Decreto Nº 122 - Aprueba la Política Nacional de Biodiversidad, sus principios, objetivos y líneas de acción

<Untitled> REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Ejecutivo No. 122 (De 23 de diciembre de 2008) "Por el cual se aprueba la Política Nacional de Biodiversidad, sus principios, objetivos y líneas de acción" EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA En uso de sus facultades constitucionales y legales, CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Panamá en su Artículo 120 establece que "El Estado reglamentará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia". Que conforme al Artículo 62 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la República de Panamá", se dispone que "los recursos naturales son de dominio público y de interés social, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por los particulares". Que la Ley 24 de 7 de junio de 1995, "Por la cual se establece la legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones", declara de dominio público la protección, conservación, restauración, investigación, manejo y desarrollo de los recursos genéticos así como especies, raras y variedades de vida silvestre, para beneficio y salvaguarda de los ecosistemas naturales, incluyendo aquellas especies y variedades introducidas en el país y que en su procesos de adaptación, hayan sufrido cambios genéticos en los diferentes ecosistemas; Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), ratificado mediante la Ley 2 de 12 de enero de 1995, cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos; reconoce que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo y que se precisan inversiones considerables para conservar la diversidad biológica; Que la Estrategia Nacional del Ambiente (ENA) aprobada por Resolución de Gabinete 36 de 31 de mayo de 1999, advertía con preocupación "la inquietud de amplios sectores por la alarmante tasa de deforestación anual que está destruyendo la riqueza biológica de Panamá, exponiendo los suelos a graves procesos de deterioro y reduciendo la capacidad de retención y almacenamiento de agua"; Que el Estado apoyará las actividades de conservación de la diversidad biológica en su hábitat original como en instalaciones fuera de su lugar de origen; Que el derecho y la obligación que tiene el Estado de velar por una explotación racional y sostenible de los recursos naturales se logran a través de políticas ambientales consensuadas con todos los sectores de la sociedad panameña; Que para reconciliar un desarrollo sostenible, se requiere tomar en cuenta un ordenado aprovechamiento de los recursos naturales; vistas las grandes inequidades que existen dentro de la sociedad panameña; Que la Visión Nacional 2020, enunciaba que "la valoración y conocimiento de los recursos naturales y la riqueza biológica, en particular, han contribuido al desarrollo de las actividades económicas innovadoras; Que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) creado mediante la Ley 41 de 1998 General del Ambiente, establece en su Artículo 66 que estará "conformado por todas las Áreas Protegidas legalmente establecidas, o que se establezcan, por leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipales. Las Áreas Protegidas serán reguladas por la Autoridad Nacional del Ambiente, y podrán adjudicarse concesiones de administración y concesiones de servicios, a los municipios, gobiernos provinciales, patronatos, fundaciones y empresas privadas, de acuerdo con estudios técnico previos." Que la Política Nacional de Biodiversidad articula y complementa los esfuerzos que llevan a cabo otras instituciones del gobierno, orientados al mejoramiento de la competitividad del país; a la erradicación de la pobreza; a la subsistencia e integridad de los pueblos; al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible, tal como está contenido en los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica; 1No 26210 Gaceta Oficial Digital, martes 27 de enero de 2009 Que para enlazar el aprovechamiento del Patrimonio Natural con el proceso de desarrollo económico y social del país, urge la integración de la Política Nacional de Biodiversidad con otras políticas sectoriales. Que la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad engloba un conjunto de aspiraciones y compromisos para ser asumido por parte del Gobierno Nacional, las Comunidades y el Sector Privado Local como socios del desarrollo nacional para la sostenibilidad del Patrimonio Natural del país; DECRETA: Artículo 1. Aprobar la Política Nacional de Biodiversidad, sus principios, objetivos y líneas de acción propuestos para el manejo sostenible y el aprovechamiento selectivo de la diversidad biológica del país, destinadas a enmarcar las actividades que deberán desarrollarse para su implementación. Artículo 2. Adoptar como principios esenciales en armonía con las otras políticas ambientales sectoriales relacionadas y con los principios y lineamientos previstos en la Ley 41 de 1998, "General de Ambiente", en su aplicación específica de esta Política, los siguientes principios rectores: I. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA POLÍTICA Estos principios toman como base la Constitución Política de la República de Panamá, los principios establecidos a través de los foros internacionales sobre gestión en conservación de los recursos naturales en los cuales ha participado la República de Panamá, los principios de políticas previstos en la Ley No. 41 de 1998 en su aplicación específica al ámbito del aprovechamiento, administración y conservación de la biodiversidad, estos son: 1.Principio de Propiedad de Estado: Reafirma el derecho soberano que tiene el Estado para reclamar y asegurar beneficios, dividendos o compensaciones derivados del aprovechamiento de la biodiversidad que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción. El origen panameño de la biodiversidad se sustenta en los conocimientos científicos y técnicos que certifican esos ecosistemas sobre los cuales se apoya la biodiversidad local. 2.Principio Precautorio: Contempla la responsabilidad del Estado para preservar y conservar la biodiversidad, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, y no exista certeza científica absoluta. Es decir, no deberá utilizarse dicha causal como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 3.Principio de Conservación Prioritaria: Se sustenta en función de paradigmas que reconocen como primordiales los valores tradicionales de la sociedad panameña y los acoge como propios y necesarios a su preservación. La conservación sostenible de componentes de la biodiversidad garantes de los valores ecológicos, sociales, y culturales panameños conforman la base de la política que encauzará las metas u objetivos que se persigan; ya que se busca principalmente salvaguardar el soporte del recurso sobre el cual se afianza ese modelo de vida que se elige y se protege. 4.Principio de Aprovechamiento Selectivo: Se afianza en la existencia de una abundante e inestimable oferta natural, lo que no debe ser premisa para la explotación indiscriminada de la biodiversidad. Busca instituir estándares científicos y económicos para un aprovechamiento selectivo en función de los intereses estratégicos al desarrollo sostenible del país. 5.Principio de Participación Equitativa: Se apoya en una distribución equitativa de los beneficios y utilidades, que de una buena gestión de la administración del recurso biodiversidad, reciba la sociedad panameña. Los reclamos y beneficios por parte de las comunidades que mayor aportan al sostén o resguardo (el valor de no uso) del recurso deben ser cuantificados. De igual forma, aquellas comunidades que contribuyen a la capitalización del recurso, a través de acciones que incrementen la calidad de vida del individuo o de la población en general, merecen participar de similares recompensas. 6.Principio de diversificación: Con la diversificación se persigue que las comunidades de productores se beneficien directamente de la comercialización, fortaleciendo las redes entre el productor comunitario y los compradores. Adicionalmente, la diversificación también busca fomentar el comercio y consumo local, regional e interregional de productos (bienes y servicios) de la biodiversidad, facilitando la detección y apertura de nuevos mercados, incluyendo la promoción de productos en mercados nacionales e internacionales. Se establece un régimen de opciones públicas para la administración del aprovechamiento de aquellos recursos que en función de las necesidades inmediatas de las comunidades en Áreas Protegidas, zonas de amortiguamiento, y sector rural de difícil acceso se encuentren científicamente documentados. 7.Principio de Evaluación Integral Ambiental: Se ampara en una visión integrada de atención al medio ambiente que propicie un equilibrio entre el desarrollo del campo y la ciudad. El constante cambio de estado requiere la participación de los gobiernos nacionales y locales, como parte integral en la toma de decisiones. 8.Principio de Responsabilidad Social: Busca favorecer alianzas estratégicas de negocios entre las comunidades y los sectores interesados en el aprovechamiento de los recursos naturales. Se fortalece la acción del Gobierno con los actores mayormente afectados e interesados en un aprovechamiento selectivo de la biodiversidad, como pueden ser los investigadores, científicos, industriales, comerciantes, entidades y organizaciones interesados en el desarrollo de empresas 2No 26210 Gaceta Oficial Digital, martes 27 de enero de 2009 mixtas en condiciones equitativas y equiparadas a los aportes que las comunidades locales hagan y requieran. Artículo 3. Adoptar los siguientes objetivos y líneas de acción en su aplicación específica de esta Política, en armonía con las otras políticas ambientales sectoriales relacionadas: 1. Objetivo General Implementar la Política Nacional de Biodiversidad como núcleo de una estrategia nacional para articular la sostenibilidad de la diversidad biológica con los procesos de desarrollo económico y social, mejorando la competitividad del país, la calidad de vida, la erradicación de la pobreza, la subsistencia, la integración de los pueblos, y el desarrollo sostenible. 2. Objetivos Específicos y Líneas de Acción Objetivo 1. Fortalecer las capacidades de gestión de los sectores públicos, privados y municipales de competencia científica y técnica en el ámbito de la biodiversidad, tanto del nivel central, sectorial y local. Líneas de Acción 1. Fortalecer las iniciativas públicas y privadas para la investigación del Patrimonio Natural y caracterizar los componentes de la biodiversidad en los niveles ecosistémicos, de poblaciones, especies y el nivel genético. 2. Establecer los mecanismos correspondientes para que las Autoridades Científicas conjuntamente con las Autoridades Competentes definan los criterios de sostenibilidad, indicadores y mecanismos científicos-técnicos de los componentes de la biodiversidad, endemismos y rarezas, para la conservación prioritaria y el aprovechamiento selectivo de los recursos naturales. 3. Conformar una estrategia de divulgación de la información científica documentada sobre los componentes del patrimonio natural, los valores de la biodiversidad y su impacto en la calidad de vida del panameño. 4. Desarrollar e implementar mecanismos para la gestión integral de la biodiversidad. Objetivo 2. Desarrollar la utilización de herramientas y procedimientos que impulsen el aprovechamiento integral, equilibrado y conservacionista de los recursos biológicos y genéticos en el ámbito nacional, dirigidos a mejorar la economía de las comunidades afectadas por la pobreza. Líneas de Acción 1. Establecer los procedimientos para la aplicación del Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial Ambiental dentro de un esquema de orientación y monitoreo de la conservación prioritaria, y al aprovechamiento selectivo y sostenible de la biodiversidad como recurso central al desarrollo del país. 2. Promover la conservación con beneficios para las comunidades alojadas dentro de las Áreas Protegidas como parte de las soluciones de alivio a la pobreza aceptadas para esas comunidades. 3. Integrar a los criterios de Evaluación de Impacto Ambiental, el deterioro de la herencia genética y degradación de los soportes de la biodiversidad; 4. Establecer conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario un esquema de supervisión y control de los proyectos que en el sector rural impacten sobre las zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas y sus recursos naturales, que generen efectos positivos y mitiguen los impactos negativos de las prácticas agrícolas sobre los ecosistemas. 5. Revisar la aplicación de las Evaluaciones Ambientales Estratégicas con miras a incrementar una mayor concienciación de la sociedad frente a los problemas de ordenamiento territorial y administración de recursos biológicos y genéticos conocidos y aprovechados, en los planes y programas de las provincias, municipios o comunidades locales o indígenas. 6. Conservar y restaurar los ecosistemas. 7. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial relacionado con la gestión y el fomento integral de la biodiversidad. Objetivo 3. Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales orientado a la conservación de los ecosistemas, poblaciones de especies y sus variedades genéticas. Prevenir impactos ambientales adversos en el manejo de la diversidad biológica y desarrollar un efectivo uso de los recursos naturales existentes. Líneas de Acción 1. Establecer programas de incentivos para proyectos de conservación de la biodiversidad sustentados debidamente sobre criterios ecológicos-económicos. 2. Promover el uso de sistemas sostenibles de manejo. 3. Consolidar los sistemas de información de la biodiversidad como componente de la formulación de estrategias de acción para el desarrollo del sector rural y turístico. 4. Promover el desarrollo de las zonas de amortiguamiento con iniciativas generadoras de ingresos como complemento a la reforestación, turismo sostenible, remediación, recuperación de hábitats y otras tareas de conservación de los 3No 26210 Gaceta Oficial Digital, martes 27 de enero de 2009 recursos. 5. Cuantificar los beneficios derivados de acciones de conservación o de aportes agregados por las comunidades al valor de la biodiversidad, identificada como factor esencial en los programas de desarrollo comunitario, inmobiliario, turístico, comercial, entre otros. 6. Diseñar e implementar sistemas de valoración multicriterio de la biodiversidad, y mecanismos para la distribución equitativa de beneficios derivados de su uso. 7. Supervisar, vigilar y controlar los accesos a los recursos genéticos y coordinar con las entidades competentes la conservación y uso sostenible de los recursos marino-costeros, pelágicos y bentónicos. 8. Establecer un Instituto de Investigación de los Recursos Pelágicos y Bentónicos para su conservación y aprovechamiento sostenible en conjunto con las entidades involucradas. 9. Fomentar la protección de los derechos de propiedad intelectual de la ANAM y de las iniciativas de las comunidades, vistas las opciones de negocios que están surgiendo a partir de estos recursos. 10. Establecer un manejo en la conservación o aprovechamiento selectivo con beneficios que incorporen recursos in situ, ex situ o derivados con el consentimiento de las autoridades competentes, públicas, privadas o locales. 11. Preservar las especies y el patrimonio genético nacional. 12. Desarrollar programas dirigidos a conservar in situ los ecosistemas frágiles, propiciando la participación de los diferentes sectores involucrados. 13. Desarrollar programas dirigidos a conservar ex situ las especies de flora y fauna. Objetivo 4. Incrementar la gestión sostenible de conservación y manejo de la biodiversidad, fomentando la capacitación, la educación formal e informal, la coordinación interinstitucional y la consecución de recursos financieros para proyectos comunales, encaminados a erradicar la pobreza y elevar el estado de vida. Líneas de Acción 1. Fortalecer las Unidades Ambientales Municipales para una mejor divulgación de los datos científicos y económicos sobre el patrimonio natural nacional y local. 2. Fortalecer, recuperar y divulgar el conocimiento y prácticas tradicionales del uso de la biodiversidad en las distintas culturas. 3. Fomentar la creación de micro empresas guiadas y orientadas por el sector privado, científico y tecnológico para el aprovechamiento selectivo y sostenible de la biodiversidad. Las actividades así como los productos que se generen, deben observar el cumplimiento de la normativa legal existente. 4. Formular programas de desarrollo rural-agropecuario conjuntamente con proyectos de desarrollo comunitario urbano que permitan divulgar información referente al ambiente, a la flora y fauna terrestre, marina y costera y sus beneficios ecológicos y económicos para las comunidades aledañas y distantes de las Áreas Protegidas. 5. Orientar las tareas innovadoras derivadas de servicios en las Áreas Protegidas con la participación de las cámaras de comercio locales y nacionales que permitan conocer nuevos mercados para estos esquemas de negocio. 6. Divulgar ampliamente a nivel urbano información referente a fórmulas de negocio en materia de conservación y aprovechamiento selectivo como soluciones al desempleo urbano. 7. Organizar las actividades de conservación de especies endémicas, a través de cursos y seminarios dictados por técnicos e investigadores, en lenguaje de fácil comprensión a las comunidades alojadas dentro y en zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas. 8. Establecer programas de manejo y gestión de negocios orientados hacia la conservación sostenible de la biodiversidad, apoyados sobre criterios ecológicos-económicos debidamente autorizados por las autoridades competentes, dirigidos a jóvenes emprendedores a nivel provincial y comarcal, en especial en zonas rurales e indígenas. 9. Fortalecer la participación ciudadana en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Objetivo 5. Desarrollar nuevas alternativas que contribuyan a fomentar la investigación en materia de biodiversidad, sistemas de producción, bioprospección, bioseguridad y acceso a recursos genéticos, que contribuyan a la creación de empresas altamente eficientes y eficaces en materia de conservación y uso sostenible de los recursos biológicos. Líneas de Acción 1. Establecer los criterios e indicadores para la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad, como parámetros permanentes en los planes nacionales, provinciales, comarcales y municipales. 2. Establecer incentivos para la administración de la biodiversidad como actividad permanente de las comunidades, en función de las características de los activos vitales de cada región del país. 3. Diseñar programas de desarrollo rural y agroforestal conjuntamente con planes de negocio de aprovechamiento sostenible selectivo de la biodiversidad en mercados emergentes. 4. Implementar medidas para el desarrollo sostenible del potencial económico de la biodiversidad. 5. Organizar y sistematizar programas de mitigación y compensación comercial por impacto y degradación de los recursos. 6. Proponer programas dentro de las Áreas Protegidas de uso múltiple como proyectos pilotos de bioprospección 4No 26210 Gaceta Oficial Digital, martes 27 de enero de 2009 incluyendo los de conocimientos tradicionales locales o indígenas. 7. Diseñar propuestas para que la banca privada oferte planes de financiamiento para micro y pequeñas empresas vinculadas a la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad. 8. Motivar el canje de deuda por naturaleza con inversores nacionales, dirigido a incrementar los proyectos agroforestales en zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas que posean Planes de Manejo aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente. 9. Promover contratos para proyectos de conservación en zonas de amortiguamiento de las Áreas Protegidas, como incentivos a las comunidades locales y al sector privado que se ofrezca a respaldar proyectos rentables de conservación en estas áreas. 10. Promover las prácticas productivas sostenibles de la diversidad biológica. Artículo 4. La presente Política se aplicará a todos los componentes de la diversidad biológica, entiéndase hábitats, productos, subproductos, partes y derivados de la misma, situados dentro de la República de Panamá. Artículo 5. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) es la Autoridad Nacional Competente (ANC) para ejercer los poderes, la autoridad y las funciones especializadas, relacionadas con aspectos parciales o componentes de la Política Nacional de Biodiversidad. La ANAM tiene la atribución de normar, regular, evaluar y actualizar los lineamientos estratégicos en la medida que se alcancen las metas propuestas en la Política Nacional de Biodiversidad, y la responsabilidad de coordinar e implementar la Política Nacional de Biodiversidad, conjuntamente con el Sistema Interinstitucional del Ambiente, las autoridades locales y comarcales. Artículo 6. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) tendrá la función de gestionar los recursos financieros necesarios para la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad y someter al ejecutivo el Plan de Acción Nacional para el aprovechamiento selectivo y la conservación prioritaria de la biodiversidad. Así como también, de avalar las iniciativas de otras entidades y sectores sobre esta materia, de acuerdo con las normas y regulaciones que establezca la ANAM Artículo 7. La presente Política entrará en vigencia a partir de su promulgación. Dado en Panamá, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil nueve (2008). COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE MARTÍN TORRIJOS ESPINO Presidente de la República de Panamá HÉCTOR E. ALEXANDER H. Ministro de Economía y Finanzas 5No 26210 Gaceta Oficial Digital, martes 27 de enero de 2009 República de Panamá Autoridad Nacional del Ambiente Oficina de Planificación y Política Ambiental Política Nacional de Biodiversidad 2008 ISBN 978-9962-651-34-5 Derechos de propiedad intelectual, 2013 Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) República de Panamá Está autorizada la reproducción total o parcial y de cualquier otra forma de esta publicación para fines educativos o sin fines de lucro, sin ningún otro permiso especial del titular de los derechos, bajo la condición que se indique la fuente de que proviene. La ANAM agradecerá que se le remita un ejemplar de cualquier texto cuya fuente haya sido la presente publicación. No está autorizado el empleo de esta publicación para su venta o para otros usos comerciales. Elaborada por: Autoridad Nacional del Ambiente, con la asistencia técnica de Elia Guerra Quijano. Coordinación general: Roberto De La Cruz Aleida Salazar Marisol Dimas Roberto Bonilla Todas las fotograf ías que aparecen en este documento, salvo que se in- dique lo contrario, han sido tomadas por funcionarios de la ANAM. Diseño gráfico: Editora Novo Art, S.A. Pedro Argudo, diagramación y portada Montserrat de Adames, edición de textos y estilo Impreso en Colombia por Quad Graphic Colombia, quién solo actúa como impresor, para Editora Novo Art, S.A., en Panamá. Reimpresión, 2013 1,000 ejemplares Esta política fue impresa en papel producido a partir del bagazo de la caña de azúcar; en su proceso productivo, se ejerce un control estrecho sobre emisiones sólidas, líquidas y gaseosas, razones por las que se le ha calificado como “Amigo de la Naturaleza”. Presentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Decreto Ejecutivo 122, que aprueba la Política Nacional de Biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. Resumen ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 2. Exposición de motivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1. Antecedentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1.1. Marco conceptual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1.1.1. De la biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.1.1.2. De la Política Nacional de Biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.1.2. Marco legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 2.2. Diagnóstico y desaf íos para la conservación de la diversidad biológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.3. Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. Plan de acción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 3.1. Plan estratégico para la implementación de la política por objetivo específico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Referencias bibliográficas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Anexo 1. Estado de la conservación de la diversidad biológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2. Antecedentes a la elaboración de la Política Nacional de Biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.1. Primer Informe de la Riqueza y Estado de la Biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.2. La Estrategia Nacional de Biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.3. El Plan de Acción Nacional para la Conservación de la Diversidad Biológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.4. Uso sostenible de la diversidad agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3. Acuerdos y compromisos internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Índice 4. Marco jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4.1. Norma constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4.2. Normativa jurídica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4.3. Normativa para la solución de conflictos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.4. El Convenio sobre la Diversidad Biológica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 4.5. Otros convenios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 5. Marco institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5.1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 5.2. Corredores biológicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 5.3. Reservas privadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5.4. Proyectos de inversión implementados en la cuenca del Canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 5.5. Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5.6. Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5.7. Universidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 5.8. Organizaciones no gubernamentales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 6. Competencias institucionales para la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 6.1. Consejo Nacional del Ambiente (CNA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 6.2. Comisiones Consultivas Nacionales del Ambiente (provinciales y distritales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 7. Recursos humanos técnicos y profesionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 8. Mercado de especies: bienes y servicios de la biodiversidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 9. Reflexiones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 5 Presentación Atendiendo al cumplimiento de la Ley No. 41 del 1 de julio de 1998, que crea la Autoridad Nacional del Am- biente y la faculta en la función de “formulación de la política nacional del ambiente y el uso de recursos natu- rales, cónsona con los planes de desarrollo del Estado”, se despliega un conjunto de políticas ambientales específicas logradas con la participación de la sociedad civil. A lo largo de su existencia, la ANAM, ha formulado una serie de políticas en el ámbito ambiental que recogen los principios, objetivos y lineamientos sobre los diversos tópicos del quehacer de nuestro entorno. Es por esta razón que ha buscado recopilar un abanico de nueve políticas nacionales en materia ambiental, mismas que se fundamentan en principios que recogen las voluntades sociales y económicas de las grandes mayorías del país, compiladas en los talleres de consulta pública, cuyo objetivo principal se centra en el mejoramiento de la calidad de vida y la preservación de los importantes ecosistemas del país para el bien de las presentes y futuras gene- raciones. Es por ello, que con motivo del proceso iniciado de la implementación del Sistema Interinstitucional del Am- biente (SIA), este número significativo de políticas ambientales, coadyuvará con el objetivo de facilitar la labor de esta importante colectividad de instituciones, para establecer un marco de coordinación interinstitucional que permitirá la armonización de sus planes, programas, proyecto o acciones dentro de los parámetros esta- blecidos en la Ley General de Ambiente. La armonización de estas políticas ambientales relacionadas a recursos hídricos, cambio climático, producción más limpia, supervisión, control y fiscalización, gestión integral de residuos no peligrosos y peligrosos, infor- mación ambiental, descentralización de la gestión ambiental, biodiversidad y forestal, con las políticas secto- riales, propias de las instituciones públicas que conforman el SIA, corresponde a una de las tareas más importantes que enfrenta esta agrupación interinstitucional. Finalmente, con la emisión de estas políticas la Autoridad Nacional del Ambiente espera contribuir con la di- vulgación de estos instrumentos, a los miembros de la sociedad civil, empresa privada, universidades, acadé- micos, ONG, consultores y todo aquel interesado en la gestión ambiental del país. SILVANO VERGARA VÁSQUEZ Administrador General Gaceta Oficial Digital 26,210, de martes 27 de enero de 2009. REPÚBLICA DE PANAMÁ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Decreto Ejecutivo No. 122 (De 23 de diciembre de 2008) “Por el cual se aprueba la Política Nacional de Biodiversidad, sus principios, objetivos y líneas de acción” EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA En uso de sus facultades constitucionales y legales, CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 120 establece que: “El Estado reglamen- tará, fiscalizará y aplicará oportunamente las medidas necesarias para garantizar que la utilización y el aprove- chamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia”. Que conforme al Artículo 62 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, “Por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la República de Panamá”, se dispone que “los recursos naturales son de dominio público y de interés social, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por los particulares”. Que la Ley 24 de 7 de junio de 1995, “Por la cual se establece la legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”, declara de dominio público la protección, conservación, restauración, investigación, manejo y desarrollo de los recursos genéticos, así como es pecies, raras y variedades de vida sil- vestre, para beneficio y salvaguarda de los ecosistemas naturales, incluyendo aquellas especies y variedades in- troducidas en el país y que en su procesos de adaptación, hayan sufrido cambios genéticos en los diferentes ecosistemas. Que el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ratifi- cado mediante la Ley 2 de 12 de enero de 1995, cuyos objetivos son la conservación de la diversidad bioló- gica, la utilización sostenible de sus com ponentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos; reconoce que el desarrollo económico y social y la erradicación de la pobreza son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo y que se pre- cisan inversiones conside rables para conservar la di- versidad biológica. Que la Estrategia Nacional del Ambiente (ENA) aprobada por Resolución de Gabinete 36 de 31 de mayo de 1999, advertía con preocupación “la inquie- tud de amplios sectores por la alarmante tasa de de- forestación anual que está destruyendo la riqueza biológica de Panamá, exponiendo los suelos a graves procesos de deterioro y reduciendo la capacidad de retención y almacenamiento de agua”. Que el Estado apoyará las actividades de conserva- ción de la diversidad biológica en su hábitat original como en instalaciones fuera de su lugar de origen. Que el derecho y la obligación que tiene el Estado de velar por una explotación racional y sostenible de los recursos naturales, se logran a través de políticas ambientales consensuadas con todos los sectores de la sociedad panameña. Que para reconciliar un desarrollo sostenible, se re- quiere tomar en cuenta un ordenado aprovechamiento de los recursos naturales; vistas las grandes inequida- des que existen dentro de la sociedad panameña. Que la Visión Nacional 2020, enunciaba que “la valo- ración y conocimiento de los recursos naturales y la riqueza biológica, en particular, han contribuido al desarrollo de las actividades económicas innovadoras. Que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), creado mediante la Ley 41 de 1998 General del Ambiente, establece en su artículo 66 que estará “conformado por todas las áreas protegidas legal- mente establecidas, o que se establezcan, por leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipales. Las áreas protegidas serán reguladas por la Autoridad Nacional del Ambiente, y podrán adjudicarse con- cesiones de administración y concesiones de servi- cios, a los municipios, gobiernos provinciales, patronatos, fundaciones y empresas privadas, de acuerdo con estudios técnico previos”. Que la Política Nacional de Biodiversidad articula y complementa los esfuerzos que llevan a cabo otras instituciones del gobierno, orientados al mejora- miento de la competitividad del país; a la erradicación de la pobreza; a la subsistencia e integridad de los pue- blos; al mejoramiento de la calidad de vida y al desa- rrollo sostenible, tal como está contenido en los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Que para enlazar el aprovechamiento del patrimonio natural con el proceso de desarrollo económico y so- cial del país, urge la integración de la Política Nacio- nal de Biodiversidad con otras políticas sectoriales. Que la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad engloba un conjunto de aspiraciones y compromisos para ser asumido por parte del go- bierno nacional, las comunidades y el sector privado local como socios del desarrollo nacional para la sos- tenibilidad del patrimonio natural del país. DECRETA: ARTÍCULO 1°. Aprobar la Política Nacional de Bio- diversidad, sus principios, objetivos y líneas de ac- ción propuestos para el manejo sostenible y el aprovechamiento selectivo de la diversidad biológica del país, destinadas a enmarcar las actividades que deberán desarrollarse para su implementación. ARTÍCULO 2°. Adoptar como principios esenciales en armonía con las otras políticas ambientales sec - toriales relacionadas y con los principios y linea- mientos previstos en la Ley 41 de 1998, “General de Ambiente”, en su aplicación específica de esta polí- tica, los siguientes principios rectores: I. