Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y su I Plan de acción

IGUALDAD DE GÉNERO POLÍTICA DE Para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y su I Plan de acción Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Produciendo en Igualdad Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción Coordinación general: Lucía Vargas Ulate, Oficina de Igualdad de Género e Inclusión MAG Ingrid Badilla Fallas, SEPSA Robin Almendares Fernández, SEPSA Comité técnico asesor: María Picado Ovares, INAMU Alejandra Rojas Núñez, INAMU Rafaella Sánchez Mora, PNUD Aurora Camacho Navarro, PNUD Pedro Avendaño Soto, IICA Revisado por: Renato Alvarado Rivera, Ministro Edgar Mata Ramírez, Director Ejecutivo SEPSA Guiselle Rodriguez Muñoz, Coordinadora APAR Miriam Valverde Díaz, Subdirectora de Sepsa y Coordinadora a.i. AEEI María Elena Castro Esquivel, MIDEPLAN Jose Daniel Estrada Sánchez, PNUD Ingrid Hernández Sánchez, PNUD Charlenne Cortéz Sosa, PNUD Diagramación: Marvin Rojas Díaz, PNUD Está autorizada la reproducción total o parcial de esta publicación con propósitos educativos y sin fines de lucro, sin ningún permiso especial del titular de los derechos, con la condición de que se indique la fuente. Puede visualizar este documento en la dirección: www.sepsa.go.cr Octubre 2020 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Esta política es el resultado de un proceso de construcción participativa con mujeres, jóvenes rurales y personas funcionarias de instituciones públicas involucradas con el Sector. Con ellas se ha compartido la visión del Gobierno de una actividad agropecuaria, pesquera y rural con igualdad de género e inclusión como aspectos fundamentales para el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de Costa Rica. Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Acrónimos CAN: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario CEDAW: Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe CNP: Consejo Nacional de Producción COTECSA: Comité Técnico Sectorial Agropecuario CONAC 4-S: Consejo Nacional de Clubes 4-S CSRA: Comité Sectorial Regional Agropecuario ENAMEH: Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares INCOPESCA: Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura IDA: Instituto de Desarrollo Agrario INDER: Instituto de Desarrollo Rural IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura IMAS: Instituto Mixto de Ayuda Social INA: Instituto Nacional de Aprendizaje INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos INFOCOOP: Instituto Nacional de Fomento Cooperativo INTA: Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria INAMU: Instituto Nacional de las Mujeres FODEA: Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria MAG: Ministerio de Agricultura y Ganadería MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio MIDEPLAN: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica MIPYME: Micro, pequeñas y medianas empresas MTSS: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ONS: Oficina Nacional de Semillas ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible PND: Plan Nacional de Desarrollo PAR: Política Agropecuaria de la Región SICA 2019-2030 PIEG: Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PIMA: Programa Integral de Mercadeo Agropecuario PROCOMER: Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica SEPSA: Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria SFE: Servicio Fitosanitario del Estado SENARA: Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento SENASA: Servicio Nacional de Salud Animal SBD: Sistema de Banca para el Desarrollo SICA: Sistema de Integración Centroamericana SUGEF: Superintendencia General de Entidades Financieras Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Presentación En mi condición de ministro rector, me enorgullece presentar la Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción, en concordancia con las principales líneas de acción, prioridades y principios estipulados en el Plan de Gobierno 2019-2022 de la Administración Alvarado Quesada y con los Lineamientos de política 2019-2022 para el sector agropecuario, pesquero y rural. Esta política es el resultado de un proceso de construcción participativa con mujeres, jóvenes rurales y personas funcionarias de instituciones públicas involucradas con el sector. Con ellas, se ha compartido la visión del Gobierno de una actividad agropecuaria, pesquera y rural con igualdad de género e inclusión, como aspectos fundamentales para el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de Costa Rica. Mediante esta política, nos proponemos asegurar la prestación de servicios y el acceso adecuado de las mujeres rurales a los recursos productivos, servicios financieros integrales, infraestructura productiva, tecnología e innovación, que aumenten sus posibilidades de movilidad social y desarrollo empresarial para la reducción de las brechas y desigualdades de género en el sector, así como el promover una modernización institucional que garantice la incorporación de las necesidades de las mujeres en su diversidad en programas, planes y proyectos productivos que permitan la transformación de la producción primaria, la generación de valor agregado y la inserción en cadenas de valor y mercados a nivel local, nacional e internacional. Se agradece al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) el apoyo en su calidad de institución rectora para el Adelanto de las Mujeres y a los organismos internacionales de cooperación: el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los cuales, con su acompañamiento y asesoría técnica y financiera han permitido construir en forma conjunta y participativa esta política. Renato Alvarado Rivera Ministro Rector del Sector Agropecuario, Pesquero y Rural Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Contenido Acrónimos.................................................................................................................................4 Presentación............................................................................................................................5 Introducción............................................................................................................................8 I. Marco normativo de referencia......................................................................................10 II. Proceso de elaboración de la política.........................................................................13 III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al Sector Agro............................17 IV. Problemática.....................................................................................................................19 V. Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario,pesquero y rural costarricense 2020-2030 y su I Plan de acción. ...................................................................................................................................................30 A. Principios......................................................................................................................31 B. Enfoques......................................................................................................................32 C. Características............................................................................................................33 D. Visión...........................................................................................................................33 E. Objetivo general..........................................................................................................33 F. Población meta............................................................................................................33 G. Ejes................................................................................................................................34 VI. Modelo de gestión .........................................................................................................35 VII. I Plan de Acción 2020-2024........................................................................................40 VIII. Referencias Bibliográficas..........................................................................................48 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. 8 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 9 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. I. Marco normativo de referencia En el ámbito de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, se cuentan con orientaciones y acciones fundamentales para asegurar la eliminación de desigualdades de género que afectan el desarrollo de las mujeres en su contexto agropecuario, pesquero y rural, los cuales se sintetizan a continuación: Objetivos de Desarrollo Sostenible Declaración y Plataforma de Acción de Beijing Empoderamiento de las mujeres Disminución de la pobreza Acceso a tierra, financiamiento y proyectos de desarrollo Acceso a oportunidades de desarrollo Igualdad de género Reducir patrones culturales de patriarcado Participación efectiva de las mujeres Igualdad de género Diseño y ejecución de acciones Reducir la desigualdad Alianzas multisectoriales Gobernanza territorial Inter sectorialidad Reducir la discriminación Acceso a recursos Acceso a tecnología Desarrollo agrícola sostenible e inclusivo Estrategia de Montevideo CEDAW PAR-SICA 2019-2030 Política de Igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense y su I Plan de acción 2020-2030 OBJETIVOS Y COMPROMISOS INTERNACIONALES Figura 1 Relación de los compromisos país internacionales con la Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y su I Plan de acción. 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 10 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. 1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, conforman una agenda de desarrollo a largo plazo, para contribuir a poner fin a la pobreza, hambre cero, igualdad de género, reducción de desigualdades y alianzas para lograr los objetivos, sin que esto signifique la no existencia de un impacto indirecto en los demás objetivos planteados en la agenda (MIDEPLAN, 2017). La igualdad de género no es únicamente el centro de atención del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, también está integrado en el resto de ODS. Esta integración hace eco del creciente conjunto de pruebas que refleja cómo la igualdad de género tiene efectos multiplicadores en todo el espectro del desarrollo (PNUD, 2019). 2. La Declaración y plataforma de acción de Beijing (1995), es una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres. En la actualidad, es la hoja de ruta internacional para la toma de decisiones en materia de igualdad de género, bajo el reconocimiento de las realidades y escenarios diversos que condicionan el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Esta establece objetivos estratégicos que respaldan la importancia de la presente política para el sector agropecuario, pesquero y rural, entre los que destacan: diseño y ejecución de acciones que consideren las necesidades y particularidades de las mujeres; ajuste de las prácticas administrativas para que garanticen la igualdad de derechos en materia de acceso y control de recursos económicos, ahorro y crédito; capacitación constante y no discriminatoria; acceso a empleo, mercados y comercio; en fin, condiciones de trabajo apropiadas y justas para las mujeres (ONU, 1995). 3. El Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo y la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, son instrumentos que orientan las alianzas multisectoriales para la construcción de políticas que aseguren la corresponsabilidad, especialmente a las mujeres rurales, en toda su diversidad y en todos los territorios. Las medidas que proponen estos dos instrumentos están encaminadas a reducir la desigualdad socioeconómica y los niveles de la situación de pobreza en los hogares, los patrones culturales patriarcales discriminatorios y el predominio de la división sexual del trabajo. Además, la Estrategia de Montevideo es un instrumento regional de base para la construcción de políticas públicas con perspectiva de género interseccional que orientan la igualdad de las mujeres que se están quedando atrás en el desarrollo humano sostenible (UN-CEPAL 2016). 4. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), establece las barreras e incumplimientos principales que aún persisten para asegurar la igualdad de las mujeres. Las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Costa Rica reconoce las medidas específicas que debe desarrollar el país para proteger a las mujeres vinculadas al sector agro en sus múltiples realidades y escenarios. Estas medidas son: a) elaborar una estrategia que garantice a las mujeres el acceso a los títulos de propiedad de las tierras, b) aumentar la participación efectiva de las mujeres en los beneficios de los proyectos de desarrollo, c) seguir fortaleciendo su participación en los órganos decisorios que definen la gobernanza territorial, d) incidir en la adaptación de las medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios de género que subrayan excesivamente el papel de las mujeres rurales como amas de casa y cuidadoras, y e) garantizar el acceso efectivo de estas a tecnología y equipos agrícolas apropiados (CEDAW 2018). 5. La Política agropecuaria de la Región del Sistema de Integración Centroamericana (PAR-SICA) 2019 – 2030 posiciona la igualdad y equidad de género como uno de los tres principios fundamentales para la construcción y puesta en marcha de la política, con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a las oportunidades y a los resultados del desarrollo agrícola sostenible, competitivo, inclusivo y adaptado a la variabilidad y al cambio climático en todos sus ámbitos. (PAR-SICA, 2019). En el cuadro 1 se especifican los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género: 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 11 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. 