Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030

Ministerio de Desarrollo Social / Instituto Nacional de las Mujeres / Consejo Nacional de Género Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 CONSEJO NACIONAL DE GÉNERO Presidencia Instituto Nacional de las Mujeres Mariella Mazzotti Ministerio de Desarrollo Social Ana Olivera Oficina de Planeamiento y Presupuesto Álvaro García Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Ana Santestevan Ministerio del Interior Charles Carrera, Federico Laca Ministerio de Salud Pública Cristina Lustemberg, Jorge Quian Ministerio de Educación y Cultura Edith Moraes Ministerio de Turismo Hyara Rodríguez Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Salvador Schelotto Ministerio de Relaciones Exteriores Laura Dupuy, Ariel Bergamino Ministerio de Industria Energía y Minería Guillermo Moncecchi Ministerio de Defensa Nacional Daniel Montiel Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca José Ignacio Olascuaga Fiscalía General de la Nación Jorge Díaz Banco de Previsión Social Gabriel Lagomarsino Administración Nacional de Educación Pública Laura Motta Instituto del Niño/a y del Adolescente del Uruguay Marisa Lindner Instituto Nacional de Colonización Jaqueline Gómez Instituto Nacional del Cooperativismo Gustavo Bernini Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional Eduardo Pereira Congreso de Intendentes Rosina Lema Universidad de la República Karina Batthyány Plenario Intersindical de Trabajadores/as - CNT Milagros Pau, Daniela Durán Cámaras Empresariales Elvira Domínguez Representante de las Organizaciones de Mujeres Nita Samuniski REDACCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD: Doc. Claudia Hasanbegovic Lic. Sociología Natalia Guidobono Lic. Ciencias Antropológicas Victoria Espasandin Compilación y elaboración final del documento División Planificación, Gestión y Desarrollo, Dira. Mag. Carla Sacchi División de Políticas Transversales y Empoderamiento, Dira. Nohelia Millán Asesoría Relaciones Internacionales, Responsable Lic. Daniela Tellechea Díaz Departamento Ruralidad y Género, Responsable Ing. Agr. Daniel Radiccioni Dira. INmujeres A. S. Mariella Mazzotti Secretaría del Consejo Nacional de Género, Lic. Noelia Ojeda Edición general: Lucía Germano Fotografías: Archivo MIDES, Fotógrafa Inés Filguerias | Archivo fotográfico Instituto Nacional de las Mujeres- MIDES | Archivo de Comunicación del Banco de Previsión Social GRUPO ASESOR PARA LA ESTRATEGIA PARA LA IGUALDAD DEL CONSEJO NACIONAL DE GÉNERO Coordinación Nohelia Millán Daniela Tellechea, Noelia Ojeda Ministerio de Desarrollo Social Instituto Nacional de las Mujeres Esther Arrambide Cecilia Capel Karina Ruiz Carla Sacchi Beatriz Aquino, Libia Ferone, Daniel Radiccioni, Gabriela Sarasúa, Marisa Ortega Secretaría de Cuidados Patricia Cossani Relaciones Internacionales y Cooperación Leticia Benedet Ministerio del Interior Cecilia Echardt Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Liliana Seijas Ministerio de Defensa Nacional Mª del Rosario Rodríguez, Alicia Charquero Oficina de Planeamiento y Presupuesto Mariana González Ministerio de Turismo Silvia Altmark, Carolina Bestard Ministerio de Industria Energía y Minería Rossanna González Ministerio de Educación y Cultura Sergio Lijtenstein, Federico Medina Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente Inés Guídice Ministerio de Salud Pública Adriana Brescia, Cristina Grela, Dariana Rodríguez Ministerio de Relaciones Exteriores Silvana Guerra Administración Nacional de Educación Pública Verónica Massa Instituto del Niño/a y del Adolescente del Uruguay María Elena Mizrahi, Lucía Lago Instituto Nacional del Cooperativismo Claudia De Lisio Banco de Previsión Social Ivonne Pandiani Instituto Nacional de Colonización Verónica Camors, Franca Bacigalupe Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional Jorge Rondán Congreso de Intendentes Solana Quesada, Rosina Lema Cámaras Empresariales Elvira Domínguez Plenario Intersindical de Trabajadores/as Convención Nacional de Trabajadores/as Milagros Pau, Daniela Durán Representante de las Organizaciones de la Sociedad Civil Fanny Samuninski Representante del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca Paula Florit Diseño y realización: www.gliphos.com Impresión: Impresos DIB Depósito legal: 373.054/17 Agradecemos el apoyo de ONUMujeres Índice Prólogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 I. Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 II. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 III. Marco conceptual: la igualdad sustantiva de género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 IV. Las deudas con la Igualdad de Género . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 V. Caminos para la Igualdad de Género al 2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 VI. Claves para la Implementación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 VII. La viabilidad de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género . . . . . . . . . 112 VIII. Anexo: Participantes en instancias de consultas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Prólogo «Sin saltos de la imaginación, o soñando, perdemos la emoción de la posibilidad. Soñar, al fin y al cabo, es una forma de planificar». Gloria Steinem El Consejo Nacional de Género es el espacio interinstitucional creado por la Ley Nº 18.104 del 15 de marzo del 2007, para la definición de las líneas estratégicas de las políticas públicas de género, integrado por responsables jerárquicos de los ministerios y otros organismos del Estado y por representantes de la Universidad de la República y de la sociedad civil organizada. En el marco de los distintos compromisos asumidos por nuestro país en estos últimos años en el campo de las políticas de igualdad de género y ante los crudos embates de la propia realidad, se decidió la realización interinstitucional y participativa de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030. Construir futuro, un futuro de igualdad y de desarrollo para cada una y cada uno que viven en este país implica conocer el punto de partida: cómo se desarrolla la vida coti diana según se es, según dónde se vive, según las más diversas condiciones que hace a la particularidad de cada persona. La presente Estrategia da cuenta de esos puntos de partida y pretende constituirse en la hoja de ruta que orienta el accionar del Estado en materia de igualdad de género a mediano plazo. Uruguay mantiene deudas con la igualdad de género: hay desigualdades entre mujeres y varones, y hay desigualdad y oportunidades diferentes entre mujeres. El sector socioe conómico, la edad, la ascendencia étnico-racial, la identidad sexual o de género, o el lugar de residencia son algunos de los factores que estructuran la desigualdad. La realidad nos confronta diariamente y nos muestra los distintos rostros de la desigual dad. Los femicidios nos han golpeado en este 2017 con una frecuencia alarmante y muestran el dolor más evidente que puede causar la discriminación. Sin embargo en la vida cotidiana, de manera natural y silenciosa, otros dolores se reproducen en el trabajo, en casa o en la calle. Los patrones culturales, que condicionan y enmarcan las conduc tas, limitan también los sueños de niñas, niños y adolescentes. Los datos y estudios prospectivos específicos revelan la dimensión de los desafíos que el Estado uruguayo debe asumir para superar las barreras sociales, económicas, políticas y culturales y así transformar la realidad actual en un futuro donde cada ciudadano y ciudadana pueda ejercer efectivamente sus derechos y responsabilidades sociales. Construir futuro implica también desarrollar de manera sistemática una visión de la sociedad deseada. Esta visión está orientada por aspiraciones de igualdad y justicia des cribir esa igualdad sustantiva como la posibilidad para que cada persona o grupo social se desarrollen en marcos de libertad y autonomía. Es así entonces que la igualdad, la justicia, la libertad y la autonomía son dimensiones centrales para el desarrollo sostenible de las sociedades. Estas nociones sólo pueden convertirse en realidad si el Estado planifica y se compromete con políticas que corrijan las desigualdades, junto con una ciudadanía activa y organizada que comparta estos ideales, participe en el diseño de las propuestas y monitoree la ejecución de estas po líticas. Mariella Mazzotti Marina Arismendi Directora del Instituto Nacional de las Mujeres Ministra de Desarrollo Social I. Justificación 9 La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género pretende convertirse en una hoja de ruta, integral e integradora, susceptible de orientar el accionar del Estado en materia de igualdad de género a mediano plazo. Se hace eco del lineamiento para el quinquenio en curso: la política de género como política de Estado. Propone delinear un horizonte de igualdad de género al 2030, e integra para ello un conjunto de aspiraciones, directrices político-institucionales y lineamientos estratégicos capaces de influir en las decisiones de política pública. Se acompaña de este modo a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ambos esfuerzos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en la defini ción de la Estrategia Nacional para el Desarrollo 2050. Asimismo, recupera como aportes sustantivos las diversas agendas de las mujeres y de feministas. La Estrategia para la igualdad de género como compromiso de Estado, permitirá dar un marco orientador a los planes específicos de los diferentes grupos de trabajo del Consejo Nacional de Género, así como acordar los pilares sustantivos para la transversalidad de la política de igualdad con participación ciu dadana y de las diversas organizaciones sociales. En tal sentido, se pretende obtener un itinerario a mediano plazo que contemple, de forma coherente y eficiente, los retos en las diversas áreas de vulneración de derechos y desigualdad. Se reconoce que el Es tado debe actuar a través de la implementación de medidas en el ámbito de sus tres poderes, teniendo en cuenta las tendencias del país, manejando los factores críticos presentes e incorporando las principales prio ridades identificadas por la sociedad civil para llegar al 2030 con logros sustantivos en igualdad de género. Los compromisos y recomendaciones internacionales que el país asumió, así como la agenda nacional del movimiento de mujeres y feminista, representan desafíos para el diseño e implementación de políti cas públicas. El Estado uruguayo reconoce los avances realizados en las últimas décadas en materia de actualización de sus marcos normativos y ampliación de los planes y programas orientados a la igualdad de género. Sin embargo, reconoce insuficiencias que se convierten en compromisos de gobierno con la ciudadanía para avanzar hacia la igualdad de género. Uno de los elementos de mayor impacto para el diseño e implementación de planes y programas ha sido la inclusión de una mirada compleja en el análisis de las desigualdades que viven las mujeres, identifican do la multiplicidad de factores que la producen. La política pública debe tener la capacidad de respuesta particularizada a la ciudadanía en el marco de propuestas universales. Así la condición socioeconómica, la ascendencia étnico-racial, la edad, la identidad sexual y de género, la condición de discapacidad y el territorio donde se vive, se señalan como factores significativos que multiplican las vulnerabilidades de las mujeres a la discriminación y desigualdad. Merecen especial atención los compromisos internacionales asumidos por Uruguay en el marco de: la Agenda Regional de Género (CEPAL); la Agenda 2030 (ONU); la Convención Internacional para la Elimina 10 ción de Todas las formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) y las recomendaciones que emitió para el Estado uruguayo su Comité de Seguimiento (2016); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD), y las recomendaciones emitidas para el Estado uruguayo por su Comité de Seguimiento (2017); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y las recomendaciones a Uruguay emanadas de su Comité (2017); la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, las «conclusiones convenidas» aprobadas por la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en su sexagésimo primer período de sesiones (2017) sobre el empoderamiento de las mujeres en el cambiante mundo del trabajo. El documento «Estrategia Montevideo» fue aprobado en la Conferencia Re gional de la Mujer de América Latina y el Caribe para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030 en Montevideo, en 2016. Esta agenda está constituida a partir de los compromisos asumidos por los Gobiernos a través de los diversos Consensos emanados de las diversas Conferencias Regionales de América Latina y el Caribe (CEPAL). Son referencias también la Conven ción Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2015 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados en 2016 por las Naciones Unidas. A nivel nacional existen iniciativas, algunas de ellas aún en curso, como el Estudio Prospectivo Uruguay 20501, llevado adelante por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que incluye entre sus ejes de aná lisis priorizados la igualdad de género. Las conclusiones del estos estudios son insumos definitorios para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Sustentable Uruguay 2050, que permitirá la coordinación estratégica de las políticas públicas nacionales. Asimismo, el Diálogo Social —en tanto proceso organizado y convocado por la Presidencia de la Repúbli ca durante el año 2016— representa una nueva instancia para la coordinación de las políticas generales con las de género. Tuvo como objetivo generar insumos, en diversas áreas y temáticas, para contribuir a las definiciones de una estrategia de desarrollo del país para el mediano plazo. En este marco se desarro lló la mesa de trabajo nº 8: «Género y Generaciones». Se entiende que Uruguay necesita profundizar en el corto plazo sus marcos normativos para otorgar rango legal a los compromisos asumidos por el país con la igualdad sustantiva de género. Así como para avanzar en la transformación democrática-igualitaria del Estado con una gestión pública de calidad con equidad de género y presupuestos sensibles al género. Se requiere también una arquitectura institucional 1 El Estudio Prospectivo Uruguay 2050 es un proceso organizado y convocado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Presidencia de la República orientado a la generación de visiones de futuro estructuradas y horizontes de largo plazo (CNG, feb. 2017). 11 trasversal de género que consolide la promoción de los planes y programas de género a lo largo de todas las instituciones del Estado. Las aspiraciones de igualdad de género sin embargo no podrán concretarse si no se fortalecen los cana les de comunicación y alianza con el movimiento social, especialmente con el movimiento de mujeres y feminista. De la misma manera, la territorialización de las acciones en las realidades locales y concretas donde las mujeres se agrupan y movilizan es de suma importancia. Es de destacar los aportes vigentes de las agendas presentada por CNS Mujeres2 en los años 2009 y 2010 en la que se señalaban los principios éticos de: Justicia, Justicia de Género, Libertad, Empoderamiento Autonomía, Ciudadanía, Redistribución de la Riqueza, Igualdad, Reconocimiento, Participación Política; que se comparten y serán orientadores de esta Estrategia Nacional para la Igualdad de Género. CNS Mujeres señalaba seis áreas temáticas de interés para el avance de las políticas públicas: Trabajo e inclusión socioeconómica, Violencia hacia las mujeres y de género, Participación y representación políti ca, Sistema de bienestar y políticas de cuidado, Educación, Derechos sexuales y derechos reproductivos. Por su parte, las organizaciones de mujeres rurales integradas al espacio de Diálogo —activas participan tes en la elaboración de la presente estrategia— han identificado en su documento «Voces de Mujeres Rurales Organizadas: construyen una agenda nacional»3 seis áreas de acción que deberían abor darse de manera prioritaria para avanzar en el reconocimiento de sus derechos y contribuir a la mejora de su calidad de vida: ocio y tiempo libre, salud, trabajo, acceso a la tierra, participación, producción. En el marco de la masiva y sin precedentes movilización por los derechos de las mujeres el 8 de marzo de 2017, la Intersocial Feminista —que agrupa a la central sindical y a un conjunto de organizaciones de mujeres y feministas— priorizaba las políticas públicas que garantizaran el acceso en todo el territorio nacional a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, para la atención integral a la violencia de género, superación de las brechas salariales en el trabajo, y participación paritaria en la toma de decisio nes en todos los ámbitos, incluyendo la corresponsabilidad en los cuidados4. 2 «Agenda 2009, Una propuesta política de Mujeres Organizadas y CNS Mujeres», CNS Mujeres, y «Las mujeres organizadas en Uruguay. 15 años de CNS Mujeres, construyendo historia desde el feminismo», Ediciones CNS Mujeres, 2010, Uruguay. CNS Mujeres es el nombre que adquirió la articulación de organizaciones feministas uruguayas para el seguimiento de los compromisos emanados de la Plataforma de Acción de Beijing, 1995. 3 Comunicado a la opinión pública, 15 de octubre de 2017, ratifica documento de «Voces de Mujeres Rurales Organizadas: construyen una agenda nacional», encuentro de mujeres rurales, Young, 15 de octubre de 2015, Uruguay. 4 Intersocial feminista, marcha del 8 de marzo de 2017. 12 La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género, que se presenta, es el fruto del trabajo colecti vo de un conjunto de funcionarios y funcionarias profesionales, de los distintos organismos nacionales y departamentales integrantes del Consejo Nacional de Género que conformaron el Grupo Asesor para la estrategia. Asimismo, se construyó con los insumos recogidos en las instancias de trabajo realizadas con organizaciones de mujeres y feministas, así como también representantes de la central sindical y de institu ciones de los tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. Integran el Grupo Asesor de la Estrategia Nacional para la Igualdad representantes, especialmente designadas, de 17 organismos públicos, representante de la Cámaras Empresariales, PIT-CNT y organizaciones y redes de mujeres y feministas. En un proceso de diez reuniones y dos ciclos de talleres, el Grupo Asesor analizó el marco conceptual para una estrategia de igualdad, los estudios de prospectiva de género de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y se propusieron las aspiraciones de igualdad al 2030, las directrices de políticas públicas y lineamientos estratégicos para alcanzarlas. Paralelamente se desarrollaron instancias para recoger insumos específicos con los directores departa mentales del Ministerio de Desarrollo Social —en su calidad de coordinadores de las Mesas Departamen tales Interinstitucionales de Políticas Sociales— y con las integrantes de la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso de Intendentes. Se realizaron también tres jornadas con organizaciones y redes de mujeres y feministas y un encuentro con organizaciones de mujeres rurales. Las diversas instancias aportaron insumos específicos, preocupaciones, reflexiones y análisis críticos que enriquecieron la elaboración de la estrategia y favorecerán su concreción como hoja de ruta para el dise ño e implementación de la política pública a nivel nacional. Sin lugar a dudas que la construcción de la igualdad de género implica profundos cambios culturales e institucionales, que afectan a las esferas estructurantes de la economía, la política y el desarrollo y tam bién a las esferas de la vida cotidiana donde se producen y reproducen el sistema de creencias, pautas y valores que determinan las relaciones sociales. El impulso a la igualdad se orienta hacia un horizonte siempre inalcanzable, donde la sociedad organiza da tiene un papel central a desarrollar. El Estado, en su entramado institucional, requiere del ímpetu y el empuje de estas organizaciones sociales, asegurando su capacidad de escucha y avanzando en los pro cesos de trasparencia para responder a las demandas populares, siempre que se sustentan en principios de igualdad, justicia y solidaridad recíproca a nivel político, económico, cultural y social. II. Antecedentes 15 El movimiento feminista y de mujeres en Uruguay bajo la dictadura militar (1973-1984) constituyó una de las fuerzas sociales que participó de la resistencia y de la lucha por la recuperación democrática. Fue activo protagonista de la elaboración de la agenda a favor de la igualdad de las mujeres en la transición democrática. Esta primera agenda de ejes temáticos donde se visibiliza, por primera vez en décadas, la condición de discriminación y desigualdad fue realizada en el marco de la Concertación Nacional Programática por una diversidad de actores comprometidos: movimientos de mujeres, organizaciones sociales, representantes del mundo académico y de los partidos políticos. Este proceso culminó a nivel estatal con la creación del primer mecanismo institucional para la igualdad: el Instituto de la Mujer en la órbita del Ministerio de Educación y Cultura que contó en este primer período con un consejo asesor integrado por representan tes de las organizaciones de mujeres. Al mismo tiempo, las conferencias y cumbres convocadas por Naciones Unidas, en la Década de la Mu jer de Naciones Unidas (1975-1985) y especialmente las celebradas a partir de los años 90 —a las que asistieron los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y los representantes políticos—, abrieron espacios para al debate en torno a una agenda común de derechos de las mujeres. En este contexto, los movimientos feministas y de mujeres aportaron sistemáticamente en el proceso de incorporación de nuevos problemas a la agenda pública, develando entre otros factores la responsabilidad que tiene el Estado en lo concerniente a la transformación, permanencia o reproducción de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y varones, en todas sus diversidades. El fortalecimiento del movimiento de mujeres y feminista, aunado con el movimiento sindical y las redes de mujeres políticas, generaron las condiciones para que en 1990 el nuevo gobierno departamental que asumió la conducción de la Intendencia Municipal de Montevideo resuelva la creación de la Comisión de la Mujer. Ésta fue la primera instancia institucional de gobierno departamental orientada a políticas hacia la mujer. La Comisión de la Mujer, integrada inicialmente por representantes del movimiento de mujeres, sindical y político, tuvo por cometido dar respuesta a las demandas y prioridades acordadas por las diversas organizaciones. El año 2005 abrió un nuevo escenario político que permitió avanzar en el desarrollo de políticas públicas para la superación de las desigualdades sociales, así como de las condiciones de emergencia económica y social en que se encontraba el país. Las reformas estructurales llevadas adelante a nivel tributario y de salud; la orientación de las políticas laborales con la reinstalación de los consejos de salarios y el Plan de Emergencia Nacional fueron ejes de políticas públicas orientadas a la redistribución de los ingresos y 16 mejoras en la calidad de vida del conjunto de la población. Asimismo las políticas orientadas a disminuir las condiciones de desigualdad de género adquirieron una mayor presencia. En el año 2005, por ley Nº 17.930 de Presupuesto Nacional —en su artículo 377º— se modificó el nom bre del Instituto Nacional de la Familia y la Mujer (INFM) que pasó a llamarse Instituto Nacional de las Mujeres (INmujeres)5 y redefinió los cometidos institucionales. Mediante la ley No 17.866 —en su artículo 6 del mismo año— el INmujeres pasó a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. El Instituto de las Mujeres se convirtió en el mecanismo de igualdad de género a nivel nacional que por primera vez contó con una estructura de cargos y presupuesto propio. El 15 de marzo de 2007 el Poder Ejecutivo promulgó la ley Nº 18.104 de Promoción de Igualdad de Oportu nidades y Derechos entre Hombres y Mujeres, que declara de interés general las actividades orientadas a la igualdad de género, obliga al Estado a tomar medidas tendientes a alcanzar la igualdad, y a rendir cuentas de lo actuado6. Por su parte, el Artículo 6º de dicha norma establece que el Instituto Nacional de las Muje res debe promover la coordinación y articulación de las instituciones y de las políticas públicas de igualdad de oportunidades y derechos, orientada por los principios de integralidad, descentralización, participación, inclusión y promoción de derechos humanos. El artículo 3º de esa ley, encomienda al INmujeres el diseño del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos y en el 8º le confiere la responsabilidad de presidir el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Igualdad de Género. El 15 de mayo de 2007 el Consejo de Ministros, a través del Decreto 184/007, aprueba el «Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, 2007–2011» (PIODNA). La implementación del PIODNA (2007–2011) ha permitido avanzar en el fortalecimiento de la institucio nalidad nacional de género en términos presupuestales, mejorando la dotación de recursos humanos y materiales. Asimismo comienza un período de creación de diversos mecanismos institucionales en 5 El INmujeres es el mecanismo nacional de adelanto de las mujeres, y como tal es un engranaje fundamental para la promoción de las políticas de igualdad de género. La articulación creativa entre movimientos feministas trasnacionales y nacionales, y entre las instituciones internacionales y los gobiernos nacionales en conferencias globales o regionales en torno a la igualdad de género tuvo como uno de sus resultados la creación y desarrollo de los mecanismos de adelanto de las mujeres (Guzmán y Montaño, 2012: 14). La aprobación del marco legal y la creación de la institucionalidad es un piso administrativo fundamental que ha permitido sostener, implementar y mejorar las iniciativas destinadas a cumplir con los objetivos de la política de género. «Esto ha incentivado la incorporación de la temática en los discursos ministeriales y, sobre todo, ha favorecido una acumulación cultural en las instituciones» (Benavente y Valdés, 2014: 120). 