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN LA POLÍTICA Estos principios toman como base la Constitución Política de la República de Panamá, los principios es- tablecidos a través de los foros internacionales sobre Autoridad Nacional del Ambiente 8 gestión en conservación de los recursos naturales en los cuales ha participado la República de Panamá, los principios de políticas previstos en la Ley 41 de 1998 en su aplicación específica al ámbito del aprovecha- miento, administración y conservación de la biodi- versidad, estos son: 1. PRINCIPIO DE PROPIEDAD DE ESTADO: Reafirma el derecho soberano que tiene el Estado para re- clamar y asegurar beneficios, dividendos o com- pensaciones derivados del aprovechamiento de la biodiversidad que se lleven a cabo dentro de su ju- risdicción. El origen panameño de la biodiversidad se sustenta en los conocimientos científicos y téc- nicos que certifican esos ecosistemas sobre los cuales se apoya la biodiversidad local. 2. PRINCIPIO PRECAUTORIO: Contempla la respon- sabilidad del Estado para preservar y conservar la biodiversidad, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, y no exista certeza científica abso- luta. Es decir, no deberá utilizarse dicha causal como razón para postergar la adopción de medi- das eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. 3. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN PRIORITARIA: Se sustenta en función de paradigmas que reconocen como primordiales los valores tradicionales de la sociedad panameña y los acoge como propios y ne- cesarios a su preservación. La conservación soste- nible de componentes de la biodi- versidad garantes de los valores ecológicos, sociales, y cul- turales panameños conforman la base de la política que encauzará las metas u objetivos que se persi- gan; ya que se busca principalmente salvaguardar el soporte del recurso sobre el cual se afianza ese modelo de vida que se elige y se protege. 4. PRINCIPIO DE APROVECHAMIENTO SELECTIVO: Se afianza en la existencia de una abun dante e in- estimable oferta natural, lo que no debe ser pre- misa para la explotación indiscriminada de la biodiversidad. Busca instituir estándares científi- cos y económicos para un aprovechamiento selec- tivo en función de los intereses estratégicos al desarrollo sostenible del país. 5. PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN EQUITATIVA: Se apoya en una distribución equitativa de los bene- ficios y utilidades, que de una buena gestión de la administración del recurso biodiversidad, reciba la sociedad panameña. Los reclamos y beneficios por parte de las comunidades que mayor aportan al sostén o resguardo (el valor de no uso) del re- curso deben ser cuantificados. De igual forma, aquellas comunidades que contribuyen a la capi- talización del recurso, a través de acciones que in- crementen la calidad de vida del individuo o de la población en general, merecen parti cipar de simi- lares recompensas. 6. PRINCIPIO DE DIVERSIFICACIÓN: Con la diver- sificación se persigue que las comunidades de pro- ductores se beneficien directamente de la comercialización, fortaleciendo las redes entre el productor comunitario y los compradores. Adicio- nalmente, la diversificación también busca fomen- tar el comercio y consumo local, regional e interregional de productos (bienes y servicios) de la biodiversidad, facilitando la detección y apertura de nuevos mercados, incluyendo la promoción de productos en mercados nacionales e internaciona- les. Se establece un régimen de opciones públicas para la administración del aprovechamiento de aquellos recursos que en función de las necesida- des inmediatas de las comunidades en áreas pro- tegidas, zonas de amortiguamiento, y sector rural de dif ícil acceso se encuentren científicamente do- cumentados. 7. PRINCIPIO DE EVALUACIÓN INTEGRAL AM - BIENTAL: Se ampara en una visión integrada de atención al medio ambiente que propicie un equi- librio entre el desarrollo del campo y la ciudad. El constante cambio de estado requiere la participa- ción de los gobiernos nacionales y locales, como parte integral en la toma de decisiones. 8. PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL: Busca favorecer alianzas estratégicas de negocios entre las comunidades y los sectores inte resados en el aprovechamiento de los recursos naturales. Se fortalece la acción del gobierno con los actores mayormente afectados e interesados en un apro- vechamiento selectivo de la biodiversidad, como pueden ser los investigadores, científicos, indus- triales, comerciantes, entidades y organizaciones interesados en el desarrollo de empresas mixtas en condiciones equitativas y equiparadas a los aportes que las comunidades locales hagan y re- quieran. Política Nacional de Biodiversidad 9 ARTÍCULO 3°. Adoptar los siguientes objetivos y lí- neas de acción en su aplicación específica de esta po- lítica, en armonía con las otras políticas am bientales sectoriales relacionadas: 1. Objetivo general Implementar la Política Nacional de Biodiversidad como núcleo de una estrategia nacional para articu - lar la sostenibilidad de la diversidad biológica con los procesos de desarrollo económico y social, mejo - rando la competitividad del país, la calidad de vida, la erradicación de la pobreza, la subsistencia, la inte - gración de los pueblos, y el desarrollo sostenible. 2. Objetivos específicos y líneas de acción OBJETIVO 1: Fortalecer las capacidades de gestión de los sectores públicos, privados y municipales de com - petencia científica y técnica en el ámbito de la biodi - versidad, tanto del nivel central, sectorial y local. Líneas de acción: 1. Fortalecer las iniciativas públicas y privadas para la investigación del patrimonio natural y caracte- rizar los componentes de la biodiversidad en los niveles eco sistémico, de poblaciones, especies y el nivel genético. 2. Establecer los mecanismos correspondientes para que las autoridades científicas conjunta mente con las autoridades competentes definan los criterios de sostenibilidad, indicadores y mecanismos cien- tíficos-técnicos de los componentes de la biodi- versidad, endemismos y rarezas, para la conser- vación prioritaria y el aprovechamiento selectivo de los recursos naturales. 3. Conformar una estrategia de divulgación de la in- formación científica, documentada sobre los com- ponentes del patrimonio natural, los valores de la biodiversidad y su impacto en la calidad de vida del panameño. 4. Desarrollar e implementar mecanismos para la gestión integral de la biodiversidad. OBJETIVO 2: Desarrollar la utilización de herra - mientas y procedimientos que impulsen el aprove - chamiento integral, equilibrado y conservacionista de los recursos biológicos y genéticos en el ámbito nacional, dirigidos a mejorar la economía de las co- munidades afectadas por la pobreza. Líneas de acción: 1. Establecer los procedimientos para la aplica ción del Plan Indicativo General de Ordena miento Territorial Ambiental, dentro de un esquema de orientación y monitoreo de la conservación Autoridad Nacional del Ambiente 10 prioritaria, y al aprovechamien to selectivo y sos- tenible de la biodiversidad como recurso central al desarrollo del país. 2. Promover la conservación, con beneficios para las comunidades alojadas dentro de las áreas prote- gidas, como parte de las solucio nes de alivio a la pobreza aceptadas para esas comunidades. 3. Integrar a los criterios de evaluación de im pacto ambiental, el deterioro de la herencia genética y degradación de los soportes de la biodiversidad. 4. Establecer, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, un esquema de super- visión y control de los proyectos que en el sector rural impacten sobre las zonas de amortigua- miento de las áreas protegidas y sus recursos na- turales, que generen efectos positivos y mitiguen los impactos negativos de las prácticas agrícolas sobre los ecosistemas. 5. Revisar la aplicación de las evaluaciones ambien- tales estratégicas con miras a incrementar una mayor concienciación de la sociedad frente a los problemas de ordenamiento territorial y adminis- tración de recursos biológicos y genéticos cono- cidos y aprovechados, en los planes y programas de las provincias, municipios o comunidades lo- cales o indígenas. 6. Conservar y restaurar los ecosistemas. 7. Fortalecer la coordinación interinstitucional e in- tersectorial relacionado con la gestión y el fo- mento integral de la biodiversidad. OBJETIVO 3: Fomentar el uso sostenible de los re- cursos naturales, orientado a la conservación de los ecosistemas, poblaciones de especies y sus varieda- des genéticas. Prevenir impactos ambientales adver- sos en el manejo de la diversidad biológica y desarrollar un efectivo uso de los recursos naturales existentes. Líneas de acción: 1. Establecer programas de incentivos para proyec- tos de conservación de la biodiversidad, sustenta- dos debidamente sobre criterios ecológicos- económicos. 2. Promover el uso de sistemas sostenibles de manejo. 3. Consolidar los sistemas de información de la bio- diversidad, como componente de la formulación de estrategias de acción para el desarrollo del sector rural y turístico. 4. Promover el desarrollo de las zonas de amortigua- miento con iniciativas generadoras de ingresos, como complemento a la reforestación, turismo sostenible, remediación, recuperación de hábitat y otras tareas de conservación de los recursos. 5. Cuantificar los beneficios derivados de acciones de conservación o de aportes agregados por las comunidades al valor de la biodiversidad, iden- tificada como factor esencial en los programas de desarrollo comunitario, inmobiliario, turís- tico, comercial, entre otros. 6. Diseñar e implementar sistemas de valoración multicriterio de la biodiversidad y mecanismos para la distribución equitativa de beneficios de- rivados de su uso. 7. Supervisar, vigilar y controlar los accesos a los re- cursos genéticos y coordinar con las entidades com- petentes la conservación y uso sostenible de los recursos marino-costeros, pelágicos y bentónicos. 8. Establecer un instituto de investigación de los re- cursos pelágicos y bentónicos para su conserva- ción y aprovechamiento sostenible en conjunto con las entidades involucradas. 9. Fomentar la protección de los derechos de propie- dad intelectual de la ANAM y de las iniciativas de las comunidades, vistas las opciones de negocios que están surgiendo a partir de estos recursos. 10. Establecer un manejo en la conservación o apro- vechamiento selectivo con beneficios que incor- poren recursos in situ, ex situ o derivados con el consentimiento de las autoridades competentes, públicas, privadas o locales. 11. Preservar las especies y el patrimonio genético nacional. 12. Desarrollar programas dirigidos a conservar in situ los ecosistemas frágiles, propiciando la parti- cipación de los diferentes sectores involucrados. 13. Desarrollar programas dirigidos a conservar ex situ las especies de flora y fauna. OBJETIVO 4: Incrementar la gestión sostenible de con- servación y manejo de la biodiversidad, fomentando la capacitación, la educación formal e informal, la co- ordinación interinstitucional y la consecución de re- cursos financieros para proyectos comunales, encami- nados a erradicar la pobreza y elevar el estado de vida. Política Nacional de Biodiversidad 11 Líneas de acción: 1. Fortalecer las unidades ambientales municipales para una mejor divulgación de los datos científi- cos y económicos sobre el patrimonio natural, na- cional y local. 2. Fortalecer, recuperar y divulgar el conocimiento y prácticas tradicionales del uso de la biodiversidad en las distintas culturas. 3. Fomentar la creación de microempresas, guiadas y orientadas por el sector privado, científico y tec- nológico para el aprovechamiento selectivo y sos- tenible de la biodiversidad. Las actividades, así como los productos que se generen, deben obser- var el cumplimiento de la normativa legal exis- tente. 4. Formular programas de desarrollo rural-agrope- cuario conjuntamente con proyectos de desarrollo comunitario urbano, que permitan divulgar infor- mación referente al ambiente, a la flora y fauna te- rrestre, marina y costera y sus beneficios ecológicos y económicos para las comunidades aledañas y distantes de las áreas protegidas. 5. Orientar las tareas innovadoras derivadas de ser- vicios en las áreas protegidas, con la parti cipación de las cámaras de comercio locales y nacionales, que permitan conocer nuevos mercados para estos esquemas de negocio. 6. Divulgar ampliamente, a nivel urbano, infor - mación referente a fórmulas de negocio en mate- ria de conservación y aprovechamiento selectivo, como soluciones al desempleo ur bano. 7. Organizar las actividades de conservación de es- pecies endémicas, a través de cursos y seminarios dictados por técnicos e investiga dores, en lenguaje de fácil comprensión a las comunidades alojadas dentro y en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 8. Establecer programas de manejo y gestión de ne- gocios orientados hacia la conservación sostenible de la biodiversidad, apoyados sobre criterios eco- lógicos-económicos debidamente autorizados por las autoridades competentes, dirigidos a jóvenes emprendedores a nivel provincial y comarcal, en especial en zonas rurales e indígenas. 9. Fortalecer la participación ciudadana en la con- servación y uso sostenible de la biodiver sidad. OBJETIVO 5: Desarrollar nuevas alternativas que contribuyan a fomentar la investigación en ma teria de biodiversidad, sistemas de producción, biopros- pección, bioseguridad y acceso a recursos genéticos, que contribuyan a la creación de em presas altamente eficientes y eficaces en materia de conservación y uso sostenible de los recursos biológicos. Líneas de acción: 1. Establecer los criterios e indicadores para la con- servación y sostenibilidad de la biodiver sidad, como parámetros permanentes en los planes na- cionales, provinciales, comarcales y municipales. 2. Establecer incentivos para la administración de la biodiversidad como actividad perma nente de las comunidades, en función de las características de los activos vitales de cada región del país. 3. Diseñar programas de desarrollo rural y agrofo- restal, conjuntamente con planes de negocio de aprovechamiento sostenible selectivo de la biodi- versidad, en mercados emergentes. 4. Implementar medidas para el desarrollo sosteni- ble del potencial económico de la biodiversidad. 5. Organizar y sistematizar programas de mitigación y compensación comercial por impacto y degra- dación de los recursos. 6. Proponer programas dentro de las áreas prote - gidas de uso múltiple, como proyectos pilotos de bioprospección, incluyendo los de conocimientos tradicionales locales o indígenas. 7. Diseñar propuestas para que la banca privada oferte planes de financiamiento para micro y pequeñas empresas vinculadas a la conservación y soste- nibilidad de la biodiversidad. 8. Motivar el canje de deuda por naturaleza con in- versores nacionales, dirigido a incremen tar los proyectos agroforestales en zonas de amortigua- miento de las áreas protegidas que posean planes de manejo aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente. 9. Promover contratos para proyectos de conser- vación en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, como incentivos a las comunidades locales y al sector privado que se ofrezca a res- paldar proyectos rentables de conservación en estas áreas. Autoridad Nacional del Ambiente 12 10. Promover las prácticas productivas sostenibles de la diversidad biológica. ARTÍCULO 4°. La presente política se aplicará a todos los componentes de la diversidad biológica, entién- dase hábitat, productos, subproductos, par tes y de- rivados de la misma, situados dentro de la República de Panamá. ARTÍCULO 5°. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) es la Autoridad Nacional Competente (ANC) para ejercer los poderes, la autoridad y las funciones especializadas, relacionadas con aspectos parciales o componentes de la Política Nacional de Biodiversidad. La ANAM tiene la atribución de nor- mar, regular, evaluar y actualizar los lineamientos es- tratégicos, en la medida que se alcancen las metas propuestas en la Política Nacional de Biodiversidad, y la responsabilidad de coordinar e implementar la Política Nacional de Biodiversidad, conjuntamente con el Sistema Interinstitucional del Ambiente, las autoridades locales y comarcales. ARTÍCULO 6°. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) tendrá la función de gestionar los recursos financieros necesarios para la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad y someter al eje- cutivo el Plan de Acción Nacional para el Aprove- chamiento Selectivo y la Conservación Prioritaria de la Biodiversidad. Así como también, de avalar las iniciativas de otras entidades y secto res sobre esta materia, de acuerdo con las normas y regulaciones que establezca la ANAM. ARTÍCULO 7°. La presente política entrará en vigen- cia a partir de su promulgación. Dado en Panamá, a los veintitrés (23) de diciem bre de dos mil ocho (2008). COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, MARTÍN TORRIJOS ESPINO Presidente de la República de Panamá HÉCTOR ALEXANDER Ministro de Economía y Finanzas Política Nacional de Biodiversidad 13 La presente propuesta de Política Nacional de Bio- diversidad se basa en la necesidad de contar con un instrumento que articule los objetivos de conserva- ción y sostenibilidad de los recursos natu rales con el aprovechamiento sistematizado y se lectivo del patri- monio natural de Panamá, acorde al compromiso del Plan de Gobierno de “garanti zar la protección de esas áreas a través de políticas de Estado, fortale- ciendo con instrumentos legales las instituciones in- volucradas que aseguren un manejo sostenible”1. El proceso involucró un diagnóstico sobre la admi- nistración y gestión de la biodiversidad en la Repú- blica de Panamá, aspectos relevantes en la implementación de una Política Nacional de Bio - diversidad. En sus reflexiones finales, señala que las iniciativas nacionales para la conservación de la bio- diversidad, desde la última década, han producido beneficios parciales si estos resultados se miden en función del grado de deforestación o pérdida de la biodiversidad percibida, o mejor aún comprobada, como lo refleja el diagnósti co de áreas críticas afec- tadas por sequía grave y desertificación en Panamá del 2004, utilizado como base para la formulación del Plan de Acción Nacional de Lucha contra la De- sertificación y Sequía. Durante el último quinquenio, se han asignado cerca de 100 millones de dólares a tareas que tocan a la conservación de recursos naturales2; monto im - portante para un país que sin duda ha asumido el valor actual y potencial de sus recursos naturales y, por ende, su biodiversidad como factor estraté gico para su desarrollo. Se han logrado fortalecer marcos normativos y operativos; se han impulsado linea- mientos de políticas para organizar el manejo del pa- trimonio natural, pero aún falta concretar las prioridades que hay que instrumentar con rela ción a la problemática socioeconómica presente y que afecta a una gran parte de la población rural pana- meña que convive con estos recursos. Decidir entre una inversión prioritaria a la conser- vación y preservación de la biodiversidad, u optar por un compromiso paulatino de inserción de me- didas de uso sostenible y aprovechamiento comer- cial, en función de su valoración y rentabilidad potencial, es un gran reto para el Estado, ya que tiene que asumir su función rectora de buscar el equilibrio entre los beneficios de la inversión ac tual y la inver- sión a largo plazo. El marco conceptual se fundamenta en princi pios que recogen las voluntades sociales y econó micas de las grandes mayorías del país, recopiladas en los ta- lleres de consulta pública, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de vida y la preserva- ción de los importantes ecosistemas del país para el bien de las presentes y futuras ge neraciones. También engloba una nueva óptica económico-am- biental sobre la conservación y aprove chamiento de la biodiversidad, que comprende esfuerzos mancomu- nados; es decir, empresas-co munitarias para la biodi- versidad, relacionadas a la agricultura orgánica, su certificación, el turismo de aventura, de observación, 1 Compromiso 12.8 del Plan de Gobierno. 2 Informe nacional de evaluación de la implementación de la Convención de Na- ciones Unidas de Lucha contra la Sequía y la Desertificación (CNULD). Cuadro 3: Proyectos en eje cución que guardan relación con los objetivos del PAN por área crítica y programa. alojamientos rurales, gastronomía rural, la flora sil- vestre, entre otras, a ser establecidas en beneficio de las comunida des dentro de las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento. El objetivo general de la Política Nacional de Biodi- versidad es proveer un instrumento que sirva de nú- cleo de una estrategia nacional y sus conexiones con el proceso de desarrollo económico y social, tomando en con sideración el desaf ío de mejorar la competiti- vidad del país en el mejoramiento de la calidad de vida, la erradicación de la pobreza y la subsistencia e integración de los pueblos y el desarrollo sostenible. De igual forma, se concibe como un eslabón nece- sario a la Visión Estratégica de Desarrollo Econó- mico y de Empleo hacia el 2009, presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La política se sustenta en ocho principios, ema nados de los principios consignados en la Consti tución Na- cional, los mandatos de la Ley 41 de 1 de julio de 1998 y los lineamientos estratégicos del Estado en materia de desarrollo social, económico y ambiental, así como compromisos asumidos por el país en con- venciones internacionales, que se definen de la si- guiente manera: Principio de propiedad de Estado, que reafirma la potestad y atribuciones del Estado para recla mar y asegurar beneficios, dividendos o compensaciones derivados del aprovechamiento de la biodiversidad. Principio precautorio, que gobierna la responsabi- lidad del Estado para preservar y conservar la bio- diversidad, aun ante la falta de evidencia científica que dicte lo contrario. Principio de conservación prioritaria, sustentado en la conservación sostenible de componentes de la bio- diversidad garantes de los valores ambientales, eco- lógicos, sociales, y culturales panameños, buscando salvaguardar el soporte del recurso sobre el cual se afianza el modelo de vida que se elige y se protege. Principio de aprovechamiento selectivo, que busca instituir estándares científicos y económicos para un aprovechamiento selectivo, en función de los in- tereses estratégicos al desarrollo sostenible del país. Principio de participación equitativa, el cual se apoya en una distribución equitativa de los benefi- cios y utilidades, que de una buena gestión de la ad- ministración del recurso biodiversidad, reciba la sociedad panameña. Principio de diversificación, fundamentado en la puesta en marcha gradual de la política, brindando la posibilidad de optar por diferentes modalidades para la comercialización de los recursos naturales. Principio de evaluación integral ambiental, ampa- rado en una visión integrada de atención al medio ambiente, que propicie un equilibrio entre el desa- rrollo del campo y la ciudad, con base a interrelacio- nes en continuo estado de cambio, que requieren ser parte integral de la toma de decisiones de los gobier- nos nacionales y locales. Autoridad Nacional del Ambiente 16 Diversidad de especies de arboles en Panamá. Principio de responsabilidad social, que busca fa- vorecer alianzas estratégicas de negocios entre las comunidades y los sectores interesados en el apro- vechamiento de los recursos naturales. Por otro lado, cuenta con cinco lineamientos de acción, que permitirán orientar a la sociedad sobre el aprove- chamiento racional de los recursos, en función de las capacidades del gobierno nacional y las estructuras con las que la sociedad civil cuenta para el desarrollo, defi- nidos en los siguientes ámbitos: conocimiento cientí- fico y técnico de la biodiversidad; conservación prioritaria de la biodiversidad; aprovechamiento selec- tivo, soste nible y racional de la biodiversidad; partici- pación ciudadana, ataque a la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida y competitividad del país. La propuesta incluye un plan de acción para la im- plementación de la política, que facilitará al Estado cumplir con los objetivos de conservación sostenible de los componentes de la biodiversidad, garantes de los valores tradicionales, ambientales, ecológicos, so- ciales y culturales panameños, como base para un aprovechamiento selectivo de las oportunidades y ventajas que estos poseen para el mejoramiento de la calidad de vida, dentro de esquemas de competi- tividad de mercado y buenas prácticas en la admi- nistración de estos recursos. Finalmente, es importante destacar que la ela - boración de la política se ejecutó en un proceso par- ticipativo, que involucró tres talleres de con sulta, a nivel nacional, en las ciudades de David, Chitré y Pa- namá, con la participación de repre sentantes del sec- tor público, privado, organizacio nes científicas, universidades, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil, entre otras. De manera complementaria al proceso, se realizó el curso “La biodiversidad como factor estratégico al de- sarrollo sostenible de Panamá”, con la participación de distinguidos expertos y académicos de la Universidad de Buenos Aires, Argentina; del Instituto de Investiga- ción Biológica “Alexander Von Humboldt” de Bogotá, Colombia; instituciones locales, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo del Medio Ambiente (FAM), el Fondo del Medio Ambiente Mundial (FMAM); y organismos no gubernamentales locales e internacionales, lo que con- tribuyó a fortalecer esta propuesta. Política Nacional de Biodiversidad 17 Parque Nacional General Omar Torrijos Herrera, Coclé. 2.1. Antecedentes 2.1.1. Marco conceptual 2.1.1.1. De la biodiversidad Se entiende por diversidad biológica o biodi versidad: “La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosiste mas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los ecosistemas”3. La biodiversidad es parte integral de un siste ma inter- dependiente conformado por una diversi dad de orga- nismos vivos dentro de los ecosistemas terrestres y acuáticos, que comprende a la huma nidad como ele- mento sustantivo y principal res ponsable de su evo- lución, con acciones contenidas en un espacio y tiempo determinados, influyendo radicalmente en el desenvolvimiento de la diversi dad biológica. Los actores públicos y privados tienen roles y res- ponsabilidades en la conservación de los recur sos naturales y su uso sostenible, lo que conlleva a la ne- cesidad de adoptar medidas y acciones con cretas para lograr los objetivos de conservación de la bio- diversidad en forma exitosa. La riqueza biológica panameña comprende unas 9,000 especies de plantas con flores, entre las cuales unas 1,000 son especies endémicas; otras 1,100 son especies de helechos y aliados; y cerca de 1,000 es- pecies son briófitas. El recurso florístico ha sido uti- lizado por los panameños para la obtención de madera y otros productos forestales. Además, el uso de plantas medicinales, ornamentales, artesa nales y alimenticias, por distintos grupos étnicos, constituye un valioso aporte económico. La mayor parte de la población rural y comunidades campe sinas e indí- genas utilizan plantas medicinales para solucionar problemas de salud. También existe un número ele- vado de especies promisorias utilizadas amplia- mente por las comunidades locales. Entre los múltiples beneficios de la diversidad biológica, ob- tenidos por las comunidades locales, está la ob - tención de especies, corteza, fibras, adornos, acei tes, gomas y resinas, bálsamos, colorantes y otros4. Si se considera su reducida extensión territo rial, Pa- namá posee también una gran diversidad de anima- les vertebrados, entre ellos: 1,351 espe cies de peces marinos, cerca de 190 especies de peces de agua dulce, 179 especies de anfibios, 229 especies de rep- tiles, 957 especies de aves y unas 259 especies de ma- míferos. Estos organismos han tenido, a través de la historia, gran importancia para los grupos humanos que han vivido en el Ist mo en diferentes épocas5. El sistema sociopolítico-económico, en su con texto biológico, excluye todo argumento concer niente a la depredación y la destrucción biológica, adoptando características singulares en cada país. Por ello, es 3 Convenio sobre Diversidad Biológica, aprobado en Río de Janeiro, 1992, artículo 2. 4 ANAM. 2000. Plan de Acción Nacional sobre la Diversidad Biológica de Pa- namá, p. 4. 5 Ibídem, p. 5. importante interrelacionar, en el con texto socioeco- nómico, variables que permitan es tablecer los me- canismos necesarios para llegar a una aproximación del conocimiento objetivo so bre el deterioro de los ecosistemas. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y los Países Bajos, en la Conferencia sobre Agricultura y De - sarrollo Rural en América Latina y Centroaméri ca (1991), definen el desarrollo sostenible basado en la biodiversidad como: “El manejo y conser vación de la diversidad biológica, orientando el cambio tecno- lógico e institucional de forma que asegure la conti- nua satisfacción de las necesidades humanas para las generaciones presentes y futu ras, preservando la biota y los biomas, sin degra dar el ambiente, siendo técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable”. Al transformarse en para- digma universalmente aceptado, lo anterior permite establecer el mar co comprensivo en que se basa el concepto de desarrollo sostenible, permitiendo es- tudiar las in terrelaciones entre variables y factores que habi tualmente se consideraban separadamente. El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), bajo los auspicios del Programa de las Naciones Uni- das para el Medio Ambiente (PNU MA), fue adop- tado el 5 de junio de 1992 y ra tificado en Panamá mediante la Ley 2 de 12 de enero de 1995. Este con- venio es el primer acuer do global cabal para arribar a todos los aspectos de la diversidad biológica que implican los recur sos genéticos, las especies y los ecosistemas. Se reconoce, por primera vez, que la conservación de la diversidad biológica es una pre- ocupación común de la humanidad y una parte in- tegral del proceso de desarrollo. En la República de Panamá, fue rati ficado el 17 de enero de 1995, tra- yendo consigo compromisos internacionales de im- portancia vin culados a los objetivos del convenio de cumpli miento ineludible. La distribución del ingreso y la pobreza se ubi can como una pieza medular para el logro de la sosteni- bilidad en el proceso de desarrollo; sin em bargo, hay discrepancias sobre la forma de abor dar estas cate- gorías. Algunos plantean reformas y mecanismos que concedan un mayor acceso de los pobres a las fuentes generadoras de riqueza; otros más conser- vadores proponen programas para mi tigar las injus- ticias que los sistemas económicos generan. Por otra parte, tampoco hay un consenso en la relación entre pobreza y la degradación de la biodiversidad6. La propuesta de una Política Nacional de Biodiver- sidad se basa en la necesidad de contar con un ins- trumento que articule los objetivos de conservación y sostenibilidad de los recursos natu rales con el aprovechamiento sistematizado y se lectivo del patri- monio natural de Panamá, acorde al compromiso del Plan de Gobierno: “Garantizar la protección de esas áreas a través de políticas de Estado, fortaleciendo con instrumentos legales las instituciones involucra- das que aseguren un mane jo sostenible”. El uso sostenible de la biodiversidad, bajo la perspec- tiva de la definición de las funciones de de sarrollo y desarrollo sostenible en Panamá, permi tirán influir en la toma de decisiones para obtener funciones de producción más eficientes, permi tiendo elevar el nivel de vida de la población. Autoridad Nacional del Ambiente 20 Parque Nacional Volcán Barú, Sendero Los Quetzales. 