1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobados en septiembre de 2015 por las Naciones Unidas, conforman una agenda de desarrollo a largo plazo, para contribuir a poner fin a la pobreza, hambre cero, igualdad de género, reducción de desigualdades y alianzas para lograr los objetivos, sin que esto signifique la no existencia de un impacto indirecto en los demás objetivos planteados en la agenda (MIDEPLAN, 2017). La igualdad de género no es únicamente el centro de atención del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 5, también está integrado en el resto de ODS. Esta integración hace eco del creciente conjunto de pruebas que refleja cómo la igualdad de género tiene efectos multiplicadores en todo el espectro del desarrollo (PNUD, 2019). 2. La Declaración y plataforma de acción de Beijing (1995), es una agenda con visión de futuro para el empoderamiento de las mujeres. En la actualidad, es la hoja de ruta internacional para la toma de decisiones en materia de igualdad de género, bajo el reconocimiento de las realidades y escenarios diversos que condicionan el disfrute de los derechos humanos de las mujeres. Esta establece objetivos estratégicos que respaldan la importancia de la presente política para el sector agropecuario, pesquero y rural, entre los que destacan: diseño y ejecución de acciones que consideren las necesidades y particularidades de las mujeres; ajuste de las prácticas administrativas para que garanticen la igualdad de derechos en materia de acceso y control de recursos económicos, ahorro y crédito; capacitación constante y no discriminatoria; acceso a empleo, mercados y comercio; en fin, condiciones de trabajo apropiadas y justas para las mujeres (ONU, 1995). 3. El Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo y la Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el Marco del Desarrollo Sostenible hacia 2030, son instrumentos que orientan las alianzas multisectoriales para la construcción de políticas que aseguren la corresponsabilidad, especialmente a las mujeres rurales, en toda su diversidad y en todos los territorios. Las medidas que proponen estos dos instrumentos están encaminadas a reducir la desigualdad socioeconómica y los niveles de la situación de pobreza en los hogares, los patrones culturales patriarcales discriminatorios y el predominio de la división sexual del trabajo. Además, la Estrategia de Montevideo es un instrumento regional de base para la construcción de políticas públicas con perspectiva de género interseccional que orientan la igualdad de las mujeres que se están quedando atrás en el desarrollo humano sostenible (UN-CEPAL 2016). 4. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), establece las barreras e incumplimientos principales que aún persisten para asegurar la igualdad de las mujeres. Las observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Costa Rica reconoce las medidas específicas que debe desarrollar el país para proteger a las mujeres vinculadas al sector agro en sus múltiples realidades y escenarios. Estas medidas son: a) elaborar una estrategia que garantice a las mujeres el acceso a los títulos de propiedad de las tierras, b) aumentar la participación efectiva de las mujeres en los beneficios de los proyectos de desarrollo, c) seguir fortaleciendo su participación en los órganos decisorios que definen la gobernanza territorial, d) incidir en la adaptación de las medidas para eliminar los estereotipos discriminatorios de género que subrayan excesivamente el papel de las mujeres rurales como amas de casa y cuidadoras, y e) garantizar el acceso efectivo de estas a tecnología y equipos agrícolas apropiados (CEDAW 2018). 5. La Política agropecuaria de la Región del Sistema de Integración Centroamericana (PAR-SICA) 2019 – 2030 posiciona la igualdad y equidad de género como uno de los tres principios fundamentales para la construcción y puesta en marcha de la política, con el fin de garantizar el acceso de las mujeres a las oportunidades y a los resultados del desarrollo agrícola sostenible, competitivo, inclusivo y adaptado a la variabilidad y al cambio climático en todos sus ámbitos. (PAR-SICA, 2019). En el cuadro 1 se especifican los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género: Cuadro 1 Marco normativo nacional y su articulación con la Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense y I Plan de acción Instrumento de Política Fecha de publicación/ vigencia Propósito/Objetivo Señala en sus artículos 1, 2 y 3 no sólo la importancia que tiene la actividad agropecuaria (incluyendo las actividades agrícolas, pecuarias, apícolas, avícolas y extractivas de productos del mar, así como las que realizan las empresas de servicio en la agricultura mecanizada) para el país y sus habitantes; sino que, además menciona la importancia de fomentar la producción de bienes agropecuarios, mediante el estímulo a las personas productoras de estos bienes. Ley N°7064, FODEA 1987 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 12 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Propósito/Objetivo Propone “Fomentar el desarrollo inclusivo de los territorios rurales, reconociendo y respetando sus características propias y la identidad cultural de su población, por medio de un sistema de articulación público privado, que reduzca las desigualdades e inequidades económicas, sociales, culturales, ambientales y político-instituciona les, mediante el desarrollo de capacidades y oportunidades para sus habitantes”. Coloca como uno de sus objetivos primordiales en su Eje 3: Distribución de la riqueza, “el fortalecimiento de la autonomía económica de las mujeres mediante el empleo inclusivo de calidad y el uso, acceso y control a ingresos, recursos y beneficios, reduciendo la desigualdad en la distribución de la riqueza del país y, considerando la corresponsabilidad social de los cuidados como eje de empoderamiento económico en todas las regiones y zonas”. Establece la “transversalización del enfoque de igualdad de género en el accionar del sector, mediante la promoción, orientación y fortalecimiento de procesos dirigidos hacia una cultura de prestación de los servicios de manera inclusiva”, con el propósito de promover un bienestar socioeconómico de la población vinculada al sector, por medio de una institucionalidad pública, ágil, moderna y articulada que logre promover un sector innovador, competitivo, inclusivo y sostenible. 2015 2030 2018 2030 2019 2022 Instrumento de Política Fecha de publicación/ vigencia Política de Estado para el Desarrollo Rural Territorial (PEDRT) 2015-2030 Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030 (PIEG) Lineamientos de Política 2019-2022 para el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural II. Proceso de elaboración de la política El Ministro de Agricultura y Ganadería como rector del sector agropecuario, pesquero y rural estableció en el marco de la carta unilateral de compromiso, “Impulsar y coordinar, la Política de Igualdad y Equidad de Género para el sector agropecuario y rural costarricense”. Para ello, se creó un equipo técnico de coordinación de la política, conformado por personas funcionarias de las siguientes instituciones: MAG, SEPSA, IICA, INAMU y PNUD. Este equipo definió las siguientes acciones para elaborar la presente política: 1. Diseño de la hoja de ruta para la construcción de la política: El equipo técnico de coordinación articuló con la Red Sectorial de Género y Juventud Rural¹, la construcción de la matriz de servicios y acciones institucionales para la atención de las mujeres vinculadas al sector agro. 2. Desarrollo metodológico del proceso de consulta participativa a mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector para la construcción de la política. 3. Propuesta para la construcción de acciones estratégicas con base en las capacidades actuales y futuras de las instituciones del sector, para lograr eliminar de manera efectiva las brechas de género e impulsar un desarrollo inclusivo. En el cuadro 2 se presentan los elementos metodológicos abordados en el proceso de consulta: 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 13 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. II. Proceso de elaboración de la política El Ministro de Agricultura y Ganadería como rector del sector agropecuario, pesquero y rural estableció en el marco de la carta unilateral de compromiso, “Impulsar y coordinar, la Política de Igualdad y Equidad de Género para el sector agropecuario y rural costarricense”. Para ello, se creó un equipo técnico de coordinación de la política, conformado por personas funcionarias de las siguientes instituciones: MAG, SEPSA, IICA, INAMU y PNUD. Este equipo definió las siguientes acciones para elaborar la presente política: 1. Diseño de la hoja de ruta para la construcción de la política: El equipo técnico de coordinación articuló con la Red Sectorial de Género y Juventud Rural¹, la construcción de la matriz de servicios y acciones institucionales para la atención de las mujeres vinculadas al sector agro. 2. Desarrollo metodológico del proceso de consulta participativa a mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector para la construcción de la política. 3. Propuesta para la construcción de acciones estratégicas con base en las capacidades actuales y futuras de las instituciones del sector, para lograr eliminar de manera efectiva las brechas de género e impulsar un desarrollo inclusivo. En el cuadro 2 se presentan los elementos metodológicos abordados en el proceso de consulta: Cuadro 2 Procesos metodológicos de las consultas participativas para la construcción y validación de la propuesta de la Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020 – 2030 y I Plan de acción Primera consulta: Construcción de la propuesta de política Segunda Consulta: Validación de la propuesta de política y construcción de líneas de acción Presentación de los avances de las políticas e instrumentos de planificación nacional y sectoriales en materia de igualdad de género e inclusión. Identificación de potencialidades/fortalezas, por parte de los grupos de mujeres agropecuarias y rurales a nivel individual, en cuanto a la organización en su entorno local, territorial o regional vinculado al sector. Presentación de la propuesta de política surgida desde la sistematización de la primera consulta participativa. Espacio de discusión para la validación crítica de parte de la representatividad de organizaciones de mujeres agropecuarias y rurales. 1. Conformada por las personas designadas como enlaces de género de cada una de las instituciones del Sector, a saber, Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Desarrollo Rural ( INDER), Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA), Consejo Nacional de la Producción (CNP), Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (SENARA), Oficina Nacional de Semillas (ONS) y Consejo Nacional de Clubes 4-S (Conac 4-S). 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 14 Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. Primera consulta: Construcción de la propuesta de política Segunda Consulta: Validación de la propuesta de política y construcción de líneas de acción Identificación de obstáculos/limitaciones, por parte de los grupos de mujeres a nivel individual, en cuanto a la organización en su entorno local, territorial o regional vinculado al sector. Construcción de una visión de largo plazo de los impactos y resultados esperados al 2030, con base en la priorización de las potencialidades y los obstáculos, con el fin de reducir las brechas y desigualdades en el sector agro. Construcción de líneas de acción para complementar la propuesta de política. Identificación de institucionalidad del Sector como líderes o grupos de instituciones para guiar las propuestas de líneas de acción en el marco de la política. 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 15 III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Introducción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y Rural Costarricense 2020 – 2030 y su I Plan de acción 2020-2024, es el resultado del compromiso asumido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), en el marco de la Carta Unilateral de Compromiso, firmada el 16 de julio de 2018, la cual establece, “Impulsar y coordinar, la Política de igualdad y equidad de género para el sector agropecuario y rural costarricense”; por lo que se desarrolló un proceso participativo con organizaciones lideradas por mujeres de todas las regiones del país, con la representación de 783 mujeres dedicadas a actividades agropecuarias y rurales en dos ciclos de consulta. La visión de largo plazo construida por estas mujeres para la política se definió como: “las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica, mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas”. El objetivo general, es reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector en su entorno territorial y regional. Para este fin, se establecen cuatro ejes: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. La política contiene los siguientes apartados: El primero presenta una síntesis de los compromisos internacionales vinculantes con la política, así como con los instrumentos de carácter nacional en el sector y de igualdad de género. El segundo describe la metodología, la hoja de ruta, los procesos de consulta y la implementación de 18 talleres participativos con grupos de mujeres agropecuarias y rurales que utilizan los servicios institucionales del sector agro. El tercero aborda el estado de situación de las mujeres vinculadas al sector, considerando una serie de datos cuantitativos que señalan las brechas de género de las mujeres con relación a la población masculina y el acceso a los recursos y servicios institucionales. El cuarto presenta la problemática que afrontan las mujeres vinculadas al sector agro. Se identifican nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad para las mujeres, con base en la sistematización de los ciclos de talleres de consulta participativa. El quinto plantea el marco orientador de la política, definiendo los principios de desarrollo sostenible, igualdad de género e interseccionalidad, así como los enfoques metodológicos de abordaje, como lo son la modernización institucional, la agroempresariedad, el enfoque de agrocadenas y el de innovación tecnológica. Además, establece el marco estratégico, con su visión, objetivo general, población meta y ejes estratégicos. El sexto define el modelo de gestión de la política que contiene los niveles y mecanismos de coordinación entre instituciones sectoriales e intersectoriales, así como los parámetros y orientaciones de seguimiento y evaluación. Por último, se formula el primer plan de acción, con sus respectivas acciones estratégicas, indicadores y metas y se identifica a la institucionalidad responsable y corresponsable de la implementación. 