6 Todas las instituciones del Estado hacen su rendición de cuentas el 8 de marzo de cada año poniendo al escrutinio de la sociedad las actividades que han desarrollado en miras a lograr la igualdad de género. 17 distintos organismos del Estado, capaces de implementar acciones sectoriales orientadas a la igualdad de género. Tomando como guía el PIODNA; la implementación del Modelo de Calidad7 con Equidad en las empresas públicas inicia una línea programática sustantiva para el cambio cultural y superación de barreras discriminatorias en las organizaciones públicas; los presupuestos sensibles al género también se inician como propuesta programática. Los avances en términos de la igualdad formal son los más contundentes. El trabajo legislativo para la actualización de los marcos normativos para la igualdad de género ha sido muy fructífero desde la recu peración democrática, contándose con nuevas normas orientadas a superar situaciones de desigualdad y discriminación en materia de participación política, derecho laboral, derechos sexuales y derechos repro ductivos, de violencia basada en género, de cuidados, de seguridad y protección social, discriminación racial, de familia, civil y penal. La consolidación del Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, así como la constitución de la Mesa Interinstitucional de Combate a la Trata, son espacios de desarrollo de una políti ca pública intersectorial de género en materia de violencia de género, en diálogo con las organizaciones y redes de mujeres y feministas. Desde 2005 INmujeres cuenta con el departamento de Mujeres Afrodescendientes, primer espacio institu cional que articula las políticas de género y etnia-raza, considerando esta intersección como expresión de la discriminación específica que viven las mujeres afrouruguayas. Se ha contribuido de este modo al desarrollo de la mirada étnica racial en sus programas y proyectos, y en la trasversalización de esta perspectiva de trabajo a nivel de las instituciones y organismos integrantes del Consejo Nacional de Género. Este ámbito institucional ha impulsado la visibilización de los aportes de las mujeres afrodescendientes a la cultura y al desarrollo del país. También ha fortalecido el liderazgo de mujeres afrouruguayas mediante procesos específicos de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres afro, en un permanente dialogo con ellas. En este último período, el Instituto Nacional de las Mujeres ha priorizado el rol del Consejo Nacional de Género como espacio articulador y de definición programática de las prioridades de política pública, a nivel interinstitucional y con representantes de los sectores sociales. Por su parte, ha definido sus ejes estratégicos en consonancia con el marco de las prioridades nacionales: fortalecimiento de los procesos 7 Mediante el Modelo de «Calidad con Equidad de Género» el INmujeres reconoce a las organizaciones públicas y privadas que desarrollan en sus ámbitos laborales un sistema de gestión de calidad con equidad de género que visibiliza, planifica y cumple anualmente acciones hacia la eliminación de las inequidades de género. 18 de descentralización, impulso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados y promoción de empodera miento social y económico de los sectores con derechos vulnerados. De esta manera el INmujeres se plantea como uno de sus objetivos «promover acciones coordinadas e integrales dirigidas a incluir la perspectiva de género en planes y programas de alcance territorial, con énfasis departamental y municipal, impulsando y apoyando la participación de grupos de mujeres, de referentes de la sociedad civil y de mujeres en situaciones especialmente vulnerables, para el ejercicio pleno de los derechos de las personas». La descentralización de las políticas de género en el territorio permite el acercamiento a la vida cotidiana de las comunidades, priorizándose el apoyo a las organizaciones de mujeres rurales, jóvenes, trabajado ras domésticas, privadas de libertad, afrodescendientes y colectivos de la diversidad, de acuerdo a las realidades de cada departamento del país. Las políticas de lucha contra la violencia de género también se han territorializado, destacándose el papel de las Comisiones Departamentales de Lucha contra la Violencia Doméstica y al apoyo a las iniciativas locales, incluidas las campañas de sensibilización dirigidas a niñas, niños, adolescentes, mujeres y a la comunidad toda. Las políticas de promoción de la corresponsabilidad de género en los cuidados se desarrollan en diversos departamentos del país, incentivando la planificación local de las acciones y mecanismos para la difusión de derechos y la promoción de transformaciones en la división sexual del trabajo. A nivel territorial tam bién se promueven estrategias interinstitucionales de información y formación sobre derechos sexuales y reproductivos dirigidos a adolescentes, contribuyendo a generar espacios de diálogo sobre sexualidad y género con un enfoque integral. III. Marco conceptual: la igualdad sustantiva de género 21 La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 se sustenta en un enfoque de derechos huma nos y desarrollo sostenible, entendiendo a la igualdad de género como un componente intrínseco de las sociedades inclusivas y paritarias. Estados orientados a un desarrollo sostenible deberán definir e imple mentar políticas públicas que combatan las desigualdades, avanzando en la distribución de la riqueza y redistribuyendo bienes y recursos económicos y culturales. La desigualdad social es el resultado de una relación compleja de estructuras económicas, políticas, sociales, y culturales. Su superación exige políti cas integrales y un papel activo del Estado y de la sociedad civil, así como coherencia entre las políticas económicas, sociales y culturales; el fortalecimiento de la institucionalidad democrática; y la superación de la desigualdad territorial; y un profundo cambio cultural (ONU Mujeres, 2015). Las dimensiones económicas, políticas y culturales son estructurantes de la vida social y deben orientarse hacia la distribución del poder y al reconocimiento de las diversidades y particularidades de la ciudada nía a través de políticas públicas multidimensionales e integrales. Es necesario obtener impactos en las esferas de la distribución económica, dada la desigualdad de la riqueza y del ingreso y de acceso a los recursos materiales. En la esfera del reconocimiento cultural, se debe promover, diseñar e implementar políticas de reconocimiento cultural que valoren los aportes provenientes de la diversidad de grupos so ciales. En la esfera de la representación política, el fin último es lograr una sociedad paritaria. Estos cambios son estratégicos para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su autonomía, así como alcanzar la justicia social y la justicia de género. La igualdad implica necesaria mente construir una voluntad colectiva para cerrar las brechas de la desigualdad y favorecer la cohesión social. La igualdad de derechos exige la presencia del Estado y la profundización de los órdenes democrá ticos, comprometiéndose a implementar políticas activas de promoción del desarrollo, asegurar la pro visión de bienes públicos, intervenir con políticas de regulación económica, garantizar el bienestar social e incrementar la participación de los sectores excluidos y vulnerables en los beneficios del crecimiento económico. La igualdad, así entendida, se convierte en una meta política y en un objetivo indispensable para el desarrollo sustentable. Marco de Derechos Humanos Se reconocen como derechos humanos aquellos atributos inherentes a las personas por el mero hecho de serlo, dado que resultan indispensables para vivir con dignidad. Los derechos humanos son univer sales e involucran al conjunto del sistema político, económico y cultural; son irrenunciables, integrales, 22 interdependientes e indivisibles, ya que se relacionan unos con otros conformando un sistema; y son jurí dicamente exigibles, al estar reconocidos por los Estados en la legislación internacional y nacional (García Muñoz, 2004 en Hasanbegovic, 2017). Los derechos humanos en tanto sistema complejo e inacabado, que recoge las expectativas de igualdad y justicia de las sociedades, en sus distintos momentos históricos, incluyen los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y los derechos de los pueblos en el sentido más amplio. Desde la dimensión de igualdad de género se prioriza: el derecho a una vida libre de violencia para las mu jeres y las niñas; el derecho al acceso a una educación y cultura sin estereotipos de género; el derecho a una vida saludable; los derechos sexuales y reproductivos; los derechos a mejores oportunidades de desarrollo en el mundo del trabajo productivo y empresarial; el derecho a la tierra y recursos productivos; al empleo de calidad y al desarrollo de capacidades laborales; el derecho a los cuidados y a la protección y seguridad social; a la participación paritaria en todos los ámbitos de la vida política, económica y social; entre otros. El marco de derechos humanos establece que la igualdad de género es un derecho humano que implica obligaciones fundamentales para los Estados, tales como garantizar el principio de igualdad y no dis criminación mediante marcos legales y políticas públicas que reconozcan que las mujeres de todas las edades y singularidades tienen derecho a tener derechos, sin distinción de ningún tipo. Igualdad: formal y sustantiva La igualdad en el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos refiere a la plena titularidad y goce de los derechos económicos, sociales y culturales como horizonte normativo y práctico para todas las personas; independientemente de su situación socioeconómica, sexo, ascendencia étnico racial, identidad sexual y de género, edad, religión, origen, u otra condición. Así como a la inclusión de todos los ciudadanos y ciudadanas en la dinámica del desarrollo. Para ello se necesita una efectiva pertenencia a la sociedad y participación en la toma de decisiones. Es así que la igualdad sustantiva, entendida como el cierre de la brecha entre la igualdad formal y la igualdad real, implica el desarrollo de mecanismos específicos para la realización progresiva de los de rechos, asegurando la movilización de los recursos disponibles para garantizar el ejercicio de éstos, la contemplación de la diligencia debida para impedir la discriminación y la violación de derechos por parte de actores públicos o privados. 23 La Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación hacia la Mujer (CE DAW), establece que la igualdad entre mujeres y hombres es una cuestión de derechos y constituye una condición para el logro de la justicia social, además de ser un requisito previo y necesario para la igual dad, el desarrollo y la paz. La exigencia de igualdad no significa la obligación de ‘trato idéntico’, sino que ésta se logra con la elimi nación de todas las formas de discriminación contra las mujeres a través de las acciones del Estado (Facio, 2013a). Es por ello que CEDAW establece que los Estados dispondrán acciones especiales de carácter temporal (acciones afirmativas) para adelantar la igualdad, sin que su aplicación pueda ser considerada una discriminación hacia los varones. Asimismo, la Convención indica que los Estados están obligados a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de la mujer a la no discriminación y al disfrute de la igualdad de jure y de facto. Dimensiones de la igualdad de género y estrategias para alcanzarla La noción de igualdad contenida en los estándares internacionales de derechos humanos y de compro misos internacionales asumidos por los Estados con la igualdad y el desarrollo, «presupone el logro de la igualdad de género como base para la total superación de las desigualdades que se presentan en las familias, la sociedad y las instituciones, y supone el ejercicio pleno de los derechos y la autonomía de las mujeres, con profundos efectos en todas las dimensiones del bienestar. Reinstala, así, la igualdad de resultados en la agenda de las políticas públicas como prisma para evaluar el progreso de los países en todos los ámbitos del desarrollo social, económico y ambiental» (CEPAL, 2016b: 33). Las personas somos diversas, somos la síntesis única configurada por nuestra historia y matrices cultura les, económicas y sociales. Estamos tamizadas por la carga biológica particular, es así que el sexo, la iden tidad sexual y de género, la condición física, la edad, la ascendencia étnico racial, el sector socioeconómi co de pertenencia y lugar de residencia, son factores que configuran la subjetividad y las potencialidades de cada una de las personas. Estos diferentes factores, en el marco de la estructura socioeconómica y cultural de las sociedades, se constituyen en vectores de potenciación o de barreras al desarrollo personal y social, y por tanto se pueden constituir en ejes de desigualdad. 24 La clase social, el género y la etnia-raza son ejes estructurantes en la configuración de las desigualdades sociales. Impactan sobre la magnitud y reproducción de las desigualdades en los ámbitos económicos y socioculturales del desarrollo y en el ejercicio de los derechos. Por otra parte, esos ejes se encadenan a lo largo del ciclo de vida y se entrecruzan y potencian, lo que resulta en una multiplicidad de factores de desigualdad o discriminación que pueden manifestarse en las personas o en determinados grupos de la población (CEPAL, 2017). Al referirnos a la igualdad de género, ponemos en evidencia una categoría conceptual de análisis de las desigualdades que afectan al conjunto de mujeres y varones desde las amplias condiciones y diversida des. La categoría género representa «un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos y es una forma primaria de relaciones significantes de poder» (Scott, 1986). Es una construcción sociocultural que contrasta con el término «sexo», el cual se refiere a las di ferencias biológicas entre hombres y mujeres. Las sociedades atribuyen y reproducen características, roles, formas de ser, estar y sentir diferentes de los varones y las mujeres, bajo un sistema patriarcal y androcéntrico. Estas formas constituyen sistemas de género, que sustentan modelos de masculinidad y feminidad que definen y estructuran los compor tamientos socialmente esperados para cada quien, asignando valor y reconocimiento en función del modelo. La categoría de género, como instrumento analizador de las estructuras sociales y sus dimensiones, permite evidenciar las relaciones de poder y desigualdades que subyacen a las construcciones sociales de las feminidades y de las masculinidades. El género como categoría de análisis, se constituye en un decodificador del significado que las culturas otorgan a la diferencia de sexos. Se trata de una categoría heterogénea, dinámica, histórica, relacional y modificable. Es dinámica en la medida que se crean en contextos históricos específicos y pueden ser objeto de modificaciones, reconstrucciones y sustituciones. La estructura de poder, enmarcada en las relaciones de género, comprende el conjunto de formas y pa trones de relacionamiento social, prácticas asociadas a la vida cotidiana, símbolos, costumbres, identida des, vestimenta, tratamiento y ornamentación del cuerpo, creencias y argumentaciones, sentidos comu nes, así como imperativos éticos, que definen cuáles son las conductas masculina y femenina adecuadas. La valoración simbólica y los condicionamientos derivados de los lugares asignados a mujeres y varones, en ámbito privado y público, configuran relaciones de subordinación y opresión para las mujeres, y ge neran condiciones de desigualdad en el ejercicio del poder. 25 De esta forma, a partir de los procesos de socialización, las personas aprenden, reconocen y valoran qué derechos, responsabilidades, prohibiciones y recompensas están definidas y permitidas para las perso nas; y, por ende, cuáles sanciones corresponden a la transgresión o alteración de tales mandatos sociales. Las desigualdades de género están asentadas en la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres la responsabilidad primaria por el mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos y otros dependientes —un trabajo cuya importancia para el funcionamiento de las economías queda invisibilizado—, limitan do su tiempo y sus oportunidades para participar en los diversos ámbitos de la vida pública, acceder a los beneficios de protección social, y alcanzar la autonomía personal y social. De ahí derivan una serie de desventajas experimentadas por las mujeres con relación a los hombres, entre ellas una muy desigual carga de trabajo doméstico no remunerado, una marcada brecha de participa ción laboral, tasas de desempleo e informalidad más elevadas, discriminación salarial, desigualdades en el acceso, uso y control de los recursos productivos, y una alta incidencia de desprotección en la vejez. Las mujeres dedicadas principalmente a los quehaceres domésticos son especialmente muy vulnerables a la pobreza, ya que tienen menos experiencia laboral acreditable y, en general, carecen de seguridad y protección social, o bien no son titulares de los seguros asociados. La ausencia de ingresos se agrava en caso de separación o viudez debido a que el cónyuge suele ser quien percibe la mayoría de los ingresos del hogar (CEPAL, 2016c). La división sexual del trabajo y los patrones culturales dominantes limitan la autonomía de las mujeres, su libertad para decidir y participar. Las mujeres sin autonomía económica también son más propensas a sufrir violencia de género y a tener menos oportunidades de salir del círculo de violencia y pobreza. La ascendencia étnico-racial es también un eje estructurante de las relaciones sociales, de los problemas de exclusión social y del desarrollo. Desde numerosos marcos internacionales y análisis académicos se reconoce que el factor étnico-racial es un organizador de los lugares sociales subordinados en las esferas productivas y reproductivas de la sociedad. Existen indicadores específicos que muestran que los ejes de género y raza se potencian para configurar específicas situaciones de exclusión socioeconómica. El racismo, invoca una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos, otorgando a unos el derecho de dominar, despreciar y minimizar al otro diferente. La discriminación racial por su parte, implica acciones específicas de distinción, exclusión, o preferencias basadas en motivos de raza, origen nacional o étnico que tienen como objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejerci cio de derechos en condiciones de igualdad. 26 Tanto el racismo como la discriminación racial, tiene efectos negativos diferenciados hacia las mujeres, ya que las mismas no sólo están sometidas a las relaciones desiguales de género sino que están sometidas también a relaciones de desigualdad racial que condicionan su desarrollo en todos los aspectos. El reconocimiento de la diversidad de condiciones y situaciones ciudadanas se constituyó en un punto de partida para el análisis crítico de las desigualdades, desde un enfoque «interseccional». Pone en evidencia el complejo sistema de estructuras de opresión —múltiples e interconectadas— que configuran modelos y experiencias únicas de opresión y privilegio. El enfoque «interseccional» implica aprehender la realidad de las personas y de los grupos sociales, desde una concepción holística e integradora, que debe incidir en el diseño e implementación de las políticas públicas si se pretende promover el desarrollo en igualdad (González Perret y Deus Viana, 2015 en CEPAL, 2017). El desarrollo de los estudios de género y el análisis de los resultados de las políticas públicas permitió la construcción de la transversalidad de género como estrategia que potencia el impacto transformador de éstas. Se apunta a incorporar la perspectiva de igualdad de género en las políticas públicas priorizadas y a lo largo de todo el entramado institucional, otorgando integralidad a las acciones y mostrando los resultados diferenciados en mujeres y varones, dado que ninguna política pública es neutra al género (Rigat-Pflaum, 2008:2). El enfoque de la interseccionalidad articulado con la estrategia de transversalidad de género en política pública se han convertido en orientaciones complementarias para la superación de la desigualdad de género. La interseccionalidad contribuye a comprender con mayor precisión las diferentes realidades en las que se encuentran las mujeres. La transversalidad de género compromete a que las diversas institucio nalidades diseñen e implementen acciones coordinadas para una actuación integral e integrada (Expósito Molina, 2012: 205). El territorio requiere ser considerado también como «un factor de incidencia en las desigualdades socia les, porque tiene un peso determinante sobre la magnitud y reproducción de éstas en distintos ámbitos del desarrollo social» (CEPAL, 2016c). Es precisamente en el territorio donde se cristalizan, conectan y entrecruzan las desigualdades sociales y de género, y el escenario donde ocurre la reproducción interge neracional de la pobreza. El rasgo distintivo de la segregación urbana latinoamericana es la precariedad de sus periferias, donde se concentran los pobres y se acumulan las carencias (…) Las desigualdades te rritoriales son, asimismo, el principal desencadenante de las corrientes migratorias, tanto internacionales 27 como internas de los países (CEPAL, 2007b en CEPAL, 2016c), y esto se verifica en Uruguay (OPP, 2017). Las políticas dirigidas a las poblaciones rurales requieren de una mirada de género ya que los factores de la reproducción de la desigualdad se agudizan en las condiciones y oportunidades de desarrollo de las mujeres rurales. La autonomía de las mujeres La «autonomía de las mujeres» expresa la condición necesaria para que el reconocimiento de derechos se manifieste en un ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres. En la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se estableció como eje prioritario pro mover la autonomía de las mujeres y las niñas. La autonomía es entendida como «la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informa das sobre sus vidas, de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posibles» (CEPAL, 2011a en CEPAL, 2016ª: 36). El desarrollo de la autonomía como capacidad implica que las mujeres tengan incidencia a nivel personal, sobre su propio cuerpo y su vida cotidiana, a nivel de su economía en tanto ingresos y acceso a los recursos, y a nivel de la esfera pública en tanto ciudadana. Se trata entonces de una dimensión compleja que requiere para las mujeres acceder a distintas oportuni dades superando barreras de discriminación y subordinación. Las políticas públicas, por su parte, deben reconocer esta complejidad si pretende promover la ciudadanía activa de las mujeres y su ejercicio de derechos. Las autonomías interactúan formando un complejo engranaje que no puede ser interpretado y mucho menos abordado aisladamente, comprendiendo una «articulación virtuosa entre la independencia eco nómica, los derechos reproductivos, una vida libre de violencia y la paridad política» (CEPAL, 2016, y OPP, 2017: 39). Las tres esferas para la realización efectiva de la autonomía de las mujeres, se describen como: la autonomía económica, la autonomía física, y la autonomía en la toma de decisiones; y son orienta doras de las políticas públicas. 