6 ANAM. 2000. Estrategia Nacional de Biodiversidad, p. 13. 2.1.1.2. De la Política Nacional de Biodiversidad Esta política busca encauzar las modalidades para el desarrollo con los lineamientos de acción referentes al aprovechamiento selectivo y soste nible de la biodiver- sidad, con las actividades que generen beneficios di- rectos a las poblaciones más necesitadas. La misma se fundamenta sobre prin cipios que recogen las volunta- des sociales y eco nómicas de las grandes mayorías del país, cuyo objetivo principal es el mejoramiento de la calidad de vida y la conservación y preservación de los im portantes ecosistemas del país, para el bien de las presentes y futuras generaciones. También engloba una nueva óptica económi co- ambiental en base a alianzas tripartitas que fortalecen el desarrollo racional y sostenible de la biodiversidad. Los nuevos paradigmas para la conservación y apro- vechamiento de la biodiversi dad comprenden esfuer- zos mancomunados; es de cir, empresas comunitarias para la biodiversidad y se constituirán alrededor de iniciativas como la agricultura orgánica, su certifica- ción, el turismo de aventura, de observación, aloja- mientos rurales, gastronomía rural, la flora silvestre, etc., a ser esta blecidas en las áreas de amortigua- miento aledañas a las áreas protegidas. Para ello, es necesario adoptar principios fun - damentales para la implementación de esta políti ca, como base para un aprovechamiento selectivo y sos- tenible de las oportunidades y ventajas que los com- ponentes de la biodiversidad poseen para el mejoramiento de la calidad de vida, dentro de esque- mas de competitividad de mercado y buenas prácti- cas en la administración de estos recursos. La responsabilidad del Estado para preservar y con- servar la biodiversidad se contempla en el principio precautorio, aun ante la falta de eviden cia científica que dicte lo contrario. Esto amerita tomar medidas de alerta que resguarden los re cursos naturales ame- nazados sobre los cuales se presume un valor am- biental-ecológico, científico o cultural. La conservación sostenible de los componentes de la biodiversidad, garantes de los valores tradi cionales, ambientales, ecológicos, sociales y cultu rales pana- meños, se enmarca bajo el principio de conservación prioritaria y conforma la base de la política. Por otra parte, se busca instituir estándares científi- cos y económicos para un aprovechamiento selec- tivo, en función de los intereses estratégicos al desarrollo sostenible del país, con el cumplimiento del principio de aprovechamiento selectivo. La distribución equitativa de los beneficios y utilida- des de una buena gestión de la administra ción del recurso biodiversidad a la sociedad pana meña, se apoya en el principio de participación equitativa, de manera que contribuyan a la capita lización del re- curso a través de acciones que incrementan el aporte a la calidad de vida del individuo o de la población en general. La Estrategia de Conservación para el Desarrollo Sostenible plantea cuatro lineamientos principales: Fortalecer la capacidad de la ANAM para el ejerci- cio de sus funciones rectoras en materia ambiental. Fomentar el desarrollo de una cultura ambien tal, que haga de la gestión del conocimiento, de los sa- beres populares y de la promoción de los elementos ambientales de nuestra identidad, factores decisi- vos para comprender y ejercer los derechos y de- beres de todos los grupos huma nos de Panamá, con respecto a los ecosistemas y recursos naturales de los que dependen la vida y el desarrollo de nuestra sociedad. Trabajar en estrecha colaboración con el Esta do, el sector privado y la sociedad civil, para el fomento de las ventajas competitivas de Pana má en materia ambiental. Proteger, recuperar, restaurar y mejorar los ecosis- temas, para contribuir a la creación de empleos, el bienestar de la población y al desa rrollo sostenible. Asimismo, se busca favorecer alianzas estra tégicas de negocio entre las comunidades y los sectores in- teresados en el aprovechamiento de los recursos na- turales, con la implementación del principio de Política Nacional de Biodiversidad 21 responsabilidad social, fortaleciendo la acción del gobierno con los actores mayormen te involucrados en el aprovechamiento selectivo y sostenible de la biodiversidad, como los investiga dores, científicos, industriales o comerciantes. 2.1.2. Marco legal Las iniciativas de conservación de la biodiversidad se sustentan principalmente en las siguientes bases: El Régimen Ecológico, estipulado en el Capítulo 7 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece en su artículo 120, que el Estado garanti- zará que la utilización y aprove chamiento de la fauna terrestre, fluvial y mari na, así como de los bosques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preserva ción, renovación y permanencia. La Ley 41 de 1 de julio de 1998, “Por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la República de Pa- namá”, establece en su Título VI, en el artículo 62 que: “Los recursos naturales son de dominio público y de interés social, sin perjuicio de los derechos le- gítimamente adqui ridos por los particulares. Las normas sobre re cursos naturales, contenidas en la presente Ley, tiene el objetivo de incorporar el con- cepto de sostenibilidad y el de racionalidad en el aprove chamiento de los recursos naturales, así como asegurar que la protección del ambiente sea un com- ponente permanente en la política y admi nistración de tales recursos”. La Ley 24 de 7 de junio de 1995, “Por la cual se esta- blece la legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá y se dictan otras disposi ciones”, declara en su artículo 1 que: “…la vida silvestre es parte del patrimonio natural de Pa namá y declara de dominio público su protec ción, conservación, restauración, investigación, manejo y desarrollo de los recursos genéticos, así como especies, razas y variedades de vida sil vestre, para beneficio y salvaguarda de los ecosistemas naturales, incluyendo aquellas especies y variedades introducidas en el país y que, en sus procesos de adaptación, hayan sufrido cam bios ge- néticos en los diferentes ecosistemas”. El Convenio sobre la Diversidad Biológica, adop- tado el 5 de junio de 1992 en Río de Ja neiro y ratifi- cado en Panamá mediante la Ley 2 de 12 de enero de 1995, cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos; el mismo reconoce que el desarrollo económico y social y la erradicación de la po breza son prioridades básicas y fundamentales de los países en desarrollo y que se precisan in - versiones considerables para conservar la diver - sidad biológica. El proceso de manejo y conservación del ambien te ha tenido avances positivos en los últimos diez años. La primera institución rectora del ambien te evolu- cionó, de ser una Dirección Nacional de Recursos Naturales Renovables (RENARE) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a Insti tuto Nacional de Recursos Naturales Renovables (INRENARE), y me- diante la Ley 41 de 1998, se constituye en la Autori- dad Nacional del Am biente (ANAM), lo que indudablemente significa un gran paso en el proceso de cambio hacia el perfeccionamiento de la gestión ambiental en Panamá. Paralelamente a las transfor- maciones señaladas, se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), para lograr la consolida- ción de la conservación de nuestra riqueza biológica, con avances significativos en materia de conser - vación de ecosistemas, hábitat y especies. Se aprobó una nueva estructura organizacional de la ANAM, mediante el Decreto Ejecutivo 163 de 22 de agosto de 2006, que organiza un área funcional para economía ambiental, se forma liza la Unidad de Cam- bio Climático y Desertificación, se crea la Dirección de Información Ambiental, y la anterior Dirección Nacional de Patrimonio Natural se divide en dos di- recciones: Áreas Protegidas y Vida Silvestre y de Ges- tión In tegrada de Cuencas Hidrográficas, para atender de manera más eficiente los desafíos de la ges- tión ambiental en el contexto nacional y global. Se crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) mediante Ley 44 de 23 de noviem- bre del 2006, para asegurar el cumpli miento y la apli- Autoridad Nacional del Ambiente 22 cación de las leyes y reglamentos en materia de re- cursos acuáticos y de las políti cas nacionales de pesca y acuicultura. Se crea la Unidad de Acceso al Recurso Ge nético (UNARGEN), mediante el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 257 de 2006, que estará adscrita a la Direc- ción Nacional de Áreas Pro tegidas y Vida Silvestre de la Autoridad Nacio nal del Ambiente. 2.2. Diagnóstico y desafíos para la conservación de la diversidad biológica Panamá está considerada en la América meri dional como uno de los países tropicales con mayor riqueza en diversidad biológica, debido, en parte, a la com- binación de una serie de factores, tales como su his- toria geológica y su posición geográfica, rodeado por dos océanos con costas extensas, así como su posi- ción en medio del Neotrópico que une los dos gran- des subcontinentes americanos7. Según la clasifi- cación de zonas de vida de Holdrid ge, Panamá cuenta con 13 zonas descritas para el trópico, siendo cuantificadas unas 8,912 plantas con flores, y entre los vertebrados unas 200 espe cies de peces de agua dulce identificados, 172 anfi bios, 228 reptiles, 930 aves y 230 mamíferos. En la actualidad, Panamá tiene reportado un total de 57 especies de mamíferos, 265 especies de aves, 48 especies de anfibios, 55 especies de repti les y 1,768 especies de plantas que se encuentran amenazadas en alguna categoría de la Legislación Nacional. La ANAM reglamentó lo relativo a las especies de fauna y fl ora amenazadas y en peligro de extinción me- diante la Resolución AG-005-2008, publicada en la Gaceta Oficial 26,013. Las provincias de Bocas del Toro, Darién y las co- marcas Guna Yala y Emberá-Wounaan tienen más del 70% de su superficie cubierta por bosques, mien- tras que las provincias de Herrera y Los Santos pre- sentan superficies muy bajas en bosques. Asimismo, dentro del período estudiado (1992- 2000), la cobertura boscosa tiende a disminuir, ge- neralmente, en casi todas las provincias de la República, registrándose la mayor pérdida de bos- ques en las provincias de Darién, Panamá y Colón, y en la comarca Ngäbe-Buglé8. Se hace necesario realizar esfuerzos institucionales y aplicar medidas legales e incentivos para la protec- ción, conservación, mejoramiento y aprovecha- miento de los bosques. También es necesario promover la gestión forestal sostenible la cual con- tribuye a reducir la presión y el avance de la pobla- ción sobre el bosque, principalmente en aquellas provincias que tienen bajos porcentajes de superficie boscosa, y en aquellas donde está disminuyendo considerablemente. A lo largo y ancho del país, se dan complejas situa- ciones de deterioro ambiental, producto de nume- rosos factores sociales, económicos y políticos que inciden de manera negativa tanto en el bienestar de las personas, como en el estado de los recursos na- Política Nacional de Biodiversidad 23 7 ANAM. 2000. Estrategia Nacional de Biodiversidad, p. 18. 8 Indicadores ambientales de la República de Panamá, 2006, Tendencias y desafíos, p. 33. Erizos en el Parque Nacional Marino Golfo de Chiriquí. turales y la biodiversidad. Entre algunas de las causas identificadas se destacan: colonización espontánea, acelerado y desordenado proceso de doblamiento, mala distribución de la tierra, ampliación de la fron- tera agropecuaria a expensas del bosque, proceso anárquico de urbanización, proceso anárquico de in- dustrialización, cultivos y ganadería en terrenos in- apropiados y sin la aplicación de prácticas de conservación, carencia de letrinas en viviendas rura- les, mal manejo de desechos sólidos e industriales y de aguas servidas, derrame de hidrocarburos en los cursos de agua, introducción de especies exóticas, ca- cería indiscriminada, destrucción de hábitat de la fauna silvestre por deforestación e incendios, comer- cialización ilegal de fauna y flora silvestre, quema descontrolada en fincas agropecuarias, contamina- ción de cursos de agua por desechos industriales, de- ficiencia en el sistema de recolección y disposición final de basura, falta de conciencia en las comunida- des en torno a las cuestiones ambientales, falta de in- centivos para la aplicación de técnicas de conservación y rehabilitación de suelos, extracción de materiales del lecho de los ríos para fines de cons- trucción, construcción indebida y falta de manteni- miento de vías de comunicación. El Convenio sobre la Diversidad Biológica reconoce: “La falta de información y conocimientos de la di- versidad biológica y la urgente necesidad de desarro- llar capacidades científicas, técnicas e institucionales para lograr un entendimiento básico que permita planificar y aplicar las medidas adecuadas”9. En ese sentido, los Estados Partes son exhortados a estimu- lar inversiones para la conservación de la diversidad biológica, motivados además por la amplia gama de beneficios ecológicos, económicos y sociales que en- trañan estos compromisos de la sociedad en pleno. La Ley General de Ambiente de Panamá: “Ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a efecto de lograr el desarrollo hu- mano sostenible en el país”10; observa, además, que solo una estrategia bien definida puede inducir a las comunidades locales, como actores claves en el desa- rrollo e implementación de los acuerdos ambientales mundiales, a aportar un mayor protagonismo y par- ticipación en estas misiones. La agenda política internacional ha venido girando, cada vez más, alrededor de criterios que hacen guio- nes globales de desarrollo y que han sido determi- nantes a las prioridades de inversión en la gestión de los recursos biológicos. Debido principalmente a la falta de políticas que orienten el uso sostenible de la biodiversidad en muchos países, se han formulado lineamientos de sostenibilidad con base en el amplio espectro de ofertas y demandas para el aprovecha- miento comercial de estos recursos. De igual forma, el conocimiento científico exis tente no es suficiente sostén para la concepción de los ob- jetivos de la política propuesta; ni tampoco puede orientar la toma de decisiones que requie ran de múl- tiples escenarios de desarrollo, para los que la valo- ración económica y ambiental de la biodiversidad son esenciales. La Política Nacional de Biodiversidad propuesta es un instrumento que concibe, a la sostenibilidad de la bio- diversidad, como el elemento articula dor entre las ini- ciativas para el mejoramiento de la calidad de vida, la reducción de la pobreza y las alternativas de aprove- chamiento de los recur sos biológicos y genéticos, den- tro de un esquema económico-social nacional que permita incorporar una visión más amplia de la con- Autoridad Nacional del Ambiente 24 9 Convenio de Biodiversidad Biológica, 1992, Preámbulo. 10 Ley 41 de 1998, Ley General de Ambiente, artículo 1. Fungi en el Parque Nacional Santa Fe. servación y el uso sostenible. La investigación sobre la biodiversidad, el conocimiento, su documentación y referencia para la toma de decisiones, son factores que hacen a la política en cuestión una herramienta de orde namiento y aprovechamiento selectivo. Se enfrentan otros desaf íos, como la falta de presu- puesto, para el fomento de la investigación de la bio- diversidad, resultando en una visión par cial de la biota panameña. Es necesario fortalecer los recursos financieros y técnicos con que cuenta la ANAM, sea aumentando los fondos nacionales o a través de la consecución de fondos externos para que cumplan su función de proteger y con servar la biodiversidad, que asumió el Sistema Na cional de Áreas Protegidas (SINAP), lo que hace propicio la creación de meca- nismos que ayuden a dotarle de recursos básicos para cubrir las necesi dades del sistema. La comunidad científica panameña requiere de un apoyo urgente, siendo necesaria el fortale cimiento de las ciencias biológicas y ambientales, cuya labor es in- dispensable para la documenta ción de los recursos que se alojan en el territorio nacional, como parte de las estrategias de desarro llo y seguridad nacional, fun- damental para captar mayores inversiones hacia la conservación y apro vechamiento de la biodiversidad. Por otra parte, muchas comunidades, como socias principales en la conservación, reclaman cada vez más una participación activa no solo ahí donde se toman las decisiones de conservación de los recur- sos, sino también en los beneficios que no llegan. Esas poblaciones no poseen la capacidad y ni la ex- periencia para utilizar el conocimiento científi co o técnico. La participación informada y repre sentativa de las comunidades se hace cada vez más necesaria para fortalecer las capacidades de desa rrollo del co- nocimiento sobre la biodiversidad. Las pautas y criterios científicos y económi cos que hacen al ordenamiento territorial, favorece acciones más acordes a las realidades de las zonas rurales de Panamá; en este sentido, los objetivos de conserva- ción deben dirigirse al manejo sostenible de los re- cursos hídricos, del uso del suelo, la bio diversidad y de los desarrollos insulares y costeros, que deberán evaluarse desde la perspectiva del mi cro usuario o beneficiario de los bienes y servicios. Las comunidades rurales requieren ser orienta das por planes de aprovechamiento selectivo, para que el re- curso pueda ser explotado sosteniblemen te y de ma- nera rentable. Un inventario de tierras disponibles, para usos menos temerarios, podría dar inicio a mi- croempresas con productos de la biodiversidad y crear beneficios directos de la con servación de la misma. Las cooperativas de agricultores, mujeres campesinas y gobiernos locales pueden alentar la conservación con beneficios si existe el asesoramiento científico, técnico y económico y las condiciones financieras propicias para que las inversiones sean atractivas y se garantice la sostenibilidad de la diversidad bioló- gica. Sea para la conservación o para la producción de agricultura orgánica, el fortalecimiento de la ca- pacidad de participación de representantes de las co- munidades les daría mayor independencia sobre procesos productivos y control sobre el financia- miento y modalidades de inversión. La implementación de la Política Nacional de Biodi- versidad articula y complementa los esfuer zos de otras instituciones del gobierno, orientados al mejo- ramiento de la competitividad del país, la erradica- ción de la pobreza, la subsistencia e in tegridad de los pueblos y al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible, funda mentados en el cumpli- miento de un conjunto de aspiraciones y compromi- sos asumidos por el gobierno nacional: las comu- nidades y el sector privado local trabajando como socios del desarro llo nacional, para la sostenibilidad del patrimonio natural del país. 2.3. Consideraciones finales La generación del conocimiento y la inversión en el desarrollo de nuevas tecnologías son factores que hacen de esta política una herramienta imprescindi- ble para la formulación de planes nacionales de desa- rrollo, enfocados en la sostenibilidad de los recursos, Política Nacional de Biodiversidad 25 en beneficio de las presentes y futuras generaciones. Las prioridades de uso de recursos, en permanente evolución, implican no solo su resguardo, sino su proyección en función de los cambios que sufren los ecosistemas que conviven e impactan el entorno en el cual se desarrollan. El amplio espectro de oportunidades que se presen- tan puede insertar desconfianzas y prejuicios. Sin embargo, no por eso se debe limitar el debate sobre qué y dónde conservar o proteger en un territorio sujeto a la libre oferta y demanda de sus recursos. Este debate, en torno a la con servación, está siendo superado únicamente por la posibilidad de transfor- mar procesos naturales que hacen a la vida terrestre y acuática, en regímenes de intercambio de heren- cias genéticas gracias a las biotecnologías. Por lo tanto, la adopción de una Política Nacional de Bio- diversidad es muy importante en estos momentos en que el país se enfrenta a un desarrollo urbano desen- frenado y peligroso para la biodiversidad. El compromiso del Estado de administrar el am- biente, consignado en la Ley General de Ambiente, se fortalecerá con los objetivos, principios y líneas de acción contenidos en la presente política, permi- tiendo una adecuada orientación al sector público y privado, los agentes económicos y la población en general, hacia un mejor comportamiento en la con- servación, uso, manejo y aprovechamiento de los re- cursos naturales y el ambiente. Por todas las consideraciones anteriormente expues- tas, se presenta a la consideración del Consejo Nacio- nal del Ambiente el presente proyecto de Política Nacional de Biodiversidad, como paso inicial para su propuesta ante el Órgano Ejecutivo, en cumplimiento de los mandatos de la Ley General de Ambiente. La implementación de la Política Nacional de Biodi- versidad incluye un conjunto de acciones, tomando en cuenta al sector privado local, como socios po- tenciales del desarrollo nacional. Las modalidades que se adopten para la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad involucran un nuevo en- foque, ya que se basa en alianzas estratégicas que fortalezcan el desarrollo sostenible racional. Los nuevos paradigmas para la conservación y apro- vechamiento de la biodiversidad, como planes de ne- gocios, comprenderán micro negocios con un capital en base a acciones para la inversión en las microem- presas-comunidad para la biodiversidad, que se constituirán alrededor de estas iniciativas. La implementación de este plan se propone como una labor en conjunto entre las comunidades, el sec- tor privado y la cooperación internacional, de mane - ra tal que se puedan crear redes de colaboración y apoyo, tanto para la conservación, como para el aprovechamiento de estos recursos. La ejecución de esta política, a través de su plan de acción, se complementaría con las siete políticas am- bientales aprobadas a inicios del año 2007, que con- solidan la responsabilidad ambien tal a través de principios y líneas de acción que fortalecen la labor de ANAM en su faena diaria de mejorar el ambiente, permitiendo un aprovecha miento responsable de los recursos claves y que, a su vez, contribuyen con la existencia de la nación panameña. El fortalecimiento de las competencias entre las co- munidades se debe enmarcar a actividades rentables por recursos propios a las condiciones ambientales, sociales, tradicionales y económicas de cada comu- nidad; creando redes de cultivos de productos de la naturaleza, como las flores or namentales; para la in- dustria cosmética; hierbas medicinales, aromáticas; para la alimentación, etc., con marcas y logos clara- mente protegidos y licencias comerciales concedidas bajo derechos de propiedad industrial. Se sugiere, como punto de partida a la actua lización del plan, los criterios que el mismo plan señala; mo- dalidades y opciones de desarrollo que se le ofrece al país para aprovechar adecuadamen te y estratégi- camente sus recursos naturales. Si los indicadores de verificación de logros son exa- minados en función de las nuevas modalida des y propuestas de aprovechamiento, se posibilita el es- tablecimiento de nuevas acciones que fomenten la conservación prioritaria y un aprovechamiento se- lectivo, como sería la organización de empresas que geren cien derivados de la biodiversidad, con fi finan- ciamiento de socios locales, nacionales o internacio- nales. A la luz de la grave situación socioeconómica de una gran parte de la población rural, se destaca la urgencia de encontrar soluciones que no contrapon- gan el desarrollo a la conservación de estos recursos. Pro gramas de incentivos, como los créditos blandos y facilidades de financiamiento para actividades de investigación científica para la conservación, de ben ser vistas como una actividad rentable para las co- munidades residentes en las áreas protegidas y no meramente de interés científico. Los incentivos que el gobierno nacional ofrez ca para la conservación o los programas de ma nejo o admi- nistración de áreas protegidas, ponen sobre la mesa aspectos relevantes al desarrollo nacional, como a la salvaguarda de los derechos soberanos que tiene el Estado sobre estos recursos. Indistintamente de la modalidad de atención que se le dé al manejo de los mismos, el Estado tiene la obligación de asegurar que los beneficios reditúen primeramente para las presentes y futuras comu nidades aledañas a las áreas protegidas. Se debe prever, en todo momento, los “benefi cios” para las comunidades afectadas por aquellos mega- proyectos que degradan los recursos y además limi- ten las tareas de recuperación o mitigación de la biodiversidad en zonas de desarrollo del proyec to, indistintamente de la categoría del proyecto. La bio- diversidad cercana a las zonas urbanas, como aquella en las zonas remotas y a grandes distancias de la ciu- dad capital, tiene el mismo valor biológico, genético o ecológico, y quizás también económico, como la que se encuentra en las islas. Sean para el desarrollo inmobiliario, para la adapta- ción de nuevas tecnologías para la produc ción agrí- cola, para la promoción turística, para la captación de carbono o para la bioprospección, las obligacio- nes del Estado solo se pueden cumplir si se cuenta con la infraestructura institucional, financiera y téc- nica para esta tarea. La abundancia de una especie no es indicativa de su menor valía. La herencia genética panameña resulta, enton ces, el aporte con el cual el Estado participa con juntamente con las comunidades locales en estos emprendi- mientos y que resultan para estos proyectos líneas adicionales de financiamiento de los mismos. El valor agregado por el capital potencial que significa la biodiversidad, debe ser cuantificado no solo por las cuentas ambientales de la Contraloría General de la República, sino también por mercados de valores nacionales e internacionales. De igual forma que se potencian los valores de bosques para secuestros de dióxido de carbono y otros gases, se potencian los valores industriales, farmacéuticos y otros que tiene estos recursos. El plan estratégico para la implementación de la Polí- tica Nacional de Biodiversidad, resulta aún hoy, una herramienta viable para orientar y profundizar aque- llas tareas de conocimiento y conservación selectiva o prioritaria de la genética más frágil dentro de las ta- reas de preservación de vida de los ecosistemas. De igual forma, la Agenda Ambiental de Panamá, guiada por los Lineamien tos para una Conservación para el Desarrollo Sostenible 2004-2009, propone el “bienes- tar de la población, la valorización de los recursos na- tu rales del país y la creación de empleos”, dirigido al manejo de los riesgos ambientales vía normas y pro- cedimientos que mitiguen o compensen los efectos negativos de otros esfuerzos, sean públicos o privados. Es precisamente esta triple acción, la que tendría que ser visualizada e implementada cuidadosamente, de manera tal que si bien se impulsa la participación pri- vada en el aprovechamiento de los recursos de la bio- diversidad, el monitoreo y fiscalización de estos usos no deben crear conflictos de intereses y, menos aún, servir para erosionar no solo los recursos, sino tam- bién el poder del Estado para garantizar su sostenibi- lidad para las futuras generaciones. Autoridad Nacional del Ambiente 28 LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES PRINCIPALES 3.1. Plan estratégico para la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad OBJETIVO GENERAL: La Política Nacional de Biodiversidad es núcleo de una estrategia nacional para articular la sostenibilidad de la diversidad biológica con el proceso de desarrollo económico y social; mejorando la competitividad del país, la calidad de vida, la erradicación de la pobreza, la subsistencia, la integración de los pueblos y el desarrollo sos- tenible. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. EN EL ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO DE LA BIODIVERSIDAD: Fortalecer las capacidades de gestión de los sectores públicos, privados y municipales, de competencia Científica y técnica en el ámbito de la biodiversidad, tanto del nivel central, sectorial y local. Política Nacional de Biodiversidad 29 1. Fortalecer las iniciativas públicas y privadas para la inves- tigación del patrimonio natural y caracterizar los compo- nentes de la biodiversidad en los niveles eco sistémico, de poblaciones, especies y el nivel genético. 2. Establecer los mecanismos correspondientes para que las autoridades científicas, conjuntamente con las autori- dades competentes definan los criterios de sostenibilidad, indicadores y mecanismos científicos técnicos de los com- ponentes de la biodiversidad, endemismos y rarezas, para la conservación prioritaria y el aprovechamiento selectivo de los recursos naturales. 1. Crear el Instituto de Investigación de la Diversidad Bioló- gica, que permita ordenar y fortalecer el desarrollo de ins- tancias nacionales e internacionales, para incrementar el conocimiento de los recursos biológicos y genéticos de Panamá. 2. Establecer proyectos pilotos para estimular el financia- miento de negocios para las comunidades indígenas, que apoyen los programas de bioprospección, acompañados de conocimientos tradicionales locales o indígenas, como esquemas, dentro de las áreas protegidas. 3. Recopilar y validar la información existente nacional e in- ternacional en materia de investigación de los diversos componentes de la biodiversidad, identificando los reque- rimientos de información y las áreas críticas para Panamá. 4. Impulsar la investigación en ecología, historia natural de especies amenazadas, no amenazadas y promisorias de fauna y flora, y en recursos genéticos. 1. Establecer las pautas, criterios, indicadores y mecanis- mos, en conjunto con las autoridades científicas del sector público y el sector privado, para la documentación del pa- trimonio natural, de sus endemismos y rarezas, como ob- jetivos necesarios para el aprovechamiento selectivo del recurso. 2. Caracterizar la diversidad agrícola como del conocimiento tradicional, asociado como parte integral de estas activi- dades, para utilizarla como herramienta fiable para la toma de decisiones referentes al desarrollo rural-agropecuario, dentro y fuera de las comunidades indígenas. LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 1 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES Autoridad Nacional del Ambiente 30 3. Conformar una estrategia de divulgación de la información científica, documentada sobre los componentes del patri- monio natural, los valores de la biodiversidad y su impacto en la calidad de vida del panameño. 4 Desarrollar e implementar mecanismos para la gestión in- tegral de la biodiversidad. 3. Reglamentar el acceso y beneficios de los recursos gené- ticos, permitiendo la ordenación y orientación de las acti- vidades, para que las partes comunitarias públicas o privadas se involucren en este ámbito de proyectos. 4. Establecer una Dirección de Investigación de Recursos Pelágicos y Bentónicos con miras a incrementar la super- visión, control y monitoreo del aprovechamiento de estos recursos, con el objetivo de brindar una protección espe- cial de la biodiversidad marino-costera en el desarrollo de las tareas de investigación y conservación. 1. Diseñar una propuesta para la divulgación de información a la ciudadanía sobre los componentes del patrimonio na- tural, los valores de la biodiversidad y la responsabilidad ciudadana en estos quehaceres. 