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del 2. Índice de Mejores Trabajos elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con datos del 2015, año 2017. Mide cómo son los empleos de los países a través de dos dimensiones: cantidad y calidad. Su puntuación va de 0 a 100 y para que un país obtenga 100 puntos, todas las personas que participan en la fuerza laboral deben estar empleadas con un trabajo formal que les aporte un salario suficiente. total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 17 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 18 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 19 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 20 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 21 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 22 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 23 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 24 4. Desarrollo de dos procesos de consulta participativa con mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas al sector agro. En cada proceso de consulta se ejecutaron ocho talleres a nivel regional (uno por cada región del MAG), donde en el primer proceso participaron 368 mujeres y en el segundo, 380. Adicionalmente se realizaron dos talleres a nivel nacional con grupos diferenciados; uno con el Foro Nacional de Mujeres Afrodescendientes y otro, con organizaciones del sector de pesca. En su totalidad participaron 783 mujeres. 5. Sistematización de información y elaboración del instrumento de la política con su primer plan de acción: Revisión y síntesis documental de los acuerdos internacionales y marcos normativos vinculantes al tema de igualdad de género e inclusión en el sector. Análisis para la articulación y mecanismos de integración con las políticas nacionales vigentes sobre igualdad, género e inclusión, tomando como referencia la Política Nacional para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres 2018-2030. Sistematización de los resultados de dos procesos de consulta participativa. Análisis de los servicios institucionales brindados por las 11 instituciones públicas que conforman el sector agro, por tipos de servicios (financieros, de formación de capacidades, asistencia técnica, insumos para la producción, regulación, investigación y desarrollo, entre otros), para contar con los elementos necesarios para hacer operativa la política. Proceso de análisis para la definición y planteamiento de cada eje y acciones que contempla la política. Con base en esta implementación metodológica, se construye la política con su primer plan de acción 2020 - 2024. III. Estado de situación de las mujeres vinculadas al sector agro Este apartado hace referencia a las principales desigualdades de las mujeres respecto a los hombres en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. En lo que respecta a la brecha laboral entre hombres y mujeres, de acuerdo al informe Índice de Mejores Trabajos, elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Costa Rica es el segundo país de Latinoamérica con mayor brecha entre la puntuación de hombres y mujeres2. Situación que no escapa a la población ocupada por el sector agro, donde las mujeres participaron solo en un 13,3% durante el cuarto trimestre de 2017, en dicho informe. Con base en la Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares del 2018 (ENAMEH), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a nivel nacional, el 57,6% de las mujeres que emprenden lo hacen por necesidad, y un 37,5% lo hacen por oportunidad, lo cual se acentúa aún más en la zona rural, donde existe menos acceso a los servicios de desarrollo empresarial. Aunado a esto, por los roles impuestos de género y la división sexual del trabajo, las mujeres dedican menos tiempo al desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Según los informes Desempeño Sector Agropecuario 2017-2018-2019, elaborados por SEPSA, las mujeres presentan una menor participación en el mercado laboral en el sector, la tasa promedio de desempleo de esta población durante el periodo 2017-2019 fue de 16,65%, mientras que la de los hombres fue, en promedio, de 7,18%. Como consecuencia de lo anterior, las mujeres se han visto en la obligación de iniciar negocios por necesidad y bajo la estructura de la informalidad. El Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, realizado por el INAMU en conjunto con SEPSA en 2019, reafirma que, por los roles de género, las mujeres dedican aproximadamente cuatro horas diarias a sus actividades productivas, a diferencia de los hombres, que dedican ocho horas diarias, lo cual limita la capacidad de estas en sus actividades productivas y económicas. Por otro lado, en este mismo estudio, se señala que el 82% de las organizaciones lideradas por mujeres se encuentran en alguna condición de informalidad. Cabe destacar que las lideradas por hombres, en mayor medida, operan como cooperativas y sociedades anónimas, mientras que las lideradas por mujeres en su mayoría optan por la figura jurídica de la Ley de Asociaciones N°218. Con base en lo anterior, los emprendimientos de los hombres son visualizados como negocio en la mayoría de los casos, mientras que los de las mujeres, mayormente, son vistas como actividades de subsistencia y, por ende, no lucrativas, lo que limita su autonomía económica. En relación con el acceso a la tierra, los datos obtenidos del VI Censo Nacional Agropecuario 2014 (CENAGRO), señalan lo siguiente: Del 100% de las fincas registradas en personas físicas, el 84,4% está dirigido por hombres, mientras que únicamente el 15,6 % es dirigido por mujeres. De las 2.406.418,4 hectáreas dedicadas al cultivo en Costa Rica (incluidas las personas físicas y jurídicas), las mujeres producen solo el 4,4% de las tierras. Del total de fincas dirigidas por personas físicas (80.987 fincas), las productoras que reciben algún tipo de asistencia técnica representan solo el 3,1 % y, en el caso de los productores, es un 16,6%. Por otro lado, el Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica, elaborado por el INAMU, el Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), publicado en agosto del 2019, indica lo siguiente: Las mujeres representan entre el 17% y el 23% del total de créditos solicitados para agricultura, ganadería y actividades de servicios conexas como: pesca y acuicultura, explotación de minas y canteras, electricidad, telecomunicaciones, gas, agua y transporte. Los créditos para construcción, compra y reparación de inmuebles se otorgan a 89.633 mujeres y 119.463 hombres a nivel nacional. Los montos promedios son de ¢24.767.979 en los créditos para las mujeres y de ¢29.775.464 en los créditos para hombres. Es decir, del total de la cartera de créditos para vivienda (¢5.777.094.458.666), un 61,6% se otorga a hombres y un 38,4% a las mujeres. Del total de deudores del sistema financiero el 56,2% son hombres mientras que el 43,8% son mujeres. La morosidad en deudas de mujeres es menor que la de los hombres. Por ejemplo, del total de la deuda de las mujeres el 91% está al día y en hombres del total de deuda el 88% se encuentra al día. Complementariamente, el Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades, mencionado anteriormente, indica que existen diferencias significativas en el acceso al crédito entre las organizaciones lideradas por mujeres y las lideradas por hombres. Esta diferencia se presenta en las organizaciones con actividades de producción primaria, de las cuales el 39% de las lideradas por mujeres ha tenido acceso al crédito, mientras que en las organizaciones lideradas por hombres ese porcentaje es del 61%. IV. Problemática Como resultado de los procesos de consulta participativa realizados a las 783 mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural, se sistematizaron nueve obstáculos o causas principales que generan y acentúan las brechas de desigualdad dentro de este, las cuales se explican a continuación: 4.1 Gestión institucional: la gestión realizada por las entidades del sector agro en apoyo a las mujeres rurales se percibe como débil a lo interno de cada institución y entre instituciones, así como en cuanto a su relacionamiento con otros sectores como el social (Instituto Mixto de Ayuda Social, INAMU y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), el económico (Ministerio de Economía, Industria y Comercio y Promotora de Comercio Exterior), el educativo (Instituto Nacional de Aprendizaje y universidades) y gobiernos locales. Ante esto, destacan las siguientes causas: Una marcada descoordinación en la implementación de procesos y servicios a lo interno de cada institución, entre departamentos y, en muchos casos, entre personas funcionarias que lideran programas y proyectos. Esta situación provoca ineficiencia y afectación para las usuarias en la gestión de sus actividades productivas, tanto individuales como colectivos. Dicha condición se acentúa aún más en las acciones de articulación entre instituciones del mismo sector o con instancias de otros sectores. Una comunicación ineficiente para la gestión de procesos y servicios institucionales, que afecta de manera directa el acceso a los servicios demandados por las mujeres del sector agro, provocando parálisis y atrasos en los proyectos individuales y colectivos. Alta concentración del personal institucional dedicado a las actividades técnicas y profesionales para la prestación de servicios en sedes centrales de las instituciones del sector, lo que provoca dos condiciones: • Una limitada presencia del personal técnico en espacios locales, territoriales y regionales. • Un desplazamiento de las mujeres a gestionar sus proyectos y servicios de apoyo para la implementación de sus actividades productivas, traducidas en costos de traslado, tiempo y pérdida de ingresos en sus actividades. Los modelos de gestión (acciones y procedimientos) de las instituciones del sector son altamente centralizados, así como las aprobaciones, los vistos buenos y los estudios técnicos por parte de jefaturas y direcciones superiores, lo cual ocasiona que la dotación de servicios para el desarrollo de proyectos individuales y colectivos de las mujeres del sector agro sea, en muchos casos, ineficiente y con poca eficacia para el desarrollo de sus proyectos. El personal técnico y administrativo del sector agro, en su mayoría, desconoce los servicios que prestan las 11 instituciones. Esto genera que se brinde información imprecisa, inadecuada y/o extemporánea a las mujeres agropecuarias y rurales, la cual es necesaria para acceder de manera oportuna y eficiente a dichos servicios. El sector agro no cuenta con un sistema de gestión integral que articule los procesos y servicios institucionales con un modelo de servicio al cliente con enfoque de género. 4.2 Tramitomanía y gestión administrativa: se plantea como un aspecto crítico y se caracterizan de la siguiente manera: Para la gestión de proyectos individuales y colectivos, la tramitomanía es descontextualizada y, en muchos casos, inviable de cumplir por parte de las mujeres agropecuarias y rurales. Los requisitos suelen ser, en algunos casos, innecesarios, y se solicita el mismo requisito de manera obligatoria en diferentes instituciones para el mismo proyecto; asimismo, se solicitan requisitos no estipulados en las normativas y reglamentos, lo cual ocasiona que los trámites se extiendan en plazos excesivos. Además, no se contemplan necesidades diferenciadas y se pierde el costo de oportunidad de desarrollar la actividad productiva y/o económica. Los instrumentos técnicos – administrativos presentan ambigüedad y contradicción entre legislación, reglamentos y procedimientos, lo que limita la capacidad de gestionar los proyectos individuales y colectivos de las mujeres. Los servicios y beneficios institucionales, así como la oferta de proyectos económicos y productivos para las mujeres, no cuentan con un enfoque de igualdad de género; esto provoca una brecha en materia de acceso a la tierra, financiamiento, asesoría, asistencia técnica y formación de capacidades, entre otros. 