28 Autonomía física La autonomía física de las mujeres se expresa fundamentalmente en dos dimensiones de la ciudada nía: los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y los derechos a una vida libre de violencia de género, vinculándose directamente con la libertad y la autonomía sobre sus cuerpos y sus vidas, sobre el cual cada mujer debe tener la potestad y capacidad de tomar decisiones soberanas (CEPAL, 2016: 88). Autonomía económica La autonomía económica es la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los varones (OPP, 2017: 20). Esta autonomía se relaciona también con el acceso y con la capacidad de controlar los activos y los recursos, así como de producirlos. La autonomía económica es un pilar fundamental de la autonomía de las mujeres, para la cual se requiere que las mujeres tengan la capacidad de generar ingresos, ya sea a través de empleo formal de calidad o del desarrollo de emprendimientos o empresas. Para esto se requiere contar con tra yectorias educativas abiertas y no segmentadas, capacitación profesional y un mercado de trabajo sin discriminaciones. La evidencia empírica indica que las mujeres enfrentan dificultades específicas de género a la hora del ingreso y permanencia en el mercado de trabajo. Tienen menor acceso al dinero y a los bienes de capital. La restricción en la propiedad de la tierra, el manejo del crédito, las tecnologías, así como a la capacitación y asistencia técnica, son barreras específicas para el desarrollo de emprendimien tos productivos, industriales o comerciales. Esto no permite alcanzar la igualdad distributiva en los hogares, ni en la sociedad en su conjunto. En última instancia, CEPAL resalta que «sin superación de la pobreza no hay autonomía económica para las mujeres» (CEPAL, 2016: 36). Por otra parte, la falta de autonomía económica repercute en las otras dos dimensiones de la au tonomía, en la física y en la de toma de decisiones, como lo ilustran los dilemas de las mujeres que sufren violencia de género en la pareja y no cuentan con autonomía económica que les permita decidir libremente y sin condicionamientos dejar la relación abusiva. 29 Autonomía en la toma de decisiones La autonomía en la toma de decisiones se refiere a la presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado y a las medidas orientadas a promover su participación plena y en igualdad de condiciones (CEPAL, 2016a). Esta autonomía implica la plena participación en las decisiones que afectan la vida de las mujeres, sus familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto (CEPAL, 2016a: 36). Algunas dimensiones de la autonomía de la toma de decisiones se relacionan con la participación en el poder político, con la presencia de las mujeres en los gabinetes ministeriales, en los parla mentos y en el poder local; su participación en la toma de decisiones en el ámbito económico, en la gestión del conocimiento y en la comunicación social, y la acción colectiva de las mujeres y su involucramiento para lograr la igualdad, la paz, la democracia y el desarrollo. La autonomía de las mujeres en la toma de decisiones debe concebirse especialmente desde una perspectiva interseccional que permita visibilizar y dimensionar las dificultades que enfrentan las mujeres —dentro de su especificidad y diversidad— para acceder a puestos de decisión y que reco nozca su identidad plural (CEPAL, 2016a). IV. Las deudas con la Igualdad de Género 33 Para el diseño de una Estrategia Nacional para la Igualdad se requiere realizar un balance de las luces y sombras sobre la concreción de los derechos humanos de las mujeres en Uruguay; valorar los impulsos hacia la igualdad concretados desde la reinstalación de la democracia e identificar las barreras estructu rales que persisten para diseñar los caminos necesarios para construir una igualdad formal y real al 2030. En la última década la actuación del Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional de Género, a través de la implementación del Primer Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, marcó un impul so sustantivo para el fortalecimiento de un conjunto de políticas y programas orientados a la igualdad de las mujeres y a la mejora de sus condiciones socioeconómicas y culturales de vida. La renovación del marco normativo, tanto a nivel de leyes como de decretos, muestra el esfuerzo sos tenido del Estado uruguayo por el reconocimiento y avance efectivo de los derechos humanos de las mujeres. No puede dejar de mencionarse en este aparatado el múltiple abanico de derechos reconocidos en materia laboral, de derechos sexuales y reproductivos, de protección y seguridad social, violencia do méstica y de género, matrimonio igualitario, y de distribución de las cargas de cuidados con la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. Sin embargo, aún deben reconocerse problemas específicos de desigualdad de género que abarcan las dimensiones estructurales de clase, etnia-raza y género; desigualdades entre mujeres a partir del cruce de diversos factores de diferenciación, la persistente inequitativa distribución del poder y las dificultades para el acceso a esferas de toma de decisiones públicas y económicas que constituyen una barrera para la participación plena de todas las mujeres en los diferentes ámbitos de la sociedad. Las problemáticas de la violencia de género, las desigualdades en el mercado laboral, la desigual distribución del uso del tiempo y la baja representación de mujeres en puestos de decisión estratégicos continúan siendo una constante en la actualidad. Las igualdad y justicia de género deben incluirse en una concepción de desarrollo sustentable que no sólo abarque el desarrollo productivo, social, ambiental y cultural, asegurando la equitativa distribución de los beneficios económicos derivados de ese proceso, sino que también asegure la justa distribución de oportunidades entre varones y mujeres, garantizando a todos los individuos las más amplias posibilidades de desarrollar su propio proyecto de vida (OPP, 2017: 9). El estudio de prospectiva sobre el sistema de género y su impacto en el desarrollo que realizó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de la elaboración de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sus tentable al 2050 (OPP, 2017), arribó a conclusiones que tienen implicancias a corto, mediano y largo plazo. 34 Analizando las tendencias a mediano plazo, el estudio prospectivo advierte sobre los desafíos demo gráficos que enfrenta Uruguay: envejecimiento de la población, disminución en la tasa de fecundidad, aumento de enfermedades crónicas de la población mayor, y aumento de participación de las mujeres en el mercado laboral. Este conjunto de factores obliga a reformas en la matriz de bienestar social, que actualmente responde a un sistema dual de formalidad versus informalidad, en el cual el trabajo de re producción social no remunerado es realizado mayoritariamente por las mujeres en el ámbito doméstico o a través de trabajo remunerado poco valorizado. El Sistema Nacional Integrado de Cuidados aparece como un cuarto pilar de protección especialmente estratégico para el país (OPP, 2017: 47). Desde el punto de vista económico productivo, Uruguay requiere un incremento de la productividad como condición indispensable para un desarrollo sostenible. El cambio de la matriz productiva exige que trabajadoras y trabajadores obtengan formación adecuada a los requerimientos de las futuras áreas de desarrollo productivo asociadas a las ciencias, ingenierías y a las nuevas tecnologías. En esta línea, el estudio mencionado señaló que es necesario tener en cuenta las tendencias en las trayectorias educativas de varones y mujeres, las cuales reflejan la necesidad de generar políticas que promuevan la participación de las mujeres en el área tecnológica y de las nuevas formas de producción (forestal-madera y expansión del sector de tecnologías de la información y la comunicación) (OPP, 2017: 46-47). Por otra parte, el estudio remarca la fuerte tendencia de un sistema de creencias, pautas y valores cul turales fuertemente arraigados en ideas tradicionales sobre la familia y roles de mujeres y varones, que se expresan en una alta prevalencia de la violencia basada en el género en Uruguay, y en las desigualda des vinculadas a la segregación vertical y horizontal del mercado de trabajo y la baja representación de mujeres en las áreas de tomas de decisiones a nivel público y privado, en los diversos ámbitos de la vida social, económica y política. En este marco, describiremos las deudas que el país tiene con las mujeres a partir de la priorización que realizó el Consejo Nacional de Género a comienzos de la administración actual, en términos de la reali zación de los derechos fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía. Derecho a una vida libre de violencia de género El Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica presentó en noviembre de 2015 el «Plan de Acción 2016-2019, por una Vida libre de Violencia de Género, con mirada generacional», aprobado a través del Decreto del Poder Ejecutivo No 306/015. Tiene el objetivo de consolidar una polí 35 tica pública nacional e interinstitucional para prevenir, atender, proteger y reparar la violencia basada en género en sus diversas manifestaciones. Vale destacar que dicho plan se ha monitoreado en 2016 y en 2017. También el Consejo Nacional Consultivo elaboró un anteproyecto de ley para garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia de género, que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento y fue aprobada en diciembre de 2017. En octubre de 2017 se aprueba la Ley Nº 19.538 «Actos de discriminación y femicidio» que modifica los artículos 311 y 312 del Código Penal con el fin de tipificar el femicidio como homicidio especialmente agravado y otros crímenes de discriminación. Por su parte, el sistema interinstitucional de respuesta a la violencia de género se ha continuado fortale ciendo: el Instituto Nacional de las Mujeres ha creado y ampliado servicios de atención y protección a las mujeres víctimas, así como los equipos técnicos para las acciones de sensibilización y promoción; el Mi nisterio del Interior ha continuado con la extensión a todo el país del sistema electrónico de seguimiento a los varones ofensores; el Ministerio de Salud Pública ha reorientado los equipos especializados a nivel público y privado con el objetivo de instrumentar una primera respuesta eficaz ante los casos de violen cia de género hacia niñas, mujeres adultas y adultas mayores; el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay ha puesto un énfasis prioritario en la prevención y atención del maltrato y abuso sexual infantil y adolescente. Las acciones de capacitación y formación permanente de los operadores de todo el entramado institucio nal continúan implementándose e incluye la perspectiva de la trata y explotación sexual de niñas, niños, adolescentes y mujeres. El Ministerio de Educación y Cultura y la Administración Nacional de Educación Pública desarrollan pro gramas orientados al sistema educativo y a las políticas culturales, implementando acciones de formación y campañas educativas. Cabe señalar también que el conjunto de ministerios y organismos integrantes del Consejo Nacional de Género han incorporado el derecho a una vida libre de violencia a sus programas e intervenciones, inclu yendo las órbitas de la defensa, la industria y el desarrollo rural, entre otros. No obstante los avances, de acuerdo a la información disponible se observa que la violencia de género constituye una problemática con una fuerte presencia en la vida de las uruguayas. Casi 7 de cada 10 mujeres de 15 años o más en Uruguay han vivido situaciones de violencia basada en género en algún momento de su vida, cifra que representa aproximadamente a 650.000 mujeres. 36 Gráfica 1. Porcentaje de mujeres de 15 años o más que vivieron situaciones de violencia basada en género y generaciones (VBGG) en algún ámbito a lo largo de su vida. País urbano, 2013 68,8% Vivieron situaciones de VBGG 31,2% No vivieron situaciones de VBGG Fuente: Sistema de Información de Género, INmujeres en base a PENPVBGG 2013. Por su parte, 17,9% de aquellas mujeres que tenían o habían tenido pareja alguna vez en la vida, declara haber sufrido violencia por parte de ésta en los últimos 12 meses. La violencia psicológica es el tipo más recurrente, que está presente en casi todas las situaciones de violencia de pareja reportadas. Además, este tipo de violencia coexiste con las situaciones de violencia sexual y física (ver Gráfica 2). Según la Primera Encuesta Nacional sobre Violencia Basada en el Género de 2013, casi una de cada dos mujeres que tienen o han tenido pareja declaran haber vivido algún tipo de violencia de pareja a lo largo de su vida. La violencia de género afecta en mayor medida a las mujeres jóvenes y a las mujeres afrodescendientes, y como sostienen los estándares internacionales de derechos humanos8, la cultura 8 Recomendaciones generales No 19/1992, No 35/2017 del Comité CEDAW; preámbulo de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer do Belém do Pará, entre otros. 37 patriarcal es la que legitima la desigualdad de poder entre géneros y causa la violencia de género contra las mujeres. La prevalencia de la violencia en los últimos 12 meses por parte de la pareja o ex pareja en los últimos 12 meses por tramos de edad da cuenta de una mayor prevalencia entre las mujeres entre 15 y 29 años de edad. Esto estaría representando un problema para el desarrollo integral de las mujeres que la viven, dado que repercute directamente en sus trayectorias educativas, laborales y de morbimortalidad. El Comité contra todas las formas de discriminación a la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) recomienda al Uruguay: 1. Reformar el Código Penal y la aprobar una Ley Integral sobre todas las formas de violencia contra las mujeres, asegurando que la inclusión de las figuras de femicidio y violación en el matrimonio. Gráfica 2. Porcentaje de mujeres que tuvieron pareja alguna vez en la vida y vivieron situaciones de violencia por parte de su pareja o ex pareja en los últimos 12 meses, según tipo de violencia. País urbano, 2013 0 5 10 15 20 Violencia física Violencia sexual Violencia psicológica Violencia física, sexual o psicológica 17,9% 17,8% 0,6% 2,1% Fuente: Sistema de Información de Género, INmujeres en base a PENPVBGG 2013. 38 2. Simplificar el proceso penal, establecer plazos razonables y proporcionar directrices a los fiscales y agentes de policía sobre las cuestiones de género y técnicas de investigación así como el uso adecuado de los testimonios de las niñas y mujeres. 3. Implementar estrategias y programas para prevenir y enfrentar la violencia doméstica contra las mujeres, garantizando la accesibilidad especialmente para grupos de mujeres vulnerables como las afrodescendientes, las mujeres con discapacidad, y refugiadas, en búsqueda de asilo y mujeres migrantes. 4. Implementar un sistema nacional para la completa recopilación de información sobre todas las formas de violencia contra la mujer. 5. Adoptar una estrategia de persecución y pena para los perpetradores de violaciones de derechos humanos de las mujeres en el marco del régimen militar. Asimismo, recomendó compensar y reparar a las mujeres víctimas de dichas violaciones. Derecho al acceso a la Cultura y superación de estereotipos culturales Uno de los efectos de los estereotipos de género —modelos de conducta que definen de forma unívoca atributos y roles asignados a mujeres y varones— es la resistencia al cambio de los patrones culturales dominantes en una sociedad, que se transmiten a través de los procesos de socialización primaria y secundaria. Impulsar la igualdad de género implica, entre otros aspectos, enfatizar el cambio cultural con la finalidad de deconstruir estos estereotipos que refuerzan la subordinación de las mujeres. En este sentido, el sistema educativo debe jugar un rol fundamental, tendiente a promover prácticas educativas que contribuyan a una cultura de igualdad de género. De acuerdo a los estudios de prospectiva realizados por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Uru guay presenta una fuerte tendencia a sostener las representaciones socioculturales tradicionales en rela ción a los valores, creencia y expectativas de rol para las mujeres y varones, patrones conservadores que se refuerzan particularmente en los sectores de menores recursos de nuestra sociedad y en las zonas rurales o más distantes de la capital. 39 Si más de la mitad de las mujeres uruguayas se incorporan al mercado de trabajo, las tareas cotidianas domésticas y de cuidado continúan a su cargo, función social que continúa siendo entendida y valorada como una responsabilidad de las mujeres. En términos de acceso, permanencia y finalización en la educación, son más las uruguayas que se mantie nen estudiando y que logran culminar los ciclos educativos. Sin embargo, al analizar las variables de as cendencia étnico-racial y lugar de residencia, se identifican desigualdades entre mujeres. La persistencia de segregación educativa en cuanto a la elección de carreras es una muestra de la prevalencia de pautas culturales de género de corte tradicional. Por otra parte, Uruguay ha comenzado un proceso de reconocimiento de los factores étnico-raciales como componentes específicos de la condición de desigualdad de mujeres y varones que se reproducen a partir de una cultura con valores racistas aunque estos no sean reconocidos por la mayoría de la población. La promulgación de la Ley Nº 17.677 (2009) sobre incitación al odio, desprecio o violencia o comisión de actos contra determinadas personas que modificó el Código Penal para casos de acciones de carácter axiológico/ideológico, y para actos de violencia moral o física, resulta un hito fundamental que fue incor porado a las políticas de género y afrodescendencia. También en ese año, se sanciona la Ley Nº 17.817 de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discriminación, declarada de interés nacional, que crea la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación. La Ley Nº 18.059, del Candombe, la Cultura Afro-uruguaya y la Equidad Racial, otorga un marco de valoración y difusión a las expresiones culturales afro y la contribución de la población afrodescendiente a la construc ción nacional y a la identidad del país. Uruguay está comprometido a nivel internacional con los principios y la acción contra la discriminación por motivos de etnia-raza y contra toda otra forma de intolerancia, al haber ratificado diversas conven ciones relativas a la lucha contra las discriminaciones raciales. Es por ello que se cuenta con un marco institucional y legal organizado para desarrollar acciones afirmativas. Al analizar a la población por sexo y ascendencia étnico-racial, hay una diferencia de 10 y más puntos porcentuales entre la población afro y no afro que dice tener «primaria» como máximo nivel educativo, tanto en varones como mujeres. Al hacer lupa en las mujeres con estudios terciarios como máximo nivel educativo, las mujeres afro se ubican 12% por debajo de las mujeres no afro. Vale destacar también que las mujeres no afro son quienes más acceden a la educación terciaria (22,3%) y los varones afro, por el contrario, son quienes menos acceden (7,8%). 40 Gráfico 3. Distribución porcentual de personas de 24 y más años según máximo nivel educativo alcanzado por sexo y ascendencia étnico racial afro, no afro. Total país, 2016 Fuente: Sistema de Información de Género, INmujeres, MIDES en base a ECH 2016, INE. Si bien los desempeños educativos de las mujeres son mayores que los de los varones, éstas presentan una mayor participación en el área social y humanística, artística y de la salud, mientras que en las carre ras de ciencias agrarias y ciencias básicas y tecnológicas continúan estando menos representadas. Porcentaje de egresos de la Universidad de la República según área de conocimiento y sexo, 2013 Mujeres Varones Ciencias sociales y humanas 70,2% 29,8% Artísticas 67,2% 32,8% Salud 77,3% 22,7% Ciencias agrarias 38,4% 61,6% MujeresVaronesMujeresVarones Afro No Afro Terciaria Secundaria Primaria 7,8% 51,6% 40,6% 11,8% 47,2% 41,1% 16,1% 51,8% 32,1% 22,3% 46,3% 31,5% 41 Porcentaje de egresos de la Universidad de la República según área de conocimiento y sexo, 2013 Mujeres Varones Ciencias básicas y tecnológicas 44,0% 56,0% Carreras compartidas 62,9% 37,1% Total 68,0% 32,0% Fuente: Elaboración en base a Estadísticas Básicas Universidad de la República, 2014. Es importante destacar también que la cuestión de la diversidad sexual e identidad de género es un enfo que que debe incluirse en las políticas de igualdad de género. En el período 2005-2010 el movimiento de la diversidad sexual logró importantes conquistas en la lucha contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. En el período entre 2005 y 2010 se aprobó la Ley de Unión Concubinaria, que permitió la unión de personas del mismo sexo y la Ley sobre cambio de nombre y sexo registral. También se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario Nº 19.075. Se establecieron también políticas de promoción de derechos y oportunidades para una población particularmente vulnerable: la población trans, a través de la entrega de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) y la generación de cuotas y capacitaciones para su inclusión laboral. (…) con el objetivo de profundizar y sensibilizar en la temática, se desarrollaron capacitaciones e investigaciones en diversidad sexual (MIDES, 2014: 157). En el año 2015, se establece el Consejo Nacional Coordinador de Políticas de Diversidad Sexual que pro mueve la transversalización del enfoque de diversidad sexual y no discriminación en las políticas públicas, en el Estado y en la sociedad en su conjunto, incluyendo el enfoque de género para el diseño de planes y políticas específicas. (CNG, folleto, 8/3/2015). El INmujeres ha incorporado líneas de acción programáticas en coordinación con el MIDES y la ANEP para el desarrollo de procesos de sensibilización en género y diversidad con distintos sectores vinculados a la comunicación, a la educación formal y no formal, y con organizaciones locales. En lo que refiere a este aspecto, la CEDAW recomienda a Uruguay: 1. La elaboración de una estrategia destinada a superar las actitudes patriarcales o estereotipadas en relación a las responsabilidades familiares, sistema educativo, ámbito laboral y sociedad en general. 