconocimiento de su estatuto ciudadano en cuanto sujetos con derechos y res ponsabilidades en igualdad de condiciones que los hombres, no se resuelve en el reconocimiento formal. Las diversas expresiones de discriminación son conculca ciones a los derechos humanos fundamentales de las mujeres, niñas y adolescen tes y constituyen obstáculos para su realización ciudadana. En ese sentido, el CONAMU privilegia como uno de los ejes temáticos del Plan de Igualdad de Oportunidades 2004-2009 la promoción y protección de la partici pación social y política, el ejercicio de la ciudadanía y la gobernabilidad democráti ca. Gobernabilidad democrática en tanto que se apunta a recuperar o construir la legitimidad en las relaciones entre el Estado y la sociedad articulando las dimensio nes políticas y económicas para asegurar el crecimiento y la estabilidad democráti ca. “El concepto de gobernabilidad se refiere así no sólo a cambios de régimen po lítico dentro de un mismo modelo de desarrollo, sino a reformas del régimen políti co para impulsar cambios en el modelo de desarrollo que aseguren el crecimiento y la estabilidad económica de los países1”. Teniendo como base esta propuesta, en conjunto con las organizaciones de mujeres se definieron tres áreas prioritarias de acción: • Participación Social y Po l í t i c a • Ejercicio de la ciudadanía • Gobernabilidad democrática 1.1 Estado de Situación Participación Social y Política Ecuador cuenta con un marco normativo excepcional para la participación so cial y política de las mujeres contenido en los artículos 7 y 8 de la CEDAW2, así co mo en el Artículo 102 de la Constitución Política del Ecuador3. Adicionalmente, se cuenta con la Ley de Amparo Laboral y la Reforma a la Ley de Elecciones (Ley de C u o t a s ) . 1 1 1. Gobernabilidad democrática y género, una articulación posible. Virginia Guzmán. Unidad Mujer y Desarrollo. CEPAL. Octubre 2003. La naturaleza económica de la igualdad de género será tratada en el eje temático número 4. 2. Artículo 7: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particu lar, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a: a) Votar en todas las elecciones y referéndum públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas; b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales; c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país. Artículo 8: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad de condiciones con el hombre y sin discriminación algu na, la oportunidad de representar a su gobierno en el plano internacional y de participar en la labor de las organizaciones internacionales. 3. Art. 102. CPE- El Estado promoverá y garantizará la participación equitativa de mujeres y hombres como candidatos en los procesos de elección popular, en las instan cias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administración de justicia, en los organismos de control y en los partidos políticos. En términos de la actoría social de las mujeres, componente esencial para la gobernabilidad democrática y la participación social y política en igualdad de con diciones, se reconoce el surgimiento de diversas expresiones del movimiento de mujeres compuestas por mujeres indígenas, mujeres jóvenes, mujeres afro-descen dientes, mujeres populares, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres lesbianas y las vertientes tradicionales4 a más de la enorme diversidad de organizaciones y expre siones del movimiento a nivel territorial. Otro impulsor importante del cumplimiento de este derecho es la participación efectiva de las mujeres como autoridades locales y los avances de los organismos seccionales autónomos que a través de Planes de Desarrollo Local o Planes Estra tégicos de Desarrollo Cantonal5 han incorporado la perspectiva de género en la pla nificación y el presupuesto local así como iniciativas respecto a impulsar planes de igualdad de oportunidades descentralizados6, mecanismos institucionales de géne ro o presupuestos participativos. Sin embargo, una vez más en las elecciones seccionales del año 2004 la ins titucionalidad del Estado ecuatoriano interpreta discrecionalmente la Ley de Cuotas impidiendo un efectivo ejercicio de este derecho por parte de las mujeres. Se evi dencia la necesidad de trabajar en el orden de la exigibilidad de derechos, el cum plimiento de la Ley, la inclusión de los derechos de las mujeres en los partidos po líticos y la reforma del Sistema Electoral. Esto requiere la formación de autoridades electas mujeres en administración y políticas públicas de género de modo que sea posible superar las limitaciones que enfrentan al momento de poner en marcha una agenda de género. Al momento si gue imperando una cultura política caracterizada por conductas clientelares y auto ritarias que subordinan las agendas de género a las agendas y disciplinas de parti d o . 1.2 Estado de Situación Ejercicio de la Ciudadanía Del mismo modo que en la participación social y política de las mujeres, los artículos 7 y 8 de la CEDAW son impulsores claves del proceso de ciudadanización de las mujeres. Sin embargo, constituye una de las más altas conquistas del movi miento y del CONAMU la inclusión de la igualdad, la libertad y la justicia en los arts. 1, 3, 97 y 225 de la Constitución Política del Ecuador7, quedando claramente expre so en este último artículo, la necesidad de incorporar una estrategia de descentrali zación de políticas públicas de género viable, sostenible y de alto impacto social. Por tanto, la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana constituye una pie za clave del proceso así como el conjunto de políticas públicas de género con las que cuenta el Estado a nivel central para su efectivo cumplimiento y aplicación8. Es importante visibilizar la heterogeneidad del movimiento de mujeres y de sus organizaciones así como de otros movimientos sociales que aportan en la construc ción ciudadana del país. En ese sentido, el Código de la Niñez y la Adolescencia y 1 2 4. Se denominan como vertientes tradicionales del movimiento de mujeres ecuatoriano las expresiones de mayor tradición ideológica agrupadas bajo grandes paradig mas como la participación política cuyo origen se remonta al movimiento de las sufragistas; aquellas que definen su accionar desde la promoción y el ejercicio de los derechos específicos de las mujeres (la no violencia, por ejemplo); y, finalmente, las que se agrupan en una definición claramente feminista del proceso de conquistas. 5. Impulsados por la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana y asumidos desde la Asociación de Municipalidades del Ecuador y otras iniciativas como las de la Secretaría Nacional de Planificación del Estado SENPLADES. 7. Gobiernos locales de Francisco de Orellana, Joya de los Sachas, Loreto, Guaranda, Guamote, Chunchi, Alausí, Santa Elena, Jipijapa, Paján, Sucre, La Libertad, Salinas, Riobamba, Tena, y gobiernos provinciales de Chimborazo y El Oro. la visibilización de género en el Plan Decenal de la Infancia así como una mirada más amplia de las organizaciones de Derechos Humanos e Indígenas a la inclusión de las mujeres y sus derechos, podrían formar parte importante de la base social de las políticas públicas de género. Estos avances limitan con la incapacidad actual de viabilizar o fomentar cam bios culturales sustantivos para la construcción de una sociedad democrática e in clusiva. Persisten enormes estereotipos de género, subordinación de las mujeres en los espacios de decisión, violencia intrafamiliar y de género así como barreras para su participación económica. Para el CONAMU, constituye la más grave conculcación de la ciudadanía de las mujeres los enormes niveles de empobrecimiento. Por tanto, el eje “género, po breza y gobernabilidad” es parte sustancial de las políticas públicas que el CONA MU diseña con la Secretaría Técnica del Frente Social para cualificar las políticas so ciales como impulsoras del ejercicio de derechos9. Ecuador tiene una población contabilizada en el Censo del 2001 de más de 12 millones de habitantes. Es el país, junto con Bolivia de mayor índice de pobreza hu mana de América del Sur. Aproximadamente la mitad de la población (46%) que vive en las áreas urba nas y el 86% de la población que vive en áreas rurales se encuentra en una situa ción de pobreza medida por el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Con una mayor desagregación se identifican significativas dimensiones en la privación de condiciones materiales de vida de los ecuatorianos y las ecuatorianas, de acuerdo al área y región donde vive, así como al sexo al que pertenecen: La Amazonía y la Costa son las regiones de mayor incidencia de pobre za y extrema pobreza del Ecuador. Existen sin embargo, en la Sierra, pro vincias como Cotopaxi, Bolívar y Loja, en cuyas zonas rurales la pobreza afecta al 90% de la población. El área urbana de la Sierra es la de menor pobreza y extrema pobreza del p a í s . En el área rural de las cuatro regiones ecuatorianas la incidencia de la ex trema pobreza es mayor para las mujeres, que para los hombres. 1 3 Mujer criolla, 1860. Fotógrafo L. Gouin. 7. Art. 1.- El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quechua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los símbolos de la patria. Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 2. Asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades funda mentales de mujeres y hombres, y la seguridad social. 3. Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente. 4. Preservar el crecimiento sustentable de la economía, y el desarrollo equilibrado y equitativo en beneficio colectivo. 5. Erradicar la pobreza y promover el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 6. Garantizar la vigencia del sistema democrático y la administración pública libre de corrupción. Art. 97.- Todos los ciudadanos tendrán los siguientes deberes y responsabilidades, sin perjuicio de otros previstos en esta Constitución y la ley: 1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente; 2. Defender la integridad territorial del Ecuador; 3. Respetar los derechos humanos y luchar porque no se los conculque; 4. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular; 5. Respetar la honra ajena; 6. Trabajar con eficiencia; 7. Estudiar y capacitarse; 8. Decir la verdad, cumplir los contratos y mantener la palabra empeñada; 9. Administrar honradamente el patrimonio público; 10. Pagar los trib utos establecidos por la ley; 11. Practicar la justicia y solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de bienes y servicios; 12. Propugnar la unidad en la diversidad, y la relación intercultural; 13. Asumir las funciones públicas como un servicio a la colectividad, y rendir cuentas a la sociedad y a la autoridad; conforme a la ley; 14. Denunciar y combatir los actos de corrupción. 15. Colaborar en el mantenimiento de la paz y la seguridad; 16. Preservar el medio ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo sustentable; 17. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente. 18. Ejercer la profesión u ofi cio con sujeción a la ética; 19. Conservar el patrimonio cultural y natural del país, y cuidar y mantener los bienes públicos, tanto los de uso general, como aquellos que le hayan sido expresamente confiados; 20. Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar. Art. 225.CPE.- El Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, la distribución de los ingresos públicos y de la riqueza. El gobierno central transferirá progresivamente funciones, atribuciones, compe tencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas o a otras de carácter regional. Desconcentrará su gestión delegando atribuciones a los funcionarios d el régimen seccional dependiente. 8. Ley 103 contra la Violencia a la Mujer y la Familia y su respectivo Reglamento; Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia y su respectivo Reglamento; Ley de Cuotas; Acuerdos Ministeriales 4708 y 3393 para Prevenir y Sancionar los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo; el Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales del Ecuador. 9. Proceso llevado a cabo por el CONAMU con el apoyo de la CEPAL bajo el Proyecto Gobernabilidad Democrática y Género. Consultora de país: Amparo Armas; responsable en CEPAL-Chile: Virginia Guzmán. En la Amazonía y la Región Insular la incidencia de la pobreza en las mu jeres es mayor que la de los hombres, tanto en área rural como en la ur b a n a . Las características actuales de la situación de pobreza en el país están marca das por una situación masificadora de la pobreza en las áreas rurales y por profun das inequidades. Aunque la pobreza por ingresos disminuye en el país en la última década en alrededor de 10 puntos, la concentración de la riqueza en los grupos de mayor ingreso ha aumentado en este mismo período de manera permanente. Son estas sin duda, las problemáticas sobre las cuáles el Estado ecuatoriano de modo prioritario debe tomar medidas en materia de equidad de género: por una parte, comprender el desplazamiento de la situación de extrema pobreza hacia las mujeres rurales y los flujos migratorios de esta población hacia las grandes ciuda des, por otra, redistribuir la riqueza. En este sentido la sororidad de las mujeres que por su situación y condición tienen oportunidades para tomar decisiones a favor de otras mujeres en condición de empobrecimiento o extrema pobreza es esencial. El Estado debe asumir el reto de capacitar a estas mujeres en instrumentos técnico-políticos para la adopción de políticas públicas locales y centrales para la superación del empobrecimiento al mismo tiempo que se desarrollan mecanismos institucionales y programas de Es tado para cualificar la participación de las mujeres de las diversas culturas, clases y edades en iniciativas para superar la pobreza. Por otra parte, se hace sustancial establecer los vínculos entre la agenda es pecífica de género con la agenda de derechos económicos y sociales”1 0 1.3 Estado de Situación de la Gobernabilidad democrática El artículo número 3 de la CEDAW1 1 establece la condicionalidad de contar con medidas en las esferas social, política, económica y cultural para el adelanto de la mujer y la igualdad de géneros. Justamente, la gobernabilidad democrática alude a contar con las capacidades institucionales de respuesta a las necesidades de de sarrollo de la sociedad así como a la normativa jurídica que organice dichas res puestas anclada en una relación armónica e inclusiva con la sociedad civil. Cuando hablamos de gobernabilidad democrática desde las mujeres, interpelamos a la ca pacidad del Estado de incluir a las mujeres en las respuestas institucionales, jurídi cas, de toma de decisiones y de ejecución de estrategias para su bienestar. La Gobernabilidad también exige la adopción de estrategias que generen la estabilidad política necesaria para ejercer el gobierno. Estas estrategias están aso ciadas a condiciones de integración socio-económica interna, al fortalecimiento de las instituciones democráticas y a la participación de los(as) ciudadanos(as) en el proceso de toma de decisiones, tal como establecen los Arts. 1, 3, 97 y 225 de la Constitución Política del Ecuador (C.P. E )1 2. 1 4 10. Informe Banco Interamericano de Desarrollo. Análisis sobre las brechas de género en Ecuador. Febrero 2003. Rosero, Rocío; Reyes Ariadna. 11. Artículo 3: Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las liber tades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. 12. Art. 1. de la CPE expresa: “El Ecuador es un estado social de derecho, soberano, unitario, independiente, democrático, pluricultural, y multiétnico. Su gobierno es republicano, presidencial, electivo, representativo, responsable, alternativo, participativo y de administración descentralizada. La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es la base de la autoridad, que ejerce a través de los órganos del poder público y de los medios democráticos previstos en esta Constitución. El Estado respeta y estimula el desarrollo de todas las lenguas de los ecuatorianos. El castellano es el idioma oficial. El quichua, el shuar y los demás idiomas ancestrales son de uso oficial para los pueblos indígenas, en los términos que fija la ley. La bandera, el escudo y el himno establecidos por la ley, son los símbolos de la patria.” Dicha participación de las ciudadanas(os) supone el concurso en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en todas las instancias de toma de decisio nes que garantice la plena incorporación de sus necesidades prácticas e intereses estratégicos en las políticas, planes, programas y proyectos así como el bienestar integral en la vida familiar, comunitaria y social en todas las etapas de su vida. En este contexto la capacitación y fortalecimiento de la actoría social de las mujeres es esencial habida cuenta de que el cumplimiento de sus obligaciones es tá en estrecha relación con su grado de conocimiento. Es necesario potenciar las capacidades para el posicionamiento e implementación de una agenda de género y de desarrollo social y económico que integren los principios de inclusión y la ins titucionalización de las políticas públicas de género mediante estrategias como la consolidación de redes de servicios o la institucionalización de mecanismos de gé nero en los gobiernos locales. P R OV I N C I A C A N T Ó N Mecanismos institucionales de género C O T O PA X I S A L C E D O Oficina de la Mujer C H I M BO R A Z O R I O B A M B A Comisión de género C H I M BO R A Z O C O LTA Jefatura de la Mujer y la Fa m i l i a C H I M BO R A Z O C H U N C H I Ordenanza de creación de la Comisión de género, equidad gestión municipal G UAYA S S A L I N A S Comisión de género, mesa de la mujer G UAYA S S A N TA ELENA Comisión de género y Oficina de género G UAYA S LA LIBERTA D Comisión de género, Oficina de la Mujer I M B A B U R A C O TA C A C H I Comisión de género I M B A B U R A O TAVA LO Jefatura de la Mujer, Comisión de género M A N A B I C H O N E Oficinas de asesoría legal, Comisión de género M A N A B I J I P I J A PA Comisión de género M A N A B I M A N TA Oficina de asesoría legal, Comisión de género M A N A B I SUCRE (Bahía c.c.) Comisión y Oficina de género MORONA SANTIAGO S A N T I A G O Comisión de género N A P O T E N A Comisión y Oficina de género P I C H I N C H A Q U I T O Comisión de Desarrollo Social y Equidad de género S U C U M B I O S LAGO AGRIO Comisión y Oficina de género FRANCISCO DE ORELLANA O R E L L A N A Oficina de género FRANCISCO DE ORELLANA A G UA R I C O Comisión de género, mesa de género FRANCISCO LA JOYA DE DE ORELLANA LOS SACHAS Mesa de género 1 5 En este sentido se ha creado mecanismos de género en los gobiernos locales a través de Comisiones de Género, Comisiones de la Mujer y la Familia como órga nos de toma de decisiones en consejos municipales y provinciales así como ofici nas, jefaturas o departamentos de género y generación para la implementación de políticas locales. En este proceso ha sido fundamental la aplicación de la Ley de Cuotas y la participación de las mujeres autoridades locales de consejos municipa les, prefecturas y juntas parroquiales que han contribuido con su actoría a la visibi lización de la equidad de género y la protección de los derechos de las mujeres co mo un elemento esencial que requiere de consolidación para convertirse en un pro ceso permanente que haga parte de la cultura institucional y por tanto, de la vida política y social. El CONAMU ha establececido alianzas estratégicas con la Asociación de Mu nicipalidades del Ecuador AME a través de la formulación de Planes de Desarrollo Estratégicos Cantonales (PDEC) y con la Asociación de Mujeres Municipalistas a ni vel nacional y regional en apoyo a su fortalecimiento como organización específica de mujeres autoridades locales que contribuye al posicionamiento de la equidad de género y la protección de los derechos humanos de las mujeres. Una de las grandes constataciones de este proceso, es que los gobiernos lo cales así como la sociedad civil y la institucionalidad sectorial de oferta de servicios, aún es débil. Tanto el diseño de políticas para la inserción del enfoque de género en la gobernabilidad local como para la protección de los derechos humanos de las mujeres requiere de un importante esfuerzo de fortalecimiento de capacidades que hagan viable la implementación de políticas públicas de género y redes de servicios que faciliten el acceso de las mujeres y sus familias a los derechos sociales bási cos, especialmente a la salud, la educación y la vivienda. Por otra parte, los sistemas al momento incorporados por algunos municipios en el país derivados de la aplicación de la Ley 103 Contra la Violencia a la Mujer y la Familia y de la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia requieren ser potenciados como impulsores de la construcción de estas redes de servicios con la participación de la institucionalidad pública y privada de las localidades que hagan posible la implementación de modelos de atención de calidad y calidez q u e cumplan con los estándares internacionales de derechos así como servicios inte grados para la ciudadanización de las mujeres. Durante el año 2004 el CONAMU ha avanzado en la construcción de propues tas en cantones modelos de las regiones sierra, amazonía y costa del país, pero se hace indispensable contar con recursos que permitan consolidar estos procesos, replicarlos y, finalmente, convertirlos en una política pública universal. Avanzar en la gobernabilidad democrática exige la implementación de dos grandes líneas estratégicas: por una parte, una política distributiva equitativa inte grada a los presupuestos locales y establecer prioridades para la promoción y pro tección de los derechos humanos de las mujeres en la agenda de gobernabilidad de Estado. 