2. Elaborar la estrategia de divulgación de información cien- tífica, que vincule los resultados de la bioprospección a las actividades socioeconómicas del país. 3. Promover y desarrollar una simbiosis pública privada, para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 1. Priorizar en la aplicación de investigaciones en materia de biodiversidad en el campo de la gestión ambiental. 2. Implementar y generar mecanismos en la creación de ins- tancias en la captación de recursos económicos relacio- nados con la conservación y el manejo en el uso sostenible de la biodiversidad. OBJETIVO ESPECÍFICO 2. EN EL ÁMBITO DE LA CONSERVACIÓN PRIORITARIA DE LA BIODIVERSIDAD: Desarrollar la utilización de herramientas y procedimientos que impulsen el aprovechamiento integral, equili- brado y conservacionista de los recursos biológicos y genéticos en el ámbito nacional, dirigidos a mejorar la economía de las comunidades afectadas por la pobreza. LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES PRINCIPALES 1. Establecer los procedimientos para la aplicación del Plan Indicativo General de Ordenamiento Territorial Ambiental dentro de un esquema de orientación y monitoreo de la conservación prioritaria y al aprovechamiento selectivo y sostenible de la biodiversidad como recurso central al desarrollo del país. 1. Fortalecer el concepto de ecorregiones dentro del plan de ordenamiento territorial, conjuntamente con la integración de estrategias de conservación y sostenibilidad de los eco- sistemas, en todos los planes sectoriales a cargo del go- bierno nacional. 2. Elaborar y ejecutar planes de ordenamiento ambiental te- rritorial a niveles regionales y locales. LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES Política Nacional de Biodiversidad 31 2. Promover la conservación con beneficios para las comu- nidades alojadas dentro de las áreas protegidas, como parte de las soluciones de alivio a la pobreza aceptadas para esas comunidades. 3. Integrar, a los criterios de evaluación de impacto ambien- tal, los valores de la erosión de la herencia genética y de- gradación de los soportes de la biodiversidad. 4. Establecer, conjuntamente con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, un esquema de supervisión y control de los proyectos que en el sector rural impacten sobre las zonas de amortiguamiento y sus recursos naturales, que gene- ren efectos positivos y mitiguen los impactos negativos de las prácticas agrícolas sobre la diversidad biológica en los agro ecosistemas y su interface con otros ecosistemas. 5. Revisar la aplicación de las evaluaciones ambientales estra- tégicas con miras a incrementar una mayor concienciación de la sociedad frente a los problemas de ordenamiento 3. Crear áreas prioritarias no incluidas en el sistema de áreas protegidas y que sean de interés estratégico por identificar, en los ámbitos nacional y regional. 4. Crear y reglamentar el funcionamiento de reservas muni- cipales, que complementen los sistemas de áreas prote- gidas. 1. Establecer un plan de conservación prioritaria de la biodi- versidad terrestre y marino costera, pelágica y bentónica, que fortalezca las sinergias entre los organismos involu- crados en esta gestión, de acuerdo a las prioridades es- tablecidas por la ANAM. 2. Dictar cursos y seminarios, impartidos por técnicos inves- tigadores y en lenguaje de fácil comprensión, sobre las actividades de conservación sostenible de especies en- démicas, amenazadas y en peligro de extinción; tomando en cuenta, no solo sus funciones y características ambien- tales y científicas, sino también sus aportes a la cultura y tradición nacional. 1. Incluir criterios de evaluación de impacto ambiental en los casos que afecten la integridad de la herencia genética y causen degradación de los soportes de la biodiversidad; es- tableciendo medidas de compensación, mitigación u otras que se reconozcan como viables al resarcimiento del daño. 2. Introducir criterios técnicos que consideren los efectos sobre la biodiversidad en la evaluación de los estudios de impacto ambientales y la implementación de medidas que minimicen al máximo estos efectos. 3. Identificar los principales procesos de deterioro de los eco- sistemas y los agentes directos e indirectos que los oca- sionan. 1. Establecer un programa de conservación de la diversidad agrícola, en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Agro- pecuario, que incluya un monitoreo conjunto sobre los pro- yectos que se aprueben para las zonas de amortigua- miento de las áreas protegidas. 2. Identificar y promocionar prácticas de manejo adaptativo, tecnológicas y políticas relacionadas y buscar medidas de incentivos, para promover impactos positivos y mitigar los negativos de la agricultura sobre la biodiversidad. 1. Organizar programas de mitigación y compensación eco- nómica por impactos y degradaciones de la biodiversidad, a ser ejecutado con la banca nacional pública. Autoridad Nacional del Ambiente 32 LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 2 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES territorial y administración de recursos biológicos y gené- ticos conocidos y aprovechados, dentro de cada provincia, municipio o comunidad local o indígena. 6. Conservar y restaurar los ecosistemas. 7. Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial relacionada con la gestión y el fomento integral de la bio- diversidad. 2. Establecer una red nacional de áreas protegidas y vida sil- vestre. 3. Realizar evaluaciones ambientales estratégicas, con el pro- pósito de identificar los problemas de ordenamiento territorial y de administración biológicos y genéticos, a nivel de provin- cia, gobiernos locales, gobiernos comarcales y comunidades. 1. Desarrollar e implementar normas generales en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 2. Incorporar políticas, programas, proyectos y metas en el país, en materia de la protección de la biodiversidad. 3. Desarrollar programas de conservación de lugares de alto valor biológico. 4. Fomentar y promover mecanismos de conservación de lu- gares prioritarios en materia de biodiversidad. 5. Desarrollar e implementar planes de promoción para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 6. Implementar medidas de conservación in situ, a través del sistema de áreas protegidas. 1. Fortalecer la gestión gubernamental para la conservación y uso de la diversidad. 2. Integrar al SIA en la gestión y fomento integral de la biodi- versidad. OBJETIVO ESPECÍFICO 3. EN EL ÁMBITO DEL APROVECHAMIENTO SELECTIVO, SOSTENIBLE Y RACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD: Fomentar el uso sostenible de los recursos naturales orientado a la conservación de los ecosistemas, poblaciones de especies y sus variedades genéticas. Prevenir impactos ambientales adversos en el manejo de la diversidad biológica y desarrollar un efectivo uso de los recursos naturales existente. LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES PRINCIPALES 1. Establecer programas de incentivos para proyectos de conservación de la biodiversidad, sus tentados sobre cri- terios ecológicos-económicos y debidamente autorizados por las autoridades competentes. 1. Consolidar la coordinación de la ANAM como institución regente en la materia, para que se incorpore la noción y valor de los aportes de la biodiversidad a las buenas prác- ticas de gestión en todas las políticas nacionales. La orien- tación y regulación sobre el manejo sostenible de estos recursos debe ser una función permanente y activa de la ANAM; privilegiando el vínculo de trabajo con los Ministe- rios de Comercio e Industria, Educación, Desarrollo Agro- pecuario, Obras Públicas, Vivienda y Turismo. Política Nacional de Biodiversidad 33 LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES 2. Promover el uso de sistemas sostenibles de manejo. 3. Consolidar los sistemas de información de la biodiversi- dad, como componente de la formulación de estrategias de acción para el desarrollo del sector rural y turístico. 4. Promover el desarrollo de las zonas de amortiguamiento con iniciativas generadoras de ingresos, como comple- mento a la reforestación, turismo sostenible, remediación, recuperación de hábitat y otras tareas de conservación de los recursos. 5. Cuantificar los beneficios derivados de acciones de con- servación o de aportes agregados por las comunidades al valor de la biodiversidad identificada, como factor esen- cial a los programas de desarrollo comunitario, inmobilia- rio, turístico, comercial, entre otros. 6. Diseñar e implementar sistemas de valoración multicriterio de la biodiversidad, y mecanismos para la distribución equitativa de beneficios derivados de su uso. 7. Supervisar, vigilar y controlar los accesos a los recursos genéticos y coordinar con las entidades competentes la conservación y uso sostenible de los recursos marino-cos- teros, pelágicos y bentónicos. 2. Crear incentivos para promover la conservación de la bio- diversidad, por parte de la sociedad civil. 1. Desarrollar y validar sistemas de manejo sostenible de los componentes de la biodiversidad, considerando los siste- mas Utilizados por las comunidades tradicionales y los desarrollados por la investigación científica. 1. Instituir la inserción de criterios científicos y técnicos como parámetros permanentes para dar el aval a la implemen- tación de proyectos de desarrollo rural, vial, turismo y vi- vienda, en áreas con rica diversidad biológica. Se utilizaría el mapa de vegetación y de puntos críticos a la biodiver- sidad como guía a la aprobación de proyectos y, en parti- cular, en cuanto hace a la ampliación del Canal. 1. Las normativas y categorías de los planes de manejo co- rresponden ser revisadas, evaluadas y adaptadas a fac- tores socioeconómicos no previstos en territorios fiscales no protegidos. 1. La “conservación con beneficios” como lema para las co- munidades alojadas dentro de las áreas protegidas, en particular marinas y costeras, serviría para optimizar otras soluciones de alivio a la pobreza aceptadas para esas co- munidades, como la pesca artesanal, el buceo, la fotogra- fía, el turismo de aventura y demás. 2. Promover la investigación orientada a cuantificar los valo- res de uso y no uso de la biodiversidad, por parte de los institutos y entidades competentes en la materia. 3. Dentro del marco del Convenio sobre la Diversidad Bioló- gica, se establecerá la reglamentación necesaria para pro- teger los derechos de propiedad intelectual, individual y colectiva, de los conocimientos tangibles e intangibles aso- ciados a la biodiversidad. 1. Realizar estudios de valorización económica de la biodi- versidad, tomando en cuenta cuencas prioritarias, tipos de ecosistemas y áreas protegidas. 1. Asegurar los aspectos de conservación, en cuanto a la in- tegridad de los ecosistemas, a través de los procesos par- ticipativos coordinados con las entidades vinculantes a la toma de decisiones, en forma consensuada, efectiva y oportuna, en materia de acceso a los recursos genéticos. Autoridad Nacional del Ambiente 34 LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES 8. Establecer un Instituto de Investigación de los Recursos Pelágicos y Bentónicos, para su conservación y aprove- chamiento sostenible, en conjunto con las entidades in- volucradas. 9. Fomentar la protección de los derechos de la ANAM y demás iniciativas de las comunidades, vía derechos de propiedad intelectual, vistas las opciones de negocios que están surgiendo a partir de estos recursos. 10. Establecer un manejo en la conservación o aprovecha- miento selectivo con beneficios que incorporen recursos in situ, ex situ, o derivados, con el consentimiento de las autoridades competentes, públicas, privadas o locales. 11. Preservar las especies y el patrimonio genético nacional. 12. Desarrollar programas dirigidos a conservar in situ los ecosistemas frágiles, propiciando la participación de los diferentes sectores involucrados. 2. Promover la sostenibilidad, en cuanto al uso de los recur- sos sostenibles del país, mediante las oportunidades de desarrollo que incorporen o afecten los criterios compati- bles relacionados con la conservación de los recursos ma- rino-costeros. 1. Crear el Instituto de Investigación de la Recursos Pelágicos y Bentónicos, que permita fortalecer el desarrollo de ins- tancias nacionales e internacionales, para incrementar el conocimiento de los recursos marino-costeros de Panamá. 1. Reclamar los beneficios por derechos de propiedad inte- lectual que deben ser herramientas conocidas y protegidas en todas sus facetas, para beneficio de las comunidades y el Estado. Las marcas o nombres comerciales y las pa- tentes de invención o modelos de utilidad, son fuentes de ingresos importantes para estos esquemas comerciales y deben estar incorporados en cada uno de ellos. 1. Las propuestas para el manejo de las áreas protegidas y de sus zonas de amortiguamiento deben incorporar iniciativas generadoras de ingresos para las poblaciones locales y no solamente tareas para la conservación voluntaria del recurso. 2. La participación equitativa en los beneficios producto de acciones de conservación o de aportes agregados al valor de la biodiversidad, debe ser cuantificada a través de pro- gramas establecidos en conjunto con las comunidades, estimulando la inversión local en el uso selectivo de la bio- diversidad como de otros recursos naturales en el área. 3. Actualizar los listados de clasificación de especies de la flora y fauna panameña, según el estado de conservación. 4. Desarrollar un plan nacional de control de especies inva- soras. 1. Supervisar, eficiente y eficazmente el acceso de nuestro patrimonio genético nacional. 2. Promover la implementación de reservas municipales o ecológicas. 1. Implementar programas de reforestación en áreas vulne- rables. 2. Impulsar el involucramiento de los sectores pesqueros, tu- rismo, transporte y minería, en la conservación de los eco- sistemas frágiles. 3. Promover técnicas de cultivos orgánicos en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. Política Nacional de Biodiversidad 35 LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 3 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES 13. Desarrollar programas dirigidos a conservar, ex situ, las especies de flora y fauna. 1. Implementar programas dirigidos a la conservación de es- pecies en peligro de flora y fauna. 2. Fomentar los programas de conservación y reproducción de recursos genéticos. OBJETIVO ESPECÍFICO 4. EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DE ATAQUE A LA POBREZA Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA: Incrementar la gestión sostenible de conservación y manejo de la biodiversidad, mediante el fomento dela ca- pacitación, la educación formal, una mejor coordinación interinstitucional y consecución de recursos finan- cieros para proyectos comunales, encaminados a erradicar la pobreza y elevar el estado de vida. LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES PRINCIPALES 1. Fortalecer las unidades ambientales municipales, como puntal a una mejor divulgación fiable científicamente y económicamente sobre el patrimonio natural, local y na- cional. 2. Fortalecer, recuperar y divulgar el conocimiento y prácticas tradicionales del uso de la biodiversidad en las distintas culturas. 3. Fomentar la creación de microempresas guiadas y orien- tadas por el sector privado, científico y tecnológico, para el aprovechamiento selectivo y sostenible de la biodiver- sidad, cuyos planes de negocios respeten los derechos de propiedad privada, pública e intelectual. 4. Formular programas de desarrollo rural-agropecuario, con- juntamente con proyectos de desarrollo comunitario ur- bano, que permitan divulgar información referente al ambiente, a la flora y fauna terrestre, marina y costera y sus beneficios ecológicos y económicos para las comuni- dades aledañas y distantes de las áreas protegidas. 1. Fortalecer la toma de decisiones en las distintas esferas del gobierno, con información técnica y científica que potencie el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, permitiendo el manejo cotidiano de la información sobre esta materia. 2. Compartir con las autoridades municipales los resultados de las investigaciones científicas-técnicas que centros naciona- les e internacionales lleven a cabo con recursos locales. 1. Identificar posibles usos derivados y procesos artesanales e industriales de la biodiversidad a partir del análisis com- parativo de estrategias de manejo de biodiversidad en di- ferentes culturas, con una perspectiva de su historia y de acuerdo con su grado de experimentación tecnológica. 1. Promover el establecimiento de empresas mixtas para el aprovechamiento sostenible selectivo de las biodiversida- des, como micro sociedades para la producción de pro- ductos de la naturaleza con tecnologías amigables y con el apoyo de socios capitalistas nacional o internacional y el Estado, representado por la ANAM. 1. Financiar programas de introducción a los planes de ma- nejo, durante los meses de verano, con estudiantes de se- cundaria y de universidades en zonas rurales e indígenas, para que se destaquen las contribuciones de estos recur- sos a esas comunidades. Autoridad Nacional del Ambiente 36 LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES 5. Orientar las tareas innovadoras derivadas de servicios en las áreas protegidas, con la participación de las cámaras de comercios locales y nacionales, que permitan conocer nuevos mercados para estos esquemas de negocio. 6. Divulgar ampliamente, a nivel urbano, información refe- rente a fórmulas de negocio en materia de conservación y aprovechamiento sostenible, como soluciones al desem- pleo urbano. 7. Organizar las actividades de conservación de especies endémicas, a través de cursos y seminarios dictados por técnicos e investigadores, en lenguajes de fácil compren- sión a las comunidades alojadas dentro y en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas. 8. Establecer programas de manejo y gestión de negocios orientados hacia la conservación sostenible de la biodi- versidad, apoyados sobre criterios ecológicos-económicos 2. Crear fórmulas y modalidades rentables, para las pobla- ciones más afectadas por la pobreza, en áreas seleccio- nadas para el desarrollo de empresas mixtas de la biodiversidad (ECOBIO) con amigos de la biodiversidad. 1. Proporcionar un informe de permisos para colectas cien- tíficas que se solicitan a la ANAM, con el propósito de in- vestigar los recursos biológicos y genéticos de ese sector, en cada una de las áreas protegidas de cada provincia, con miras a facilitar la creación de nuevos negocios en este ámbito. 2. Capacitar a las empresas comunitarias para la biodiversi- dad, facilitando el asesoramiento a los científicos y em- presarios sobre buenas prácticas ambientales. 1. Capacitar a los medios de prensa escrita, radial y televi- siva, sobre la abundante riqueza nacional y su potencial científico y económico como recurso capital al desarrollo de Panamá. 2. Fomentar la colaboración con cámaras de comercio e in- dustrias, grupos de productores exportadores de produc- tos no tradicionales, supermercados locales, nacionales e internacionales, en la identificación de la clientela nacional afín a estos productos. 3. Divulgar las experiencias de negocio para estimular el cul- tivo de productos de la canasta básica, entre familias de las ciudades en situación de pobreza urbana y aquellos que tienen la tierra y la posibilidad de su explotación. 1. Realizar actividades orientadas a incrementar los servicios y beneficios para las comunidades y poblaciones dentro de estas áreas, con una participación comunitaria organi- zada para este fin y dentro de los términos de sostenibili- dad del recurso afectado. 2. Diseñar propuestas de comunidades, ya sean rurales o ur- banas, con el fin de cultivar y comercializar los productos orgánicos u otras actividades que promuevan las empre- sas comunitarias para la biodiversidad. 3. Establecer acuerdos para cultivos básicos, entre la pobla- ción más afectadas, con el fin de desarrollas rublos con gran aceptación y fácil cultivo, los cuales puedan aportar enormes beneficios de orden rural y urbano. 1. Divulgar, difundir e incorporar, dentro de los planes de es- tudios nacionales, el estímulo de participar en las valori- zaciones de encuestas y de diagnósticos locales sobre las Política Nacional de Biodiversidad 37 LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 4 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES debidamente autorizados por las autoridades competen- tes, dirigidos a jóvenes emprendedores a nivel provincial y comarcal, en especial en zonas rurales e indígenas. 9. Fortalecer la participación ciudadana en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. necesidades que se requieren para fortalecer la capacidad intelectual y técnica para el manejo en el aprovechamiento de los recursos. 2. Crear una campaña nacional sobre valorización y educa- ción y el uso sostenible de la biodiversidad. 1. Programar la gestión participativa ciudadana en formación educativa, en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 2. Establecer programas en materia de conservación y uso sostenible de la biodiversidad, dirigidos a la ciudadanía, con miras a erradicar la pobreza y promover el mejora- miento de la calidad de vida. OBJETIVO ESPECÍFICO 5. EN EL ÁMBITO DE LA COMPETITIVIDAD DEL PAÍS: Desarrollar nuevas alternativas que contribuyan a fomentar la investigación en materia de biodiversidad, sistemas de producción, bioprospección, bioseguridad y acceso a recursos genéticos, que contribuyan a la creación de em- presas altamente eficientes y eficaces en materia de conservación y uso sostenible de los recursos biológicos. LÍNEAS DE ACCIÓN ACCIONES PRINCIPALES 1. Establecer los criterios e indicadores para la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad, como parámetros per- manentes en los planes nacionales, provinciales, comar- cales y municipales. 2. Establecer incentivos para la administración de la biodi- versidad como actividad permanente de las comunidades, en función de las características de los activos naturales de cada región del país. 1. Desarrollar el marco metodológico en el cual se definan los criterios e indicadores que indiquen los lineamientos para la conservación y sostenibilidad de la biodiversidad, arrojando los tipos de incentivo para el fomento de ámbitos concretos de uso y explotación, centrados en las necesi- dades de conservación de las áreas protegidas y zonas de amortiguamiento. 2. Integrar los programas sectoriales para la conservación de la biodiversidad en lo referente a la actuación humana, particularmente en las áreas protegidas y zonas de amor- tiguamiento, en especial en las comarcales y municipales. 1. Promover, con el Ministerio de Comercio e Industrias, el uso de certificados nacionales de garantía y de calidad de los productos de las ECO-BIO hacia y en mercados de productos naturales, mucho más caros pero más atracti- vos a los nuevos residentes venidos al país de distintos puntos de la tierra. Autoridad Nacional del Ambiente 38 LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 5 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES 3. Diseñar programas de desarrollo rural y agroforestal, con- juntamente con planes de negocio de aprovechamiento sostenible selectivo de la biodiversidad en mercados emergentes. 4. Implementar medidas para el desarrollo sostenible del po- tencial económico de la biodiversidad. 5. Organizar y sistematizar programas de mitigación y com- pensación comercial por impacto y degradación de los re- cursos. 6. Proponer programas, dentro de las áreas protegidas de uso múltiple, como proyectos pilotos de bioprospección, incluyendo los de conocimientos tradicionales locales o indígenas. 7. Diseñar propuestas para que la banca privada oferte pla- nes de financiamiento para micro y pequeñas empresas vinculadas a la conservación y sostenibilidad de la biodi- versidad. 8. Motivar el canje de deuda por naturaleza con inversores nacionales, dirigido a incrementar los proyectos agrofo- restales en zonas de amortiguamiento de las áreas pro- tegidas que posean planes de manejo aprobados por la Autoridad Nacional del Ambiente. 1. Promover el diseño de programas con sus planes de ne- gocio para mercados emergentes, como el de los abonos naturales, fertilizantes naturales o la utilización de varie- dades nativas para la producción de energía. Estas son propuestas a ser ampliamente discutidas entre los inver- sionistas interesados en el desarrollo nacional. 2. Hacer uso de las ventajas de los Certificados de Abono Tributario para interesar a socios locales e internacionales en el desarrollo de la oferta de productos no tradicionales provenientes de áreas cultivas bajo monitoreo de la ANAM (Sujeto a restricciones. Organización Mundial del Comer- cio WT/ TPR/G/186, 13 de agosto de 2007). 1. Involucrar a todos los sectores nacionales y privados para que se comprometan a afrontar esta problemática, y que participen activamente en el desarrollo del potencial del uso de la biodiversidad. 1. Desarrollar programas para el estímulo e incentivos en la comercialización, la innovación y el desarrollo económico, mediante una adecuada distribución de los beneficios de- rivados del uso de los componentes de la biodiversidad. 2. Promover planes de manejo sostenible por parte de las comunidades locales, que requieran mejorar las ganancias de estas y aumentar los costos de oportunidad asociados al aprovechamiento de ecosistemas naturales. 1. Fomentar el intercambio de información sobre nuevos mer- cados verdes para la comercialización de la producción de productos amigables a la biodiversidad, como es el caso de la agricultura orgánica, hierbas medicinales, hier- bas aromáticas, flores del trópico como las heliconias, gip- sofilias y artesanía con remanentes marinos y costeros. 1. Promover contratos, a cinco y diez años, para la conser- vación de zonas de amortiguamiento de las áreas prote- gidas, como incentivos a las comunidades locales y al sector privado que se ofrezca a respaldar proyectos ren- tables de conservación en estas áreas. 1. Propiciar los elementos necesarios para lograr el canje de deuda por naturaleza con inversores nacionales, bus- cando incrementar reservas privadas en áreas adyacentes a las áreas protegidas, en proporciones y montos máximos según los planes de manejo. Política Nacional de Biodiversidad 39 LÍNEAS DE ACCIÓN OBJETIVO ESPECÍFICO 5 (continuación) ACCIONES PRINCIPALES 9. Promover contratos para proyectos de conservación en zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, como incentivos a las comunidades locales y al sector privado, que se ofrezcan a respaldar proyectos rentables de con- servación en estas áreas. 10. Promover las prácticas productivas sostenibles de la di- versidad biológica. 1. Fortalecer el equipo de negociadores para acuerdos co- merciales, acerca de los distintos esquemas de valor de la biodiversidad, en foros como la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en cuanto al aprovechamiento sostenible de estos recursos. 2. Desarrollar y aplicar el fortalecimiento del sistema nacional de voluntarios para el programa sostenible de medio am- biente. 3. Desarrollar programas, a la medida, para la prevención de riesgos de la biotecnología. 1. Programar y fomentar el sistema de mercados ecológicos. Autoridad Nacional del Ambiente. 2006. Estrategia Nacional de Negocios Ambientales. Panamá. 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Introducción La República de Panamá ha venido desarro llando, durante la última década, un número importante de programas con el objetivo de docu mentar y acreditar el patrimonio natural del país. La conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales ha despertado un enorme inte rés por parte de organis- mos no gubernamentales y ambientalistas locales, ante el temor de que la falta de regulaciones sobre su aprovechamiento gene re un descontrolado uso y deterioro de recursos naturales a la vida en el istmo panameño. En ese sentido, se han propuesto estu- dios e investigaciones que evidencien esta riqueza y valor potencial, con el fin de detener de alguna forma el impacto que, de manera irreparable, puedan sufrir impor tantes ecosistemas ante el desordenado desa- rrollo urbano que está viviendo el país. La Autoridad Nacional del Ambiente, como entidad pública responsable de la administración de estos re- cursos (Ley 41 de 1 de julio de 1998), ha iniciado un proceso de adecuación y moder nización de sus es- tructuras operativas, con el fin de contar con mo- dalidades de funcionamiento más ágiles que permitan la administración de la biodi- versidad dentro de un manejo sostenible y beneficioso a aquellas poblaciones más necesitadas y más en con- tacto con esta biodiversidad. Este capital natural se ha transformado en un gran atractivo para el desa- rrollo de la nación; ha sido redescubierto por impor- tantes inversionistas internacionales, quienes ven a la biodiversidad como un factor clave para este desa- rrollo turístico, rural y ecológico del país. Sin embargo, la relación conservación vs. desarrollo sostenible requiere ser entendida por la extraordi - naria importancia que reviste el buen uso de estos recursos. Parecería que para muchos doctos, parti- cularmente aquellos en materia ambiental, se tuviera que escoger entre la conservación de los recursos na- turales y el subdesarrollo. Resulta, como si las mis- mas estuvieran en permanente contradicción. Reconciliar un desarrollo sostenible, que tome en cuenta un ordenado aprovechamiento de los recur- sos naturales, vistas las grandes inequidades que existen dentro de la so- ciedad panameña, le plantea a Estado de la conservación de la diversidad biológica en Panamá cualquier gobierno un reto inigualable. Es decir, ad- ministrar componentes tan valiosos como los de la biodiversidad, en un país con gran des carencias y con un nivel de pobreza que afecta a la mitad de la población, implica la búsqueda de equilibrios políti- cos, sociales, económicos y am bientales para evitar sacrificar generaciones futu ras por falta de atención a las presentes. “La biodiversidad es la clave para la seguridad am- biental del ser humano a largo plazo. Ofrece al hom- bre muchos servicios: limpia el aire, el agua y la tierra, descompone residuos, equilibra el clima, brinda alimentos, resinas, fármacos, materia les para la construcción, fibras textiles, etcétera. Es decir, in- numerables materias primas que nos alimentan, nos dan abrigo, nos mantienen sanos y nos permiten sos- tener nuestras múltiples activida des sobre el planeta. Una gran cantidad de espe cies ayuda a sostener las condiciones ambientales que nos permiten vivir sobre la Tierra, y asegura nuestra resistencia ante los cambios dañinos en el entorno”11 . La diversidad biológica o biodiversidad es “la varia- bilidad de organismos vivos de cualquier fuente, in- cluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los com- plejos ecológicos de los que forman parte; com- prende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los ecosistemas”12. Los acuerdos ambientales multilaterales, las nego- ciaciones comerciales en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), han permitido deslumbrar un panorama nuevo, más concreto sobre los beneficios que pueden resultar de un decretado aprovechamiento de estos recursos. La necesidad señalada por la ANAM en los tér minos de referencia para la Política Nacional de Biodiver- sidad (PNB), se fundamenta en los objeti vos del CDB que sirven para que los Estados Partes articulen las metas de conservación y sostenibilidad con las de un aprovechamiento con beneficios equi tativos deriva- dos del patrimonio natural. Los desaf íos a los que se enfrentan las autori dades responsables, en sus proyectos de erradica ción de la pobreza, mejoramiento de la calidad de vida y de competitividad en un mundo globa lizado, conlleva a la conjunción de políticas públi cas que potencien un desarrollo integral con una concertada participa- ción de las presentes y futu ras generaciones. Las ne- gociaciones comerciales para lograr acuerdos y tratados de libre comercio presentan retos en este sentido. Vista la tendencia de los últimos años de ne- gociar en estos pactos, bienes y servicios ambienta- les, los gobiernos re quieren de capacidades técnicas y profesionales que orienten dentro del principio pre- cautorio, la dis posición de estos recursos. La posibi- lidad de patentar plantas enfrenta a países como Panamá a instituir medidas de res guardo de su pa- trimonio natural, consecuentes con la Visión Estra- tégica de Desarrollo Económi co y de Empleo hacia el 200913 y la visión de país que se tenga para las pró- ximas generaciones. El creciente deterioro y degradación de los suelos, la adopción de medidas de conservación y rehabilitación del recurso en el 27% del terri torio nacional; la nece- sidad de proceder al orde namiento ambiental de te- rritorios frágiles, tales como los existentes en las áreas protegidas; la ex pansión de la frontera agrícola; la cre- ciente po breza en las comarcas y territorios indígenas; la explotación desordenada de recursos naturales al mantenimiento de las cuencas hidrográficas, con es- pecial énfasis en la cuenca hidrográfica del Ca nal, fun- damenta la aprobación de la Estrategia Nacional del Ambiente (ENA), en el año 2000, en la que se plante- aron como metas de acción inmediata, el nivelar la in- equidad social, mejo rando la calidad de vida particularmente para aquellos panameños que convi- ven diariamente con la biodiversidad. La Visión Ambiental Nacional para el 2020, que emanó de la Estrategia “Visión Nacional 2020”, aus- Autoridad Nacional del Ambiente 44 11 Zamudio, T. Pro-diversitas. 