42 2. Establecer mecanismos para facilitar el acceso a la educación de las mujeres afro y realizar segui mientos de su efectividad. 3. Intensificar las actividades para alentar a las mujeres a continuar trayectorias profesionales no tradicionales. 4. La realización de evaluaciones periódicas de la educación sexual en el sistema educativo nacional para garantizar una educación adecuada a la edad de las/os estudiantes en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos. 5. Proporcione capacitación a los trabajadores de los medios de comunicación públicos y privados sobre la igualdad de género con el fin de evitar los estereotipos de género en los medios de co municación. 6. Diseñe estrategias de sensibilización acerca de la discriminación contra las mujeres afrouruguayas y cree líneas de acción específicas dentro de la agenda de la igualdad de género, dirigidos a iden tificar el estigma contra las mujeres sobre la base de las intersección de discriminaciones. Derecho a una vida saludable Respecto al derecho a una vida saludable, Uruguay cuenta con normativa avanzada. La Ley No 18.426 «Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva», promulgada en diciembre de 2008, reconoce los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. A su vez, se han desarrollado distintas intervenciones públicas que buscan dar vigencia a esta normativa como el acceso a métodos anticon ceptivos modernos a través del Sistema Nacional Integrado de Salud, la interrupción voluntaria del em barazo (IVE), acciones vinculadas con la humanización del parto, la reproducción asistida, el combate a las ITS–VIH, el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva en todos los prestadores de salud, entre otras. Se destaca el fuerte compromiso del Ministerio de Salud Pública con el derecho de las mujeres de todas las edades a una salud integral, incorporando la perspectiva de género al momento de diseñar los objeti vos sanitarios para este período, así como para la implementación de estrategias para dar cumplimiento a la ley de Interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional, y la implementación de una estrategia interinstitucional de prevención del embarazo adolescente no intencional. 43 Más allá de los avances señalados, se reconocen obstáculos para el efectivo ejercicio de derechos en materia de salud, particularmente vinculados a servicios en materia de salud sexual y reproductiva: el embarazo en la adolescencia en los sectores pobres de la población y la implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, especialmente en algunos departamentos del país. En la siguiente tabla se presenta el porcentaje de embarazos durante la etapa de la adolescencia. Las ado lescentes que son madres ingresan a la adultez en forma abrupta y precaria; y esta situación generalmen te condiciona la permanencia en el sistema educativo formal y/o la inserción en el mercado de empleo. En 10 años, el registro de embarazos en adolescentes de 10 a 19 años ha permanecido prácticamente incambiado. Hay que tener en cuenta además que la maternidad en adolescentes se da en los sectores más pobres y con mayor porcentaje de población residente en hogares particulares con necesidades bá sicas insatisfechas: según datos del Censo de 2011 algo más de una cada cinco adolescentes, con dos o más necesidades básicas insatisfechas (NBI), son madres (22,4%). Porcentaje de embarazos en madres adolescentes (10 a 19 años) en el total de nacimientos. Total país 2005-2015 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 16,5 16,9 16,4 16,8 16,7 16,8 16,6 17 17,2 16,4 15,3 Fuente: Base de Datos de Certificado de Nacido Vivo, MSP. Se ha registrado una aplicación sostenida del IVE pero aún existen aspectos sobre los cuales profundizar, tales como las prácticas clandestinas de aborto y sus consecuencias; y, por otro, el alto porcentaje de pro fesionales de obstetricia objetores de conciencia, lo que varía sustancialmente según región (OPP, 2017). En esta línea el Comité de la CEDAW hace una serie de recomendaciones a Uruguay: 1. Evaluar la disponibilidad nacional de los servicios de salud sexual y reproductiva con el objetivo de identificar departamentos y municipios desatendidos. 2. Asegurar el acceso a servicios de aborto legal e introducir estrictas justificaciones para prevenir el uso de la objeción de conciencia como barrera. 44 3. Introducir la educación en sexualidad y salud sexual y reproductiva en las escuelas, asegurar el ac ceso al asesoramiento y la información en derechos sexuales y reproductivos para adolescentes y realizar campañas sobre métodos anticonceptivos modernos y ampliar el acceso a anticonceptivos seguros y asequibles. Derecho a mejores oportunidades de desarrollo en el mundo del trabajo productivo y empresarial y al Empleo de calidad y al desarrollo de capacidades laborales Los avances en esta área son significativos y se observan tanto en la actualización en materia legislativa como en la mejora de las condiciones laborales reales de las mujeres uruguayas. El marco normativo que rige las relaciones en el mercado laboral tiene larga data en Uruguay, cons tituyéndose en país pionero en la región. En este sentido, se reseñarán algunas de las conquistas de los últimos 20 años: Ley Nº 16.045 «Actividad laboral», que prohíbe toda discriminación que viole el principio de igualdad de trato y oportunidades para ambos sexos en cualquier sector; la Ley No 17.242 del año 2000 que garantiza el derecho de las mujeres a tener un día de licencia especial anual para la realización de exámenes médicos de cáncer génito mamario; la Ley Nº 18.065 de «Trabajo Doméstico» de noviembre de 2006 que garantiza derechos laborales a este sector de trabajo y establece normas para garantizarlos; la Ley No 18.561 «Acoso sexual» de setiembre de 2009, destinada a prevenir y sancionar el acoso sexual en el ámbito laboral y en las relaciones docente-alumno; la Ley No 18.868 «Test de em barazo o certificado médico de ausencia de gravidez», que prohíbe solicitar test de embarazo a aquellas mujeres que estén en proceso de selección, promoción o permanencia en un empleo; la Ley Nº 19.122 «Afrodescendientes, normas para áreas educativa y laboral»; la Ley No 19.161 «Subsidios por maternidad y por paternidad para trabajadores de la actividad privada» de noviembre de 2013, que regula el subsidio por maternidad y paternidad de trabajadores/as del ámbito público y privado; la Ley Nº 19.480 «Registro de personas obligadas al pago de pensiones alimenticias con retención de haberes», de enero de 2017, que dispone su creación a cargo del Banco de Previsión Social; entre otras. En lo que refiere a la normativa laboral en el medio rural que promueve el desarrollo económico y el empoderamiento de las mujeres, desde el Consejo Nacional de Género se han elaborado propuestas para promover modificaciones de las leyes de Compras Públicas que beneficie a los emprendimientos rurales y 45 a las pequeñas y medianas empresas que cumplan con medidas proclives a la igualdad de género. Por su parte, el Instituto de Colonización ha promovido la doble titularidad de la tierra de los colonos. Pese al avance, igualmente se constatan desigualdades, situaciones de discriminación y segregación ver tical y horizontal en el empleo, asociadas a los estereotipos de género en el acceso al mercado laboral así como en las condiciones de trabajo. Éstas se profundizan al analizar el cruce con las desigualdades de clase y etnia-raza. Como ya se expuso, las mujeres uruguayas tienen mayores logros educativos que los varones. Sin embar go no se han diversificado las carreras laborales de las mujeres, quienes se concentran en ocupaciones de peor calidad en términos de formalidad, salarios y posibilidades de ascenso, entre otras. Asimismo, tienen menor acceso a los cargos de decisión tanto en el sector público como en el privado. Por último, las mujeres se concentran en ramas de actividad menos productivas que los varones. La tasa de empleo muestra la proporción de personas que efectivamente se encuentran empleadas. La misma ha aumentado en el período 2006-2016 tanto para varones como para mujeres, al ser mayor el aumento para las mujeres se ha reducido la brecha de género en el período (ver Gráfico 4). En cuanto a la tasa de desempleo, las mujeres presentan valores más altos que los varones. Se registra un descenso en términos generales entre los años 2006 y 2011 y vuelve a aumentar levemente hasta 2016. Sin embargo, es posible advertir que la brecha de género en materia de desempleo desciende en el período considerado (ver Gráfico 5). Es de destacar que las brechas en los dos indicadores presentan diferencias si se consideran otras caracte rísticas además del sexo de las personas. De este modo, se observan desempeños más desfavorables para las personas que viven en hogares en condición de pobreza, y en éstos las brechas por sexo se amplían. Si se analiza según la región de residencia, no se observan diferencias sustanciales para los varones, pero sí para las mujeres. Disminuye la participación en localidades pequeñas y zonas rurales. Por otro lado, al considerar la pertenencia étnico racial de las personas, puede verse que la tasa de actividad es mayor para las personas afro, pero alcanzan mayores tasas de desempleo. Por último, los indicadores mejoran a medi da que aumenta el nivel educativo de las personas (Sistema de Información de Género, INmujeres, 2016). A continuación se presenta la relación entre los ingresos que perciben mujeres y varones por hora de trabajo y total en la ocupación principal para el período 2006-2016. En primer lugar, no se evidencian cambios sustanciales en el porcentaje de los ingresos por hora de las mujeres sobre el ingreso por hora 46 Gráfico 4. Evolución de la Tasa de Empleo por sexo. Años 2006 – 2016 Fuente: Sistema de Información de Género, INmujeres, MIDES en base a ECH, INE. Gráfico 5. Evolución de la Tasa de Desempleo por sexo. Años 2006 – 2016 Fuente: Sistema de Información de Género, INmujeres, MIDES en base a ECH, INE. 2006 66,3% 69,1% 69,8% 70,2% 70,5% 68,4% 67,6%69,2% 70,0% 69,3% 71,0% 46,1% 43,7% 47,8% 48,7% 48,9% 51,3% 51,1% 50,0% 51,3% 50,5% 50,1% Varones Mujeres 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2006 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 14,0% 8,1% 6,6% 5,4% 5,2% 5,3% 4,5% 4,6% 5,0% 5,1% 6,4% 6,5% 12,4% 10,4% 9,8% 9,4% 7,7% 7,9% 8,2% 8,3% 8,9% 9,4% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 MujeresVarones 47 de los varones; en promedio perciben el 91% de lo que perciben los varones. En segundo lugar, el por centaje de ingresos laborales de las mujeres sobre los ingresos de los varones por hora es mayor que la proporción total. Esto se debe a que las mujeres, en promedio, desarrollan trabajos remunerados con menos horas que los varones, producto de la alta carga de trabajo no remunerado (ver Gráfico 6). En 2016, PROEXPORT9 benefició a 225 empresas, que emplean en total a 2.400 personas. De este total de empleados, 633 son mujeres y de ellas 130 ocupan cargos de decisión. Esto implica que del total de empleados en las empresas beneficiarias de PROEXPORT en 2016, 26% son mujeres. Al considerar el rol que cumplen las mujeres empleadas en las empresas apoyadas, se constata que solo el 21% de las mujeres ocupan cargos de decisión (Uruguay XXI, 2016). El Comité la CEDAW recomienda a Uruguay: 1. Adoptar medidas para eliminar la discriminación en el empleo y la segregación laboral, eliminar las brechas salariales y promover el acceso de las mujeres a cargos de decisión. 2. Diseñar e implementar efectivamente estrategias para promover el acceso de las mujeres al em pleo formal, particularmente para las mujeres afrodescendientes. 3. Concientizar sobre los derechos de las trabajadoras domésticas, asegurando el acceso de infor mación sobre mecanismos de denuncia. 4. Desarrollar campañas públicas informativas, por parte de las empresas, para impulsar el uso de la licencia paternal, fomentando la responsabilidad de los varones en tareas de cuidados. 5. Desarrollar una campaña nacional para avanzar en la formalización de las trabajadoras domésti cas y cuidadoras. 9 PROEXPORT es una herramienta focalizada en la internacionalización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MI PYMES) que fue gestionada por Uruguay XXI entre 2010 y 2016. 48 Derecho a los cuidados y a la protección social La Ley No 19.353 «Sistema Nacional Integrado de Cuidados» de noviembre de 2015, consagra el derecho a los cuidados de personas en situación de dependencia, en particular niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad. Reconoce la responsabilidad por el cuidado, compartida entre familia, Es tado, comunidad y mercado, estableciendo la creación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. La sociedad civil organizada jugó un rol protagónico en el impulso de esta política pública nacional y partici pa ampliamente en el Consejo Asesor del Sistema de Cuidados. Realiza propuestas y dando seguimiento para la puesta en práctica del sistema con el objetivo de para garantizar el derecho al cuidado. Las formas de organización social de los cuidados son un nudo crítico para la igualdad entre varones y mujeres uruguayos. Puede verse que las mujeres no sólo tienen una mayor participación en las activida des de cuidados, sino que también su dedicación horaria es mayor. Mientras los varones dedican 16,8 horas semanales a las tareas de cuidados, las mujeres dedican, en promedio, 22,4 horas semanales. Esta diferencia se profundiza en el cuidado a niños/as de 0 a 12 años. Gráfico 6. Evolución de la proporción de los ingresos, por hora y total, por trabajo en ocupación principal que perciben las mujeres respecto a los varones. Total país, 2006-2016 Fuente: Sistema de Información de Género, INmujeres, MIDES en base a ECH 2006-2016, INE. 50% 60% 70% 80% 90% 100% 40% 30% 20% 10% 0% 2006 Por hora 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 49 Promedio de horas semanales dedicadas a las actividades de cuidados de personas dependientes en hogares con presencia de personas dependientes según sexo País urbano, 2013 Trabajo de cuidados en hogares con presencia de personas dependientes Mujeres Varones Diferencia mujeres/varones Cuidado infantil (niños/as de 0 a 12 años) 21,2 14,8 6,3 Cuidado de personas con discapacidad 27,0 28,8 -1,7 Cuidado de personas mayores de 65 años l l l Total trabajo de cuidados 22,4 16,8 5,6 l No se presentan datos del cuidado a personas dependientes de 65 o más años ya que la cantidad de casos no asegura repre sentatividad. Fuente: Sistema de Información de Género, INmujeres, MIDES, en base al módulo de Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado – ECH 2013, INE. Esto constituye un aspecto central en cuanto a la desigualdad de género, ya que se traduce en una limitación en la disponibilidad de tiempo que enfrentan las mujeres para realizar otras actividades que difieran del trabajo no remunerado y cuidados, como es el caso de la inserción en el mercado de trabajo en igualdad de condiciones que los varones, actividades recreativas, deportivas, de educación y capacitación, etc. Al analizar el sector de cuidados remunerados, puede verse que en éste se emplean el 3,8 % de las personas ocupadas, compuesto por un 94,9% de mujeres. En el sector se observan condiciones laborales desfavorables, tanto en lo que refiere a remuneraciones como en el acceso a la seguridad social. En este último puede verse que, mientras el porcentaje de mujeres ocupadas que no aportan a la seguridad social es de 24,1%, en el sector de cuidados y en el sector de trabajo doméstico este porcentaje asciende a 43,5% y a 48%, respectivamente. De este modo, si bien en los últimos años se han logrado avances de cara a la implementación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, es ne cesario continuar avanzando de modo de revalorizar las actividades de cuidados y generar condiciones más favorables en este sector. 50 Participación ciudadana y Derechos Humanos Participación política Los estudios realizados en los últimos 20 años señalan que los obstáculos al acceso igualitario de las mujeres a los cargos políticos no se relacionan principalmente con factores socioeconómicos. Las mu jeres uruguayas, como se observa, presentan altos niveles educativos y de participación en el mercado laboral y cuentan con capital social para su participación política. Sin embargo, parece probable que su continuada sobrecarga de trabajo no remunerado opere como factor de desventaja para que participen en política en igualdad de condiciones con sus pares varones (OPP, 2017). La utilización minimalista del criterio de incluir personas de diferentes sexos cada tres lugares en las últimas elecciones nacionales (2014) —con la correspondiente menor probabilidad de ser electas—, la inscripción de mujeres simultáneamente en la lista de senadores y diputados y la renuncia de mujeres electas cuyos suplentes fuesen varones, ha llevado a que las mujeres legisladoras constituyan el 18,6 % del total de representantes. Los porcentajes históricos de participación femenina en el Parlamento nacional dan la pauta de las di ficultades que enfrentan las mujeres uruguayas para alcanzar cargos de decisión política. Uruguay fue pionero en la región en la incorporación de mujeres a los espacios de decisión política en 1932. Los de rechos políticos implican la posibilidad de elegir a quienes ocupan cargos de poder político, a la vez que ocuparlos. Es en esta última dimensión de los derechos políticos que Uruguay se encuentra en situación de rezago en comparación con los demás países de la región, ya que ese promisorio inicio histórico fue seguido de un estancamiento respecto a los avances que se observan en la región y en el mundo (Sistema de Información de Género, INmujeres, 2011; ONU Mujeres, 2017). La Ley Nº 18.476 «Órganos electivos nacionales y departamentales y de dirección de los partidos políti cos», de abril de 2009, declara de interés general la participación equitativa de ambos sexos en la inte gración de dichos órganos. Su aplicación mostró impactos en las elecciones nacionales de noviembre de 2014 con una interesante transformación en la Cámara de Senadores, que alcanzó una representación de mujeres cercana a un tercio. En la Cámara de Representantes sin embargo se obtuvo una sola banca en todos los departamentos excepto en Montevideo y Canelones. Así, la utilización mínima de los criterios establecidos por dicha ley no obtuvo los efectos esperados. Frente a este escenario, Uruguay continúa siendo uno de los países de América Latina y el Caribe que registra los niveles más bajos de participación 51 de mujeres en el Poder Legislativo. Durante el período 2005-2010 hubo ciertos avances en la representa ción femenina en el Poder Ejecutivo que no fueron sostenidos en el período siguiente. Sin embargo, en 2015, la participación femenina en el gabinete ministerial alcanzó el nivel histórico de 38,5%, aunque al analizar las áreas de competencia en las cuales se desempeñan las mujeres se reprodu ce la tendencia a ocupar lugares vinculados a lo social y lo cultural. Los ministerios liderados actualmente por mujeres en Uruguay son cinco: Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Industria, Ministerio de Turismo y Ministerio de Vivienda, Ordenamiento territorial y Medio Ambiente. Las recomendaciones de la CEDAW señalan que Uruguay: 1. Adopte medidas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el ar tículo 4 (1) de la Convención y la Recomendación General Nº 25 del Comité (2004), tales como las cuotas estatutarias para el nombramiento o designación de las mujeres como candidatas, y controlar el progreso alcanzado; 2. Considere la adopción de un sistema de paridad de género en la representación de las mujeres en la vida política y pública, incluyendo la reforma de la Ley Electoral; 3. Desarrolle programas de entrenamiento y formación específica en liderazgo y negociación para las candidatas. Derechos Humanos y Memoria Una característica central del terrorismo de Estado en Uruguay fue el uso sistemático y generalizado de la tortura, se puede afirmar que todas las personas detenidas entre 1972 y 1984 en Uruguay, de una forma u otra, con mayor o menor intensidad, fueron torturadas (Celiberti, 2015; Alonso y Larrobla, 2017; Serpaj Uruguay, 1989). El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que los hechos de violencia sexual contra las mujeres en contextos de conflicto armado, y represión militar constituyen crímenes de lesa huma nidad, incluyendo en su artículo 7 inciso g) los siguientes: la «Violación, esclavitud sexual, prostitución 52 forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable»10. En 1985 Uruguay recuperó la democracia y al año siguiente su Parlamento sancionó la Ley Nº 15.848 de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. «Bajo este contexto jurídico, el avance de la verdad desde lo institucional fue prácticamente imposible así como el juzgamiento de los culpables» (González Barca, 2011:15). Sin embargo, a partir del año 2005 se abrieron diversas investigaciones de los crímenes cometidos por la dictadura militar, se encontraron los primeros restos de desaparecidos, y se produjeron los primeros juzgamientos a militares y civiles responsables de delitos durante la dictadura. Los delitos sexuales cometidos contra las mujeres – y también sobre hombres detenidos— no fueron juzgados, ni sus sobrevivientes comprendidas en la política de reparación. En el año 2009 el Parlamento dictó la Ley Nº 18.596 de Reparación Integral, dirigida a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado, en el período comprendido entre el 13/06/1968 y el 28/02/1985. Allí se detallan las personas pasibles de reparación y los delitos que hubieran sufrido para acceder a la misma. La violencia sexual, no se especifica como delito cometido por agentes del Estado (González Baica, 2011: 16). En 2011, al día siguiente de la sanción de la Ley No 18.831 que declaró la caducidad de la prescripción en los casos de «lesa humanidad», un colectivo de 28 mujeres ex presas políticas presentaron a la Justicia una querella penal pidiendo que se investigara y sancionaran específicamente los hechos de violencia sexual por ellas sufridos (Alonso y Larrobla, 2017). La denuncia acusa a cerca de 112 policías, militares, enfermeras y médicos responsables de las torturas y abusos sexuales sufridos en los diferentes centros de reclusión. En 2016 Uruguay fue examinado por el Comité CEDAW en su cumplimiento con la Convención Interna cional para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación hacia la Mujer, y se refirió expresamente a la violencia por razón de género contra las mujeres durante el régimen de facto. Hasta agosto de 2017, la denuncia colectiva de las 28 mujeres ex presas políticas, que ya lleva más de cin co años de curso, se encuentra en etapa de citación de testigos. Durante ese período tres de las denun 10 Ver Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional en: http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome statute%28s%29.pdf, accedido el 16/10/2017. 