1 6 2. Promoción y protección del derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y acceso a la justicia En el contexto del Plan de Igualdad de Oportunidades, los derechos específi cos de las mujeres constituyen un sistema propio de atención. Los mismos, ade más de estar referidos a la prevención y erradicación de la violencia de género, a la salud de las mujeres en todos los ciclos de su vida así como el ejercicio de los de rechos sexuales y reproductivos, contienen el interés estratégico de fomentar una vi da en paz y saludable como principio básico de la igualdad de oportunidades. Sin duda alguna este conjunto de derechos ha marcado los grandes adelan tos estatales en torno a la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. La vigencia de la Ley de Maternidad Gratuita y Aten ción a la Infancia como una política de salud universal y la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia marcan los más importante hitos de este conjunto de derechos. Sin embargo, en los dos casos las respuestas estatales aún requieren de mayores sinergias y efectividad: se trata de asegurar a las mujeres a una vida en paz, prote gida, saludable y con oportunidades de decisión libre y voluntaria sobre su cuerpo y su vida. El acceso a la justicia es condición sine qua non del ejercicio de estos de rechos: la impunidad y la naturalización de la violencia contra las mujeres en la cul tura perennizan el estado actual de la situación y de exclusión de las mujeres al con junto de garantías constitucionales. Esta reflexión permite comprender la interrelación e interdependencia del con junto de sistemas de derechos que constituyen el Plan de igualdad de Oportunida des del Estado Ecuatoriano y el porqué las organizaciones de mujeres consultadas establecieron como prioridades en este sistema de derechos, atender las siguien tes áreas: • Derecho a una vida libre de violencia • Derecho a la paz • Derecho a la justicia • Derecho a la salud • Derechos sexuales y reproductivos 2.1 Estado de Situación del derecho a una vida libre de violencia Tal como lo hemos mencionado anteriormente el derecho a una vida libre de violencia contiene una importante gama de impulsores jurídicos. Sin embargo su vi gencia requiere la implementación sistemática y sostenible de políticas públicas lo cales y redes de servicios que incorporen el conjunto de servicios sociales para las mujeres, así como la capacitación y el fortalecimiento de la capacidad de respues ta de la institucionalidad local para la prevención de la violencia de género y el me joramiento de la calidad de vida de las mujeres. Tanto los artículos 1 y 6 de CEDAW1 3 como la Convención Interamericana pa ra Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pa r á1 4 constituyen parte vital de los imperativos del país para la prevención y erradicación 1 7 Retrato de Emilia Maldonado, 1870. Fotógrafos Rafael Pérez e hijo. de la violencia en contra de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Del mismo modo el art. 17 como 23 de la Constitución son reales impulsores de este derecho. Desde el año 1995, año de inicio del primer Plan de Igualdad de Oportunida des y con la aprobación de la Ley 103, la violencia contra las mujeres, las ado lescentes y las niñas comienza a ser asumida por el Estado ecuatoriano como una prioridad del ejercicio de los derechos humanos y como un problema de salud pú blica por su impresionante frecuencia y alto impacto negativo en la vida de las mu j e r e s . Estos avances, sin embargo requieren ser analizados a la luz de los diversos delitos que se cometen contra las mujeres y las niñas en el ámbito familiar así co mo en otros ámbitos de la vida social y pública de las mujeres (por ejemplo, el edu cativo). La labor de consulta del presente Plan de Igualdad de Oportunidades posicio nó con enorme fuerza, además, la necesidad de incluir medidas para prevenir, san cionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, afrodescendientes y campesinas teniendo en cuenta los imperativos de los dere chos humanos y abordando la problemática desde los núcleos étnico-culturales que podrían ser motores de cambios positivos para la vida de las mujeres, ado lescentes y niñas al interior de sus comunidades1 5. Este abordaje, y la conciencia de que la alta frecuencia en que la violencia in trafamiliar está asociada a sistemas de explotación económica y sexual, ha redimen sionado el modo cómo se ha visto tradicionalmente la violencia intrafamiliar y de gé nero. Alude a una acción pronta y eficaz en términos de reforma legal para sancionar como delitos la violencia contra las mujeres así como de implementación de meca nismos de restitución a las personas víctimas de violencia sexual y explotación. De hecho, el escaso análisis de la familia no solo como estructura de sociali zación primaria y aprehensión de normas de relacionamiento subjetivo y con el en torno, sino como estructura económica y de poder, ha determinado que la violencia intrafamiliar hasta el momento se haya distanciado del centro del debate de la jus ticia y se hayan carecido de instrumentos jurídicos que articulen la violencia intrafa miliar efectivamente a la conculcación de los derechos de las mujeres, adolescen tes y niñas en el más alto contexto de los delitos por tratarse de la libertad, la digni dad y la vida de las personas como bien jurídico a ser protegido. La institucionalidad de género del país en torno a la prevención, sanción y erra dicación de la violencia contra las mujeres, adolescentes y la conculcación de sus derechos humanos es altamente diversa: el Consejo Nacional de las Mujeres es parte de esta institucionalidad pero también la Comisión de la Mujer del Niño y la Familia en el Congreso Nacional; la Unidad de Delitos Sexuales en la Fiscalía Gene ral de la Nación; la Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer en la Policía; la 1 8 13. El Artículo 1 de la CEDAW dice: “A los efectos de la presente Convención, la expresión discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. El Artículo 6 de la CEDAW dice: “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. 14. Es la única convención específica para el tema de violencia a las mujeres, su compendia es interamericana y ha sido ratificado por la mayoría de los países miembros de la OEA (a excepción de Estados Unidos, Canda y Haití). Contempla una serie de medidas que deben adoptar los Estados partes sobre todo en relación a la preven ción y erradicación de la violencia hacia las mujeres. 15. El Encuentro de Mujeres Indígenas en el marco del Plan de Igualdad de Oportunidades realizado en Marzo de 2004 con la participación de 6 pueblos y 3 nacionali dades priorizó este como uno de los problemas más importantes que retrasan el desarrollo de las mujeres indígenas y su acceso a oportunidades. Frente al tema de la violencia en general, las mujeres indígenas expresan la necesidad de implementar procesos de capacitación sobre derechos de las mujeres. En el ámbito de la edu cación se señala la necesidad de tratar los temas de acoso y abuso sexual y embarazo precoz como prioridades; manifiestan igualmente la importancia de tomar medi das frente a la violencia cultural que se ejerce contra las mujeres indígenas en distintos espacios públicos; se plantea también la necesidad de ampliar y mejorar los servicios de salud, desde una perspectiva intercultural, para atender a mujeres indígenas víctimas de violencia. Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de las Mujeres, de la Niñez y de la Adolescencia en la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Género en el Ministerio de Gobierno. Al momento se trabaja en el traslado de las Comisarías de la Mujer y la Fa m i l i a1 6 a los Juzgados Contravencionales de Familia. Este proceso, que ya está en de mora, puede perjudicar la toma de decisiones emergentes en provincias como la de Sucumbíos donde la ausencia de la Comisaría de la Mujer y la Familia es variable a ser tomada en cuenta en el alto índice de violación a los derechos humanos de las mujeres, las adolescentes y las niñas que viven en situación permanente de violen cia social y con alto riesgo de explotación sexual. Por otra parte, los indicadores en torno a la violencia intrafamiliar continúan siendo preocupantes: para el año 2003 más de la mitad de las denuncias registra das en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Quito 51% correspondían a maltrato físico, 47% de ellas a maltrato psicológico. En el 56% de los casos, los agresores son los cónyuges y en un 16,32% son convivientes de la víctima. 3 de cada 4 es de cir el 72% de las denuncias correspondían a víctimas entre los 20 y los 49 años. A nivel de país, se receptaron un total 49.146 denuncias en el 2003, tendencia que se ha mantenido en los últimos años. El Reglamento para la aplicación de la Ley 103 se aprobó el 18 de agosto de 2004, mediante Decreto Ejecutivo No.1982. En dicho reglamento se plantean dispo siciones importantes tales como la aplicación inmediata de medidas de amparo hasta que la autoridad que las dictó las revoque y la imposibilidad de mediar en ma teria de violencia intrafamiliar, avance significativo para reducir la impunidad. En materia penal no existen avances aún. El Código Penal ecuatoriano no tipi fica específicamente la violencia intrafamiliar como un delito sino como una contra vención, es decir una categoría inferior a delito. La Comisión de la Mujer y la Fa m i lia del Congreso Nacional, presentó en el 2001 una propuesta de reformas al Códi go Penal, sin ningún éxito. Actualmente el CONAMU cuenta con una matriz de pro puestas de reformas al Código Penal, que plantean fundamentalmente la reformu lación de los tipos penales existentes con relación a violencia sexual, ampliando la posibilidad de la restitución de los derechos de las víctimas; la eliminación de deli tos que perpetúan concepciones discriminatorias contra las mujeres y la incorpora ción de nuevas conductas a sancionarse por vulnerar derechos como la integridad y libertad sexual. Esta realidad supone que, a pesar de los avances, existe aún un largo camino por recorrer. La experiencia desarrollada por el CONAMU en el proceso de determi nación del Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009 ha relevado la importan cia de trabajar en el desarrollo del conjunto de capacidades locales para la imple mentación de políticas públicas de género logrando que los éxitos del modelo de asesorías legales y planes provinciales se arraiguen en la institucionalidad local ha ciéndolos sostenibles e integrados al conjunto de derechos humanos de las muje res. De ese modo, la violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas apa rece en el centro de las discusiones de la gobernabilidad local y no en un estatuto r e s t r i n g i d o . 1 9 16. “…en el área de creación de mecanismos institucionales para la erradicación de la violencia contra la mujer. Las experiencias en este ámbito son consideradas como las prácticas más exitosas en la institucionalización de políticas públicas con enfoque de género [en el país]” , principalmente con la creación de las Comisarías de la Mujer y la Familia y la Dirección de Género (DINAGE), al interior del Ministerio de Gobierno. Actualmente funcionan en el país un total de 30 Comisarías de la Mujer y la Familia, en 17 provincias. La Dirección de Género, antes Dirección Nacional de Comisarías, funciona mediante Acuerdo Ministerial en el Ministerio de Gobierno desde marzo de 2000 con la función de brindar asistencia técnica especializada y coordinar la creación de nuevas Comisarías. En este sentido, el Plan de Igualdad de Oportunidades exhorta al Estado ecua toriano a realizar todos los esfuerzos necesarios para vincular el marco jurídico y la normativa internacional con la formulación y diseño de políticas públicas, progra mas, planes y proyectos para prevenir y erradicar la violencia de género frenando las iniciativas tendientes a conculcar estos derechos u obstaculizar las decisiones a favor de la vigencia de los derechos humanos de las mujeres. Es necesario visuali zar la relación que existe entre la profundización de la violencia de género y varia bles como la edad, etnia, clase, procedencia, opción sexual. 2.2 Estado de Situación del derecho a la paz El artículo 4 de la Constitución Política del Ecuador1 7 y el Estatuto de Roma1 8, consagran la paz como una condición básica para la vida y el desarrollo humano. La Paz entendida como ausencia de guerra pero también como ausencia de amenazas contra la vida y la integridad constituye una condición de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Esta última interpretación alude a las diver sas manifestaciones de la violencia contra las mujeres y es tema recurrente en la agenda de las organizaciones diversas quienes visibilizan el conflicto de frontera norte como una realidad específica que alude a la paz como valor esencial a ser protegido por el Estado ecuatoriano. Dicha incorporación tiene que ver con la necesidad de definir políticas públi cas específicas en esta región del país1 9 para salvaguardar la vida de las mujeres, adolescentes y niñas y erradicar las consecuencias de la violencia social y la situa ción de guerra de sus vidas. No existen mayores definiciones en torno al tratamiento de personas despla zadas y refugiadas y es enorme la ignorancia del Estado respecto a la situación que viven las niñas y adolescentes en cualquiera de estas dos condiciones: la explota ción sexual y laboral, la esclavitud y el servilismo, el desarraigo familiar y comunita rio, el empobrecimiento y la nulidad de oportunidades. Las mujeres denuncian la invisibilización en el resto del país y en las políticas del Estado de los problemas que viven las ciudadanas y los ciudadanos en fronte ra norte y sus efectos sobre las mujeres. Esta situación es mucho más compleja en la debilidad institucional local con la que se enfrenta esta realidad y que es limitada al tratar de controlar los excesos policiales, militares o de agentes externos. Del mismo modo en que la discriminación de género se impregna en las so ciedades aparece como “natural” la mayor afectación que la violencia social, física, política y de guerra ejerce sobre las mujeres, especialmente sobre las mujeres jefas de hogar, adolescentes, niñas, mujeres indígenas, de minorías étnicas y afrodes c e n d i e n t e s . Existen, sin duda, fenómenos propios de las provincias amazónicas que inclu yen la presencia de la actividad petrolera que concentra una enorme población flo tante en ciudades altamente comerciales con flujos de migración relativamente re 2 0 17. Art. 4. de la Constitución Política del Ecuador manifiesta: “ El Ecuador en sus relaciones con la comunidad internacional: 1. Proclama la paz, la cooperación como sis tema de convivencia y la igualdad jurídica de los estados. 2. Condena el uso o la amenaza de la fuerza como medio de solución de los conflictos, y desconoce el despojo bélico como fuente de derecho. 3. Declara que el derecho internacional es norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas y promueve la solución de las controversias por métodos jurídicos y pacíficos. 4. Propicia el desarrollo de la comunidad internacional, la estabilidad y el fortalecimiento de sus organ ismos. 5. Propugna la integración, de manera especial la andina y latinoamericana. 6. Rechaza toda forma de colonialismo, de neocolonialismo, de discriminación o segregación, reconoce el derecho de los pueblos a su autodeterminación y a liberarse de los sistemas opresivos. 18. Ratificado por el Ecuador el 5 de Febrero del 2002. 19. Provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos y Orellana. cientes (años 70´s). Este esquema de vida con ausencia total de oportunidades pa ra las(os) jóvenes y con una alta inercia económica, social y laboral exacerba la ex plotación y la discriminación de género y etnia. Pero también existe en el cinturón de frontera norte una presencia importante de biodiversidad y poblaciones indígenas. No solo en la amazonía sino en Imbabu ra, Esmeraldas y Carchi la población de pueblos indígenas y afrodescendientes es significativa. Allí con mayores niveles de contención comunitaria pero con expresio nes tanto en la ciudad como en el campo de un empobrecimiento extremo, violen cia y escaso de oportunidades para las mujeres, adolescentes y niñas(os). La prioridad de fortalecer la institucionalidad local en las provincias de fronte ra norte así como de consolidar los mecanismos de seguridad ciudadana y exten der la cobertura de los servicios sociales básicos para la población es sentida2 0. Al momento poco se ha discutido desde las políticas públicas centrales esta proble mática desde una óptica de política social e inversión pública para el desarrollo de estrategias que permitan a estas poblaciones contar con mayores oportunidades y reducir su vulnerabilidad mediante la puesta en marcha de acciones positivas. Es necesario incorporar los problemas generados por la situación de frontera norte en los análisis estructurales y de contexto que realiza la academia, la institu cionalidad central, el movimiento de mujeres y los diversos movimientos sociales. 2.3 Estado de Situación del acceso a la justicia Importantes impulsores en la normativa internacional que permitirían al Estado ecuatoriano garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Tanto los Artículos 1, 15 y 16 de CEDAW2 1 como los Artículos 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Po l í t i c a del Ecuador2 2 son base esencial de estas garantías así como el Artículo 23 del Plan Nacional de Derechos Humanos2 3. Sin embargo, la administración de Justicia no responde a los instrumentos in ternacionales ni a la Constitución Política del Ecuador. Bajo el argumento de la 2 1 20. En los tres encuentros se identificaron los siguientes temas como prioridades fundamentales de la mujeres, a incluirse en el Plan de Igualdad de Oportunidades: en materia de participación política y gobernabilidad se enfatizó sobre la necesidad de incorporar el enfoque de género en los procesos de participación social y política del país así como de adoptar el género como la categoría interpretativa de la situación socio-económica para la definición de la agenda de planificación, gobernabili dad, de desarrollo y bienestar del país. El tema de violencia contra las mujeres sigue siendo una de las principales prioridades de las mujeres en el país; al respecto se plantea la necesidad de contar con recursos suficientes y oportunos, principalmente para la adopción de mecanismos orientados a restituir los derechos de las mujeres. La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia es considerada una de las políticas más importantes en la agenda pública y por lo tanto se exige garantizar sus sostenibilidad. En materia de educación, se señala la importancia de garantizar el acceso equitativo de mujeres y hombres a la educación en todas las regiones y sectores del país y la erradicación del analfabetismo. De igual manera aparece como uno de los principales temas de preocupación, la elaboración de un marco legal adecuado para proteger y promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En cuanto a los derechos económicos y el acceso a recursos financieros y no financieros, se demanda la creación de líneas directas de apoyo para la promoción económica de las mujeres. 21. Artículo 1 de la CEDAW: “A los efectos de la presente Convención, la expresión discriminación contra la mujer» denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”. Artículo 15 1. Los Estados Partes reconocerán a la mujer la igualdad con el hombre ante la ley. 2. Los Estados Partes reconocerán a la mujer, en materias civiles, una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad. En particular, le reconocerán a la mujer iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes y le dispensarán un trato igual en todas las etapas del procedimiento en las cortes de justicia y los tribunales. 3. Los Estados Partes convienen en que todo contrato o cualquier otro instrumento privado con efecto jurídico que tienda a limitar la capacidad jurídica de la mujer se considerará nulo. 4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libre mente y a la libertad para elegir su residencia y domicilio”. Artículo 16. 