4.3 Comercialización y mercados: las personas productoras agropecuarias y rurales enfrentan retos importantes para insertarse exitosamente en los espacios de comercialización y mercados, tanto a nivel local y regional, como nacional e internacional. Esta problemática es más acentuada en las mujeres del sector, por el nivel de informalidad de sus actividades productivas y económicas, el menor tamaño y capacidad de gestión organizativa y empresarial y su limitado acceso a los recursos y servicios, lo cual limita, aún más, su inserción efectiva en cadenas de valor. Se caracteriza de la siguiente manera: Una capacidad limitada del sector institucional para habilitar y articular espacios dirigidos a la comercialización de productos y servicios a nivel local y regional, que promuevan oportunidades para el acceso de las mujeres del sector agro a los mercados. La oferta de proyectos productivos agropecuarios y rurales que brindan las instituciones a las mujeres está sesgada por los roles de género y la división sexual del trabajo y se caracteriza, en su mayoría, por ser de autoconsumo o subsistencia. La oferta de proyectos productivos para la generación de excedentes no cuenta con la información y asistencia técnica necesaria para su rentabilidad y capacidad de acceso a los mercados. Las estrategias para la generación de valor agregado a la producción agropecuaria y rural son insuficientes y carecen de mecanismos de acceso efectivo para la población femenina, que les permitan escalar los proyectos individuales y colectivos. Las estrategias de asociatividad (de gestión organizacional, empresarial y de formalización) que fomentan la institucionalidad en la población de mujeres del sector agro son poco competitivas y limitan el aprovechamiento de los espacios de comercialización y las condiciones del mercado. La alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales coloca en desventaja a quienes desarrollan pequeños y medianos emprendimientos, lo cual es más acentuado en las mujeres productoras y les hace poco rentable sostener su actividad 4.4 Acceso a la tierra: este obstáculo representa una de las principales limitantes para las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que se caracteriza por: El Instituto de Desarrollo Rural (INDER), por medio de su reglamentación y procedimientos de gestión, dificulta el acceso a la tierra para las mujeres en titulación y condición de propiedad para desarrollo productivo y habitacional. El INDER, como institución del sector con la responsabilidad de gestionar lo referente a la titulación de tierra en el sector agropecuario, pesquero y rural, no permite que las zonas de producción se compartan con los espacios habitacionales. 4.5 Acceso a financiamiento: el acceso a recursos financieros por parte de las personas productoras del sector agro, ya sea de manera individual o colectiva, es altamente limitado, situación que se acentúa para las mujeres, debido a la falta de adecuación y caracterización de las condiciones que estas enfrentan para la implementación y desarrollo de los sistemas de producción. Entre los principales obstáculos consensuados en la consulta se señalan: La oferta de financiamiento para el sector agro (como la que dispone el INDER y otros esquemas de financieros del sector social y bancario, públicos o privados), carece de mecanismos diseñados desde un enfoque de género interseccional, así como de los sistemas productivos que desarrollan. Además, existe un limitado acceso al capital semilla, inversión inicial y capital de trabajo de una actividad productiva. Los servicios de asesoría y asistencia técnica para el acceso y uso efectivo de los esquemas que dotan de recursos financieros son insuficientes. Esto aumenta el riesgo en la sostenibilidad de los proyectos, pues los esquemas de financiamiento por sí mismos no promueven la autonomía económica en las mujeres si no se integran a otros servicios no financieros, como asistencia técnica especializada, fortalecimiento de capacidades o comercialización, lo que refuerza la necesidad de desarrollar políticas integradas. Limitación de parte de las mujeres agropecuarias, pesqueras y rurales en el acceso de seguros de cosechas o actividades productivas vinculadas al sector, que permitan enfrentar eventos climáticos y económicos, para sostener la actividad ex ante y post evento. 4.6 Formación de capacidades: los micro, pequeños y medianos emprendimientos agropecuarios se encuentran excluidos de la Ley N°8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas, con excepción de los emprendimientos de agricultura orgánica (reformado por el artículo 25 de la Ley N°8591 Ley para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica, del 14 de agosto 2007); por lo tanto, las personas productoras y, en especial las mujeres del sector, no son beneficiarias de los programas impulsados por el MEIC, como ente rector en esta materia, dirigidos al fomento integral de las pymes en materia financiera, de gestión de capacidades empresariales, de formalización y de acceso a mercados. Aunado a lo anterior, las instituciones del sector agro que brindan servicios de capacitación, asesoría y asistencia técnica en materia de gestión organizacional y empresarial (MAG, INDER, CNP, INCOPESCA y CONAC 4-S) lo hacen de manera desarticulada, esporádica y extemporánea, utilizando modelos de gestión diferentes entre sí, lo cual provoca lo siguiente: Se duplica la oferta de formación de capacidades entre las instituciones del sector, así como las de otras instituciones de los sectores social, económico y educativo. Los temas no son innovadores ni acordes a las dinámicas actuales y futuras de los sistemas de producción agropecuaria y rural. Además, la mayoría no incorpora el uso de nuevas tecnologías para mejorar rentabilidad, productividad, sostenibilidad, valor agregado, estrategias de comercialización y acceso a mercados. Ciertas modalidades de formación de capacidades no contemplan las condiciones particulares de las mujeres en cuanto a la distancia de los centros de formación y/o acceso, uso de tecnologías, y su tiempo dedicado al cuido de personas menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidad, entre otros. La oferta de formación de capacidades (cursos, talleres, capacitación, etc.) ofrecidas a la población femenina son desiguales en relación con la oferta a la que puede acceder la población masculina, tanto en temáticas y contenido como en frecuencia y requisitos. 4.7 Asistencia técnica: la asistencia técnica y extensión han actuado históricamente reforzando la división sexual del trabajo, que separa y crea jerarquías entre las actividades desarrolladas por mujeres y hombres, al promover, asignar y priorizar actividades de producción agropecuaria y agroindustrial a los hombres, y actividades de autoconsumo y subsistencia que se feminizan y son de bajo valor, para las mujeres. Aunado a ello, la reducción de los recursos humanos y operativos de las instituciones del sector y el aumento en funciones administrativas han disminuido considerablemente la cobertura y presencia en campo en el nivel local, territorial y regional. Asimismo, se señala que: No se cuenta con una oferta adecuada de asistencia técnica y extensión que contemple las condiciones particulares que enfrentan las mujeres del sector agro para el desarrollo de las iniciativas productivas desarrolladas de manera individual y/o colectiva. Las mujeres del sector agro, dependen de la voluntad y sensibilidad en materia de género que tengan las personas funcionarias para brindar asistencia técnica, ya que la atención a las productoras muchas veces es vista como un recargo de trabajo. Los emprendimientos individuales o colectivos (micro y pequeños) desarrollados por las productoras no son valorados de igual manera por parte las personas funcionarias, ya que son considerados actividades de subsistencia o autoconsumo. En las instituciones del sector agro así como de otros sectores, como el social y económico, no se tiene claridad sobre las funciones de asistencia técnica y extensión que, por competencia, tienen cada una, lo cual genera duplicidad y vacíos en su implementación. 4.8 Brecha tecnológica: el acceso a la investigación y a la innovación tecnológica agropecuaria por parte de las personas productoras es altamente limitada, situación que se agrava más en las mujeres productoras, pues manifiestan que nunca han sido consultadas, por parte de las instituciones del sector, sobre sus necesidades particulares para ser competitivas y sostenibles. Otros factores señalados por las mujeres, en temas de desigualdad y rezago en materia de investigación e innovación tecnológica agropecuaria, son: Se percibe una debilidad del sector institucional en cuanto a disponer de procesos de investigación con las herramientas e información adecuadas para la adopción de innovaciones agropecuarias que fomenten las actividades productivas. Poca o nula oferta de capacitación dirigida a mujeres para el uso de herramientas tecnológicas que les permitan tener acceso oportuno a la investigación e innovación tecnológica agropecuaria para hacer competitivas sus actividades. Insuficiente personal de las instituciones con conocimiento en materia de ciencia y tecnología agropecuaria y actualización profesional. 4.9 Variabilidad climática: aun cuando el cambio climático es perjudicial para todas las personas, lo es más para las mujeres del sector agro, por no contar con acceso a los medios de producción, lo que genera una menor resiliencia para la adaptabilidad de las actividades agropecuarias y rurales ante los efectos de eventos extremos producto del cambio climático. Se perciben con mayor vulnerabilidad los siguientes aspectos: Carecen de conocimientos en buenas prácticas de desarrollo productivo en sus actividades agropecuarias y rurales. Las zonas de producción agropecuaria y rural carecen de infraestructura para el desarrollo de las actividades productivas y económicas adaptadas al clima. Los sistemas productivos actuales son susceptibles a baja productividad y a enfermedades producidas por los cambios de temperatura, sequía y exceso de lluvias. Los planes de riesgo a nivel local, territorial y regional, carecen de componentes sobre la gestión de riesgo agroproductivo. A continuación, se sistematiza en el cuadro 3, de causa y efecto, la problemática de las mujeres vinculadas al sector agro. 25 Cuadro 3 Resumen de la problemática de las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural en Costa Rica Situación/Problema Causa Efecto Limitada, lenta, inadecuada y desarticulada gestión institucional de la oferta de servicios e información dirigidos a las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitado acceso a la propiedad, uso y control de la tierra para la producción por parte de las mujeres rurales. Desvinculación entre las demandas de las necesidades y condiciones particulares que enfrentan las mujeres rurales, quienesdesarrollan actividades productivas y económicas, y la oferta estatal vinculada al sector agro, lo cual incide en el desconocimiento que la institucionalidad mantiene desde los servicios homogéneos que ha aplicado para una población heterogénea demandante de servicios del sector. Distribución inequitativa de la tierra para la producción y el desarrollo de actividades productivas y económicas para las mujeres rurales. Alto desconocimiento, por parte de las mujeres rurales, de los servicios que prestan las instituciones del sector, debido a la fragmentación y dispersión de la información básica y oportuna. Mucho tiempo invertido y alto costo económico para las mujeres rurales al realizar trámites o gestionar algún servicio brindado por las instituciones del sector agro. Altos niveles de exclusión de mujeres rurales de la producción agropecuaria y agroindustrial. Incapacidad de cumplir con garantías reales para acceder a financiamiento y programas de fomento para implementar y desarrollar una actividad productiva o económica vinculada al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitado acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres para implementar actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que les permitan alcanzar su empoderamiento económico. Incremento del trabajo informal de las mujeres y sus actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitada capacidad de crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos productivos y actividades económicas desarrolladas por las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Bajas oportunidades de las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural para avanzar hacia su autonomía económica, incidiendo en la dependencia estatal asistencial prolongada. Alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales, siendo más acentuado en los productos y servicios desarrollados por las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Informalidad y baja rentabilidad de las actividades productivas y económicas desarrolladas por las mujeres rurales. Bajo nivel de articulación y de asociatividad entre las mujeres rurales que desarrollan actividades productivas y económicas, lo cual limita su acceso efectivo al mercado local, regional y nacional. Duplicación de procesos de formación, asesoría y capacitación. Baja capacidad organizativa y empresarial de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Baja capacidad técnica de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural para la implementación y desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles. Desconocimiento de las mujeres rurales sobre los servicios de asistencia técnica que brindan las instituciones del sector agropecuario, pesquero y rural, de acuerdo con las ramas de actividad y ocupaciones. Bajos rendimientos, innovación, eficiencia y sostenibilidad de las actividades productivas y económicas que desarrollan las organizaciones de mujeres rurales vinculadas al sector agro. Vulnerabilidad de los sistemas productivos y económicos que desarrollan las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural ante la variabilidad climática. Bajos niveles de competitividad de los sistemas productivos y actividades económicas que desarrollan las mujeres rurales vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, por el reducido acceso a la investigación, innovación y transferencia agropecuaria. Baja competitividad de los sistemas productivos y actividades económicas que desarrollan las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 26 Situación/Problema Causa Efecto Desigualdades en el acceso a los recursos financieros por parte de las mujeres rurales, lo que aumenta el trabajo informal. Tramitología excesiva y requisitos inadecuados solicitados por las instituciones, los cuales obstaculizan el acceso de las mujeres a los recursos para el desarrollo de sus proyectos productivos y económicos vinculados al sector agropecuario, pesquero y rural. Niveles importantes de exclusión de las mujeres rurales en el desarrollo, debido a la