12 Convenio de Diversidad Biológica, Río de Janeiro, 1992, Términos usados, p. 2. 13 Ministerio de Economía y Finanzas. piciada por el Programa de las Nacio nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), propuso una serie de acciones a ser desarrolladas conforme a la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB). Las acciones a seguir, hacia el año 2005, permitie ron a Panamá aumentar el co- nocimiento sobre su riqueza biológica, un buen ma- nejo de la conserva ción del recurso y una distribución equitativa de los beneficios. En colaboración con el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) y el Programa de las Nacio - nes Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se llevó a cabo, el proyecto “Estrategia Nacional de Bio - diversidad, Plan de Acción y Primer Informe sobre el Estado de la Diversidad Biológica en Panamá”, cuyas conclusiones y recomendaciones fueron ofi- cialmente adoptadas en el mes de abril del año 2000. El “Primer Informe Nacional de la Riqueza y Estado de la Biodiversidad en Panamá” (1999) identificó los problemas y amenazas, así como las oportunida des para conservar y aprovechar sosteniblemente los ele- mentos de la biodiversidad conocida y por conocer, que dio inicio a la adopción de una Es trategia Na- cional de Biodiversidad y un Plan de Acción Nacio- nal sobre la Diversidad Biológica. La Estrategia Nacional sobre la Biodiversidad su- brayó la importancia de un manejo apropiado a la fragilidad de los recursos, en función del valor po- tencial de los mismos. Es decir, se enfatizaron los su- puestos sobre el gran valor ecológico, econó mico y comercial que acentuaron los conceptos de preser- vación, conservación y recuperación como metas para el quinquenio al año 2005, sin que se identifi- caran los beneficios que redundarían hacia la comu- nidad local. Tanto la Estrategia como el Plan de Acción Nacional sobre la Diversidad Biológica, cons- tituían dos instrumentos para la planificación y co- ordinación de la conservación únicamente. La estructura administrativa creada mediante el De- creto Ejecutivo 207 de 2000, estableció el De - partamento de Conservación de la Biodiversidad, que actuó hasta el mes de agosto de 2006. Posterior - mente, el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables evoluciona en la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM)14, en el año de 1998, tra yendo importantes cambios en las estructuras ad - ministrativas y técnicas que atienden el manejo de la biodiversidad. Subsiguientemente, en el año 2006, se aprobó un nuevo organigrama que ubica la aten- ción a la biodiversidad en el Departamento de Vida Silvestre y Biodiversidad en la Dirección Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Con la nueva estructura, se han venido nor mando y reglamentando aspectos de la Ley Gene ral de Am- biente artículos 71, 94 y 95, referentes al acceso y uso sostenible de los recursos genéticos y el aprovecha- miento, manejo y conservación de los recursos ma- rino costeros en las áreas protegi das de Panamá. Desde el año 2002, la ANAM ha adoptado diversas políticas ambientales dentro de su Plan Estratégico Participativo, como también ha logrado completar la formulación de siete po líticas vinculadas a los recur- sos hídricos, cambio climático, producción más lim- pia, gestión integral de residuos y desechos peligrosos y no peligrosos, descentralización de la gestión am- biental, infor mación ambiental y supervisión, control y fiscali zación ambiental, entre otras. Se encuentra en etapa de discusión el Ante proyecto de Ley del “Sistema Nacional de Áreas Protegidas” Política Nacional de Biodiversidad 45 14 Ley 41 de 1 de julio de 1998. Guardaparques en fiscalización y patrullaje en el Parque nacional Marino Golfo de Chiriquí. que reglamenta el artículo 66 de la Ley 41 de 1998, así como los reglamentos de nor mas y procedi- mientos para la incorporación de los conceptos de sostenibilidad y racionalidad en el aprovecha- miento de recursos, agua, flora y fauna (artículo 62 de la misma Ley), respondiendo a las prioridades de ANAM de contar con instrumen tos esenciales a la gestión ambiental. Varias alianzas de cooperación se han estable cido entre organismos públicos, privados, acadé micos y científicos, adoptando nuevas normativas que han incrementado los compromisos del país en un sano manejo de la biodiversidad. La ANAM ha imple- mentado importantes proyectos como el “Restable- cimiento del bosque tropical húmedo para la promoción y desarrollo del ecoturismo en la región este de Panamá y el de Fortalecimiento de capacida- des para el Parque Nacional General de División Omar Torrijos Herrera” y se ha pues to al día con compromisos internacionales como es el caso del re- glamento para el acceso, uso y beneficios de los re- cursos genéticos, que está para la firma del Órgano Ejecutivo. Esta regulación facilitará ordenar y aprove char la cuantía del potencial económico y ecoló gico de la riqueza natural del país. Los bosques, las llanuras, los corales, las algas, los manglares, los hongos han cobrado importancia, mucho más allá del valor in- trínseco que tienen un conjunto de elementos re- sultado de renovados ecosistemas activos en el territorio nacional. En 1994, la Universidad de Panamá estable ció la Red de Intercambio de Información sobre Biodiversidad; se ratificó el Protocolo de Cartage na sobre Seguridad de la Biotecnología del Con venio sobre la Diversidad Biológica, mediante Ley 72 de 26 de diciembre de 2001; se estableció la Comisión Nacional de Biose- guridad, a través de la Ley 48 de 8 de agosto de 2002; se iniciaron los trámites de participación en el Plan Puebla-Pa namá y la participación en el Proyecto Co- rredor Mesoamericano del Atlántico Panameño, como así también se adoptaron otros instrumentos de obligación regional con la Comisión Centroame - ricana de Ambiente y Desarrollo. El inventario que se tiene sobre la riqueza na tural pa- nameña, corresponde principalmente a da tos y va- lores que sobre estos recursos han logrado investigar instituciones públicas, distintos centros de investi- gación de organismos no gubernamenta les, nacio- nales e internacionales, y el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI). El STRI, a través de convenios de colabora ción con los distintos gobiernos de Panamá desde 1923, ha re- alizado innumerables investigaciones científicas, ha- biéndose documentado fielmente, el caudal natural con el que cuenta el país. 2. Antecedentes a la elaboración de la Política Nacional de Biodiversidad Desde la ratificación del Convenio sobre Diversidad Biológica en el año 1995, Panamá, a través de la ANAM, ha llevado a cabo activida des y acciones conducentes al cumplimiento de las obligaciones contraídas a nivel nacional e in ternacional para la adecuación de la normativa ambiental nacional, en función de los objetivos de este convenio. Autoridad Nacional del Ambiente 46 Vivero familiar, estrategia para evitar la pobreza. Los objetivos del CDB establecen que “la conserva- ción de la diversidad biológica, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos” son las pautas principales que orientarán todo el ac cionar global en esta materia. En este aspecto y como lo dicta el artículo 3 del CDB, “los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus pro pios recursos en aplicación de su propia po- lítica ambiental” y por ese motivo, se concretó en el año 2000, la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y el Plan de Acción Nacional de Diversidad Biológica como seguimiento a los compromisos ad- quiridos con el CDB. La adopción de la Estrategia Nacional del Ambiente, mediante la Resolución de Gabinete 36, de 31 de mayo de 1999, marcó una serie de metas, entre las cuales se estableció, el año 2005, que la República de Panamá: “conforme a la Es trategia Nacional de Bio- diversidad, coordinará la investigación científica y la cooperación interins titucional, aumentando de ma- nera considerable, el conocimiento sobre su riqueza biológica. Las acciones para su protección, recupe- ración y uso sostenible permiten su buen manejo y la distribu ción equitativa de los beneficios”. El “Primer Informe del Estado y la Riqueza de la Bio- diversidad de Panamá”, del año 2000, confirmó y do- cumentó acerca de la inmensa y diversa ri queza biológica con la que cuenta Panamá; pa trimonio este que corresponde sea conservado y aprovechado sos- teniblemente sin menoscabo a las medidas que sean necesarias implementar, con motivo de las distintas políticas sectoriales de desarrollo que el Ejecutivo adopte. Es decir, “la integración de la biodiversidad a otros sectores de la economía nacional y la promoción de la parti cipación de la sociedad civil han sido iden- tificados como indicadores de una implementación exitosa de buenas prácticas de desarrollo sostenible”15. Si bien se tiene la noción de que gran parte de la po- blación reconoce las ventajas que tiene para el desa- rrollo del país un adecuado aprovechamien to de la biodiversidad, se hace necesario trazar un esquema que identifique y permita establecer criterios y prio- ridades como las competencias y responsabilidades, que a corto y a largo plazo aseguren este objetivo. El objetivo general de esta política apunta a que se articulen y complementen los esfuerzos que se llevan a cabo en paralelo por otras institu ciones del go- bierno, orientados al mejoramiento de la competiti- vidad del país; a la erradicación de la pobreza; a la subsistencia e integridad de los pueblos; al mejora- miento de la calidad de vida y al desarrollo sosteni- ble, tal como está contenido en los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Se han fijado como objetivos específicos para la Po- lítica Nacional de Biodiversidad, la elabora ción de una propuesta que contemple herramien tas de pro- Política Nacional de Biodiversidad 47 Vivero de especies. 15 Integración de la biodiversidad en la planificación nacional de forestación. Guía hacia mejores prácticas para la inte gración sectorial del programa de apoyo al planeamiento en biodiversidad, p 2. moción, divulgación y financiamiento de actividades empresariales, científicas, cultura les, etc., de manera que la implementación de la misma facilite la parti- cipación ciudadana activa mente como benefactor y no solo como actor de la conservación y de los be- neficios que se deriven de manera inmediata o a largo plazo para las próxi mas generaciones. Los lineamientos señalados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad y en el Plan de Acción Nacional sobre la Diversidad Biológica, así como los concu- rrentes con los objetivos del Convenio sobre la Diver- sidad Biológica, procuran una ma yor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones, vía proce- dimientos de doble vía, en cuanto al incremento de responsabilidades y competencias para cada uno de los sectores, que merecen estar involucrados. Se parte del derecho y de la obligación que tiene el Estado de velar por una explotación ra cional y sos- tenible de los recursos naturales, según políticas am- bientales consensuadas con todos los sectores de la sociedad panameña, y que a corto plazo permitan cristalizar resultados con proyec ciones y durabilidad a largo plazo. La Ley General de Ambiente (LGA) establece “los principios y normas básicas para la protección y recu- peración del ambiente, promoviendo el uso sostenible y racional de los recursos naturales. Además, ordena la gestión ambiental y la integra a los objetivos sociales y económicos, a efectos de lo grar el desarrollo humano sostenible en el país”16. En ese sentido, los mecanismos que se adopten para administrar los recursos deben también fa cilitar y deslindar las responsabilidades y compe tencias entre las autoridades provinciales y lo- cales, en cuanto hace a la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad y su interrelación con otros sectores gubernamentales, para evitar coli sionar con políticas sectoriales vigentes. Se hará necesario observar las conveniencias de las políticas de uso y distribución de tierras, las priori- dades y normativas existentes de urbanización del sector rural, las del uso de los suelos, las distintas le- gislaciones sobre promoción turística continental e insular, como los compromisos que se adquieran vía los Tratados de Libre Comercio que incidan en los objetivos de la Política Nacional de Biodiversi dad. No se pretende, sin embargo, evaluar lo actua do, más bien se aprovecharán aquellas experiencias in- novadoras como los proyectos de gestión empre - sarial de la biodiversidad, secuestro de carbono y similares que puedan favorecer la participación ac- tiva de la población en la implementación de la Po- lítica Nacional de Biodiversidad. Se hace necesario colocar a la Política Nacio nal de Biodiversidad dentro de un contexto parti cipativo intersectorial y evitar aislar los principios que go- biernan esta política. Resulta indispensa ble, inte- rrelacionar los preceptos y objetivos de las nuevas políticas ambientales, recientemente apro badas, para que se fortalezcan entre sí y conjunta mente con los principios que gobiernen la Política Nacio- nal de Biodiversidad y rescaten iniciativas de apoyo a las capacidades técnicas y administra tivas de la ANAM. 2.1. Primer Informe de la Riqueza y Estado de la Biodiversidad El “Primer Informe de la Riqueza y Estado de la Bio - diversidad”, año 2000, representó el primer paso hacia un diagnóstico actualizado sobre el estado y potencialidades del patrimonio biológico de Pa- namá. Se destacaron los nexos entre las carac - terísticas biof ísicas de la República, con aspectos concurrentes y primordiales de la biodiversidad. Se documentó información básica, tipos de hábi tat te- rrestres, especies y poblaciones de flora; su diversi- dad genética; especies agrícolas, maderables, promisorias, problemática de usos de suelo y la cla- sificación agrológica del suelo; centros de diversidad y endemismo de plantas; principales hábitat costero marinos y de agua dulce; fauna de invertebrados y vertebrados; medidas para la conservación in situ y ex situ; factores sociales, cul turales, políticos y eco- nómicos asociados al estado de la biodiversidad; amenazas a la biodiversidad y conceptos varios de desarrollo. Autoridad Nacional del Ambiente 48 16 Ley 41 de 1998, General de Ambiente, artículo 1. Las conclusiones del primer informe probaron con datos fehacientes que la riqueza y diversidad bioló- gica ubica a Panamá entre los primeros 25 países a nivel mundial. Prestigiosas publicaciones más re- cientemente, como es el “Catálogo de las plan tas vas- culares de Panamá”, elaborado por el equipo a cargo de la doctora Mireya Correa, estiman que la flora pa- nameña está constituida hasta el año 2004, por 10,444 especies; ubicándose la riqueza florística pa- nameña en segundo lugar en América Central des- pués de Costa Rica. Sumados sus 500 ríos; un clima tropical húmedo, su precipitación anual variable entre 1,500 y 3,000 mm; su vege tación natural; la multiplicidad de sus ecosistemas con un alto grado de endemismo y la abundante biodiversidad, hace casi forzosa la armonización de los planes de con- servación y aprovechamiento de la biodiversidad con los cambios de estructura socioeconómica que están ocurriendo en la socie dad panameña. Múltiples investigaciones, desde mediados del siglo pasado, han servido para corroborar estas afirma- ciones; y aún hoy, y a veces de manera aisla da, mu- chos otros científicos continúan encontrán dola excepcional y asombrosa, por lo que se podría asu- mir que las ventajas actuales y futuras de una buena administración de estos recursos sea central a la vi- sión de desarrollo que se quiera para el país. 2.2. La Estrategia Nacional de Biodiversidad La Estrategia Nacional de Biodiversidad fijó como objetivo general “un marco coherente de políticas na- cionales, sectoriales y regionales orien tadas a la pro- tección, conservación, recuperación, utilización, conocimiento y valoración de la bio diversidad con la finalidad de contribuir a elevar la calidad de vida de la población panameña”. Se adoptaron 12 objetivos estratégicos que principal mente fueron concebidos como mecanismos de impulso a una mayor conser- vación, preservación y rescate de la biodiversidad. Se reconocía la existencia de importantes va cíos para la conservación, como eran la falta de representati- vidad de algunos hábitat y zonas de vida en el Sis- tema Nacional de Áreas Protegidas; la falta de una estrategia para la conservación ex situ; de reproduc- ción en cautiverio; falta de capa citación científica y tecnológica; de información y educación en el uso de las biotecnologías; de nor mativas para la valora- ción económica de la diver sidad biológica; de parti- cipación ciudadana tanto de los sectores privados y empresariales, como de las comunidades locales e indígenas, etc. El objetivo general de la estrategia consolida ba la tendencia a insertar, como premisa de los programas nacionales de protección ambiental, la formulación de políticas sectoriales que reforzaran las acciones de conservación de la biodiversidad. Los componen- tes de esa Estrategia se establecie ron en función del alcance que cada componente ofreciera para impul- sar primordialmente acciones que desaceleraran la perdida de la biodiversidad, como meta principal de la Estrategia tanto al año 2005, como al 2010; meta dispuesta dentro del marco del Convenio sobre la Diversidad Biológi ca, mediante Decisión VII.28 de la COP-7. Se acordó establecer al año 2010 para las zonas te- rrestres y al año 2012 para las marinas, sistemas na- cionales y regionales completos, eficazmente manejados y ecológicamente representativos de áreas protegidas, que contribuyan al logro de los ob- jetivos del convenio y a las metas de la Cumbre de Política Nacional de Biodiversidad 49 Reforestación en Cenegón del Mangle. Johannesburgo, en cuanto a reducir el ritmo actual de pérdida de la diversidad. La Estrategia se concibió como un instrumento de acción para la protección de la biodiversidad, sin desmejorar la calidad de vida de los paname ños. La ausencia notoria de coordinación y flujo de informa- ción entre las instituciones relacionadas a la biodi- versidad y la falta de planes de manejo para las áreas protegidas, conflictos en materia de procedimientos jurídicos y administrativos, fueron reconocidos como escollos a la conservación de la biodiversidad. Los objetivos estratégicos, tal cual fueron conce - bidos, buscaban promover el cambio de tendencias de la producción tradicional y cultural, para que las nuevas modalidades se orientaran a “mejorar la pro- ducción agropecuaria integrando la conser vación de la biodiversidad al proceso en general”17 . Los com- ponentes como la planificación y gestión, investiga- ción científica y tecnológica, educación y difusión, cooperación técnica, participación equi tativa y de uso sostenible, se proponían para inten sificar la con- servación de la biodiversidad. Se acentúo la inclusión de criterios de impul so a la conservación, como variables claves a las políticas de desarrollo que se adoptaran. Es decir, si bien se reconocía el valor potencial de la biodi versidad, las premisas de la estrategia adoptada se fundaron en conservar hasta tanto el país estuvie ra en condicio- nes de administrar adecuadamente el uso sostenible de estos recursos. El mejor uso podría ser el no uso. Se reconocía la conveniencia de fortalecer la ca - pacidad nacional para crear conciencia ciudadana en cuanto a la importancia de la conservación. Si bien su objetivo central privilegiaba todo aquello que fue- ran controles administrativos, legales, jurí dicos que apuntaran a la conservación de la bio diversidad en su estado natural, la Estrategia no previó lo oneroso de este esfuerzo, ni para el Esta do ni tampoco para la sociedad en general. Prue ba de esto son los millo- nes de dólares que se han programado para tareas de conservación durante los últimos cinco años; sin embargo, el nivel de de sertificación y sequía ha se- guido aumentando18. Se enumeraron los lineamientos para una par - ticipación equitativa de beneficios que pudiera surgir del uso sostenible de la biodiversidad. Estos incluían la aplicación de normas estrictas que asentaban la preservación de la biodiversidad como meta y no la inversión en proyectos para el aprovechamiento de estos recursos. Ahí donde se animaba a mejorar la participa ción, esta era orientada a tareas de preservación del re- curso, como lo demuestra el objetivo 8 de la ENB: “Incorporación de las comunidades y orga nizaciones locales en la identificación de medios para el incre- mento de ingresos para la conserva ción in situ ba- sados en la conservación y uso soste nible de la biodiversidad”. Los posibles esquemas para la participación ciuda- dana en la im plementación de estos objetivos, se vie- ron reducidos, pues las mo tivaciones no daban resultados que mejora ran la calidad de vida la vez, para cumplir con el compro miso que tiene el país hacia la sostenibilidad de la diversidad biológica glo- bal. Se proponía la divulgación de la importancia y el valor de la biodiversidad como una contribución al proceso global, entre otros; la promoción del uso de tecnologías que contribuyeran a prevenir la con- taminación de aguas internacionales y redujeran el aporte de gases de efecto invernadero, etc. Estas obligaciones tampoco señalaban como repercuti ría este apoyo en beneficios para los panameños. La conservación de la diversidad biológica, la utili- zación sostenible de sus componentes y la idea de compartir beneficios, precisan de una oferta de in- centivos que estimulen esa participación con una distribución equitativa que realmente ayude a con- trarrestar la pobreza. Se precisa ubicar la inversión pública o privada en acciones específica de manejo de estos recursos; sea su identificación, protección, Autoridad Nacional del Ambiente 50 17 Estrategia Nacional de Biodiversidad. 18 CONULSED. recuperación o conservación, deben estar integra- das en función de los proyectos nacionales políti- cos, económicos, sociales, culturales y tradicionales que imperen en el país. La conservación de bosques y de sus recursos hídricos son propuestas que, si bien son ecológicamente in objetables, implican que a largo plazo no se esté enmarcando el desarrollo del país en base a com promisos internacionales, que terminarían por definir el modo de vida de los panameños. El renovado y creciente interés por los recursos bio- lógicos y genéticos panameños se comprueba por los distintos proyectos de bioprospección que institu- ciones de mucho prestigio internacional han pro- puesto realizar en Panamá. Este hecho per mite apreciar, tibiamente, el potencial comercial de esta biodiversidad. Concebir la conservación como una inversión o la asignación de valores por aproxima- ciones son esfuerzos incompletos. ¿Hasta dónde se logran balancear la sostenibilidad del recurso y la responsabilidad ambiental? Según la Visión Estratégica de Desarrollo Econó- mico y de Empleo hacia el 2009, 40 de cada 100 pa- nameños son pobres, 59 de cada 100 en las áreas rurales no indígenas y 95 de cada 100 en las áreas in- dígenas. Se reconoce igualmente el incremento del empleo informal, que pasó en los últimos cinco años de 39% a 44% del total de los ocupados; compromete aún más al gobierno nacional a proponer opciones de crecimiento econó mico y social dentro de un mo- delo de economía abierta y orientada hacia el mer- cado internacional. Esta apertura, sin lugar a dudas, crea una presión adicional sobre la utilización de los recursos naturales y, por ende, la urgencia hacia el ordena miento de su sostenibilidad y racionalidad en su aprovechamiento. Si bien los datos del Ministerio de Planificación y Política Económica, hoy Ministerio de Economía y Finanzas, mostraban desigualdades en la distribu- ción de la riqueza para la década del 80 y comienzos del 90, en el presente siglo los bolsones de pobreza han ido en aumento y concentrándo se principal- mente en las zonas rurales, especialmente las indí- genas. La readecuación de objetivos ambientales, dentro de parámetros económicos, enfrenta al país a una serie de alternativas que re quieren ser cuida- dosamente ponderadas. La fragilidad de los ecosistemas, la degradación de los suelos y la agudización de la indigencia den tro de un mundo globalizado, ha exacerbado la presión no solo sobre los recursos naturales, sino también so- bres las capacidades nacionales para dar respuesta adecuada a estos problemas, que si por un lado se hicieron notar en la elaboración de la Estrategia Na- cional de Biodiversidad, no han producido mayores cambios en la estructura so cioeconómica de esas po- blaciones. 2.3. El Plan de Acción Nacional para la Conservación la Diversidad Biológica El Plan de Acción Nacional para la Conservación la Diversidad Biológica fue el resultado del Proyecto GEF/1200-96-48 “Estrategia Nacional de Biodiversi- dad, Plan de Acción y Primer Informe sobre el Estado de la Diversidad Biológica de Panamá” que se realizó con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Fondo del Medio Am- biente Mundial, coordinado por la ANAM. El mismo se sustentó en los siguientes principios: Que la diversidad biológica constituye un patrimo- nio de la nación, por lo tanto su utilización, apro- vechamiento y manejo se hará dentro de los principios de la sostenibilidad. Que el mantenimiento y protección de la diver - sidad y representatividad de los ecosistemas, las es- pecies y sus variedades genéticas es asunto de seguridad nacional e interés público. Que la participación de la población, principal - mente de los grupos locales vecinos de las áreas protegidas, deberá hacerse efectiva desde el mo- mento mismo de la planificación, delimitación y administración de las áreas, siendo elemento clave para su efectiva conservación. Que las acciones para la conservación y uso sos - tenible de la diversidad biológica será una labor Política Nacional de Biodiversidad 51 conjunta entre el Estado, las comunidades locales y la sociedad civil en general. Que la diversidad biológica del país se conservará primordialmente in situ, a través del Sistema Na- cional de Áreas Protegidas. Que los beneficios que se deriven del uso sostenible de la diversidad biológica, deberán ser compartidos equitativamente entre todos los sectores de la so- ciedad, reconociéndose el aporte que realizan gru- pos locales y comunidades indígenas en su conservación. Que las áreas protegidas deben ser integradas al proceso de búsqueda del bienestar so- cial, eco nómico y ambiental, elementos indispen- sables para el desarrollo sostenible. Que los beneficios que se deriven del uso sostenible de la diversidad biológica, deberán ser compartidos equitativamente entre todos los sectores de la so- ciedad, reconociéndose el aporte que realizan gru- pos locales y comunidades indígenas en su conservación. Que las áreas protegidas deben ser integradas al proceso de búsqueda del bienestar so- cial, eco nómico y ambiental, elementos indispen- sables para el desarrollo sostenible. Que se deberán desarrollar medidas de con trol para evitar la introducción intencional o accidental de especies exóticas, especies gené ticamente mo- dificadas o sus productos, que pu diesen alterar el equilibro de los ecosistemas y atentar contra la di- versidad biológica del país. Se acordaron como objetivos del plan, incre mentar el conocimiento y la valoración de la bio diversidad, su conservación in situ y la promoción del uso sos- tenible en todas sus formas, con base en los princi- pios ya señalados. Se estipularon, igual mente, las tareas a ejecutarse en procura de “ga rantizar el ma- nejo y conservación de los recursos bióticos de Pa- namá…”. El Plan se conformó con siete programas principales y 23 subprogramas, siendo estos: Programa de conservación in situ: Este subpro- grama concentró la mayor parte de las responsabili- dades sobre las actividades de conser vación del plan. Se propusieron acciones de ca pacitación para los técnicos y autoridades de los gobiernos locales, la promoción de reservas en tie rras privadas, su finan- ciamiento, el desarrollo de los planes de manejo, los mecanismos de incen tivos para aquellos funciona- rios que laboran en áreas protegidas de dif ícil acceso y mecanismos de apoyo a organizaciones no guber- namentales que se adhirieran a estos esfuerzos. Este fue, quizás, el programa más importante que ha guiado muchas de las actividades que ANAM ha ini- ciado en los últimos cinco años. A partir de estas orientacio nes, se vincularon los otros subprogramas, que de alguna forma u otra, se han enrumbado tra- tando de incorporar mayores colaboradores públicos y privados a estos esfuerzos. Programa de conservación ex situ: Apuntó a la re- cuperación, conservación y me joramiento del ma- nejo de aquellas especies de particular importancia para Panamá. Tanto para las poblaciones de espe- cies amenazadas, como aquellas que tienen su valor por sus apor tes a las actividades productivas, se es- tipularon actividades que pudieran sostener su existencia a largo plazo. Programa de uso sostenible de la diversidad agrícola: Promueve la conservación de la diversi- dad agrícola como base de los recursos genéticos Autoridad Nacional del Ambiente 52 Protección a las especies en peligro. que garantizan la seguridad alimenta ria, a nivel local y nacional, y la conservación de los agroeco- sistemas. Programa de uso sostenible de la diversi dad bio- lógica forestal: Se visualizó como una fuente de re- cursos a ser explotada con cierto or den, y cuyos beneficios pudieran redituar a las co munidades que participaran de estos proyectos. Programa de uso sostenible de la fauna: El obje- tivo central se estableció en garantizar la con - servación de especies silvestres amenazadas, y de promover y desarrollar proyectos de aprovecha - miento y manejo sostenible de la fauna silvestre. Programa de calidad ambiental y moni toreo de la biodiversidad: Este programa, igual que el de conservación, conlleva objetivos críticos a la soste- nibilidad de los componentes de la biodiversidad; sin embargo, sus metas no se han logrado. El “mo- nitoreo permanente de la biodiversidad en áreas críticas” implica, como lo señala el plan, identificar criterios, priorizar áreas, elaborar planes y control de la biodiversidad que van más allá de las que se tengan para las áreas protegidas. La captación de la información para la formulación de una base de datos actualizada y activa en todo el país, implica la integración de estos objetivos y metas con todos los programas de la ANAM. Sabemos que si bien este mandato ha sido entendido en su totalidad, los resultados de este esfuerzo son apenas parciales. Se han logrado establecer parámetros para la formula - ción de indicadores económicos y se ha puesto en marcha un plan de recopilación de normas de cali- dad ambiental, que incluye aspectos de mane jo de sustancias contaminantes al ambiente. Aún faltaría contar con instrumentos que permitan medir el impacto sobre la biodiversidad, en par ticular, por la aprobación de megaproyectos de infraestructura como son aquellos vinculados a las cuencas hidro- gráficas y al Canal de Panamá. Programa de fortalecimiento institucio nal: Este programa, igualmente, requiere con tar con los re- cursos que permitan hacer viable no solo la impor- tancia de la conservación de la biodiversidad, sino de su aprovechamiento. Más que adecuar las ins- tancias de la administración pública a las tareas de conservación, se requiere insertar conceptos de desarrollo a largo plazo en los planes sectoriales, regionales y nacionales, sobre el aprovechamiento de la biodiversidad. 