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y las relaciones familiares y, en particular, asegurarán en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: a) El mismo derecho para contraer matrimonio; b) El mismo derecho para elegir libremente cónyuge y contraer matrimonio sólo por su libre albedrío y su pleno consentimiento; c) Los mismos derechos y respons abilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución; d) Los mismos derechos y responsabilidades como progenitores, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; e) Los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos; f) Los mismos derechos y responsabilidades respecto de la tutela, curatela, custodia y adopción de los hijos, o instituciones análogas cuando quiera que estos conceptos existan en la legislación nacional; en todos los casos, los intereses de los hijos serán la consideración primordial; g) Los mismos derechos per sonales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir apellido, profesión y ocupación; h) Los mismos derechos a cada uno de los cónyuges en materia de propiedad, compras, gestión, administración, goce y disposición de los bienes, tanto a título gratuito como oneroso. 2. No tendrán ningún efecto jurídico los espon sales y el matrimonio de niños y se adoptarán todas las medidas necesarias, incluso de carácter legislativo, para fijar una edad mínima para la celebración del matrimo nio y hacer obligatoria la inscripción del matrimonio en un registro oficial”. inexistencia de leyes secundarias y mecanismos específicos para su operatividad se viola el Artículo18 de la Constitución. Tal como lo expresamos anteriormente, la impu nidad frente a los delitos en contra de las mujeres, especialmente los relacionados con acoso y violencia física y sexual constituyen parte esencial de la impunidad. Por otra parte, el desconocimiento de los derechos específicos por parte de las mujeres profundiza este problema: mientras mayores categorías de subordina ción cruzan la vida de una mujer, menores son sus oportunidades de acceder a la justicia y mejorar su calidad de vida. Existe aún una enorme debilidad social, particularmente de los grupos más vulnerables para demandar, denunciar y exigir sus derechos. En la expresión de ma yor inaccesibilidad está la aceptación de las contravenciones y delitos en contra de las mujeres como parte de la “normalidad” en la convivencia social así también la naturalización de la violencia que afecta a las mujeres indígenas, afro descendien tes, de escasos recursos económicos; las que están sujetas a regímenes de servi lismo u opresión; las mujeres trabajadoras sexuales y privadas de la libertad. La propuesta de funcionamiento de Juzgados de Familia y Juzgados Contra vencionales de Violencia Intrafamiliar implica, de acuerdo a la Constitución de 1998, que se creen Jueces de Familia especializados en esta materia y que las Comisa rías de la Mujer pasen a ser parte de la Función Judicial. Dicha propuesta se viene gestando desde hace años sin éxito. Al igual que en años anteriores, en la Pro for ma presupuestaria del 2005 constan recursos para la implementación de 27 Juzga dos de Familia, 33 Juzgados de la Niñez y Adolescencia y 400 Juzgados Contraven cionales. Se requiere abordar centralmente el proceso de Reforma al Sistema de Administración de Justicia. La creación de mecanismos de vigilancia y exigibilidad ciudadana es otra he rramienta indispensable del acceso a la justicia. Se pretende que la contraloría social de las mujeres otorgue transparencia en los procesos, eliminando sesgos sexistas o situaciones de corrupción, evitando impunidad en casos de delitos sexuales. El Ministerio Público ha iniciado un proceso de incorporación del enfoque de género en las políticas, programas y proyectos que lleva adelante, mediante un Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el CONAMU. Entre los prin cipales resultados de esta iniciativa está la creación del Comité de Género del Mi nisterio Público para la capacitación de Fiscales y personal administrativo de la ins titución; la implementación de un Proyecto Piloto para la Creación de Unidades In tegrales Especializadas en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. Se ha trabaja do también en la incorporación de la perspectiva de género en los protocolos mé dico-legales para violencia intrafamiliar. 2 2 22. Constitución Política del Ecuador, Art. 18.- Los derechos y garantías determinados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos. No podrá alegarse falta de ley para justificar la violación o desconocimiento de los derechos establecidos en esta Constitución, para desechar la acción por esos hechos, o para negar el reconocimiento de tales derechos. Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Art. 19.- Los derechos y garantías señalados en esta Constitución y en los instrumentos internacionales, no excluyen otros que se deriven de la naturaleza de la per sona y que son necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y material. Art. 20.- Las instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, estarán obligados a indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos. Las instituciones antes mencionadas tendrán derecho de repetición y harán efectiva la responsabilidad de los funcionarios o empleados que, por dolo o culpa grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad penal de tales funcionarios y empleados, será establecida por los jueces competentes. Art. 21.- Cuando una sentencia condenatoria sea reformada o revocada por efecto de recurso de revisión, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia, será rehabilitada e indemnizada por el Estado, de acuerdo con la ley. Art. 22.- El Estado será civilmente responsable en los casos de error judicial, por inadecuada administración de justicia, por los actos que hayan producido la prisión de un inocente o su detención arbitraria, y por los supuestos de violación de las normas establecidas en el Art. 24. El Estado tendrá derecho de repetición contra el juez o funcionario responsable”. 23. El Artículo 23 del Plan Nacional de Derechos Humanos dice: “Impulsar las reformas legales necesarias para el cumplimiento de los convenios, tratados y convenciones internacionales que atañen a los derechos de las mujeres, las que incluirán los medios procesales jurídico-administrativos y de apoyo que sean necesarios”. Sin embargo, son enormes los retos en torno a la vigencia de este derecho. Se requiere difundir de la manera más amplia y por los diversos medios y mecanismos de comunicación los instrumentos internacionales y nacionales para la aplicación de la justicia en torno al ejercicio pleno de los derechos humanos en general y los específicos de las mujeres y su justiciabilidad. Esto supone promocionar la conna turalidad de los derechos humanos a cada persona y de los específicos a todas las mujeres, a fin de impulsar su demanda, denuncia, exigibilidad y ejercicio. Sin duda alguna es necesario crear modelos interculturales de acceso a la jus ticia para las mujeres indígenas y afro descendientes que permitan el ejercicio de estas ciudadanas a una vida en paz. 2.4 Estado de Situación respecto del derecho a la salud Mandato específico en la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Mujeres2 4 y parte constitutiva del Pacto Interamericano de los Derechos Económicos sociales y Culturales (PIDESC)2 5, el derecho a la salud ha sido incorporado desde diversas ópticas tanto a la institucionalidad sectorial co mo al conjunto de reformas legales. La Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia constituye la acción es tatal más importante en materia de salud sexual y reproductiva para las mujeres y de atención a las niñas y niños menores de cinco años. Salvaguarda los principios constitucionales de universalidad y gratuidad2 6. Supone la política pública universal con mayor soporte económico para prevenir la muerte materna e integrar prestacio nes de salud que aseguren a las mujeres una vida sana promoviendo la integrali dad de sus derechos2 7. Como modelo de política pública universal, la Ley de Maternidad Gratuita inte gra los Comités de Gestión y los Comités de Usuarias como mecanismos de co rresponsabilidad pública y social en la vigencia y aplicación efectiva de la Ley. En el primer caso son los gobiernos locales, las áreas de salud y las organizaciones so ciales y de mujeres las llamadas a ser parte de la toma de decisiones y vigilancia de los recursos económicos de la Ley; en el segundo caso, son las mujeres las lla madas a trabajar en la vigilancia de la aplicación efectiva y con calidad de las pres t a c i o n e s . Si bien la Ley de Maternidad Gratuita constituye en sí misma una de las políti cas públicas a favor de las mujeres más integrales y completas y que con mayor 2 3 24. CEDAW. Art. 12. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera de la atención médica a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a servicios de atención médica, inclusive los que se refieren a la planificación de la familia. 25. A continuación se citan los artículos del PIDESC relativos al derecho a la salud. Artículo 3: Num.1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegu rar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto. Artículo 12: Num. 1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Num. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Artículo 14: Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria, se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de años fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos del PIDESC. 26. La sección cuarta del capítulo 4 del Título III de la Constitución Política del Ecuador expresa con respecto a los principios de universalidad y gratuidad: “Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia. Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los nece siten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los establecimientos públicos o privados. Art. 56.- Se establece el sistema nacional de seguridad social. La seguridad social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad y suficiencia, para la atención de las necesidades individuales y colectivas, en procura del bien común. Retrato de mujer ecuatoriana, 1870 éxito han calado en la vida de las mujeres, también es cierto que la salud de las mu jeres en todo su ciclo vital y no solo en su periodo reproductivo, así como las medi das para formar conciencia sobre la salud en tanto derecho, continúan siendo par te de la agenda pendiente en materia de salud. Las mujeres que han participado en los diferentes encuentros de construcción del Plan de Igualdad de Oportunidades señalaron reiteradamente la necesidad de conocer mejor la Ley de Maternidad Gratuita, ampliar coberturas, optimizar el acce so y la calidad de sus prestaciones así como garantizar la gratuidad. La Ley ocupa un lugar de referencia en cabeceras cantonales aunque sigue estando ausente del imaginario de las mujeres rurales y sus familias. Aún es poca la conciencia de país y en la población de que la buena salud de las mujeres está relacionada con su modo de vida el mismo que en un país enor memente empobrecido afecta con rigurosidad el bienestar de las mujeres. Son es tas las que asumen dobles y triples jornadas de trabajo, sujetas a presiones de pa reja, familiares, comunitarias, económicas e incluso violencia intrafamiliar; enormes cargas de trabajo en la provisión de insumos básicos para la preparación de alimen tos (energía en forma de leña o agua), además de las faenas de trabajo reproduc tivo. Mientras las mujeres asumen con mayor intensidad responsabilidades en la provisión de ingresos familiares, los hombres muy poco o nada asumen la corres ponsabilidad doméstica. “El 30% de la población ecuatoriana, la más empobrecida, está descubierta de atención institucional y mayoritariamente acude a medicina tradicional o casera, 8 de cada 10 personas no tiene ningún tipo de seguro de salud”2 8. Las mujeres pobres se adaptan a los ingresos bajos reduciendo su consumo de alimentos y retrasando su atención médica2 9. Es directamente proporcional la situación de pobreza con la dis minución del acceso de la población a servicios de salud; en el caso del país esta te sis debe alertar al Estado en torno a la realidad que viven las mujeres rurales. Es concomitante al deterioro de los servicios de salud y a la disminución de los recursos del Estado, el repunte del incremento de la tasa de mortalidad materna desde el año 1999, que alcanzó el 80 por cien mil nacidos vivos, frente a 63 por ca da cien mil nacidos vivos en 1994, de acuerdo con la información de Estadísticas Vitales del INEC. Según la Secretaría Técnica del Frente Social, STFS, más del 80% de las muer tes que ocurren en el país pueden ser evitadas con la aplicación de medidas de pre vención primaria y secundaria con los recursos que dispone el sector salud. Un indicador importante del grado y oportunidades de desarrollo de un país es el nivel de desnutrición de sus habitantes. La desnutrición es el resultado de la falta de alimentos, la persistencia de enfermedades comunes que se pueden prevenir, la atención deficiente y la falta de agua potable. El nivel nutricional de las mujeres en el país es deficiente, lo cual está directa mente relacionado con la mala situación del derecho a la alimentación y salud, y de 2 4 27. Las prestaciones de la LMGYAI son las siguientes: a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad para control prenatal y en las enfermedades de transmisión sexual, los esquemas básicos de tratamiento (excepto SIDA), atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, toxemia, hemorragia y sepsis del embarazo, parto y posparto, así como la dotación de sangre y hemo derivados. Dentro de los programas de salud sexual y reproductiva se cubre la detección oportuna del cáncer cérrico uterino y el acceso a métodos de regulación de la fecundidad, todos ellos según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública; y, b) Recién nacidos o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de edad: Se asegura la necesaria y oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad a los recién nacidos o nacidas y sanos o sanas, pre maturos - prematuras de bajo peso, y/o con patologías (asfixia perinatal, ictericia, sufrimiento fetal y sepsis), a los niños o niñas menores de cinco años en las enfer medades comprendidas en la estrategia de atención integral de las enfermedades prevalentes de la infancia (AIEPI) y, sus complicaciones, todo ello según normas vigentes del Ministerio de Salud Pública. 28. Informe Banco Interamericano de Desarrollo. Análisis sobre las brechas de género en Ecuador. Febrero 2003. Rosero, Rocío; Reyes Ariadna. 29. Banco Mundial. “Crisis, pobreza y servicios sociales” 1999. muestra los bajos niveles económicos y de cobertura básica de alimentación y nu trición. El hecho de que el 60% de mujeres embarazadas padezcan anemia resulta alarmante no solamente por su salud sino por la de los niños que nacerán, en la ma yoría de casos, con bajo peso3 0. A pesar de estas constataciones el Estado sigue invirtiendo poco en el sector: la salud básica y atención infantil tiene alrededor de un 0.55% del PIB3 1. 2.5 Estado de Situación respecto de los derechos sexuales y reproductivos A pesar de la prevalencia de una corriente estatal y de la sociedad civil cohe rente con las principales conquistas en materia de derechos sexuales y reproducti vos cuyas garantías están consagradas en los artículos 10 (literal h) y 12 de la CE DAW, en la Constitución de la República en los Artículos 39 y 23, numeral 25 así co mo en la ratificación del Programa de Acción de El Cairo, el proceso Beijing+10 y los artículos 25 y 26 del Plan Nacional de Derechos Humanos3 2, existen todavía ten dencias reaccionarias y contrarias a la ejecutabilidad de estos derechos que inten tan detener las conquistas conseguidas por el movimiento internacional de mujeres y la normativa jurídica internacional en materia de derechos humanos. Los derechos sexuales y reproductivos constituyen un conjunto de derechos articulados estrechamente a la autonomía de las mujeres y a su proceso de reco nocimiento como sujetos de derechos3 3. Desde esta óptica atraviesan el campo de la salud reproductiva y sexual y se instalan en la esfera de la libertad, la integridad y la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes. El conocimiento y apropiación de la primacía de los derechos sexuales y re productivos como derechos que sustentan las relaciones de equidad y autonomía en las relaciones de género permite ir construyendo cambios culturales favorables para el conjunto de la sociedad. El desplazamiento de la denominación de salud materno-infantil a salud sexual y reproductiva significó para las políticas públicas de género un importante paso pa ra dimensionar a las mujeres en el conjunto de sus derechos y no solo en su rol re 2 5 30. Varea Terán, José y Guayasamín, Oswaldo, Reflexiones pintadas, Quito, Diciembre 2000, p. 96. 31. Sostenibilidad Fiscal y Desarrollo Humano. Ecuador, 1970.2010. UNDP – UNICEF. Quito, febrero de 2003. 32. El Art. 25 del Plan Nacional de Derechos Humanos dice así: “Garantizar el derecho a las personas a no ser discriminadas en razón de su opción sexual, creando a través de leyes y reglamentos no discriminatorios, que faciliten las demandas sociales, económicas, culturales de esas personas” . Por su parte el Art. 26 del Plan establece la obligación de: “Velar porque los mecanismos y agentes de seguridad del Estado no ejecuten acciones de persecución y hostigamiento a las personas por sus opciones sexuales”. 33. Los derechos sexuales y reproductivos abarcan una amplia gama de derechos: el derecho a la vida, que incluye el derecho a no morir por causas evitables relacionadas con el parto y el embarazo; el derecho a la salud que incluye el derecho a la salud reproductiva; el derecho a la libertad, seguridad, e integridad personales, que incluye el derecho a no ser sometida a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a estar libre de violencia basada en el sexo y el género y el derecho a vivir libre de la explotación sexual; el derecho a decidir el número e intervalo de hijos que incluye el derecho mujeres a decidir sobre cuestiones relativas a su función reproductora en igualdad y sin discriminación, el derecho a contraer o no matrimonio, el derecho a disolver el matrimonio y el derecho a tener capacidad y edad para prestar el consentimiento para contraer matrimonio y fundar una familia; el derecho al empleo y la seguridad social que incluye el derecho a la protección legal de la maternidad en materia laboral, el derecho a trabajar en un ambiente libre de acoso sexual, el derecho a no ser discriminada por embarazo, el derecho a no ser despedi da por causa de embarazo, el derecho a la protección de la maternidad en materia laboral y el derecho a no sufrir discriminaciones labores por embarazo o maternidad; el derecho a la educación que incluye el derecho a la educación sexual y reproductiva, el derecho a la no discriminación en el ejercicio y disfrute de este derecho; el derecho a la información adecuada y oportuna, que incluye el derecho de toda persona a que se le de información clara sobre su estado de salud, el derecho a ser infor mada sobre sus derechos y responsabilidades en materia de sexualidad y reproducción y acerca de los beneficios, riesgos y efectividad de los métodos de regulación de la fecundidad y sobre las implicaciones de un embarazo para cada caso particular; el derecho a modificar las costumbres discriminatorias contra la mujer, que incluye el derecho a modificar las costumbres que perjudican la salud reproductiva de las mujeres y las niñas; el derecho a disfrutar del progreso científico y a dar o no su con sentimiento para ser objeto de experimentación, que incluye el derecho a disfrutar del progreso científico en el área de la reproducción humana, el derecho a no ser objeto de experimentación en el área de la reproducción humana, la autonomía reproductiva y el derecho a realizar un plan de procreación con asistencia médica o de una partera reconocida, en un hospital o en un ambiente alternativo; el derecho a la intimidad que incluye el derecho de toda mujer a decidir libremente y sin interferen cias arbitrarias, sobre sus funciones reproductivas; el derecho a la igualdad y a la no discriminación que incluye el derecho a la no discriminación en la esfera de la vida y salud reproductiva; el derecho al matrimonio y a fundar una familia, que incluye el derecho de las el derecho de las mujeres a decidir sobre cuestiones relativas a su fun ción reproductora en igualdad y sin discriminación, el derecho a contraer o no matrimonio, el derecho a disolver el matrimonio, el derecho a tener capacidad y edad para prestar el consentimiento para contraer matrimonio y fundar una familia. Texto citado de “Políticas Públicas para la Protección Integral de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres en el Ecuador” Tesis de Maestría. Rocío Rosero Garcés. Diploma Superior en Derechos Humanos y Democracia. MENCION SOCIEDAD Y DERECHOS HUMANOS. Facultad de Jurisprudencia. Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Quito. Octubre de 2002. productivo. De hecho, la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia integra a más de la atención del embarazo, parto y puerperio, un conjunto de prestaciones que permiten a las mujeres acceder a la planificación familiar, sexualidad sana y se gura, prevención del cáncer cérvico uterino, atención médico legal en caso de vio lencia intrafamiliar y/o de género. Sin embargo una visión exclusivamente médica y de salud respecto a los de rechos sexuales y reproductivos limita sus potencialidades. Si bien esta visión es parte constitutiva de los derechos sexuales y reproductivos, no la agota. El país ha avanzado en materia de educación en el diseño del Plan Nacional de la Salud Sexual y el Amor (PLANESA, 2000) así como en la divulgación del Acuer do Ministerial 4708 y su reforma contenida en el artículo 3393 para prevenir y san cionar los delitos sexuales en el ámbito educativo. En ambos casos supone comprender que la salud sexual de las mujeres, ni ñas y adolescentes debe ser protegida y fomentada por el Estado en todos los sec tores de políticas sociales y que la vulneración a la misma son delitos. La naturalización de la sociedad del acoso, el abuso y los delitos sexuales con tra las mujeres, las niñas(os) y adolescentes es la violación más flagrante de los de rechos humanos. Es la alteración o conculcación de proyectos de vida individuales que suman en la construcción de sociedades excluyentes, dramáticamente discri minatorias y deshumanizantes. Con preocupación, el proceso de consulta para la construcción del presente Plan de Igualdad de Oportunidades posicionó la explotación sexual de niñas y ado lescentes como una problemática altamente creciente así como el embarazo en adolescentes. El CONAMU junto con el Ministerio de Gobierno, Cancillería, Ministe rio de Bienestar Social, Consejo Nacional de la Niñez y UNICEF ha venido desarro llando todas las estrategias posibles para comprender la complejidad de los siste mas de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes tanto de modo comercial como en condiciones de servilismo; visibilizar la diversidad étnico-cultural y etaria de dicha explotación; determinar las reformas al Código Penal que permitan sancionar la demanda y eliminar la oferta así como precautelar la vida e integridad de las ni ñas, niños y adolescentes. Por otra parte, el abuso consuetudinario al que son sujetas las mujeres adul tas trabajadoras sexuales tanto por parte de las fuerzas de policía estatales como de empleadores y clientes es una problemática a tener en cuenta. En este sentido, el Estado ecuatoriano ya prioriza la erradicación de la explo tación sexual de niños, niñas y adolescentes y la trata y tráfico de personas como una política de Estado. Sin embargo para el CONAMU, dichas políticas e incluso las reformas legislativas no serán apropiadas sino incluyen un enfoque de género y de protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres, niñas(os) y ado lescentes como sustento de la acción. Requerimos restituir los derechos que han si do conculcados a las personas en explotación y evitar su doble victimización. En el campo de las reformas legislativas y de la construcción de una cultura no discriminatoria aún son muchos los nudos que quedan por resolver. Una visión exclusivamente moralista de los derechos sexuales y reproductivos que castiga la li bertad y la igualdad como principios éticos de las relaciones de género se han im puesto en los procesos de reforma legal y vetado la Ley de Salud Sexual y Repro ductiva, demorando el proceso de reforma de la legislación en familia, limitando las reformas penales; discriminando la homosexualidad femenina y masculina y repro duciendo comportamientos homofóbicos. 2 6 Mujer indígena de Zámbiza, 1870. Fotógrafo Va r g a s . Finalmente, otro punto esencial de debate en los mecanismos de consulta im plementados es el incremento del embarazo adolescente y la falta de oportunida des para las mujeres y hombres jóvenes que reproducen inercialmente comporta mientos de exclusión y discriminación, superficialidad respecto a sus relaciones de afecto y su sexualidad. La sociedad y el Estado expulsa a las adolescentes emba razadas de sus colegios y familias, es carente de encontrar respuestas conjuntas para construir una cultura de corresponsabilidad, equidad y libertad entre hombres y mujeres en la sexualidad y en el amor. Para las mujeres en edad reproductiva constituye el mayor reto lograr una co rresponsabilidad total de los hombres en la decisión de los métodos de planifica ción familiar, en el cuidado de la salud sexual de las mujeres y en el trabajo repro d u c t i v o . 3. Promoción y protección de los derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad de vida y autonomía Constituye una constatación lamentable el hecho de que los derechos cultura les e interculturales siguen siendo los menos desarrollados en el conjunto de las po líticas públicas estatales. A pesar del salto cualitativo que significa su reconocimien to en la Constitución Política del Ecuador, su promoción y ejecutabilidad aún son enormemente débiles y circunscritas al ámbito del patrimonio cultural y la consulta. Desde nuestro entendimiento, tanto los derechos culturales como el derecho a la educación, a la calidad de vida y la autonomía configuran un núcleo de dere chos enormemente potentes para incidir en cambios cualitativos a favor de las mu jeres, niñas y adolescentes. Si partimos de la educación como un derecho social básico que viabiliza el acceso al conjunto de derechos sociales, económicos y cul turales, y, complejizamos su comprensión desde una perspectiva de género, nos damos cuenta de que los derechos a la libertad, identidad, expresión, conocimien to y su uso, espiritualidad, cosmovisión, patrimonio (lingüístico, de creación, sabe res, memoria histórica), arte y estética, salvaguarda de modos institucionales pro pios, son consustanciales a la autonomía y a la calidad educativa y de vida de las mujeres, niñas y adolescentes. Teniendo como base esta propuesta, en conjunto con las organizaciones de muje res se definieron tres áreas prioritarias de acción: • Derecho a la educación • Derecho a la calidad de vida y la autonomía • Derechos culturales e interculturales Estado de Situación Respecto al derecho a la educación es importante destacar que existen muy pocas diferencias en el acceso de niñas y niños a la escuela3 4 pero aún siguen sien do significativas las brechas en torno a su permanencia en el sistema educativo en 2 7 ambientes seguros, libres de discriminación y con oportunidades de desarrollo en igualdad de condiciones y calidad. Por otra parte, los datos estadísticos nacionales no nos permiten ver con pro fundidad las desigualdades ocultas tras la diversidad. Al desagregar el indicador por lengua y etnia, se puede observar una situación desfavorable para las mujeres jóvenes especialmente en la educación secundaria: para el 20033 5 por cada 100 hombres asistían 88 mujeres de habla nativa y de áreas rurales; relación similar se presenta en la educación superior (92 mujeres por cada 100 hombres)3 6. Tal como mencionamos anteriormente, si bien el indicador demuestra un ac ceso casi igualitario de niñas y niños a la educación primaria, éste no permite visi bilizar el grado de permanencia de las niñas en el sistema educativo, variable esen cial en la definición de políticas y programas proEquidad. Los estudios longitudina les de pobreza demuestran claramente el vínculo existente entre la permanencia de las niñas en la escuela y el mejoramiento de la calidad de vida futura. Dicha perma nencia está estrechamente articulada con la capacidad del sistema de responder de modo significativo y seguro a la formación de las niñas y adolescentes en sus entornos sociales, afectivos, económicos y comunitarios. Un ambiente de riesgo por cualquier tipo de discriminación (de género, clase o etnia), violencia o delito, acaba con sus proyectos de vida y las oportunidades de desarrollo que le corresponden. La deserción escolar tanto en el ciclo básico como en el ciclo medio incide posteriormente en las oportunidades de inserción laboral exitosa de las jóvenes en mercados de trabajo tradicionales y no tradicionales así como en su empodera miento para exigir de sus entornos afectivos, culturales, laborales y comunitarios un trato igualitario, libre de violencia y con suficientes garantías de desarrollo. Razones de la no matricula de las niñas y adolescentes así como de su deser ción, están asociadas a factores de discriminación de género, especialmente al ser obligadas a asumir el cuidado de hermanos(as) menores y personas mayores miembros de la familia (13% para las niñas y 0.8% para los niños), según los datos del Sistema de Encuestas de Hogares módulo empleo del 2003. El embarazo adolescente (9%) o simplemente la prohibición de continuar en estudios superiores por carencia económica, 48% por falta de recursos económicos y 16% por trabajo (mientras que para los hombres significa el 47% y 29% respecti vamente) son factores determinantes al momento de formular y construir políticas públicas encaminadas a frenar la deserción. La educación de género y la educación sexual y para el amor constituyen piezas claves del andamiaje del proceso de refor ma curricular o formulación de currículos participativos donde se propicien cambios culturales a favor de la equidad. Por otra parte, la existencia del Acuerdo Ministerial 3393 para la sanción de los delitos sexuales en el ámbito educativo es una muestra de la increíble incidencia de este tipo de delitos en la vida de las niñas, niños y ado l e s c e n t e s . Siendo así, la preocupación esencial es la de garantizar no solo la matrícula si no la permanencia de las niñas en la educación básica y media, así como mejorar su acceso a los niveles superiores formativos tanto técnicos, tecnológicos, universi 2 8 34. En el año 1990 asistían 97 niñas por cada 100 niños, para el 2000 por cada 100 niños 99 niñas asistían a la escuela y para el 2004 por cada 100 niños lo hacían 97 niñas. En el nivel secundario para el año 2000 existía una situación favorable para las mujeres (105 niñas por 100 niños) mientras que en el 2004 esta relación es a uno a uno (100 niñas por cada 100 niños). (Citado del informe de metas del milenio. Objetivo 3. COMAMU. 2004) 35. SIISE- INEC, Sistema Integrado de encuestas de Hogares. 36. Los resultados se sustentan con las tendencias que arroja el Censo de población y vivienda del 2001. tarios y ocupacionales. Este vínculo nos permite ver cuán significativa es la educa ción y el ejercicio de los derechos culturales en las opciones de autonomía y cali dad de vida futura de las mujeres y sus familias. Un adecuado vínculo en este sentido nos permitirá en el futuro revertir las es tadísticas ocupacionales de las mujeres, quienes al momento se ubican mayorita riamente en el área de servicios3 7 (sobre el 50%) especialmente en el servicio do méstico 95%, servicios sociales y de salud 65%, hoteles y restaurantes 64%, ense ñanza 63% y servicios comunitarios y personales 59%. Estos datos demuestran que las mujeres generalmente acceden a ocupaciones menos valoradas social y econó micamente y por tanto de menor remuneración, aún cuando sus niveles de educa ción sean similares o superiores a los hombres, existiendo por tanto una segrega ción laboral y una discriminación salarial. Según el documento realizado por el CONAMU para el Informe País sobre el estado de situación de los objetivos propuestos por Naciones Unidas para alcanzar las metas del milenio, la proporción de mujeres mayores de 15 años perceptoras de ingresos del trabajo es del 34.55% en el 2000 y 35.54 en el 2004, mientras que pa ra los hombres es del 72% y 70% respectivamente,3 8 es decir, que para el año 2000 por cada 100 hombres que perciben ingresos existen 52 mujeres, situación similar presenta el 2004. Esto nos demuestra que existe una brecha de género en la auto nomía económica , es decir, la proporción en que deben aumentar las mujeres per ceptoras de ingresos para estar en igualdad con los hombres. Pero si la autonomía económica es importante lo es aún más la autonomía es tructural de las mujeres. El sistema tutelar que tanto el Estado como la Iglesia y la familia imponen sobre las niñas, adolescentes y mujeres así como una sociedad profundamente patriarcal reproducen, no solo social sino culturalmente, modos de comportamiento de profunda dependencia afectiva, relacional, económica y jurídi ca de las mujeres, niñas y adolescentes hacia patrones jerárquicos y de poder no legítimos. Dicha dependencia en el sistema de reproducción simbólica y material de las familias fácilmente se convierten en sistemas de opresión y servilismo. A diferencia de la autonomía económica como perceptoras de ingresos la au tonomía estructural de las mujeres justamente será la que permitirá que esos ingre sos sean decididos, administrados y controlados por ellas. Es quizá en este contexto donde los derechos culturales e interculturales ad quieren mayor importancia. La identidad de género pero también de pertenencia ét nica, etaria y de clase; el derecho a la libertad y la libre expresión; al conocimiento y su uso; al patrimonio cultural y al legado histórico de las mujeres; a las expresio nes culturales y del arte y la estética femenina; al desarrollo de la espiritualidad y las cosmovisiones; la igualdad de estas comprensiones hacia las del sistema dominan te constituyen motores invaluables de la autonomía estructural de las mujeres y fuente inagotable de relaciones en igualdad de condiciones con los hombres. Por otra parte, el conjunto de derechos colectivos consagrados en la Constitu ción de la República3 9 proponen un pacto renovado de entendimiento entre los pue blos indígenas y las comunidades negras y el Estado. Este conjunto de derechos, además, propone también un entendimiento distinto entre los miembros hombres y 2 9 37. SIISE- INEC, Sistema Integrado de encuestas de Hogares, Módulo Empleo, noviembre 2003. 38. La autonomía económica de las mujeres, es decir, la capacidad de generar ingresos propios juega un papel fundamental en la capacidad de negociación y toma de decisiones sobre distintos aspectos de su vida. La capacidad de generar ingresos propios está basada en las oportunidades para acceder al mercado de trabajo o para obtener rentas como propietaria de capital. (CEPAL). mujeres de dichas comunidades. El reconocimiento de los derechos colectivos con lleva el reconocimiento del conjunto de derechos que hombres y mujeres requieren para su desarrollo y bienestar en los ámbitos culturales de los cuáles dependen, es también una responsabilidad intrínseca para los pueblos y comarcas. Por otra par te, si el Estado y la sociedad ecuatoriana mantienen una deuda enorme con los pue blos indígenas y las comunidades afrodescendientes, esta es mayor aún con las ni ñas, niños y mujeres de dichas comunidades. Cuando nos aclaramos en las fuentes de la doble y triple discriminación que afectan a las mujeres, niñas y adolescentes indígenas y de comunidades afrodes cendientes, podemos decidir con mayor coherencia la importancia de relevar políti cas públicas encaminadas a mejorar la calidad de vida, la autonomía, la educación y los derechos culturales e interculturales de estas poblaciones desde un enfoque integrador que puede estar dado por su mayor presencia en las zonas rurales del p a í s . Ejemplo de esta discriminación en el analfabetismo femenino. Los datos de muestran un mayor nivel entre la población femenina rural de habla nativa y mayo res de 65 años. Mientras la relación entre las tasas de alfabetización de mujeres y hombres en edades comprendidas entre 15 y 24 años para 1990 era del 98.8%, en el año 2000 era del 100.1% y para el 2004 del 100.4% a nivel nacional, al desagre gar este indicador por lengua existe una situación de inequidad con respecto a las mujeres (89.3% en el 2001). A medida que avanza la edad el alfabetismo de las mu jeres disminuye especialmente en la población rural en donde la tasa de analfabe tismo de las mayores de 65 años es del 62%. Propiciar cambios culturales a favor de la democracia genérica y la equidad, atraviesa el conjunto de derechos a los que hemos hecho referencia, pero también la necesidad de abordar políticas que conviertan en aliados de estos cambios a ins tituciones terriblemente complejas como los medios de comunicación y los siste mas recreativos. Requerimos medios de comunicación, aliados en la erradicación de la violen cia, promotores de nuevos sentidos sociales y culturales, y, por tanto, de discursos nuevos, especialmente para las jóvenes y los jóvenes. Un sistema societal que no considere el poder y las fortalezas de las instituciones comunicológicas y recreati vas para los cambios necesarios a favor de poblaciones en desventaja, jamás po drá avanzar hacia la equidad. 3 0 Retrato de Angela Caamaño, 1880. Fotógrafo M. Aloppe. 39. Art. 83.- Los pueblos indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales, y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecu atoriano, único e indivisible. Art. 84.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos indígenas, de conformidad con esta Constitución y la ley, el respeto al orden público y a los derechos humanos, los siguientes derechos colectivos: 1. Mantener, desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones en lo espiritual, cultural, lingüístico, social, político y económico; 2. Conservar la propiedad imprescriptible de las tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables e indivisibles, salvo la facultad del Estado para declarar su utilidad pública. Estas tierras estarán exentas del pago del impuesto predial; 3. Mantener la posesión ancestral de las tierras comunitarias y a obtener su adjudicación gratuita, conforme a la ley; 4. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que se hallen en sus tier ras; 5. Ser consultados sobre planes y programas de prospección y explotación de recursos no renovables que se hallen en sus tierras y que puedan afectarlos ambi ental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten, en cuanto sea posible y recibir indemnizaciones por los perjuicios socio-ambientales que les causen; 6. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural; 7. Conservar y desarrollar sus formas tradicionales de convivencia y organización social, de generación y ejercicio de la autoridad; 8. A no ser desplazados, como pueblos, de sus tierras; 9. A la propiedad intelectual colec tiva de sus conocimientos ancestrales; a su valoración, uso y desarrollo conforme a la ley; 10. Mantener, desarrollar y administrar su patrimonio cultural e histórico; 11. Acceder a una educación de calidad. Contar con el sistema de educación intercultural bilingüe; 12. A sus sistemas, conocimientos y prácticas de medicina tradicional, incluido el derecho a la protección de los lugares rituales y sagrados, plantas, animales, minerales y ecosistemas de interés vital desde el punto de vista de aquella; 13. Formular prioridades en planes y proyectos para el desarrollo y mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales; y a un adecuado financiamiento del Estado; 14. Participar, mediante representantes, en los organismos oficiales que determine la ley; 15. Usar símbolos y emblemas que los identifiquen. Art. 85.- El Estado reconocerá y garantizará a los pueblos negros o afroecuatorianos, los derechos determinados en el artículo anterior, en todo aquello que les sea aplicable. 