limitada respuesta de la institucionalidad del sector agro para habilitar y articular espacios de comercialización internos y externos para productos y servicios desarrollados por las mujeres. Insuficientes mecanismos específicos para generar estrategias de negocio diferenciado y pertinente, dirigido a las mujeres vinculadas al sector agro. Limitado acceso de las mujeres al financiamiento reembolsable y no reembolsable para la implementación y desarrollo de sus actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Insuficientes canales de comercialización y estrategias de negocio, para que las mujeres se vinculen, de forma efectiva y sostenible, al mercado interno y externo, para comercializar sus productos y servicios vinculados al sector agropecuario, pesquero y rural. Alto desconocimiento, por parte de las mujeres rurales, de los servicios que prestan las instituciones del sector, debido a la fragmentación y dispersión de la información básica y oportuna. Mucho tiempo invertido y alto costo económico para las mujeres rurales al realizar trámites o gestionar algún servicio brindado por las instituciones del sector agro. Altos niveles de exclusión de mujeres rurales de la producción agropecuaria y agroindustrial. Incapacidad de cumplir con garantías reales para acceder a financiamiento y programas de fomento para implementar y desarrollar una actividad productiva o económica vinculada al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitado acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres para implementar actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que les permitan alcanzar su empoderamiento económico. Incremento del trabajo informal de las mujeres y sus actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitada capacidad de crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos productivos y actividades económicas desarrolladas por las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Bajas oportunidades de las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural para avanzar hacia su autonomía económica, incidiendo en la dependencia estatal asistencial prolongada. Alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales, siendo más acentuado en los productos y servicios desarrollados por las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Informalidad y baja rentabilidad de las actividades productivas y económicas desarrolladas por las mujeres rurales. Bajo nivel de articulación y de asociatividad entre las mujeres rurales que desarrollan actividades productivas y económicas, lo cual limita su acceso efectivo al mercado local, regional y nacional. Duplicación de procesos de formación, asesoría y capacitación. Baja capacidad organizativa y empresarial de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Baja capacidad técnica de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural para la implementación y desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles. Desconocimiento de las mujeres rurales sobre los servicios de asistencia técnica que brindan las instituciones del sector agropecuario, pesquero y rural, de acuerdo con las ramas de actividad y ocupaciones. Bajos rendimientos, innovación, eficiencia y sostenibilidad de las actividades productivas y económicas que desarrollan las organizaciones de mujeres rurales vinculadas al sector agro. Vulnerabilidad de los sistemas productivos y económicos que desarrollan las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural ante la variabilidad climática. Bajos niveles de competitividad de los sistemas productivos y actividades económicas que desarrollan las mujeres rurales vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, por el reducido acceso a la investigación, innovación y transferencia agropecuaria. Baja competitividad de los sistemas productivos y actividades económicas que desarrollan las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 27 Alto desconocimiento, por parte de las mujeres rurales, de los servicios que prestan las instituciones del sector, debido a la fragmentación y dispersión de la información básica y oportuna. Mucho tiempo invertido y alto costo económico para las mujeres rurales al realizar trámites o gestionar algún servicio brindado por las instituciones del sector agro. Altos niveles de exclusión de mujeres rurales de la producción agropecuaria y agroindustrial. Incapacidad de cumplir con garantías reales para acceder a financiamiento y programas de fomento para implementar y desarrollar una actividad productiva o económica vinculada al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitado acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres para implementar actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que les permitan alcanzar su empoderamiento económico. Incremento del trabajo informal de las mujeres y sus actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitada capacidad de crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos productivos y actividades económicas desarrolladas por las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Bajas oportunidades de las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural para avanzar hacia su autonomía económica, incidiendo en la dependencia estatal asistencial prolongada. Alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales, siendo más acentuado en los productos y servicios desarrollados por las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Informalidad y baja rentabilidad de las actividades productivas y económicas desarrolladas por las mujeres rurales. Bajo nivel de articulación y de asociatividad entre las mujeres rurales que desarrollan actividades productivas y económicas, lo cual limita su acceso efectivo al mercado local, regional y nacional. Situación/Problema Causa Efecto Limitada capacidad de la institucionalidad del sector, para brindar servicios articulados y sistemáticos de formación, asesoría y capacitación en gestión organizacional y empresarial dirigidos a las mujeres en su diversidad sociocultural (mujeres rurales en pobreza, afrodescendientes, indígenas, entre otras), vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Oferta de servicios de asistencia técnica agropecuaria poco innovadora y adecuada a las condiciones particulares que enfrentan las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Servicios estatales desarticulados e insuficientes para la formación de capacidades para la agroempresariedad que respondan a la realidad de las mujeres y al nivel de desarrollo en el que se encuentran las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agro. Limitada capacidad de generar valor agregado en las actividades productivas y económicas desarrolladas por las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agro, debido a la deficiente respuesta institucional de asistencia técnica en producción, manejo postcosecha, actividades de agroindustria y comercialización de los productos y servicios. Duplicación de procesos de formación, asesoría y capacitación. Baja capacidad organizativa y empresarial de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Baja capacidad técnica de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural para la implementación y desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles. Desconocimiento de las mujeres rurales sobre los servicios de asistencia técnica que brindan las instituciones del sector agropecuario, pesquero y rural, de acuerdo con las ramas de actividad y ocupaciones. Bajos rendimientos, innovación, eficiencia y sostenibilidad de las actividades productivas y económicas que desarrollan las organizaciones de mujeres rurales vinculadas al sector agro. Vulnerabilidad de los sistemas productivos y económicos que desarrollan las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural ante la variabilidad climática. Bajos niveles de competitividad de los sistemas productivos y actividades económicas que desarrollan las mujeres rurales vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, por el reducido acceso a la investigación, innovación y transferencia agropecuaria. Baja competitividad de los sistemas productivos y actividades económicas que desarrollan las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 28 Alto desconocimiento, por parte de las mujeres rurales, de los servicios que prestan las instituciones del sector, debido a la fragmentación y dispersión de la información básica y oportuna. Mucho tiempo invertido y alto costo económico para las mujeres rurales al realizar trámites o gestionar algún servicio brindado por las instituciones del sector agro. Altos niveles de exclusión de mujeres rurales de la producción agropecuaria y agroindustrial. Incapacidad de cumplir con garantías reales para acceder a financiamiento y programas de fomento para implementar y desarrollar una actividad productiva o económica vinculada al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitado acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres para implementar actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, que les permitan alcanzar su empoderamiento económico. Incremento del trabajo informal de las mujeres y sus actividades productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Limitada capacidad de crecimiento y sostenibilidad de los emprendimientos productivos y actividades económicas desarrolladas por las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Bajas oportunidades de las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural para avanzar hacia su autonomía económica, incidiendo en la dependencia estatal asistencial prolongada. Alta intermediación en la comercialización de los productos agropecuarios y rurales, siendo más acentuado en los productos y servicios desarrollados por las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Informalidad y baja rentabilidad de las actividades productivas y económicas desarrolladas por las mujeres rurales. Bajo nivel de articulación y de asociatividad entre las mujeres rurales que desarrollan actividades productivas y económicas, lo cual limita su acceso efectivo al mercado local, regional y nacional. Duplicación de procesos de formación, asesoría y capacitación. Baja capacidad organizativa y empresarial de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Baja capacidad técnica de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural para la implementación y desarrollo de proyectos innovadores y sostenibles. Desconocimiento de las mujeres rurales sobre los servicios de asistencia técnica que brindan las instituciones del sector agropecuario, pesquero y rural, de acuerdo con las ramas de actividad y ocupaciones. Bajos rendimientos, innovación, eficiencia y sostenibilidad de las actividades productivas y económicas que desarrollan las organizaciones de mujeres rurales vinculadas al sector agro. Situación/Problema Causa Efecto Desinformación sobre la adaptación y mitigación frente al cambio climático por parte de las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, así como respecto a las buenas prácticas en manejo y conservación de suelos, conservación, protección, distribución y uso del recurso hídrico para producción y consumo humano, la biodiversidad y temas de gestión del riesgo para adaptar los sistemas productivos y económicos ante la variabilidad de fenómenos hidrometeorológicos. Disparidades entre la oferta y la demanda de las actividades productivas y el mercado regional y territorial, debido a un limitado acceso a la investigación e innovación agropecuaria, para que las mujeres rurales vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural puedan potenciar y desarrollar sus sistemas productivos y actividades económicas. Limitado acceso a las tecnologías de comunicación e información para las actividades productivas y económicas. Baja capacidad de resiliencia por parte de las instituciones del sector, ya que no cuentan con información agroclimática actualizada, de manera ágil y oportuna, para mitigar los efectos de la variabilidad climática en los sistemas productivos y económicos desarrollados por las mujeres del sector agro. Bajos niveles de credibilidad y confianza por parte de los habitantes de las regiones y territorios, debido a que las instituciones encargadas de desarrollar procesos de innovación, investigación y transferencia agropecuaria no toman en cuenta las necesidades, intereses y particularidades que enfrentan los grupos sociales y, en especial, las mujeres que desarrollan iniciativas productivas y económicas vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Rezago en las instituciones del sector agropecuario, pesquero y rural en el desarrollo de tecnologías de comunicación y de información. Vulnerabilidad de los sistemas productivos y económicos que desarrollan las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural ante la variabilidad climática. Bajos niveles de competitividad de los sistemas productivos y actividades económicas que desarrollan las mujeres rurales vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, por el reducido acceso a la investigación, innovación y transferencia agropecuaria. Baja competitividad de los sistemas productivos y actividades económicas que desarrollan las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 29 V. Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 31 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 32 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 33 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 34 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Nivel de Ejecución Institucional Nivel de Coordinación Sectorial Nivel Político de Coordinación Intersectorial y Sectorial Figura 2 Estructura de Coordinación Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 35 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 36 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: Diseño y preparación (preparación y construcción del seguimiento) Realimentación del proceso de seguimiento (seguimiento a las acciones de mejora y verificación) Ejecución (valoración de la calidad de la información y análisis de los resultados) Uso (presentación de los resultados y divulgación) Figura 3 Proceso de seguimiento FASES Por medio de SEPSA se trabajará en la Fase I: Diseño y preparación, puntualmente en la preparación y construcción del seguimiento, el cual consiste en la revisión de los objetivos, metas, actores y responsables; revisión de indicadores; y establecimiento de las herramientas para el levantamiento de la información y determinación de la viabilidad del seguimiento. La implementación del proceso de seguimiento se realizará mediante la revisión de los indicadores planteados en el plan de acción de la política y la elaboración de las fichas de los indicadores. Asimismo, se solicitará información a las instancias institucionales competentes sobre el avance de la meta programada y sobre los avances y obstáculos para su cumplimiento. Se espera realizar dos evaluaciones: 1. La evaluación de proceso o resultados a 5 años, la cual tiene lugar una vez finalizada la implementación del I Plan de acción (2020-2024), permitirá medir el progreso hacia el logro de los objetivos, indicadores y metas propuestas. Además, esta evaluación tiene el propósito de fundamentar, a través de la evidencia de los resultados obtenidos, la elaboración del II Plan de acción (2025-2030). 2. La evaluación de impacto, cuyo objetivo es valorar el alcance de las acciones realizadas para la incorporación efectiva de la perspectiva de la igualdad de género en las instituciones del sector y cómo dichos impactos son percibidos por las mujeres vinculadas al sector agro. 37 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: Figura 4 Estructura de seguimiento y evaluación de la Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2019-2030 y I Plan de acción Para ambas evaluaciones, se contemplan los criterios utilizados por la Política nacional de evaluación 2018-2030, elaborada por el MIDEPLAN, la cual establece: El seguimiento y evaluación de esta política se plantea con el objetivo de asegurar la correcta implementación y la subsecuente generación de cambios y mejora en la institucionalidad pública, dada la relevancia de estos elementos para el aprendizaje organizacional, la toma de decisiones basada en evidencia y la rendición de cuentas. (MIDEPLAN, 2018, p. 74) Por tanto, el mecanismo busca asegurar la inversión realizada y propiciar un modelo de impacto en el desarrollo del sector agro, con énfasis en un enfoque de igualdad de género interseccional que permita medir y valorar los esquemas de acción interinstitucional y potenciar el aprovechamiento de espacios de planificación y seguimiento a los niveles de intervención de las instituciones del Sector, con el fin de contar con elementos claves de información para la toma de decisiones. Cabe destacar que este modelo de seguimiento y evaluación requiere de la elaboración anual de informes en los que se reflejen los avances, las limitaciones y los ajustes para el cumplimiento progresivo de las acciones propuestas para cada uno de los ejes estratégicos de la política. La instancia responsable de liderar y articular la elaboración de estos informes anuales y las evaluaciones propuestas es SEPSA, en coordinación con las personas enlace de género de cada una de las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, como lo muestra la siguiente figura: Planificación 2018-2019 Proceso de consulta participativa. Construcción de política y plan de acción. Plan de acción 1 2020-2024 Implementación Gestión de recursos Plan de acción 2 2025-2030 Implementación Evaluación formativa Evaluación sustantiva 38 VII. I Plan de Acción 2020-2024 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: Acción Estratégica Indicador Meta Instituciones responsables Instituciones que apoyan Estimación Presupuestaria VII. I Plan de Acción 2020-2024 Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Subtema: Acceso a los servicios institucionales con enfoque de género interseccional 2020-2024: 11 instituciones. 2020: 5 2021: 11 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 11 instituciones. 2020: 0 2021: 5 2022: 11 2023: 11 2024: 11 2020-2024: 100% de servicios institucionales. 2020: 0 2021: 0 2022: 30% 2023: 70% 2024: 100% 2020-2024: 11 instituciones. 2020: 0 2021: 3 2022: 6 2023: 9 2024: 11 Identificación de brechas de género a lo interno de las instituciones del sector agro por medio de la aplicación de la herramienta Indica Igualdad. Reducción de las brechas de género identificadas en las instituciones del sectora través de la implementación del Plan de Igualdad de Género. Funcionamiento de una plataforma digital de gestión integrada de los servicios institucionales del sector agropecuario, Pesquero y Rural. Generación de información desagregada por sexo, grupo etario, etnia y condición de discapacidad en las instituciones del sector agropecuario, pesquero y rural. Desarrollo de procesos de sensibilización y formación al personaldel sector agropecuario, pesquero y rural para la prestación de servicios institucionales con enfoque de género interseccional. Funcionamiento de un mecanismo sectorial de género 3. Generación de condiciones para la promoción y la gestión de la igualdad en el ámbito institucional: mecanismo de género formalizado⁴. Número de instituciones del sector agro aplicando la herramienta indica Igualdad para la identificación de brechas de género. Número de instituciones del sector implementan do el Plan de Igualdad de Género Porcentaje de servicios institucionales diferenciados del sector agro integrados en una plataforma digital. Número de institucionesdel sector agro generando información desagregada por sexo, grupo etario, etnia y condición de discapacidad. 2020-2024: 15 procesos. 2020: 3 2021: 6 2022: 9 2023: 12 2024: 15 2020-2024: Mecanismo sectorial. 2020: 1 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 7 instituciones. 2020: 1 2021: 3 2022: 5 2023: 6 2024: 7 20 Millones 20 Millones 15 Millones NA MAG, INDER, SENASA, SFE, PIMA, CNP, INCOPESCA, INTA, ONS, CONAC 4-S, SENARA MAG, INDER, SENASA, SFE, PIMA, CNP, INCOPESCA, INTA, ONS, CONAC 4-S, SENARA MAG MAG, INCO PESCA, CNP, INTA, ONS, SENASA, CONAC 4-S, SFE, SENARA, PIMA, INDER SEPSA, PNUD, INAMU SEPSA, PNUD, INAMU INDER, INCOPESCA, CNP, INTA, ONS, SENASA, CONAC 4-S, SFE, SENARA, PIMA SEPSA Número de procesos de sensibilización y formaciónal personal del sector agropecuario, pesquero y rural desarrollados con enfoque de género interseccional. Mecanismo sectorial de género funcionando e inserto en la estructura administrativa aprobada por MIDEPLAN. Número de instituciones que cumplen con condiciones para la promoción y gestión en igualdad. 40 La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: 2020-2024: 11 instituciones. 2020: 5 2021: 11 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 11 instituciones. 2020: 0 2021: 5 2022: 11 2023: 11 2024: 11 2020-2024: 100% de servicios institucionales. 2020: 0 2021: 0 2022: 30% 2023: 70% 2024: 100% 2020-2024: 11 instituciones. 2020: 0 2021: 3 2022: 6 2023: 9 2024: 11 Identificación de brechas de género a lo interno de las instituciones del sector agro por medio de la aplicación de la herramienta Indica Igualdad. Reducción de las brechas de género identificadas en las instituciones del sectora través de la implementación del Plan de Igualdad de Género. Funcionamiento de una plataforma digital de gestión integrada de los servicios institucionales del sector agropecuario, Pesquero y Rural. Generación de información desagregada por sexo, grupo etario, etnia y condición de discapacidad en las instituciones del sector agropecuario, pesquero y rural. Acción Estratégica Indicador Meta Instituciones responsables Instituciones que apoyan Estimación Presupuestaria Desarrollo de procesos de sensibilización y formación al personaldel sector agropecuario, pesquero y rural para la prestación de servicios institucionales con enfoque de género interseccional. Funcionamiento de un mecanismo sectorial de género 3. Generación de condiciones para la promoción y la gestión de la igualdad en el ámbito institucional: mecanismo de género formalizado⁴. Número de instituciones del sector agro aplicando la herramienta indica Igualdad para la identificación de brechas de género. Número de instituciones del sector implementan do el Plan de Igualdad de Género Porcentaje de servicios institucionales diferenciados del sector agro integrados en una plataforma digital. Número de institucionesdel sector agro generando información desagregada por sexo, grupo etario, etnia y condición de discapacidad. Fortalecimiento de capacidades del personal del sector agropecuario, pesquero y rural con enfoque de género interseccional Subtema: Subtema: 2020-2024: 15 procesos. 2020: 3 2021: 6 2022: 9 2023: 12 2024: 15 2020-2024: Mecanismo sectorial. 2020: 1 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 7 instituciones. 2020: 1 2021: 3 2022: 5 2023: 6 2024: 7 35 Millones 1 Millón 11 Millones MAG, INDER, INCOPESCA, CNP, INTA, ONS, SENASA, CONAC 4-S, SFE, SENARA, PIMA. SEPSA CNP, MAG, INTA, ONS, SENASA, SFE, SENARA. SEPSA, INAMU, PNUD. DESPACHO MINISTERIAL, INAMU, MIDEPLAN SEPSA, INAMU Número de procesos de sensibilización y formaciónal personal del sector agropecuario, pesquero y rural desarrollados con enfoque de género interseccional. Mecanismo sectorial de género funcionando e inserto en la estructura administrativa aprobada por MIDEPLAN. Número de instituciones que cumplen con condiciones para la promoción y gestión en igualdad. Fortalecimiento de la estructura institucional de género en el sector agropecuario, pesquero y rural 3. La creación de la unidad se realizará en el 2020 y su consolidación a partir del 2021 y años subsiguientes. 4. Ver Decreto Ejecutivo N°37906-MP-MCM del 20 de junio del 2013. 41 Subtema: Acceso diferenciado por parte de las mujeres agropecuarias y rurales al Programa de Crédito Rural del Inder La Política de igualdad de género para el desarrollo inclusivo en el sector agropecuario, pesquero y rural costarricense 2020-2030 y I Plan de acción se plantean como un instrumento para contribuir al bienestar de las mujeres vinculadas al sector agro, reducir las brechas de desigualdad en el acceso y participación de manera equitativa en las actividades de producción e instrumentos de fomento agropecuario y rural, por medio de la modernización de la gestión institucional, en áreas como gestión agroempresarial, la investigación e innovación tecnológica y la adaptación y mitigación climática. A. Principios Implican, desde la política pública, enmarcar líneas de acción encaminadas a desplegar las potencialidades de las mujeres en el ámbito social, económico y ambiental, con la finalidad de reducir de manera efectiva las brechas de desigualdad existentes, por lo que se plantean los siguientes principios para esta política: Desarrollo sostenible: se concibe como “el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (MIDEPLAN, 2017, p.6) y de establecer una trilogía basada en los principios de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el propósito de lograr el equilibrio y la integración entre todos los componentes del desarrollo sostenible: las personas, el planeta y la prosperidad, fortaleciendo la paz en un clima de mayor libertad y colaboración de todos los actores del desarrollo (MIDEPLAN, 2018). Igualdad de género: “puesto que la desigualdad de género es una de las más pronunciadas y antiguas, es imprescindible incorporar este enfoque en el desarrollo de las políticas públicas, porque permite situar las diferencias sexo-género como fuente de discriminación en contra de las mujeres”. (INAMU, 2018). Este principio permitirá hacer más eficiente e igualitario el acceso los servicios públicos que brindan las instituciones del sector agro, en tanto involucra, de una manera protagónica, actores institucionales y a las mujeres del sector. Interseccionalidad: orienta, por un lado, el análisis para la constitución simultánea de discriminaciones que sufren las mujeres, y por otro, fundamenta la importancia de promover la creación de políticas públicas inclusivas y respetuosas de las realidades diversas que condicionan la vida de las mujeres en género, etnia, edad, discapacidad, ubicación geográfica y situación socioeconómica. La interseccionalidad permite no solo dimensionar las diferentes desigualdades que experimentan las mujeres vinculadas al sector, sino, además, plantear acciones que dan cuenta y responden a la heterogeneidad interna de las mujeres. B. Enfoques A continuación, se establecen los enfoques orientadores para la implementación de la política: Modernización institucional: consiste en una “gestión efectiva de la institucionalidad pública del agro con la entrega de productos y servicios que den respuesta oportuna a las necesidades del sector productivo, por medio de una mayor vinculación y articulación, simplificación de trámites y complementariedad con el sector privado y otros sectores” (SEPSA, 2018, p. 8), que asegure la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso, uso y control de los productos y servicios del sector. Agroempresariedad: se orienta a “impulsar la capacidad agroempresarial para una producción sostenible y competitiva, mediante la innovación, el acceso a la tecnología, la aplicación de las buenas prácticas de producción, manufactura, valor agregado y asociatividad” (SEPSA, 2018, p.8.) para promover la autonomía económica de las mujeres. Agrocadenas: permite que “las cadenas agroalimentarias se organicen como un conjunto de actividades productivas y actores que intervienen y se relacionan técnica y económicamente desde la actividad agrícola primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrialización o transformación y de distribución (actividades principales de las cadenas). Existen, además, aquellas que son de apoyo, como son la provisión de equipos, insumos y de servicios, las cuales, si bien no forman parte consustancial