2.4. Uso sostenible de la diversidad agrícola A título de ejemplo, se ha seleccionado el “Programa de uso Sostenible de la Diversidad Agrícola” para exa- minar las propuestas que se aceptaron como viables hace cinco años y que pudieran servir de referencia a la elaboración de esta política. Los subprogramas de uso sostenible de la diversidad agrícola, de conserva- ción de re cursos genéticos agrícolas, de bioseguridad y con trol de organismos vivos, se estructuraron sobre la base de recuperación de la degradación o pérdida del valor productivo de las tierras agrícolas. Se ha par- tido de la noción de que los esfuerzos locales y prác- ticas tradicionales de cultivos no han lo grado sus fines; siendo estos la conservación de la diversidad agrícola y la conservación de los agro ecosistemas. Como objetivos del programa, se enumeran controles sobre el avance de la fron tera agropecuaria, sobre el acaparamiento ilícito de tierras, la conservación de la diversidad agrí cola y, finalmente, la generación de “tecnologías productivas amigables”. El énfasis de esta propuesta ha sido puesto so bre los controles necesarios que se requieren im plementar para evitar la continua degradación y pérdida de los recursos genéticos agrícolas, sin que se cambien las modalidades de uso y beneficios a las comunidades afectadas. La definición de marcos jurídicos para re- gular las actividades relacionadas a la bioseguridad, ha sido un elemento resaltado y sobre el cual a la fecha no se ha logrado avanzar, ni en su diagnóstico y menos aún en su regulación. La tendencia hacia la preferencia por estas tec - nologías y su vínculo con la sostenibilidad de la bio- diversidad requieren ser evaluadas desde todo punto de vista, dada la presión que existe por la importa- ción de productos transgénicos para con sumo hu- mano y animal. Política Nacional de Biodiversidad 53 Es importante, por lo tanto, que esas supuestas ven- tajas no confundan a los tomadores de decisio nes, ya que, por otro lado, se reconoce la falta de norma- tivas que puedan garantizar un adecuado manejo de estas decisiones. La falta de políticas actualizadas de desarrollo agrícola o rural puede hacer fracasar em- prendimientos importantes, ya que los objetivos del sector productivo pueden chocar con normativas muy estrictas o flexibles que perjudiquen prioridades de inversión y pro duzcan pérdidas importantes de tiempo y dinero para el Estado panameño. Se po- drían encontrar distintos razonamientos en cuanto a la falta de una relación concreta y práctica entre la conser vación, la sostenibilidad de la diversidad agrí- cola y los criterios económicos que atentan contra esos recursos, para un país que en vías de desarrollo, sigue estando sujeto a presiones nacionales e inter - nacionales en materia comercial y ambiental. La mayoría de los proyectos ejecutados por ANAM, entre los años 1991 al 2002, tuvieron como objetivo la conservación de la biodiversidad19. No obstante, no se incorporaron planes para que esta conserva- ción redituara en beneficios para la población que convive con estos recursos. Sabemos, también, que las amenazas a la biodiversidad se han incrementado notablemente20. Un programa integrado de protec- ción y conservación de la biodiversidad pudiera re- vertir esta tendencia. Para esto, el sector político debería estar anuente y comprender la contribución que hacen los ecosiste - mas a los esfuerzos para aliviar la pobreza21. Sin em- bargo, las soluciones inmediatas que se puedan viabilizar dentro del marco de una nueva Política Nacional de Biodiversidad, implica la ne cesidad de integrar la visión de un aprovechamien to selectivo, con sectores claves a la alimentación y agricultura, comercio, reducción de pobreza y generación de energía, que oriente a las autorida des públicas, pro- ductores y consumidores hacia la oportunidad de conocer el valor agregado que realiza la biodiversi- dad al desarrollo del país. De lo contrario, la intro- ducción de especies exóticas invasoras, la sobreex- plotación y descarga de desechos tóxicos y demás conductas irresponsables, continuarán destruyendo los principales recursos naturales del país. 3. Acuerdos y compromisos internacionales La Oficina de Asuntos Internacionales de la ANAM ha dado seguimiento a importantes acuer dos, con- venios y demás compromisos que ha asu mido el país en materia del manejo de sus recursos naturales. Pa- namá ha suscrito un gran número de convenios, car- tas de intención y acuerdos de co operación con países amigos, que han permitido la realización de tareas y actividades de conserva ción y conocimiento de la diversidad biológica. Eventos internacionales, que incluyen en sus agendas y programas actividades sobre el ordena miento y uso de los recursos biológicos, también adoptan resolucio- nes que comprometen aún más al país a cumplir con visiones y misiones que mu chas veces soslayan con otras prioridades locales. Se puede apreciar en los in- formes que emanan de talleres, seminarios y simposios en los que Panamá ha participado, que existe, en gran medida, una gran preocupación por contar con un aprovecha miento ordenado de estos recursos. En el año 2006, Panamá fue sede del II Congre so Mesoame- ricano de Áreas Protegidas, cuyos ob jetivos han sido los de contribuir al fortalecimiento de los sistemas na- cionales de áreas protegidas y de la conectividad en los ecosistemas de la región. Se propuso la identificación de iniciativas de desarrollo y de oportunidades para el cumpli miento de las metas y de los compromisos na - cionales, regionales y mundiales en materia de áreas protegidas, así como de otras iniciativas de desarrollo, propiciándose un espacio de diálogo, sensibilización e intercambio de experiencias, considerando las áreas protegidas como un ins trumento fundamental para el desarrollo sosteni ble de la región. Como resultado de estos debates sobre “áreas pro- tegidas contribuyendo a la erradicación de la po- breza”, el Consejo de Ministros de la Comisión Autoridad Nacional del Ambiente 54 19 Plan de acción de ANAM. 20 Evaluación de ecosistemas del milenio. 21 UNEP/CBD/COP/8. Centroamericana de Ambiente y Desarrollo remar - ca una nueva visión integradora de las áreas prote - gidas, estableciendo “una adecuada relación entre el bien común y el interés privado.” Es decir, la ges tión gubernamental se ha fortalecido, a través de este tipo de consensos, que se sostienen en acuerdos de coo- peración internacional, regional o bilateral. Hemos visto ampliarse la concepción de la conser vación hacia una búsqueda de formas más afines a los pla- nes de desarrollo económico y comercial. En gran medida, y gracias a acuerdos bilate rales, ANAM ha logrado afianzar los programas locales de investigación, conservación o recupera ción de ele- mentos de la biodiversidad. Entre estos esquemas de cooperación bilateral, se destacan los siguientes con- venios o acuerdos suscritos con los gobiernos de: Argentina: Convenio de cooperación científi ca y técnica. Alemania: Acuerdo sobre la continuación del pro- yecto “Desarrollo Sostenible del Parque Na cional Cerro Hoya y de su zona de vecindad”. Alemania: Acuerdo sobre el proyecto “Ges tión de los Recursos Naturales en la Región Ngäbe-Buglé, Provincia de Chiriquí”. Brasil: Acuerdo básico de cooperación cientí fica y técnica. Chile: Convenio básico de cooperación técni ca y científica. Colombia: Convenio de cooperación técnica y científica para fomentar y realizar programas de in- tercambio de especialistas científicos. Colombia: Acuerdo de voluntades firmado en la Reunión Técnica Binacional Colombo-Pana meña para la conservación y consolidación de la diversi- dad biológica y cultural del Darién. Costa Rica: Acuerdo de cooperación para la con- servación de las tortugas marinas en la costas cari- beñas de Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Ecuador: Convenio para la protección y recu - peración de bienes culturales, naturales y otros es- pecíficos, robados, importados o exportados ilícitamente. España: Convenio básico de cooperación científica y técnica para el intercambio de ex pertos y técnicos; organización de seminarios y programa de becas. España: Acuerdo de hermandad de áreas pro - tegidas para la gestión de protección del Parque Nacional Cerro Hoya y el Parque Natural de la Baixa Limiaserra Do Xures de Galicia. Estados Unidos de América: Carta de eje cución con la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo in- ternacional sobre el fondo de in centivo para el desa- rrollo de turismo sostenible. Japón: Minuta de discusión sobre la coopera ción para el proyecto de conservación de los re cursos naturales y desarrollo comunitario en el Parque Na- cional Chagres. México: Convenio básico de cooperación téc nica y científica para promover la cooperación a través de la formulación y ejecución de proyectos. 4. Marco jurídico 4.1. Normativa constitucional En el artículo 119 de nuestra Carta Magna, se esta- blece que “El Estado y todos los habitantes del terri- torio nacional tienen el deber de propiciar un desarrollo social y económico que prevenga la con- taminación del ambiente, mantenga el equilibrio ecológico y evite la destrucción de los ecosistemas. En ese mismo sentido, el artículo 120 resalta la fun- ción del Estado de reglamentar, fiscalizar y aplicar opor tunamente “las medidas necesarias para garan- tizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna terrestre, fluvial y marina, así como de los bos- ques, tierras y aguas, se lleven a cabo racionalmente, de manera que se evite su depredación y se asegure su preservación, renovación y permanencia”. 4.2. Normativa jurídica Ley 11 de 18 de junio de 1991, “Por la cual se aprueba el Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pa- cífico Sudeste”. Panamá, como signatario de este Política Nacional de Biodiversidad 55 protocolo, se com promete a adoptar medidas apro- piadas para proteger y preservar los ecosistemas frágiles, vulnerables o de valor natural único; la fauna y flora amenazadas por agotamiento y extin- ción; la administración de las zonas costeras, valo- ran do racionalmente el equilibrio que debe existir entre la conservación y el desarrollo; estableci - miento de áreas bajo protección con especial énfa- sis en parques, reservas, santuarios de fauna y fl ora, y otras categorías de áreas protegidas; y regular toda actividad que pueda causar efectos adversos sobre el ecosistema, fauna y flora. Ley 24 de 23 de noviembre de 1992, “Por la cual se establecen incentivos y reglamenta la actividad de reforestación en la República de Panamá”. La legis- lación nacional adoptada en 1992, pone un alto a la degradación e ini cia tareas de recuperación, esta- bleciendo una serie de incentivos para aquellos pro- yectos de reforestación según criterios muy específicos, que estimularon el financiamiento de proyectos a lo largo y ancho del territorio. La inversión forestal (con especies forestales) ya sea con fines comerciales, paisajísticos, am bientales, tu- rísticos, agroforestales, silvopastoril, energéticos o cualquier otro, como: lo relativo a los gastos desti- nados a la adquisición, alquiler o arrendamiento de terrenos, equipos, maquina rias, equipos rodantes, vehículos, herramientas agrícolas y forestales, vive- ros, plantaciones fores tales en pie, investigación, contratación y subcon tratación de firmas forestales para la ejecución del plan de desarrollo forestal, ase- rraderos, ca minos, puentes, obras civiles y edifica- ciones ne cesarias para el desarrollo de la reforestación, y todos los demás gastos corrientes, representando un importante hito hacia el restable- cimiento de los importantes ecosistemas afectados. La ANAM lleva a cabo, actualmente, una revisión de la Ley Forestal conjuntamente con el Plan Na- cional para los Recursos forestales. Ley 1 de 3 de febrero de 1994, “Por la cual se esta- blece la Legislación Forestal de la Repú blica de Pa- namá y se dictan otras disposiciones”. Esta Ley, en su artículo 3, numeral 13, establece la protección y regulación de “áreas dotadas de atributos excepcio- nales que tengan limitaciones y una condición que justifiquen su inaliena bilidad e indisponibilidad, con la finalidad de salvaguardar la flora, la fauna, vida marina, fluvial y el ambiente”. Se podría inter- pretar que el propósito de este punto sería la con- servación de la biodiversidad, ya que en ningún otro artículo de esta Ley así se señala. Ley 8 de 14 de junio de 1994, “Por la cual se pro- mueven las actividades turísticas de la Re pública de Panamá”, cuya implementación y responsabilidad de aplicación recae en el Insti tuto Panameño de Tu- rismo (IPAT). El Capítulo VII, específicamente sobre “Concesiones para la Explotación Turística”, ha servido como guía a las actividades de desarrollo insular, con base en los requisitos establecidos en su artículo 37, que establece que para otorgar una concesión, se exigirán requisitos como: • El presupuesto asignado a la obra, sus especi - ficaciones técnicas y el correspondiente pro grama de trabajo. • El pago de las indemnizaciones, en caso que sea necesario. • La modalidad de los servicios que se presta rán y sus beneficios para los usuarios. • La capacidad financiera del oferente y la pro - cedencia de sus recursos. • La experiencia del oferente en proyectos si milares. El ente responsable de otorgar la concesión ejercerá una inspección permanente, en todas las etapas de la concesión de la obra, para ase gurar que se cumpla con lo pactado. Sin embargo, no se estipulan crite- rios referentes a la conservación de la diversidad bio- lógica, de su uso o aprovechamiento en función de las nor mativas ambientales vigentes en el país. Ley 24 de 7 de junio de 1995, “Por la cual se esta- blece la legislación de Vida Silvestre en la República de Panamá y se dictan otras dis posiciones”. La misma declara la vida silvestre como parte del pa- trimonio natural de Panamá y declara de dominio público su protección, conservación, restauración, investigación, manejo y desarrollo de los recursos genéticos, así como especies raras y variedades de vida silvestre, para beneficio y salvaguarda de los Autoridad Nacional del Ambiente 56 ecosistemas naturales, incluyendo aquellas especies y variedades introducidas en el país y que en su proceso de adaptación hayan sufrido cambios ge- néticos en los diferentes ecosistemas. El artículo 10 crea el Fondo Nacional de Vida Silves- tre, que fomenta, da apoyo y asistencia al cumpli- miento de la precitada Ley. De igual ma nera, se determinan las conductas que generan responsabi- lidad administrativa por el daño cau sado a la vida sil- vestre. Esta norma se ha visto modificada con la promulgación de la Ley 39 de 24 de noviembre de 2005, que incorpora a la misma, la Ley de Caza. Ley 42 de 5 julio de 1996, “Mediante la cual se aprueba el Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres Especialmente Prote gidas del Convenio para la Protección y el Desa rrollo del Medio Marino de la Región del Gran Caribe”. Las obligaciones generales del proto colo, en su artículo 3, disponen la adopción de importantes medidas conducentes a la preser vación y conservación de las especies de flora y fauna amenazadas o en peli- gro de extinción. Se establece, además, la posibilidad de prohi bir las actividades que tengan efectos adversos sobre esas áreas y especies. El artículo 4 com promete a los Es- tados Partes del protocolo a la conservación y res- tauración de tipos representa tivos de ecosistemas costeros y marinos; hábitat y ecosistemas asociados críticos para la sobrevivencia y recuperación de las especies de flora y fauna endémicas, amenazadas o en peligro de extinción; áreas de especial valor bio- lógico, ecológico, científico, económico etc., que sean esenciales al funcionamiento de los ecosiste- mas del Gran Caribe. Este protocolo es una herramienta vital para la ges- tión de la conservación de los recursos marinos, costeros, ya que introduce conceptos fundamenta- les a la adopción de planes de manejo de áreas pro- tegidas marinas, para la explo tación de los fondos marinos y sus subsuelos. Ley 23 de 15 de julio de 1997, “Sobre Nor mas para la Protección de las Obtenciones Vegetales”, y el Decreto 13 de 19 de marzo de 1999, “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 23 de 15 de julio de 1997, con el fi n de facilitar los trámites y gestio- nes para la defensa y la protección de los derechos en cuanto a las normas para la Protección de las Obtenciones Vegetales”. Las disposiciones estable- cidas para la concesión de derechos del obtentor se basan en que la variedad que se desea proteger reúna características de novedad, homogeneidad, es tabilidad y sea distinta; habiendo recibido pre - viamente una denominación de conformidad al ar- tículo 265 de esta Ley. Es decir, las concesiones del derecho de obtentor dependen de las condi ciones antes mencionadas; sin embargo, el ori gen o refe- rencia genética están obviados, lo que hace muy di- f ícil establecer los derechos del Esta do, en cuanto a futuros reclamos por beneficios derivados de di- versidades biológicas utilizadas para la obtención de nuevas variedades. Ley 41 de 1 de julio de 1998, “Por la cual se dicta la Ley General de Ambiente de la Re pública de Panamá”. En su Título VI, “De los Recursos Na- turales”, estipula que todos los re cursos naturales son del dominio público, por lo que corresponde a la Autoridad Nacional del Ambiente velar por- que la sostenibilidad y racionalidad de su explota - ción se disponga con base a criterios estrictos en cuanto al manejo ambiental, pero flexibles como para que su aprovechamiento rinda fru tos a las presentes y futuras generaciones. Se establece en su Capítulo III, artículos 16 y 17, la conformación del Sistema Interinstitu cional del Ambiental, buscando la armoniza ción de políticas para evitar conflictos o vacíos de competencia y principalmente coherencia y eficiencia en los line- amientos de la Política Na cional del Ambiente. Se han reglamentando, a su vez, los artículos que con mayor urgen cia requieren contar con un ordena- miento en materia de aprovechamiento y benefi- cios, que ofrezcan a la población una interpretación cla ra y precisa sobre los objetivos del mismo. Del Título VI, “De los Recursos Naturales”, surge una normativa específica para proteger el patri monio forestal del Estado, los recursos hídricos, las áreas protegidas y la vida silvestre. Política Nacional de Biodiversidad 57 El artículo 66 de esta Ley crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está confor mado por todas las áreas legalmente estable cidas mediante leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipa- les, que por sus condiciones ecológicas y por su di- versidad biológica deban ser protegidas. En el Título VIII, se establecen los parámetros de los tipos de responsabilidades que acarrea la infrac- ción de la normativa ambiental, y se crea la estruc- tura que debe investigar y conocer de las mismas. En el año 2005, ANAM adoptó un núme ro de re- soluciones que establecen una serie de previsiones para facilitar el cumplimiento de las políticas am- bientales actualizadas. La confor mación de las Comisiones Consultivas; directri ces para el otor- gamiento de permisos de pesca en la isla de Coiba; medidas regulatorias para la protección, conser- vación, y el uso de los re cursos forestales, son al- gunas de las normas más recientes que orientan el funcionamiento de la cosa ambiental en el país. La Ley 2 de 7 de enero de 2006, “Por la que se regula las concesiones para la inversión turística y la enaje- nación de territorio insular para fines de su aprove- chamiento turístico y se dictan otras disposiciones”. Esta Ley establece el salvaguardar los derechos del Estado y de la sociedad sobre territorios insulares; no obstan te, no se han determinado criterios claros sobre la libre disponibilidad de los recursos naturales, en especial la biodiversidad y sus componentes, den- tro de estos esquemas comerciales. Las actividades de desarrollo urbano en las concesiones otorgadas por el Estado, no contemplan la conservación de estos recursos, ni el valor de la biodiversidad y/o su aprovechamiento. Es decir, se permite el uso del te- rritorio insular, sin una segregación de los derechos que el Estado conserva sobre su patrimonio natural. Por otro lado, el artículo 33 de la Ley 2, de termina que “queda prohibido la tala, el uso y la comercia- lización de los bosques de manglar, de sus produc- tos, partes y derivados; se excep túan los proyectos de desarrollo turístico, previa aprobación del estu- dio de impacto ambiental y cumplimiento de la le- gislación vigente”. Ley 6 de 1 de febrero de 2006, “Por el cual se regla- menta el ordenamiento territorial para el desarrollo urbano y se dictan otras disposi ciones”. El artículo 12, sobre los planes de ordenamiento territorial para el desarrollo urbano, posibilita la incorpora- ción de “instrumentos que permitan regular las di- námicas de transformación territorial, a fin de optimizar la utilización de los recursos naturales y humanos para el logro de las condiciones de vida digna para las poblaciones actuales y generaciones futuras. El municipio que cuente con una población de más de 25 habitantes podrá formular su plan de ordena miento territorial de acuerdo a la presente Ley”. Ley 44 de 27 de diciembre de 2006, “Por la cual se crea la ARAP, como entidad rectora del Estado para asegurar el cumplimiento y la aplicación de las leyes y reglamentos en materia de recursos acuáti- cos y de las políticas nacionales de pesca y acuicul- tura que adopte el Poder Ejecutivo”. En este sentido, canaliza las competencias que tanto el MIDA, como la AMP, tenían en esta área. Respecto al sec- tor agua, entre las funciones asignadas se encuentra la de: “Monitorear la calidad de las aguas en donde se desarrollen actividades pesqueras y acuícola, en coordinación con la Autoridad Nacional del Am- biente y los entes locales”. Ley 14 de 18 de mayo de 2007, “Que adop ta el Có- digo Penal de la República de Panamá”. En el Título XIII, “Delitos contra el Ambien te y el Ordena- miento Territorial”, se tipifican las conductas anti- jurídicas contra los recursos naturales y la vida silvestre, y se establecen las sanciones correspon- dientes. Esta normativa pe nal se promulgó con el objeto de llenar ciertas lagunas, existentes en la de- rogada Ley 5 de 28 de enero de 2005. Decreto Ejecutivo 89 de 8 de junio de 1993, “Por el cual se reglamenta la Ley 24 de 23 de noviembre de 1992”. Este Decreto definió los términos y aclaró lo referente al tipo de actividad relativo a la reforestación que se vería beneficiada por este mismo. En ningún artículo se señala lo atinente a la conservación ni preservación de los componen- tes de la adaptación, hayan sufrido cambios gené- Autoridad Nacional del Ambiente 58 ticos en los diferentes ecosistemas biodiversidad, ni los derechos del Estado sobre los mismos, en cuanto a los controles regulados en otros instru- mentos afines. Decreto Ejecutivo 7 de 17 de febrero de 1998, “Por el cual se reglamenta la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, por la cual se dictan dis posiciones sobre la Propiedad Industrial”. Los artículos 14 y 15 esta- blecen claramente que para los efectos de esta Ley “no se considerarán invenciones los descubri- mientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza, aun cuando anteriormente fuese desconocido; como asimismo se exceptúa de patentabilidad el material biológico tal cual como se encuentra en la naturaleza”. Esta Ley también reconoce al Tratado de Budapest de 1977 como el instrumento regulador de los depó- sitos de material biológicos y/o de microorganis- mos para los fines del pro cedimiento en materia de patentes, cuando la invención a que se refiera un producto o procedimiento suponga uso de estos organismos. Decreto Ejecutivo 2 de 17 de enero de 2003, “Por el cual se aprueban los principios y lineamientos bá- sicos de la Política Forestal de Panamá”. Los princi- pios, criterios e indicadores para el aprovecha- miento forestal sostenible tienen, entre otros, los objetivos de proporcionar una guía para la intro- ducción de prácticas del aprovechamiento forestal, que facilitan un ma nejo socioeconómico y biológi- camente sostenible. La conservación de la biodi- versidad y sus valores asociados, se encuentra entre los nueve criterios seleccionados. El “Informe sobre el Manejo Sostenible y Protec- ción del Bosque Natural” prevé que, a la tasa de de- forestación actual, todos los bosques naturales restantes en el territorio nacional des aparecerían en los próximos 50 a 60 años. Dos acciones son vis- tas como urgentes: la coordina ción de una legisla- ción forestal y agrícola, y la provisión de fuentes alternas de ingreso para las poblaciones de zonas rurales. Decreto Ejecutivo 209 de 5 de septiem bre de 2006, “Por el cual se reglamenta el Capítulo II del Título IV de la Ley 41 de 1 de julio de 1998”. El mismo re- gula el proceso de evaluación de impacto ambien- tal, y establece criterios en caso que se perjudique la flora y fauna, con especial atención a la afecta- ción de la diversidad biológica. Decreto Ejecutivo 257 de 17 de octubre de 2006, “Que reglamenta el artículo 71 de la Ley 41 de 1 de julio de 1998, General de Ambiente”. Esta norma- tiva regula el acceso a los recursos genéticos y bio- lógicos cuyo origen o procedencia sea la República de Panamá, y crea la Unidad de Acceso al Recurso Genético (UNARGEN), adscrita a la Dirección Na- cio nal de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de la ANAM, responsable de recibir y tramitar todas las solicitudes de acceso a los recursos genéticos y bio- lógicos del país. Resolución 012-87 de 1 de abril de 1987, “Por medio de la cual se reglamenta toda cons trucción y levan- tamiento de obras f ísicas dentro de los Parques Na- cionales y reservas equiva lentes y se dictan otras disposiciones”. Esta resolución dio inicio a una serie de medidas preventivas y de protección de las áreas protegi das de impactos adversos a los recursos bio- lógi cos y otros bajo regímenes de protección. Resolución AG-0208-2007 de 19 de abril de 2007, “Por la cual se establece la Unidad de Acceso al Re- curso Genético”. La Resolución establece a esta Política Nacional de Biodiversidad 59 Los garantes de la conservación del SINAP. Fo to Jo sé A . P alm a. Unidad como la encargada de normar, regular y controlar el acceso y uso de los recursos genéticos en general. Resolución AG-0051-2008 de 22 de enero de 2008, “Por la cual se reglamenta lo relativo a las especies de fauna y flora amenazadas y en peligro de extin- ción y se dictan otras disposicio nes”. Dicha Resolu- ción crea un listado de espe cies amenazadas de flora y fauna silvestre en la República de Panamá, que requieren medidas específicas de protección en el marco territorial de Panamá. 4.3. Normativa para la solución de conflictos Artículo 27 de la CDB, “Que establece los procedi- mientos para la solución de conflictos disponibles para las partes contratantes del Con venio, ya sea a través de la vía de la negociación o la mediación de una tercera parte”. Ante el fracaso de ambos meca- nismos, el Convenio per mite que los Estados Partes declaren, por medio de una comunicación escrita, la presentación de la controversia ante la Corte In- ternacional de Justicia o seguir la vía del arbitraje, tal como se establece en el Anexo II del Convenio. Decreto Ejecutivo 43 de 7 de julio de 2004, “Que reglamenta la Ley 24 de 7 de junio de 1995 de Vida Silvestre y dicta otras disposicio nes”. Según se in- dica en el Reglamento, el Título V atiende a las tasas retributivas y compensa torias que en con- cepto de servicios, permisos, concesiones y apro- vechamiento de los recursos de vida silvestre, recibe la ANAM. Estos actos son, a la vez, respal- dados por procedimientos administrativos que se dictan en el Titulo VI, “De las Contravenciones Ad- ministrativas”. Se consideran faltas administrativas la captura, utili- zación, recolección, transporte y comercio de especies silvestres, productos y subproductos, partes y deriva- dos, sin autorización de la autori dad competente. Los artículos 124 y 125 dan la opción de asumirse la re- paración inmediata del daño, o si se ha colaborado en la investigación o litigación del daño, la sanción puede eliminarse o rebajarse hasta la mitad. 4.4. El Convenio sobre la Diversidad Biológica El Convenio sobre la Diversidad Biológica, que bajo los auspicios del Programa de las Nacio nes Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA) fue adoptado el 5 de junio de 1992, entró en vigor el 29 de diciembre de 1993. La República de Panamá lo ratificó me- diante Ley 2 de 12 de enero de 1995, tra yendo con- sigo un número importante de compro misos internacionales vinculados a los objetivos del Con- venio, que deben ser cumplidos por Panamá. El CDB y sus 188 partes tienen la obligación de im- pulsar la conservación de la diversidad bio lógica, el uso sostenible de sus componentes, y una justa y equi- tativa participación en los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Según el CDB, “la extinción de las especies es un fenómeno natural del proceso evolutivo. No obstante, debido a las actividades del hombre, la amenaza que se cierne sobre las especies y los ecosistemas es hoy mayor que nunca”. En noviembre de 1995, en Yakarta, Indonesia, los re- presentantes de los Países Partes del CDB, adoptaron una decisión sobre acciones globales Para la conservación y uso sostenible de la diver sidad biológica marina y costera. Las Partes tam bién esta- blecieron la elaboración de un Protocolo sobre Se- guridad en la Biotecnología, centrado especialmente en los movimientos transfronterizos de los organis- mos vivos modificados (OVM) que puedan generar efectos adversos en la diversidad biológica, que es- tableciera procedimientos ade cuados para un acuerdo fundamentado previo y un Grupo de Tra- bajo Especial, de composición abierta, sobre Seguri- dad de la Biotecnología (GTSB) para que se elaborara un Protocolo so bre Seguridad en la Bio- tecnología. En su terce ra reunión, las Partes del CDB, en Buenos Aires, Argentina, se adoptaron el Programa de Trabajo sobre Diversidad Biológica Agrícola y Forestal. En su cuarta reunión en Bratislava, Eslovaquia, se es- tableció un panel de expertos sobre acceso y partici- pación en los beneficios, adoptándose un programa Autoridad Nacional del Ambiente 60 de trabajo sobre la diversidad biológica marina y cos- tera, así como decisiones sobre: aguas interiores, di- versidad biológica marina y costera, el artículo 8 (j) y cooperación con otros convenios. En su quinta reunión, en Nairobi, Kenya, se adoptó un programa de trabajo sobre tierras ári das y sub- húmedas, el enfoque hacia el ecosistema, utilización sostenible, diversidad biológica y turis mo, especies exóticas invasoras, medidas de incen tivo, y la inicia- tiva taxonómica mundial. Durante su sexta reunión, en La Haya, Países Bajos, los Países Partes del CDB adoptaron el Plan Estraté- gico de la Convención, incluyendo la meta de reducir significativamente la tasa de pérdida de la diversidad biológica para el año 2010; así como un Programa sobre Diversidad Biológica Forestal, las Directrices de Bonn sobre acceso y participa ción en los benefi- cios, los principios rectores sobre especies exóticas invasoras, y las decisiones sobre la Estrategia Global para la Conservación de Plantas. En su séptima reunión, en Kuala Lumpur, Ma lasia, se adoptaron los programas de trabajo sobre diver- sidad biológica de las montañas, áreas prote gidas y transferencia de tecnologías y cooperación; igual- mente, se ordenó al Grupo de Trabajo sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación en los Be- neficios (APB), que inicie las negociaciones sobre un régimen internacional de APB. El CDB también adoptó una decisión para examinar la im - plementación del Convenio, su plan estratégico y los avances respecto del logro de la meta 2010; las di- rectrices de Akwe-Kon sobre evaluación de impacto cultural, ambiental y social; los principios y directri - ces de Addis Ababa para la utilización sostenible; y decisiones sobre comunicación, educación pública, incentivos, aguas in ternas, y diversidad biológica y marina. La cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre el Ar- tículo 8 (j), en Granada, España, en enero de 2006, estableció un proceso destinado a adoptar, por medio de la COP-9, un código de conduc ta ético para el respeto del patrimonio cultural e intelectual de las comunidades indígenas y au tóctonas, y a crear mecanismos voluntarios de financiamiento para que los representantes indí genas puedan participar del proceso del CDB. La reunión también trató la participación in dígena en los Grupos de Trabajo sobre Acceso y Participa- ción en los Beneficios (APB) y adoptó recomenda- ciones sobre: impactos socioeconómi cos potenciales de las tecnologías de restricción del uso genético; in- dicadores del progreso hacia la meta 2010, vinculada al Artículo 8 (j); elemen tos para sistemas sui generis de protección del conocimiento tradicional; reco- mendaciones al Foro Permanente de Cuestiones In- dígenas; y un informe integrado sobre tendencias y estatus del conocimiento tradicional. Durante el mes de marzo de 2006, en Curi tiba, Bra- sil, los Estados Miembros concentraron sus debates en analizar la Segunda Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica, prepa rada por el Centro Mun- dial para el Monitoreo de la Conservación del Pro- grama de las Nacio nes Unidas para el Medio Ambiente. Entre los objetivos previstos para esta tarea, está evaluar la contribución del Convenio a los Objetivos de Desarrollo del Milenio y, a la vez, orien- tar a los Estados Miembros en la integración de estas metas a los planes nacionales de desarrollo. La Re- pública de Panamá se ha adherido a 21 con venios in- ternacionales y 10 convenios regionales, cuyos objetivos vinculan la protección ambiental a medi- das de conservación de los recursos bioló gicos y ge- néticos. 