53 ciantes fallecieron, hay solamente dos procesados, y los procesamientos son por los delitos de «tortura», no por los de «violencia y abuso sexual como crímenes de lesa humanidad». Esta es, justamente una deuda pendiente con las mujeres sobrevivientes de hechos de violencia sexual cometidos por el Estado terrorista durante la dictadura militar (1973-1984), pero también, es una deuda con toda la sociedad uruguaya para que pueda recuperar su memoria, sanar sus heridas y consolidar su democracia sobre los cimientos de la verdad. CEDAW recomienda a Uruguay: 1. Adoptar una estructura para enjuiciar y castigar debidamente a los autores de violaciones de derechos humanos de la mujer durante el régimen de facto. 2. Adoptar medidas para facilitar una reparación, en particular las compensaciones y las reparacio nes simbólicas para las mujeres que han sido víctimas de esas violaciones. V. Caminos para la Igualdad de Género al 2030 57 Elaborar una agenda orientadora a mediano plazo en materia de políticas públicas de género ha sido el desafío asumido por el Consejo Nacional de Género, que pretende a su vez articularla con los instrumentos internacionales acordados. La Estrategia de Montevideo11 representa un marco de referencia indispensable ya que recoge los compromisos de la agenda regional de género hacia un desarrollo sostenible 2030. La Estrategia de Montevideo está organizada según dimensiones críticas, que vinculadas a los dere chos humanos permiten reconocer a las mujeres como sujetas de derecho y a los Estados como garantes de los mismos. Se sintetizan en: i) Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación, ii) Derechos sexuales y reproductivos, iii) Derechos económicos, sociales y culturales, iv) Derechos civiles y políticos, v) Derechos colectivos y medioambientales. Con el fin de acordar instrumentos y medidas concretas para avanzar hacia la efectiva autonomía de las mujeres, la Estrategia de Montevideo se ordena en diez (10) ejes de implementación, los cuales se detallan a continuación: 1. Marco normativo: igualdad y Estado de derecho. 2. Institucionalidad: políticas multidimensionales e integrales de igualdad de género. 3. Participación popular y ciudadana: democratización de la política y las sociedades. 4. Construcción y fortalecimiento de capacidades estatales: gestión pública basada en la igualdad y la no discriminación. 5. Financiamiento: movilización de recursos suficientes y sostenibles para la igualdad de género. 6. Comunicación: acceso a la información y al cambio cultural. 7. Tecnología: hacia el gobierno electrónico y economías innovadoras e inclusivas. 11 Documento elaborado por representantes de países de América Latina, resultado de la XIII Conferencia Regional sobre la Mujer de la CEPAL, Montevideo, octubre 2016. 58 8. Cooperación: hacia una gobernanza multilateral democrática. 9. Sistema de información: transformar datos en información, información en conocimiento y cono cimiento en decisión política. 10. Monitoreo, evaluación y rendición de cuentas: garantía de derechos y transparencia12. Estos diez ejes de implementación acompañan la estructura de esta agenda orientadora denominada Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 2030 que se organiza metodológicamente en: i) aspira ciones estratégicas, ii) directrices de política y iii) líneas estratégicas hacia la acción. Por ASPIRACIONES se entiende aquellos objetivos generales que se considera se pueden alcanzar al 2030. Son la expresión del horizonte de mayor igualdad de género, pasibles de ser concretados a media no plazo para lo cual, la política pública se orienta en esta dirección. Por DIRECTRICES se entiende las orientaciones y lineamientos que se requieren cumplir para lograr las aspiraciones de igualdad de género. Estas directrices de política pública, al articularse, permiten crear un sistema de políticas de género, integradas e integrales. Las LÍNEAS ESTRATÉGICAS HACIA LA ACCIÓN son aquellas medidas u objetivos específicos que indi can los caminos a seguir para llevar adelante las directrices de políticas públicas. Las líneas estratégicas ordenan una agenda de género de política pública para Uruguay al 2030. çÉstas se vincularán con las dimensiones críticas y los ejes de implementación de la Estrategia de Montevideo, articulando el enfoque nacional a los compromisos internacionales. Toman en cuenta, a su vez, las recomendaciones formuladas a Uruguay por el Comité Contra Todas las Formas de Discriminación a la Mujer (CEDAW) en julio de 2016. Este capítulo es producto de un proceso de múltiples consultas, donde más de cien participantes inte grantes del Consejo Nacional de Género, del Consejo Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica, actores vinculados a la territorialidad a nivel nacional (directores territoriales del MIDES, representantes de la Comisión Interdepartamental de Género del Congreso Nacional de Intendentes, Mesas de Desarro llo Rural y representantes de la sociedad civil organizada y feministas) nutrieron el documento. Toma en cuenta los informes del Consejo Nacional de Género, los informes y diagnósticos actualizados prospecti vos realizados desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 12 Ídem. 59 Las ASPIRACIONES ordenan una mirada hacia 2030 e incluyen los ejes trasversales con líneas estratégicas específicas, como lo son el enfoque generacional, el étnico racial, la diversidad sexual, la territorialidad, la inclusión de medidas hacia el cambio cultural y hacia la erradicación de la violencia. A continuación se enumeran las once (11) ASPIRACIONES que hoy se entienden necesarias para alcanzar un mayor estadio de igualdad al 2030: I. Desarrollo sostenible con igualdad sustantiva de género que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos e incluye la diversidad de mujeres y varones La igualdad sustantiva sólo es posible en un marco de desarrollo sostenible. Son factores determinantes: la sostenibilidad de los procesos económicos, ambientales y de género. Así como también está determi nada por una cultura inclusiva y la no discriminación. Esta es una aspiración de tipo global, que acompaña las aspiraciones vinculadas a ejes estratégicos: institucionalidad de género y políticas públicas, información, acceso a la tecnología y comunicación; o a las dimensiones críticas, como vivir una vida sin violencia y sin discriminación, acceso a la salud y par ticularmente a la salud sexual y reproductiva, acceso y disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, promoviendo una adecuada y sostenida participación ciudadana. II. Principio de igualdad de género, principio orientador de todas de las políticas públicas Encontramos aquí directrices vinculadas a la arquitectura institucional y a la cultura organizacional esta tal. De esta forma se permea la perspectiva de género en los distintos campos de las políticas públicas; en diálogo y con participación de las organizaciones sociales, de mujeres y feministas. III. Conocimiento suficiente y público sobre las desigualdades de género Los sistemas de información, la generación de conocimiento y datos confiables y sistemáticos, aportan una directriz fundamental para profundizar el análisis y permitir explicar las desigualdades. Así como encontrar las estrategias para superarlas y alcanzar la igualdad sustantiva. 60 IV. Participación real y efectiva de las mujeres en la toma decisiones en todos los ámbitos, públicos y privados y organizaciones de mujeres y feministas con capacidad de incidencia El acceso paritario a todos los ámbitos de la toma de decisiones y la participación efectiva de las mujeres acompañan con directrices concretas esta aspiración. El movimiento de mujeres y feministas cumple un papel estratégico para la ampliación de la agenda de derechos de las mujeres y de la igualdad de género, al mismo tiempo que da seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado, garantizando los pro cesos de cambio culturales y avance efectivo hacia la igualdad sustantiva. V. El Sistema Nacional de Educación Pública y su rol protagónico en el cambio hacia una cultura igualitaria Universalizar la educación hasta el ciclo básico, reducir las desigualdades de acceso y permanencia, eliminar la segregación por áreas de conocimiento y promover centros educativos libres de violencia de género, son ejes estructurantes para favorecer un cambio cultural igualitario. VI. La cultura igualitaria y el reconocimiento de la diversidad predominante en las pautas culturales de la ciudadanía El ejercicio de los derechos culturales y el respeto a la diversidad son posibles en una cultura basada en la igualdad, fundada en pautas y expresiones culturales libres de estereotipos de género y medios de comunicación amplios y accesibles. VII. Instalada la igualdad en la vida cotidiana de mujeres y varones mediante la deconstrucción de los roles tradicionales de género e incorporando el ejercicio efectivo al derecho de cuidar y ser cuidado La redistribución del trabajo doméstico y de cuidados es hoy en día uno de los ejes centrales para avanzar en igualdad de género. La conciliación entre la vida familiar, laboral y personal, junto con estrategias para la corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las comunidades y las familias, permitirán efectivizar una mejora hacia la igualdad, redistribuyendo el trabajo no remunerado que hoy se reparte inequitativa mente entre mujeres y varones. 61 VIII. Mujeres y varones acceden y se mantienen en igualdad de oportunidades en el ámbito productivo, empresarial y laboral El acceso y control sobre los recursos económicos y productivos, el acceso a y mantenimiento de empleos decentes para todas las mujeres sin discriminación son requisitos fundamentales para el logro de su au tonomía económica. IX. Sistema Nacional Integrado de Salud brinda servicios universales e integrales desde un enfoque de género El sistema de salud nacional requiere integrar el enfoque de género de manera permanente y en múlti ples aspectos, tanto en los equipos de salud como en los servicios que presta, haciendo hincapié en la salud sexual y reproductiva de mujeres y varones. X. Disminución sustantiva de la violencia basada en género en todo el territorio nacional Disminuir la violencia basada en género requiere efectivizar mejoras normativas que eliminen prácticas discriminatorias, protejan a las mujeres, niñas, niños y adolescentes de la violencia de quienes las y los violentan, garanticen la protección y la justicia; realizar acciones de prevención y generar mecanismos de reparación hacia quienes la sufren, en todos los ámbitos públicos y privados. XI. Vivienda, ambiente y hábitat suficientes, seguros y sustentables para las mujeres Alcanzar ambientes sostenibles requiere soluciones habitacionales múltiples, adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres, espacios públicos accesibles, seguros y sustentables, así como medidas con cretas que permitan dar respuestas a las causas y a las consecuencias del cambio climático que afectan directamente a mujeres. A continuación, se encontrará el desagregado de todas las aspiraciones, sus directrices de política y las propuestas de líneas estratégicas hacia la acción. 62 I. Aspiración estratégica a 2030 Desarrollo sostenible con igualdad sustantiva de género, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos humanos e incluye la diversidad de mujeres y varones. La igualdad sustantiva sólo es posible en un marco de desarrollo inclusivo y sos tenible para toda la ciudadanía. Para ello es indispensable alcanzar la igualdad de derechos, de oportunidades, de acceso y control de los recursos, de parte de mujeres y varones. Garantizar la calidad de vida de todas las personas sin discriminación alguna, requiere la libertad política, la libertad económica y de propiedad, de oportunidades con transparencia y seguridad. La sostenibilidad de los procesos económicos, ambientales y de género, así como la cultural inclusiva y la no discriminación son factores determinantes. Organismos referentes: Consejo Nacional de Género: Oficina de Planeamiento y Pre supuesto, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Defensa, Instituto Nacional de las Mujeres, Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay, Banco de Previsión Social, Instituto Nacional de Cooperativismo, Instituto Nacional de Empleo y Formación Pro fesional, Fiscalía General de la Nación, Poder Judicial, Congreso de Intendentes, Universidad de la República, Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT-CNT), Cámaras Empresariales, organizaciones de mujeres y feministas. 63 Directriz de política: I.1. Contribuir a la construcción de una cultura inclusiva respetuosa de la diversidad de género y generaciones, para el cambio en las representaciones sociales, la eliminación de estereotipos y prácticas discriminatorias. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover la transformación cultural hacia la igualdad de género, en los hogares y en la sociedad, involucrando a las mujeres y los varones en su más amplia diversidad. Dimensión iii): derechos económicos, sociales y culturales b) Desnaturalizar y deconstruir el sistema patriarcal, clasista, adultocéntrico, heternormativo y racista, involucrando activamente a los distintos agentes institucionales socializadores. c) Promover la deconstrucción de los estereotipos de género tradicionales, reconociendo diversos modelos de ser mujer y ser varón. e) Adoptar medidas que aseguren la igualdad de oportunidades para que toda persona pueda desarrollar sus capacidades y vivir con libertad y autonomía, sin sufrir violencia ni discriminación por edad, sexo, clase social, ascendencia étnico-racial, orientación sexual, identidad de género, discapacidad o lugar de residencia. f) Favorecer el acceso de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica al empleo, la educación, la vivienda, al ocio y a la recreación y la salud, con énfasis en afrodescendientes, migrantes y trans. g) Revisar, armonizar y modificar el marco normativo desde una perspectiva de género, para superar los vacíos y eliminar disposiciones discriminatorias contra las mujeres, con atención en los factores de etnia-raza, edad y discapacidad. Eje 1: marco normativo 64 Directriz de política: I.2. Generar acciones hacia un desarrollo económico, social, ambiental y de género sostenible. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Favorecer la redistribución de ingresos para disminuir la feminización de la pobreza y alcanzar condiciones de igualdad de género. Dimensión iii): derechos económicos, sociales y culturales Eje 5: Financiamiento b) Garantizar que las mujeres productoras agropecuarias accedan a la cotitularidad de sus tierras así como de los emprendimientos productivos familiares. c) Reinstalar el diálogo y el debate sobre la seguridad social para avanzar en la redistribución de recursos, con igualdad de género, incluyendo la dimensión del trabajo de cuidados no remunerado y considerando la inclusión de una renta básica. d) Efectuar diagnósticos y efectivizar medidas concretas para abatir los impactos negativos a las mujeres, niñas, niños y adolescentes al producirse la instalación de grandes emprendimientos productivos, de servicios o deportivos en las localidades y zonas de influencia. Dimensión iii): derechos económicos, sociales y culturales Directriz de política: I.3. Prevenir y eliminar toda forma de discriminación de género, promoviendo el ejercicio y goce de los derechos fundamentales de las personas afrodescendientes, migrantes, de la diversidad sexual, con discapacidad, entre otros. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Avanzar en el marco normativo a través de una legislación integral que prohíba todas las formas de discriminación: directas o indirectas, tanto en el ámbito público como privado, para garantizar la protección suficiente e instrumentar los dispositivos de reparación judiciales y administrativos. Dimensión i): derecho a una vida libre de violencia y discriminación Eje 1: marco normativo. c) Adoptar las medidas necesarias para combatir las múltiples formas de discriminación basadas en la orientación sexual e identidad de género de las personas. Dimensión i): Derecho a una vida libre de violencia y discriminación d) Formar a integrantes del sistema de salud, educativo, de seguridad y judicial, para promover el cambio en las representaciones sociales y combatir todas las formas de discriminación y estereotipos que enfrentan las mujeres. 65 II. Aspiración estratégica - operativa a 2030 Principio de igualdad de género, principio orientador de todas de las políticas públicas. Avanzar hacia la superación de las desigualdades de género a través de políticas públicas que garanticen el efectivo reconocimiento de los derechos de las mujeres. Para ello, se requiere una arquitectura institucional que promueva políticas de redistribución de los recursos, las oportunidades y las responsabilidades; políticas de reco nocimiento que resignifiquen económica y socialmente actividades que hoy generan asimetrías y políticas de re presentación que profundicen la participación y la demo cracia para las mujeres. Organismos referentes: Consejo Nacional de Género, Oficina de Planeamiento y Pre supuesto, Instituto Nacional de las Mujeres, Oficina Nacional del Servicio Civil, Comisión Interdepartamental de Género-Congreso de Intendentes, Cámaras Empresariales, PIT-CNT, organizaciones de mujeres y feministas. 66 Directriz de política: II.1. La arquitectura institucional para la igualdad de género, jerarquizada al mayor nivel del Estado, con recursos presupuestales, normativos y humanos suficientes. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) El Consejo Nacional de Género, presidido por el INmujeres, es el organismo coordinador de las políticas públicas para la igualdad de género a nivel nacional, integrado por las máximas autoridades gubernamentales. Eje 2: Institucionalidad b) Fortalecer al INmujeres en su rol de organismo rector de las políticas públicas de género, con mandato y autonomía, para su vinculación con todos los sectores y ámbitos de incidencia, con recursos suficientes y una estructura de funcionariado estable, permanente y formal. c) Fortalecer la arquitectura institucional de género en todos los órganos estatales (nacionales, departamentales y municipales) con recursos humanos y materiales para la efectiva promoción y articulación de las políticas públicas de igualdad en todo el territorio nacional. Directriz de política: II.2. Democratizar la cultura organizacional del Estado incorporando la perspectiva de género y no discriminación en las prácticas laborales cotidianas. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Formar al funcionariado público en perspectiva de género e interseccionalidades de manera acreditada (funcionarias/os, equipos técnicos, profesionales, decisores/as políticas) de los tres niveles de gobierno. Eje 4: Construcción y fortalecimiento de las capacidades estatalesb) Establecer medidas para que las culturas organizacionales generen condiciones de igualdad para las mujeres, utilizando herramientas ya existentes como el Modelo de Calidad con Equidad de Género u otras. 67 Directriz de política: II.3. Las políticas públicas implementadas en el territorio incluyen la dimensión de la igualdad de manera integral, en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en los planes quinquenales, integrando programas que ordenen y prioricen las acciones vinculadas a la igualdad y no discriminación en todos los organismos públicos de nivel nacional, departamental y municipal. Eje 5: Financiamientob) Instrumentar la apertura y consolidación de presupuesto con enfoque de género en todas las unidades ejecutoras, visibilizando las partidas presupuestales orientadas a la igualdad de género. c) Monitorear, evaluar y/o redefinir el presupuesto para que sea sensible al género en todas las áreas programáticas presupuestales del Estado. d) Impulsar una mayor coordinación entre políticas nacionales, departamentales y municipales, mediante el fortalecimiento de las estructuras interinstitucionales y/o los mecanismos de diálogo entre órganos de género de los distintos niveles de gobierno. Eje 2: Institucionalidad 68 III. Aspiración estratégica - operativa a 2030 Conocimiento suficiente y público sobre las desigualdades de género. La generación de conocimiento, los sistemas de informa ción y la instrumentación de mecanismos de seguimiento de las políticas desde una perspectiva de género permi tirán garantizar los procesos para la toma de decisiones certeras, la rendición de cuentas y la transparencia de la acción pública en esta materia. Organismos Referentes: Consejo Nacional de Género, Oficina de Planeamiento y Presu puesto, Universidad de la República, PIT-CNT, organizaciones de mujeres y feministas. 69 Directriz de política: III.1. Sistemas de información suficientes y sistemáticos, que permitan la toma de decisiones en políticas públicas, el análisis académico y el contralor sobre bases certeras. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Generar información estadística fiable, actualizada y completa sobre la composición demográfica de la población, así como de indicadores de derechos humanos y socioeconómicos, desglosados por sexo, ascendencia étnico-racial, edad, discapacidad, zonas de residencia urbanas, suburbanas y rurales. Eje 9: Sistemas de información b) Promover la existencia de sistemas de información que permitan el acceso a datos microterritoriales con la variable sexo para el abordaje de necesidades específicas en los departamentos, municipios, localidades, barrios y/o zonas rurales. c) Realizar encuestas de uso del tiempo de manera periódica en todo el territorio nacional con desagregación de sexo y urbano-rural. d) Realizar encuestas de prevalencia de violencia, incorporando todas las manifestaciones de la misma, de manera periódica incluyendo áreas rurales. e) Instalar con recursos suficientes el observatorio para el monitoreo de la violencia basada en género bajo la coordinación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con el INmujeres, el Ministerio del Interior y la sociedad civil organizada. f) Mejorar el sistema de información sobre la salud para construir indicadores de género que permita evaluar procesos y resultados de acciones y políticas. 70 Directriz de política: III.2. Generación, profundización y divulgación de conocimiento sobre las desigualdades de género. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Incorporar la perspectiva de género en el conjunto de investigaciones y estudios que se realicen sobre políticas de Estado. Eje 9: Sistemas de información b) Profundizar y generar investigación aplicada y análisis sobre estudios de género, masculinidades y discriminaciones múltiples en clave de derechos humanos. c) Profundizar y generar conocimiento sobre las especificidades de las distintas manifestaciones de la violencia basada en género, sobre su impacto en la vida de las mujeres y en su autonomía, y su impacto en los varones, niñas, niños y adolescentes. d) Generar conocimiento acerca de las situaciones de trata sexual y laboral, identificando las características del fenómeno y sus consecuencias en las mujeres sobrevivientes nacionales, residentes y en tránsito. e) Generar, ampliar y difundir conocimiento vinculado a la salud de las mujeres, especialmente sobre las enfermedades no transmisibles, las determinantes sociales de la salud mental, y hacer hincapié en las enfermedades de prevalencia en las mujeres afrodescendientes. f) Promover el desarrollo de investigación aplicada a las políticas de la producción agropecuaria, con perspectiva de género. g) Generar y profundizar en investigaciones aplicadas sobre representaciones sociales en torno a los cuidados que ayuden a medir su impacto en la vida laboral y familiar. 