de la cadena, son claves porque facilitan su funcionamiento” (IICA, 2014, p.18). Innovación tecnológica: es “la creación de productos, servicios y procesos, nuevos o mejorados que favorecen la competitividad de las organizaciones y emprendimientos agropecuarios, que mejoran el nivel de vida de los poblaciones y unidades agro productivas. Las innovaciones permiten a las empresas y a los diferentes tipos de productores aumentar la productividad, mejorar la calidad, disminuir los costos e incursionar en nuevos mercados” (IICA, 2016, p.8). La promoción de dicho enfoque orienta a: […] incrementar la producción y la productividad, mejorar los ingresos, reducir la pobreza y la inequidad, disminuir el impacto ambiental del sector agroalimentario, incrementar la resiliencia, facilitar el acceso a nuevas tecnologías, adaptarse al cambio climático y, conscientemente, alcanzar la seguridad alimentaria y mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos” (Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas, Costa Rica, 2011, p.79). C. Características Las principales características son: Participativa: desde las etapas iniciales de su formulación y para su implementación, esta Política se caracteriza por el desarrollo de mecanismos consultivos con mujeres, organizadas o no y las instituciones que están vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural a nivel territorial, regional y nacional. Inclusiva y no discriminatoria: se sustenta a partir del reconocimiento de factores y procesos de exclusión de trato entre las personas, independientemente de su sexo, edad, origen étnico, situación socioeconómica, lugar de procedencia, o cualquier otra condición. Es decir, vela por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas, para lograr la incorporación plena en las dinámicas de desarrollo económicas, sociales, ambientales, culturales y de participación política institucional y para cerrar las desigualdades y brechas que experimentan las mujeres vinculadas al sector agro. Intersectorialidad: reconoce la necesidad de coordinar y articular con otros sectores temas complejos con responsabilidades compartidas e incorpora acciones dirigidas a evitar vacíos, duplicidad de esfuerzos y generar sinergias para una gestión institucional eficiente y efectiva. D. Visión Las mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural mejoran su situación socioeconómica mediante el desarrollo sostenible de actividades productivas. E. Objetivo general Reducir de manera significativa las desigualdades de género en el desarrollo de las actividades productivas, por medio de una atención efectiva e igualitaria en la prestación de servicios institucionales del sector, en su entorno territorial y regional. F. Población meta Mujeres y organizaciones lideradas por mujeres, vinculadas a las actividades productivas y económicas del sector agropecuario, pesquero y rural costarricense. G. Ejes La política consta de cuatro ejes los cuales son: Eje 1: Gestión institucional para la adecuación y modernización de los servicios que facilite la inclusión efectiva de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la oferta de servicios institucionales y mecanismos de información integrados, innovadores y articulados, con enfoque de género interseccional que permitan reducir el tiempo de respuesta y lleguen, de manera efectiva, a un mayor número de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Resultado esperado: Aumenta la cantidad de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural con acceso igualitario a los servicios institucionales, ágiles y modernos, con calidad y pertinencia de acuerdo con sus necesidades, intereses y características. Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Fortalecer la gestión organizacional y empresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres vinculadas al sector, mediante la mejora del acceso a la tierra, a los recursos financieros y la generación de capacidades para el desarrollo productivo y económico. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector, de manera individual o colectiva, mejoran su autonomía económica a partir del acceso a la tierra, a los recursos financieros, a la formación de capacidades y a la asistencia técnica para el desarrollo de sus actividades productivas y económicas. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Aumentar la competitividad de las actividades productivas lideradas por mujeres rurales, a partir de un aprovechamiento efectivo de la investigación e innovación tecnológica. Resultado esperado: Aumento del número de mujeres del sector agropecuario, pesquero y rural que acceden a la investigación e innovación tecnológica mediante plataformas de información y servicios, así como a capacitación en cuanto a sistemas de producción. Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Objetivo: Facilitar el acceso efectivo de las mujeres rurales a información climática y a servicios de asesoría y capacitación sobre prácticas agropecuarias sostenibles que favorezcan su capacidad de adaptación y mitigación frente al cambio climático. Resultado esperado: Las mujeres vinculadas al sector aumentan su capacidad de adaptación y mitigación en sus actividades productivas y económicas frente al cambio climático y reducen su vulnerabilidad. VI. Modelo de gestión El modelo de gestión para implementar la presente Política, plantea la coordinación efectiva entre las instituciones que conforman el sector agropecuario, pesquero y rural, así como la vinculación y articulación con instituciones públicas de otros sectores, tales como el social, el económico, el ambiental y el cultural, con organizaciones de producción del sector agro, organizaciones sociales interesadas, organismos multilaterales y el sector privado empresarial, lo cual resulta fundamental para el cumplimiento de la política y de su plan de acción. Instancia de nivel político de coordinación intersectorial y sectorial: Consejo Nacional Sectorial Agropecuario (CAN), instancia que coordina el Ministro de Agricultura y Ganadería en su condición de rector del sector agropecuario, pesquero y rural y en la cual participan los 11 jerarcas de las instituciones. Le corresponde consensuar, avalar y propiciar acciones tendientes a la implementación de las intervenciones intersectoriales y sectoriales. Instancias de nivel de coordinación sectorial: SEPSA, por medio del Programa Sectorial de Género y Juventud Rural, realizará acciones de coordinación, articulación técnica, seguimiento y evaluación, en conjunto con el Comité Técnico Sectorial Agropecuario (COTECSA) que, a su vez, tendrá el apoyo técnico y asesoría de la Red Sectorial de Género y Juventud Rural, para generar procesos de adecuación y modernización de los servicios institucionales para el acceso efectivo de las mujeres vinculadas al sector. Instancias de nivel de ejecución institucional: Las instancias de planificación institucional, con la asesoría y acompañamiento de la persona enlace de género institucional de la Red, generarán las acciones de vinculación y articulación a lo interno de cada institución, la incorporación de los ejes y objetivos estratégicos de la política en los planes de mediano plazo de las instituciones del sector, así como en los planes anuales operativos de las instituciones. Seguimiento y Evaluación El modelo de seguimiento y evaluación de la política es el mecanismo para la implementación y la rendición de cuentas, la transparencia y la mejora en la gestión de las instituciones del sector agro. Considerando los 10 años de ejecución de la misma, 2020-2030, se propone realizar dos planes de acción quinquenales. El seguimiento se llevará a cabo mediante el monitoreo en la implementación de los planes de acción de la política y permite establecer acciones de mejora, así como la rendición de cuentas, dando transparencia al proceso. Para su instrumentalización, se ejecutarán las fases que se muestran en la figura 3: Eje 2: Gestión agroempresarial para el bienestar y la autonomía económica de las mujeres agropecuarias y rurales. 5. La elaboración de la estrategia se realizará en el 2020 a partir de los resultados del Estudio con enfoque de género que permita conocer el estado de acceso de tierra por parte de las mujeres rurales y la realización de una propuesta de una mejora en el Marco de la Ley N°9036 financiado por el INAMU, en coordinación con SEPSA y realizado por la empresa Cid-Gallup. 6. En el 2020 se diseñará la estrategia y se implementará a partir del año 2021, mediante el proceso de acompañamiento a organizaciones de mujeres, en la gestión de proyectos productivosy económicos que requieran tierra. 7. En el año 2020 se diseñará el fondo de recursos no reembolsable y se implementará a partir del año 2021. 8. En el 2019 se otorgaron 75 créditos a mujeres rurales. (Informe del Programa de Crédito Rural del INDER, 2019). Acción Estratégica Indicador Meta Instituciones responsables Instituciones que apoyan Estimación Presupuestaria Acceso a la tierra para el desarrollo de actividades productivas agropecuarias y rurales Subtema: Subtema: Acceso a recursos no reembolsables adecuado a las mujeres agropecuarias y rurales Desarrollo de una estrategia para mejorar el acceso, uso y control a la propiedad de la tierra de las mujeres agropecuarias y rurales⁵. Creación de un fondo concursable para el fomento de proyectos productivos promisorios para las mujeres agropecuarias y rurales. Programa de Crédito Rural del Inder adecuado e implementado. Estrategia con enfoque de igualdad de género para mejorar el acceso, uso y control a la propiedad de la tierra. Fondo concursable para el fomento de proyectos productivos promisorios de mujeres agropecuarias y rurales implementado. Porcentaje de aumento en los créditos otorgados a mujeres rurales⁸. 2020-2024: Estrategia oficializada y en ejecución. 2020: 1⁶ 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: Fondo implementado. 2020: 1⁷ 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 45% de aumento en los créditos. 2020: 5% 2021: 15% 2022: 25% 2023: 35% 2024: 45% 10 Millones 400 Millones NA INDER INDER, MAG, CONAC 4-S INDER SEPSA, INAMU SEPSA SEPSA, MAG 42 9. En el año 2020 se diseñará el fondo de garantías y avales y se implementará a partir del año 2021. 10. En el 2020 se diseñará el programa, en los otros años del cuatrienio se implementará a partir de la selección y priorización en forma participativa a las mujeres vinculadas al Sector Agro. Acción Estratégica Indicador Meta Instituciones responsables Instituciones que apoyan Estimación Presupuestaria Acceso diferenciado a garantías y avales por parte de las mujeres rurales Formación de capacidades en gestión organizacional y empresarial Subtema: Articulación con los distintos fondos de avales mediante un programa de acceso por parte de las mujeres agropecuarias y rurales, a avales y garantías para implementar o desarrollar sus actividades económicas. Programa de formación de capacidades con enfoque de género interseccional para la gestión organizacional y empresarial. Formalización y acompañamiento en gestión empresarial de mujeres rurales vinculadas a la pesca en pequeña escala y acuicultura (pesca, extractoras de moluscos, acuicultoras, entre otros). Programa de inserción de grupos de mujeres rurales al sector agroproductivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. Programa de acceso por parte de las mujeres agropecuarias y rurales a avales y garantías para desarrollar sus actividades económicas implementadas. Programa de formación de capacidades con enfoque de género para la gestión organizacional y empresarial implementado. Número de organizaciones lideradas por mujeres vinculadas a la pesca en pequeña escala y acuicultura formalizadas y acompañadas en gestión empresarial. Número de grupos de mujeres rurales con proyectos productivos generadores de ingresos. 2020-2024: Programa implementado. 2020: 1⁹ 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2020: 0 2020-2024: Programa implementado. 2020: 110 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 15 organizaciones 2020: 3 2021: 6 2022: 9 2023: 12 2024: 15 2020-2024: 40 grupos. 2020: 8 2021: 16 2022: 24 2023: 32 2024: 40 ND 100 15 90 INDER MAG, INDER, INCOPESCA, CONAC 4-S, CNP INCOPESCA CONAC 4-S SEPSA, INAM SEPSA, INA, INAMU, MEIC MAG, INDER, CNP, INA, UNIVERSIDADES INDER, MAG, MEP Subtema: Generación de información con enfoque de género del beneficio socio económico facilitado por la relación comercial de las agroempresas suplidoras y las personas productoras que proveen productos hortofrutícolas directa o indirectamente, al Programa de Abastecimiento Institucional. Impulsar la participación de mujeres agropecuarias y rurales en condiciones de vulnerabilidad a la Estrategia Puente Agro. Facilitar la articulación de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, para la conformación de una estructura nacional de incidencia política, económica y social. Adecuación y actualización del servicio de asesoría, acompañamiento y asistencia técnica que brindan las instituciones del Sector a través de la incorporación del enfoque de género interseccional. Registros de agroempresas suplidoras y personas productoras con enfoque de género que proveen productos hortofrutícolas directa o indirectamente, al Programa de Abastecimiento Institucional elaborado. Porcentaje de mujeres agropecuarias y rurales que se benefician de la Estrategia Puente Agro. Estructura nacional de organizaciones de mujeres vinculadas con el sector agropecuario, pesquero y rural creada. Porcentaje de servicios de asesoría, acompañamiento y asistencia técnica que brindan las instituciones del Sector adecuados y actualizados, con enfoque de género interseccional. 2020-2024: Registro. 2020:0 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 1 2020-2024: 20% de mujeres beneficiarias. 2020: 4% 2021: 8% 2022: 12% 2023: 16% 2024: 20% 2020-2024: Estructura nacional creada. 2020: 1 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 50% de servicios de asistencia técnica. 