4. Promoción y protección de los derechos económicos, ambientales, trabajo y acce so a recursos financieros y no financieros La persistencia de diversas expresiones de las desigualdades entre los géne ros alude directamente a la capacidad del Estado ecuatoriano de incorporar plena mente a las mujeres, adolescentes y niñas a los beneficios del desarrollo, la econo mía y la gobernabilidad democrática. Los indicadores de acceso al mercado labo ral así como de composición de la población económicamente activa, autonomía económica de las mujeres y brechas salariales nos demuestran la necesidad de acelerar medidas estatales tendientes a reducir las brechas económicas entre mu jeres y hombres. Con el enorme empobrecimiento de la población las mujeres, niñas, niños y adolescentes sufren los mayores impactos. Esta realidad unida a la exacerbada ine quidad en la distribución de la riqueza social generada por el país amenaza seria mente las oportunidades de vida, y, por tanto, de bienestar de desarrollo de las mu jeres y sus familias. Esta afirmación debe llamar la atención sobre la vinculación de la situación y condición de empobrecimiento de las mujeres y sus hijos(as) con los determinan tes ambientales, infraestructurales y de acceso al mercado y al sistema estatal de servicios. El estado de situación del país en relación a la inclusión de las mujeres a la vi da democrática, demuestra la necesidad de garantizar la igualdad de oportunida des en el acceso a bienes y servicios -especialmente los servicios sociales- la auto nomía económica y el impulso a la participación laboral, así como a todas las ins tancias de la toma de decisiones del Estado como requisitos básicos de su ciuda danización. Las organizaciones mujeres priorizaron en este subsistema de derechos, las si guientes líneas: • Derechos económicos • Derechos ambientales • Derechos al trabajo • Derecho al acceso de los recursos financieros y no financieros 4.1 Estado de Situación de los Derechos Económicos4 0 Los derechos económicos de los ecuatorianos y las ecuatorianas adquieren una vigencia específica y profunda en el contexto actual de globalización económi ca, ajuste fiscal y liberalización comercial, y, en la persistencia y crecimiento de fe nómenos como la pobreza e indigencia, la concentración de la riqueza, el desem pleo y subempleo, la informalidad y la migración. Más de dos décadas de Ajuste Estructural y de políticas económicas orienta das al mejoramiento de los principales agregados macroeconómicos y al cumpli miento del pago de la deuda externa han tenido resultados poco favorables en el 3 1 40. Texto elaborado por Amparo Armas, enero 2005. mejoramiento de las condiciones de vida de la población y en la protección de sus derechos económicos. Según el Banco Mundial4 1, 5.2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas viven en la pobreza, medida por el consumo, lo que refleja que las condiciones para el cumplimiento del artículo 11 del Pacto Internacional de los De rechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) referido al “derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, ves tido y vivienda adecuados” están siendo seriamente amenazadas para la mayoría de la población. En el Ecuador no se evidencia un proceso sostenido de reducción de la po breza en los últimos treinta años (SIISE/STFS, 2003). Las tendencias de crecimien to o reducción de la pobreza en nuestro país han estado sujetas a los ciclos de cri sis y recuperación económica, frente a la ausencia de una política o estrategia pú blica integral dirigida a combatir la pobreza y sus causas estructurales. A diferencia de la mayoría de países de América Latina que han mantenido su tasa de desigual dad o la han reducido en la última década (CEPA L, IPEA y PNUD, 2003), en el ca so de Ecuador la concentración de la riqueza en los grupos de mayor ingreso ha aumentado en la última década de manera permanente: el coeficiente de Gini para los ingresos subió de un valor de 0,46 en el año 1990 a un valor de 0,62 en el año 2 0 0 1 . Mientras el pago de la deuda pública externa e interna absorbe alrededor de un 40% del Presupuesto del Estado ecuatoriano, el gasto social en el Ecuador pre senta en las dos últimas décadas un comportamiento bastante errático, y aunque presenta un crecimiento entre 1990 y 1999, el incremento de alrededor del 20% es tá muy por debajo del promedio de crecimiento de los países latinoamericanos, que es del 50% (STFS, 2003). La política social presenta un mejoramiento de algunos indicadores de servi cios básicos, sin embargo no ha llegado a metas significativas de acceso y calidad, y persisten fuertes deficiencias especialmente en relación a coberturas de sanea miento y seguridad social. En estas condiciones, las mujeres se constituyen en “un factor oculto de equilibrio para absorber los shocks de los programas de ajuste de la economía intensificando el trabajo doméstico para compensar la disminución de los servicios sociales por la caída del gasto público”4 2. Si bien en los últimos años, después de la crisis de 1999, el Producto Interno Bruto experimenta una recuperación, se advierte sobre la necesidad de tener en cuenta el crecimiento de los diferentes sectores económicos, dentro de los cuales las actividades económicas generadoras de valor aún mantienen un nivel recesivo. La tendencia de inserción de nuestro país en la economía global se caracteriza por un proceso de “reprimarización modernizada y flexible” de la economía “acompa ñada de una desindustrialización relativa y de una terciarización, signada especial mente por la informalización de amplios sectores de la población”4 3. Los procesos señalados no sólo deben preocupar en relación a la volatilidad que imprimen a la economía ecuatoriana, sino que deben visibilizarse y prevenirse sus impactos en un deterioro de las condiciones de vida de la población y en la con culcación de sus derechos económicos. La alta dependencia del país de productos 3 2 41. Banco mundial, La pobreza en el Ecuador, 2004. 42. Virginia Guzmán, Rosalba Todaro, Apuntes sobre género en la economía global, Género en la economía, Ediciones de las Mujeres No. 32, Centro de Estudios de la Mujer, ISIS Internacional, diciembre 2001. 43. Alberto Acosta, “La Deuda externa de América Latina: origen, evolución y alternativas de solución”, En: Ecuador Debate No.45. primarios de exportación, de no mantenerse políticas orientadas a un desarrollo sus tentable, puede poner en peligro las fuentes de alimentación de los ecuatorianos y ecuatorianas, como se advierte en el caso de las poblaciones costeras y amazóni cas, en el caso de la extracción de camarón y petróleo respectivamente. El deterio ro de los recursos naturales y ambientales afecta en mayor proporción a las muje res, quienes enfrentan de forma progresiva mayores dificultades para su reproduc ción y la de sus familias. 4.2 Estado de Situación del Derecho al Trabajo La tendencia mundial de una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha sido diferente en el Ecuador. La PEA femenina ha aumentado pro gresivamente en las dos últimas décadas pasando de representar el 21% del total de la PEA en 1982, al 26,4% en 1990 y al 30,4% en el año 2001. Este proceso, sin embargo, no ha tenido su correlato en el mejoramiento de las oportunidades y condiciones de empleo para las mujeres y en la disminución de las brechas de ingreso entre hombres y mujeres: “El desempleo de las mujeres cre ció de 9.1% en 1990 a 16% en 2001, frente al de los hombres, de 4.3% en 1990 a 7.2% en 2001. Esta brecha se intensificó durante los años de mayor severidad de la c r i s i s ”4 4. De acuerdo a la misma fuente, “el ingreso promedio de las mujeres equi vale al 66% del ingreso percibido por los hombres” y “El 34% de la PEA femenina no es remunerada frente al 17% de la PEA masculina”. En el primer caso, más de la mitad de las mujeres que están en esta situación están entre los 25 y 60 años, mien tras que en el caso de los hombres esta situación parece presentarse más bien por factores de edad, ya que la mayoría (75%) son niños y jóvenes entre 10 y 24 años. La forma y acceso de las mujeres al mercado de trabajo están marcados en general por prácticas sexistas, pero además incide en la ocupación de las mujeres en actividades de baja productividad la desigualdad de condiciones en materia educativa y de formación profesional: un 10% de la Población Económicamente Ac tiva (PEA) femenina del Ecuador no tiene ningún nivel de instrucción, el 29% tiene instrucción secundaria y solamente el 16% ha cursado el nivel superior (ECV/99-SII SE). Las mujeres indígenas y negras tienen las menores oportunidades de educa ción y formación, pero además son discriminadas por su condición étnica. Las tendencias de desregulación del mercado laboral, de los cuales el Ecua dor es considerado como un modelo paradigmático en la Región4 5, profundizan las condiciones de precariedad en que se insertan las mujeres laboralmente. La nece sidad de compatibilizar el trabajo reproductivo con el trabajo remunerado hace que las mujeres acepten con mayor facilidad que los hombres trabajos de peor calidad, con menor protección laboral y de seguridad social a cambio de flexibilidad4 6. El debilitamiento de los derechos laborales de la población y de las mujeres en particular no se expresa solamente en la disminución de las oportunidades de em pleo y la reducción de costos vía salarios bajos e inequitativos, sino también en las características de inestabilidad, intensidad y riesgos para su salud y seguridad. “ También muestra un menosprecio cada vez mayor por el trabajo del hogar, espe cialmente el cuidado de los hijos”4 7. Aunque los procesos de apertura comercial y 3 3 44. Alison Vásconez, “Mujeres, Mercado Laboral y Trabajo Precario en Ecuador”, Mimeo, FLACSO, 2004. 45. OIT, Crecimiento, Competitividad y Empleo en los países andinos, Noviembre 2004, p.3. 46. Guzmán y Todaro, 2001. desregulación de mercados inician en el Ecuador a finales de la década de los 80, en el proceso actual de negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tratándose del mayor socio comercial del Ecuador, se advierten cambios significativos en materia productiva y económica con incidencias contrapuestas en el empleo en general y en el empleo de las mujeres en particular. Las experiencias de otros países latinoamericanos previenen sobre la necesi dad de una participación permanente de las mujeres en las decisiones de inserción del país en la economía internacional, el establecimiento de cláusulas de protección que favorezcan las oportunidades y condiciones de empleo para las mujeres y ga ranticen su protección social, de suscribirse este Tratado; así como, el monitoreo permanente de los impactos de la liberalización comercial sobre las mujeres4 8. Los Convenios Internacionales 100, 102 y 111 de la OIT4 9, la CEDAW (Art. 11), el PIDESC (Arts. 6, 7 y 10) configuran el marco jurídico internacional que compro mete al país a eliminar la discriminación de género en materia laboral y garantizar las condiciones de seguridad social de manera equitativa. La actual Constitución Política (Art.36) así como la Ley de Amparo Laboral, promulgada en 1997, han sido reconocidas por Organismos Internacionales como avances relevantes en materia jurídica en relación al derecho al trabajo de las mujeres. Sin embargo, frente a la bre cha existente entre los contenidos de los instrumentos jurídicos señalados y la rea lidad laboral de las mujeres ecuatorianas, el Comité de Derechos Económicos, So ciales y Culturales sobre países de América Latina y El Caribe, en su 29a. sesión ce lebrada en mayo del 2004, manifestó su preocupación “por la desigualdad de fac to que existe entre los hombres y las mujeres en la sociedad ecuatoriana… debido a la perpetuación de los estereotipos tradicionales y a la falta de aplicación de las garantías legislativas de igualdad”5 0. Para el Comité, esa desigualdad se refleja en “la desigual remuneración por trabajo de igual valor, el alto porcentaje de analfabetismo entre las mujeres (en par ticular en las zonas rurales), el bajo nivel de representación de las mujeres en los cargos públicos y la administración pública, y el limitado acceso al crédito, el traba jo profesional y los oficios especializados”, frente a lo cual se exhorta al país, como Estado Parte del PIDESC, a adoptar todas las medidas necesarias para revertir es ta condición y garantizar la igualdad de hombres y mujeres en todas las esferas de la vida, particularmente en la esfera laboral. Un gran desafío pendiente para el Estado Ecuatoriano en materia de equidad de género está en el reconocimiento y valoración del trabajo que realizan las muje res en la reproducción y el cuidado de niños/as, personas con discapacidad y per sonas de la tercera edad, el cual tiene cada vez mayor extensión, frente a la desa tención de servicios sociales por parte del Estado. Mientras el trabajo reproductivo no sea valorado y asumido socialmente, se perpetuará la desigualdad de condicio nes de las mujeres para su ingreso al mercado laboral, y, por tanto, la conculcación de su derecho al trabajo. 3 4 47. Spanish New, Desarrollo Humano y Comercio, s/f. 48. Isabel Castrillo, Coral Pey, Marilu Trautmann, Alma Espino, “Género y Area de Libre Comercio de las Américas-ALCA”. 49. Convenio 100: “Igualdad de Remuneración de la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un trabajo de igual Valor”; Convenio 102: “Norma Mínima de la Seguridad Social”; Convenio 111: “Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación”. 50. PNUD, OHCHR, Compilación de Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre países de América Latina y el Caribe, (1989 2004). 4.3 Estado de Situación sobre el Acceso a Recursos Financieros y no financieros Los esfuerzos realizados por mejorar el acceso de las mujeres a recursos fi nancieros han derivado principalmente de Programas no gubernamentales, y resul tan por tanto insuficientes para conseguir cambios significativos en el acceso equi tativo de mujeres y hombres al crédito. Las condiciones de acceso al crédito en el Sistema Financiero privado y público no toman en cuenta las diferencias de género en cuanto a capacidad patrimonial y de generación de ingresos, por lo tanto las mu jeres acceden menos o deben realizar mayores esfuerzos para cumplir con las obli gaciones financieras. Aun en los estratos socio económicos medios, las mujeres enfrentan condicio nes de desigualdad en el acceso a recursos financieros. De acuerdo a las estadís ticas, las mujeres han accedido en menor medida que los hombres al crédito y cuando lo hacen los montos son bastante menores a los que solicitan y reciben los hombres: Del total de empresarios/as informales (empresas de menos de 5 traba jadores) que acceden al crédito, un 38% eran mujeres y el 62% hombres; el monto total recibido por las mujeres representa alrededor de una quinta parte del monto recibido por los hombres (ECV, 1999). El acceso a recursos financieros para las mujeres de hogares pobres es aún mucho más limitado. Para las mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Huma no en Machala y Coca5 1 la principal razón para no acceder al crédito es el alto inte rés que se exige, frente al cual no pueden responder en sus condiciones de pobre za. Como se sabe “el acceso a recursos instrumentales, como el crédito o la pro piedad de la tierra (León y Deere, 2000), pueden ser determinantes en superar la ex clusión de las mujeres y brindarles oportunidades para salir de la pobreza”5 2. Sin embargo existen otros factores que dificultan el acceso al crédito, como la concen tración de los servicios financieros en las ciudades grandes, la poca diversificación de instituciones financieras y modalidades de crédito que den cuenta de la realidad social y productiva de la población y en particular de las mujeres. El Programa Crédito Productivo Solidario, administrado por el Programa de Protección Social (MBS), es la primera iniciativa pública de cobertura nacional que busca promover el acceso al crédito por parte de mujeres de hogares pobres acom pañado de procesos de capacitación y asistencia técnica, en el marco de una es trategia más integral de Desarrollo Humano; sin embargo, el Programa ha tenido poca capacidad de ejecución y ha encontrado limitaciones en las posibilidades de intermediación financiera en los niveles locales, llegando a cumplirse en el año 2003 un porcentaje muy bajo del planificado: se otorgaron alrededor de 8.000 créditos de 30.000 que se establecieron como meta. Los hogares en pobreza y extrema pobreza con jefatura femenina no sólo tie nen menos miembros perceptores de ingresos, sino también menores oportunida des de contar con un patrimonio familiar, muchas mujeres del área rural ni siquiera cuentan con cédula de identidad, lo que las vuelve incapacitadas legalmente para realizar cualquier tipo de contrato de compra o venta y por tanto altamente depen dientes de sus cónyuges o familiares hombres y por tanto altamente vulnerables frente a cambios en su situación familiar. 3 5 51. Talleres locales de evaluación del BDH desde la perspectiva de género, Abril-Mayo 2004. 52. Sonia Montaño, El Capital Social en la dimensión de género, s/f. 3 6 El acceso a recursos como la propiedad de la tierra y el agua en las zonas ru rales del país se vuelven consustánciales a un nivel de vida adecuado. En el área rural del Ecuador los hogares más pobres (quintiles 1 y 2) en su mayoría no dispo nen de tierras para dedicarlas a actividades agropecuarias, pero son más los hoga res con jefatura femenina que los hogares con jefatura masculina los que están en esta condición: mientras el 37% de hogares con jefatura masculina poseen tierras, en hogares con jefatura femenina este porcentaje se reduce al 24%5 3. Las mujeres campesinas e indígenas tienen una muy baja capacidad de negociación en los pro cesos comunitarios y locales de decisión sobre el uso y disfrute del agua como re curso para la producción agrícola, por lo que la transversalización de género en la Ley de Comunas y la participación directa de las mujeres en la Ley de Aguas es una demanda de política de las mujeres indígenas5 4. 4.4 Eje mujer-ambiente5 5 El tema de género en los ámbitos de la economía y la gestión ambiental no es emergente ni es nuevo. Existe una trayectoria, un camino conceptual y político, de teóricas, femócratas y movimientos de mujeres que permite en este momento con tar con criterios enriquecedores de discusión y análisis así como para establecer aportes y planteamientos concretos. Al igual que ha existido una trayectoria de lo que actualmente es la teoría de género, desde lo que fueron las primeras denuncias feministas en los albores de la modernidad, hasta sus progresivas y costosas conquistas -que en el nivel del aná lisis social y la gestión del desarrollo desembocaron en los llamados enfoques MED (mujeres en el desarrollo) y actualmente GED (género en el desarrollo)- en un reco rrido por la producción bibliográfica respecto a la manera en que se ha asumido en primera instancia la relación mujeres y ambiente es posible apreciar también dos perspectivas iniciales: a) Considerar a las mujeres como las mayores víctimas de la degradación a m b i e n t a l b) Posicionar a las mujeres como manejadoras eficientes y privilegiadas del medio ambiente (Vega, 1997:11), poseedoras innatas de analogías con la naturaleza, y, por ello, también de habilidades y conocimientos espe ciales para la conservación. Es a partir de la reflexión sobre los puntos de encuentro entre el pensamiento am bientalista y el feminista, donde han surgido elementos enriquecedores para el aná lisis de género y ambiente: Desde una perspectiva cultural, el análisis de la configuración de los ro les y órdenes de género y el tipo de relación que mujeres y hombres construyen con los recursos ambientales, y la manera en que estos pa san a ser componentes clave de su identidad, social, cultural y de géne r o . Por otro lado y principalmente, la visualización de las condiciones socia les políticas y culturales que permiten grados diferenciados de acceso, uso y control de los recursos ambientales entre mujeres y hombres de di 53. Base SELBEN, 2004. 54. CONAMU, Taller Mujeres Indígenas en le Plan de Igualdad de Oportunidades, La Merced, 20 de marzo del 2004. 55. Doris Herrera, CONAMU, 2004. versa condición social, económica, étnica y generacional, y, por tanto, el análisis de la equidad de género en la gestión del desarrollo sustentable. Esto implica, como señala Silvia Vega (1997), más allá de potenciar las capa cidades de hombres y mujeres para un cuidado más eficiente del entorno, que las intervenciones de manejo adecuado de los recursos ambientales o de reducción de los impactos del deterioro ambiental contribuyan a romper las condiciones genera doras de inequidad y subordinación, promoviendo la ciudadanía, el ejercicio de de rechos, la capacidad de decisión en igualdad de condiciones y oportunidades en tre mujeres y hombres. Siendo así, no se trata de incrementar tareas a su carga doméstica, instrumen talizando su condición de género en función del ambiente, sino de reconocer su si tuación y condición de género para potenciar su participación, incrementar su po der de decisión en asuntos relativos al ambiente, mejorar a su vez su condición de género, propiciar su acceso a los beneficios del desarrollo y valorizar socialmente la función de cuidar la vida y la salud. A la vez, promover la democratización del espa cio doméstico y la corresponsabilidad de todos los miembros de las familias en el cuidado ambiental. Los siguientes datos ilustran la manera en que se construye el vínculo género y ambiente: • Según la UICN las mujeres producen el 80% de los alimentos de África, el 60% en Asia y el 40% en América Latina. • Así, las mujeres dominan la producción de alimentos del mundo (50 80%), pero son dueñas de menos del 1% de la tierra. • Los recursos financieros que reciben las mujeres por el uso de la biodi versidad se invierten casi su totalidad en mejorar la calidad de vida de su f a m i l i a . • Las mujeres comercializan una mayor variedad de productos de la biodi versidad pero estos productos tienen un menor valor comercial. • Las mujeres invierten tiempo importante en la conservación y reproduc ción de semillas, tiempo que no es reconocido, social ni económicamen t e . • Participan crecientemente en labores relacionadas con la agrobiodiversi dad como la recolección de leña, preparación de alimentos, siembra, co secha, clasificación de semillas, almacenamiento de especies alimenti cias, procesamiento de alimentos, comercialización en mercados loca les, recolección de especies útiles (alimenticias y medicinales). • Por su rol social y culturalmente asignado de ser las cuidadoras de las personas enfermas, han podido conocer y manejar una gran variedad de especies medicinales, pero con menor reconocimiento en relación a aquel ostentado por yachacs, curanderos y herbolarios. A pesar de estas constataciones sigue siendo pobre tanto en el Estado ecua toriano como en el movimiento nacional de mujeres acciones, políticas o proyectos que vinculen de modo adecuado el eje ambiente género. Constituye entonces para el Estado materia prioritaria del Plan de Igualdad de Oportunidades fomentar y pro mover este vínculo así como políticas, planes, programas y proyectos sectoriales e transectoriales que influyen positivamente en la relación mujer ambiente. 