4.5. Otros convenios Convención sobre el Comercio Interna cional de Especies Amenazadas de Fau na y Flora Silvestre (CITES) La Convención sobre el Comercio Internacio nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) se aprobó mediante la Ley 14 de 28 de oc- tubre de 1977, que prohíbe el comer cio internacional de especies de la fauna y flora que se encuentren en peligro de extinción, y re glamenta el comercio de es- pecímenes incluidas en los Apéndices I, II y III (pá- rrafo 7 de la Resolución AG-0051-2008). De igual Política Nacional de Biodiversidad 61 manera, el Decreto Eje cutivo 43 de 7 de julio de 2004, reglamenta la nor mativa especial para el co- mercio internacional en su Capítulo II del Título III, “Del Comercio In ternacional”, asignando a la Dirección Nacional de Patrimonio Natural (ac- tualmente Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre22) como respon sable de la aplicación de las convenciones inter nacionales sobre vida sil- vestre en la República de Panamá, y estableciendo los requisitos de expor tación, importación, reex- portación e introducción procedente del mar de los especímenes incluidos en los apéndices de CITES. La Convención sobre la Conservación de Es pecies Migratorias de Animales Silvestres, la Con vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli- mático, el Protocolo de Kioto sobre el Cambio Cli- mático, la Convención de las Nacio nes Unidas de Lucha contra la Desertificación en los Países Afec- tados por Sequía Grave o Deserti ficación; el Conve- nio sobre la Conservación de la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres Prio ritarias en Amé- rica Central; el Convenio Regional para el Manejo y Conservación de los Ecosistemas Naturales, Fores- tales y el Desarrollo de Plantacio nes Forestales, han sido incluidos a nuestra legisla ción, no obstante, aún resta el deber del Estado de instrumentar dichos compromisos internacionales. Protocolo Relativo a las Áreas y a la Flora y Fauna Silvestres Especialmente Prote gidas del Convenio para la Protección y el Desarrollo del Medio Ma- rino de la Re gión del Gran Caribe Adoptado mediante Ley 42 de 5 julio de 1996. Las obligaciones generales del Protocolo, en su artículo 3, disponen la adopción de importantes medidas conducentes a la preservación y conservación de las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro de extinción. Se establece, además, la posibilidad de prohibir las actividades que tengan efectos adversos sobre las áreas y especies especialmente protegidas me diante el Convenio. El artículo 4 compromete a los Esta- dos Partes del Protocolo a la conservación y restau- ración de tipos representativos de ecosis temas costeros y marinos; hábitats y ecosistemas asocia- dos críticos para la sobrevivencia y recupe ración de las especies de flora y fauna endémicas, amenaza- das o en peligro de extinción; áreas de es pecial valor biológico, ecológico, científico, o eco nómico, que sean esenciales al funcionamiento de los eco- sistemas del Gran Caribe. Este Protocolo es una herramienta vital a la gestión de la conservación de los recursos marino-costeros, ya que introduce conceptos fundamenta les a la adopción de planes de manejo de áreas protegidas marinas, para la explotación de los fon dos marinos y sus subsuelos. Convenio para la Conservación de la Bio diversidad y Protección de Áreas Silves tres Prioritarias para América Central A través de la Ley 9 de 12 de abril de 1995, se aprobó el precitado convenio a nivel regional, cuyo objetivo principal es conservar al máximo la diversidad bio- lógica, terrestre y marino-costera de la región cen- troamericana, para el beneficio de las presentes y futuras generaciones. Autoridad Nacional del Ambiente 62 22 Decreto Ejecutivo 163 de 22 de agosto de 2006, “Por me dio del cual se esta- blece la nueva estructura organizacional y funciones adoptadas por la Autoridad Nacional del Ambi ente (ANAM)”. Gaceta Oficial 25,626 de 7 de septiembre de 2006. Panthera onca. Convención sobre Especies Migratorias de Anima- les Silvestres Esta Convención fue aprobada mediante Ley 5 de 3 de enero de 1989, y la misma reconoce que la fauna silvestre, en sus numerosas formas, cons tituye un elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra, que tiene que ser conserva do para el bien de la humanidad. 5. Marco institucional La Estrategia de Conservación para el Desarro llo Sostenible establece, en su último Lineamiento de Política de la Autoridad Nacional del Ambiente (2004-2009), revisar, proteger, recuperar, restau rar y mejorar los ecosistemas para contribuir a la creación de empleos, el bienestar de la población y al desarro- llo sostenible. En el noveno objetivo, “Conservación y uso sosteni- ble de las áreas protegidas y la vida silves tre/Plano ambiental”, señala las siguientes líneas de acción: Fortalecer las capacidades técnicas y adminis - trativas para la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y otros territorios: • Identificar y priorizar los ecosistemas, especies y los recursos genéticos con mayor necesidad de medidas de conservación y las actividades humanas que los colocan en riesgo en el terri torio nacional. • Establecer un programa para el saneamiento de los límites (demarcación, señalización, ca tastro, entre otros), en áreas protegidas. • Consolidar el Programa de Monitoreo de la Efec- tividad del Manejo de las Áreas Protegidas. Ejecutar el programa de seguimiento técnico y ac- tualización de los instrumentos de planifica ción y gestión de las áreas protegidas (planes de manejo, planes anuales operativos, concesiones de adminis- tración y servicios, planes de nego cios, planes de sitio y categorías de manejo). Impulsar la creación de nuevas áreas protegidas te- rrestres y marinas costeras que incorporen ecosis- temas representativos: • Revisar y mejorar los procedimientos para decla- rar y clasificar las áreas protegidas. • Fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales para la creación de áreas protegidas. • Fomentar la creación de áreas protegidas en te- rrenos privados. • Elaborar y ejecutar un programa de custodia y ad- ministración de los polígonos de tiro. • Desarrollar un programa que apoye y arti cule los es- fuerzos planteados en corredores biológicos terres- tres y marinos costeras que garanticen la conectividad y minimicen la fragmentación de los ecosistemas. Fortalecer las capacidades nacionales para la apli- cación de las mejores prácticas de manejo y uso sostenible de la biodiversidad: • Actualizar la lista de especies amenazadas, clasifi- cándolas de acuerdo a su vulnerabilidad. • Llevar a cabo estudios científicos que faciliten la identificación de las especies con potencial cine - gético y su patrón de distribución geográfica. • Establecer mecanismos de cooperación con la Au- toridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) y otros actores claves para el manejo y conservación de los recursos marino costeros. • Desarrollar programas de conservación de espe- cies emblemáticas y/o simbólicas. • Establecer y operativizar la Unidad de Acceso al Recurso Genético (UNARGEN). • Desarrollar un Sistema Nacional de Monito reo de la Diversidad Biológica en áreas prote gidas. Aplicación de mecanismos para la sostenibilidad financiera: • Crear una estrategia financiera de largo plazo, que diversifique las fuentes de financiamiento e incre- mente los recursos económicos del Sis tema Na- cional de Áreas Protegidas (SINAP). • Poner en marcha la operación y efectividad de los fondos de canje de deuda por naturaleza (Chagres y Darién). 5.1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas En la América Latina y el Caribe, existen 4,437 áreas protegidas terrestres y marinas23, que cubren 350 mi- llones de hectáreas, y de las cuales 65 están en Pa- Política Nacional de Biodiversidad 63 23 Geo year book, 2006. namá. Solo en Mesoamérica, durante los úl timos 30 años, se declararon 597 áreas protegidas con el ob- jetivo de frenar la deforestación. La gran mayoría de ellas, solo existen en su instrumento de creación, sin que lleguen a ser implementados sus regímenes de manejo adecuadamente. En Pa namá, 19 áreas pro- tegidas cuentan con planes de manejo; sin embargo, no cuentan con los recursos financieros que los hagan viables. El Instituto de Recursos Naturales Renovables (IN- RENARE) (hoy Autoridad Nacional del Am biente) creó el Sistema Nacional de Áreas Protegi das (SINAP), mediante la Resolución JD-022 de 2 de septiembre de 1992; posteriormente, mediante la Ley 41 de 1 de julio de 1998, la creación del Sistema Nacional del Áreas Protegidas se eleva a categoría de Ley de la Nación. La Resolución JD-022 de 2 de septiembre de 1992 estableció las categorías de manejo que actualmente conforman el SINAP. Un área pro tegida es un área delimitada en función de sus ca racterísticas ecoló- gicas y ambientales para fines de conservación de “organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y mari- nos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman par te; comprende, la diversidad dentro de cada espe cie, entre las especies y de los ecosistemas.” El Sistema de Áreas Protegidas está confor mado por 65 áreas protegidas, que abarcan un área de 2, 600,018.050 hectáreas y representan el 34.43% del te- rritorio nacional; del cual, el 60% de la superficie es boscosa, ya que el resto son áreas marinas o alteradas. Si bien se cuenta con 16 planes de manejo aprobados, de acuerdo a las 17 categorías establecidas en la Re- pública de Pa namá, la falta de recursos financieros ha dificultado el desarrollo de actividades en las otras áreas protegidas, donde los bolsones de pobreza están demandando respuestas urgentes o alternativas ren- tables a las comunidades aledañas. Las áreas protegi- das con planes de manejo aprobados al año 2006 son: Área Recreativa. Lago Gatún. Bosque Protector y Paisaje Protegido San Lorenzo. Humedal de Importancia Internacional San San Pond-Sak. Monumento Natural Cerro Gaital. Paisaje Protegido Isla Galeta. Parque Nacional Altos de Campana. Parque Nacional Camino de Cruces. Parque Nacional Cerro Hoya. Parque Nacional Chagres. Parque Nacional Darién. Parque Nacional General de División Omar Torri- jos H. Parque Nacional Marino Isla Bastimento. Parque Nacional Soberanía. Parque Nacional Volcán Barú. Parque Internacional La Amistad. Estos planes de manejo tienen una duración de cinco años, y su principal propósito es el de orientar la im- plementación de proyectos de investigación, moni- toreo y recuperación de hábitat perturbados. Una descripción de las características f ísicas, biológicas, ecológicas, estado de conservación y manejo de la Autoridad Nacional del Ambiente 64 biodiversidad, características socioeconómicas, as- pectos legales, institucionales y planes de desarrollo, son algunos de los conceptos incorporados a los pla- nes de manejo. Actualmente, se dispone de una nor- mativa básica para atender de manera somera algunas de las áreas protegidas. En parte, debido a la falta de recursos financieros y técnicos, no se ha po- dido lograr poner en marcha un programa exhaus- tivo e integrado en todas las áreas protegidas. Resolución de Junta Directa 09-94 de 28 de junio de 1994, “Por la cual se continúa la reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. El artí- culo 2 establece las categorías de manejo, y se re- conocen como tales: reservas científicas, parques nacionales, monumentos naturales, refugios silves- tres, áreas de uso múltiple, paisajes protegidos, áreas naturales recreativas, reservas forestales, re- servas hidrológicas, parques nacionales marinos, zonas de amortiguamiento, sitios de patrimonio mundial, reservas de la biosfera;, humedales inter- nacionales, co rredores biológicos, y áreas silvestres protegidas dentro de las comarcas indígenas. Decreto Ejecutivo 43 de 7 de julio de 2004, “Que reglamenta la Ley 24 de 7 de junio de 1995 y dicta otras disposiciones”. Este Decreto se complementa con el Manual de Procedimientos, aprobado por la ANAM mediante Resolución AG-0138-2004 de 6 de mayo de 2004, que presenta los requisitos y pro- cedimientos para acciones sobre vida silvestre, así como las sanciones que acarrea el incumplimiento de la presente normativa. En el Título VI, “De las Contravenciones Administrativas”, se consideran faltas administrativas: la captura, utilización, reco- lección, transporte y comercio de especies silves- tres, productos y subproductos, partes y derivados, sin autorización de la autoridad competente. Reglamento de la Ley 24 de 1995. El marco cientí- fico conceptual de este reglamento se basa en los principios de la Estrategia Nacional de la Biodiver- sidad y en el Plan de Acción Nacional sobre la Di- versidad Biológica. La gestión ambiental debe llevarse a cabo, en todo momento, con criterios científicos y sociológicos concertados con la socie- dad civil, conservando la biodiversidad y las áreas protegidas. La conservación de la vida silvestre en todas sus formas, in situ y ex situ, son los paráme- tros principales en cuanto a gestión y manejo de los recursos. Por otra parte, se ve la posibilidad de la participación de particulares en la gestión ambien- tal, como la conciliación de aspectos de autonomía de las comarcas indígenas y este Reglamento. A pesar del número de normativas y legislaciones nacionales que han amparado la conservación de la biodiversidad, aún no se cuenta con un plan de financiamiento propio, que responda por los costos para su instrumentación. La participación de orga- nizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro, en esta tarea, no se ha dejado esperar, como lo de- muestra el número de proyectos que en materia de conservación se han implementado La Red Nacional para la Cooperación en la Educa- ción Ambiental, compuesta por casi 160 organiza- ciones no gubernamentales, 21 empresas y 20 universidades, demuestra la participación de la so- ciedad civil en estas faenas24. Entre los distintos pro- gramas que se han ocupado de financiar, investigar y preparar propuestas para la conservación de la bio- diversidad y su sostenibilidad, se encuentran un gran número de organismos académicos no gubernamen- tales y privados convencidos de las ventajas que tiene la conservación como aporte al medio am- biente nacional y global. La asociación panameña Red de Reservas Naturales Privadas ha logrado conformar una propuesta im- portante de conservación, indistintamente de la falta de incentivos o medios para lograr mayores resulta- dos, en particular en lo vin culación a los moradores de estas áreas. Cabe señalar que la Ley 41, General de Ambiente, en el artículo 68, prevé la creación de áreas protegidas en terrenos privados. A la fecha, existen dos reservas privadas reconocidas oficialmente: Reserva Privada Patiño (1993) y la Reserva Privada Río Caimito (1998). Política Nacional de Biodiversidad 65 24 Dirección de Fomento de la Cultura Ambiental. El II Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, celebrado en Panamá durante la última semana de abril de 2006, evaluó las consecuencias que tiene para la biodiversidad y sus componentes un aparente interés global por la protección de recursos biológi- cos, sin prever la interacción que estos deben tener con las poblaciones locales. Es decir, que merece ser selectivo en cuanto a la adecuada explotación de nuestros recursos cuando la mira está puesta en po- sicionar a Panamá en mercados internacionales. Si consideramos a la biodiversidad como el recurso natural más importante que tiene el istmo panameño, tendríamos entonces que iniciar por privilegiar me- didas de Estado que avalaran el buen uso de esos re- cursos, de manera selectiva y prioritaria al desarrollo del país. No conservamos por conservar, sino conser- vamos con objetivos y metas concretas que resulten en beneficio para la población panameña. Entre los siete principios que guían el Proyecto Ley “Por el cual se regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, de Panamá y se dictan otras disposicio- nes”, se encuentra, en segundo lugar, el principio de erradicación de la pobreza. El mismo establece que: “El aprovechamiento sostenible de los ecosistemas con tenidos dentro y fuera de las áreas protegidas de la República, debe orientarse principalmente al ob- jeti vo mundial de erradicación de la para la conser- vación, manejo y desarrollo sostenible de las áreas protegidas en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones”, se encuentra, en segundo lugar, el principio de erradicación de la pobreza. El mismo establece que: “El aprovechamiento sostenible de los ecosistemas contenidos dentro y fuera de las áreas protegidas de la República debe orientarse principal- mente al objetivo mundial de erradicación de la po- breza en todas sus manifestaciones Este proyecto, todavía en discusión, tiene entre sus objetivos principales “integrar la conservación y el uso sostenible de las áreas protegidas con el desarro- llo de políticas socioculturales, socioeconómicas y ambientales.” Se vincula, directamente, las solucio- nes de problemas de índole económicos o sociales a los aportes que a la sociedad panameña hace la bio- diversidad, recurso central, objeto de protección a través de las áreas protegidas. Indistintamente de la normativa nacional o acuerdos y tratados interna- cionales, el objeto de discusión es la diversidad de la especie la “panameniense” cuyas bondades o apro- vechamiento ecológico, ambiental o socioeconó- mico está en discusión; sea para la actualidad o en el futuro, por parte de nacionales o de extranjeros. 5.2. Corredores biológicos En el año 1992, los Presidentes de Centroamérica fir- maron en Managua, Nicaragua, el Convenio para la Conservación de la Biodiversidad y la Protección de las Áreas Silvestres Prioritarias en América Central, sobre el cual se conforma el Consejo Centroameri- cano de Áreas Protegidas, para coordinar el esfuerzo de crear un Corredor Biológico Mesoamericano. En 1997, se actualiza la información para la intercone- xión del SICAP, el Sistema Centroamericano de Áreas Protegidas que propugna el ordenamiento de zonas aledañas ambientales, y promueve la inversión en la conservación y uso sostenible de los recursos naturales. En 1998, la República de Panamá asume el compro- miso de promover la conservación de la riqueza eco- lógica y valores de la biodiversidad, a través del Proyecto Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño. Este proyecto pro mueve la conservación, aprovechamiento y manejo de la di- versidad biológica de Panamá, tomando en cuenta la necesidad de incentivar y facilitar el desarrollo sos- tenible y una mejora en la calidad de vida de las co- munidades rurales del país, donde el 34.43% del territorio nacional forma parte del Sis tema Nacional de Áreas Protegidas. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), desde noviembre de 1998, lleva a cabo la coordina- ción del CBMAP, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), con fondos que provienen de una donación del GEF y administrados por el Banco Mundial, además de aportes del gobierno nacional. Según datos del proyecto, obtenidos vía una en- cuesta realizada en 1991, el 42% de las familias en- cuestadas eran pobres y, de estas, un 23% se encon- traba en extrema pobreza. Autoridad Nacional del Ambiente 66 Dentro de los planes nacionales de desarrollo para el alivio de la pobreza rural y el manejo adecuado de los recursos naturales, el gobierno nacional presentó, al Banco Mundial, el Proyecto de Pobreza Rural y Re- cursos Naturales (PPRRN), en conjunto con el Mi- nisterio de Desarrollo Agropecuario. Su objetivo fue aplicar, sobre una base piloto, metodologías para ca- nalizar recursos fi nancieros que les permitieran a las comunidades locales reducir la pobreza, el deterioro de los recursos naturales, la migración y la recupe- ración de áreas protegidas. El Proyecto PPRRN desarrolló tres componentes: Componente A: Desarrollo Rural Sostenible, por un monto de B/.17, 750,000.00; ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Componente B: Conservación de la Diversidad Biológica, por B/.2, 450,000.00; ejecutado por la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM). Componente C: Coordinación del Proyecto, por B/.2,800,000.00; ejecutado por el MIDA. Los resultados de la primera etapa del proyecto, en cuanto al Componente B, lograron, entre otros, un avance en el fortalecimiento y la modernización del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), la reducción de la presión sobre las áreas protegidas y un mayor interés en el desarrollo de ecoturismo. Sin embargo, la etapa correspondiente al Compo- nente A, sobre alivio a la pobreza, no logró sus obje- tivos, debido principalmente a sus fragilidades institucionales y sus propósitos; vistos estos como metas fáciles de lograr dentro de un territorio de di - f ícil acceso, con una población seriamente afectada por problemas de indigencia en toda su concepción. El proyecto “Valoración de la Biodiversidad y Servi- cios Ambientales en los Remanentes de los Bosques de la Reserva Forestal El Montuoso en la Provincia de Herrera” fue implementado por un equipo de profesionales del Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad de la Universidad de Panamá. El pro- yecto se llevó a cabo gracias a la colaboración de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, concluyendo en marzo de 2004. Según el informe final del proyecto25, en la Reserva conviven una gama de más de 40 especies de plantas, cuya diversidad y riqueza constituyen evidencia del aporte de estos bosques fragmentados a la conserva- ción de la diversidad biológica local y regional. El se- cuestro de más de 653,000 toneladas de carbono de bosques maduros, que ocupan el 27% de la Reserva; 220 especies de plantas leñosas; 52 especies de anfibios y reptiles; 148 especies de aves; 38 especies de mamí- feros y 12 especies de peces nativos, se añaden a las 83 especies silvestres en si tuación de peligro crítico, ame- nazadas o en condi ción de vulnerabilidad. Según este estudio, la tendencia a priorizar los es- fuerzos de la conservación en áreas de mayor supe- rficie, bajo el criterio de que protegiendo las áreas se protegen las especies, ha puesto en discusión las ventajas de este criterio como orientador de las de- cisiones en materia de conservación. Se estima que la mayoría de los bosques fragmentados se encuen- tran bajo el control de poblaciones rurales locales, que conviven y amenazan la sobrevivencia de esos recursos. Los bienes que genera la Reserva según Garibaldi son protección de la biodiversidad local y nacional, regulación de la infiltración y escorrentía del agua, protección de los suelos, protección del há- bitat para la fauna silvestre y belleza escénica. Política Nacional de Biodiversidad 67 25 Diversidad biológica y servicios ambientales de los fragmentos de bosques en la Reserva Forestal El Montuoso, Panamá. Orquídea, Cerro Tute, Parque Nacional Santa Fe. Entre los valores de no uso, se identificaron: la pre- sencia de las especies, la conservación del hábitat para dichas especies, la protección de la biodiversi- dad y el potencial turístico del área. Los resultados de recientes estudios nos demuestran, una vez más, que la importancia de la biodiversidad y sus aportes a las economías locales siguen estando subestimados dentro de los planes nacionales de desarrollo. La falta de conocimiento científico y eco- nómico, como la debilidad institucional, ha limitado el debate sobre las ventajas que para Panamá tiene el aprovechamiento ordenado de estos recursos. En el contexto de la política, esta temática ha sido abordada por investigadores, científicos y estudiosos ecologistas o por aquellos cuyos intereses hacen a la promoción de la conservación de los recursos natu- rales como productos de transacción comercial, pero no se encuentran en los foros de decisión de la polí- tica pública. Aun cuando se cuenten con criterios técnicos para fundamentar la creación de áreas protegidas y regla- mentar las zonas de amortiguamiento o corredores biológicos, hace falta el otro peso de la balanza. ¿Qué le significa al panameño del interior o de las afueras de la Ciudad de Colón estas barreras naturales? ¿Cómo apreciar su im portancia ante otras más en- tendidas, como son la relación entre la productividad y la reducción de la degradación de tierras que con- llevan aspectos de la realidad panameña? Las consideraciones ambientales de uso sostenible de bosques en los planes de desarrollo vial, no siem- pre conllevan valores de mercado que los equipare y, por lo tanto, no se aprecian sus aportes a las eco- nomías locales. La valoración de la biodiversidad va de mano del conocimiento que se tenga de la misma. Sin embargo, ese conocimiento no se apoya única- mente en puntos de vista científicos técnicos, sino también debe tomar en cuenta a aquellas nociones y tradiciones de manejo cultural y social de las co- munidades locales Los costos de oportunidad que se asocien a proyec- tos de uso sostenible de la biodiversidad, podrán ser altamente beneficiosos si se promueven conjunta- mente con otras políticas de incentivos a la conser- vación selectiva del recurso. La biodiversidad no tiene un precio fijo, ni un valor estable. La Conferencia de las Partes de la CDB, en su octava reunión, celebrada en marzo de 2006, en Brasil, su- giere que en la valoración de la biodiversidad se de- bería tratar de atender a los valores económicos totales de los servicios de los ecosistemas no comer- cializados, incluyendo el valor de uso directo como indirecto. La COP-8 del CDB recomienda el uso de variados instrumentos de valoración, buscando apreciar los cambios y transformaciones a los cuales se sujetan los ecosistemas por razones endógenas y antropógenas. Entre otros, se encuentran las medi- ciones o enfoques basados en el costo. Estos enfo- ques, según la COP-8 del CDB, pueden ser útiles si el costo de sustituir o de restaurar el activo dañado y los correspondientes servicios de los ecosistemas pueden ser estimados con un grado razonable de precisión y no exceden el valor de los servicios de los ecosistemas. Indistintamente de los enfoques o esquemas que se sigan, entrar en negociación sobre los va lores de la biodiversidad requiere de arreglos institucionales, que los hagan viables y convenientes a los intereses del país. ¿Cómo participar en negociaciones comerciales sobre niveles y rangos de aranceles para servicios y productos ambientales si no se cuenta con los equi- valentes y valores económicos, sociales, ambientales o comerciales necesarios a una buena negociación? Autoridad Nacional del Ambiente 68 Cosecha de café en actividades de silvicultura en Darién. Cómo cuantificar el valor de uso o no uso de la bio- diversidad implica una estrategia de políticas con op- ciones múltiples, en función del potencial rentable de esta inversión. Para cada opción existe una merma o un beneficio, no necesariamente comercial o económico. Si se busca potenciar los recursos nacionales e in- crementar el nivel de exportaciones, productividad y uso de los recursos, se requiere incorporar insu- mos ambientales (léase recursos de la biodiversidad) que, de lo contrario, podrían limitar o achicar este proyecto de país. No es cuestión únicamente de la ANAM, el velar por la conservación de la biodiver- sidad o su disposición de acuerdo a buenas prácticas ambientales. Una estrategia integradora, que con- tenga un plan de incentivos recíproco a las opciones que se ofrezcan, pudiera ser una base sólida sobre la cual se pacten acuerdos de uso de la biodiversidad. Si la opción es la conservación, se requieren pagos por el no uso. Si la opción es el uso selectivo, de igual forma deben estimarse los beneficios presentes y fu- turos que puedan desincentivar la sobreexplotación o abuso de uso del recurso, pero dentro de esquemas integradores y no aislados del conjunto de políticas nacionales de desarrollo. ¿Cómo conjugar una Política Nacional de Biodiver- sidad dentro de esquemas duales opues tos por inte- reses ambientales, comerciales, sociales o políticos: como son la vía de la conservación o la comerciali- zación de estos recursos dentro de un mundo globa- lizado? Las potencialidades de uso de un recurso fluctúan por razones de intereses políticos o estratégicos de desarrollo del país. Con variables que evolucionan no únicamente desde el punto de vista científico, sino social y económico, las facultades que debe tener la sociedad panameña para dispo ner de estos recursos debe ser la principal guía a la Política Na- cional de Biodiversidad que se adopte. 5.3. Reservas privadas La asociación panameña Red de Reservas Naturales Privadas, organización sin fines de lucro, fundada el 7 de octubre de 1999, y reconocida por el Ministerio de Gobierno y Justicia mediante Resuelto 561-PJ-304 con fecha del 10 de diciembre de 2001, establece como objetivo la valorización de la riqueza natural de Panamá, favoreciendo la educación, la capacita- ción y la toma de conciencia ciudadana sobre la im- portancia de las reservas naturales. Asimismo, tiene la tarea de colaborar en la promo- ción y el mercado de turismo ecológico y los produc- tos del bosque de las reservas privadas asociadas, que cumplan con la legislación vigente y el Código de Ética. Los socios de esta red al año 2005, sumaban 28, más tres asociados. 5.4. Proyectos de inversión implementados en la Cuenca del Canal Desde 1995, se ha venido administrando el Fideico- miso Ecológico de Panamá (FIDECO), a través de la Fundación Natura, organización sin fines de lucro. Este fondo, con un capital inicial de 25 millones de balboas, fue establecido en 1995 con donaciones del Gobierno de Panamá (quince millones de balboas), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (ocho millones de balboas) y The Na- ture Conservancy (TNC) (dos millones de balboas). De los 50 proyectos que se han implementado den- tro de la Cuenca del Canal, financiados por FIDECO, 8 son de conservación de la biodiversidad, 20 de agroforestería y manejo sostenible de bosques, 2 de ecoturismo, y el resto vinculados a las cuencas hi- drográficas. De aquellos implementados fuera de la Política Nacional de Biodiversidad 69 Consejo Directivo, Parque Nacional Coiba. Cuenca del Canal, 55 proyectos son de conservación de la biodiversidad, agroforestería y manejo sosteni- ble de bosques; 5 sobre disminución de la contami- nación; 2 de ecoturismo y 3 de manejo de cuencas hidrográficas. 5.5. Red Interamericana de Información sobre Biodiversidad La Red Interamericana de Información sobre Biodi- versidad (IABIN) fue creada en 1996, como una ini- ciativa de la Cumbre de las Américas, contando en la actualidad con la participación de 34 países. 5.6. Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) El artículo 79 de la Constitución Política de Panamá dicta que “El Estado formulará la política científica nacional destinada a promover el desa rrollo de la ciencia y la tecnología.” La Ley 13, de 15 de abril de 1997, “Por la cual se establecen los Lineamientos para el Desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación” y modificada por la Ley 50 de 21 di- ciembre de 2005, dio forma a la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, la que está ads- crita al Despacho de la Presidencia de la República. SENACYT contribuye al fortalecimiento de la capa- cidad de investigación, desarrollo tecnológico, inno- vación y competitividad. Son variados los esfuerzos que la SENACYT ha patrocinado en la investigación científica y tecnológica de las distintas variables y componentes de la biodiversidad. En conjunto con el laboratorio INDICASAT (Instituto de Investiga- ciones Científicas Avanzadas y Servicios de Alta Tecnologías), que es la sede del proyecto “Interna- tional Conservation Biodiversity Group” (ICBG) de bioprospección, que en colaboración con el STRI, han logrado desarrollar importantes procedimientos y descubrimientos que merecen ser protegidos vía patentes de invención por su potencial comercial y beneficios futuros. Cabe señalar, que la mayoría de las muestras utiliza- das en ensayos de bioprospección se han tomado en las áreas protegidas, permitiéndose al menos cono- cer sobre el tipo, clase y cantidad de las muestras y colectas que se han realizado y sobre la variedad o especie utilizada. 