2020: 10% 2021: 20% 2022: 30% 2023: 40% 2024: 50% 130 NA 10 NA CNP MAG, INDER, CNP MAG, INDER, INCOPESCA, CNP, CONAC 4S MAG, CNP, INCOPESCA, CONAC 4S MAG, Inder, Incopesca, PIMA INA, universidades, municipalidades SEPSA, INAMU, PNUD INA, universidades 43 Articulación con los distintos fondos de avales mediante un programa de acceso por parte de las mujeres agropecuarias y rurales, a avales y garantías para implementar o desarrollar sus actividades económicas. Programa de formación de capacidades con enfoque de género interseccional para la gestión organizacional y empresarial. Formalización y acompañamiento en gestión empresarial de mujeres rurales vinculadas a la pesca en pequeña escala y acuicultura (pesca, extractoras de moluscos, acuicultoras, entre otros). Programa de inserción de grupos de mujeres rurales al sector agroproductivo con el desarrollo de actividades generadoras de ingresos. Programa de acceso por parte de las mujeres agropecuarias y rurales a avales y garantías para desarrollar sus actividades económicas implementadas. Programa de formación de capacidades con enfoque de género para la gestión organizacional y empresarial implementado. Número de organizaciones lideradas por mujeres vinculadas a la pesca en pequeña escala y acuicultura formalizadas y acompañadas en gestión empresarial. Número de grupos de mujeres rurales con proyectos productivos generadores de ingresos. 2020-2024: Programa implementado. 2020: 1⁹ 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2020: 0 2020-2024: Programa implementado. 2020: 110 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 15 organizaciones 2020: 3 2021: 6 2022: 9 2023: 12 2024: 15 2020-2024: 40 grupos. 2020: 8 2021: 16 2022: 24 2023: 32 2024: 40 ND 100 15 90 INDER MAG, INDER, INCOPESCA, CONAC 4-S, CNP INCOPESCA CONAC 4-S SEPSA, INAM SEPSA, INA, INAMU, MEIC MAG, INDER, CNP, INA, UNIVERSIDADES INDER, MAG, MEP Generación de información con enfoque de género del beneficio socio económico facilitado por la relación comercial de las agroempresas suplidoras y las personas productoras que proveen productos hortofrutícolas directa o indirectamente, al Programa de Abastecimiento Institucional. Impulsar la participación de mujeres agropecuarias y rurales en condiciones de vulnerabilidad a la Estrategia Puente Agro. Facilitar la articulación de las organizaciones de mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural, para la conformación de una estructura nacional de incidencia política, económica y social. Adecuación y actualización del servicio de asesoría, acompañamiento y asistencia técnica que brindan las instituciones del Sector a través de la incorporación del enfoque de género interseccional. Registros de agroempresas suplidoras y personas productoras con enfoque de género que proveen productos hortofrutícolas directa o indirectamente, al Programa de Abastecimiento Institucional elaborado. Porcentaje de mujeres agropecuarias y rurales que se benefician de la Estrategia Puente Agro. Estructura nacional de organizaciones de mujeres vinculadas con el sector agropecuario, pesquero y rural creada. Porcentaje de servicios de asesoría, acompañamiento y asistencia técnica que brindan las instituciones del Sector adecuados y actualizados, con enfoque de género interseccional. 2020-2024: Registro. 2020:0 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 1 2020-2024: 20% de mujeres beneficiarias. 2020: 4% 2021: 8% 2022: 12% 2023: 16% 2024: 20% 2020-2024: Estructura nacional creada. 2020: 1 2021: 0 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: 50% de servicios de asistencia técnica. 2020: 10% 2021: 20% 2022: 30% 2023: 40% 2024: 50% 130 NA 10 NA CNP MAG, INDER, CNP MAG, INDER, INCOPESCA, CNP, CONAC 4S MAG, CNP, INCOPESCA, CONAC 4S MAG, Inder, Incopesca, PIMA INA, universidades, municipalidades SEPSA, INAMU, PNUD INA, universidades Acceso a la asistencia técnicaSubtema: 44 Subtema: Acceso a las tecnologías de comunicación e información. Eje 3: Investigación e innovación tecnológica para la competitividad de las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. 11. 20 mujeres participaron en capacitaciones en el año 2019. 12. Recursos externos, bajo convenios o proyectos. 13. Recursos externos, bajo convenios o proyectos. Acción Estratégica Indicador Meta Instituciones responsables Instituciones que apoyan Estimación Presupuestaria Acceso a la investigación e innovación agropecuariaSubtema: Acceso efectivo de las mujeres vinculadas con elsector agropecuario, pesquero y rural a la investigación e innovación para aumentar la competitividad de sus actividades productivas y económicas a través de la producción de hortalizas bajo ambientes protegidos. Capacitación a diferentes grupos de mujeres para que puedan tener acceso a tecnologías y herramientas de información y comunicación, en el marco de procesos de gestión de conocimiento. Promover la creación de una plataforma de comercialización virtual de productos y servicios desarrollados por mujeres vinculados con el sector agropecuario, pesquero y rural. Número de mujeres capacitadas que aplican tecnologías para la producción de hortalizas bajo ambientes protegidos11 y buenas prácticas de producción. Número de mujeres capacitadas en acceso a tecnologías y herramientas de información y comunicación. Plataforma de comercialización virtual de productos y servicios desarrollados por mujeres en funcionamiento. 2020-2024: 100 mujeres. 2020: 20 2021: 40 2022: 60 2023: 80 2024: 100 2020-2024: 60 mujeres capacitadas. 2020: 12 2021: 24 2022: 36 2023: 48 2024: 60 2020-2024: Plataforma creada. 2020: 0 2021: 1 2022: 0 2023: 0 2024: 0 10¹² Millones 10¹³ Millones 1 Millón INTA INTA INDER, CNP, PIMA, MAG, CONAC 4S MAG, INDER, empresa privada. SEPSA, INAMU MAG, INDER, INCOPESCA, CNP, CONAC 4-S, SENARA, PIMA, universidades, INA SEPSA, COMEX, PROCOMER 45 Subtema: Eje 4: Adaptación y mitigación climática con perspectiva de género en las actividades productivas y económicas de las mujeres agropecuarias y rurales. Acción Estratégica Indicador Meta Instituciones responsables Instituciones que apoyan Estimación Presupuestaria Coordinación intrainstitucional para la acción climática en el sector agropecuario, pesquero y rural con enfoque de género.Subtema: Incorporar y transversalizar el enfoque de género interseccional en los programas, estrategias, planes y/o proyectos para la acción climática. Estudio para identificar y conocer brechas de género en los procesos de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario, pesquero y rural. Generación de información y evidencia que permita relacionar la vulnerabilidad y resilien cia climática con enfoque de género interseccional, tomando como referencia los mapas de vulnerabilidad climática. Número de programas, estrategias, planes y/o proyectos para la acción climática con enfoque de género interseccional. Estudio realizado para identificar y conocer brechas de género en los procesos de adaptación al cambio climático en el sector agropecuario, pesquero y rural. Investigación realizada que permita relacionar la vulnerabilidad y resiliencia climática con enfoque de género interseccional realizada. 2020-2024: 5 programas, estrategias, planes y/o proyectos 2020: 1 2021: 2 2022: 3 2023: 4 2024: 5 2020-2024: 1 Estudio realizado 2020: 0 2021: 1 2022: 0 2023: 0 2024: 0 2020-2024: Plataforma creada. 2020: 0 2021: 1 2022: 0 2023: 0 2024: 0 5 Millones 15 Millones 10 Millones Oficina de Acción Climática del MAG Oficina de Acción Climática del MAG Oficina de Acción Climática del MAG SEPSA, INAMU, universidades, FONAFIFO, Estrategia REDD+ SEPSA, INAMU, PNUD Universidades, INAMU, PNUD Información sobre estadística climática con enfoque de género. 46 Acción Estratégica Indicador Meta Instituciones responsables Instituciones que apoyan Estimación Presupuestaria Fortalecimiento de capacidadesSubtema: Formación de capacidades en adaptación y mitigación frente al cambio climático con enfoque de género interseccional, dirigido a mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Asesoría técnica en buenas prácticas para la adaptación y mitigación frente al cambio climático dirigido a mujeres vinculadas al sector agropecuario, pesquero y rural. Número de mujeres vinculadas al Sector capacitadas en adaptación y mitigación frente al cambio climático con enfoque de género interseccional. Número de mujeres vinculadas al sector que reciben asesoría técnica en buenas prácticas para la adaptación y mitigación frente al cambio climático. 2020-2024: 200 mujeres capacitadas 2020: 0 2021: 50 2022: 100 2023: 150 2024: 200 2020-2024: 100 mujeres con asesoría 2020: 0 2021: 25 2022: 50 2023: 75 2024: 100 15 Millones 25 Millones Oficina de Acción Climática del MAG Oficina de Acción Climática del MAG, DNEA INAMU, PNUD, Comisión Nacional de Emergencias Universidades, INTA, INA 47 VIII. Referencias bibliográficas Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1987). Ley N°7064 Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG. http://www.mag.go.cr/legislacion/1987/ Ley-7064.pdf Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2002). Ley N°8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legisla cion/pyme/8262.pdf Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2012). Ley N°9036 Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario en el Instituto de Desarrollo Rural. https://www.inder.go.cr/acer ca del inder/leyes reglamentos/doc/leyes/Ley9036-Transformacion-IDA-INDER.pdf Banco Interamericano de Desarrollo. (2017). Índice de Mejores Trabajos. https://mejorestraba jos.iadb.org/es Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres CEDAW (2017). Observaciones finales sobre el séptimo informe periódico de Costa Rica. https://www.inamu.go.cr/docu ments/10179/624787/Observaciones+ finales+CEDAW+-+VII+Informe+Periodico+CRI.pdf/684605c8-d96a-4337-9ee3-58a506642c75 Golen, B. y Medina, M. (2014). Características de la participación agropecuaria de las mujeres según datos del CENAGRO 2014. Una visión del sector agropecuario basada en el CENAGRO. https://ww w.inec.go.cr/sites/default/files/documetos-biblioteca-virtual/imgsimposio-cenagro-08122017.pdf Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2011). Declaración de Ministros de Agricultura de las Américas. https://repositorio.iica.int/bitstream/han dle/11324/3208/3550 3550 -E-informeJIA2011-No-22.pdf?sequence=1#page=77&zoom=100,57,408 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. (2019). Política Agropecuaria de la Región del Sistema de Integración Centroamericana (PAR-SICA) 2019 – 2030. https://repositorio.ii ca.int/bitstream/handle/11324/7946/1/BVE19040231e.pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2015). VI Censo Nacional Agropecuario. Resultados Generales. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtual/U40-10581.pdf Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta Nacional de Microempresas de los Hogares 2018. https://www.inec.cr/sites/default/files/documetos-bibliote ca-virtual/reenameh2018.pdf Instituto Nacional de las Mujeres. (2018). Política nacional para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 2018-2030. https://www.inamu.go.cr/docu ments/10179/401246/INAMU+PIEG+2018-2030+NEW.pdf/f8333d70-df04-417e-bbe9-c48c412a3c� Instituto Nacional de las Mujeres. (2019). Estudio con enfoque de género, sobre el estado de las organizaciones Mipyme lideradas por mujeres, de acuerdo con sus potencialidades. http://www.in foagro.go.cr/OrganizacionesyGremios/documents/Informe 2018CD-000041-0015800001.pdf Instituto Nacional de las Mujeres. (2019). Informe de brechas entre hombres y mujeres en el acceso y uso del sistema financiero en Costa Rica. https://www.inamu.go.cr/documents/10179/1469477/In forme+Brechas+Financieras+SUGEF+INAMU+SBD.pdf/9d31b6�-a021-4a4f-b24d-6397bd0fe534 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2017). Secretaría Técnica de los ODS. La Gobernanza de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. http://ods.cr/sites/default/files/documen tos/5-gobernanzacr-ods.pdf Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. (2018). Política Nacional de Evaluación 2018-2030. https://documentos.mideplan.go.cr/share/s/Ymx1WmMJTOWe9YyjyeCHKQ ONU Mujeres. (2014). Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. https://www.acnur.org/filead min/Documentos/Publicaciones/2015/9853.pdf ONU Mujeres. (2018). Transversalización de Género en los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030. https://lac.unwomen.org/es/digiteca/publicacio nes/2018/1/los-17-objetivos-de-desarrollo-sostenible-de-la-agenda-2030 Poder Ejecutivo de la República de Costa Rica. (2013). Decreto Ejecutivo N°37906-MP-MCM. Creación de Unidades para la Igualdad de Género y de la Red Nacional de Unidades de Igualdad de Género. https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2013/09/25/COMP 25 09 2013.pdf Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. (2018). Desempeño Sector Agropecuario 2018. http://www.sepsa.go.cr/docs/2019-003 Desempeno Sector Agropec uario 2018.pdf Secretaria Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria. (2018). Lineamientos de Política 2019-2022 para el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural. http://www.mag.go.cr/bibliotecavirtu al/E14-11045.pdf UNCEPAL. (2016). Estrategia de Montevideo para la Implementación de la Agenda Regional de Género en el marco del desarrollo sostenible hacia 2030. https://www.acnur.org/fileadmin/Docu mentos/BDL/2016/10898.pdf 48 VIII. Referencias bibliográficas Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (1987). Ley N°7064 Ley de Fomento a la Producción Agropecuaria FODEA y Orgánica del MAG. http://www.mag.go.cr/legislacion/1987/ Ley-7064.pdf Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2002). Ley N°8262 Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. http://reventazon.meic.go.cr/informacion/legisla cion/pyme/8262.pdf Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2012). 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