3 7 3 8 Agenda del Plan de Igualdad de Oportunidades 3 9 María Angélica Idrobo, educadora y escritora, 1 9 2 6 . Fotógrafo Cruz. 4 0 Dolores Cacuango,activista, comunista, dirigenta política nacional, lidereza, 1968. Fotógrafo Rolf Blomberg Archivo Blomberg 1 . Promoción y protección de la part i c i p a c i ó n social y política, el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la gobernabilidad democrática 1.1 Derecho a la participación política Política 1 El Estado Ecuatoriano garantiza la participación equitativa y paritaria de mujeres y hombres en todas las instancias del poder público, tanto por la vía electoral como por designación en: Función Legislativa, Función Ejecutiva y Función Judicial, orga nismos de control y gobiernos locales; sistema político; sistema electoral y de par tidos políticos. Objetivos estratégicos a . 1 Promover y apoyar las iniciativas de control social en torno al cumplimien to de la Ley de Cuotas y la Ley de Amparo Laboral y la resolución 028 2 0 0 2 -TC del Tribunal Constitucional. a . 2 Incentivar la presencia de las mujeres en las comisiones y órganos de al to nivel en todas las instituciones del Estado y los organismos de control, tanto el ámbito internacional, nacional y local. a . 3 Garantizar acciones positivas para la participación de las mujeres en las instancias de toma de decisiones del sistema de administración de justi cia, en las diferentes instituciones que conforman el Estado, en el Ejecu tivo, en el poder Legislativo y en los gobiernos locales. a . 4 Garantizar la vigencia de acciones positivas en los niveles de decisión del sistema electoral y de partidos. a . 5 Garantizar la creación de mecanismos de diseño, promoción y ejecuta bilidad de políticas públicas de género a nivel local. a . 6 Desarrollar mecanismos de seguimiento y acciones de apoyo a los par tidos políticos a fin de garantizar la participación de las mujeres en igual dad de derechos. a . 7 Definir estrategias de seguimiento y control de los recursos que el Esta do provee a partidos políticos para garantizar la distribución equitativa de los mismos entre mujeres y hombres a su interior. a . 8 Definir estrategias de seguimiento y control del gasto electoral para ga rantizar el manejo equitativo de los recursos entre mujeres y hombres. Política 2 El Estado Ecuatoriano garantiza que se incluyan políticas de género en el sistema electoral y de partidos políticos del Ecuador Objetivos estratégicos b . 1 Vigilar y exigir que la normativa secundaria como reglamentos, resoluciones, instructivos y otros actos administrativos acaten las normas constitucionales y legales para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 4 1 4 2 b . 2 Promover y apoyar las iniciativas sociales e institucionales, nacionales e internacionales que realicen vigilancia de procesos electorales con enfo que de género. b . 3 Promover y apoyar las acciones legales, administrativas, electorales, y de otra índole, ante instancias nacionales e internacionales, que puedan plantearse para la exigencia del cumplimiento del derecho a la participa ción política de las mujeres por elección popular. b . 4 Promover la institucionalización de indicadores de género en el sistema electoral y de partidos políticos del país. Política 3 El Estado Ecuatoriano incorpora el enfoque de género en los procesos de participa ción social y política del país. Objetivos estratégicos c . 1 Garantizar la transversalización del enfoque de género en los planes, pro gramas y modelos de participación política y social desarrollados por el gobierno nacional, los gobiernos seccionales y gobiernos locales. c . 2 Apoyar y promover espacios de formación política con inclusión de la vi sión de género en el sistema educativo formal de nivel medio y superior. c . 3 Apoyar las iniciativas de las escuelas de liderazgo en la formación sobre políticas públicas de género y gestión pública impulsadas por las orga nizaciones nacionales de mujeres y la academia. c . 4 Apoyar procesos de fortalecimiento de base social de las mujeres que posibiliten la formación de liderazgos desde lo local. 1.2 Derecho a ejercer la ciudadanía Política 1 El Estado Ecuatoriano garantiza el ejercicio de la ciudadanía de todas las mujeres, niñas y adolescentes y asume dicho ejercicio como indicador de democracia Objetivos estratégicos a . 1 Fomentar la vigencia y el ejercicio de los derechos específicos de las mu jeres, niñas y adolescentes y su diversidad como parte de la construcción de ciudadanía. a . 2 Apoyar y promover la formación ciudadana intercultural en todos los ni veles de educación formal. a . 3 Sustentar y diseñar procesos no formales de educación ciudadana para las mujeres, niñas y adolescentes. a . 4 Apoyar iniciativas de vigilancia y exigibilidad de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes en el nivel central y local. a . 5 Construir indicadores de género, democracia y gobernabilidad que per mitan medir el avance del país en esta materia. Política 2 Los gobiernos locales incorporan el enfoque de género en su planificación institu cional, presupuestaria y de desarrollo garantizando recursos para acciones integra les pro equidad. Objetivos estratégicos b . 1 Incorporar el enfoque de género en las decisiones políticas, la planifica ción y los procesos técnicos de la Asociación de Municipalidades del E c u a d o r. b . 2 Incorporar el enfoque de género en las iniciativas de planificación del Es tado, particularmente, en la Secretaría de Planificación y Desarrollo SEN P L A D E S . b . 2 Desarrollar una estrategia inclusiva de descentralización para la promo ción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, ni ñas y adolescentes considerando su diversidad étnica y etaria. b . 3 Garantizar redes de servicios locales para el acceso de las mujeres, ni ñas y adolescentes a los derechos de una vida sin violencia, salud sexual y reproductiva, formación ocupacional y protección social. Política 3 El Estado asume el fortalecimiento de la actoría social de las mujeres y su participa ción en la formulación y exigibilidad de las políticas públicas sociales, económicas y de género como una política de Estado. Objetivos estratégicos c . 1 Apoyar la creación de mecanismos de vigilancia y exigibilidad de las po líticas públicas desde las mujeres. 1.3 Derecho a la gobernabilidad democrática Política 1 El Estado ecuatoriano define su agenda de desarrollo humano, gobernabilidad y b i e n e s t a r, con equidad de género. Objetivos estratégicos a . 1 Incorporar el Plan de Igualdad de Oportunidades a todos los procesos de planificación y diseño de políticas públicas del Estado ecuatoriano. a . 1 Diseñar y aplicar un índice de género que determine las inequidades de género en todas las instancias del poder público. a . 2 Institucionalizar las políticas públicas con equidad de género en el go bierno central y local. Política 2 El Estado ecuatoriano apoya y sustenta procesos sociales y económicos para el de sarrollo del Plan de Igualdad de Oportunidades en todos los sectores del Estado en el nivel central y local comprometiendo la institucionalidad pública y concertando con la sociedad civil. 4 3 Retrato de Soledad Sanz, 1 8 6 0 . Fotógrafo J. P Sanz Objetivos estratégicos b . 1 Jerarquizar el Plan de Igualdad Oportunidades como el documento téc nico político de planificación en género al más alto nivel del Estado ecua toriano articulado a todos los sectores involucrados en cada política y ob jetivo estratégico. b . 2 Comprometer los recursos técnicos y financieros necesarios para la apli cación del Plan de Igualdad de Oportunidades. Política 3 El Estado central fortalece el rol rector de políticas públicas de género y para la pro moción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes que realiza el CONAMU, con presupuesto suficiente, oportuno y con los mecanismos de inversión necesarios para el desarrollo de sus acciones. Objetivos estratégicos c . 1 Contar con los recursos para efectivizar el rol del CONAMU en la rectoría de Políticas Públicas pro equidad de género, a nivel nacional y local. c . 2 Incorporar el enfoque de género al Presupuesto General del Estado con mecanismos de participación de la sociedad civil para dar seguimiento y cumplimiento en el marco de las políticas públicas. c . 3 Declarar el Pacto de Equidad como programa prioritario y protegido del Estado ecuatoriano. 2. Promoción y protección del derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y acceso a la justicia 2.1 Derecho a una Vida Libre de Violencia Política 1 La institucionalidad de género del Estado contará con recursos suficientes y perma nentes para el desarrollo de sus acciones a favor de la erradicación de la violencia de género. Objetivos estratégicos a . 1 Fomentar la participación de la institucionalidad de género en la formula ción de políticas de salud pública, educación y protección social y en el diseño de las plataformas presupuestarias sectoriales. a . 2 Impulsar redes de servicios sustentables para la prevención y la atención de la violencia intrafamiliar y de género y otros servicios sociales básicos o de protección social con la participación de las instituciones públicas en el nivel central y local, los gobiernos locales, las organizaciones no gu bernamentales y las organizaciones sociales. 4 4 a . 3 Apoyar el diseño de mecanismos de seguimiento y control ciudadano de las asignaciones presupuestarias y su manejo a nivel local. a . 4 Asegurar una reforma del Sistema de Administración de Justicia con re cursos permanentes y suficientes para la formulación de mecanismos de erradicación de la violencia contra las mujeres. a . 5 Incorporar a la institucionalidad relacionada con los medios de comuni cación a todos los procesos de formulación de políticas públicas orien tadas a la erradicación de la violencia de género. a . 6 Consolidar el traslado de las Comisarías de la Mujer y la Familia, en cali dad de juzgados contravencionales de familia al Sistema Judicial y poner en funcionamiento los Juzgados de Fa m i l i a Política 2 Articular la prevención, erradicación y sanción de la violencia intrafamiliar y de géne ro al conjunto de sectores estatales para potenciar recursos técnicos, instituciona les, políticos y financieros b . 1 Institucionalizar y consolidar el funcionamiento de planes y programas de erradicación de la violencia de género en las áreas de salud, bienestar social, educación, economía y trabajo. b . 2 Coordinar con el Consejo Nacional de la Niñez programas y acciones es pecíficas para la erradicación de la violencia de género. b . 3 Impulsar procesos de observancia, vigilancia y formación de opinión pú blica sobre la necesidad de erradicar la violencia intrafamiliar y de género. b . 4 Sistematizar y difundir jurisprudencia para contribuir a la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. b . 5 Incorporar el enfoque de género, intercultural, étnico y etario en las polí ticas, programas y estrategias para la prevención y erradicación de la vio lencia intrafamiliar y de género. b . 6 Promover la incorporación del enfoque de género en las políticas públi cas de comunicación, en coordinación con la Secretaría Nacional de Co municación. b . 7 Priorizar como política de Estado en la protección integral la prevención, erradicación y sanción del acoso y abuso sexual de niños, niñas y ado lescentes así como los delitos sexuales en contra de ellas y las mujeres Política 3 El Estado Ecuatoriano garantizará un marco legal que prevenga y sancione toda for ma de violencia en contra de las mujeres sin que medie su diversidad por edad, et nia, clase, opción sexual y procedencia. Objetivos estratégicos c . 1 P r o m o v e r, en concordancia con los instrumentos internacionales de de rechos humanos y el Mandato Constitucional, las reformas legales nece sarias para la promoción, protección y ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres en el marco normativo existente y en todas las materias jurídicas. c . 2 Endurecer las penas a los delitos relacionados con violencia intrafamiliar, particularmente cuando se trata de violencia ejercida contra niñas y ado l e s c e n t e s . 4 5 c . 3 Fortalecer el sistema de protección a víctimas. c . 4 Apoyar las iniciativas sociales de organización y movilización para la vigi lancia y control del cumplimiento de las acciones del Estado para la erra dicación de la violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. Política 4 El Estado Ecuatoriano en nivel descentralizado con la participación de la sociedad civil construirá redes de promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Objetivos estratégicos d . 1 Crear redes de servicios integrales locales y regionales con la participa ción de la institucionalidad pública y privada de género con recursos su ficientes y permanentes, logrando la corresponsabilidad de todas las fun ciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) Política 5 El Estado Ecuatoriano garantizará la erradicación de mensajes que fomenten la vio lencia en contra de las mujeres, las niñas(os) y las(os) adolescentes desde cual quier medio o mecanismo de comunicación y en cualquier formato. Objetivos estratégicos e . 1 Desarrollar estrategias y herramientas de seguimiento y control de la pro ducción de mensajes en los diferentes medios de comunicación y de movilización social para su sanción en caso de atentar contra la equidad o fomentar la violencia. e . 2 Incorporar el enfoque de Género en la Ley de Acceso a la Información, garantizando la protección de los derechos de las mujeres. e . 3 Promover conceptos positivos en el manejo de los mensajes de comuni cación masiva que aporten a la erradicación de la violencia: campañas de promoción y difusión. e . 4 Consolidar políticas públicas nacionales de comunicación orientadas a garantizar la promoción y protección de los derechos de las mujeres, las adolescentes y las niñas. 2.2 Derecho a la Paz Política 1 El Estado ecuatoriano priorizará las políticas, planes y programas orientadas a la aplicación de acciones positivas en la frontera del país Objetivos estratégicos a . 1 Impulsar la consolidación de la intervención de la institucionalidad de gé nero en todas las fronteras del país, para garantizar sistemas de protec ción de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. a . 2 Visibilizar la especificidad de la situación de las mujeres de zonas de fron tera, para la toma de decisiones en materia de políticas públicas econó micas y de protección social. 4 6 a . 3 Apoyar procesos a nivel de gobiernos locales y seccionales para la adop ción del PIO de frontera norte como base de acción para garantizar la equidad y la promoción, protección y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. a . 4 Tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de las mujeres, niñas y adolescentes refugiadas y desplazadas, especial mente, las pertenecientes a poblaciones indígenas y afrodescendientes y aquellas que viven en situación de explotación. Política 2 El Estado Ecuatoriano reconoce que el desplazamiento producto del conflicto de frontera norte, es un problema social y que las mujeres, niñas, niños y adolescentes están en condiciones de mayor vulnerabilidad Objetivos estratégicos b . 1 Desarrollar una estrategia transectorial de intervención en la frontera nor te que asuma como eje de intervención la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes. b . 2 Impulsar redes locales de promoción y protección de los derechos hu manos de las mujeres y de protección especial como prioridad en esta r e g i ó n . b . 3 Tomar todas las medidas necesarias para erradicar la violencia de géne ro ejercida contra las mujeres desplazadas y refugiadas por situaciones de guerra. Política 3 El Estado ecuatoriano fomentará la cultura de paz y no violencia así como la elimi nación de todos los estereotipos de género que perpetúan comportamientos de dis criminación, servilismo, esclavitud u opresión. Objetivos estratégicos c . 1 Fortalecer todos los mecanismos tendientes a promover una cultura de la paz y no violencia en el ámbito educativo y cultural. c . 2 Normar el buen trato a las ciudadanas en todos los servicios públicos y privados, y, tipificar aquellos que constituyen atentados contra el pudor, la integridad física, psicológica o sexual. c . 3 Desarrollar mecanismos institucionales y jurídicos que promuevan la eli minación de los estereotipos de género y las conductas sexistas. c . 4 Desarrollar políticas públicas tendientes a promover y proteger los dere chos humanos de las mujeres en situación de riesgo. 2.3 Derecho a la Justicia (acceso) Política 1 El sistema de justicia ecuatoriano cuenta con los mecanismos y procedimientos ne cesarios para la defensa y restitución de los derechos específicos de las mujeres, niñas/os y adolescentes. 4 7 Mujeres del Chota, 1897. Fotógrafo E. Fe s t a . Objetivos estratégicos a . 1 Impulsar un proceso de revisión y evaluación de las leyes orgánicas, es peciales, generales, reglamentos, decretos, ordenanzas y códigos de éti ca de colegios de profesionales a fin de, por un lado, se eliminen todas las disposiciones legales que atenten contra cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución y, por otro, se formulen aquellas que sean necesarias para garantizar la aplicación del Marco Constitucional. a . 2 Apoyar la promoción y difusión masiva de todas las disposiciones cons titucionales, legales y los modelos de intervención que rigen nuestro país para garantizar la vigencia de los derechos específicos de las mujeres, niñas y adolescentes. a . 3 Impulsar procesos de formación y sensibilización sobre derechos huma nos y específicos para las mujeres con decidores y operadores de políti cas públicas. a . 4 Insertar el enfoque de género en el proceso de modernización del Siste ma de Administración de Justicia. Política 2 El sistema de justicia ecuatoriano cuenta con profesionales especializados y sensi bilizados en el área de derechos humanos y de derechos específicos de las muje r e s . b . 1 Fomentar la capacitación y perfeccionamiento profesional en todas las áreas de administración de justicia desde una perspectiva de género e i n t e r c u l t u r a l . Política 3 La administración de justicia y los mecanismos de exigibilidad incorporan elemen tos de justiciabilidad de derechos humanos de las mujeres. Objetivos estratégicos c . 1 Incorporar plenamente al sistema de administración de justicia, a las le yes y a la academia la justiciabilidad de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. c . 2 Garantizar el funcionamiento de la Defensoría Pública en proporción a la demanda y con una perspectiva de defensa de los derechos. Política 4 El Estado Ecuatoriano avanza en la construcción de modelos interculturales para la prevención y erradicación de la violencia de género, garantiza el acceso a la justicia de las mujeres indígenas y afro descendientes y elimina la impunidad de los delitos contra las mujeres. Objetivos estratégicos d . 1 Reformar los sistemas de administración de justicia que limitan el acce so de las mujeres diversas a la justicia. d . 2 Construir junto con las organizaciones de mujeres indígenas y afrodes cendientes modelos de intervención que permitan salvaguardar las má 4 8 ximas de los derechos humanos en articulación al derecho consuetudi nario y los derechos colectivos. d . 3 Debatir e incorporar el enfoque de derechos a los sistemas de derecho consuetudinario de los pueblos y nacionalidades indígenas y afrodes cendientes, en coordinación con el CODENPE y el CODA E, para garan tizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres indígenas y afroe c u a t o r i a n a s . 2.4 Derecho a la Salud Política 1 La Ley de Maternidad Gratuita como prioridad en materia de salud pública y asig nación presupuestaria. Objetivos estratégicos a . 1 Consolidar el proceso de aplicación de la Ley de Maternidad Gratuita así como de conformación de Comités de Gestión Local y Comités de Usua rias en todas las regiones del país y con énfasis en mujeres rurales. a . 2 Fortalecer los Comités de Usuarias como mecanismos de vigilancia pa ra lograr una vigilancia social efectiva desde las organizaciones de muje res, principalmente en el uso de recursos. a . 3 Establecer mecanismos que garanticen una dotación presupuestaria oportuna y que genere inversión para la aplicación eficiente de la Ley de maternidad gratuita. a . 