5.7. Universidades Universidad de Panamá (UP) La Universidad de Panamá, a través de la Vi - cerrectoría de Investigación y Postgrado, lleva a cabo investigaciones sobre diferentes elementos de la bio- diversidad, tarea de la cual se ocupan indis - tintamente los siguientes centros de investigación: • Centro de Ciencias del Mar y Limnología. • Centro de Estudios de Recursos Bióticos. • Centro para el Mejoramiento de las Ciencias Na- turales y Exactas. • Centro de Investigación de Criobiología. • Centro de Investigación de Psicofarmacología. • Centro de Investigaciones con Técnicas Nucleares (CITEN). • Centro de Investigaciones Farmacognósticas de la Flora Panameña (CIFLORPAN). • Centro de Investigaciones Farmacológicas. • Instituto de Ciencias Ambientales y Biodiversidad. • Instituto de Geociencias. • Laboratorio de Microbiología Ambiental / Insti- tuto Especializado de Análisis (IEA). • Laboratorio de Microbiología Ambiental. • Instituto de Alimentación y Nutrición. • Centro de Investigaciones Agropecuarias. • Centro de Investigación con Técnicas Nu cleares. • Laboratorio de Microbiología Aplicada y Ex - perimental. • Centro de Investigaciones Parasitarias. La Secretaria Técnica funciona en la Ciudad del Saber, en la República de Panamá, facilitándole a nuestro país una herramienta privilegiada en el ma- nejo de la conservación, en función de sus intereses y prioridades. Su meta es poder ofrecer una plataforma con base en la Internet, que facilite el acceso a información científicamente fiable sobre biodiversidad. Una prin- cipales actividades que IABIN lleva a cabo es la de Autoridad Nacional del Ambiente 70 evaluar las necesidades de información de la comu- nidad que trabaja en temas relacionados con la bio- diversidad en la región y establecer cuáles son prioritarias. Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) Esta Universidad desarrolla un sinnúmero de pro- yectos relativos a la conservación y uso de la biodi- versidad, conjuntamente con los Centros de Producción e Investigaciones Agroindustriales y de Proyectos. Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) El interés por la conservación de la biodiversi dad en la provincia de Chiriquí ha estimulado la investiga- ción y desarrollo de proyectos similares. Entre los centros de investigación que colaboran con la Uni- versidad se encuentra: • Instituto de Ciencias Ambientales y Desarro llo Sostenible. • Laboratorio de Investigación en Productos Natu- rales. • Laboratorio de Investigación y Servicios Físi co- Químicos (LASEF). • Laboratorio de Recursos Naturales. • Laboratorio de Residuos de Plaguicidas. Universidad Santa María La Antigua (USMA) La USMA lleva a cabo investigaciones que docu - mentan información relevante sobre especies de flora y fauna nacional en los Centro de Estudios e Investi - gaciones en Ciencias Agrarias y el Centro de Investi - gaciones y de Promoción Social Urbana, entre otros. 5.8. Organizaciones No Gubernamentales La participación de la sociedad civil organiza da, en esta materia, se distingue entre aquellos que se han dedicado primordialmente a promover la con - servación de la biodiversidad, y otros que han visto en su aprovechamiento y rentabilidad una opción para la solución de los problemas que más aquejan a la población de las áreas rurales. Se puede resaltar la importante labor que llevan a cabo grupos como: AED. Asociación de Bioética de Panamá. Asociación Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ANCON) Asociación Napguana. Asociación Unión Campesina Nueve de Junio. Centro de Estudio de Acción Social Paname ño (CEASPA). Centro de Estudios para el Medio Ambiente y el Desarrollo. Centro de Estudios y Asesoría Legal de Panamá (CEALP). Fondo PEREGRINO Fundación Albatros Media. Fundación Avifauna. Fundación Dobbo Yala. Fundación Mar Viva Panamá. Fundación Natura. Fundación PA.NA.MA. Fundación para la Protección del Mar. Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropica- les (STRI). Sociedad Audubon de Panamá. Sociedad Nacional para el Desarrollo de Empresas y Áreas Rurales (SONDEAR). Política Nacional de Biodiversidad 71 El especialista Luis Elizondo es sorprendido por un ofidio en una gira de monitoreo. El STRI es una dependencia, para la investi gación de la diversidad biológica, del Smithsonian Institute del gobierno de los Estados Unidos de América. Desde el año 1923, en el Monumento Natural Isla Barro Colorado, se han llevado a cabo cientos de investi- gaciones sobre esta mate ria, pudiendo documen- tarse científicamente datos muy importantes para el desarrollo del país. Anualmente, visitan Panamá más de 900 científicos, quienes toman muestras de recursos naturales pa- nameños en estas tareas; además, cuentan con 38 científicos de planta, quienes realizan ensayos y pro- yectos igualmente claves al conocimiento y conser- vación de la biodiversidad. Los objetivos y propósitos de algunas ONG guardan muchas veces una relación inversa en cuanto a las acciones de conservación/beneficios aparentes, que se desprenden de las metas de la ENB. Es decir, el in- terés por conservar no necesariamente está en fun- ción de su valor científico, ecológico o económico; en muchos casos, lo ha determinado la especulación de tierras con supuestos valores inmobiliarios. Sin embargo, para un país en desarrollo como Panamá, pueden repre sentar sacrificios adicionales para una población que requiere opciones que mejoren su si- tuación de vida en el momento y no más tarde. Por ende, se establecen diferencias entre los objetivos de mu chos de estos organismos y la función del Estado. Esta diferencia, planteada en cuanto al grado o monto de los recursos para la inversión en tareas de conservación que no se dirigen hacia una me jor ac- ción en cuanto a su aprovechamiento. La tendencia cada vez más fuerte para conti nuar conservando vastas áreas del territorio nacio nal, por razones de especulación o simplemente de preser- vación de tierras, se ve ahora enfrentada a las opor- tunidades que negocios ambientales están atrayendo de manera indiscriminada y no regula da. Precisa- mente por esta falta de regulación, es que muchas oportunidades de uso de este capital natural, que lle- gan al país, en función del atractivo de esta biodiver- sidad, pueden perderse por no con tarse con las capacidades que las viabilicen ni con la información que las proyecte en el tiempo. 6. Competencias institucionales para la implementación de la Política Nacional de Biodiversidad El Estado panameño cuenta con una normativa lo suficientemente adecuada para que el gobierno pueda ejercer sus funciones y responsabilidades en el manejo de la cosa ambiental, con la garan tía que requieren y esperan todos los ciudadanos y residentes del territo- rio nacional. La ANAM lleva a cabo sus tareas en co- ordinación con una red de unidades ambientales y mecanismos intercalados con otras instituciones na- cionales, públicas y privadas. La Ley General de Am- biente dispone que a todo nivel de la estructura gubernamental, nacional, provincial, municipal y local, se integren las pautas, normas y resoluciones que permitan la implementación de las disposiciones en estos instrumentos. La competencia que tienen otras instituciones para reglamentar las disposiciones referentes al manejo de los recursos naturales, se han venido fortaleciendo durante los últimos años. La Ley 12 de 25 de enero de 1973, que crea el Minis- terio de Desarrollo Agropecuario; la Ley 8 de 16 de junio de 1987, por la cual se regulan las acti vidades relacionadas con los hidrocarburos; la Ley 10 de 24 de junio de 1992, por la cual se adopta la educación ambiental como una estrategia nacional para con- servar y desarrollos los recursos naturales y preser- var el ambiente; el Decreto Ejecutivo 27 del 20 de enero de 1993, por el cual se establecen prohibicio- nes al transporte de madera en tucas, en las provin- cias de Darién y Panamá; la Ley 58 de 28 de diciembre de 1995, por la cual se define la acuicul- tura como una actividad agropecuaria, se establecen incentivos y se dictan otras disposicio nes; La Ley 36 de 17 de mayo de 1996, por la cual se establecen con- troles para evitar la contamina ción ambiental oca- sionada por los combustibles y el plomo, son normas que indican el compromiso y la obligación que tie- nen las instituciones para propiciar un desarrollo ambiental, social y econó mico, acorde a los objetivos y metas respectivas a sus quehaceres principales. Autoridad Nacional del Ambiente 72 6.1. El Consejo Nacional del Ambiente (CNA) El artículo 14 de la LGA, por el cual se crea el CNA, otorga, entre otras, las funciones de reco mendar la Política Nacional del Ambiente y del uso sostenible de los recursos naturales al Consejo de Gabinete, apoyando a la ANAM en coordina ción con el Sis- tema Interinstitucional del Ambien te (SIA) en la eje- cución de la política. El SIA, a su vez, y la ANAM, en conjunto con la red de uni dades ambientales sectoriales, tienen a su cargo la tarea de coordinación y dar seguimiento y moni toreo de los resultados de esta política. 6.2. Las Comisiones Consultivas Nacionales del Ambiente (provinciales y distritales) Según el Capítulo IV de la LGA, la Comisión Con- sultiva Nacional del Ambiente es la herra mienta de expresión de la sociedad civil y de parti cipación ciu- dadana en temas de recursos naturales y ambientales en general. Debe estar integrada por no más de 15 miembros en representación del gobierno, sociedad civil y las comarcas indígenas. Las comisiones provinciales y distritales están inte- gradas de manera similar por el Gobernador de la Provincia; por el representante del Congreso Gene- ral Indígena; por representantes del Consejo de Co- ordinación Comarcal; por el Alcalde en sus respectivos distritos; y representantes de la socie dad civil local. La ANAM adoptó, por Resolución de 9 de enero de 2004, el Programa de Monitoreo de la Efectividad del Manejo de las Áreas Protegidas del SINAP. Sus prin- cipales objetivos buscan incrementar y mejorar las re- laciones con las comuni dades en las zonas de las áreas protegidas, en base a evaluaciones cuya información contribuya a la toma de decisiones sobre intereses ciertamente afi nes a esas poblaciones. El informe para el período 2001-2005, que incluye mediciones desde el año 1997 en 36 áreas protegidas, fue el resultado del monitoreo llevado a cabo por funcionarios de la ANAM y líderes de comunidades aledañas, orga - nizaciones no gubernamentales, autoridades loca les e instituciones académicas y gubernamentales. Se utilizaron 44 indicadores para la medición de la gestión de manejo, que reflejó resultados re gulares de manera general: En el ámbito social, que mide la relación con la so - ciedad, los resultados también fueron regulares; en particular, en cuanto a la disminución de la parti - cipación ciudadana, que coincide con un menor impulso a las actividades de educación ambiental y de divulgación. En el ámbito administrativo, la falta de recursos hu - manos, la inestabilidad laboral y los pocos fondos para el mantenimiento de infraestructuras y equi - pos, son vistos como las causas para una gestión igualmente regular. En el ámbito de recursos naturales y culturales, se encon tró que, como resultado del interés que el tu- rismo ecológico ha despertado y cuyo aprovecha- miento está siendo visto como una alternativa de desarro llo para estas comunidades, se han incre- mentado las actividades de conservación y protec- ción den tro de las áreas protegidas. La gestión del ámbito político y legal recogió re - sultados casi favorables ante el número importante de leyes, decretos ejecutivos y resoluciones de junta directiva que gobiernan el manejo de las áreas pro - tegidas. Por otra parte, la gestión económica y finan - ciera recibió evaluaciones poco aceptables ante la disminución de los fondos asignados a estas tareas. Sin pretender evaluar el “Informe de Monitoreo de las Áreas Protegidas”, se hace obvio y necesario cono cer a fondo, vía un censo de hogar, información completa sobre la situación socioeconómica de las poblaciones que habitan las áreas protegidas. La falta de planes de manejo y del personal capacita do hace aún más dif ícil concretar planes de desa rrollo para estas comunidades. La carencia de expertise en el manejo de las áreas protegidas es un grave problema que debe abor darse con la premura y diligencia que los planes de manejo Política Nacional de Biodiversidad 73 exigen. Es decir, que de 14 experiencias en manejo de áreas protegidas, la ANAM provee 28 técnicos/ funcionarios a tiempo completo. Sal vo en el caso del Monumento Natural de Barro Colorado, Reserva Forestal de Fortuna o el Parque Nacional Metropo- litano, que son auto gestores, la participación de ANAM es menor26; por lo tanto, no se cuenta con un personal asignado de forma permanente, aun cuando existe la colaboración de otras organizacio- nes. En materia de vigilan cia y denuncia de actos ilí- citos, el “Informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza” (por sus siglas en in- glés UICN) sobre el estado de la gestión participa- tiva, señala que la colaboración de ANAM está siempre presente; no así cuando se trata de la ANAM promotora del vínculo sociedad-ambiente, que es el centro de la gestión y ventaja para un apro- vechamiento racio nal y sostenible de estos recursos. 7. Recursos humanos técnicos y profesionales La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en su “Informe sobre el Estado de la Ges- tión Compartida de Áreas Protegidas en Panamá”, hace una relación entre la debilidad de los recursos humanos y técnicos de la ANAM y la debida aten- ción al manejo de las áreas protegidas. La gran ma- yoría de los técnicos son biólogos, ubi cados en tareas en la sede central de la ANAM, quienes se ocupan de dar seguimiento a la “plani ficación de las áreas pro- tegidas y a proyectos, así como a la elaboración de términos de referencia, al seguimiento de las consul- torías, convenios na cionales e internacionales, segui- miento a las agen das de los Comités Técnicos de Áreas Protegidas, Biodiversidad, CITES, Convención sobre la Con servación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (conocida también como CMS), RAM SAR, entre otras actividades”. El resto de los funcionarios dedicados a las ta reas del SINAP, cubren el 55% de las áreas pro tegidas; o sea, que 16 de estas no cuentan con un solo funcionario a tiempo completo, entre las cua les está la Reserva La Tronosa y Majé. De igual forma, impacta la falta de recursos para la capa citación del personal en otras áreas de la gestión; más aún cuando se están incorpo- rando noveda des en cuanto a su aprovechamiento, que implica conocimientos en la promoción y servi- cios de las áreas protegidas. Las necesidades técnicas y ex periencias profesionales que cada vez más se les exige a los administradores de las áreas protegidas, re- quieren la recapacitación de biólogos, ingenie ros fo- restales y químicos, en temas de promoción turística y procesos de divulgación y mercadeo de productos para los cuales no fueron educados. El programa de voluntariado organizado por la Di- rección de Fomento de la Cultura Ambiental de la ANAM, ha representado un paso importan te para fortalecer las actividades de las áreas pro tegidas, ya que resulta casi imposible, con fondos públicos, poder dar atención completa a tan vasto territorio sin el apoyo de la sociedad civil. La falta de acuerdos actualizados sobre objeti vos co- munes entre ANAM y demás instituciones públicas y privadas hace que todo el esfuerzo para lelo a las ta- reas de ANAM contribuya, escasamen te, al manejo establecido para las áreas protegidas; particularmente, por la falta de compromisos de aquellos que las inves- tigan o utilizan para intere ses no públicos. Según la información recabada por la ANAM, 15 áreas protegidas no cuentan con investigacio nes para su manejo; 10 cuentan con investigacio nes esporádi- cas sin relación al manejo del área, quedando solo una cuyas investigaciones pudieran servir a organizar las actividades y necesidades de manejo del área. Entre los datos más significativos que se ha pro - porcionado por la ANAM, está el del listado de fauna y flora, del cual no cuentan un 77% de las áreas protegidas. Es decir, que solo el 9% cuenta con lista- dos actualizados, a pesar de los numerosos estudios que se llevan a cabo por parte de centros de investi- gación de las universidades nacionales, del STRI, o de otros programas nacionales o in ternacionales como “The Nature Conservancy”, quienes están per- manentemente estudiando la biodiversidad pana- meña con resultados impor tantes a estas gestiones. Autoridad Nacional del Ambiente 74 26 Estado de la gestión compartida, UICN. 8. Mercado de especies: Bienes y servicios de la biodiversidad El 9 de noviembre de 2004, por iniciativa de la Ad- ministración General de ANAM, se creó la Unidad de Economía Ambiental (UEA) mediante la Resolu- ción AG-0643-2004. Sus objetivos prin cipales apo- yan la idea de identificar valores actúales, monetarios u otros, a la disposición del recurso en función de las realidades nacionales y proyec ciones de desarrollo futuro. Según lo expuesto por la UEA, el valor econó mico de un recurso natural es una ex- presión mo netaria de los beneficios que dicho re- curso genera para la sociedad. Este valor no necesariamente está ligado al uso directo o indirecto del recurso, sino que también se basa en valores de: Valor de uso: El valor de uso se deriva del uso real de los recursos naturales, asociado con el uso in situ de un recurso. Es decir, de uso directo, que se re- fiere al valor por el uso de un recurso en un lugar específico, como es la extracción de leña y frutos, la caza y la pesca; o por otro lado, el caso de visitas a un lugar recreativo o paisajístico. Valor de uso indirecto: Surge cuando las personas no entran en contacto directo con el recurso en su estado natural, pero aun así el individuo se benefi- cia de él. Este es el caso de las funciones ecológicas o ecosistémicas, como: regulación del clima, reci- claje de nutrientes y de residuos, entre otro. Valor de opción: Hace referencia al valor de uso po- tencial de un recurso; es decir, correspon de a lo que los individuos están dispuestos a pa gar hoy por usar el recurso en el futuro. Señala también la UEA, que el concepto de valor de casi-opción refleja el bene- ficio neto obtenido al posponer una decisión de usar o no un recurso, en espera de despejar total o parcialmente la incertidumbre existente, mediante la obtención de una mayor información. Valor de no uso o valor intrínseco: Se refiere a valo- res que están en la propia naturaleza de las cosas, pero que a la vez están disociados del uso o incluso de la opción de usarlas. Viene dado por la sola exis- tencia del recurso en los ambientes naturales y de sus atributos. La existencia de este valor es inde- pendiente de la apreciación de las personas; no obs- tante, su valor o utilidad es cap tado a través de la revelación de las preferencias de los seres humanos. El valor de no uso incluye el valor de legado y el valor de existencia. Valor de legado: Corresponde al valor que cualquier individuo le asigna a un recurso al sa ber que otros puedan beneficiarse del mismo en el futuro. Valor de existencia: Es un concepto que sur ge al asignar un determinado valor a un recur so, simple- mente porque este existe, aun cuando los indivi- duos nunca han tomado contacto con él, ni lo harán en el futuro. Valor económico total (VET): Corresponde, enton- ces, a la sumatoria de los valores de uso y de no uso (VET = valor de uso + valor de no uso)27. El “In- forme sobre Valoración de los Recursos Foresta- les”28 muestra el valor de estos recursos en función de los beneficios y servicios que estos prestan de manera directa e indirecta. Es decir, productos ma- derables, beneficios no maderables, como sostén de las cuencas, sostén de la biodiversidad y sus com- ponentes, etc. En el caso de los bosques naturales que se ubi can dentro de las áreas protegidas, su valor se re fleja en función de los servicios ambientales que estos pres- tan al mantenimiento de las cuencas hidrográficas, la provisión de agua para consumo humano y de riego, además de otros aportes vin culados a la fija- ción de carbono. La capacidad de captura se estima en torno a los 4,400 millones de balboas; considerándose un valor promedio de captura de alrededor de 15 bal boas por tonelada y bajo el supuesto que el valor del carbono capturado se mantiene constante a través de los años, lo que es provocado por las ca racterísticas de los bosques maduros que tienen ta sas de creci- miento muy reducidas y, por la misma razón, el in- cremento en la capacidad de captura de carbono también es reducida. La superficie total de bosques naturales con dispo- nibilidad para el aprovechamiento de made ra se es- Política Nacional de Biodiversidad 75 27 ANAM-UEA. 28 ANAM. Valoración de recursos forestales. tima en torno de doscientas mil hectáreas, ex - perimentando una deforestación aproximada de ocho mil hectáreas en el período 2000 a 2003; siendo que el inventario de madera alcanza un valor to tal de doscientos treinta y siete millones de balboas en 2002 (año base para las cuentas ambientales), y esti- mándose que anualmente su valor comercial crece, en prome dio, un 0.82%. Este pequeño aumento se explica porque el creci- miento natural del bosque cercano al 3.9% anual, es compensado casi en su totalidad por factores que provocan la reducción de su valor (deforestación, aprovechamiento de la madera y residuos) los que en promedio crecen en un 3.04% anual29 . El mismo informe nos muestra, a la vez, que la gran mayoría de aserraderos y demás servicios de refina- miento de la madera se encuentran ubi cados en la provincia de Panamá, lo que indica que los benefi- cios de este tipo de actividad tam poco llegan a las fa- milias locales de Darién que contribuyen a la conservación de estos bosques. ¿Cuánto paga con- servar bosques que después son explotados para be- neficios de los grandes consorcios? El estudio presentado a la ANAM, por el Con sorcio BCEOM-TERRAM, mostraba a través de la en- cuesta de validación30 que se llevó a cabo en la pro- vincia de Darién sobre uso de productos no maderables del bosque, muy poca información; por ejemplo, sobre el uso de las plantas del bosque como remedios medicinales debido a la “poca co- laboración” que mostraron los moradores de las co- munidades indígenas encuestadas. El 32.20% de los encuestados indicó que utiliza frecuente mente, o siempre o casi siempre, las plantas como remedios medicinales y que estas son extraídas del bosque. Si se toma en cuenta que la mayoría de los encues- tados son personas con algún tipo de es tudios, se podría estar ante un incremento de con ciencia sobre el valor que esta información tiene para estas comunidades. Para definir la valoración del bosque y sus recursos, para estas poblaciones, están determinados más en función de su rentabilidad y valores de mercado, que por sus aportes directos a la calidad de vida; o sea, sus beneficios comerciales o rentables para la indus- tria maderera y no aquellos que mejoren la calidad de vida de esas comunidades. Los criterios para la selección de indicadores para la valoración de los aportes que hacen los componen- tes de la biodiversidad a la sociedad panameña, en particular aquellos intangibles, re quieren ser consen- suados en función de una estra tegia integral y regio- nal de desarrollo y ataque a la pobreza. Las iniciativas para los negocios ambien tales, al igual que su viabilidad, deben estar funda das en conceptos cla- ros de beneficios directos para las comunidades de hoy. Su proyección de uso y su sostenibilidad orien- tarán las decisiones políticas que sobre este aspecto requieren ser atendidas. Autoridad Nacional del Ambiente 76 Parque Nacional Santa Fe, Chilagre. 29 Ibídem. 30 ANAM-UEA. No obstante, algunos ejemplos de arreglos in - ternacionales le pueden permitir a Panamá atraer in- versiones privadas orientadas a una gestión de negocios dentro de parámetros científicos, cultu - rales, políticos y económicos de la biodiversidad. La doctora Teodora Zamudio, de la Facultad de De- recho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, citaba a Ethan Russo, renombrado in vestigador sobre plantas medicinales en varios paí ses de Amé- rica, quien estimaba que las drogas para uso medi- cinal, en el mundo desarrollado, provie nen de unas 95 de las 250,000 especies florales conocidas sobre el planeta y, que en igual forma, se ha encontrado que al menos 300 drogas útiles están aún por ser des- cubiertas en los ecosistemas sudamericanos, con un beneficio potencial de 94 millones de dólares cada una. Un elemento importante para cualquier ne - gociación en esta materia es el poder contar con las reglas de juego claras; es decir, sobre su destino dentro y fuera del territorio nacional. El Regla- mento para el Acceso y Distribución Equi tativa de Beneficios de los Recursos Genéticos y la enmienda a la Ley 35 sobre propiedad indus trial, son dos ins- trumentos que darían a Panamá ventajas competi- tivas en el aprovechamiento de esa biodiversidad. Se lograría no solo certificar el origen del recurso y el consentimiento previo a su uso, tanto en lo que se refiere al recurso y su herencia genética en sí, así como al conocimien to tradicional asociado a los mismos de parte de comunidades indígenas o loca- les. Por lo que sería cuestión de urgencia la firma de ambos instru mentos, si se quiere dar mayor vi- gencia a estas tareas. Algunas de las investigaciones publicadas re - cientemente por el STRI, en el año 2006, como la “Diversificación por hibridización en mari posas He- liconius”31, demuestra que el valor de la biodiversidad no es estático y que no se puede medir únicamente en función de los aportes que se conozcan en el ins- tante de sus resultados so bre esa herencia genética, sino en valores de la contribución que esa herencia genética, en cir cunstancias distintas, puedan aportar. En el año 2005, el STRI realizó más de 40 investiga- ciones a nivel genético. Según resúmenes de investigaciones publica das por STRI en la Revista Nature: “Se considera que, gene- ralmente, la diversificación de especies es el resul- tado de la división de linaje en dos, pero investigaciones recientes sugieren que en la hi - bridización, dos especies ancestrales le dan vida a una tercera especie es un motor mucho más impor- tante en el origen de las especies de lo que se pen- saba”. El más reciente ejemplo es la maripo sa tropical Heliconius heurippa, que parece un cruce entre H. cydno y H. melpomene. Los experimentos mostraron que una característica distintiva híbri da es causa di- recta de aislamiento reproductivo. Experimentos de crianza recrearon la coloración intermedia de las Política Nacional de Biodiversidad 77 Águila arpía en actividad realizada con el Fondo Peregrino. 31 STRI, Revista Nature, junio 2006, Panamá. alas de H. heurippa y mostraron que “este patrón dis- tintivo la aísla de su especie progenitora”32. Otras investigaciones nos sirven para subrayar que los objetivos de la Política Nacional de Biodi versidad, como instrumentos de articulación para el adecuado aprovechamiento de la biodiversidad, propugnan, además, un ordenamiento al caudal de información que se tiene o se prevé y su re lación a los beneficios que de este conocimiento puedan recibir las comu- nidades panameñas. Se gún publicaciones de STRI, algunas novedades, recientemente divulgadas, per- miten asumir sobre potenciales aplicaciones indus- triales, cuyos benefi cios a largo plazo pueden ser cuantiosos. Veamos, por ejemplo, la investigación sobre “Alma- cenamiento de esperma conlleva costos inmunoló- gicos en hormigas”33; esta señala que “las hormigas reinas son insectos de larga vida, que se aparean temprano y almacenan millones de esper matozoides viables hasta que mueren. Nunca más se aparean, así que su éxito reproductivo se limita por el esperma, aunque no se conocen las fuerzas selectivas que de- termina la cantidad que pueden almacenar. La res- puesta inmunológica fue menor cuando más machos contribuyeron esperma, lo que implica un costo adi- cional al almacenar eya culaciones genéticamente di- ferentes”34 . Las opiniones sobre estos resultados pueden obvia- mente variar en función del interlocutor que lo ana- lice. Se podría pensar que estamos ante lo gros extraordinarios de una investigación, cuyo fin aca- démico o científico, puede tener una aplica ción in- dustrial importante para el país. Los beneficios que deriven de ese uso pueden ser muchos si los cuantificamos en función de los valo- res científicos de hoy; sin embargo, eso sería adelan- tarse a proyecciones sobre el valor econó mico o comercial que puede resultar incalculable. Por lo tanto, suscribir acuerdos sobre la aplicación indus- trial de algunos de estos resultados sea para este, o cualquier otro tipo de investigación en fun ción de las proyecciones de valores, daría frutos incalcula- bles para las próximas generaciones. 9. Reflexiones finales Las iniciativas nacionales para la conservación de la biodiversidad, desde la última década, han produ- cido beneficios parciales, si estos resultados se miden en función del grado de deforestación o per- dida de la biodiversidad que hayamos per cibido o, mejor aún, comprobado. Nos bastaría con revisar el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la Deser- tificación y Sequía, cuyos resulta dos se basan en el Diagnóstico de Áreas Críticas Afectadas por Sequía Grave y Desertificación en Panamá del 2004. Durante el último quinquenio, se han asigna do cerca de 100 millones de dólares a tareas que tocan a la conservación de recursos naturales35; monto impor- tante para un país que sin duda ha asumido el valor actual y potencial de sus recursos naturales y, por ende, su biodiversidad como fac tores estratégicos para su desarrollo. La Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción Nacional para la Diversidad Bioló gica, 2002, contienen propuestas válidas y relevan tes a la tarea de conservación y recuperación de la biodiversidad. Son supuestos óptimos para el desa rrollo de planes de acción que orientan la atención científica del ma- nejo del recurso biológico. Si bien la ANAM propuso indicadores de me dición al año 2005, que guiarán el plan de acción para sacar partido a las oportunidades de negocio y aprovecha- miento de esos recursos, muchos obstáculos subsis- ten y merecen ser rápidamente corre gidos. Se ha logrado fortalecer marcos normativos y operativos y se han impulsado lineamientos de políticas para or- ganizar el manejo del patrimonio natural, pero aún Autoridad Nacional del Ambiente 78 32 Ibídem, Two into three does go. 33 Ibídem. 34 Ibídem, Almacenar esperma de diferentes machos tiene sus costos. 35 III Informe Nacional Sobre Desertificación y Sequía. falta concretar las prioridades que vale instrumentar con relación a la problemá tica socioeconómica pre- sente y que afecta a una gran parte de la población rural panameña que convive con estos recursos. Sin lugar a duda, las premisas, deducciones e infe- rencias que fueron elevadas a consideración de la so- ciedad panameña en el año 2000, legitiman los esfuerzos para la conservación de la biodiver sidad. Decidir entre una inversión prioritaria a la conser- vación y preservación de la biodiversidad, u optar por un compromiso paulatino de inserción de me- didas de uso sostenible y aprovechamiento comer- cial, en función de su valoración y potencial rentabilidad, es un gran reto para el Estado, ya que tiene que asumir su función rectora de buscar el equilibrio entre los beneficios de la inversión ac tual y la inversión a largo plazo. Los planteos que ameritan ser considerados, no de- berían enfrentar a la conservación de estos recursos y al desarrollo de otros sectores del país. El princi- pio de precaución debe orientar estas re flexiones, conjugado a la vez con los principios de sostenibi- lidad y racionalidad de uso, para garan tizar que la disposición de estos recursos se haga finalmente en función de una política equitativa, participativa y soberana. Lo actuado durante la presente década, nos prueba que no basta con conocer acerca de la ri queza bio- lógica, si este caudal de conocimientos, por sí solo, no ofrece ni facilita opciones y solu ciones a las ne- cesidades del panameño. Por otro lado, considera- ciones y atractivos comerciales, como base de una política de aprovechamiento de la biodiversidad, po- dría distorsionar la verdadera misión de un desarro- llo integral sostenible, donde las variables ecológicas, científicas, sociales y cul turales son igualmente im- portantes y dejarían en segundo plano las salvaguar- das con las que cuenta esta generación para beneficio de la próxima. Política Nacional de Biodiversidad 79 POLÍTICA NACIONAL DE BIODIVERSIDAD 2008.pdf Índice Presentación Decreto Ejecutivo No. 122 Resumen Ejecutivo Exposición de Motivos Plan de Acción Referencias Bibliográficas Anexo