71 IV. Aspiración estratégica - operativa a 2030 Participación real y efectiva de mujeres en la toma decisiones en todos los ámbitos, públicos y privados y organizaciones de mujeres y feministas con capacidad de incidencia. Las decisiones que promueven cambios (incluso hacia la equidad de género), se dan a todo nivel, desde las pequeñas negociaciones diarias de la vida privada, hasta las definiciones públicas que afectan la organización del país, su gobierno y su cultura. La participación real y efectiva de las mujeres implica apelar a su ciudadanía activa, es decir ejercicio efectivo de su autonomía en la toma de decisiones, en todos los ámbitos que afectan sus vidas, sus familias, sus comunidades y la sociedad en su conjunto. Para lograr la paridad es necesaria la participación ciudadana, convocar a múltiples actores, organizaciones sociales del más amplio espectro, reunir diversas voces e intereses, democratizando la política pública para la igualdad de género. El movimiento de mujeres y feministas cumple un papel estratégico para la amplia ción de la agenda de derechos de las mujeres y de la igualdad de género, al mismo tiempo que da seguimiento a los compromisos asumidos por el Estado, garantizando los procesos de cambio culturales y avance efectivo hacia la igualdad sustantiva. Organismos referentes: Consejo Nacional de Género, Instituto Nacional de las Mujeres, Cámaras Empresariales, PIT- CNT, organizaciones de mujeres y feministas. 72 Directriz de política: IV.1. Acceso paritario de las mujeres a todos los espacios de toma de decisión públicos y privados. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Generar medidas que favorezcan la integración paritaria de mujeres y varones en todos los poderes y niveles del Estado, con especial atención a la integración de mujeres jóvenes y afrodescendientes. Dimensión iv): derechos civiles y políticos Eje 3: participación popular y ciudadana b) Promover la participación de mujeres de todas las edades y orígenes étnico raciales, en ámbitos de representación partidaria y gremial a nivel de trabajadoras/es, profesionales y empresarias/os. 73 Directriz de política: IV.2. Participación activa de las mujeres en los asuntos de la vida pública, en los espacios sociales, políticos, económicos, culturales y deportivos Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Incorporar y facilitar la representación de la sociedad civil de manera permanente en toda la institucionalidad de género del Estado, incluyendo el Consejo Nacional de Género. Dimensión iv): derechos civiles y políticos Eje 3: participación popular y ciudadana b) Fomentar la participación activa de las mujeres en los asuntos de la vida pública, en los distintos niveles de gobierno, mediante acciones que fortalezcan su incidencia, con recursos necesarios. c) Promover el empoderamiento de las mujeres mediante acciones que les permitan conocer sus derechos y los medios efectivos para reclamarlos. d) Impulsar el liderazgo y el movimiento asociativo de mujeres (rurales, urbanas, cooperativistas, afrodescendientes) mediante formación y orientación en liderazgo y negociación para favorecer su participación en los diferentes ámbitos de incidencia. e) Participación activa de las/los actores a las que van dirigidas las políticas, en sus distintas etapas, especialmente en educación, incluir la voz de niñas, niños y adolescentes y en el ámbito de la salud a los y las usuarias. f) Fortalecer el liderazgo y la acción de las mujeres políticas, a través de la capacitación y la promoción del trabajo articulado, para su incidencia en la jerarquización y priorización de la igualdad de género en la agenda y programas de todos los partidos políticos y de los gobiernos en sus tres niveles. g) Profundizar y hacer efectivas las cláusulas de género incorporadas en los laudos y convenios colectivos, de manera de acortar las brechas de género en materia de oportunidades laborales. h) Fortalecer el trabajo en red y potenciar los niveles de coordinación entre los distintos sectores, para evitar la superposición de esfuerzos y consolidar la descentralización de las respuestas y la intervención interinstitucional y multisectorial. i) Garantizar la participación de las mujeres rurales en espacios formalizados y efectivos de incidencia sobre el modelo de desarrollo productivo y de investigación aplicada. 74 V. Aspiración estratégica - operativa a 2030 El Sistema Nacional de Educación Pública y su rol protagónico en el cambio hacia una cultura igualitaria. En general las mujeres en Uruguay desarrollan trayecto rias educativas exitosas en relación a los varones. Si bien en la actualidad su presencia se extiende en todos los niveles, aún persisten factores específicos que limitan su acceso o facilitan su desvinculación temprana: la pobreza y la condición de ruralidad son los elementos determinan tes que favorecen la desvinculación educativa. Es impor tante señalar también que la segregación educativa es un problema asociado a las estudiantes; las áreas temáticas vinculadas a las ciencias básicas, a las comunicaciones y a la tecnología tienen menor inserción femenina, gene rando un fuerte cuello de botella en la formación de los recursos humanos para los mercados futuros, mejor re munerados. El rol que el sistema educativo formal tiene en el cambio cultural es protagónico, aunque no único. Organismos referentes: Consejo Nacional de Género, Ministerio de Educación y Cultura, Administración Nacional de la Educación Pública, Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica. 75 Directriz de política: V.1. Universalizar la educación en derechos humanos, igualdad de género y no discriminación en el sistema educativo formal. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Formar en igualdad de género y derechos humanos a funcionarias/os, docentes, egresadas/os y autoridades de la educación, para la incorporación de la perspectiva de igualdad en sus prácticas laborales y educativas. Eje 4: Fortalecimiento capacidades estatales b) Implementar estrategias en el ámbito educativo para promover relaciones libres de estereotipos desde un enfoque de género e interseccionalidades, desde la primera infancia a la educación superior, en el aula y en el trabajo comunitario (urbano y rural). Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales c) Contribuir a la construcción de una cultura de corresponsabilidad (en los cuidados y la crianza) y la desnaturalización de los roles tradicionales basados en la división sexual del trabajo, promoviendo la valoración del trabajo doméstico y de cuidado. d) Priorizar en las currículas educativas, la temática de igualdad de género y derechos humanos, de manera específica y en todos los niveles. e) Formar a técnicos y profesionales de la educación, la salud, la justicia, la comunicación, el trabajo psicosocial y cultural y otros sectores en derechos humanos e igualdad de género, para que egresen con capacidades para la detección, primer abordaje y derivación de todas las manifestaciones de la violencia basada en género y otras formas de discriminación. Dimensión i) Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación Eje 4: Fortalecimiento capacidades estatales f) Formar a técnicos y profesionales de la educación formal y no formal en las temáticas de sexualidad y diversidad generando ciclos permanentes de actualización. g) Promover que desde el sistema educativo se valore la dimensión placentera en la vida sexual y se fomente el auto y mutuo cuidado. Dimensión ii): Derechos sexuales y reproductivosh) Generar un sistema de reconocimiento de saberes, mediante acreditaciones o certificación, de quienes brindan educación sexual, en el campo de la educación no formal. 76 Directriz de política: V.2. Reducir las desigualdades de acceso, permanencia y egreso en el sistema educativo. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Establecer mecanismos para garantizar el acceso, permanencia y egreso de trayectorias educativas, especialmente en colectivos segregados: población afrodescendiente, personas trans, privadas de libertad, mujeres rurales o de áreas suburbanas, periféricas y con discapacidad. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Aumentar las medidas de apoyo que garanticen el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes incluyendo entre otras medidas la perspectiva de género en los sistemas de becas nacionales y departamentales, y en los hogares y residencias estudiantiles. c) Generar las condiciones que permitan la sostenibilidad educativa de mujeres adolescentes y jóvenes en situación de embarazo y/o con responsabilidades de cuidado, instrumentando alternativas para estudiantes (mujeres y varones) que cuidan. d) Implementar acciones que promuevan el acceso de las mujeres adultas a la educación, desarrollando estrategias para la conciliación con sus responsabilidades de cuidado. Directriz de política: V.3. Eliminar la segregación educativa por áreas de conocimiento. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover la investigación para determinar las causas de la segmentación educativa y sus consecuencias en la inserción laboral (especialmente en las niñas y adolescentes rurales), identificando y poniendo en práctica medidas para revertirla. Dimensión iii): derechos económicos, socialesb) Dar prioridad a programas de formación y capacitación técnica y profesional de calidad, promoviendo la inclusión de las mujeres y grupos más desfavorecidos y/o en situación de exclusión. c) Generar acciones de formación para que el cuerpo docente promueva la inserción igualitaria en las distintas áreas de conocimiento, deconstruyendo así la segmentación educativa. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales Eje 4: Construcción y fortalecimiento de capacidades 77 d) Promover el acceso de las mujeres a áreas vinculadas a las ciencias, la tecnología, las ingenierías, matemáticas y a otras áreas fuertemente masculinizadas, así como revalorizar las áreas tradicionalmente feminizadas. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales Eje 7: Tecnología e) Reconocer y visibilizar el aporte en la generación de conocimiento de las mujeres investigadoras, técnicas y profesionales, especialmente vinculadas a las áreas de la ciencia y la tecnología. f) Desarrollar alianzas entre las casas de estudios, las instituciones de investigación y los incisos del gabinete productivo para estimular trayectorias de mujeres vinculadas al desarrollo científico– tecnológico y de la producción. g) Impulsar la universalización de la educación integral en sexualidad y en violencia basada en género en el sistema educativo, desde la primera infancia hasta la educación superior. Dimensión i) Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación Directriz de política: V.4. Una educación libre de violencia de género. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover medidas para la generación de vínculos saludables, libres de violencia entre pares, docente-estudiantes/as y la comunidad toda, incluyendo la promoción de noviazgos libres de violencia. Dimensión i) Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación b) Potenciar las capacidades del sistema educativo para el abordaje primario de situaciones de violencia basada en género, acoso sexual y discriminación, mediante instrumentos y mecanismos, favoreciendo el trabajo en red en las localidades. c) Reglamentar la Ley 18.561 para facilitar la implementación de prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito educativo. Eje 1: Marco normativo 78 VI. Aspiración estratégica - operativa a 2030 La cultura igualitaria y de reconocimiento a la diversidad cultural predominante en las pautas culturales de la ciudadanía. El logro de la igualdad sustantiva requiere avanzar hacia la superación de los patrones socioculturales discrimina torios, patriarcales, sexistas, clasistas y racistas que siguen reproduciendo la desigualdad, y mantienen pautas de relacionamiento violentas y que permiten el predominio de la cultura del privilegio. La educación, los medios de comunicación y en las redes sociales juegan un rol funda mental para lograr dicho cambio cultural. Organismos referentes: Consejo Nacional de Género, Ministerio de Educación y Cul tura, Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Instituto Nacional del Niño y del Adolescente del Uruguay, Banco de Previsión Social, Agencia de Cooperativismo, Oficina Nacional del Servicio Civil, Sistema Nacional de Educación, Comisión Interdepartamental de Género–Congreso de Intendentes. 79 Directriz de política: VI.1. Promover acciones para el ejercicio de los derechos culturales y el respeto a la diversidad cultural. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Crear condiciones favorables para conservar, desarrollar, expresar y difundir la identidad, historia, cultura, tradiciones y costumbres de las mujeres, con énfasis en las mujeres afrodescendientes y rurales. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Visibilizar y reconocer la contribución de las mujeres y su rol histórico y protagónico en la construcción de la identidad nacional y la vida política del país. c) Fomentar el acceso y disfrute a la vida cultural en condiciones de igualdad, en la producción y la recepción de bienes culturales, en ciudades, zonas suburbanas y rurales; superando las desigualdades en las manifestaciones culturales concretas, como el carnaval. d) Promover la integración social y cultural de las mujeres migrantes. e) Favorecer el acceso y disfrute del tiempo libre de las mujeres, a través de actividades recreativas, artísticas, culturales, físicas y deportivas. f) Incorporar la perspectiva de igualdad de género en el ámbito deportivo, promoviendo que las mujeres accedan y participen paritariamente en los deportes profesionalizados, y ocupen espacios de toma de decisión en estos ámbitos. 80 Directriz de política: VI.2. Las vías institucionales de comunicación y los diferentes medios de comunicación con compromiso activo en el cambio cultural hacia la igualdad de género. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Impulsar que los medios de comunicación aporten a la deconstrucción de los estereotipos de género mediante el uso de lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas, en productos y propaganda, promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados. Eje 6: Comunicaciónb) Impulsar medidas para que los medios de comunicación incorporen la perspectiva de género y no discriminaciones, en la producción nacional. c) Realizar campañas de sensibilización permanentes sobre violencia basada en género, desigualdad y discriminación, dirigidas al ámbito educativo y la sociedad en general. 81 VII. Aspiración estratégica - operativa a 2030 Instalada la igualdad en la vida cotidiana de mujeres y varones mediante la deconstrucción de los roles tradicionales de género e incorporando el ejercicio efectivo al derecho de cuidar y ser cuidado. La igualdad en la vida cotidiana es el factor que permite una mayor autonomía en todas las dimensiones de la vida de las mujeres. Para ello, es sustantivo superar cultural mente la división sexual del trabajo actual, que sobrecar ga a las mujeres con tareas no remuneradas vinculadas al cuidado y a lo doméstico. El aumento sostenido de las mujeres en el mercado de trabajo pone en cuestión también el modelo tradicional de proveedor masculino y provoca la actual crisis de los cuidados, que sólo podrá superarse con la articulación virtuosa entre el mercado, el Estado, la comunidad y las familias, y la redistribución equitativa al interior de los hogares. Organismos referentes: Consejo Nacional de Género, Sistema Nacional Integrado de Cuidados, Comité Consultivo de Cuidados. 82 Directriz de política: VII.1. Reconocer y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado, pilar del bienestar social. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover la distribución equitativa del trabajo de cuidado y del trabajo doméstico como medida necesaria para la igualdad, tanto en el interior de los hogares como en la sociedad toda. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Avanzar en la revalorización del trabajo no remunerado (doméstico, de cuidado y de crianza), calculando su valor económico (cuentas satélites) y su aporte en los estándares de desarrollo. c) Reformular la categoría de «Jefe/a de hogar» en las estadísticas nacionales, por su valor simbólico excluyente. Directriz de política: VII.2. Promover el bienestar de las personas considerando la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Generar acciones para el reconocimiento del trabajo de cuidado y doméstico como fundamental para el desarrollo de las personas en todas las etapas de la vida. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Concientizar sobre el derecho del cuidado de calidad (a cuidar y ser cuidado), en todo el ciclo vital de las personas y en todos los ámbitos, incluidos los laborales y educativos. c) Fortalecer la autonomía de las personas adultas mayores, a través de políticas de envejecimiento activo con enfoque de género, para su desarrollo pleno, integración social y económica. d) Fortalecer y extender el sistema de cuidados para que alcance una cobertura universal, sobre la base de la perspectiva de género como elemento constitutivo. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales. Eje 4: Fortalecer capacidades estatales e) Crear y mejorar la infraestructura pública de cuidados para niñas, niños, personas adultas mayores y en situación de discapacidad, que permita ofrecer servicios de calidad, adaptados a las necesidades de las personas y con recursos humanos formados. 83 f) Generar las condiciones de accesibilidad en la infraestructura pública para el cuidado, con un enfoque generacional y de discapacidad. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales Eje 4: Fortalecer capacidades estatales g) Mejorar respuestas que permitan estrategias de cuidados de calidad que alivianen a las familias de las tareas de cuidados, especialmente a las mujeres trabajadoras y estudiantes, considerando las necesidades de las diversas clases sociales y las particularidades de los distintos territorios. h) Profundizar y ampliar el conocimiento académico sobre cuidados y género. Eje 9: Sistemas de información Directriz de política: VII.3. La corresponsabilidad se instala fuertemente en la sociedad, integrando al Estado, al mercado, la comunidad y a las familias. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Ampliar y fortalecer las respuestas de cuidado de calidad en todo el territorio nacional, para las personas dependientes, niñas/os, adultas mayores, personas con discapacidades transitorias o permanentes. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Promover la corresponsabilidad al interior de las familias para la distribución equitativa del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado entre varones y mujeres. c) Desarrollar experiencias innovadoras de cuidados corresponsables a nivel local, demostrando su validez y fortalezas. d) Generar acciones para la profesionalización y reconocimiento de saberes de personas que cuidan favoreciendo sus prácticas. e) Promover que se reconozcan el trabajo de cuidado como base fundamental del bienestar social y se promueva el protagonismo de los varones en el cuidado. 84 VIII. Aspiración estratégica - operativa a 2030 Mujeres y varones acceden y se mantienen en igualdad de oportunidades en el ámbito productivo, empresarial y laboral. Alcanzar la autonomía económica, refiere a la superación de las desigualdades en el mercado de trabajo (incluyendo las barreras de ingreso y permanencia), del acceso al capital, al crédito y la renta. La superación de las brechas salariales y las brechas en la dedicación al trabajo no remunerado (doméstico y de cuidados) son ejes que requieren el avance en el ámbito productivo, em presarial, agropecuario, rural y laboral, de manera de superar las desigualdades económicas, que permitan la igualdad de oportu nidades y revertir la feminización de la pobreza. En referencia al mercado de trabajo, es eje sustancial para efec tivizar la igualdad el logro del trabajo decente, extendiendo la protección social y el fomento del diálogo social tripartito. Organismos referentes: Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ministerio de Industria, Ministe rio de Turismo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Desarrollo Social, Banco de Previsión Social, Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, Instituto Nacional del Cooperativismo, Cámaras Empresariales, PIT-CNT, Organizaciones de mujeres y feministas. 85 Directriz de política: VIII.1. Promover el acceso y control igualitario de mujeres y varones sobre los recursos económicos y productivos. Líneas estratégicas hacia la acción: Organismos responsables Estrategia de Montevideo a) Promover el acceso igualitario de las mujeres a la titularidad de los bienes: vivienda, tierra, empresas y recursos productivos y a las oportunidades de desarrollo mediante proyectos concretos. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Diseñar medidas diferenciales para el acceso al crédito y a la asistencia técnica por parte de las mujeres, de todos los sectores sociales que permitan potenciar emprendimientos productivo-comerciales. c) Fomentar y fortalecer la capacitación e iniciativas laborales y/o productivas de las mujeres mediante la formación vinculada a los mercados nacionales y extranjeros. d) Fomentar el liderazgo empresarial femenino, mediante ayudas específicas para la creación de empresas y autoempleo, así como medidas de formación, asesoramiento y seguimiento que permitan la consolidación de sus proyectos. 86 Directriz de política: VIII.2. Asegurar que las mujeres de todas las ascendencias étnicas raciales y edades, accedan a empleos decentes en igualdad de condiciones y sin discriminación alguna. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover la aplicación del principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, a fin de disminuir las brechas salariales en todos los sectores de actividad. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Disminuir la segregación ocupacional horizontal y vertical en el sector público y privado, formar a más mujeres en ciencias, ingenierías, tecnologías y oficios, en concordancia con la futura matriz productiva del país, así como favorecer su inclusión laboral en sectores no tradicionales. c) Promover la inserción de las mujeres en el sector formal de la economía, generando nuevos empleos de calidad, asegurando así la protección social, especialmente de las mujeres afrodescendientes, rurales, las trabajadoras domésticas, con discapacidad y las mujeres trans. d) Instrumentar medidas de formación y acceso al empleo y la actividad empresarial de las mujeres en situación de vulneración de derechos, atendiendo a mujeres afrodescendientes, mujeres jóvenes y población trans y favorecer su inclusión en los sectores privados de empleo. e) Instrumentar medidas para que las condiciones de trabajo garanticen la posibilidad de conciliar la vida familiar y laboral, promoviendo la corresponsabilidad (horarios flexibles, licencias para el cuidado, recursos para el cuidado, entre otras). f) Fomentar a través de medidas económicas o fiscales a las empresas que impulsen acciones de corresponsabilidad social destinadas a la igualdad. g) Brindar formación permanente en temas de género a negociadoras/es de los consejos de salarios para continuar promoviendo y profundizando la inclusión de cláusulas de género en la negociación colectiva. h) Fomentar la participación paritaria de mujeres y varones, en las negociaciones colectivas, los espacios gremiales, gerenciales y directivos del ámbito público y privado. i) Asegurar la aplicación efectiva de las normas que favorecen la inserción laboral en el sector público de la población afrodescendiente (Ley N° 19.122, cuota del 8%), y con discapacidad (Ley N° 18.651, cuota del 4%), fortaleciendo la perspectiva de género en su implementación. Eje 1: Marco normativo. Igualdad y Estado de derecho j) Establecer medidas para asegurar las condiciones de trabajo decente para las trabajadoras/es migrantes. k) Generar y/o fortalecer mecanismos institucionales para la prevención, protección, atención, reparación y reconocimiento de derechos en situaciones de acoso sexual laboral en todas las instituciones públicas y privadas, en cumplimiento con la Ley N° 18.561. l) Instrumentar un registro único de denuncias de acoso sexual en el marco de la Ley N° 18.561, para conocer la problemática en la órbita de empresas privadas e instituciones públicas. Eje 9: Sistemas de información 87 Directriz de política: VIII.3. Impulsar que el sector de actividad de trabajo doméstico y de cuidado se valorice y alcance las condiciones de trabajo decente. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Reconocer el trabajo de cuidado remunerado como actividad económica, garantizando las condiciones de trabajo decente. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Generar medidas de apoyo para erradicar el trabajo femenino de cuidado realizado por niñas y adolescentes. c) Fortalecer las capacidades de negociación colectiva para continuar mejorando las condiciones de trabajo doméstico y desarrollar la capacidad de negociación para trabajadoras/es de cuidados. Eje 3: Participación popular y ciudadana Directriz de política: VIII.4. Favorecer la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos agropecuarios productivo-laborales. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Incorporar la perspectiva de género en los institutos de formación técnico agropecuarios y en las prácticas profesionales del sistema de extensión de asistencia técnica público y privada. Eje 4: Construcción y fortalecimiento de capacidades estatales b) Generar medidas para el reconocimiento de los derechos de seguridad social a las mujeres rurales, considerando las características particulares de los establecimientos productivo-familiares agropecuarios. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales c) Reformular la categoría cónyuge colaborador/a en los registros del BPS por su valor excluyente. d) Favorecer la inserción productiva de las mujeres rurales a través de apoyos concretos: políticas de crédito, acceso y titularidad de la tierra, apoyo a la producción, el acceso a tecnologías e innovaciones productivas, a la asistencia técnica y extensión rural, capacitaciones y apoyos empresariales y de emprendedurismo. 88 IX. Aspiración estratégica - operativa a 2030 El Sistema Nacional Integrado de Salud brinde servicios universales e integrales, desde un enfoque de género. La incorporación del enfoque de género en la salud, como se señala en los Objetivos Sanitarios del Ministe rio de salud Pública, requiere cambios del modelo de atención tanto a nivel operativo, estratégico y político. Trabajar en la deconstrucción de estereotipos de género, incorporar un enfoque desde la diversidad, y personalizar la atención en función de determinantes específicas son requerimientos necesarios para fortalecer la autonomía física, así como garantizar el acceso y atención en condi ciones de igualdad y respeto. Organismos referentes: Ministerio de Salud Pública, Administración Servicios de Salud del Estado, Ministerio de Educación y Cultura, Administración Nacional de la educación Pública, Cámaras Empresariales, PIT-CNT, organizaciones de mujeres y feministas. 89 Directriz de política: IX.1. Promover, prevenir, atender y rehabilitar la salud de las personas en condiciones de igualdad, respeto y sin discriminaciones de ningún tipo. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Asegurar la accesibilidad universal, la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud, públicos y privados, en todo el territorio urbano y rural. Garantizar el acceso a la información y a los servicios de las poblaciones aisladas territorialmente y vulnerables, incluyendo las trabajadoras sexuales, personas trans y personas privadas de libertad. Dimensión ii): Derechos sexuales y reproductivos b) Asegurar el acceso universal a la información y una educación en salud de todas las personas, a todas las edades, especialmente en lo que refiere a los derechos sexuales y reproductivos. c) Impulsar desde los equipos de salud la desnaturalización de los estereotipos de género, promoviendo estilos de vida saludables relacionados a los hábitos alimenticios, a la actividad física-corporal y al uso del tiempo libre. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales d) Asegurar el acceso universal a la atención en salud mental con perspectiva de género, mejorando y ampliando la cobertura de las prestaciones, tomando en cuenta la mayor expectativa de vidas de las mujeres y la prevalencia de enfermedades mentales asociadas a la longevidad. Dimensión i): Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación e) Fortalecer el diagnóstico precoz y la primera respuesta a niñas, niños y adolescentes y mujeres en situación de violencia de género. f) Garantizar la atención integral a las personas trans, mediante el acceso a tratamientos hormonales y de reasignación de sexo para quienes lo decidan. g) Promover el uso de técnicas y/o tratamientos de calidad y no invasivos respetando la autonomía de las mujeres basadas en decisiones informadas. Dimensión ii): Derechos sexuales y reproductivos h) Asegurar el acceso a la medicación adecuada acorde a las necesidades de cada persona, promoviendo la disminución de la prescripción y consumo de psicofármacos en las mujeres. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales 90 Directriz de política: IX.2. Incorporar el enfoque de género en todas las áreas de la salud. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Incorporar a los programas educativos de salud, la temática de género y derechos humanos de manera específica, en todos los niveles y transversalizar la perspectiva de género en todas las asignaturas de la formación técnico y/o profesional en salud. Eje 4: Construcción y fortalecimiento de capacidades estatales b) Promover la formación y la capacitación continua de profesionales y personal de salud en género, diversidad sexual, dimensión étnico-racial, para una atención humana y calificada. c) Profundizar la capacitación del equipo de salud del primer nivel de atención para la detección, primer abordaje y derivación de situaciones de violencia basada en género. d) Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, asegurando la participación de las y los usuarios en los ámbitos establecidos en el sistema de salud e instrumentar mecanismos eficientes para recibir propuestas y denuncias que permitan dar respuesta a problemas y vacíos detectados. Eje 3: Participación popular y ciudadana 91 Directriz de política: IX.3. Decisiones autónomas e informadas de mujeres y varones sobre sus cuerpos, con especial atención en las decisiones sexuales y reproductivas. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover una salud sexual y reproductiva integral, de calidad y acorde a los requerimientos específicos de las mujeres de todas las edades y condiciones. Dimensión ii): derechos sexuales y reproductivos b) Asegurar el acceso universal a la atención integral y respetuosa en salud sexual y reproductiva de mujeres y varones, con o sin discapacidad. Con un especial énfasis en la atención de la salud sexual y reproductiva de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, por su orientación sexual o identidad de género, clase social, ubicación geográfica, ascendencia étnico-racial o que realizan trabajo sexual. c) Promover que el sistema de salud supere la visión estereotipada del modelo sexual heteronormativo y que incorpore a sus modelos de atención, el respeto y la asistencia adecuada de acuerdo a las orientaciones sexuales e identidades de género diversas. d) Generar las garantías para que todas las personas gocen del derecho a la libertad sexual y a la autonomía sobre su vida reproductiva, en todo el territorio. e) Promover que desde el sistema educativo y el sistema de salud se valore la dimensión placentera en la vida sexual y se fomente el auto y mutuo cuidado. f) Promover modelos de atención respetuosos y humanizados durante el control del embarazo, el parto o cesárea y el posparto. g) Disminuir el alto índice de cesáreas que tiene el país. h) Promover decisiones reproductivas informadas para el desarrollo de maternidades y paternidades libres y responsables, buscando prevenir el embarazo adolescente no intencional. i) Asegurar el acceso, la elección informada y el uso de métodos anticonceptivos modernos, seguros y asequibles para mujeres y varones de todas las edades y condiciones. Cuando los mismos se coloquen o retiren en procedimientos invasivos, se deben realizar bajo consentimiento informado. j) Garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo en todo el territorio nacional, con servicios de calidad. Eje 1: Marco normativo k) Promover la modificación del marco normativo para eliminar el aborto como figura delictiva en todas sus formas. 92 X. Aspiración estratégica - operativa a 2030 Disminución sustantiva de la violencia basada en género en todo el territorio nacional. Las diversas manifestaciones de la violencia basada en género exigen procesos desafiantes que requieren la profundización de las políticas públicas y cambios a nivel de las pautas culturales. Es fundamental visibilizar que la igualdad no es posible si hay violencia hacia las mujeres, y que mientras no se efectivicen las acciones reparato rias, quienes la sufren no logran una genuina autonomía física. Organismos referentes: Consejo Nacional de Género, Consejo Nacional Consultivo de Lucha contra la Violencia Doméstica, Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Ado lescencia contra la Violencia, Red de ONG de Lucha contra la Violencia Sexual y Doméstica, Cámaras Empresariales, PIT-CNT, organizaciones de mujeres y feministas. 93 Directriz de política: X.1. Actualización de marcos normativos y legislativos sobre violencia basada en género. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Reglamentar e instrumentar la ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia basada en género y la ley integral contra la de trata de personas. Dimensión i): Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación Eje 1: marco normativo b) Impulsar la actualización del Código Penal a las normas internacionales asumidas por Uruguay erradicando las disposiciones patriarcales que actualmente contiene. c) Las instituciones públicas y privadas que brindan servicios de salud y educación cuenten con protocolos de actuación ante las diversas manifestaciones de la violencia basada en género y mecanismos para su abordaje. d) Poner en funcionamiento mecanismos de contralor del cumplimento de la ley integral para garantizar a las niñas, niños, adolescentes y mujeres una vida libre de violencia basada en género. Directriz de política X.2. Garantizar el acceso a la protección y a la justicia de mujeres, niñas, niños y adolescentes que han visto vulnerados sus derechos, evitando su revictimización. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover la integración en las currículas académicas de las carreras vinculadas a los servicios de justicia la formación en género y derechos humanos, incluyendo la CEDAW, Belém do Pará, CERD como instrumentos para el respeto de los derechos humanos de las mujeres. Dimensión i): Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación b) Impulsar el fortalecimiento de las defensorías para las mujeres, niñas, niños y adolescentes de manera gratuita en todo el territorio nacional c) Garantizar la protección a todas las mujeres, niñas, niños y adolescentes del territorio nacional que así lo requieran, mediante la disposición de medidas cautelares, de dispositivos de control y de sanciones penales. 94 Directriz de política: X.3. Reducción efectiva de la violencia basada en género, como violación a los derechos humanos funda-mentales de las mujeres, niñas, niños y adolescentes mediante la prevención, atención, protec ción y reparación desde las instituciones del Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad toda. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover que el conjunto de la sociedad considere a todas las manifestaciones de la violencia basada en género como violaciones a los derechos humanos fundamentales, sea la violencia ejercida en las relaciones de pareja o ex pareja, la violencia institucional, la violencia obstétrica, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, el acoso sexual en el ámbito laboral, educativo y callejero y la trata de personas —sexual o laboral—. Dimensión i): Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación b) Generar medidas para la detección temprana de situaciones de maltrato, abuso sexual en niñas, niños y adolescentes y violencia doméstica en los diversos sectores sociales y lugares de residencia del país. c) Reconocer la explotación sexual y la trata de mujeres con fines de explotación sexual y laboral como un problema social grave, y contribuir activamente desde las instituciones de seguridad, de justicia, sociales y la comunidad hacia la efectiva restitución de los derechos de las personas sobrevivientes. d) Profundizar y ampliar la formación académica y práctica del funcionariado público y las/ os operadores/as vinculados a la temática (justicia, seguridad, atención, psicosocial, educación, salud), para un abordaje sin revictimización y en red. e) Visibilizar y atender las manifestaciones de la violencia, negligencia y maltrato hacia mujeres adultas mayores y personas con discapacidad, especialmente a aquellas personas encargadas de los servicios sociales, de salud y de cuidados en domicilio o centros públicos y privados. f) Fortalecer al sistema interinstitucional de respuesta inmediata ante las situaciones de violencia basada en género y trata de personas, con funcionamiento articulado y efectivo en todo el territorio nacional, incluyendo la zona rural con primera respuesta, y servicios de atención psicosocial, de salud y patrocinio jurídico, atendiendo situaciones múltiples y de manera adecuada a las identidades particulares de las víctimas. g) Instrumentar que los programas de resocialización de varones que ejercen violencia contra las mujeres sean parte del sistema interinstitucional de respuesta integral a la violencia basada en género en todo el territorio nacional. h) Impulsar que los programas y servicios de atención a la violencia basada en género, incorporen la dimensión de la violencia racial como un factor que potencia la violencia vivida por las mujeres afrodescendientes. i) Instrumentar medidas para establecer la verdad, promover la justicia y la reparación para a las mujeres víctimas de violaciones de sus derechos humanos durante el régimen de facto. 95 Directriz de política: X.4. Restituir las oportunidades de las personas que sufren o han sufrido violencia basada en género para el efectivo ejercicio de sus derechos en el logro de su autonomía. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Instrumentar medidas efectivas para el mantenimiento y/o la inserción laboral de las mujeres que viven situaciones de violencia basada en género, mediante estrategias de formación, de emprendedurismo o conciliatorias con sus necesidades de cuidado. Dimensión i): Derecho a una vida libre de toda forma de violencia y discriminación Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Asegurar el derecho a la vivienda de las mujeres que sufren algún tipo de violencia basada en género, mediante alternativas habitacionales diversas, que satisfagan las necesidades en todo el territorio nacional. c) Propiciar medidas para la restitución de derechos de mujeres sobrevivientes de situaciones de trata en el país, facilitando su inserción en el país, considerando sus particularidades específicas. 96 XI. Aspiración estratégica - operativa a 2030 Vivienda, ambiente y hábitat suficientes, seguros y sustentables para las mujeres. Las desigualdades de género se expresan en el territorio y afectan de manera diferenciada a las mujeres, especial mente a las más pobres. El espacio donde vivimos crea, reproduce y trasforma las relaciones de género. Pensar la interrelación de las mujeres y sus condiciones de vida cotidiana en el espacio implica conocer y satisfacer sus intereses y necesidades prácticas y estratégicas, ya sea en relación al medio ambiente, la vivienda y al espacio público urbano o rural, como en medidas concretas que permitan dar respuesta a las causas y consecuencias del cambio climático que las afectan directamente. Organismos referentes: Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Am biente; Ministerio de Industria, de Energía y Minería; Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca; Congreso de Intendentes, Cámaras Empresariales, PIT-CNT, Organizaciones de mujeres y feministas. 97 Directriz de política: XI.1. Garantizar soluciones habitacionales para las mujeres de los sectores más vulnerables y en situaciones de violencia basada en género. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Incorporar el enfoque de género y generaciones en la planificación, diseño y ejecución de las políticas habitacionales que contemplen criterios de accesibilidad para mujeres con discapacidad. Dimensión iii): Derechos económicos, sociales y culturales b) Promover programas habitacionales con enfoque de género y generaciones, en el marco de ordenamiento territorial y gestión urbana, que contribuyan a la integración social, densificación urbano-territorial y convivencia libre de violencia. Programas que acompañen los cambios demográficos de los hogares y las familias, con respuestas variadas para las diversas situaciones (especialmente a mujeres en situación de violencia basada en género). c) Continuar y consolidar los instrumentos de subsidio para el acceso y permanencia a la vivienda, especialmente a través de la aplicación del subsidio a la demanda habitacional, un instrumento de política pública sensible a las inequidades de género. d) Asegurar la sostenibilidad del acceso en condiciones de equidad, a los servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones. e) Promover la doble titularidad como modalidad de tenencia y seguridad jurídica de la vivienda, garantizando los derechos patrimoniales de las mujeres, en todos los programas del sistema público de vivienda, incluyendo las cooperativas. f) Promover y ejecutar soluciones habitacionales en el ámbito rural y pequeñas localidades, priorizando a las mujeres rurales en hogares unipersonales o con personas a su cargo, favoreciendo el desarrollo o el mejoramiento de sus emprendimientos productivos. 98 Directriz de política: XI.2. Promover espacios públicos inclusivos, accesibles y sostenibles. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Incorporar el enfoque de género en la planificación, diseño y ejecución de las políticas territoriales. Dimensión v): Derechos colectivos y medio-ambientales b) Promover la apropiación y el disfrute de los espacios públicos por parte de las mujeres de todas las edades y condiciones. c) Promover la existencia y usufructo de espacios públicos para el ejercicio de actividades de encuentro, esparcimiento y formación que rompan el aislamiento de las mujeres rurales. d) Planificar los espacios públicos desde una perspectiva inclusiva universal, con infraestructura y equipamiento adecuados a las necesidades de las mujeres y promover su apropiación, con énfasis de las personas con discapacidad y adultas mayores. e) Procurar la mejora en la oferta, accesibilidad y calidad de los servicios de transporte públicos a nivel nacional. f) Incentivar que la obra pública contemple criterios de accesibilidad, promoviendo además las transformaciones necesarias en los edificios públicos existentes, priorizando las áreas de la educación y de la salud 99 Directriz de política: XI.3. Generar acciones hacia un desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social, ambiental y de género. Líneas estratégicas hacia la acción: Estrategia de Montevideo a) Promover medidas de adaptación al cambio climático y favorecer el uso de productos ambientalmente amigables por parte de todos/as los/as integrantes de las familias dedicadas a la producción agropecuaria, implementando acciones con asistencia técnica, considerando los impactos diferenciales que tienen sobre las mujeres y varones según el lugar que desarrollan dentro de la producción y el predio. Dimensión v): Derechos colectivos y medioambientales b) Estimular el desarrollo de investigaciones que relacionen el uso y manejo de agroquímicos y de la contaminación del agua, con la prevalencia de enfermedades, especialmente en mujeres, niñas y niños en zonas de uso intensivo. c) Promover oportunidades de reducción de brechas de género en procesos productivos y económicos bajos en emisiones de gases de efecto invernadero, identificando capacidades de adaptación y promoviendo la resiliencia de las mujeres al cambio climático, a nivel de ciudades y ámbito rural, considerando la intersección de pobreza y vulnerabilidades. d) Generar sistemas de información con indicadores para la adaptación y mitigación al cambio climático con perspectiva de género. e) Integrar la perspectiva de género en la educación y la generación de conocimiento sobre el cambio climático y desarrollo resiliente y bajo en emisiones de carbono. VI. Claves para la Implementación 103 La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género reconoce el papel fundamental del Estado en las polí ticas de igualdad que aseguren los derechos humanos y la autonomía de las mujeres como eje transversal de las políticas nacionales de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Reconoce también el papel insustituible de la sociedad, a través de sus organizaciones sociales, de mujeres y feministas en tanto portadoras de expectativas de ampliación de los horizontes de igualdad, justicia y libertad, en el marco de un desarrollo sustentable del país. Para que la presente estrategia se convierta en una propuesta exitosa —es decir en una efectiva hoja de ruta para alcanzar las aspiraciones de igualdad de género al 2030— se requiere una serie de prerrequisi tos vinculados a las transformaciones socioculturales y a la capacidad de decisión sobre la esfera personal de las mujeres sobre sí mismas, en la distribución igualitaria de los ingresos y de la riqueza del país, y la participación paritaria en todas las esferas de la vida privada y pública. Se requiere de organizaciones sociales activas que construyan tejido social y asociativo, en diálogo con el Estado. También un Estado que contemple una arquitectura institucional de género, con una cultura institucional y formas de gestión libres de discriminación, con un funcionariado público sensibilizado y ca pacitado para el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas, así como con disposición y capacidad para contribuir al diálogo y a la participación con las organizaciones de mujeres y feministas. Señalamos entonces como prerrequisitos básicos para la implementación de la Estrategia Nacional de Igualdad de Género, los siguientes: Hacia una arquitectura institucional de género fortalecida «La institucionalidad de género en el Estado es la materialización de relaciones políticas, prácticas sociales y visiones del mundo que se legitiman como cosas públicas por medio de procesos precedidos por luchas políticas. Los avances en la institucionali zación de las políticas de género en el Estado se expresan en la difusión de nuevos discursos sobre las relaciones hombre-mujer, en la promulgación de nuevas leyes, en la formulación de nue vas reglas y en la formación de organismos estatales y redes de interacción entre los actores públicos, privados y sociales que 104 conforman los espacios de las políticas públicas». Virginia Guz mán Barco y Sonia Montaño Virreira (2012: 5). Resulta fundamental fortalecer en el Uruguay la institucionalidad de género de manera tal que constituya un verdadero sistema articulado entre sí y dotado de lo necesario para llevar adelante esta Estrategia para la Igualdad de Género, en el marco del Consejo Nacional de Género. Consejo Nacional de Género con la mayor representación institucional del Estado y de los actores sociales Se requiere que el Consejo Nacional de Género amplíe su actual integración, incorporando organismos estratégicos para la trasversalización de las políticas de igualdad de género, de manera de ratificar el compromiso de Estado con la igualdad, así como también una mayor representación de las organizacio nes de mujeres y feministas. Se propone que el Consejo Nacional de Género esté compuesto por representantes de máxima jerarquías de cada institución u organización: Presidencia de la República a través de su Prosecretaría; Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Oficina Nacional de Servicio Civil; los trece ministerios actuales, la Fiscalía General de la Nación; la Administración de los Servicios de Salud del Estado ; Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay; Instituto Nacional de Colonización; Administración Nacional de Educación Pública; Banco de Previsión Social; Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP); Insti tuto Nacional del Cooperativismo, Poder Judicial; Congreso de Intendentes, Universidad de la República; representantes de organizaciones de mujeres y feministas entre las que se incluirán representantes de organizaciones de mujeres afrodescendientes y rurales; representantes del Plenario Intersindical de Tra bajadores Central Nacional de Trabajadores y de las cámaras empresariales. Los cometidos del Consejo Nacional de Género serán los siguientes: a) Velar por el cumplimiento de esta ley y de la política nacional de igualdad de género y sugerir los cambios normativos que considere necesarios. b) Coadyuvar a la coordinación de las diferentes acciones, políticas y programas en el marco de la política nacional de igualdad de género. c) Proponer el abordaje de manifestaciones de desigualdad que requieran respuestas institucionales innovadoras o diferenciadas. 