4 Integrar la salud sexual y reproductiva de las mujeres así como la salud infantil a la construcción de redes de servicios sociales básicos en el ni vel local. Política 2 El sistema de salud del país incorpora las necesidades específicas y los factores bio-psico-sociales de las mujeres, niñas y adolescentes en la formulación de todos sus planes y programas de atención y prevención. Objetivos estratégicos b . 1 Promover la integralidad de derechos en la construcción de planes y pro gramas del sistema de salud desde el enfoque de género. b . 2 Impulsar un proceso de reforma del Código de la Salud en concordancia con los mandatos constitucionales, en particular en lo relacionado con los derechos sexuales y reproductivos. b . 3 Apoyar los procesos sociales de control, seguimiento y exigibilidad de los servicios de salud en el país. Política 3 El sistema de formación de profesionales de la salud (pública y privada) incorpora un enfoque integral en su proceso de enseñanza–aprendizaje, considerando las di ferencias de la constitución anatómica, biológica, psicológica, y de situación social, económica, étnica, cultural y etaria de las mujeres. 4 9 Objetivos estratégicos c . 1 Promover procesos de cambio en los sistemas de profesionalización en todas las áreas de la salud construidos desde una visión integral y de gé n e r o . 2.5 Derechos Sexuales y Reproductivos Política 1 El Estado cuenta con un marco jurídico coherente que posibilita la plena aplicación de los mandatos constitucionales y la normativa internacional en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Objetivos estratégicos a . 1 Impulsar un proceso de revisión y evaluación de las leyes orgánicas, es peciales, generales, reglamentos, decretos, ordenanzas y códigos de éti ca de colegios de profesionales a fin de eliminar todas las disposiciones legales que atenten contra cualquiera de los derechos garantizados por la Constitución. a . 2 Aportar en la vinculación estratégica del marco jurídico ecuatoriano y la normativa internacional con la definición de políticas públicas sectoriales y de protección social y las asignaciones presupuestarias. a . 3 Fomentar mecanismos específicos para garantizar los derechos sexua les y reproductivos de las niñas y adolescentes de acuerdo a su especi ficidad etaria. Política 2 El tratamiento de los derechos sexuales y reproductivos en el Ecuador es asumido desde el enfoque de derechos Objetivos estratégicos b . 1 Promover el conocimiento y tratamiento adecuado de los derechos se xuales y reproductivos en los sistemas de educación y salud. b . 2 Promover el conocimiento y tratamiento adecuado de los derechos se xuales y reproductivos en la institucionalidad privada y pública de la co municación social. Política 3 El Estado ecuatoriano asume como prioridad nacional la prevención y erradicación del abuso, acoso y explotación sexual de niñas y adolescentes ya sea comercial o en condiciones de servilismo. Objetivos estratégicos c . 1 Ejecutar la declaratoria del Consejo de Ministros del Frente Social que consagra el Plan Nacional para la prevención, erradicación y sanción del acoso, abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes como programa prioritario y protegido del Frente Social. 5 0 c. 2 Promover y ejecutar el Plan Nacional para la prevención, erradicación y sanción del acoso, abuso y explotación sexual de niños, niñas y adoles centes en condiciones de comercio o servilismo. c . 3 Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación para el dise ño, formulación e implementación de políticas públicas de protección es pecial, particularmente, para prevenir y erradicar la explotación sexual, acoso, abuso sexual y otras formas de violencia sexual contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. c . 4 Realizar diagnósticos e investigaciones operativas sobre las condiciones en que niñas, niños, adolescentes y mujeres son víctimas de explotación sexual; incluyendo la determinación de perfiles de "clientes" y las rutas de trata, explotación sexual y tráfico, con el objetivo de adoptar las medidas adecuadas a nivel central y local. c . 5 Invertir recursos técnicos y financieros y brindar apoyo político a la Comi sión para la Erradicación de la Explotación y la Trata de Niños, Niñas y A d o l e s c e n t e s . c . 6 Apoyar procesos sociales de control y denuncia de explotación a niñas, niños y adolescentes. c . 7 Fortalecer las capacidades de respuesta de operadores, instituciones, in vestigadores y demás profesionales responsables de la investigación, desarticulación y sanción de los partícipes en las redes de explotación sexual además de los sistemas de vulneración de derechos c . 8 Fortalecer la capacidad de respuesta de la institucionalidad pública y pri vada en la restitución de los derechos de las víctimas de acoso, abuso sexual y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes para garanti zar su acceso a los servicios sociales básicos. c.9 Apoyar las reformas a la legislación penal e impulsar las reformas legales necesarias que permitan contar con un marco jurídico adecuado para la sanción en el cometimiento de estos delitos y la protección de las vícti mas en la sustanciación de los procesos penales. c.10 Definir y ejecutar una estrategia comunicacional para la prevención y erra dicación del acoso, abuso sexual y explotación sexual para lo cual pro moverá alianzas que permitan impulsar procesos penales que constitu yan precedente y generen opinión pública favorable. Política 4 Desarrollar un marco jurídico y de políticas públicas que garanticen la vigencia de los derechos humanos de los grupos sociales más vulnerables en su posibilidad de ejercer plenamente los derechos sexuales y reproductivos. Objetivos estratégicos V I I H / S I DA d . 1 Implementar estrategias de concienciación y difusión de los derechos de mujeres que viven con VIH/SIDA, especialmente de mujeres embara zadas, adolescentes y niñas a fin de prevenir la discriminación en el ám bito educativo y de salud garantizando el principio de disfrute máximo de sus derechos humanos. 5 1 Elvira Campi, fundadora de la Cruz Roja Ecuatoriana, 1 9 1 0 . d . 2 Generar procesos de transformación de imaginarios sociales para permi tir la construcción de comunidades acogientes y no excluyentes para las mujeres, adolescentes y niñas que viven con VIH/SIDA. d . 3 Impulsar la construcción de un marco jurídico adecuado que permita res tituir los derechos de quienes viven con VIH/SIDA y han sufrido discrimi nación en cualquiera de los ámbitos tanto públicos como privados. d . 4 Coordinar con el Ministerio de Salud y otras instancias operadoras de sa lud con el propósito de crear mecanismos de defensa de derechos de quienes viven con VHI/SIDA, especialmente en el acceso a una atención de calidad, y en el caso específico de las mujeres embarazadas en el ac ceso a programas de prevención de la transmisión vertical. d . 5 Coordinar con el Ministerio de Salud, en el marco de la política de salud sexual y salud reproductiva para la implementación y vigilancia de esta con respecto a mujeres, niñas y adolescentes viviendo con VHI/SIDA. I T S d . 6 Realizar coordinadamente con los operadores de salud acciones de aprendizaje social para que las mujeres puedan ejercer sus derechos se xuales de forma segura, incluyendo la obtención de información adecua da y oportuna sobre los riesgos de ITS. d . 7 Enlazar las propuestas de los diversos sectores sociales hacia las enti dades públicas o espacios de decisión sobre buenas prácticas para pre venir las ITS desde una perspectiva de ejercicio de derechos. d . 8 Coordinar con el Ministerio de Salud , en el marco de la política de salud sexual y salud reproductiva para la implementación y vigilancia de esta con respecto a la ITS. Embarazo adolescente d.9 Generar alianzas que permitan emprender prácticas sostenibles para la transformación del sentido de embarazo en adolescentes, desde una pers pectiva de derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. d.10 Trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura para revi sar las estrategias educativas respecto a la sexualidad en adolescentes. d.11 Implementar un proceso de revisión del marco legal adoptado por las ins tituciones educativas, con respecto a las estudiantes embarazadas, a fin de garantizar su concordancia con los principios de derechos humanos y precaver situaciones de discriminación y deserción escolar. d.12 Establecer insterinstitucionalmente e intersectorialmente coordinaciones para crear espacios de contención para adolescentes embarazadas, co mo son servicios de salud, y educativos no excluyentes. Orientación sexual d.13 Implementar una estrategia comunicacional que permita posicionar en la agenda pública la necesidad de proteger a las y los ciudadanos/as de formas de discriminación por orientación sexual. d.14 Establecer vinculaciones con organizaciones que trabajan por los dere chos de las denominadas minorías sexuales a fin de retroalimentar las ex periencias y metodologías de intervención. d.15 Coordinar interinstitucionalmente acciones de intervención y prevención de discriminación por orientación sexual. 5 2 d.16 Revisar y adecuar el marco legal existente para eliminar normas que pue den generar condiciones de discriminación por orientación sexual. Trabajo sexual d.17 Establecer conjuntamente con organismos públicos y privados un plan de trabajo de prevención de la violencia contra las mujeres que se en cuentran en trabajo sexual. d.18 Intervenir interinstitucionalmente en la atención y protección de los dere chos de las mujeres que se encuentran en el trabajo sexual, especial mente de aquellas cuyos derechos son vulnerados por situaciones de violencia o discriminación. d.19 Fortalecer las capacidades organizacionales de las mujeres que se en cuentran en el trabajo sexual para la defensa de sus derechos, especial mente contra la violencia. 3. Promoción y protección de derechos culturales, interculturales, a la educación, calidad de vida y autonomía 3.1 Derechos Culturales e Interculturales Política 1 Las políticas sociales del país se desarrollan transectorialmente e integran una pers pectiva de género e intercultural. Objetivos estratégicos a . 1 Promover e instrumentar el enfoque de interculturalidad en la ejecución del Plan de Igualdad de Oportunidades a nivel central y local. a . 2 Fomentar el desarrollo de los sistemas de información de género con la inclusión de las variables de diversidad y pluriculturales a fin de contar con indicadores específicos. a . 3 Promocionar y aplicar acciones positivas para corregir la discriminación de las mujeres de pueblos, nacionalidades y afrodescendientes en su ac ceso al trabajo, los recursos, la educación, la salud y el patrimonio en condiciones de igualdad. a . 4 Fomentar y fortalecer los valores culturales y tradicionales (medicina tra dicional, derechos de propiedad, ecuación bilingüe, arte y creación) en la formulación de planes y programas sociales y económicos. a . 5 Impulsar y fortalecer las diversas expresiones y/o manifestaciones cultu rales y artísticas, ancestrales y contemporáneas desde una visión de gé nero e interculturalidad. a . 6 Asegurar modelos de acceso a servicios sociales básicos con énfasis in tercultural en aquellos territorios mayoritariamente indígenas o afrodes c e n d i e n t e s . a . 7 Erradicar y sancionar todas las formas de discriminación racial, a través de la tipificación del racismo como delito, en el marco del Plan de Acción de Durban. 5 3 a . 8 Desarrollar todas las políticas de acción afirmativa necesarias que garan ticen la permanencia de las niñas y adolescentes de pueblos indígenas y afroecuatorianos a la educación. a.9 Posicionar en la agenda de desarrollo y en la agenda pública nacional la prioridad de atención que el Estado ecuatoriano debe otorgar a las niñas y adolescentes de pueblos y nacionalidades indígenas en materia de se guridad ciudadana, eliminación de riesgos a su integridad física, psicoló gica o sexual por razones de doble discriminación, comercio, servilismo y esclavitud y explotación así como acceso a la educación, la salud y la r e c r e a c i ó n . Política 2 El Estado ecuatoriano asume los derechos culturales como base esencial de la de m o c r a c i a Objetivos estratégicos b . 1 Construir una política integral de desarrollo, protección y promoción de la cultura, identidad y arte de todas las mujeres, especialmente la perma nencia de las minorías étnicas, respetando el derecho a la autodetermi n a c i ó n . b . 2 Construir un imaginario social de género que potencie el reconocimiento y la corresponsabilidad entre mujeres y hombres; los valores, la identidad y la cultura de género; las especificidades de todas las culturas de nacio nalidades y pueblos indígenas y afrodescendientes; la eliminación de es tereotipos de género según la pertenencia étnico-cultural. b . 3 Promover y fomentar la creatividad y la fuerza de las mujeres posicionan do su visión transformadora de cultura. 3.2 Derecho a la Educación Política 1 El sistema educativo ecuatoriano garantiza el acceso equitativo y la permanencia de mujeres, niñas y adolescentes a una educación de calidad en todas las regiones y sectores del país. Objetivos estratégicos a . 1 Propiciar vínculos entre los programas de protección social y las condi cionalidades educativas desde la definición de acciones positivas que fo menten la corresponsabilidad de hombres y mujeres en la educación de sus hijos(as). a . 2 Establecer mecanismos que faciliten la matrícula y permanencia de las niñas y adolescentes en el sistema educativo básico y diversificado libre de acoso y abuso sexual o cualquier tipo de violencia. Política 2 El sistema educativo incorpora el enfoque de género como eje de los procesos de aprendizaje formal y no formal en todos sus niveles y garantiza condiciones de se guridad y bienestar estudiantil. 5 4 Objetivos estratégicos b . 1 Fomentar y consolidar los planes y programas de formación, capacita ción y especialización en género para docentes de los niveles, básico, medio y superior. b . 2 Promover la elaboración y producción de material didáctico, textos y es pacios educativos desde un enfoque integral, intercultural y de género en el marco de los derechos humanos. b . 3 Promover la efectiva inserción y aplicación de género en los currículos de todos los niveles educativos. b . 4 Impulsar cambios estructurales en la Ley de Educación y normativa se cundaria del sector educativo en concordancia con el mandato Constitu cional de garantizar los derechos humanos y específicos de las mujeres, niñas y adolescentes. b . 5 Fomentar mecanismos para prevenir, sancionar y erradicar los delitos sexuales en el ámbito educativo que garanticen a las y los estudiantes su derecho a una educación equitativa, de calidad y libre de violencia. b.6 Fomentar y promover una educación para la sexualidad en el marco de los derechos humanos y derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes y jóvenes. b.7 Fomentar y promover políticas y programas de educación inicial desde un enfoque de género a fin de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres y varones desde el inicio de sus proce sos formativos. b . 8 Promover y fomentar la igualdad de oportunidades y la perspectiva de género en las políticas y Programas de Becas y otras subvenciones pa ra cursar estudios. Política 3 El Estado ecuatoriano cuenta con políticas y programas para la erradicación del analfabetismo desde una visión de género. Objetivos estratégicos c . 1 Fomentar programas de alfabetización intensivos tanto básicos como funcionales integrando saberes estratégicos para las mujeres. c . 2 Capacitar a las mujeres desde diversas modalidades formativas inte grando la realidad de cada región y promoviendo el acceso de las muje res de poblaciones indígenas y afrodescendientes. c . 3 Promover la corresponsabilidad masculina en el trabajo reproductivo a fin de garantizar el acceso, permanencia y culminación de las niñas y muje res dentro del sistema educativo. Política 4 Formación mujeres jóvenes y adultas capacitación laboral -ocupacional (campos ocupacional, técnico y tecnológico) Objetivos estratégicos d . 1 Promoción de políticas y programas de educación y capacitación técni ca y tecnológica que incorporen la dimensión de género y derechos de 5 5 las mujeres, recuperando y reconociendo las diversidades etarias y ét nicas así como las realidades de las dimensiones regionales y locales. d . 2 Incluir la perspectiva de género en las políticas y programas del Consejo Nacional de Capacitación y en los Programas de Capacitación Po p u l a r del SECAP, a fin de promover acciones afirmativas para mujeres que ga ranticen su adecuada formación técnica y tecnológica. d . 3 Coordinar acciones orientadas a poner en marcha programas de capa citación técnica en gestión, administración y comercialización en diver sos oficios, con el propósito de ampliar las oportunidades de generación de ingresos y de toma de decisiones de las mujeres en distintos proce sos al interior de sus comunidades. d . 4 Fomentar la matrícula y permanencia de las mujeres en los niveles edu cativos superiores en carreras de pregrado, maestrías o programas de posgrado tanto en ramas tradicionales como no tradicionales. 3.3 Derecho a una Vida con Calidad y a la Autonomía Política 1 El Estado ecuatoriano incorpora en su planificación presupuestaria los recursos su ficientes para la promoción, formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida y la autonomía de las mujeres. Objetivos estratégicos a . 1 Fortalecer el nivel técnico y presupuestario de la institucionalidad de gé nero existente en el país. a . 2 Fomentar la elaboración participativa y de plena inclusión de las mujeres diversas en las políticas, planes, programas con sus respectivos presu puestos en los gobiernos locales y seccionales. a . 3 Articular las políticas sociales y económicas en nivel central y local para la acción pro-equidad y la promoción de redes de servicios. Política 2 El Estado ecuatoriano promueve cambios culturales a favor de la equidad de géne ro y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres Objetivos estratégicos b . 1 Incorporar en el sistema de educativo el enfoque de género como cate goría de calidad de la educación y la formación docente. b . 2 Fortalecer el centro cultural de las mujeres del CONAMU como instancia de ejercicio de los derechos culturales de las mujeres. b . 3 Incluir en las prioridades del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y el Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador SIISE el diseño y realización de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo como estratégica para la formulación de políticas públicas de corresponsabili dad entre hombres y mujeres. b . 4 Promover espacios de recreación específicos para mujeres, niñas y ado lescentes con énfasis en la tercera edad de acuerdo a sus visiones cul turales e intereses estratégicos. 5 6 b . 5 Promover políticas públicas de comunicación y formación de opinión pú blica que incentiven a los medios de comunicación y formadores(as) de opinión a crear discursos, mensajes, noticias, productos publicitarios y sentidos positivos sobre las mujeres, niñas y adolescentes erradicando los mensajes de estereotipos, violencia y discriminación de género, edad, clase y etnia. b . 6 Promover las iniciativas de los(as) jóvenes que fomenten cambios cultu rales positivos a favor de la equidad. 4. Promoción y protección de los derechos económicos, ambientales, trabajo y acce so a recursos financieros y no financieros 4.1 Derechos Económicos Política 1 Los planes de gobierno en el Estado ecuatoriano se formulan, diseñan y ejecutan desde una vinculación sistémica entre las políticas sociales y las políticas económi c a s . Objetivo estratégico a . 1 Integrar el enfoque de género y de equidad en las líneas rectoras del pro ceso de modernización del Estado desde la visibilización de los sectores vulnerables, la inhibición de ejercer los derechos humanos y específicos consagrados en el marco jurídico nacional e internacional y los efectos de esta situación en los procesos de gobernabilidad. Política 2 El Estado ecuatoriano prioriza la política social como base para el desarrollo del país y la construcción efectiva de la democracia como el primero de los derechos huma n o s . Objetivos estratégicos b . 1 Fomentar procesos de investigación y definición de propuestas que iden tifiquen alternativas al modelo de ajuste estructural. b . 2 Impulsar procesos que aporten en la reactivación de la economía incor porando plenamente a las mujeres con especial atención al área rural, di versificación en la producción y exportación, promoción de la seguridad alimentaria y manejo sostenible de los recursos. b . 3 Analizar y definir políticas integrales para la protección de las(os) emi grantes y sus familias. b4. Promover la inversión y la productividad de los ingresos generados por la migración con el control y administración de los recursos por parte de las m u j e r e s . 5 7 Carlota Jaramillo, Marina Moncayo, mujeres cantantes. Política 3 Se consolida y promueve la Política Nacional a favor de las Mujeres Rurales desde diversas intervenciones transectoriales y como un programa de inversión pública de prioridad nacional. Objetivos estratégicos c . 1 Incorporar las agendas de las mujeres indígenas y campesinas al PA D E MUR logrando que los avances respondan realmente a la realidad de es ta población. c . 2 Construir y fomentar una real política de apoyo a las mujeres rurales a tra vés del PA D E M U R . c . 3 Lograr una asignación presupuestaria suficiente para el funcionamiento del Fondo ProMujeres como estrategia de reducción de la pobreza y de disminución de las brechas de género. Política 4 Se cualifican las políticas de protección social desde una perspectiva de derechos y enfoque de equidad de género. Objetivo estratégico d . 1 Integrar los enfoques de derechos y de género en las políticas públicas de protección social en los niveles central y local. 4.2 Derechos Ambientales Política 1 El Estado ecuatoriano maneja una política ambiental vinculante entre la reactivación económica del país, el manejo adecuado de los recursos ambientales y la vigencia de los derechos humanos y específicos de las mujeres. Objetivos estratégicos a . 1 Desarrollar mecanismos que garanticen la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso a los beneficios gene rados por el desarrollo sustentable y la economía ambiental. a . 2 Generar conocimiento, información e indicadores específicos con res pecto al vínculo género y ambiente y la dimensión de género en el desa rrollo sustentable. a . 3 Visibilizar y posicionar la participación de las mujeres en el manejo de re cursos ambientales y fomentar su participación en el uso, control y admi nistración de dichos recursos y las utilidades que generan, mediante es trategias comunicacionales y económicas a diferentes niveles. a . 4 Fomentar planes de manejo sustentable de los recursos naturales que in corporen principios de equidad de género en cuanto al acceso y control de los recursos ambientales, capacitación en agroecología, uso susten table de la biodiversidad y el agua, seguridad/soberanía alimentaria, y salvaguarda de conocimientos ancestrales de las mujeres. a . 5 Impulsar acciones positivas para reducir los impactos ocasionados por los daños ambientales de los sectores energético, minero y agroindus 5 8 trial, especialmente, aquellas pertenecientes a pueblos y nacionalidades indígenas y poblaciones afroecuatorianas. a . 6 Promover espacios de reflexión e intercambio entre los diversos actores de la gestión ambiental y las organizaciones de mujeres. a . 7 Fortalecer las iniciativas sociales para el control del manejo adecuado de los recursos naturales y la aplicación efectiva de los derechos ambienta les y de las mujeres. Política 2 Los sectores ambiental, productivo, extractivo, industrial y energético incorporan plenamente el enfoque de género-ambiente y de derechos humanos de las muje res en el diseño, formulación y ejecución de políticas, planes y programas. Objetivos estratégicos b . 1 Posicionar y desarrollar los mecanismos de institucionalización del enfo que de género en los Ministerios de Ambiente, Agricultura, Industrias y Energía y en su gestión descentralizada. b . 2 Promover el acceso y la participación de las mujeres en los espacios e instancias de decisiones como el Consejo nacional de Desarrollo Susten table, Comité de Descentralización de la Gestión Ambiental, Comité Na cional del Clima, entre otros. b . 3 Asegurar la participación efectiva de las mujeres en los foros ambienta les internacionales para incorporar el enfoque de género en las decisio nes que ahí se adopten y en las políticas nacionales que de ahí se deri v e n . b . 4 Obtener la asignación de recursos financieros y técnicos para la incorpo ración del enfoque de género en la gestión de políticas, planes y proyec tos ambientales en el Ministerio del Ambiente (MAE) y los demás Minis t e r i o s . b . 5 Promover mecanismos de seguimiento y evaluación de la incorporación del enfoque y su efectiva aplicación, y del cumplimiento de los compro misos internacionales relativos a los temas de género y ambiente. b . 6 Promover la participación de las mujeres en las instancias locales de ges tión ambiental. b . 7 Desarrollar acciones y mecanismos para la inclusión del enfoque de equidad de género en la gestión ambiental local. 4.3 Derecho al Trabajo Política 1 El Estado ecuatoriano erradica la discriminación ocupacional de las mujeres y las diferencias salariales y de ingresos entre mujeres y hombres. Objetivos estratégicos a . 1 Fomentar programas de formación ocupacional que posibiliten a las mu jeres el acceso a mejores puestos de trabajo en el sector moderno y en condiciones adecuadas y de equidad. 5 9 Ana Mercedes Moreno Franco, participa en la revolución liberadora del 28 de mayo que produce el sufragio libre y secreto, 1950. a . 2 Impulsar programas interinstitucionales de calificación de la mano de obra femenina y de empoderamiento para el ejercicio y exigibilidad de derechos (manejo de recursos desde una perspectiva de derechos es p e c í f i c o s ) . a . 3 Promover el control social para garantizar el principio: igual remuneración para trabajo de igual valor. a . 4 Fomentar programas macro de mejoramiento de la producción agraria desde la perspectiva de la economía solidaria con énfasis en la participa ción de las mujeres rurales. a . 5 Apoyar planes interinstitucionales y propuestas de políticas públicas lo cales y nacionales para la prevención y erradicación del trabajo de las mujeres, adolescentes y niñas/os en condiciones de explotación. Política 2 El Estado valora el trabajo reproductivo para el mejoramiento de las condiciones de las mujeres en su acceso al trabajo. Objetivos estratégicos b . 1 Impulsar propuestas que generen corresponsabilidad entre hombres y mujeres en el trabajo reproductivo. b . 2 Desarrollar propuestas de ley tendientes al reconocimiento económico del trabajo reproductivo y su incorporación a las cuentas nacionales. b . 3 Desarrollar programas del Estado que solventen el trabajo reproductivo vinculados a los programas de generación de empleo. Política 3 El Estado genera fuentes de empleo a través de la diversificación en producción y servicios y de acciones positivas para disminuir la brecha de género. Objetivos estratégicos c . 1 Apoyar procesos de investigación para la ampliación y diversificación de las áreas productivas y de servicios desde una perspectiva de género. c . 2 Impulsar propuestas locales de generación de empleo que incorporen acciones positivas. c . 3 Establecer la línea de turismo en el ámbito local y nacional, como un área de potenciación de generación de empleo femenino y de mejoramiento de ingresos familiares garantizando la participación de las mujeres en las definiciones políticas, el acceso, control y administración de los recursos g e n e r a d o s . 4.4 Acceso a Recursos Financieros y no Financieros Política 1 El sistema financiero público y privado cuenta con sistemas de crédito diseñados desde una perspectiva de género 6 0 Objetivos estratégicos a.1. Visibilizar y valorar la cultura financiera de las mujeres y reformular el mar co legal para garantizar su acceso a los recursos financieros y no finan cieros, a partir de sus realidades específicas. a.2. Implementar programas de crédito con enfoque de género, considerando la diversidad de las mujeres ecuatorianas. a.3. Incorporar el enfoque de género y de derechos en el marco legal financie ro del país. Política 2 El Estado ecuatoriano cuenta con líneas directas de promoción económica de las m u j e r e s Objetivos estratégicos b.1. Diseñar y ejecutar programas integrales de acceso a recursos financieros y no financieros a través del Fondo Promujeres. b.2. Fortalecer el funcionamiento del Fondo Promujeres como soporte de las políticas públicas de género. 6 1 Nela Martínez. Ac t i v i s t a , política, escritora. Lideresa del Movimiento Político Nacional y Latinoamericano. Institucionalidad estatal comprometida en la cumplimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades 1. Promoción y protección de la participación social y polí tica, el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la go bernabilidad democrática Sector Administrativo: Presidencia y Secretaría del Estado. Gobiernos locales. Juntas Parroquiales Sector Finanzas: Ministerio de Economía y Finanzas. Sector Bienestar Social: STFS, PPS, CONAMU, CODENPE, CODA E, CONA D I S . Sector Educación: Ministerio de Educación y Cultura; Consejo Nacional de C u l t u r a . Sector Legislativo: Comisión de la Mujer del Niño y la Familia del Congreso Na cional. Concejalías Cantonales de los Gobiernos Seccionales. Otros sectores: Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional, Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Dirección Nacional de Defensa de los De rechos de las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pu e b l o . Asociación de Municipalidades del Ecuador, Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pu e b l o . 2. Promoción y protección del derecho a una vida libre de violencia, a la paz, a la salud, a los derechos sexuales y reproductivos y acceso a la justicia Sector Administrativo: Presidencia y Secretaría del Estado. Gobiernos locales. Juntas Parroquiales; Consejo Nacional de Modernización del Estado Sector Asuntos del Exterior: Ministerio de Relaciones Exteriores; Unidad de De sarrollo Norte, UDENOR. Sector Asuntos Internos: Ministerio de Gobierno, Culto, Policía y Municipalida des: Oficina Nacional de Género; Oficina de Defensa de los Derechos de la Mujer en la Policía; Comisarías de la Mujer y la Familia; Dirección Nacional de Registro Civil. Sector Bienestar Social: Ministerio de Bienestar Social, CONAMU, CODENPE, C O DA E, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, CONADIS, STFS, PPS Sector de Defensa Nacional: Consejo de Seguridad Nacional. Sector Educación: Ministerio de Educación y Cultura. 6 2 Sector Finanzas: Ministerio de Economía y Finanzas. Sector Jurisdiccional: Corte Suprema de Justicia, Tribunales y Juzgados, Con sejo Nacional de la Judicatura. Sector Legislativo: Parlamento Andino; Congreso Nacional y Concejos Canto nales de los Gobiernos Seccionales; Concejos Cantonales de la frontera nor t e . Sector Recursos Naturales: Ministerio de Energía y Minas. Ministerio de Medio A m b i e n t e Sector Salud: Ministerio de Salud Pública; Comités de Gestión y Comités de Usuarias; Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta P é r e z . Sector Trabajo: Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos. Otros sectores: Comisión de Control Cívico de la Corrupción, Universidades (escuelas de ciencias médicas, comunicación, educación) Dirección Nacional de Defensa de los Derechos de las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pu e b l o . 3. Promoción y protección de derechos culturales, intercul turales, a la educación, calidad de vida y autonomía Sector Administrativo: Presidencia y Secretaría del Estado; Consejo Nacional de Modernización del Estado; Juntas Pa r r o q u i a l e s . Sector Asuntos Internos: Dirección Nacional de Registro Civil. Sector Agropecuario: Instituto Nacional de Desarrollo Agrario. Sector Bienestar Social: STFS, PPS, CONAMU, CODENPE, CODAE; Ministerio de Bienestar Social; Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Sector Legislativo: Concejos Cantonales de los Gobiernos Locales Sector Educación: Ministerio de Educación y Cultura; Consejo Nacional de C u l t u r a . Sector Finanzas: Ministerio de Economía y Finanzas. Sector Salud: Ministerio de Salud Pública; Servicio Nacional de Erradicación de la Malaria y control de Vectores (SNEM); Instituto Nacional de Higiene y Me dicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Otros sectores: Tribunal Constitucional, Universidades (escuelas de ciencias de la educación). Asociación de Municipalidades del Ecuador, Dirección Na cional de Defensa de los derechos de las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pu e b l o . 6 3 Primera Marcha del Movimiento Nacional de Mujeres por la No violencia, 1983. 4. Promoción y protección de los derechos económicos, ambientales, trabajo y acceso a recursos financieros y no financieros Sector Administrativo: Presidencia y Secretaría del Estado; CONAM. Sector Asuntos Internos: Dirección Nacional de Migración. Sector Agropecuario: Ministerio de Agricultura y Ganadería; Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (en los niveles locales se ubicarían todos los centros re conversión y rehabilitación agraria: CREA, PREDESUR, CRM, CORSICEN, CO D E LO R O, CODERECO). Sector Ambiente: Ministerio del Ambiente; Programa de Manejo de Recursos Naturales; Instituto Nacional de Galápagos. Sector Bienestar Social: Ministerio de Bienestar Social, STFS-PPS, CONAMU, C O D E N P E, CODA E. Sector Educación: Ministerio de Educación y Cultura. Sector Finanzas: Ministerio de Economía y Finanzas. Sector de Industrias y Comercio: Ministerio de Comercio Exterior, Industrializa ción y Pe s c a . Sector Recursos Naturales: Ministerio de Energía y Minas. Sector Salud: Ministerio de Salud Pública. Sector Trabajo: Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos; Servicio Ecuatoria no de Capacitación Profesional.. Sector Turismo: Ministerio de Turismo (Corporaciones Locales de Tu r i s m o ) . Sector Legislativo: Concejos Cantonales de los Gobiernos Seccionales. Otros sectores: Asociación de Municipalidades del Ecuador, Dirección Nacio nal de Defensa de los derechos de las Mujeres, la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Comisión de Control Cívico de la Corrupción; Sistema Financiero Nacional. 6 4 6 5 Equipo Directivo Rocío Rosero Garcés, Directora Ejecutiva Ariadna Reyes Ávila, Directora Técnica Magdalena Padilla, Directora Desarrollo Organizacional Equipo Asesor Cecilia Valdivieso Vega, Asesora Dirección Ejecutiva Marcelo Jaramillo, Asesor Jurídico Externo Jenny Robayo, Coordinación Convenio UNIFEM-CONAMU Equipo de Formulación de Políticas Soledad Puente, Coordinadora Sonia Estrella Alba Pérez Amparo Armas Ninfa León Silvia Amores Feliza González Friedericke Brinkmeier Equipo de Seguimiento y Evaluación de Políticas Lorena Herrera, Coordinadora Doris Herrera Consuelo Bowen María Eugenia Molina Carmen Reinoso Victoria Salinas Susana Flores Mónica Gómez Mónica León Ibeth Yépez Gloria Va l l e j o Equipo de Asesoría Jurídica Rosa Sánchez, Asesora Jurídica Janeth Santamaría Gonzalo Argotti Irene Pa n c h i Equipo de Desarrollo Organizacional Soraya Ponce, Jefa de Recursos Humanos Mayra To r r e s Byron Ay a l a Flor Núñez Susana Dávila Liliana Chile María del Carmen Molina Margarita Picerno Carmen Rosero Consuelo Calderón José Ramírez Vicente Zambrano Gabriela Unda Gabriella Gallo Marcia Te l p i s Johanna Arias Patricia Román Gioconda Guama Patricia Pérez Equipo del Centro Cultural Viviana Maldonado Mónica Sabay Equipo de Pasantes Karen Kûellman Camille Picnet Luis Cárdenas Milton Heras Equipo directivo, técnico, administrativo-financiero y asesor del Consejo Nacional de las Mujeres Directorio María del Carmen Acosta Presidenta, Delegada del Presidente de la República Yolanda Cabrera Delegada de SENPLADES Elsa Santos Delegada de la Secretaría de la Administración Pública Tamara Merizalde Delgada de la Secretaría Técnica del Frente Social Liliana Durán Foro Nacional de la Mujer Dalia Moncayo Coordinadora Política de las Mujeres Julieta Logroño Confederación de Mujeres Ecuatorianas por el Cambio 6 6 Pacto de Equidad Quito, marzo de 2005 El Gobierno ecuatoriano representado por las más altas dignidades de los diferentes po deres y órganos de control del Estado, las autoridades de gobiernos locales, los/as represen tantes de las agencias de cooperación internacional, la sociedad civil en su conjunto, y de ma nera particular las organizaciones de mujeres nacionales, regionales y locales, concientes de la necesidad de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes y la equidad de género, acuerdan suscribir el Pacto Nacional por la Equi dad, considerando: 1. Que el Estado ecuatoriano cuenta con la Carta Política más avanzada de la región, en la que se establece la obligación de promover y proteger los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas como condición sine qua non para la consolidación del Estado Social de Derecho en el país; 2. Que el Estado ecuatoriano tiene el mandato constitucional de garantizar a todas las personas la igualdad ante la ley sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma; religión, filiación política, posición económi ca, orientación sexual; estado de salud, discapacidad, o diferencia de cualquier otra índole (Art.23, num.3 de CPE); 3. Que el Estado ecuatoriano es suscriptor de importantes tratados, convenios, plata formas y declaraciones internacionales de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, tales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención de los Derechos de los Niños (CDN), la Plataforma de Acción de Beijing, la Plata forma de Acción de El Cairo, estos dos últimos ratificados por el Estado ecuatori ano a nivel regional y la Declaración de las Metas del Milenio; 4. Que la democracia implica la participación plena de las mujeres en la vida pública y política, particularmente en los niveles de toma de decisión; 5. Que la gobernabilidad democrática implica la incorporación del enfoque de género en la planificación nacional y local y en el diseño de presupuestos para la formula ción de políticas públicas; y, 6. Que persisten diversas formas de discriminación contra las mujeres, tanto en el ám bito público como privado, afectando el ejercicio pleno de sus derechos fundamen t a l e s ; Quienes suscribimos este pacto reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos de las mu jeres y la equidad de género y resolvemos adoptar el Pacto Nacional de Equidad por las Mujeres y las Niñas del Ecuador como el principal acuerdo político nacional que compromete la voluntad de la sociedad civil en su conjunto y del Estado para la disminución significativa en el mediano plazo -y la erradicación en el largo- de las brechas de inequidad que afectan la vida de las niñas, jóvenes y mujeres, adoptamos las siguientes líneas e s t r a t é g i c a s : a) Institucionalización del Plan de Igualdad de Oportunidades 2004-2009, como el principal instrumento técnico-político de planificación de la acción en género que orienta la inversión del sec tor público y privado, y de la cooperación internacional a partir de las principales demandas de las mujeres, niñas y adolescentes. b) Fortalecimiento de la institucionalidad de género. Es fundamental la consolidación de un marco legal que brinde el suficiente respaldo jurídico al Consejo Nacional de las Mujeres (CONA MU) y posibilite su sostenibilidad, y la de los mecanismos locales de género como instancias de po líticas públicas para la equidad de género y de promoción y protección de los derechos de las mu jeres, niñas y adolescentes. c) Planificación nacional y local de las políticas de desarrollo con enfoque de género. E s t a política implica la incorporación de las mujeres diversas en el proceso de planificación de políticas públicas, tanto en el gobierno central como en los gobiernos locales. Significa también la inclusión del enfoque de género en el desarrollo mismo de las propuestas, es decir en las distintas fases de planificación. d) Presupuestos sensibles al género. La voluntad política para operativizar la acción en género se ve reflejada en la asignación oportuna y suficiente de recursos. Se requiere de recursos económicos importantes, tanto en el nivel central como en nivel local, que posibiliten el sostenimiento de pro cesos de mediano y largo plazo para la formulación de políticas, programas y proyectos para la pro moción y protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes y la equidad de género. e) Participación plena de las mujeres en todos los niveles y espacios de toma de decisiones como condición de la gobernabilidad democrática.Las mujeres diversas deben estar representa das en cargos de elección popular y por designación, en el plano nacional e internacional. En el marco de las líneas estratégicas antes mencionadas, instamos al Estado Ecuatoriano en su conjunto a d e clarar los siguientes programas como protegidos y prioritarios, garantizando una asignación presupuestaria suficiente y permanente: Programas protegidos y prioritarios Plan de Igualdad de Oportunidades 2005-2009 Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia Programa Nacional de Prevención y Sanción de los Delitos Sexuales en el Ámbito Educativo Programa Equidad de Género en la Escuela Programa Nacional de Erradicación del Analfabetismo Programa de Apoyo a las Mujeres Rurales PA D E M U R Programa Nacional de Empleo para las mujeres ecuatorianas Fondo PROMUJERES Plan Nacional para la vigencia de Ley de Cuotas y de Amparo La b o r a l Programa Nacional de Acceso a la Justicia de las mujeres diversas Pilotaje de Redes de Servicio para Mujeres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano (Cualifi cación de las Políticas de Protección Social) Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Ad o l e s c e n t e s 6 9