105 d) Promover el intercambio y desarrollar propuestas intersectoriales. e) Coordinar acciones con otros espacios interinstitucionales y con las unidades departamentales de género de las intendencias y municipios. Unidades Especializadas en Género Actualmente existen Unidades Especializadas en Género en un gran número de organismos públicos. Es esencial que se creen otras unidades especializadas en género en aquellos organismos públicos e instituciones que aún no las tengan. El objetivo de estas unidades es que favorezcan la aplicación de los derechos y principios que promueven la igualdad y la perspectiva de género en el ámbito de las materias sustantivas de competencia de cada organismo. Para que estas unidades puedan desarrollar acabadamente su función, deberán contar con la jerarquía institucional, recursos técnicos y asignación presupuestal necesarias para el efectivo cumplimiento de sus cometidos. Entre los cometidos que se proponen para las unidades especializadas en género se hallan los siguientes: a) Asesorar al organismo al que pertenecen para transversalizar la perspectiva de género en la pla nificación, en la gestión humana, en el cumplimento de sus funciones y en el presupuesto. b) Dar seguimiento y evaluar el cumplimiento en el Organismo de la Política Nacional de Igualdad de Género, así como de las políticas y planes intrainstitucionales para la igualdad de género. c) Participar en las redes interinstitucionales a nivel nacional e internacional. d) Rendir cuentas a la sociedad civil sobre la implementación de las políticas de igualdad de género en el organismo del que dependen. e) Elaborar estudios con la finalidad de promover la igualdad de género en las áreas de actividad del organismo. f) Proponer y coordinar capacitaciones en la temática para el personal del organismo. g) Dar visibilidad a la política de igualdad y desarrollar estrategias de comunicación a esos efectos. 106 Una nueva Ley de Igualdad de Género «(…) las relaciones de género no son sólo el producto de la voluntad y la acción de los actores (movimiento feminista o mecanismos para el adelanto de las mujeres en el Estado), sino también de las oportunidades y restricciones que ofrecen las normas institucionales que regulan las relaciones entre los suje tos. Las normas a su vez son el resultado de procesos históricos específicos que se deben considerar como el andamiaje político institucional en el que se construye la igualdad de género. Las normas no son determinantes en términos absolutos, ya que son los actores quienes las reproducen y les dan sentido. Las reglas no son sólo rutinas, procedimientos, convenciones y roles en torno a los cuales se construye la actividad política sino también creencias, paradigmas, códigos culturales, saberes movilizados por los actores que sostienen, elaboran o contradicen estas re glas» (Müller y Surel, 1998 citados por Guzmán Barcos y Monta ño Virreira, 2012: 5-6). Se ha constatado que para concretar los prerrequisitos necesarios para la realización de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género se requiere la sanción de una nueva ley que adecue la normativa nacional a los estándares, definiciones y recomendaciones establecidas en forma específica para el país. Los contenidos de esta nueva Ley de Igualdad avanzarán en el establecimiento de garantías y meca nismos orientados a la exigibilidad de los principios y derechos establecidos en la norma; fortalecerá la institucionalidad de género en el país; establecerá principios orientadores y lineamientos para las políti cas públicas de género; creará un Fondo Concursable para el fomento de la participación activa de las organizaciones de mujeres y feministas; regulará los cometidos del Instituto Nacional de las Mujeres; establecerá nuevos cometidos y ampliará la integración del Consejo Nacional de Género; y consolidará las Unidades Especializadas de Género del Estado, brindándoles la estructura normativa que les confiera la necesaria jerarquización institucional, dotación de recursos humanos especializados, asignación de roles y funciones y presupuesto acorde para llevar adelante la presente Estrategia y demás políticas públicas para lograr la igualdad. 107 Transformación de la cultura institucional estatal: Modelo de Calidad con Equidad de Género (MCEG) El Modelo de Calidad con Equidad de Género (MCEG) es una herramienta diseñada para reducir las brechas de género en el ámbito laboral mediante acciones planificadas y procedimientos tendientes a transformar las estructuras de trabajo y la gestión del personal en forma más justa y equitativa en térmi nos de género. Las transformaciones se logran visibilizando inequidades de género, planificando y ejecutando acciones para su eliminación, evaluando los resultados obtenidos, corrigiendo los desvíos, mejorando permanen temente los mismos de manera de asegurar la consecución de los objetivos finales. El Modelo de Calidad con Equidad de Género posee un conjunto de requisitos, cuyo cumplimiento permite desarrollar, progresivamente, estructuras de trabajo igualitarias, más justas y eficaces. Inspirado en la normalización técnica internacional (en particular las normas ISO 9000 de gestión de calidad y la norma de responsabilidad social empresarial SA 8000), constituye un «estándar de igualdad de género» en el ámbito laboral, evaluable por el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Asesor del Modelo de Calidad con Equidad de Género, quien otorga a las organizaciones públicas y privadas inmersas en el proceso de mejora continua de su gestión un «sello» de calidad según el nivel de avance, en reconoci miento de las transformaciones realizadas. El enfoque género-transformativo del modelo desafía las desigualdades de género y pone énfasis en cambiar o eliminar roles y patrones de género que mantienen la desigualdad o que violan o limitan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. También incluye en su aplicación el enfoque intersec cional género-afrodescendencia como dos cruces de identidades que exponen a las personas a particu lares experiencias de discriminación y racismo. Los presupuestos sensibles al género El presupuesto o planificación presupuestaria de un período es la asignación, detallada y expresada en unidades monetarias, de los recursos que la organización se propone erogar, a objetos de gasto específi cos que definen en última instancia los objetivos que se habrán de perseguir en dicho período. Podemos 108 decir entonces que el presupuesto de una organización es la manifestación verdadera y expresa de la real voluntad política de su conducción acerca de cuáles temas desea concretar o impulsar. El presupuesto sensible al género es una herramienta de política pública ideada para disminuir y eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres. Su desarrollo implica: � Incorporar la perspectiva de género en todos los niveles del proceso presupuestario, para que la institucionalidad del Estado y las políticas públicas en su conjunto adopten la lógica de la igualdad. � Traducir los compromisos gubernamentales por la igualdad de género en compromisos financie ros, lo que no significa necesariamente un incremento en el gasto público sino una asignación más eficiente del mismo. � Elaborar planificación estratégica, operativa y presupuestación, orientadas a cerrar las brechas entre varones y mujeres y a generar mayores garantías para el pleno ejercicio de derechos de todas las personas. Para aplicar esta herramienta en el Presupuesto Nacional, desde el 2016 se ha implementado la apertura de un Proyecto Presupuestal de Igualdad de Género, que permite visibilizar y por tanto identificar el gasto en acciones orientadas a la igualdad de género ya sea en los Programas Presupuestales (gasto funcional) en funcionamiento, como en las inversiones públicas (gasto en inversión). Transformaciones de las representaciones culturales en Uruguay A pesar de los significativos cambios en la participación de las mujeres en los ámbitos educativos y en el mercado laboral, de las profundas transformaciones de las familias, de la disposición colectiva para apoyar marcos normativos novedosos que dan cuenta de la aceptación de diversas maneras de vivir la sexualidad y en distintos arreglos familiares; estudios provenientes de centros no gubernamentales, esta tales y académicos dan cuenta del fuerte arraigo en la ciudadanía uruguaya de valores, creencias y pautas de conducta tradicionales y resistentes a los cambios de género. La alta prevalencia de la violencia basada en género sufrida por mujeres de todas las edades y condicio nes, la dimensión aún no suficientemente valorada del abuso sexual y maltrato infantil y adolescente, 109 la prevalencia del embarazo adolescente no intencional en aquellas que viven en condición de pobreza, el aumento de hogares pobres monomarentales, la infantilización de la pobreza, son graves problemas que vive el Uruguay que, más allá de los factores económicos, dan cuenta de las barreras culturales que reproducen la inequidad de género y de etnia-raza. Estos cambios culturales necesarios –aunque no suficientes— para hacer realidad un proceso orientado al desarrollo sostenible con justicia social requieren de la activa participación de la sociedad organizada y de las y los ciudadanos activos, dado que la reproducción de las relaciones sociales ocurren en la vida cotidiana, en los entornos barriales y locales. El movimiento social a través de la mayor diversidad de organizaciones sociales, así como el movimiento de mujeres y feministas, poseen un lugar estratégico para que el Estado genere sinergias con sus exigen cias, demandas y aportes. En este marco la Estrategia Nacional para la Igualdad, a través del Consejo Nacional de Género y particu larmente de sus representantes sociales, refuerza su apuesta. VII. La viabilidad de la Estrategia Nacional para la Igualdad de Género 113 La Estrategia Nacional para la Igualdad de Género (ENIG) 2030, como se ha señalado, pretende consti tuirse en una guía orientadora para las políticas públicas de género, así como una base para la confección de planes y proyectos específicos de carácter nacional, departamental o municipal. Se requiere entonces señalar las dimensiones específicas que le permitirán su viabilidad: viabilidad política, económica, técnica y social. Viabilidad política La viabilidad política para la implementación de la ENIG 2030 depende de la capacidad de los actores so ciales y políticos de generar una alianza sólida, que logre el respaldo de la opinión pública y la ciudadanía. Partimos del pleno reconocimiento de la diversidad para realizar un ejercicio de voluntad política en el sentido más amplio. De forma que permita alcanzar objetivos comunes desde las diferencias y constituir se en un verdadero proceso de construcción de políticas de país basada en la búsqueda del bien común. La necesidad de una alianza ciudadana y la socialización de género en la ciudadanía uruguaya requieren un firme compromiso político para propiciar políticas que mejoren la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres así como un adecuado establecimiento del enfoque integrado de género en las po líticas públicas. Pero también una participación activa de la ciudadanía que facilite el cambio social que requiere el desarrollo de estas políticas. Las organizaciones de mujeres y muy especialmente el movimiento feminista han tenido una inestimable contribución en las conquistas de los derechos fundamentales y de ciudadanía de las mujeres uruguayas, convirtiéndose en un potente impulsor de las políticas de igualdad. El feminismo, como movimiento so cial y político, es el componente político imprescindible de una sociedad y de un gobierno que pretende progresar; su práctica debe ser transversal a toda acción pública y social. La experiencia llevada a cabo en la elaboración y desarrollo de los diferentes Planes de Igualdad a nivel departamentales: el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos. 2007-2011 y, con cretamente, la presente Estrategia Nacional para la Igualdad de Género en Uruguay —que se configura como una hoja de ruta para el desarrollo de una nueva normativa que regule todas las aspiraciones para la promoción de la igualdad de género en Uruguay— permitirán formar pactos ciudadanos que puedan materializarse a través de planes, programas y proyectos. 114 Viabilidad económica La asignación presupuestal expresa el compromiso con los objetivos de política de parte del Estado. Da cuenta, asimismo, de las opciones que inevitablemente una sociedad debe siempre elegir en función de un contexto de recursos siempre finitos para los desafíos que tiene por delante. En consonancia con la prioridad dada a las políticas de género, los organismos del Estado y entes autó nomos y descentralizados deben realizar un ejercicio de asignación de los presupuestos priorizando las políticas de igualdad de género. Desde el gobierno se ha trabajado en dar pasos orientados a encarar las inequidades de género, la presente Estrategia se propone integrarlos desde una mirada de mediano plazo para plantear soluciones sustentables. Teniendo en consideración el contexto de restricciones macroeconómicas en cada etapa, se requiere que los eventuales incrementos presupuestales prioricen el gasto para avanzar en la superación de las inequidades. La utilización de mecanismos de financiamiento internacional, cuando sea estrictamente requerido, ser virá para direccionar y potenciar los recursos para las políticas de igualdad de género a lo largo de todo el ciclo de vida; y para reforzar aquellas ya existentes implementadas por los diferentes organismos pú blicos. Viabilidad técnica/institucional Es una necesidad consensuada la necesidad del rol activo del Estado como rector de la política pública de género, y como garante de los derechos. Del mismo modo, es relevante el fortalecimiento de orga nizaciones de la sociedad civil y su sostenibilidad para que puedan operar como contrapartes. Que sean éstas las que logren participar en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas; como fue en el proceso para la elaboración de la Estrategia Nacional para la Igualdad 2030, y lo será durante todo el 2018 en el proceso de su validación desde el territorio y de operativización de sus aspiraciones. Estado y sociedad civil presentan diferentes legitimidades desde donde efectúan su aporte a la política pública de género.. Las oragnizaciones de la sociedad civil obtienen legitimidad de su conocimiento, acervo y prácticas institucionales desarrolladas en procura de la mejora de la calidad de vida de las mu 115 jeres. También de su rol como expresión de la ciudadanía para incidir en la adecuación de las políticas públicas a sus necesidades e intereses. En el campo de la implementación, el criterio debe ser el establecimiento de políticas universales que garanticen a mujeres y varones el respeto de sus derechos y el acceso al bienestar. Seguidamente, las políticas de igualdad de género deberán estar articuladas de manera no subsidiaria con la política económica, al igual que el resto de las políticas sociales. Deben visualizarse en el marco de políticas generales de carácter integral, de lo contrario su eficacia será dudosa. Una implementación eficiente de las políticas de igualdad de género requiere de la articulación y coor dinación interinstitucional de carácter sistémico, vale decir: que rompa definitivamente con la fragmen tación institucional que aún existe. En ese sentido el Consejo Nacional de Género se constituye en el espacio de articulación significativo que orientará su accionar en el marco de la presente Estrategia. Éste podrá definir ámbitos intersectoriales de implementación conjunta, en los que el organismo sectorial que lleve adelante la rectoría de la política liderará su ejecución. Viabilidad social La implementación de la Estrategia permite el ejercicio activo de derechos por parte de sujetos —mujeres y varones—, además de una oportunidad para el fortalecimiento de la participación ciudadana. Para ello, resulta necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: a) La necesidad de contar con mecanismos de rendición de cuentas y control social que otorguen transparencia a la gestión pública. Para lo cual será necesario estudiar la posibilidad de instalar mecanismos de rendición de cuentas públicos para monitorear los compromisos asumidos. b) La gestión social de la información y el conocimiento juegan roles claves en la superación de la fragmentación institucional al implementar políticas públicas. La disponibilidad de información sistemática y confiable para la planificación, monitoreo y evaluación es una condición necesaria para la eficiencia de las políticas. 116 El análisis prospectivo y los espacios interinstitucionales, junto a los actores políticos, la sociedad civil y la academia, permitirán superar la fragmentación institucional y las miradas disciplinarias para lograr una visión común, realimentada y mejorada a partir de los procesos de monitoreo y evaluación. c) La disponibilidad de recursos humanos calificados es indispensable. Una condición necesaria para superar los obstáculos, de aplicar la normativa vigente en materia e igualdad de género, consiste en profundizar en la capacitación y formación de recursos humanos desde un enfoque de dere chos, particularmente de aquellos que realizan un trabajo cotidiano con la población. VIII. Anexo: Participantes en instancias de consultas 119 Institución Nombre Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) Instituto Nacional de Juventud Verónica Galizia Andrea Pérez MIDES. Dirección de Gestión Territorial Mauricio Guarinoni Marcela Azambuya Carlos Dominico Verónica Suárez Irene Álvarez Soledad Díaz Serrana Rubini Magdalena Recoba Zully Padilla Helio Rodríguez Aída Silveira Nino Medina Juan Marcos Piriz Perla Morandi Eva Mendiola Dinorah Lanz Eleonora Bianchi MIDES- Dirección Nacional de Promoción Sociocultural Micaela Melgar MIDES- Dirección Nacional Economía Social e Integración Laboral Vivian Gilles Rosa de León Juan Aldaba Equipo de apoyo de INmujeres: Daniela Sena, Jefa (e) Departamento de Promoción de Derechos y Prevención de la VBG Karina Moreira, Jefa (e) Departamento de Mujeres Afrodescendientes Nancy Penna, Jefa (e) Departamento de Formación y Contenidos Leticia Lázaro, Asistencia Técnica de la Asesoría de Relaciones Internacionales Lucía Alvarez, Asistente Técnica Departamento de Formación y Contenidos Sharom Katzkowicz, Asistencia Técnica Sistema de Información de Género � Autoridades, responsables técnicos y representantes de la sociedad civil que participaron de reuniones de trabajo: Institución Nombre MIDES- Secretaría Nacional de Cuidados Elena Clavell Gabriel Corbo Ministerio del Interior. Instituto Nacional de Rehabilitación Blanca Ferreira Ministerio de Educación y Cultura Natalia Maidana Ministerio de Salud Pùblica Irene Petit Carla Bellini Sabrina Rodríguez Ministerio de Industria, Energía y Minería Melina Mondelli Beatriz Oliver Florencia Gariazo Adriana Bentacor Patricia Romero M.ª Inés Rodríguez Ministerio de Relaciones Exteriores Cristina Mansilla Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Estrella Yafé Marcela Barrios Cristina Fernández Andrea Zaugg Ministerio de Turismo Karina Baldovino Administración de los Servicios de Salud del Estado Mónica Gorgoroso 120 Institución Nombre Fiscalía General de la Nación Patricia Lanzani Oficina Nacional de Servicio Civil Analía Antúnez Adriana Novo Universidad de la República Francois Graña Dirección General del Consejo de Educación Secundaria Celsa Puente Administración Nacional de Educación Pública Beatríz Martínez Banco de Previsión Social Samira Hajjoul Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mariana González Guyer Congreso de Intendentes Comisión Interdepartamental de Género Representantes del 2º y 3er. Nivel de Gobierno Adriana Baladan Vanesa Laguarda Carolina Hornes Mirna Eizaga Adriana Rojas Sandra Nodov Red de Mujeres Rurales Cecilia Sena Rossana Crosta Shirley Pagalday Silvia Páez Yolanda Britos Eva Acosta Mesas de Desarrollo Rural Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca Rita Portillo Elvira Soria Plenario Intersindical de Trabajadores/as-Convención Nacional de Trabajadores/as Margarita Rodríguez Estela Escobar Red Uruguaya contra la Violencia doméstica y Sexual Fanny Samuniski Clyde Lacasa Andrea Tuana Iniciativas Sanitarias Cecilia Stapff CUDECOOP Mª de los Ángeles Dati Red Pro Cuidados Isabel Pérez Margarita Percovich Clara Fassler Institución Nombre Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay Karina Núñez Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo Soledad Salvador Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales de Uruguay Carmen Beramendi Organización El Paso Cristina Prego Mujeres en el Horno M.ª José Scaniello Cotidiano Mujer Lucy Garrido Lilián Celiberti Soledad González Cooperativa Mujer Ahora Silvia Rodríguez Rosario de los Santos Diálogo Político de Mujeres Afrodescendientes Fabiana Miguez Gabriela Lima Alicia Esquivel Mónica Gómez Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay - AMRU Adriana Bonetti Celina Martínez Ana María Álvarez Elsa Silva Comisión Nacional de Fomento Rural, Sociedad de Fomento Rural Cristina Revetria Miriam Bessio Victoria García Verónica Bolbuena Alba Pinera Lourdes Sequeira Instituto Cuesta Duarte Andreína Moreira Grupo Mujeres Colonia Rubio. Salto Norma Salibarra Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) Lilián Abracinskas Otras participaciones Elsa Scanauino Elena Ponte